Sentencia CP-216-18 — Registro 12446
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida y Uso Público de Nombre Supuesto. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y se declara la no procedencia de la retroactividad de la ley penal del Código Penal N.130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; y artículos 96 de la Constitución de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que en fecha dieciséis de mayo de dos mil quince en la colonia Ebenezer sector Chamelecón, a eso de las once de la mañana Agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chalecos antibalas, entre ellos el señor Víctor Eduardo Argueta Castro, quien portaba un arma de fuego tipo fusil modelo PMKM, calibre 7.62 X 39 milímetros, con serie número 1985 SP 33012 con su respectivo cargador largo, quienes al ver la presencia policial salieron en veloz carrera y se refugiaron en una vivienda, hasta donde llegaron los Agentes Policiales, encontrando a Víctor Eduardo Argueta y los otros dos sujetos dentro de las habitaciones, así como el arma de grueso calibre que portaba Víctor la cual esta sobre la cama de dicha habitación. En el momento en que los agentes practicaban un registro personal al acusado Víctor Eduardo Argueta éste se identificó con el nombre de E. A. y manifestó ser menor de edad, siendo detenido y puesto a la orden de autoridad competente. Por este hecho, el acusado Víctor Eduardo Argueta fue condenado por el delito de posesión de arma de fuego prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y multa de cinco mil Lempiras (L.5,000.00) por el tipo de arma encontrada, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 20 de abril de 2015, se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 060-2015, mediante el cual el legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con el mismo efecto, el cual es otorgar la vigencia por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción; así mismo establece que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales; así como las armas consideradas de uso ilegal, como lo es en este caso, para que el que las tenga en su posesión puedan hacer entrega de la misma a la secretaría en el Despacho de Seguridad, para proceder a la inmediata destrucción, todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-A del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaban un arma de fuego de comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado Víctor Eduardo Argueta Castro fue capturado cuando salió en veloz carrera dentro de una habitación de una vivienda en la que se refugiaron, encontrándosele el arma de grueso calibre que portaba Víctor sobre la cama de dicha habitación; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal A del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida, pues al momento de suscitarse los hechos tenía bajo su poder, un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62 X 39mm número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, considerada arma prohibida con buen estado de funcionamiento; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento destructivo y apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literal A del Código Penal..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.
Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Víctor Eduardo Argueta Castro que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Víctor Eduardo Argueta Castro dos condenas, una pena principal de reclusión de ocho (08) años, por el delito de Posesión de arma de fuego prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más multa de cinco mil Lempiras (L.5,000.00); y una pena principal de dos (02) años de reclusión por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de la Fe Pública, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Art. 580.2), cuya pena es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años, por ser arma prohibida, debiendo la pena de prisión agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo porte arma de fuego o municiones sin autorización; del hecho probado se describe que el acusado Víctor Eduardo Argueta Castro portaba un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62 X 39mm número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, quedando la nuevas penas de seis (6) a ocho (8) años de prisión y localización permanente hasta por tres (3) años. Por el delito de usurpación de la personalidad de otro (Art.470) debe ser castigado a la pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, mas la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionado con la conducta (Art.586). A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Víctor Eduardo Argueta Castro, conforme el CP-144-83 al ser de 8 años de reclusión por el delito de posesión de arma de fuego prohibida, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, así mismo al ser condenado el señor Víctor Eduardo Argueta Castro, conforme al CP 144-83 al ser de dos (2) años de reclusión por el delito de Uso público de nombre supuesto, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del CP 130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público del señor Víctor Eduardo Argueta Castro, en la causa instruida por los delitos de posesión de arma de fuego prohibida y uso público de nombre supuesto en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la fe pública. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortès. .."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 216-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Víctor Eduardo Argueta Castro, del delito de Posesión para el Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras; Segundo: Condenó al señor Víctor Eduardo Argueta Castro, como autor del delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de cinco mil lempiras; Tercero: Condenó al señor Víctor Eduardo Argueta Castro, a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación absoluta por el tiempo que dure la condena por el delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida; Cuarto: Condenó al señor Víctor Eduardo Argueta Castro, como autor del delito de Uso Público de Nombre Supuesto, en perjuicio de La Fe Pública, a la pena de dos años de reclusión; Quinto: Condenó al señor Víctor Eduardo Argueta Castro, a las penas accesorias de interdicción civil e inhabilitación especial por el tiempo que dure la condena por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto; Sexto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Séptimo: Se declaró la responsabilidad civil del señor Víctor Eduardo Argueta Castro; Octavo: Se decretó el comiso de un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62x39 mm, número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, con treinta cartuchos de color amarillo, así como una bolsa verde conteniendo 48 envoltorios cada uno con hierba seca (marihuana) y se ordenó la destrucción de los mismos. SON PARTES: Los Abogados Alba Regina Paniagua y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos del señor Víctor Eduardo Argueta Castro, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente:
PRIMERO: En fecha dieciséis de Mayo del año dos mil quince en la colonia Ebenezer sector de Chamelecón, a eso de las once de la mañana Agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chalecos antibalas, entre ellos el señor VICTOR EDUARDO ARGUETA CASTRO, quien portaba un arma de fuego tipo fusil modelo PMKM, calibre 7.62 x 39 milímetros, con serie número 1985 SP33012 con su respectivo cargador largo, quienes al ver la presencia Policial salieron en veloz carrera y se refugiaron en una vivienda, hasta donde llegaron Agentes Policiales, encontrando a VICTOR EDUARDO ARGUETA y los otros dos sujetos dentro de las habitaciones, así como el arma de grueso calibre que portaba VICTOR la cual estaba sobre la cama de dicha habitación. SEGUNDO: En el momento en que los Agentes practicaban un registro personal al acusado VICTOR EDUARDO ARGUETA éste se identificó con el nombre de E. A. y manifestó ser menor de edad, siendo detenido y puesto a la orden de autoridad competente.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Christian Fajardo Hernández, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. MOTIVO UNICO: Infracción por violación o falta de aplicación del artículo 2, párrafo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del año 2013, y de la prorroga artículo 1 del decreto N. 63-2014, publicado el seis (6) de Noviembre del año 2014, prorroga artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015. Contentivo en la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares en relación con el Articulo 96 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El Precepto penal sustantivo que se invoca como infringido por violación o falta de aplicación prescriben lo siguiente: Artículo 2 párrafo 2 contenido en el Decreto N° 184- 20 13, establece: “Durante este término de un año, las personas que tengan en su poder armas consideradas de uso legal, pueden hacer entrega de los mismos a la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaria de dicha Institución”, y el Decreto N. 63-2014 que se invoca Articulo 2 donde prorroga la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre de 2013, el cual establece un periodo de veda por un año y de la prorroga artículo 1 del Decreto N. 60- 2015, publicado el 8 de septiembre del 2015, prórroga de la veda por todo el año 2015. Por su parte la norma legal citada en relación al Artículo 96 de la Constitución señala: “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueve Ley favorezca al delincuente o procesado” El Juzgador en referencia declaro como probados los siguientes hechos: UNICO: “En fecha dieciséis de mayo del año dos mil quince en la colonia Ebenezer sector de Chamelecón, a eso de las once de la mañana, agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chaleco antibalas, entre ellos el señor VICTOR EDUARDO ARGUETA CASTRO, quien portaba un arma de fuego tipo fusil PMKM, calibre 7.62 X 39 milímetros, con serie número 1985 SP33012 con su respectivo cargador largo, quienes al ver la presencia policial salieron en veloz carrera y se refugiaron en una vivienda, hasta donde llegaron los Agentes Policiales, encontrando a VICTOR EDUARDO ARGUETA, y los otros dos sujetos dentro de las habitaciones, así como el arma de grueso calibre que portaba VICTOR, la cual estaba sobre la cama de dicha habitación. SEGUNDO: En el momento en que los agentes practicaban un registro personal al acusado VICTOR EDUARDO ARGUETA, este se identificó con el nombre de E. A., y manifestó ser menor de edad, siendo detenido y puesto a la orden de autoridad competente”. Recurso que explico de la manera siguiente: PRIMERO: Al analizar el contenido del hecho probado se puede observar como verdad incuestionable que a mi patrocinado el En fecha dieciséis de mayo del año dos mil quince en la colonia Ebenezer sector de Chamelecón, a eso de las once de la mañana, agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chaleco antibalas, entre ellos el señor VICTOR EDUARDO ARGUETA CASTRO, quien portaba un arma de fuego tipo fusil PMKM, calibre 7.62 X 39 milímetros, con serie número 1985 SP33012 con su respectivo cargador largo, De este punto del hecho probado es que resulta claramente identificada la infracción por violación del artículo 2 párrafo 2 contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del año 2013, y el artículo 2 del Decreto Numero 63-2014, publicado el 6 de noviembre del 2014, prorroga artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015, prórroga de la veda por todo el año 2015, contentivo en la Ley de Control de armas de Fuego, Municiones y Explosivos y otros similares, si se entiende que de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia la infracción por violación es la falta de aplicación de la ley o de la doctrina legal en la resolución en cuestión debatida. Es decir, se produce cuando el Juez pasa por alto la existencia de una norma legal reguladora de la relación jurídica debatida, o se resiste en forma deliberada a aplicarla no obstante su validez formal, esta falta de aplicación tiene que resultar necesariamente partiendo de los hechos declarados probados en la sentencia. SEGUNDO: La infracción denunciada se produjo cuando de los hechos probados se deriva de manera evidente que mi representado Víctor Eduardo Argueta Castro, fue detenido en posesión de la referida arma prohibida, en fecha 16 de mayo del año 2015, sin embargo el artículo 2 párrafo 2, contenido en el Decreto N. 184-2013 de fecha 1 de septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 5 de Octubre del mismo año y el artículo 2 del Decreto Numero 63-2014, publicado el 6 de noviembre del 2014, prorroga artículo 1 del Decreto N. 60-2015, publicado el 8 de septiembre del 2015, que se invocan como infringidos, se desprende que tal Decreto se otorgó por el término de un año un periodo de veda prorrogando dicho termino por otro año más o sea por todo el año dos mil catorce y prórroga para el año 2015. De allí resulta claro que al cobrar vigencia el artículo del mencionado Decreto en mención deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A, del Código Penal, por cuanto este Decreto es de materia penal y favorece desde luego a mi patrocinado. TERCERO: De lo antes expuesto consideramos que el Tribunal sentenciador debió tomar en cuenta los aspectos antes indicados para dictar su sentencia condenatoria por Portación Ilegal de Armas prohibida, y debió aplicar la norma en los decretos antes mencionados y procediendo a absolver de toda responsabilidad Penal a mi representado. En consecuencia, al momento de la comisión del hecho este precepto se encontraba en vigencia, y de manera retroactiva con fundamento en el principio de retroactividad de la ley regulada en el artículo 96 constitucional, INTERPRETACION PRETENDIDA. Esta Defensa pretende se aplique la norma denunciada como infringida y se absuelva de toda responsabilidad Penal a mi representado VICTOR EDUARDO ARGUETA CASTRO, ya que al no aplicarla a los hechos por los cuales se encontró culpable al encartado el juzgador de instancia infringió por falta de aplicación y esta se da cuando la norma no es seleccionada para resolver el caso, debiendo serlo, independiente a qué resultado se haya llegado, ya sea porque se ignora su existencia, porque no se le considera vigente o por un equivocado entendimiento de su significación o su alcance.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro).
De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: artículo 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; y, artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 8 de septiembre de 2015; todos relacionado con los artículos 96 de la Constitución de la República. Concepto de la infracción: Falta de aplicación. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que la infracción denunciada se produjo cuando de los hechos probados se deriva que su representado Víctor Eduardo Argueta Castro, fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo fusil PMKM, calibre 7.62 x 39 milímetros, con serie número 1985 SP33012 con su respectivo cargador (arma prohibida) en fecha 16 de mayo del año 2015, sin embargo el artículo 2 párrafo 2 contenido en el decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013, y el artículo 2 decreto N° 63-2014 de fecha 6 de noviembre 2014, cuya prórroga se encuentra en el artículo 1 del decreto N° 60-2015, de tales decretos dan una veda hasta el año 2015, en ese sentido al cobrar vigencia tales decretos deja en suspenso la aplicación de la norma contenida en el artículo 332-A del Código Penal. Considera que, al analizar los mencionados decretos en relación al caso que nos ocupa, se trata de una disposición temporal vigente y, por lo tanto, debieron aplicarse retroactivamente al acusado Víctor Eduardo Argueta Castro, con fundamento en el principio de retroactividad de la ley penal regulado en el artículo 96 de la Constitución de la República, por lo que se debió aplicar una sentencia absolutoria por portación ilegal de armas prohibida a mi patrocinado. Del Decreto Legislativo 184-2013 emitido por el Soberano Congreso Nacional. El decreto legislativo 184-2013 relata: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad…” Este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial Nacional. El decreto legislativo 63-2014 relata: “ Prorrogar vigencia de los dispuesto en el decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre de 2013, el cual establece un período de veda de un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes por un período de seis (6) meses, contados a partir de vencimiento del decreto referido. De la clasificación de las armas de fuego (lícitas e ilícitas, de guerra o de uso personal). La Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique.
Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Las normas legales nacionales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: Armas de Guerra: El artículo332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además, a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L. 5, 000.00) a diez mil (L. 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). Armas de uso personal: el artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a qué ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (Armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, las personas que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Del principio de retroactividad de la ley penal La exigencia para que un hecho pueda castigarse como delito es preciso de modo ineludible, que previamente haya sido declarado como tal por una ley, así se refleja en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del 10 de diciembre de 1948; artículo 11.2: "Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.”. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigencia una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el tribunal de justicia deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que ninguna persona debe ser castigada por una conducta que al momento de la comisión era lícita, de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Haseemer señala que "una ley que pretenda ser aplicable a un caso que haya ocurrido antes de que la ley haya entrado en vigor, es un fantasma del Estado Policía (Hassemer, Winfried, Fundamentos del Derecho Penal, Bosh, Casa Editorial S.A., 1984., Pág. 320)", en virtud de que el daño, que se pretende evitar por parte de la comunidad, ya ha sido producido antes de su promulgación, cuando la misma era de carácter lícito y no reprochable. Claus Roxin (Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España, p. 141) explica los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); y Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Tales tipos de retroactividad no son posibles ya que el Estado debe de determinar ante fáctum los hechos que consienta prohibidos, de modo que los ciudadanos tengan confianza en que los límites de su libertad están determinados y que pueden actuar dentro de esos límites establecidos sin que posteriormente puedan ser objetos de algún reproche por los mismos. Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria, lo que debe de ser apreciado no solo en procesos penales pendientes, como el caso que nos ocupa, sino además en los procesos con resoluciones firmes, antes o durante el cumplimiento de las penas. "Una ley más favorable no es una ley abusiva, por el contrario, significa el reconocimiento de mayores ámbitos de libertad, luego la retroactividad de la ley más favorable no niega el principio de legalidad, si no que más bien lo afirma." (Bustos Ramírez Juan, Manual de Derecho penal, Parte General, Barcelona, Edit. Ariel S.A, 3° Edición, 1989, pg. 82). Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entra en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente, "esta exigencia es inseparable del principio de legalidad penal; si debe existir una ley que defina las conductas delictivas para poder perseguirlas, dicha ley debe estar vigente en el momento en que se cometen los hechos, por eso la ley penal es irretroactiva y no puede aplicarse a hechos anteriores a su entrada en vigor (Muñoz Conde, Francisco. Derecho Penal, parte general, Editorial Tirant lo Blanch, Valencia España, 1° edición, 1993, pg. 98.)", salvo el caso mencionado, cuando sea más beneficiosa. Ante una nueva regulación penal corresponde al juzgador determinar cuál es la ley que es más favorable al acusado o condenado: la vigente al momento del hecho o la vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, dándose tal respuesta a depender de: Si la ley penal vigente al momento de los hechos ha sido derogada por una nueva ley, lo que sin dificultad se concluye que la nueva ley es más beneficiosa por despenalizar lo que la anterior tipificaba como delito; Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de la misma naturaleza más grave que la prevista en la ley penal vigente al momento del juzgamiento o ejecución de la pena, entonces se debe de aplicar la ley penal vigente (ley nueva), por ser más beneficiosa; o
Si la ley penal vigente al momento del hecho contemplaba una pena de distinta naturaleza a la prevista en la ley penal vigente al momento de juzgamiento o ejecución de la pena, el órgano jurisdiccional decidirá conforme al caso concreto y en la eventual situación de duda podrá consultar a la persona condenada cuál de las normas le resulta más beneficiosa, pues a la postre el destinatario de las mismas es ella, y el principio lo que busca es su beneficio. Lo anterior nos lleva a otra posibilidad, existirán casos en que la nueva ley contenga aspectos que le beneficie al reo o procesado, pero que a su vez también le perjudique, lo que obliga, como en el caso anterior, a que el juez realice un estudio del caso concreto, a fin de determinar cuál de las normas es la más beneficiosa en su totalidad, es decir, tomando en cuenta tanto los beneficios como los perjuicios de su aplicación, no siendo posible aplicar los aspectos más beneficiosos de la nueva ley sin aplicar los perjudiciales, ya que, como señala Muñoz Conde, "el Tribunal estaría creando una nueva norma (…) y desempeñando con ello funciones legislativas que no le competen." (Muñoz Conde; Francisco; García Arán, Mercedes. Derecho Penal Parte General, 3° Edición. Editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1998, Pág. 159 y 160). En definitiva, el texto del artículo 96 de la Constitución de la República establece que "la ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", lo cual está desarrollado en el artículo 9 del Código Penal, que indica que: “Las leyes penales tienen efecto retroactivo en cuanto favorezcan al procesado, aunque al entrar en vigencia aquellas hubieren recaído sentencia firme y el reo estuviere cumpliendo la condena.”. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente denuncia la infracción de ley por falta de aplicación de los artículos 2 párrafo segundo del decreto legislativo No. 184-2013, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 5 de octubre de 2013; artículo 1 del decreto legislativo No. 63-2014, publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 6 de noviembre de 2014; artículo 1 del decreto legislativo No. 60-2015, publicado en el diario oficial de la República. El hecho probado objeto de juzgamiento establece que en fecha dieciséis de mayo de dos mil quince en la colonia Ebenezer sector Chamelecón, a eso de las once de la mañana Agentes de la Unidad contra Maras y Pandillas realizaban saturación cuando observaron a tres sujetos portando armas de grueso calibre y chalecos antibalas, entre ellos el señor Víctor Eduardo Argueta Castro, quien portaba un arma de fuego tipo fusil modelo PMKM, calibre 7.62 X 39 milímetros, con serie número 1985 SP 33012 con su respectivo cargador largo, quienes al ver la presencia policial salieron en veloz carrera y se refugiaron en una vivienda, hasta donde llegaron los Agentes Policiales, encontrando a Víctor Eduardo Argueta y los otros dos sujetos dentro de las habitaciones, así como el arma de grueso calibre que portaba Víctor la cual esta sobre la cama de dicha habitación. En el momento en que los agentes practicaban un registro personal al acusado Víctor Eduardo Argueta éste se identificó con el nombre de E. A. y manifestó ser menor de edad, siendo detenido y puesto a la orden de autoridad competente. Por este hecho, el acusado Víctor Eduardo Argueta fue condenado por el delito de posesión de arma de fuego prohibida, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de ocho (8) años de reclusión y multa de cinco mil Lempiras (L.5,000.00) por el tipo de arma encontrada, más las penas accesorias correspondientes de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Sucede que, para la fecha del hecho objeto de juzgamiento, 20 de abril de 2015, se encontraba en vigencia el decreto legislativo No. 060-2015, mediante el cual el legislador dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con el mismo efecto, el cual es otorgar la vigencia por un periodo para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería, como excepción; así mismo establece que toda persona que tenga en su poder armas consideradas de uso ilegal pueden hacer entrega de las mismas a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, procediéndose a la inmediata destrucción de las mismas por parte de la Secretaría de dicha institución. En atención a lo expuesto, la Sala de lo Penal ha sido del firme criterio que la letra y espíritu del decreto 184-2013 y de sus posteriores prórrogas (en este caso el decreto legislativo No. 60-2015) es para que las autoridades de la Unidad del Registro Balístico adscrita a la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, durante la vigencia del mencionado decreto permitan a los particulares propietarios de armas comerciales que no hayan registrado sus armas comerciales por carecer de factura de La Armería, pasen a registrarlas a su nombre, para que éstas pasen a ser legales; así como las armas consideradas de uso ilegal, como lo es en este caso, para que el que las tenga en su posesión puedan hacer entrega de la misma a la secretaría en el Despacho de Seguridad, para proceder a la inmediata destrucción, todo ello con el propósito de que una gran cantidad de armas no continúen siendo ilegales en posesión de sus propietarios y tener el debido registro para seguridad de la población. Para determinar si existe o no responsabilidad penal por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego durante el periodo de vigencia del decreto 184-2013 y de su prórroga, no debe tomarse en cuenta únicamente el elemento temporal para declarar la atipicidad de la conducta esgrimida en el artículo 332-A del Código Penal, sino que también, deben tomarse en cuenta pautas objetivas que conlleven a colegir sin ningún género de dudas, que la persona que portaban un arma de fuego de comercial sin autorización o un arma de fuego de uso prohibido durante el tiempo de la veda, tenía la intencionalidad de ir a registrarla o entregarla, pues el permiso o veda es para registrar o entregar el arma y no para su simple portación, lo que va en contra de la voluntad del legislador al emitir y prorrogar dicho decreto. En este sentido, se desprende según el propio fáctum de la sentencia, que el acusado Víctor Eduardo Argueta Castro fue capturado cuando salió en veloz carrera dentro de una habitación de una vivienda en la que se refugiaron, encontrándosele el arma de grueso calibre que portaba Víctor sobre la cama de dicha habitación; circunstancias a partir de la cuales se colige objetivamente que la intencionalidad no era precisamente la de encaminarse a la autoridad administrativa para entregar el arma de fuego, con la finalidad de que ésta procediera a su destrucción. En atención a lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que existe identidad entre el hecho probado de la sentencia y el artículo 332 literal A del Código Penal, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en la norma, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal seleccionado. No cabe duda entonces que el acusado es responsable penalmente de un delito de Posesión de Arma de Fuego Prohibida, pues al momento de suscitarse los hechos tenía bajo su poder, un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62 X 39mm número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, considerada arma prohibida con buen estado de funcionamiento; tal conducta puso en peligro la seguridad general o comunitaria, en tanto que siendo un instrumento destructivo y apto para herir o incluso matar, ha estado en posesión del acusado al margen de la fiscalización o control que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras, de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332 literal A del Código Penal. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra.
Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública del acusado Víctor Eduardo Argueta Castro que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al Señor Víctor Eduardo Argueta Castro dos condenas, una pena principal de reclusión de ocho (08) años, por el delito de Posesión de arma de fuego prohibida en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, más multa de cinco mil Lempiras (L.5,000.00); y una pena principal de dos (02) años de reclusión por el delito de Uso Público de Nombre Supuesto en perjuicio de la Fe Pública, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal y la responsabilidad civil. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Tenencia o Porte Ilegal de Armas de Fuego (Art. 580.2), cuya pena es de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y localización permanente de hasta tres (3) años, por ser arma prohibida, debiendo la pena de prisión agravarse en 1/3 cuando el sujeto activo porte arma de fuego o municiones sin autorización; del hecho probado se describe que el acusado Víctor Eduardo Argueta Castro portaba un arma de fuego tipo fusil, con origen de fabricación de Polonia, modelo PMKM, calibre 7.62 X 39mm número de serie 1885 SP33012, conocida como AK-47, quedando la nuevas penas de seis (6) a ocho (8) años de prisión y localización permanente hasta por tres (3) años. Por el delito de usurpación de la personalidad de otro (Art.470) debe ser castigado a la pena de uno (1) a cuatro (4) años de prisión, mas la inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena, para el ejercicio de la profesión, oficio, comercio o industria relacionado con la conducta (Art.586). A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado Víctor Eduardo Argueta Castro, conforme el CP-144-83 al ser de 8 años de reclusión por el delito de posesión de arma de fuego prohibida, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, así mismo al ser condenado el señor Víctor Eduardo Argueta Castro, conforme al CP 144-83 al ser de dos (2) años de reclusión por el delito de Uso público de nombre supuesto, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese corresponder en el caso de ser juzgado conforme a las normas del CP 130-2017. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el Abogado Christian Fajardo Hernández, en su condición de defensor público del señor Víctor Eduardo Argueta Castro, en la causa instruida por los delitos de posesión de arma de fuego prohibida y uso público de nombre supuesto en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras y la fe pública. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortès. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador Rafael Bustillo Romero Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-216-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL