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Sentencia CP-22-18 — Registro 13086

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de extorsión continuada, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia retroactiva de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 24 de agosto de 2010, recaída en el expediente SP 182-2009), que el propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal de Sentencia se adopte con base en la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario, dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del juzgador, sólo permitiéndose incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado, que prueba no controvertida en juicio, de conformidad a los principios de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en el juicio oral y público. En el caso presente, si bien se cuestiona por el recurrente la incorporación a juicio por lectura autorizada de la declaración rendida por el testigo protegido S-57, este Tribunal de Casación ha podido constatar que sí se cumplen a cabalidad los requisitos exigidos en el artículo 311 numeral 1 para su incorporación: a) El recurrente erróneamente establece que el testimonio no fue evacuado como prueba anticipada, sin embargo, cuando nos remitidos a la foliada de instancia, obra a folio 16 que el testigo rindió su declaración bajo el protocolo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal, contando con el registro debido del resultado de ésta; b) El medio de prueba figuró como uno de aquellos que fueron oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia; ya que si nos remitimos a la audiencia de proposición de pruebas (f. 168), se constata que el Ministerio Público propuso como medio de prueba la declaración testifical del testigo protegido con clave S-57, el cual fue posteriormente admitido por el sentenciador sin haber reparo alguno de la defensa privada; C) Resultó imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, ello por causa de muerte del testigo (f. 189). Ergo, resultó materialmente imposible que este testimonio se reprodujera en audiencia de juicio oral y público, no infringiendo el Tribunal de Sentencia el contenido del artículo 311 del Código Procesal Penal, y tampoco ocasionando con ello una indefensión real a la parte recurrente. Adicional a ello, y como se dijo en la respuesta dada al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la denuncia de la defensa es de carácter extemporáneo, pues no hizo denuncia al momento de su incorporación ni tampoco al momento de elaborar sus conclusiones finales. Por lo anterior, el motivo único por quebrantamiento de forma no es de recibimiento. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES RECIBO. El artículo 338 del Código Procesal Penal establece en el apartado de valoración de la prueba que el Tribunal de Sentencia deberá señalar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. Desde luego, estos medios de prueba deben revestir la característica de licitud en su incorporación. Existen diversos supuestos en los cuales no se cumple con esta obligación y es cuando el juzgador fundamenta su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si la prueba se hubiera practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria, siempre que no se trate de las excepciones previstas en la propia normativa procesal para tal efecto. Es aplicable el vicio, en consecuencia, en el caso que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la garantía judicial del principio de igualdad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia por tratarse de fundamentación probatoria ilegítima. Otro supuesto es cuando el tribunal utilice como elemento de convicción, algún elemento no incorporado al acto del debate, puesto que legalmente éste es el momento en que se realiza el principio de inmediación cuando los elementos de prueba se evacúan ante los ojos del Tribunal de Sentencia, de tal suerte que se infringirá el artículo 336 del Código Procesal Penal, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Lo que ocasionan estos supuestos es la vulneración al derecho de defensa pues el fallo se basa en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez vulneraría el principio acusatorio, pues el juzgador se ubicaría en una posición de interés con dicha incorporación ilegitima. En el caso actual y concreto, respecto a la violación al derecho a un debido proceso judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del señor José Augusto Turcios Salinas, por suponerlo responsable penalmente, a título de autor, de un delito consumado de extorsión, en concurso continuado, en perjuicio del testigo protegido S-57; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: i. En fecha 12 de abril de 2015, se celebró audiencia de declaración testifical bajo protocolo de prueba anticipada, bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la defensa privada, quien ejerció la representación legal del acusado (F. 16), en donde se tomó la deposición del testigo “S-57”, y quienes pudieron interrogar debidamente al testigo; ii. Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 9 de marzo de 2016, en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del testigo protegido “S-57”, las declaraciones testificales de los señores Henry Wilson Munguía Méndez y Erick Raúl Zúniga Tabora, así como el Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso, no habiendo la defensa privada hecho ninguna protesta por la incorporación de estos medios de prueba (f 168v); iii. Audiencia de debate, celebrada en fecha 14 de noviembre de 2016, en donde según el acta respectiva, se autorizó la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración testifical rendida bajo el protocolo de prueba anticipada del testigo protegido S-57, sin que conste en el acta respectiva que la defensa privada opuso reparo por dicha incorporación, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (f. 197v). En resumen la defensa privada no hizo

defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Casación que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii. La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 Código Procesal Penal); y, *Por fondo: i. El argumento es de carácter abstracto al no señalar cuál es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia. En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la incorporación mediante lectura autorizada se ajusta al supuesto de hecho que establece el artículo 311 del Código Procesal Penal; ii. La declaración del testigo protegido S-57, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser las declaraciones testificales de los agentes Henry Wilson Munguía Méndez y Erick Raúl Zúniga Tabora, la prueba documental consistente en acta de registro personal, acta de decomiso y prueba pericial de análisis telefónico que en conjunto lograron el convencimiento del tribunal de sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Augusto Turcios Salinas, las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión y multa equivalente a ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, por ser considerado autor responsable penalmente del delito de extorsión continuada, en perjuicio del Testigo Protegido S-57, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373), cuyas penas principales son: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días; el cual, de acuerdo al artículo 68 del Código Penal 130-2017, debe calificarse como continuado, debiendo imponerse la pena señalada para la infracción más grave -la de prisión conforme a la clasificación de las penas del artículo 36- en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que nos da un nuevo margen abstracto de 12 años y 6 meses a 20 años de prisión y multa de setecientos cincuenta (750) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1, 333.33) días. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fija la nueva pena de prisión en su límite mínimo: doce (12) años y seis (6) meses de prisión y setecientos cincuenta (750) días multa, a razón de veinte lempiras por día, lo que nos da un total de quince mil lempiras (L 15, 000.00). En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio, no solo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 22-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Augusto Turcios Salinas, como autor responsable penalmente del delito de extorsión continuada en perjuicio del Testigo Protegido “S-57”, imponiéndole la pena de veinticinco (25) años de reclusión, la que deberá cumplir en el establecimiento penitenciario que corresponda y quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional, debiéndose computar el abono del tiempo que se ha mantenido en prisión preventiva y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, los que deberá enterar a la Tesorería General de la República o en la Institución del Sistema Financiero habilitado para tal fin, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de duración de la pena principal. Segundo: Se declara al condenado José Augusto Turcios Salinas, responsable civilmente del importe de la reparación de los gastos ocasionados y de la compensación e indemnización de los de los perjuicios causados por el delito por el que es condenado. Tercero: No procede condenar en costas al acusado José Augusto Turcios Salinas. Cuarto: Se decreta el comiso de las evidencias puesta a la orden del tribunal y descritas en el número décimo primero de la fundamentación jurídica de esta sentencia, por ser producto de la ejecución del delito. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado José Darío Hernández Lagos, defensor privado del señor José Augusto Turcios Salinas. Son partes en única instancia: El Abogado José Darío Hernández Lagos, defensor privado del señor José Augusto Turcios Salinas, como recurrente. Hechos Probados de la Instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del Juicio Oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, éste Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO. En el mes de noviembre del año dos mil catorce, el señor JOSE AUGUSTO TURCIOS SALINAS, llegó al centro de trabajo del testigo protegido con Clave S-57, ubicado en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, identificándose como miembro de la mara MS, exigiéndole a cantidad de dos mil lempiras (L.2,000.00) quincenales, en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo, le causaría la muerte, por lo que a partir de esa fecha (noviembre de 2014) y hasta el mes de abril del dos mil quince, le entregó cada quince días la cantidad de dinero exigida. SEGUNDO: El once de abril del dos mil quince, el TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57, transitaba frente a la clínica CNA, contiguo a las instalaciones del edificio de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), de la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, cuando observó que el señor JOSE AUGUSTO TURCIOS SALINAS, a bordo de un vehículo marca Toyota, color gris, tipo sedan, ingresó al estacionamiento de la referida clínica, por lo que se dirigió a las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión de esta ciudad, donde denunció las acciones de que era objeto de parte del acusado e inmediatamente un equipo de agentes de esa unidad, se trasladó al lugar antes indicado, donde dieron detención al señor JOSE AUGUSTO TURCIOS SALINAS, a quien le incautaron el vehículo ya relacionado, cuatro teléfonos móviles y tres mil lempiras en efectivo, posteriormente lo pusieron a la orden de la autoridad competente.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El recurrente, Abogado José Darío Hernández Lagos, defensor privado del señor José Augusto Turcios Salinas, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Haber infringido el sentenciador el artículo 90 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Precepto constitucional que se invoca como infringido por el juzgador es el artículo 90 de La Constitución de La República, que preceptúa: “NADIE PUEDE SER JUZGADO SINO POR JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE CON LAS FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTÍAS QUE LA LEY ESTABLECE”. Tomando como génesis la disposición anteriormente relacionada de nuestra carta magna el tribunal de sentencia incurrió en esa infracción del precepto constitucional al tomar en cuenta para la sentencia, la declaración del único hecho probado medios probatorios que fueron allegados: al juicio violentando normas constitucionales por lo tanto dicha prueba es prohibida y no merece un valor probatorio. Partiendo de la disposición citada de la norma primaria, en el caso sub judice es notable que el A quo incurrió en infracción al precepto nominado.- Y cómo llegamos a esa conclusión: El Código Procesal Penal en el artículo 338 (De los requisitos de la sentencia), regla cuarta, numeral 1) dice: “Declaración de hechos probados. En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados. Descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.- El numeral 2) dice: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de las sana critica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados”. Respecto a lo dispuesto en la norma adjetiva, entendemos que ésta faculta al Tribunal de Sentencia para estructurar el hecho probado, a raíz’ de los hechos sometidos a su conocimientos y corno resultado de la prueba desarrollada en el debate, y en caso de que no se respetase esta disposición, evidentemente se vulnera el artículo 321 de La Constitución de La República. En el caso sub judice, ocurrió precisamente esta vulneración al precepto constitucional aludido, pues en la sentencia que hoy recurro, se declara como un hecho probado denominado único y que literalmente dice así: UNICO: La fiscalía del Ministerio Público. durante todo el proceso responsabilizo al encausado por el delito de EXTORSION CONTINUADA de acuerdo al artículo 222 numeral 1, en relación al artículo 37 del código Penal el A quo, dio por cierto un hecho, sin tener un respaldo probatorio que lo afirme. Para acreditar nuestro argumento, Honorables Magistrados, es preciso que hagamos un resumen de la prueba incorporada al proceso; ya que nuestro motivo es por quebrantamiento de forma; que precisamente el hecho que se ha declarado probado por el Tribunal, no se deriva de ningún medio de prueba aportado en legal y debida forma al proceso. En el debate, la Fiscalía del Ministerio Público allegó al juicio la siguiente prueba: las declaraciones testificales rendidas en audiencia inicial de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57 quien falleció por lo que su declaración fue introducida al juicio mediante lectura fundamentándose en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal. Así mismo la fiscalía del Ministerio Publico presento la declaración testifical de los señores HENRY WILSON MUNGUIA MENDEZ Y ERICK RAUL ZUNIGA TABORA, como prueba pericial se evacuo el análisis telefónico a los celulares decomisados a mi representado ratificado por la Perito FRANKLYN ISMAEL GOMEZ BAUTISTA. Y como prueba documental ACTA DE REGISTRO PERSONAL y ACTA DE DECOMISO ambas realizadas por el agente de investigación ERICK RAUL ZUNIGA. No hay ninguna duda que algunas de estas pruebas carecen de validez en el proceso y los jueces y tribunales habrán de refutable inadmisibles a la hora de construir la base practica en que haya de apoyarse la sentencia condenatoria, en ese orden de ideas honorable señorías considero que la sentencia de merito habrá de casase por este motivo por tener como base el juez sentenciador prueba que carece de valor probatorio en su génesis. “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE PORMA Al haber dictado el Juzgador, sentencia condenatoria en fecha veinte de enero del año dos mil diecisiete, al señor JOSE AUGUSTO TURCIOS SALINAS, por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57, faltando la declaración de los hechos que el tribunal estimo aprobado y que la misma no es clara. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en: el numeral 2 del Artículo 362, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Preceptos penales adjetivos que se invoca como infringido por adolecer la sentencia de vicio: como ser la incorporación mediante lectura autorizada a este debate fundamentándose en el artículo 311 numeral 2 del código procesal penal de las declaración testifical de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57 rendida en audiencia inicial e incorporada en este juicio oral y público, cuando no cediéndole la palabra a la defensa para que se pronunciara sobre la incorporación de dichas declaraciones a este juicio oral y público este honorable tribunal violento el derecho a la defensa, la igualdad de los intervinientes que están consignados en los artículos 13 y 14 de nuestro Código Procesal Penal y el artículo 82 de la Constitución de la República. El Fiscal manifiesta que en base al artículo 311 del Código Procesal Penal, solicita se introduzca para la lectura autorizada la declaración de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57, bajo la MODALIDAD DE PRUEBA ANTICIPADA, ya que dicha persona ya falleció. Esta representación legal es del convencimiento que dichas declaraciones fueran incorporadas con FINALIDAD INTEGRADORA O FINALIDAD CONTRASTADORA, no así la lectura de material que ha de servir para formar la convicción del órgano sentenciador en virtud que a este Tribunal se le estaría violentando el principio de INMEDIACIÓN lo cual significa que la actividad probatoria a de trascurrir ante la presencia o intervención del órgano jurisdiccional encargado de pronunciar la sentencia Un procedimiento esta presidido por el principio de INMEDIACIÓN CUANDO EL JUEZ O TRIBUNAL ESTÁN OBLIGADOS a formar su íntima convicción y a fundamentar su sentencia exclusivamente con el resultado probatorio que ha podido formarse bajo su directa intervención en el juicio oral y que dicho tribunal dio como ciertas dichas declaraciones violentando el debido proceso, igualdad de partes dejando a mi representado en estado de indefensión ya que el ministerio publico hubiera actuado a prevención procediendo asegurar estos medios probatorios como• prueba anticipada fundamentándose en el artículo 277 del código procesal penal que literalmente expresa en su párrafo tercero: Del mismo modo procederá el órgano jurisdiccional a petición fundada del Ministerio Publico o de cualquiera de las partes, cuando exista riesgo grave de FALLECIMIENTO de un testigo o perito y así que se cumpliera los requisitos para la credibilidad de las declaraciones de las mismas, lo cual el ministerio público no lo hizo, al contrario en audiencia inicial el fiscal solicito a este tribunal que dicha declaración de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57 se introdujera con lectura autorizada bajo la modalidad de prueba anticipada ya que dicha persona YA FALLECIO no cumpliendo en lo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal Solicitando que se incorporen ante la sala de lo penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia el audio de dicho debate.. Y por lo tanto fue imposible la declaración testifical presencial de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE S-57 en este DEBATE. CONDICIONES DE TIEMPO Y FORMA. El presente recurso se interpone por escrito debidamente fundado ante Ustedes por ser el tribunal que pronuncio la resolución recurrida, con expresión concreta y separada del motivo de casación con sus respectivos fundamentos, así como la solución pretendida en el motivo alegado. En cuanto a las condiciones de tiempo, me permito manifestarles que, no encontramos dentro de los 20 días hábiles para interponer. El presente recurso, ya que la sentencia definitiva contra la cual recurro me fue notificada el día Miércoles 24 de Mayo de 2017, lo que significa que el plazo para su interposición aún está vigente de conformidad a la regla general establecida en el artículo 363 del Código Procesal Penal en los términos por días no se contaran los de asueto, descanso normal y días inhábiles.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada del señor José Augusto Turcios Salinas. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: infracción al debido proceso. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: casar la sentencia impugnada. El censor del fallo denuncia que el hecho probado de la sentencia deriva de medios de prueba que no fueron aportados en legal y debida forma, que carecen de validez en el proceso y consecuentemente de valor probatorio. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso, más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez, además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso. El recurso no es recibo. El artículo 338 del Código Procesal Penal establece en el apartado de valoración de la prueba que el Tribunal de Sentencia deberá señalar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. Desde luego, estos medios de prueba deben revestir la característica de licitud en su incorporación. Existen diversos supuestos en los cuales no se cumple con esta obligación y es cuando el juzgador fundamenta su decisión en pruebas incorporadas al juicio vulnerando las reglas legalmente establecidas, como sucedería si la prueba se hubiera practicado violentando los principios de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción que rigen el proceso penal en la actividad probatoria, siempre que no se trate de las excepciones previstas en la propia normativa procesal para tal efecto. Es aplicable el vicio, en consecuencia, en el caso que la sentencia se basara en prueba prohibida o prueba ilícita, puesto que en ambos supuestos se estaría vulnerando la garantía judicial del principio de igualdad, según la cual el juicio penal debe desarrollarse de conformidad con el procedimiento legalmente establecido, siendo indudable que cuando se ha practicado algún medio de prueba violentando la ley o derechos fundamentales estaríamos ante una práctica ilegal de pruebas que no podrían dar validez a la sentencia por tratarse de fundamentación probatoria ilegítima. Otro supuesto es cuando el tribunal utilice como elemento de convicción, algún elemento no incorporado al acto del debate, puesto que legalmente éste es el momento en que se realiza el principio de inmediación cuando los elementos de prueba se evacúan ante los ojos del Tribunal de Sentencia, de tal suerte que se infringirá el artículo 336 del Código Procesal Penal, primer párrafo, que demanda que los jueces de juicio sólo tendrán en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate. Lo que ocasionan estos supuestos es la vulneración al derecho de defensa pues el fallo se basa en elementos de prueba no incorporados legalmente al juicio, lo que a su vez vulneraría el principio acusatorio, pues el juzgador se ubicaría en una posición de interés con dicha incorporación ilegitima. En el caso actual y concreto, respecto a la violación al derecho a un debido proceso judicial, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del señor José Augusto Turcios Salinas, por suponerlo responsable penalmente, a título de autor, de un delito consumado de extorsión, en concurso continuado, en perjuicio del testigo protegido S-57; producto de tal acción penal, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: i. En fecha 12 de abril de 2015, se celebró audiencia de declaración testifical bajo protocolo de prueba anticipada, bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la defensa privada, quien ejerció la representación legal del acusado (F. 16), en donde se tomó la deposición del testigo “S-57”, y quienes pudieron interrogar debidamente al testigo; ii. Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha 9 de marzo de 2016, en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del testigo protegido “S-57”, las declaraciones testificales de los señores Henry Wilson Munguía Méndez y Erick Raúl Zúniga Tabora, así como el Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso, no habiendo la defensa privada hecho ninguna protesta por la incorporación de estos medios de prueba (f 168v); iii. Audiencia de debate, celebrada en fecha 14 de noviembre de 2016, en donde según el acta respectiva, se autorizó la incorporación mediante lectura autorizada de la declaración testifical rendida bajo el protocolo de prueba anticipada del testigo protegido S-57, sin que conste en el acta respectiva que la defensa privada opuso reparo por dicha incorporación, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (f. 197v). En resumen la defensa privada no hizo denuncia u oposición por considerar algún medio de prueba ilícito o prohibido, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que ilicitud, denuncia que no es atendible por las siguientes razones: *Por forma: i. Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Casación que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; ii. La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 Código Procesal Penal); y, *Por fondo: i. El argumento es de carácter abstracto al no señalar cuál es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia. En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la incorporación mediante lectura autorizada se ajusta al supuesto de hecho que establece el artículo 311 del Código Procesal Penal; ii. La declaración del testigo protegido S-57, se vio acompañada de otros medios de prueba de acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser las declaraciones testificales de los agentes Henry Wilson Munguía Méndez y Erick Raúl Zúniga Tabora, la prueba documental consistente en acta de registro personal, acta de decomiso y prueba pericial de análisis telefónico que en conjunto lograron el convencimiento del tribunal de sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose que la declaración del testigo protegido sea la única y decisiva prueba que sustento el pronunciamiento condenatorio. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b.Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c.Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor José Augusto Turcios Salinas. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 311 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no determinado por el recurrente. *Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. *Pretensión: casar la sentencia impugnada. Arguye el censor del fallo, que el sentenciador autorizó la incorporación por lectura de la declaración rendida en audiencia inicial por el testigo protegido “S-57”, sin concederle la palabra a su representación para que se pronunciara sobre dicha incorporación, y que con ello –arguye- se violentó el derecho de defensa y el derecho de igualdad contemplados en los artículos 13 y 14 del Código Procesal Penal y 82 de la Constitución de la República. Además alega que con la incorporación referida se está violentando el principio de inmediación, el cual exige que la actividad probatoria ha de evacuarse ante la presencia del Tribunal de Sentencia, y que, en todo caso, para fundar su estado de convicción a partir de dicha declaración, previamente el Ministerio Público debió haber asegurado la declaración como prueba anticipada de conformidad con el artículo 277 del Código Procesal Penal. De la oralidad en el proceso penal y la introducción de prueba por lectura como su excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, sin embargo, es el artículo 4 el que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El principio de oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicarán entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Artículo 306 Código Procesal Penal), la contradicción (Artículo 4 Código Procesal Penal), la concentración (Artículo 306 y 312 Código Procesal Penal) y la publicidad (Artículo 308 Código Procesal Penal). Ahora bien, y como sucede normalmente en el derecho, este principio no es de carácter absoluto, el Código Procesal Penal en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista numerales 1 y 2 del artículo 311. Señala el primer numeral que podrán ser reproducidos por lectura en la audiencia de debate: “Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio”. Este numeral define entonces como requisitos: 1. Que el testimonio o pericia haya sido evacuado en un momento antes del debate, pudiendo ser en la etapa preparatoria, intermedia o incluso en la misma etapa de juicio, siempre que sea previo a la celebración de la audiencia referida; 2. Que la evacuación del medio de prueba haya sido realizada observando el protocolo previsto para las pruebas anticipadas, con el registro debido del resultado de ésta; 3. Que el medio de prueba figure como uno de aquellos que fue oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia; 4. Que resulte imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, por causa de la naturaleza del medio de prueba o por causa atinente al testigo o perito que deba comparecer: i. La naturaleza del medio de prueba puede obligar que ésta sea tomada de manera anticipada por ser de carácter irrepetible, por la complejidad del análisis pericial, por el riesgo que implique su práctica (imaginemos que implique la manipulación de material explosivo, tóxico, etc.), por el tiempo que tome el análisis pericial o porque deba ser realizado dicho análisis pericial o deba ser tomada la declaración testifical en un lugar fuera de la competencia territorial del órgano jurisdiccional; ii. También la imposibilidad puede ser por incapacidad sobrevenida y material del testigo o perito de dar a conocer lo que sabía de los hechos, durante el tiempo que se celebre la audiencia de debate o dentro del plazo en que éste pueda suspender la audiencia, que es de un máximo de 15 días. En su segundo numeral el artículo 311 del Código Procesal Prescribe que igualmente se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.” Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación por lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Artículo 317 Código Procesal Penal) o en la etapa de incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Artículo 320 Código Procesal Penal); 2. Que el testigo o el perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos en que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 1. Que el testigo haya rendido su declaración o el perito haya presentado su dictamen en la etapa preparatoria (Artículo 264 Código Procesal Penal) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá hacerse conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viéndose obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, a hacer un examen riguroso de dicho medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo código; y/o, 2. Mediante la presentación del recurso de casación por quebrantamiento de forma al amparo del artículo 362.3 del Código Procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del Código indicado. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 24 de agosto de 2010, recaída en el expediente SP 182-2009), que el propósito del artículo 311 del Código Procesal Penal, es garantizar que la decisión del Tribunal de Sentencia se adopte con base en la prueba practicada en juicio, determinando que todo acto de investigación que se pretenda utilizar como prueba deberá producirse en juicio siempre que sea posible, caso contrario, dichos elementos no podrán tenerse en cuenta para conformar la convicción del juzgador, sólo permitiéndose incorporar material de la etapa preparatoria como medios de prueba en los casos de excepción previstos en dicho artículo. La posibilidad excepcional regulada en la normativa surge como una consecuencia del principio fundamental de la búsqueda de la verdad real o histórica que domina el proceso penal, que permite a los tribunales la posibilidad de incorporar por lectura elementos de prueba o datos objetivos que se ajusten a lo descrito en el artículo 311 antes citado, siendo en esos casos excepcionalmente aceptado, que prueba no controvertida en juicio, de conformidad a los principios de inmediación y oralidad pueda ser admitida y valorada armónicamente con el elenco probatorio producido directamente en el juicio oral y público. En el caso presente, si bien se cuestiona por el recurrente la incorporación a juicio por lectura autorizada de la declaración rendida por el testigo protegido S-57, este Tribunal de Casación ha podido constatar que sí se cumplen a cabalidad los requisitos exigidos en el artículo 311 numeral 1 para su incorporación: a) El recurrente erróneamente establece que el testimonio no fue evacuado como prueba anticipada, sin embargo, cuando nos remitidos a la foliada de instancia, obra a folio 16 que el testigo rindió su declaración bajo el protocolo establecido en el artículo 277 del Código Procesal Penal, contando con el registro debido del resultado de ésta; b) El medio de prueba figuró como uno de aquellos que fueron oportunamente propuestos y admitidos por el Tribunal de Sentencia; ya que si nos remitimos a la audiencia de proposición de pruebas (f. 168), se constata que el Ministerio Público propuso como medio de prueba la declaración testifical del testigo protegido con clave S-57, el cual fue posteriormente admitido por el sentenciador sin haber reparo alguno de la defensa privada; C) Resultó imposible reproducir el medio de prueba en la audiencia de debate, ello por causa de muerte del testigo (f. 189). Ergo, resultó materialmente imposible que este testimonio se reprodujera en audiencia de juicio oral y público, no infringiendo el Tribunal de Sentencia el contenido del artículo 311 del Código Procesal Penal, y tampoco ocasionando con ello una indefensión real a la parte recurrente. Adicional a ello, y como se dijo en la respuesta dada al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, la denuncia de la defensa es de carácter extemporáneo, pues no hizo denuncia al momento de su incorporación ni tampoco al momento de elaborar sus conclusiones finales. Por lo anterior, el motivo único por quebrantamiento de forma no es de recibimiento. Decisión. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor José Augusto Turcios Salinas. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor José Augusto Turcios Salinas. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c.Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José Augusto Turcios Salinas, las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión y multa equivalente a ochenta y tres punto treinta y tres (83.33) salarios mínimos, por ser considerado autor responsable penalmente del delito de extorsión continuada, en perjuicio del Testigo Protegido S-57, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373), cuyas penas principales son: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días; el cual, de acuerdo al artículo 68 del Código Penal 130-2017, debe calificarse como continuado, debiendo imponerse la pena señalada para la infracción más grave -la de prisión conforme a la clasificación de las penas del artículo 36- en su mitad superior, pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3), lo que nos da un nuevo margen abstracto de 12 años y 6 meses a 20 años de prisión y multa de setecientos cincuenta (750) a mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1, 333.33) días. Conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales del condenado y atendiendo la gravedad del hecho, se fija la nueva pena de prisión en su límite mínimo: doce (12) años y seis (6) meses de prisión y setecientos cincuenta (750) días multa, a razón de veinte lempiras por día, lo que nos da un total de quince mil lempiras (L 15, 000.00). En virtud de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio, no solo en relación al quantum de la pena privativa de la libertad, sino también en relación a la pena de multa, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de José Augusto Turcios Salinas. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de José Augusto Turcios Salinas. 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada al ahora condenado José Augusto Turcios Salinas; en consecuencia, reforma el pronunciamiento primero de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor José Augusto Turcios Salinas, de generales conocidas en el acumulado judicial, a las penas principales de doce (12) años y seis (6) meses de prisión y setecientos cincuenta (750) días multa, a razón de veinte lempiras por día, lo que da un total de quince mil lempiras (L 15, 000.00). A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Asimismo, debemos condenar y condenamos al señor José Augusto Turcios Salinas, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. 4) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-22-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.