Sentencia CP-213-18 — Registro 14017
Resumen
En primera instancia se absolvió a los imputados por los delitos de asesinato en su grado de ejecución de tentativa y Portación Ilegal de Armas Prohibidas, Posesión de Munición de Guerra y Uso de Indumentaria Policial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. En el caso actual y concreto, el censor del fallo comienza arguyendo que el sentenciador de instancia infringió la regla de las máximas de la experiencia al momento de valorar las declaraciones testificales de los señores Lincolm Gustavo Alemán Coleman y del Testigo Protegido B, ya que la experiencia común lo que indica es que los imputados ya habían sido reducidos a la impotencia por siete personas armadas, y se entiende que los imputados no hicieron uso de sus armas de grueso calibre porque al hacerlo lo más seguro es que repelerían la acción y dispararían en su contra. La Sala de lo Penal ha explicado anteriormente que el juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Así como que las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. En el presente caso, el sentenciador no ha empleado razonamientos que revelen ignorancia pura acerca del hecho sometido a juzgamiento, pues ha establecido en su intelectiva que le resulta inverosímil que tres personas salgan al paso de la víctima y le confiesen -sin más- que pretenden quitarle la vida a Gustavo Alemán Coleman y que le informen sin el menor tapujo la identidad de las personas que los han enviado a cometer ese hecho delictivo, y que tanto el ofendido como el Testigo Protegido B han dicho que los imputados usaban indumentaria policial y chalecos antibalas, y que portaban armas de grueso calibre, lo cual no fue posible corroborar por ningún otro medio probatorio. Se constata por esta superioridad que el juzgador ha apreciado la prueba en su conjunto, haciendo una valoración armónica de los testimonios con la demás prueba testifical, pericial y documental aportada al proceso, e identifica que lo que en realidad el censor denuncia como infracción a la regla de las máximas de la experiencia, no son más que apreciaciones que desde su interés particular y subjetivo, considera cómo debieron ser valorados dichos testimonios. Asimismo, denuncia la infracción a la regla de la lógica en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valoró el testimonio del señor Aníbal Osorto Medina, ello porque no es posible que el Tribunal que hoy absuelve a cinco personas -entre autores materiales e intelectuales- del asesinato en su grado de ejecución de tentativa, emita un juicio negando que efectivamente las intenciones de los encartados eran las de acabar con la vida del señor Lincolm Gustavo Coleman, y que esta negación se fundamente en valoraciones que han sido emitidas prescindiendo de la observación de las reglas de la sana crítica. Con relación a la valoración probatoria realizada a la prueba pericial balística e informática, así como la prueba documental de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro, arguye que no entiende el razonamiento del tribunal al desconocer que a los imputados, al momento de ser requeridos por el ofendido y las personas que los acompañaban, se les decomisó todo el arsenal que iba a ser utilizado para acabar con la vida del ofendido, y cuestiona el recurrente que de dónde otro lugar iba a sacar el ofendido las armas y la indumentaria policial, sino de los mismos ofendidos. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal concluye que el recurrente no presenta queja sobre la valoración intelectiva de la declaración testifical del señor Aníbal Osorto Medina, ni de la prueba pericial, pues sus argumentos se limitan a hacer alegatos de instancia, lo que no es propio para un recurso de casación. Si bien es cierto, se identifica en el escrito del recurso el apartado valorativo -que a su parecer- transgrede la regla de la lógica, no existe un análisis de premisas ni demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo asunto que conlleve a la demostración de un error lógico de concordancia. Debe recordarse que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Finalmente, el censor del fallo considera que el sentenciador -al momento de valorar la prueba practicada en juicio- y que fue presentada por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad de los encartados en el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, requería de una valoración conjunta y armónica, y los elementos de prueba ofertados por el ente acusador, por sí solos no constituían prueba directa, sino que eran elementos circunstanciales, indirectos o indiciarios, que generan la obligación por parte del Tribunal Sentenciador de relacionar, justificada o motivadamente, porqué estos elementos probatorios lo llevó a concluir que los imputados son inocentes de los hechos, a pesar de toda la prueba aportada y sometida a contradictorio. La Sala de lo Penal destaca que estos argumentos recursivos obedecen a otro motivo casacional siempre por quebrantamiento de forma, pues si los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; debe interponerse otro motivo casacional que corresponda a la insuficiencia de motivación fáctica. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de pronunciamiento..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-213-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 213-2018, conociendo del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Absolvió a los señores Nelson Oquelí Palao Hernández y Juan Antonio Varela Cárcamo, como supuestos responsables del delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio del señor Gustavo Alemán Coleman, y por los delitos de Portación Ilegal de Armas Prohibidas, Posesión de Munición de Guerra y Uso de Indumentaria Policial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a los señores Robinson Francisco Ramos Amador, Delfina Velda Iris Ramos Torres y Dolly Mabel Ramos Torres, de un delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de Gustavo Alemán Coleman. Tercero: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. No decretó comiso por no haberse probado la comisión de los hechos delictivos. Cuarto: No declaró la responsabilidad civil de los señores Nelson Oquelí Palao Hernández, Juan Antonio Varela Cárcamo, Robinson Francisco Ramos Amador, Delfina Velda Iris Tamos Torres y Dolly Mabel Ramos Torres, debiéndose otorgar la respectiva carta de libertad definitiva una vez que la sentencia adquiera el carácter de firme. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, acusador privado. Son partes en única instancia: el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, acusador privado, como parte recurrente; y los Abogados Dinabel López y Arnaldo Alcides García, defensores públicos de Nelson Oquelí Palao Suárez y Juan Antonio Varela Cárcamo; el Abogado Marvin Antonio Cálix Rosales, en su condición de defensor privado de Robinson Francisco Ramos Amador; y el Abogado Oscar Adán Cálix Rosales, defensor privado de Delfina Belda Iris Ramos Torres y Dolly Mabel Ramos Torres; todos como partes recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en juicio de acuerdo con los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El día dos de mayo del año dos mil quince, a eso de las once de la mañana, en el Municipio de Silca, Departamento de Olancho, elementos de la Policía Nacional Preventiva se hicieron presentes a inmediaciones del desvío que conduce a la aldea de la Jagua, en vista de haber sido informados por parte del señor Gustavo Alemán, que en dicho lugar supuestamente había sido objeto de una emboscada por tres sujetos armados con armas de grueso calibre que lo interceptaron. Una vez en el sector, el señor Gustavo Alemán y el testigo protegido B, narraron a los policías que habían detenido a los señores NELSON OQUELI PALAO SUAREZ Y JUAN ANTONIO VARELA CARCAMO por haber intentado dar muerte al señor ALEMAN, habiendo escapado un tercer individuo, así mismo les hicieron entrega a los elementos policiales de los siguientes objetos: un arma de fuego tipo fusil Marca FN, modelo Fal, calibre 7.62x51mm, serie 62143335, con su respectivo cargador conteniendo 64 proyectiles sin percutir, un arma de fuego tipo fusil de fabricación polaca, modelo PMKM, calibre 7.62x39mm, con número de serie KW03599 con dos cargadores uno de ellos en forma tabular y el otro de forma circular, conteniendo 77 cartuchos, ambas en buen estado de funcionamiento tanto operativo como mecánico, con mecanismo de acción semiautomático y automáticas, un chaleco antibalas color negro, con letras blancas que se lee policía, una camisa de tela manga larga color azul, otra camisa de tela manga larga, y un teléfono color azul con negro, marca BIU con IMEI 351763059313732, objetos que tanto el señor Alemán como el testigo B, adujeron haber quitado a los detenidos, razón por la cual los miembros de la autoridad recibieron las evidencias y a los capturados, los cuales encontraron amarrados de pies y manos en el interior de una camioneta color gris, marca Mitsubishi Montero, trasladándolos a la ciudad de Juticalpa para efectos de investigación.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, acusador privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la siguiente manera: “MOTIVO UNICO: CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 Código Procesal Penal “El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1.- …; 2.- .......; 3.- ……. sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana critica”. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN QUE CONSTITUYE MOTIVO DE CASACIÓN. La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal que expresa: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” Por su parte el artículo 336 de mismo cuerpo legal señala: "El Tribunal, para resolver sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las pruebas de la sana crítica". De igual forma el artículo 338.2 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia ordena. al Juez sentenciador: Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se habrá dado a las practicadas en juicio y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados. Se ataca la sentencia dictada por el A-quo por considerar que el órgano sentenciador al momento de hacer la correspondiente apreciación no valoró las pruebas de cargo que el Ministerio Público y esta representación procesal aportamos al Tribunal Sentenciador vulnerándose con ello, las reglas de la sana critica, apartándose del imperativo que los jueces y tribunales deben siempre tener en cuenta, ya que al no valorarse de forma correcta la misma, se alejó del imperativo procesal que obliga a los jueces y Tribunales a valorar de manera conjunta y armónica toda esta prueba, por lo que lo llevó indefectiblemente a a incurrir en un Error Improcedendo. El órgano jurisdiccional en base al error de apreciación de la prueba producida en juicio, señalo en la sentencia que ahora se recurre, que los hechos por los cuales se ABSOLVIÓ de toda responsabilidad penal a los encartados NELSON OQUELI PALAO SUAREZ, JUAN ANTONIO VARELA CARCAMO, ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR, DSELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES Y DOLLY MABEL RAMOS TORRES, incurriendo en una grave apreciación de valor de la prueba que hoy ha generado impunidad. Los hechos probados fueron consignados en la sentencia recurrida de la siguiente forma: PRIMERO: El día dos de mayo del año dos mil quince, a eso de las once de la mañana, en el municipio de Sirca, Departamento de Olancho, elementos de la Policía Nacional Preventiva se hicieron presentes a inmediaciones del desvío que conduce a la aldea de la Jagua, en vista de haber sido informados por parte del señor Gustavo Alemán, que en dicho lugar supuestamente había sido objeto de una emboscada por tres sujetos armados con armas de grueso calibre que lo interceptaron. Una vez en el sector, el señor Gustavo Alemán y el testigo protegido B, narraron a los policías que habían detenido a los señores NELSON OQUELI PALAO SUAREZ Y JUAN ANTONIO VARELA CARCAMO por haber intentado dar muerte al señor ALEMAN, habiendo escapado un tercer individuo, así mismo les hicieron entrega a los elementos policiales de los siguientes objetos: un arma de fuego tipo fusil Marca FN, modelo Fal, calibre 7.62.x51mm. serie 62143335, con su respectivo cargador conteniendo 64 proyectiles sin percutir, un arma de fuego tipo fusil de fabricación polaca, modelo PMKM, calibre 7.62x39mm, con número de serie KW03599 con dos cargadores uno de ellos en forma tabular y el otro de forma circular, conteniendo 77 cartuchos, ambas en buen estado de funcionamiento tanto operativo como mecánico, con mecanismo de acción semiautomático y automáticas, un chaleco antibalas color negro, con letras blancas que se lee policía, una camisa de tela manga larga color azul, otra camisa de tela manga larga y un teléfono color azul con negro, marca BIU con IMEI 351763059313732, objetos que tanto el señor Alemán como el testigo B, adujeron haber quitado a los detenidos, razón por la cual los miembros de la autoridad recibieron las evidencias y a los capturados, los cuales encontraron amarrados de pies y manos en el interior de una camioneta color gris, marca Mitsubishi Montero, trasladándolos a la ciudad de Juticalpa para efectos de investigación. A fin de demostrar el vicio o error en que incurrió el Tribunal de Sentencias, es procedente referirme a las pruebas y por ende a las valoraciones de las mismas realizadas por el órgano jurisdiccional, como ser los testigos presenciales y las pruebas periciales que nos indican que efectivamente, el día 02 de mayo del año 2015, los señores NELSON OQUELI PALAO SUAREZ, JUAN ANTONIO VARELA CARCAMO, ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR, DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES Y DOLLY MABEL RAMOS TORRES, cumpliendo un plan preconcebido realizaron actos inequívocos de ejecución para acabar con la vida del señor Lincolm Gustavo Alemán Coleman, y que de no haber sido por la oportuna acción de él y otras personas que le acompañan muy de cerca en otro vehículo automotor, el desenlace hubiese sido el más grave, como es la muerte del señor Alemán Coleman. Como lo he mencionado cuando el Honorable Tribunal de Sentencias valora las pruebas, testificales y periciales, se aleja de esta premisa que debe observar de forma conjunta y armónica dicha valoración, para arribar a una conclusión que hoy ha derivado en la absolución de todos los encartados, a pesar de haber sido detenidos por los miembros de la Policía Nacional Preventiva con todas las evidencias materiales que les permitirían a los que iban a realizar la acción material, literalmente asesinar al señor Lincolm Gustavo Alemán Coleman. El Tribunal de Sentencias, estimó que el hecho probado que antecede, es el resultado del análisis de toda la prueba practicada y sometida al contradictorio en la audiencia de juicio oral, explicando de la manera siguiente esta valoración: PRIMERO: Declaración testifical del señor LINCOLM GUSTAVO ALEMAN COLEMAN, quien es la persona ofendida en la presente causa, quien manifestó lo siguiente: Él día sábado dos de mayo de dos mil quince, se dirigía a la aldea La Cruz a jugar gallos, y que en el camino le salieron tres personas, lo interceptaron con armas largas, sin percatarse que atrás del auto en que se conducía venia otro vehículo, quienes reaccionaron inmediatamente y evitaron que atentaran contra su integridad física; uno de los acusados le manifestó que andaban en busca don Gustavo Alemán Coleman para matarlo a petición de Delfina Ramos, Dolly Mabel Ramos, Armindo Ramos y José a quien le dicen el canoso, esposo de la Mabel Ramos. (Lo subrayado es nuestro). En ese hecho se dio a la fuga una tercera persona, que le dicen el Olanchano. Los imputados portaban un arma de fuego tipo fusil Marca FN, modelo Fal y un arma de fuego tipo fusil de fabricación polaca, modelo PMKM con sus respectivos cargadores, municiones, chaleco e indumentaria policial. A las preguntas del Ministerio Público y Acusador Privado contestó: Ese día como entre las 9:30 am y 10:00 de la mañana se dirigía a jugar gallos, cuando iba por un lugar llamado Las Jaguas le salieron estos hombres, había mucha maleza, le salieron como a 7 metros de distancia, los imputados Nelson Oqueli Palao y Juan Antonio Varela lo encañonaron con armas largas y vestían ropa policial y chaleco anti balas, no los había visto antes, uno de ellos era pelo musuco y alto, lo acompañaba otro muchacho bajito pelo indio; venia un vehículo detrás del suyo como a 20 metros, por lo que estas personas que se conducían en lo ayudaron para que no atentaran contra su vida y ellos (los imputados) se humillaron y dejaron las armas que portaban y que de acuerdo a su descripción eran armas largas, llamando a la Policía quienes se hicieron presente como 50 minutos después, encargándose estos de decomisarles las armas de fuego, las municiones y la indumentaria policial. Luego de presentar la denuncia correspondiente en la ciudad de Juticalpa, se fue a jugar gallos y ganó. El testigo señaló que desconoce las razones por las cuales se le quiso matar, pero que el imputado alto (Juan Antonio Varela) le dijo que les habían ofrecido doscientos mil lempiras por su muerte. El testigo en la audiencia de Juicio Oral reconoce una de las armas con la que se quiso atentar con su vida y la persona que la portaba. A las preguntas de la Defensa contestó: Se desplazaba en un camioneta marca Mitsubishi color gris que no es de su propiedad como a 30 kilómetros por hora, se dirigía a la Aldea La Cruz a una jugada de gallos venia de Salamá, atrás de él venía un carro Toyota Hilux 4 x 4 cabina sencilla, en el cual se conducían aproximadamente 7 personas en la paila del carro, desconoce el nombre de esas personas, al ver la situación se bajaron del mismo distribuyéndose en dos líneas para rodear a los imputados, quienes pusieron las armas en el suelo, la parte delantera del vehículo en que él y las personas que venían atrás suyo, se ubicaba es en dirección hacia la Aldea La Cruz, asimismo manifestó que llevaba cinco gallos en la parte de atrás del vehículo en el que se conducía; al momento de hacerse presente la policía se encontraban en el lugar solamente él y las personas que venían detrás; seguidamente se fueron a la Posta Policial de Los Limones donde estuvieron 20 minutos aproximadamente, señaló asimismo que la otra persona que lo interceptó y que se dio a la fuga se encuentra actualmente recluido en el Centro Penal de Juticalpa. Luego se desplazó hacia Juticalpa coma a las once y media. Agregó que tuvo dos hermanos y un sobrino recluidos como dos años por denuncia de los hermanos Ramos, porque se les imputaba la muerte del hermano de la Familia Ramos. Dijo además que los señores Nelson Oqueli Palao y Juan Antonio Varela le manifestaron que el señor Robinson Ramos les había dado donde vivir y que les había provisto de la indumentaria policial. 1.2) Por su parte, el Testigo Protegido B, afirmó que el día dos de mayo de dos mil quince, se trasladaba hacia la Aldea La Cruz a una jugada de gallos, iban cinco personas en la paila del carro y dos en la cabina y observó que unos hombres querían matar o asaltar a don Gustavo Alemán, escuchó que le decían que lo mandaba a matar Mabel Ramos, Dolly Ramos, Armindo Ramos y José y que pagaban por ello la cantidad de doscientos mil lempiras. A las preguntas del Ministerio Publico y Acusador Privado contestó: Al momento del hecho estaban en un cafetalito, los imputados se situaban al lado izquierdo, y ellos se percataron inmediatamente y se tiraron del carro por el lado izquierdo, él andaba un arma 357, señaló que uno de los imputados el de estatura baja (Nelson Oquelí Palao) portaba un AK 47 ( y el alto (Juan Antonio Varela) un FAL culata de madera; los acompañantes que se transportaban con él hacia la Aldea La Cruz portaban armas de fuego con su correspondiente permiso, dijo que el señor Gustavo llevaba los gallos de pelea en la camioneta y se transportaba solo, la policía llegó en media hora y recibieron todo lo que se encontraba en el lugar de los hechos; luego en horas de la tarde pudo ver al señor Alemán en la jugada de gallos. La valoración realizada por el Tribunal de Sentencias, consideró que "La historia sobre los hechos narrados tanto por la víctima como por el Testigo Protegido B no resulta creíble para el Tribunal, ya que lo relatado por ambos testigos contienen hechos que suponen circunstancias especialmente acomodadas con el fin de dar estos hechos como ciertos. Resulta inverosímil que tres personas le salgan al paso a la víctima y le confiesen sin más que pretenden quitarle la vida a Gustavo Alemán Coleman y que le informen sin el menor tapujo la identidad de las personas que los han enviado a cometer ese hecho delictivo; ciertamente esta historia ha sido confirmada por el Testigo Protegido B quien ha descrito los hechos tal cual los ha manifestado el ofendido sin embargo introdujo en su declaración ciertas inconsistencias o contradicciones que denotan que se trata de un testimonio estudiado pasándosele por alto ciertos detalles que nos indican que ambos testimonios gozan de credibilidad; tanto el ofendido como el Testigo Protegido B han dicho que los imputados usaban indumentaria policial y chalecos antibalas, y que portaban armas de grueso calibre lo cual no fue posible corroborar por ningún medio de prueba, ya que los testigos que han declarado en el presente juicio han sido coincidentes al manifestar que cuando llegaron al lugar de los hechos los acusados se encontraban amarrados y que usaban su vestimenta habitual, por lo que esta aseveración por parte del ofendido y del Testigo Protegido B no es fidedigna para este órgano jurisdiccional". Al analizar correctamente estas valoraciones, encontramos que el órgano jurisdiccional, valora de manera errada lo que realmente los testigos y victima relataron en la audiencia de juicio oral, ya que no puede existir un "acomodamiento" de hechos tal y como lo señala el Honorable Tribunal de Sentencias, en vista de que los autores materiales de estos graves ilícitos, al verse sometidos por todas las personas que seguían muy cerca de Don Gustavo Alemán Coleman, ya que quedó acreditado en juicio que efectivamente la victima señor Alemán Coleman, no iba solo en su vehículo, ya que atrás a menos de dos minutos de separación, amigos de él le acompañaban y éstos llevaban armas y dado que en número de personas les superaban a los autores materiales de estos delitos, como es lógico, ellos no se iban a atrever a dispararle a la víctima, si en el lugar estaban más de cinco hombres listos a repeler el ataque que pretendían realizar en contra de la víctima. No es aceptable que el Tribunal Sentenciador, se aparte de estos elementos fundamentales y manifieste en su valoración que los hechos fueron acomodados por los testigos y la victima para así lograr una sentencia condenatoria en contra de los ahora absueltos. Siendo las reglas de la sana critica, la experiencia común, la psicología y la lógica, a través del presente recurso pretendemos clarificar desde nuestro punto de vista, cuáles de estas reglas han sido vulneradas al momento de valorar la prueba. En efecto, cuando el Tribunal deslegitima las declaraciones de víctima y testigos al asegurar que son inverosímiles y acomodadas, inobserva lo que las máximas de la experiencia común nos plantean para este tipo de casos. Es decir, la valoración no puede llegar a ser mecanizada, al pretender establecer que aún y cuando los imputados, autores materiales del ilícito de Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, no dispararan y manifestaran ante la misma victima que habían sido contratados por los señores ROBINSON FRANCISCO RAMOS AMADOR, DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES Y DOLLY MABEL RAMOS TORRES, que esta versión no es creíble, resulta inconcebible que el Tribunal manifieste que eso resulta imposible de creer, se aleja de lo que las máximas de la experiencia común nos plantea, es decir, debemos entender que estas reglas no son más que las experiencias que conoce el hombre común, aun las que un Juez, siendo un hombre común pone en juego al momento de realizarse y acontecimiento. Lo que la experiencia común nos indica, es que éstos dos (2) imputados que ya habían sido ya reducidos a la impotencia por siete (7) armadas, tal y como sucedió en este caso, no se atrevieron a disparar o consumar su acción porque sencillamente quienes repelieron la acción criminal, les superaban en número de personas y armas. Se entiende que estos dos (2) imputados no hicieran uso de sus armas de grueso calibre y dicho sea de paso prohibidas, porque como es evidente, al hacerlo lo más seguro es que quienes repelieron la acción dispararían en su contra. Que imputado dispararía a su víctima si ya están siendo repelidos por parte de siete (7) personas también armadas. En este caso, el Tribunal de Sentencias a nuestro criterio se aleja del pensamiento de un hombre común y asume posiciones que en la realidad no haría una persona que sabe que, si hubiese hecho uso de su arma, lo más probable es que recibían una respuesta armada a ese ataque. Asimismo, rindió declaración el Oficial de Policía ANIBAL OSORTO MEDINA, quien manifestó lo siguiente: Cuando estuvo asignado en Salamá, lo llamaron porque había un problema en un lugar que se le conoce corno Las Jaguas, dijeron que les iba a dar muerte al señor que se llama "Tavo Alemán", se hizo entrega de las personas detenidas y las armas de fuego e indumentaria policial que andaban estas personas. Luego fueron trasladados hacia Juticalpa para hacer la respectiva remisión de los mismos. A las preguntas del Ministerio Público y Acusador Privado contestó: cuando él llegó al sitio de los hechos, no vio a los acusados, y como se le había informado que uno de los sospechosos había huido se dio a la tarea de buscarlo, cuando regresó ya estaban los imputados. Los acusados y evidencias del caso, así como el teléfono celular que se decomisó al señor Juan Antonio Varela fueron remitidos a Juticalpa; afirmó que el teléfono celular decomisado sonó como 7 veces, la llamada entrante registraba el nombre de "Mi Moy", llamaba un contacto que tenía registrado como Mi Moy como a las una de la tarde, contestó una de esas llamadas y escuchó voz de mujer, preguntó por Juan y dijo que hablaba de parte de “la profe, seguidamente cortó la llamada. A las preguntas de la Defensa contestó: Estuvo en el solar baldío como quince minutos buscando al otro sospechoso que se había; cuando estuvo de regreso de hacer la inspección del sitio don Gustavo estaba llegando y se bajó del vehículo, vio a los imputados amarrados con unas sogas, por lo que procedió a desamarrarlos y los subió a la patrulla, las armas, municiones e indumentaria ya estaban en el lugar; Las actas de registro personal, actas de decomiso fueron llenadas en la ciudad de Juticalpa, se individualizó las armas e indumentaria de acuerdo a la información proporcionada por el ofendido y sus acompañantes. Señaló puntualmente que no realizó ninguna diligencia para determinar que arma tenía cada uno de los imputados. Valoración Conjunta: Esa declaración muestra claramente las contradicciones que este Tribunal ha encontrado en el desarrollo del juicio se, pues el policía Banegas manifestó claramente que a los acusados no se les encontró ningún tipo de armas, municiones ni indumentaria policial, y que fue la victima quien detalló que arma e indumentaria policial andaba cada quien, también ha dicho en su deposición que al momento de llegar al lugar de los hechos, los señores Nelson Oqueli Palao y Juan Antonio Varela se encontraban amarrados de pies y manos metidos en la cajuela de una camioneta, por lo que con su testimonio no se ha podido acreditar que los acusados Oqueli y Varela portaban armas ni que usaban indumentaria policial, en este punto el Policía Osorto ha dicho que las actas de registro y decomiso fueron llenadas en Juticalpa de acuerdo a la información proporcionada por el ofendido y los acompañantes; por otra parte la declaración del Oficial Osorto contradice totalmente lo depuesto por el Policía Banegas quien ha dicho que al momento de llagar al lugar de los hechos ya estaban ahí los supuestos hechores y detalla claramente como fueron hallados, en cambio Osorto dijo que en el momento de llegar al sitio, no había nadie y que él se alejó de la escena a buscar a un tercer sospechoso quien había huido y que cuando estaba de regreso vio que el señor Gustavo Alemán llegaba al lugar, para ese entonces ya estaban los detenidos y todas las demás personas que acompañaban a la víctima; lo cual resulta ilógico, si el testigo Banegas acompañaba al Oficial Osorto en esa diligencia de investigación, como es posible que Banegas observara a los imputados maniatados y Osorto no haya visto a nadie? razón por la cual estas declaraciones resultan contradictorias y no pueden otorgársele valor probatorio; asimismo ambos testigos en sus testimonios no han dicho que vieron los gallos de pelea que llevaba el señor Gustavo Alemán, lo que desacredita la declaración del ofendido, pues éste ha reiterado que ese día llevaba los gallos en el vehículo y que después del incidente se fue a jugar gallos a la Aldea La Cruz y que ganó, ninguno de los agentes oficiales vio la presencia de estos animales exóticos siendo un dato fácil de recordar; por lo que, este extremo no pudo ser corroborado por ninguno de los testigos que se hicieron presente al lugar de los hechos, lo cual afianza la posición de este Tribunal en considerar que las pruebas evacuadas no logran crear certeza de la ocurrencia de los supuestos hechos argumentados por el Ministerio Publico y Acusación Privada. Por así exigirse en este tipo de recurso, es necesario identificar con claridad meridiana aquellos elementos que han sido vulnerados en la valoración de la prueba. Esta representación procesal considera que la regla de la lógica común ha sido vulnerada con la sentencia que hoy se recurre, específicamente un elemento concomitante a esta regla, como lo es el principio de razón suficiente, entendida como "Todo juicio para ser realmente verdadero, necesita una razón suficiente que justifique lo que lo que en el juicio se afirma o niega con pretensión de verdad". A revisar el hecho probado y someterlo a su análisis a través de la aplicación de cada una de las reglas que concurren en todo este proceso intelectivo, nos damos cuenta que el hecho probado, establece por un lado que efectivamente el día 02 de mayo del 2015, mientras el señor Gustavo Alemán Coleman, se desplazaba de Salamá, Olancho al Municipio de Silca, siempre en el Departamento de Olancho a jugar gallos, fue interceptado por Nelson Oqueli Palao Suarez y Juan Antonio Varela Cárcamo, huyendo una tercera persona, a quienes la víctima con la ayuda de, otras personas procedieron a desarmarlos a los imputados y entregarlos posteriormente en manos de la autoridad policial. Este hecho probado resalta que a los imputados se les decomiso indumentaria de uso exclusivo de la Policía Nacional Preventiva, así como armas de guerra y municiones prohibidas. No es posible que el Tribunal que hoy absuelve a cinco (5) personas entre autores materiales e intelectuales del Asesinato en su grado de ejecución de tentativa, emita un juicio negando que efectivamente las intenciones de los encartados eran las de acabar con la vida del señor Lincolm Gustavo Alemán Coleman, y que esta negación se fundamente en valoraciones que han sido emitidas prescindiendo de la observación de las reglas que de manera obligatoria los Tribunales deben observar al momento de proferir un fallo. Continuando con el análisis de la valoración realizada por parte del Tribunal Sentenciador de las pruebas allegadas al debate, me referiré a la prueba pericial técnica balística e informática que debe ser analizada de manera armónica y conjunta con la prueba testifical. Me refiero al dictamen pericial balístico, que se identifica con número 3850 realizado el seis de mayo del año dos mil quince, y que fue ratificado en el acto del debate oral y público por parte del Perito OCTAVIO VALENZUELA, en el mismo se concluye que analizó un arma de fuego tipo fusil, marca FN, modelo FAL, calibre 7.62x51mm número de serie 6214335, con su cargador y sesenta y cuatro (64) cartuchos sin percutir de forma golleteada, punta aguda con ranura y pestaña con troqueles en su base 308W82 /FN-69/FMM 83-4 / LC 85 y una arma de fuego tipo: fusil de fabricación polaca, modelo. PMKM, calibre: 7.62 x 39mm, número de serie: KW03599 con dos cargadores, uno de ellos de forma tabular y el otro de forma semi circular y setenta y siete (77) cartuchos sin percutir de forma golleteada, punta aguda con ranura y pestaña, con troqueles en su base 10 04 / 7.62 x 39 Wolf / 711 87 / 9386. De acuerdo al análisis se ha concluido que ambas armas de fuego presentan buen funcionamiento mecánico operativo y sus mecanismos de acción son semi automáticas y automáticas. La munición recibida de calibre 7.62 x 51mm y 7.62 x 39 mm son municiones normales, y no trazadoras ya que el dispositivo trazador incluye elementos fosforas de magnesio o químicos de quemón brillante que se atojan en la base del proyectil y al desarmar la munición no se observó ninguno de estos los cuales fue reconocidos por el perito como la prueba que él había periciado. Esta prueba pericial, es totalmente confiable para estos Juzgadores, pues ha sido realizada por un Técnico especializado en la materia, que no ha sido cuestionado en sus competencias, ni evidenciado que tenga motivo para informar falsamente a estos Juzgadores, dando concluyentes resultados, respecto del análisis realizados a los objetos estudiados, que consisten en el análisis de un arma de fuego tipo fusil, marca FN, modelo FAL y su respectiva munición y una arma de fuego tipo: fusil de fabricación polaca, modelo: PMKM, calibre: 7.62 x 39mm también con su correspondiente munición. Prueba que este Tribunal no puede valorar, ya que si bien es cierto las armas tienen buen funcionamiento y operatividad, el punto en discordia es si los imputados NELSON OQUELI PALAO Y JUAN ANTONIO VARELA portaban esas armas y usaban la indumentaria policial y chalecos anti balas que describen las actas de registro y decomiso correspondiente, pues ante este tribunal no ha sido acreditado los hechos tal y como han sido narrados por el ofendido y algunos testigos de cargo; las declaraciones testificales de los agentes policiales Osorto, Matamoros, Banegas y Sánchez han coincidido en que la información de las actas de registro y decomiso fueron llenadas con la declaración de la víctima y de sus acompañantes, no obstante estas declaraciones se contradicen entre sí por lo cual este Tribunal no puede otorgarles valor probatorio, en tanto al no ser creíbles desvincula a los imputados en la comisión de los hecho delictivos por los cuales ha venido acusando tanto el Ministerio Publico como la acusación privada. Se ha evacuado como medio de prueba pericial el Dictamen de la Extracción de la Información Digital número DETECI-AL-0801-2017-0016 mismo que se ha sido ratificado por la perito Norma Garay, de acuerdo a la información proporcionada por la empresa de Telefonía Tigo en base a la información solicitada del vaciado telefónico del IMEI 351763059313732 donde se solicitó a la empresa proporcione la información de los números de teléfono ingresados al IMEI antes mencionado así como información de los propietarios se logra identificar que los números utilizados fueron 9814-0761 en uso del señor Carlos Manuel Reyes Molina y el 9863-4612 en uso del señor Usías Llonatan Romero Romero los cuales fueron utilizados entre 05 de enero de 2015 y el 05 de mayo de 2015. No se logró encontrar información vinculante con los números de teléfono 2718-5400, 9871-0804 y 9950-0095 entre las fechas 29 de abril de 2015 al 02 de mayo ce 2015. El mismo informe señala que se logra identificar mediante la captación de antenas según las ubicaciones geográficas emitidas de las llamadas entrantes y salientes del abonado 9863-4612 teniendo en uso del IMEI 351763059313732 en el cual el usuario del teléfono 9863-4612 se encontraba en las cercanías de Olancho en las ciudades de Juticalpa, Lepaguare, Salamá y los Portillos. Se logra identificar mediante la captación de antenas según las ubicaciones geográficas emitidas de las llamadas entrantes y salientes del abonado 9814-0761 él tenía en uno de sus IMEI No.357616060621350 del día. dos de mayo de 2015, por la información proporcionada por la empresa telefónica Tigo en base al vaciado telefónico del IMEI 351763059313732 en la cual el usuario del teléfono 9814-0761 se encontraba en las cercanías de colón en las ciudades de santa Fe y Calentura. Después de haberse realizado el vaciado telefónico del aparato celular marca BLU que supuestamente fue decomisada al señor Juan Antonio Varela que contenía una agenda telefónica y unas fotografías con dólares y un arma, estas imágenes al no haber sido relacionados con otro tipo de investigación que sirvieran para individualizar o identificar plenamente a los contactos que se guardaban en la memoria del aparato, así como que no se ha establecido con certeza la fecha y el lugar donde se tomaron las fotografías, siendo inútiles para incriminar a los imputados directos y coimputados intelectuales. Por cuanto no fue posible acreditar ante este Tribunal mediante este peritaje de extracción de información digital que entre los señores Nelson Oquelí Palao y Juan Antonio Varela y los coimputados Delfina Ramos, Dolly Mabel Ramos y Robinson Ramos haya existido comunicación antes, durante y después de los hechos, ni que estos últimos hubiesen pagado recompensa para cometer el hecho delictivo. Asimismo el Tribunal de Sentencias evacuo en el juicio como prueba documental el Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro que corre agregado a folios 11, 12 y 13 ratificada por el agente policial José David Banegas la cual establece que en fecha dos de mayo de 2015 mediante registro personal al señor Nelson Oqueli Palao se le encontró un arma de fuego tipo fusil serie 6214335 conteniendo 18 cartuchos color café calibre desconocido, 46 cartuchos calibre desconocido, un chaleco supuestamente anti balas y una camisa de tela manga larga color azul con el monograma de la Policía Nacional de Honduras; Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro que corre agregado a folios 15, 16 y 17 ratificada por el agente policial Aníbal Mauricio Osorto donde se determina que el día dos de mayo de 2015 se le practicó un registro personal al señor Juan Antonio Varela encontrándole un arma de fuego tipo fusil con serie KVV03599 con su respectivo cargador conteniendo 53 cartuchos calibre desconocido, un cargador de metal contendiendo 24 cartuchos calibre desconocido, una camisa de tela manga larga color azul de uso policial, un chaleco anti balas y un celular marca BLU con su respectiva batería y chip de Tigo; Constancia del registro balístico que corre a folio 498 y constancia de la Oficina de Bienes de las Fuerzas Armadas de Honduras que corre agregada a folio 499. El Tribunal de Sentencias estableció en su valoración que estos documentos no le han servido para acreditar que los imputados hayan pretendido dar muerte al señor Gustavo Alemán Coleman, pues si bien es cierto estas actas antes mencionadas describen los objetos o medios con los cuales se querían hacer valer los acusados para la comisión del ilícito penal, estas no fueron corroboradas por otros medios de prueba, considerando al respecto que la Policía recolectó la evidencia en el lugar de los hechos no obstante solamente pueden ser tenidos como testigos de referencia, por lo tanto no están en la capacidad de individualizar la posesión de las evidencias que fueron entregadas por el ofendido y sus acompañantes, pese a que las actas de decomiso en su momento fueron atribuidas a uno u otro imputado consecuentemente de la información que fue dada por el mismo ofendido. De igual manera no se acreditó fehacientemente que los objetos que sirven de evidencias física en el presente caso, fuesen propiedad de alguno de los acusados o que los acusados de la autoría intelectual Delfina, Dolly Mabel y Robinson les hubieren entregados estos objetos a Nelson Oquelí Palao y Juan Antonio Varela; ya que este órgano jurisdiccional no consideró como válido el testimonio rendido por el señor Gustavo Alemán Coleman, testigo protegido B y el señor Donaldo Zelaya Villalta quien éste último aseguró haber reconocido unas armas de fuego mientras veía un noticiero de televisión. Dicho testimonio no es veraz pues resulta imposible el recogimiento a simple vista y de manera indirecta de las características individualizantes de un arma de fuego que son de fabricación masiva. No entendemos corno el razonamiento del Tribunal desconozca que los imputados al momento de ser requeridos por Don Gustavo Alemán Coleman y las personas que le acompañaban, se les decomiso todo el arsenal que iba a ser utilizado para acabar con la vida del señor Alemán Coleman, y aun así, el Tribunal se afiance su razonamiento en aspectos que vulneran el Principio de razón suficiente, por cuanto esta razón suficiente debe estar fundamentado en pruebas que realmente justifiquen lo que se afirma en el juicio. Basta hacernos entonces una pregunta vital: ¿De dónde obtuvo las armas y la indumentaria policial el señor Gustavo alemán Coleman, sino de sus mismos ejecutores, las personas que fueron detenidas por él y sus acompañantes y puestos a la orden de inmediato de la Policía Nacional Preventiva? Resulta incomprensible que habiendo evidencia material, consistente en armas prohibidas, en indumentaria policial, y habiendo manifestado los detenidos Nelson Oqueli Palao Suarez, y Juan Antonio Varela Cárcamo, que habían sido contratados para dar muerte al señor Gustavo Alemán Coleman, y que las personas que pagarían por ejecutar este crimen eran los señores Delfina Velda Iris Ramos Torres, Dolly Mabel Ramos Torres y Robinson Francisco Ramos Torres. Como es posible que, ante una verdad insoslayable, el Tribunal mantiene una posición de absolución de todos los encertados. Por su parte, el Tribunal hace una valoración a la prueba aportada de la defensa de la manera siguiente: DELFINA IRIS MABEL RAMOS TORRES: Imputada que fue informada de una denuncia en su contra, en esa denuncia se involucraban a sobrinos, hermanos, en un viaje que hizo a Tegucigalpa, se abocó a un abogado de la familia y él les dijo que les podía acompañar en el problema, el abogado le dijo que de todo el listado de personas denunciadas solamente habían quedado ellos (Delfina, Dolly Mabel y Robinson Ramos); por lo que se fueron con el abogado al órgano jurisdiccional correspondiente y esperaron ser atendidas por el Juez de Jurisdicción Nacional y lo que se suponía era una plática se convirtió en una audiencia con la presencia de las partes intervinientes. Preguntó si se iba a continuar con la audiencia y dio un testimonio de lo que había sido su vida en el municipio de Salamá, estableciendo que jamás se prestaría para hacer un acto de esa magnitud. Hizo un relato de la relación con la familia del ofendido, quienes son familiares de los acusados por la muerte de su hermano; su familia no quería tomarse la justicia por sus manos, sino que la autoridad se encargara de buscar a los asesinos de su hermano y primo. Negó haber tenido problema con don Gustavo al contrario un hermano de ella mantenía una buena relación con él al punto de hasta "comer en el mismo plato" y compartir su afición de jugar gallos, relató que ella trabajó con la esposa de don Gustavo. Ese día de la audiencia les pusieron las esposas y fueron conducidas a Támara. Y al día siguiente les hicieron la audiencia inicial sin dejar que se prepararan les impusieron la medida cautelar de prisión preventiva, llevando ya 18 meses de estar recluida en Tamara. Consideró en su deposición que, aunque se diga que la conducta no cuenta, para ella sí cuenta, pues ella y su familia se han dedicado a trabajar en los últimos 20 años, todo ese tiempo ayudando a la comunidad de Salamá educando a esa población, señaló que todo esto es un montaje. Ella y su familia han sido personas trabajadoras y nunca han cometido ilícitos, la población de Salamá conoce quienes son ellos como familia. A las preguntas del Ministerio Publico contestó: Los hechos que se le han imputado no son ciertos, ha sido todo un montaje, relacionado a la muerte de su hermano, quien murió el 18 de diciembre de 2014, desconoce quién es el responsable de su deceso, se denunció pero las personas que lo hicieron aún siguen libres, nunca tuvo ninguna enemistad con don Gustavo Alemán, la esposa de él fue su asistente en el colegio por más de 8 años, nunca tuvo un problema con la familia de don Gustavo. A las preguntas de la Defensa contestó: El viernes primero de mayo viajó hacia Tegucigalpa porque su madre estaba enferma e interna en el Hospital del Carmen, manifestó que había mantenido una buena relación con la familia del señor Gustavo Alemán relación que fue deteriorada cuando asesinaron a su hermano, porque el pueblo los vinculaba a ellos con la muerte de su hermano. Afirmó en su declaración que hasta ahora ha conocido a los otros coimputados, los vio el día de la audiencia; proporcionó su número de teléfonos para que fueran investigados y que también revisaran sus ingresos, pues no ha sido adinerada y la única cuenta que poseía era la de BANHCAFE y en ese momento no tenía dinero, solamente sus ingresos como docente. Comentó en su testimonio que su hermano era un hombre trabajador, sembraba y tenía ganado, y le sacaron de su propiedad 25 cabezas de ganado que no todas eran de él, por lo que se dispuso a buscar su ganado y cree que por esa razón le dieron muerte. Ese incidente fue en el estadio del Municipio de Salamá, donde le dispararon, él se llamaba BLAS ADONAY RAMOS TORRES, fueron detenidas tres personas por esta muerte, las personas detenidas son familiares de don Gustavo Alemán Coleman, dos hermanos y un sobrino de él. Dijo además que el día sábado 2 de mayo de 2015 se encontraba en Tegucigalpa en la colonia Cerro Grande, con sus familiares y con su cuñada que ahora está en Estados Unidos con asilo político por la persecución, también falleció su primo FILIBERTO VILLAFRANCA en el Municipio de Salamá entrando a su vivienda, le salieron 5 personas encapuchadas y lo dejaron desfigurado al punto de no reconocer su rostro. En su deposición estableció que todo este caso ha sido un montaje ya que a raíz de la denuncia que sus familiares hicieron por la muerte de su hermano, la familia del señor Gustavo Alemán quiso perjudicarlos, porque primero ella y su familia fueron víctimas de la violencia y luego se les ha dañado de esa forma. En lo que atañe al supuesto móvil, fue evidente en el debate que entre ambas partes existe animadversión, ya que se dejó entrever en el juicio que existen problemas personales y que tanto la familia RAMOS como el supuesto ofendido, se señalan mutuamente de causarse daño, por lo que esta animosidad puede interpretarse como un motivo para la victima sindique a los acusados como responsables de ordenar su muerte, y viceversa, que los acusados señalen al ofendido como la persona que fraguó la acusación, por lo tanto este indicio de móvil, por si solo no es un indicio fuerte que pueda ser valorado en sentido univoco por estos juzgadores, para acreditar la participación de los ahora acusados. Compareció igualmente a rendir su declaración en la vista pública; el señor JUAN ANTONIO VARELA CARCAMO coimputado, quien manifestó que el día dos de mayo de 2015 él venía de Trujillo salió a las 4:00 de la tarde, llegó a Olanchito, a las dos de la mañana tomó el bus que iba para Guayape y se bajó en el en el desvío que conduce a esa comunidad a un trabajo de albañilería del señor Carlos Fuentes, unos muchachos lo invitaron a una fiesta, luego se le presentó un muchacho que portaba un carnet y que le dijo que era policía y luego llegaron cinco policías más, lo amarraron de pies y manos, y lo llevaron a un rancho, luego le dijeron que él no sabía nada, llamaron a don GUSTAVO, le dieron dinero al inspector Osorto y llegó un abogado que lo puso a que firmara unas hojas en blanco, ese abogado es de la defensa del señor ALEMAN A las preguntas del Ministerio Publico y Acusador privado contestó: Es originario de Trujillo, salió de ese lugar el primero de mayo, siendo un día viernes, tomó el bus que va para Tegucigalpa, luego salió de Olanchito y se bajó en el lugar que se le conoce como Las Jaguas, pensaba tomar el autobús que va a Méndez para llegar a Guayape , era la primera vez que estaba ahí, a él le dijeron que en ese lugar Las Jaguas tenía que bajarse, haciéndose acompañar de Nelson Palao Oquelí ambos venían de Trujillo porque iban a trabajar a Guayape, pues son maestros de construcción. Estando en una caseta en el desvío que conduce a Guayape como a las 9:00 horas de la mañana, llevándolo a un rancho que queda como a diez minutos de la caseta, estando ahí le sacaron armas de fuego e indumentaria policial, les pusieron chalecos, y lo hicieron que firmara papeles en blanco en Juticalpa. La policía llegó como a las once de la mañana. A las preguntas de la Defensa contestó: Ese día andaba vestido con camisa verde, pantalón azul y botas negras, cuando llegó una persona que le mostró un carnet diciéndole que era policía, luego otras cinco personas se presentaron ante él lo agarraron, lo amarraron y se lo llevaron, él les pidió que llamaran a la autoridad, en Juticalpa le manifestaron que estaba detenido por las armas y por querer matar al señor Gustavo Alemán y que si no firmaba lo iban a matar. No conoce a la señora Delfina Ramos Torres. El abogado le dijo que hablara en contra de los Ramos y que él mismo lo iba a sacar de ahí, le hicieron registro, pero no le encontraron nada, solamente a su compañero a quien le quitaron un mil lempiras. Sus únicas pertenencias eran una cadena, un reloj y su cartera. El rancho donde fue llevado era blanco con rejillas, fueron llevados en una camioneta doble cabina color gris, dijeron que a él le habían decomisado el AK 47, la policía puso el arma en una mesa y le tomaron fotos. Llegaron dos muchachas a la caseta, pero había más personas, la persona que le mostró el carnet no usaba uniforme policial vestía short y camiseta, luego llegaron cinco personas más, en ese rancho había dos vehículos, tiempo después apareció otro vehículo donde se conducía el señor Gustavo Alemán Coleman también estaba en ese rancho el señor Ubaldo Paz; la patrulla policial llegó como dos horas después de estar ellos en el rancho. A Juticalpa llegaron a las dos de la tarde aproximadamente. A las preguntas de la parte acusadora contestó: Llegaron unas personas y los trasladaron a un rancho en una camioneta doble cabina gris, atándolos de pies y manos, sacaron armas de fuego y les fue puesta corno evidencia, manifestó que no conoce a la señora Delfina Ramos Torres; reiteró que no había tocado armas de fuego ni municiones, por lo que en su momento solicitó que le hicieran una prueba de huella dactilares, aproximadamente dos horas estuvieron atados de pies y manos el tiempo que tardó la policía en llegar; finalmente afirma que el contacto que aparece en su agenda telefónica como "Mi Moy" en su compañera de hogar. Para respaldar la declaración del acusado y refutar los testimonios de cargo, se evacuó la declaración testifical de las personas siguientes: la declaración del Testigo Protegido Bershka: quien ha manifestado lo siguiente: El día sábado dos de mayo de 2015 como a eso de las 9:00 de la mañana se dirigía a la pulpería, observó a dos muchachos que nos los había visto antes en la comunidad, hicieron platica y uno de ellos la enamoraba, siendo este Palao, quedaron de verse de nuevo en la comunidad. Regresó de nuevo a la pulpería y vio los muchachos (imputados) porque estaban esperado el bus, llegando en ese momento un carro camioneta color gris, luego otro carro gris, agarrando a los imputados y subiéndolos de manera violenta a la camioneta. A las preguntas de la Defensa contestó: No olvida ese día porque estaba de feria un lugar que se llama La Cruz, describió la ropa de los imputados mencionando incluso el color de camisa y pantalón; identificó a las personas que llegaron en esos vehículos como el señor Ubaldo Paz, Hugo Martin Torres y Exal Paz. Dijo en su declaración que abrieron la camioneta del vehículo y los subieron ahí. Describió qua la pulpería está ubicada en la comunidad de Las Jaguas, en un desvió que conduce a Guayape y Méndez, y fue ahí mismo donde se bajaron estas personas con armas largas y subieron a los muchachos (imputados); identificó con sus características físicas al señor Ubaldo Paz, Hugo Martin y Exal Paz y confirmó que el señor Ubaldo Paz es propietario de una Hacienda que se llama "Tras la Loma" y dijo que era una casa grande con muchos animales entre vacas, perros etc. Acotó asimismo que el señor Ubaldo Paz pasa en su casa con sus guardaespaldas, también manifestó conocer a don Gustavo Alemán a quien vio después de que agarraron a los muchachos, iba en su carro blanco doble cabina 3.0. A las preguntas del Ministerio Público contestó: Que recuerda bien a los imputados, estuvo platicando con ellos poco tiempo. Como se le olvidó algo, regresó rápidamente a la pulpería cuando vio los carros que llegaron y se llevaron a los señores Nelson Oqueli Palao y Juan Antonio Varela; recuerda bien el nombre de Nelson Palao porque la enamoró; no reconoció a las demás personas que andaban en los carros que ha dicho, solamente a las tres personas que señaló anteriormente. La credibilidad concedida a lo manifestado por la Testigo Protegida Bershka derivan de su espontaneidad, de tal manera que de sus expresiones no se advierten que estén motivadas por algún interés especial sino porque es testigo presencial de los hechos que ha venido a declarar, estableciendo en la misma circunstancias de lugar y tiempo lo que valoradas en su conjunto con el resto de la prueba le permite a este Tribunal establecer que los hechos sustentados en la acusación y las pruebas que se han evacuado durante el desarrollo del juicio no logran establecer la concurrencia de los tipos delictivos señalados ni la participación de los acusados en los mismos. Valoración Conjunta: El Tribunal considera que las pruebas evacuadas no ha sido capaz de enervar el estado de inocencia de los inculpados en vista que la prueba no logra crear certeza en estos juzgadores de la ocurrencia de los supuestos hechos argumentados por el Ministerio Público y la Acusación Privada, arribamos a dicha conclusión en vista que el principal sustento de la hipótesis acusatoria se basó en la declaración del presunto ofendido Gustavo Alemán Coleman quien señaló que el día 02 de junio del año dos mil quince, cuando circulaba con rumbo a la aldea La cruz a una pelea de gallos, fue sorprendido en el camino por tres hombres armados, cuya intención era darle muerte, sin embargo los individuos no se percataron que atrás de él venía otro vehículo cuyos ocupantes al observar lo ocurrido lo auxiliaron, bajándose y encañonando a sus atacantes, sin embargo logró huir uno de agresores. También manifestó el señor Alemán que una vez rodeados sus atacantes él personalmente conversó con ellos y supuestamente le manifestaron que habían sido contratados por los acusados Delfina, Dolly, y Robinson Ramos para quitarle la vida. Esta versión fue repetida por el testigo protegido B, quien dijo ser una de las personas que auxilió al señor Gustavo Alemán y que tanto él como otras cinco o seis personas vieron cuando tres hombres rodeaban el vehículo en que se trasladaba Alemán Coleman y casi de inmediato se bajaron portando armas tipo escopeta y armas cortas para impedir el ataque, dando detención a los sospechosos; estos hechos no han merecido la confiabilidad de este Tribunal pues la declaración de la supuesta víctima no puede ser sustentada o reafirmadas por otros medios probatorios, contrario sensu han existido diversos testimonios tanto de los agentes de policía como de la Testigo Protegido Bershka que no concuerda con lo narrado por el señor Gustavo Alemán y confirma lo que hasta ahora ha venido manifestando el imputado Juan Antonio Varela quien en su declaración dijo encontrarse en la caseta cercana al desvío de Guayape y Méndez y que estando en ese lugar fue interceptado por varios individuos que lo subieron a un vehículo doble cabina color gris y lo llevaron a la Hacienda del señor Ubaldo Paz, extremo que ha sido confirmado por la testigo protegido quien ha narrado la forma abrupta en que fueron llevados ambos acusados. Declaración testifical de JOSE DAVID BANEGAS PALMA: el día dos de mayo de dos mil quince manejaba la patrulla policial junta al oficial Osorto Medina, a quien le dijeron que había un incidente con unos individuos que se habían agarrado a tiros, por lo que se desplazaron al sector como a eso de las once de la mañana, al llegar al lugar observó tres vehículos, los acusados estaban amarrados de las manos y de los pies, entre las personas que se encontraban en el lugar pudo ver al señor Gustavo Alemán y Ubaldo Paz con sus guardaespaldas. Ellos procedieron a desamarrarlos y les leyeron sus derechos, luego se fueron a la Posta de Los Limones y después hicieron la remisión a Juticalpa, el testigo ratificó el acta de registro personal y de decomiso de evidencias que corre agregado al expediente. A las preguntas del Ministerio Publico y acusador privado, contestó: El día de los hechos patrullaba en el Municipio de Salamá en compañía de los policías Osorto, Meza y Matamoros. Cuando llegaron al lugar encontraron a los imputados "maniatados", agregó que una vez que estaban en Juticalpa los imputados firmaron las actas correspondientes sin haber sido obligados para ello, comentó que no lo hicieron en el momento de la captura porque no contaban con la papelería correspondiente para tal fin. A las preguntas de la Defensa contestó: Ese día dos de mayo de dos mil quince junto al oficial Osorto se dirigieron al lugar conocido como Las Jaguas, encontrando en el lugar de los hechos una camioneta gris marca Mitsubishi Montero, un carro blanco doble cabina 4 x 4 marca Hilux y un Ford Ranger 4 X 4 doble cabina gris perteneciente al señor Ubaldo Paz; los imputados estaban en medio de una vuelta en un lugar conocido como Las Jaguas, estaban amarrados en la cajuela de una camioneta con lazos amarillos o anaranjados, pudo ver que usaban vestimenta normal, alrededor de ellos estaban como 5 a 6 personas entre ellos Gustavo Alemán y Ubaldo Paz; las armas e indumentaria policial decomisada estaban en la paila de un vehículo; las evidencias fueron entregadas por las personas que acompañaban al señor Alemán Coleman; escuchó decir a los imputados que andaban buscando trabajo e iban a hacer una minuta. De acuerdo al procedimiento de rutina recolectaron las armas, chalecos y fatigas policiales y llenaron las actas de decomiso y registro personal con la información que proporcionó la víctima. Señaló que en la posición en que se encontraban los vehículos estaban en sentido contrario a la Aldea La Cruz, es decir que para llegar a dicha aldea debían estar en la dirección contraria Declaración testifical de Marcio Matamoros: Estaba con el oficial Osorto cuando se nos llamó porque se había suscitado un incidente en el sector de Las Jaguas, al llegar al lugar encontraron a los imputados maniatadas y también encontraron armas de fuego, chalecos y fatigas policiales. Luego subieron a los acusados en la patrulla y fueron trasladados a Juticalpa. A las preguntas de la Defensa contestó: Ha sido policía por 27 años, cuando sucedieron esos hechos tenía 8 meses de estar asignado a la comunidad de Salamá, ese día estaba en compañía del oficial Osorto; cuando llegaron al lugar de los hechos encontraron a los imputados amarrados en la cajuela de la camioneta, habían tres vehículos, un carro doble cabina 3.0, un vehículo doble cabina, color gris y una camioneta marca Mitsubishi, las personas que estaban en el lugar portaban armas de fuego, reconoció a Ubaldo Paz y Gustavo Alemán. Los acusados vestían sus ropas, alcanzó a ver armas la paila del carro gris, siendo entregadas estas armas de fuego por parte del señor Ubaldo y el señor Gustavo Alemán. Estuvieron en el lugar entre 40 minutos a una hora y salieron a Limones para luego ir a Juticalpa donde se llenaron las actas de lectura de derechos, actas de registro y actas de decomiso. A las preguntas del Ministerio Público y acusación privada contestó: el día de los hechos no tenía patrulla asignada, pero fue a dar apoyo a su compañero, el clima ese día era normal, él llego como a las 10 y media de la mañana, los acusados tenían apariencia de preocupados; vio a las personas armadas, pero no les preguntó por el registro de sus armas, se llevaron a los acusados en calidad de detenidos. El señor Gustavo Alemán portaba su arma en la cintura y la escopeta en las manos, de igual manera afirmó no saber con precisión a quien le pertenecía las armas que fueron decomisadas. Se puede observar que las declaraciones de Banegas y Matamoros hacen referencia a lo que encontraron al momento que se hicieron presente al lugar de los hechos, describen ampliamente circunstancias de lugar, tiempo y modo en que percibieron lo que han venido a declarar; no obstante contradicen lo manifestado por el ofendido señor Gustavo Alemán, pues él ha relatado que cuando se presentaron los agentes policiales encontraron dos vehículos, uno que era conducido por él y el otro que era conducido por las personas que le ayudaron, sin embargos los agentes policiales han dicho que habían tres vehículos y los identifican por color y hasta marca, de igual manera establecieron los agentes Banegas y Matamoros de manera contundente que los imputados se encontraban maniatados en la cajuela de un carro lo cual es confirmado por los otros agentes policiales que estuvieron presente en el lugar de los hechos, validando en parte la versión que ha dado el policía Osorto quien ha dicho que observó a los acusados amarrados de pies y manos. Por cuanto para este Tribunal les confiere credibilidad a ambos testigos ya que ambos laboran como agentes de policía preventivo, por lo que no tiene ningún grado de interés en la causa que nos ocupa. Declaración testifical de DANYS FRANCISCO SANCHEZ MEZA: en su condición de Agente Policial dijo que el sábado dos de mayo de 2015, se desplazaban al Municipio de Sirca, les dijeron que había un problema en el sector conocido como Las Jaguas, ahí llegaron y encontraros a dos personas, que se encontraban "maniatados" en el baúl de un carro, seguidamente los civiles les entregaron unas armas de fuegos, unos chalecos y municiones, seguidamente los acusados fueron trasladados hacia Juticalpa, antes pasaron por la Posta Policial de Limones de acuerdo a lo ordenado por el superior Ortega. Llegaron a Juticalpa como a las dos de la tarde y luego regresaron a Salamá como a las 7 horas de la noche. A las preguntas de la Defensa contestó: Tiene como cuatro años de ser policía, el día de los hechos encontraron a los imputados a orillas de la carretera que se dirige hacia Salamá, los carros de las personas que acompañaban al señor Gustavo Alemán Coleman también estaban ubicados en dirección hacia Salamá, siendo el sentido contrario hacia la Aldea La Cruz; conocía al señor Gustavo Alemán y Ubaldo Paz por el patrullaje que ellos hacían en la zona, las armas que portaba el señor Gustavo Alemán y sus acompañantes eran escopetas y 9 milímetros, al ver a los imputados amarrados él procedió a soltarlos sacándolos de la cajuela del automotor, llevándolos a la patrulla, los señores Nelson Oquelí Palao y Juan Antonio Varela le manifestaron que se dedicaban a la albañilería. En cuanto a las armas y demás evidencias estas fueron entregadas por los civiles a ellos. A las preguntas del Ministerio Publico contestó: los acusados fueron detenidos porque supuestamente habían atentado contra la vida del señor Gustavo Alemán Coleman, quien nos relató los hechos que aparecen en la acusación fue el señor Ubaldo Paz, las evidencias que les fueron decomisadas estaban en la paila de uno de los vehículos y reitera que hallaron a los imputados amarrados de pies y manos. Declaración que tiene puntos concordantes con el resto de agentes de policía que se presentaron a declarar en el juicio que nos ocupa, en el sentido que a los imputados no se les encontró portando armas de fuego ni tampoco vistiendo fatigas policías ni chalecos anti balas, evidentemente al momento en que la autoridad policial se hace presente al lugar de los hechos, los supuestos hechores ya habían siclo detenidos por las personas que le ayudaron a don Gustavo Alemán para evitar su muerte, es notorio que esta declaración del testigo Danys Francisco Meza concuerda con el testimonio de Marcio Matamoros en relación a lo que manifestaron los acusados al momento en que la policía se hiciera presente, en la descripción precisa del lugar y modo en que estaban los acusados, así como que ambos no mencionan en sus deposiciones alguna circunstancia especial que hayan percibido en el lugar de los hechos como la presencia de los gallos de pelea que afirma el ofendido que estaban en su vehículo. Siendo estas declaraciones contestes y armónicas entre sí, este tribunal le confiere credibilidad. Declaración Testifical de RIGOBERTO JUVENAL FLORES RIVERA: El día sábado dos de mayo del año 2015 se encontraba de turno en las Dirección Nacional de Investigación Criminal en la Ciudad de Juticalpa, miembros de la policía preventiva le remitieron a los imputados Nelson Oqueli Palo y Juan Antonio Varela; de acuerdo a las declaraciones testificales, ese día en horas de la mañana los imputados junto a un tercer individuo se encontraban en una quebrada que está a inmediaciones de las Jaguas saliendo a la calle principal cuando encañonaron al ofendido que en un inicio se conocía como testigo protegido, atrás de éste venía otro vehículo de los cuales se bajaron otras personas quienes encañonaron a los imputados, llamando inmediatamente a la Policía Preventiva informando sobre los hechos antes narrados, luego fueron remitidos a la Policía de la ciudad de Juticalpa y se hizo la remisión a la Fiscalía de turno. A las preguntas de la Defensa contestó: Los hechos antes narrados es de acuerdo a lo manifestado por los testigos, manifestó también conocer al señor Gustavo Alemán, como estaba de turno y tienen poco personal no se desplazó a las Jaguas; las evidencias fueron remitidas como se hace normalmente y fue por fa declaración de los testigos que se individualizó que portaba cada quien; las actas de lectura de derecho, actas de registro personal y actas de decomiso se levantan en el lugar de los hechos pero dependiendo de las circunstancias en ocasiones se llenan en sede administrativa, en este caso dichas actas fueron llenadas en Juticalpa porque no tenían papelería. Dijo además que la víctima at momento de presentar la denuncia debió de estampar su huella por tratarse de testigo protegido y estableció sus datos generales, en este caso no se hizo así pues tampoco es que sea una exigencia. En cuanto a las evidencias la cadena de custodia inició en la policía preventiva de Sirca, refiere que no realizó ninguna otra diligencia de investigación, conforme a los hechos la Fiscalía le orientó para establecer los tipos penales en que se enmarcaban los mismos. El Tribunal valoro de la manera siguiente: Al analizar la declaración de este testigo consideramos que la misma es creíble, pues él no ha sido un testigo presencial de los hechos sino más un testigo de referencia, manifestando de manera espontánea las acciones que llevó a cabo una vez que recibió a los imputados, asimismo ha dicho que las actas de lectura de derechos, acatas de registro y actas de decomiso fueron llenadas en sede administrativa con la información que el ofendido y demás testigos le relataron, justificó que no realizó ningún otro tipo de diligencia investigativa pues carecía de personal para hacerlo; en otras palabra el testigo ha manifestado ante este Tribunal el procedimiento que llevaron a cabo para la individualización de las armas, municiones e indumentaria policial, testimonio que es corroborado efectivamente por las declaraciones de los otros agentes de policía quienes han referido que no contaban con papelería y que por tal motivo esas actas se llenaron una vez que estaban en Juticalpa; por cuanto para este Tribunal dicha declaración es veraz y precisa. El recurrente considera que los hechos que declaro por probados y que finalmente se hacen valer en la conclusión que plasma el tribunal en la parte dispositiva de la sentencia, es producto de una valoración de la prueba realizada al margen de lo que prescribe la norma procesal penal, ya que esta ordena hacerlo de manera armónica y conjunta y de conformidad a las reglas de la sana critica lo cual lo hace incurrir en un vicio improcedendo al juzgador y lo cual explicare de manera siguiente: La valoración de la prueba constituye, indudablemente, una operación fundamental, de gran importancia en todo proceso y sobre todo en el proceso penal que es el caso que nos ocupa, puesto que de ella depende que el Tribunal llegue o no a la certeza; es decir, va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado. Esta valoración de la prueba, como dice RICARDO VACA ANDRADE “tiene por objeto establecer la utilidad legal de las diversas pruebas que han incorporado al proceso penal”. En nuestra Ley procesal, se produce en momentos precisos, como en la etapa intermedia, antes de que se dicte el auto; o después de la audiencia de juzgamiento; en el Juicio, como paso previo al momento de dictarse sentencia”. JOSÉ G. FALCONÍ en lo que se refiere a la valoración de la prueba dice que "Es una operación intelectual, destinada a establecer la eficacia conviccional de los elementos de la prueba recibidos... es en este momento en donde el Juez no sólo pone al servicio de la justicia, su intelecto, su sabiduría y experiencia; sino sobre todo su honestidad”. La valoración de la prueba determina el resultado que se infiere de le práctica de un determinado medio de prueba, es decir, el grado de convicción o persuasión de la prueba practicada, que puede ser positivo, en cuyo caso se habrá logrado el fin de la prueba (la convicción judicial), o negativo, al no alcanzarse dicho fin. En el caso que ahora nos obliga a recurrir, el Órgano Jurisdiccional al momento de valorar prueba practicada en juicio y que fue presentada por el Ministerio Público (que no son concluyentes por si solos), para demostrar la responsabilidad de los encartados en el delito de ASESINATO EN SU GRADO DE EJECUCION DE TENTATIVA, requería de una valoración conjunta y armónica, como lo ordena nuestra norma procesal penal en su artículo 202, ya que estos elementos de prueba ofertados por el ente acusador, por si solos no constituían prueba directa, sino que estos eran elementos circunstanciales, indirectas o indiciaria, que generan la obligación por parte del Tribunal Sentenciador de relacionar justificada o motivadamente porque estos elementos probatorios lo llevo a concluir que los imputados, son inocentes de los hechos a pesar de toda la prueba aportada y sometida al contradictorio en el juicio oral y público. Esta Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, al analizar este hecho probado y conclusiones a las que arriba el Tribunal de Sentencia, se dará cuenta rápidamente que estas deposiciones (y dictámenes) presentados por el acusador público y ratificados por esta representación procesal, constituyen pruebas irrefutables del ilícito, por lo que el Sentenciador valoro esta prueba de manera incorrecta, lo que es claro y evidente, que el Tribunal de Sentencia violo lo prescrito por el Código Procesal Penal en sus artículos 202 y 336, cuando nos dice que debemos valorar la prueba de manera conjunta y armónica bajo las reglas de la sana critica, es decir, bajo las reglas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Por lo que existe un exceso de parte del órgano sentenciador y la conclusión a la que arribó mediante el análisis conjunto de estos elementos de prueba, no tienen sustento o motivación suficiente, debiendo ser subsanado bajo este recurso de casación por quebrantamiento de forma. Por lo que este vicio o error Improcedendo, debe ser corregido bajo este recurso de casación por quebrantamiento de forma. El A-quo llega a establecer como probados los hechos antes descritos en virtud de que al haber realizado un valoración de la prueba al margen de lo que señala el Código Procesal Penal en sus artículos 202 y 336 ya que no lo hizo de manera conjunta sino más bien aislada, y falto a la reglas de la sana critica ya que valorados en su totalidad no da como armonía un resultado de culpabilidad, ya que las reglas de la sana critica, corno lo son la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia, nos hace concluir fácilmente, que el estado intelectivo de los miembros del Tribunal Sentenciador, nunca pudo haber sido la certeza en tal sentido y por las razones expuestas debe casarse la sentencia por las razones fácticas y jurídicas en este recurso expuestas.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero del CPP); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la acusación privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto, casar la sentencia impugnada y declarar la nulidad del fallo. El censor del fallo inicia la exposición de su recurso citando el contenido de los artículos 202, 336 y 338 del Código Penal, así como del hecho probado de la sentencia. Luego de ello, cita la valoración probatoria descriptiva e intelectiva de las declaraciones testificales de los señores Lincolm Gustavo Alemán Coleman y el testigo protegido B, de quienes considera se infringió la regla de las máximas de la experiencia al momento de su valoración, ya que la experiencia común lo que indica es que los imputados ya habían sido reducidos a la impotencia por siete personas armadas, y se entiende que si no hicieron uso de sus armas de grueso calibre, es porque al hacerlo, lo más seguro es que repelerían la acción y dispararían en su contra. De la declaración testifical del agente de policía Aníbal Osorto Medina, el dictamen pericial balístico número 3850, el dictamen pericial de extracción digital número DETECI-AL-0801-2017-0016, y la prueba documental de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro, de los cuales cita su valoración descriptiva e intelectiva, considera que se infringió la regla de la lógica de derivación al momento de su valoración. Con respecto a la valoración intelectiva del testigo, porque no es posible que el tribunal absuelva a cinco personas entre autores materiales e intelectuales del asesinato en su grado de ejecución de tentativa, negando las intenciones de los encartados prescindiendo de la observación de las reglas de la sana crítica. Respecto a la prueba pericial y documental, por cuestionar que de dónde más iba a obtener las armas y la indumentaria policial el señor Gustavo Alemán, sino de sus mismos ejecutores. Finalmente, cita la valoración descriptiva e intelectiva de los medios de prueba de descargo aportados, para luego concluir que los elementos de prueba ofertados por el ente acusador, por sí solos no constituían prueba directa, sino que eran elementos circunstanciales, indirectos o indiciarios, que generan la obligación por parte del tribunal sentenciador de relacionar justificada o motivadamente por qué estos elementos probatorios lo llevó a concluir que los imputados son inocentes de los hechos a pesar de toda la prueba aportada y sometida a contradictorio. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal, previo a referirse concretamente al caso que nos ocupa, recuerda que el artículo 202 del Código Procesal Penal establece que el sistema de valoración de la prueba, es el de la sana crítica, por el que la sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva. En este apartado el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no, y, además, por qué un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. Sobre este fundamento intelectivo recae el reproche del recurso de casación por violación de las reglas de la sana crítica. En el caso actual y concreto, el censor del fallo comienza arguyendo que el sentenciador de instancia infringió la regla de las máximas de la experiencia al momento de valorar las declaraciones testificales de los señores Lincolm Gustavo Alemán Coleman y del Testigo Protegido B, ya que la experiencia común lo que indica es que los imputados ya habían sido reducidos a la impotencia por siete personas armadas, y se entiende que los imputados no hicieron uso de sus armas de grueso calibre porque al hacerlo lo más seguro es que repelerían la acción y dispararían en su contra. La Sala de lo Penal ha explicado anteriormente que el juzgador vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Así como que las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. En el presente caso, el sentenciador no ha empleado razonamientos que revelen ignorancia pura acerca del hecho sometido a juzgamiento, pues ha establecido en su intelectiva que le resulta inverosímil que tres personas salgan al paso de la víctima y le confiesen -sin más- que pretenden quitarle la vida a Gustavo Alemán Coleman y que le informen sin el menor tapujo la identidad de las personas que los han enviado a cometer ese hecho delictivo, y que tanto el ofendido como el Testigo Protegido B han dicho que los imputados usaban indumentaria policial y chalecos antibalas, y que portaban armas de grueso calibre, lo cual no fue posible corroborar por ningún otro medio probatorio. Se constata por esta superioridad que el juzgador ha apreciado la prueba en su conjunto, haciendo una valoración armónica de los testimonios con la demás prueba testifical, pericial y documental aportada al proceso, e identifica que lo que en realidad el censor denuncia como infracción a la regla de las máximas de la experiencia, no son más que apreciaciones que desde su interés particular y subjetivo, considera cómo debieron ser valorados dichos testimonios. Asimismo, denuncia la infracción a la regla de la lógica en su principio de razón suficiente, cuando el sentenciador valoró el testimonio del señor Aníbal Osorto Medina, ello porque no es posible que el Tribunal que hoy absuelve a cinco personas -entre autores materiales e intelectuales- del asesinato en su grado de ejecución de tentativa, emita un juicio negando que efectivamente las intenciones de los encartados eran las de acabar con la vida del señor Lincolm Gustavo Coleman, y que esta negación se fundamente en valoraciones que han sido emitidas prescindiendo de la observación de las reglas de la sana crítica. Con relación a la valoración probatoria realizada a la prueba pericial balística e informática, así como la prueba documental de Registro Personal y Acta de Decomiso o Secuestro, arguye que no entiende el razonamiento del tribunal al desconocer que a los imputados, al momento de ser requeridos por el ofendido y las personas que los acompañaban, se les decomisó todo el arsenal que iba a ser utilizado para acabar con la vida del ofendido, y cuestiona el recurrente que de dónde otro lugar iba a sacar el ofendido las armas y la indumentaria policial, sino de los mismos ofendidos. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal concluye que el recurrente no presenta queja sobre la valoración intelectiva de la declaración testifical del señor Aníbal Osorto Medina, ni de la prueba pericial, pues sus argumentos se limitan a hacer alegatos de instancia, lo que no es propio para un recurso de casación. Si bien es cierto, se identifica en el escrito del recurso el apartado valorativo -que a su parecer- transgrede la regla de la lógica, no existe un análisis de premisas ni demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión, o la exposición de dos argumentos judiciales sobre un mismo asunto que conlleve a la demostración de un error lógico de concordancia. Debe recordarse que no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo uso de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Finalmente, el censor del fallo considera que el sentenciador -al momento de valorar la prueba practicada en juicio- y que fue presentada por el Ministerio Público para demostrar la responsabilidad de los encartados en el delito de asesinato en su grado de ejecución de tentativa, requería de una valoración conjunta y armónica, y los elementos de prueba ofertados por el ente acusador, por sí solos no constituían prueba directa, sino que eran elementos circunstanciales, indirectos o indiciarios, que generan la obligación por parte del Tribunal Sentenciador de relacionar, justificada o motivadamente, porqué estos elementos probatorios lo llevó a concluir que los imputados son inocentes de los hechos, a pesar de toda la prueba aportada y sometida a contradictorio. La Sala de lo Penal destaca que estos argumentos recursivos obedecen a otro motivo casacional siempre por quebrantamiento de forma, pues si los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; debe interponerse otro motivo casacional que corresponda a la insuficiencia de motivación fáctica. Por lo anterior, el motivo decae y no es objeto de pronunciamiento. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la acusación privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 362 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Abogado Aldo Francisco Santos Sosa, acusador privado, como parte recurrente; 2) Declara firme la sentencia absolutoria de fecha seis (06) de noviembre del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho.. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinadora José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. Rafael Bustillo Romero Magistrado. Michelle Alessandra Izaguirre Colindres. Receptora Adscrita. Secretaria General”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veintidós. Certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-213-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
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