Sentencia CP-209-18 — Registro 14016
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Trata de Personas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y la No Procedencia de la retroactividad de la Ley Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y presente, el censor del fallo arguye que, pese a la declaración de los hechos probados de la sentencia, no se puede soslayar que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar que los acusados hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel Brisas Resort. Al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las víctimas, y, al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó evidencia que sustentara dicha imputación, así como que al analizar objetivamente la prueba de cargo, los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo sociofamiliar de las víctimas, por lo cual no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal. A partir de lo expuesto, este Tribunal de Casación afirma que el peticionario se aparta del contenido de los hechos probados, no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...
DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación de la regla de la lógica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación de la regla de la lógica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, alega que el sentenciador quebranta las reglas de la lógica al hacer análisis de los hechos, ya que las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro. Asimismo, concluye que, el sentenciador al emitir su fallo de culpabilidad, expone falta de logicidad en la estimación valorativa, resulta insólito y desafiante a las normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que dos personas sin portar ningún tipo de arma, pudieran someter a diez con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. A partir de lo expuesto, es menester para este Tribunal de Casación, señalar que todas las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de valoración en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda de que el recurrente presenta una queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 209-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, como coautores penalmente responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de los Testigos Protegidos PC4 y PC7, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiendo descontar el tiempo que dichos acusados han permanecidos privados de libertad, como consecuencia de la imposición de la medida cautelar impuesta en este caso, y que deberán cumplir en la penitenciaria nacional que determine el juez de ejecución competente. También se le condena a la pena de multa consistente en doscientos veinticinco (225) salarios mínimos vigentes al momento de los hechos. Segundo: Condenó a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena principal, así como también a la interdicción civil, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, la que deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, ni al Ministerio Público. Quinto: Declaró el comiso de un vehículo marca Ford, tipo Pick Up, año 1996, color azul, placa PCF5194, modelo Ranger, motor TPA21368, chasis: R14TPA21368, VIN: 1FTCR14A7TPA21368, asimismo se recibió también una motocicleta marca ITALIKA, modelo DM150, Chasis: LLCJGJ109DB100170, motor LC162FMJKQ171602, color rojo y negro, año 2013, un llavero azul que se lee ITALIKA, conteniendo dos llaves color negra y cromada que se lee ITALIKA, sin perjuicio de que se acredite su legítima propiedad al momento de los hechos por una persona no vinculada ni responsable con el presente caso. Sexto: Absolvió a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, del delito de Trata de Personas, en perjuicio de PC3, PC5, PC6, PC8, PC9, PC10 y PC11, por el cual se les ha acusado, por ende, se ordena su libertad por estos casos, pero no su excarcelación debido a su condena por otras dos víctimas conforme a este mismo fallo. Séptimo: Absolvió a Ángel Zenen Paz Fajardo, del delito de Trata de Personas, en perjuicio de PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10 y PC11, por el cual se les ha acusado, por ende, se ordena su libertad definitiva, una vez firme la presente sentencia, sin perjuicio de otros casos por los que deba seguir privado de libertad. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel. Son partes en única instancia: el Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, como recurrente; la Abogada Mercedes Dubón, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El joven Gabriel Addias Torres Bueso en conjunto con el señor Carlos Bardales, contactaron jovencitas de la zona de Puerto Cortés, entre ellas la identificada como PC4, de quince años de edad, y PC7 de diecisiete años de edad y otras 7 mujeres identificadas con las claves PC3, PC5 PC6, PC7, PC9, PC1O y PC11, a quienes de manera directa algunas, y otras a través de personas conocidas y de la confianza de las referidas jóvenes, convencieron a aceptar a ir a un hotel a departir con unos extranjeros que llamaban gringos, ofreciéndoles a cada una de ellas la cantidad de 100 dólares como pago, para lo cual les dijeron, que debían mostrarse atractivas, vestidas con short, minifalda y traje de baño, haciéndole saber también que podía recibir el ofrecimiento de sostener relaciones sexuales con dichos hombres a cambio de lo cual podían recibir entre 200 y 400 dólares, lo cual dependía de ella aceptar, haciéndole saber lo atractivo de las circunstancias, y que podrían ser incluso beneficiadas con ser llevadas fuera del país. SEGUNDO: Es así que al haber aceptado, tales menores y las demás jóvenes mujeres fueron reunidas en fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, primero en casa de Carlos Bardales y posteriormente llevadas por éste en grupos a bordo de un vehículo conducido por el mismo Carlos Bardales, tipo pick up, color azul, cabina y media, marca Ford, placa PCE 5194, hasta el Hotel Las Brisas Resort, fugar donde en conjunto con Gabriel Addias Torres, quien llegó posteriormente a bordo de una motocicleta color rojo, marca Itálica, modelo DM150, sin placas. Dichas personas presentaron y pusieron a disposición tales jóvenes a unas personas de sexo masculino, para que disfrutaran y compartieran con ellas, con la posibilidad que pudieran tales individuos pagarles a las jóvenes para sostener relaciones sexuales con ellas, que podía ser en el mismo hotel, resultando dos de estos individuos ser Agentes encubiertos, que actuaban en el marco de una operación que pretendía la detención y rescate de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tales agentes encubiertos se encontraban en dicho lugar con conocimiento de que en el marco de la operación, alguien de la Agencia de Investigación contactó a Gabriel Addias Torres Buezo y concretara con éste, una negociación que determinaba la entrega de quinientos dólares a cambio de organizar el encuentro con jóvenes mujeres y jóvenes menores de edad con la posibilidad que pudieran tener relaciones con las que dispusieran, a cambio de entregar una cantidad de dólares que se le entregaría a las jóvenes directamente. TERCERO: En tanto que se hacían presentes todas las jóvenes, las que iban llegando departían con los Agentes encubiertos y dos extranjeros que pertenecían a una Unidad de Investigación de Norteamérica, en el área de piscina donde se requirieron servicios de alimentación del hotel, siendo atendidos por personas del mismo lugar, después de ser así ordenado por el Administrador Ángel Zenen Paz, quien también participó en atenderles. Luego, Carlos y Gabriel pidieron al administrador las llaves de una habitación hasta donde hicieron llegar a los Agentes encubiertos, a fin de recibir el pago de los quinientos dólares previamente pactados, los cuales fueron efectivamente entregados después de haber sido previamente marcados. CUARTO: Encontrándose todas las jóvenes departiendo con los agentes encubiertos en el área de piscina del hotel, algunas de estas fueron conducidas hasta dos habitaciones previamente reservadas por Carlos Bardales, donde se ubicaron agentes encubiertos para compartir con las jóvenes. Luego de ello, ingresó la policía quien de inmediato resguardó el lugar, resultando así detenidos los señores Carlos Bardales y Gabriel Torres Buezo, a quien se le encontró en posesión de los quinientos dólares marcados, así como también, decomisados los vehículos en los que ellos se conducían, como ser un vehículo tipo Pick Up, color azul, placa PCF5194 y una motocicleta marca itálica, color rojo, modelo DM150, sin placa. Asimismo, resultó detenido el señor Ángel Zenen Paz, decomisados los libros de registro de huéspedes del hotel y resguardadas las jóvenes mujeres por parte de la Policía Nacional.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO INVOCADO. INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. La Sentencia recurrida ha infringido una norma jurídica de carácter sustantivo. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra regulado en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. SE EXPLICA MOTIVO DE CASACIÓN: La Sentencia proferida por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, declara como Probados los siguientes Hechos: PRIMERO: El joven Gabriel Addias Torres Buezo en conjunto con el señor Carlos Bardales, contactarán jovencitas de la zona de Puerto Cortés, entre ellas la identificada como PC4, de quince años de edad, y PC7 de diecisiete años de edad y otras 7 mujeres identificadas con las claves PC3, PC5 PC6, PC7, PC9, PC1O y PCJ1, a quienes de manera directa algunas, y otras a través de personas conocidas y de la confianza de las referidas jóvenes, convencieron a aceptar a ir a un hotel a departir con unos extranjeros que llamaban gringos, ofreciéndoles a cada una de ellas, la cantidad de 100 dólares como pago, para lo cual les dijeron, que debían mostrarse atractivas, vestidas con short, minifalda y traje de baño, haciéndole saber también que podía recibir el ofrecimiento de sostener relaciones sexuales con dichos hombres a cambio de lo cual podían recibir entre 200 y 400 dólares, lo cual dependía de ella aceptar, haciéndole saber lo atractivo de las circunstancias, y que podrían ser incluso beneficiadas con ser llevadas fuera del país. SEGUNDO: Es así que al haber aceptado, tales menores y las demás jóvenes mujeres fueron reunidas en fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, primero en casa de Carlos Bardales y posteriormente llevadas por éste en grupos a bordo de un vehículo conducido por el mismo Carlos Bardales, tipo pick up, color azul, cabina y media, marca Ford, placa PCF 5194, hasta el Hotel Las Brisas Resort, lugar donde en conjunto con Gabriel Addias Torres, quien llegó posteriormente a bordo de una motocicleta color rojo, marca Itálica, modelo DM150, sin placas. Dichas personas presentaron y pusieron a disposición tales jóvenes a unas personas de sexo masculino, para que disfrutaran y compartieran con ellas, con la posibilidad que pudieran tales individuos pagarles a las jóvenes para sostener relaciones sexuales con ellas, que podía ser en el mismo hotel, resultando dos de estos individuos ser Agentes encubiertos, que actuaban en el marco de una operación que pretendía a detención y rescate de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tales agentes encubiertos se encontraban en dicho lugar con conocimiento de que en el marco de la operación, alguien de la Agencia de Investigación contactó a Gabriel Addias Torres Buezo y concretara con éste, una negociación que determinaba la entrega de quinientos dólares a cambio de organizar el encuentro con jóvenes mujeres y jóvenes menores de edad con la posibilidad que pudieran tener relaciones con las que dispusieran, a cambio de entregar una cantidad de dólares que se le entregaría a las jóvenes directamente. TERCERO: En tanto que se hacían presentes todas las jóvenes, las que iban llegando departían con los Agentes encubiertos y dos extranjeros que pertenecían a una Unidad de Investigación de Norteamérica, en el área de piscina donde se requirieron servicios de alimentación del hotel, siendo atendidos por personas del mismo lugar, después de ser así ordenado por el Administrador Ángel Zenen Paz, quien también participó en atenderles. Luego, Carlos y Gabriel pidieron al administrador las llaves de una habitación hasta donde hicieron llegar a los Agentes encubiertos, a fin de recibir el pago de los quinientos dólares previamente pactados, los cuales fueron efectivamente entregados después de haber sido previamente marcados. CUARTO: Encontrándose todas las jóvenes departiendo con los agentes encubiertos en el área de piscina del hotel, algunas de estas fueron conducidas hasta dos habitaciones previamente reservadas por Carlos Bardales, donde se ubicaron agentes encubiertos para compartir con las jóvenes. Liego de ello, ingresó la policía quien de inmediato resguardó el lugar, resultando así detenidos los señores Carlos Bardales y Gabriel Torres Buezo, a quien se le encontró en posesión de los quinientos dólares marcados, así como también, decomisados los vehículos en los que ellos se conducían, como ser un vehículo tipo Pick Up, color azul, placa PCF5194 y una motocicleta marca Itálica, color rojo, modelo DM150, sin placa. Asimismo, resultó detenido el señor Ángel Zenen Paz, decomisados los libros de registro de huéspedes del hotel y resguardadas las jóvenes mujeres por parte de la Policía Nacional. (cursivas es copia de la declaración de Hechos Probados contenidos en la sentencia recurrida) El Tribunal de Instancia luego de su declaratoria de Hechos Probados, con marcado desacierto jurídico estima que estos son subsumibles en el tipo penal de Trata de Personas, incurriendo en un error in iudicando, puesto que de la declaración de los mismos no se puede deducir que los señores CARLOS BARADLES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, hayan participado a título de coautores en la comisión de dicho ilícito. En sustento de lo anterior, el delito de Trata de Personas incluye una serie de hipótesis orientadas a facilitar, promover o ejecutar la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos,, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales. En el caso de marras se asocia la Trata de Personas atribuida a los encartados con la Explotación Sexual Comercial de las supuestas ofendidas, pero en descargo de ello y a efectos de que la Sala de lo Penal pueda cumplir su función de contralor de la aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Sentencia, es imperativo establecer que, pese a la declaración de hechos probados realizada por dicho tribunal, el órgano acusador fue incapaz de acreditar que los señores CARLOS BARDALES MOREL o en su caso GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel “Brisas Resort”, al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las supuestas víctimas y al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó físicamente la evidencia que sustentara dicha imputación, ya que supuestamente se le extravió al Ministerio Publico, lo cual denota un inaceptable nivel de informalidad en la promoción del castigo, deficiencia técnica que no puede ser suplida el tribunal de Sentencia, al asumir como cierta la existencia de la misma y su decomiso. La Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del Recurso de Casación con registro 366-2009, ha sentado las bases jurisprudenciales y doctrinales del delito de Trata de Personas, considerando para ello la concurrencia de tres (3) elementos definitorios del mismo: TRASLADO: La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, produciéndose un desarraigo de su comunidad de origen.- LIMITACIÓN O PRIVACIÓN DE LIBERTAD: La víctima no es libre de hacer 1 que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia; en ocasiones son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad.- FINALIDAD DE EXPLOTACION: La trata de personas tienen por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no solo la sexual. En observancia con el criterio expuesto por la Sala de lo Penal y luego de realizar un análisis objetivo y armónico de la prueba de cargo, fácilmente se advierte que los señores CARLOS BARADALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo socio- familiar en las supuestas víctimas, les hayan privado de su libertad de movimientos o infringido algún tipo de amenaza o de violencia, así como tampoco hubieran obtenido algún beneficio económico a cambio de que estas tuvieran contacto sexual con otras personas. El desacierto del Tribunal Sentenciador en su desaforado afán por ajustar los hechos que estima probados a la descripción del tipo penal de Trata de Personas, llega al extremo de realizar transcripciones incorrectas de la declaración del testigo PC4, particularmente en las preguntas realizadas por el representante del Ministerio Publico; deficiencia técnica del fallo recurrido en su folio 43 se evidencia así: Seguidamente se le cede la palabra al Fiscal a fin de que interrogue al testigo: ¿Cuántos años tienes? 15.- ¿Carlos sabia cuántos años tenías? Si.- ¿En qué consistía el trabajo? Solo pasar con los gringos, después iban a querer otra cosa pero si uno quería.- ¿Cuánto les iba a pagar? 300 dólares.- ¿Quién les pagaría? la persona en el momento.- ¿Que planearon en la casa de Carlos? La salida y para donde íbamos a la fiesta.- ¿Dónde las llevaron? Hacia un hotel que se llama Brisas Resort ¿Dijiste que estando en el hotel, dejaron de comer por la sorpresa, quien fue? Un gordito de camisa blanca, el estaba con Carlos creo que estaba con los gringos (subrayado y cursivas es copia literal de la sentencia impugnada) Por fortuna a folio 29 del historial de la causa se aprecia de manera correcta la parte final del interrogatorio anterior y la redacción correcta es la siguiente: ¿Dijiste que estando en el hotel, dejaron de comer por la sorpresa, quien fue? Un gordito de camisa blanca; pregunta: ¿el estaba con Carlos? creo que andaba con los gringos. (resaltado en negrita corresponde a la correcta declaración del testigo PC4-folio 29 de la causa) Se acusa a la sentencia dictada de contener Transcripciones alteradas de un elemento de prueba, y en el caso puntual, dicha transcripción se ha realizado con un insalvable fin incriminatorio al suponer y luego valorarse por parte del tribunal que el señor CARLOS BARDALES, estaba con un señor gordito que les ofreció a las ofendidas una sorpresa junto a los gringos. No obstante, si se atiende a la correcta transcripción del testimonio citado, fácilmente se concluye que el señor CARLOS BARDALES, no tuvo participación en este accionar; el testigo PC4 hace referencia a que el señor gordito andaba con los gringos, por lo tanto, y con alto sentido inquisitivo se evidencia la incorrecta valoración de los hechos probados y desde luego su incorrecto encuadre en una norma jurídica de carácter sustantivo. (Artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas). La deficiencia técnica de la sentencia recurrida expone un inexcusable error cuando se altera de manera arbitraria y con fin incriminatorio un testimonio practicado, lo que sin duda tergiversa los elementos de juicio que el medio probatorio arroja y a la vez conlleva una fundamentación intelectiva distorsionada, que no resulta coherente con el análisis crítico del elemento de prueba en referencia y con el valor que finalmente se le atribuya. Contrario sensu y siendo que la sentencia condenatoria califica como sujetos pasivos del delito de Trata de Personas a los Testigos protegidos PC4 y PC7, la declaración de los hechos probados, es irreconciliable con la declaración que bajo las reglas del anticipo probatorio rindiera, la ofendida con clave PC7, y que para fines de acreditar la infracción de una norma sustantiva, se transcribe: 2.5 Declaración de testigo PC7 (folio 45 de la sentencia impugnada) A mí una muchacha amiga de mi hermana, le dijo que venían unos gringos que ocupaban para tener compañía nada más, y que si era eso estaba bien pero otra cosa no y si ustedes querían tener relaciones era cosa de ustedes, entonces en mi casa se reunieron porque dijo que quería ver como éramos, y llegaron con una amiga que es prima de Bardales y dijo que entre más menor mejor era, y nos dijo que a las 12:30 estuviéramos listas que iba a pasar a recogernos, nos fue a dejar a la casa de él, luego fue a recoger 3 más, luego a 2, luego dijo que iba a dejar 5 al hotel, luego 3, luego las otras 2, de ahí ese Bardales vino a traer a las otras, la cuñada de mi hermana, luego caminamos donde estaban los gringos en la mesa y nos preguntaron que queríamos beber y comer, que donde vivíamos, cuantos años teníamos, y estaban nerviosos, si habían policías y había un gringo que hablaba español, y estaban precisados porque tenían un show, y llevamos la comida a la habitación y en lo que íbamos a entrar alguien nos empujó y dijeron la policía.- Se le cede la palabra al Ministerio Público a fin de que interrogue al testigo: ¿Cuál es el nombre de la muchacha que les dio el trabajo? Julissa.- ¿Les explico de qué se trataba? Compañía de los gringos.- ¿Cuánto les ofreció? 100 dólares, y por tener relaciones 200 a 300.- ¿Yuli estaba presente? No.- ¿Quien las llevó? Bardales.- ¿Les pago? No.- ¿Cuantas muchachas viste? Diez 10.- ¿Dónde quedó la cuñada? Así atrás, distante.- ¿Habías hecho esto antes? No, primera vez.- ¿Los gringos les preguntaron si estaban dispuestas a tener relaciones? Si.- ¿Sabe si le pagaron a Bardales? No se.- ¿Bardales sabia cuántos años tenías? Sí, yo le dije que tenía 17, y él me dijo que dijera que tenía 15.- DEFENSA PÚBLICA: No tiene preguntas. El testimonio anterior expone la falta de Fundamentación Analítica del tribunal de Sentencia al realizar el procedimiento de valoración de la prueba y de fundamentar su decisión, pues dicha declaración al estimarse como víctima al testigo PC7 debió constituir una probanza que conformara un elemento de juicio en el que se fundamentara un fallo absolutorio, pues el contenido del mismo lejos de atribuir a los señores CARLOS BARADALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, la ejecución de acciones constitutivas de delito por el que fueran condenados, más bien les exime de responsabilidad y con absoluta certeza expone que una persona de nombre Julissa fue quien les ofreció un pago de Cien dólares por hacer compañía a unos gringos y 200 a 300 dólares por tener relaciones sexuales con los mismos. El Ministerio Publico denota Impericia Investigativa y falta de Objetividad en el desarrollo de la persecución penal, particularmente la desplegada en contra del señor GABRIEL ADDIAS TORES BUEZO, en principio y con el mérito de un informe remitido por la sub Inspectora Fanny Carolina Barahona, se le atribuyó mantener en cautiverio varias mujeres que antes había contactado a través de las redes sociales; sin embargo fue incapaz de reproducir prueba que acreditara tales extremos, por ello se acusa a la sentencia recurrida de ser extremadamente considerada con la tesis acusatoria, pues la decisión adoptada por el Tribunal Sentenciador es incompatible con el relato de los hechos declarados como probados, incurriendo así en una censurable aplicación Indebida del artículo 52 de la ley Contra la Trata de Personas. El motivo de Casación invocado conlleva la intención de que se practique por parte del Tribunal de Casación una revaloración jurídica del material factico descrito en la sentencia recurrida y establezca la indebida aplicación del artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas por parte del Tribunal de Sentencia. SEGUNDO MOTIVO INVOCADO. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: La sentencia recurrida en la Valoración de la prueba No ha Observado las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, encuentra su regulación en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. SE EXPLICA MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Los pilares del derecho penal moderno en cuanto a la valoración probatoria están constituidos por las reglas de la sana critica conocidas también como las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano e incluye a la sicología que está considerada como una ciencia empírica del pensamiento humano, que el juez tiene la obligación de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir aquellos razonamientos sicológicos que el juzgador debe emplear al momento de dictar su veredicto. La experiencia común que son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia recurrida denota un quebranto de las reglas de la experiencia común al momento de practicar el análisis de los hechos, ya que sus conclusiones resultan contrarias a lo que dictan dichas reglas, pues expone razonamientos totalmente subjetivos y arbitrarios por parte de los juzgadores cuando acepta como hecho probado, contrariando además a las reglas de la lógica, que en un espacio abierto, en un negocio público y a plena luz del día los señores CARLOS BARDALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES, podían bajo esas condiciones estar ejecutando acciones constitutivas del delito de Trata de Personas. Dicho ilícito como bien expone la Honorable Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentando bases jurisprudenciales, requiere un sometimiento hacia la víctima en donde esta pierde su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o de violencia que le son infringidas por el sujeto activo del delito, de tal suerte que al víctima no es libre de hacer lo que quiere; en el caso de autos de conformidad a las declaraciones de las propias ofendidas y de otros testimonios recibidos bajo las reglas del anticipo probatorio, las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro, eran residentes de la ciudad de Puerto Cortés; según el relato acusatorio se trataba de una cantidad diez (10) mujeres por lo que evidentemente el tribunal sentenciador al momento de emitir su fallo de culpabilidad expone falta de Control de Logicidad en la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones tácticas que estas le han provocado, pues resulta insólito y desafiante a las elementales normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que únicamente dos (2) personas sin portar ningún tipo de armas pudieran someter a diez (10) con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. Si la Sala Sentenciadora hubiera valorado la prueba evacuada de conformidad con las reglas del actuar humano y desde luego hubiera asociado estas a los principios rectores de la justicia penal, las resultas del fallo recurrido hubieran sido en sentido contrario.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada de los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Bueso. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas. Concepto de la infracción: aplicación indebida. Pretensión: casar la sentencia recurrida. El censor del fallo inicia citando los hechos probados de la sentencia. Luego de ello, argumenta que el sentenciador incurre en un error in iudicando, al deducir la responsabilidad penal de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, ya que, pese a la declaración de los hechos probados de la sentencia, no se puede soslayar que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar que los acusados hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel Brisas Resort. Al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las víctimas, y, al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó evidencia que sustentara dicha imputación. Al analizar objetivamente la prueba de cargo, advierte el recurrente que los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo sociofamiliar de las víctimas, por lo cual no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal. Finalmente, arguye que el sentenciador realiza una transcripción errónea de las declaraciones testificales. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y presente, el censor del fallo arguye que, pese a la declaración de los hechos probados de la sentencia, no se puede soslayar que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar que los acusados hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel Brisas Resort. Al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las víctimas, y, al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó evidencia que sustentara dicha imputación, así como que al analizar objetivamente la prueba de cargo, los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo sociofamiliar de las víctimas, por lo cual no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal. A partir de lo expuesto, este Tribunal de Casación afirma que el peticionario se aparta del contenido de los hechos probados, no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expone el censor del fallo que el sentenciador quebranta las reglas de la lógica al hacer análisis de los hechos, ya que las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro. Asimismo, concluye que, el sentenciador al emitir su fallo de culpabilidad, expone falta de logicidad en la estimación valorativa, resulta insólito y desafiante a las normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que dos personas sin portar ningún tipo de arma, pudieran someter a diez con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación de la regla de la lógica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación de la regla de la lógica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, alega que el sentenciador quebranta las reglas de la lógica al hacer análisis de los hechos, ya que las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro. Asimismo, concluye que, el sentenciador al emitir su fallo de culpabilidad, expone falta de logicidad en la estimación valorativa, resulta insólito y desafiante a las normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que dos personas sin portar ningún tipo de arma, pudieran someter a diez con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. A partir de lo expuesto, es menester para este Tribunal de Casación, señalar que todas las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de valoración en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda de que el recurrente presenta una queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, las penas de reclusión de quince (15) años y multa de doscientos veinticinco (225) salarios mínimos vigentes a la fecha de los hechos, por ser coautores responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de las testigos protegidos PC4 y PC7, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas (artículo 219), cuya pena es de cinco (5) a ocho (8) años de prisión. A partir de lo expuesto, se concluye que sí corresponde para los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Asimismo, conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo: prisión por cinco (5) años. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; 2) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada a los ahora condenados Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; en consecuencia, se reforman los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautores penalmente responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de los testigos protegidos PC4 y PC7, a la pena principal de prisión por cinco (5) años. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: Se condena a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión.” 4) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-209-2018.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
MJCZ
“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 209-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete (17) de agosto del año dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, como coautores penalmente responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de los Testigos Protegidos PC4 y PC7, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiendo descontar el tiempo que dichos acusados han permanecidos privados de libertad, como consecuencia de la imposición de la medida cautelar impuesta en este caso, y que deberán cumplir en la penitenciaria nacional que determine el juez de ejecución competente. También se le condena a la pena de multa consistente en doscientos veinticinco (225) salarios mínimos vigentes al momento de los hechos. Segundo: Condenó a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la pena principal, así como también a la interdicción civil, quedando sujetos a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. Tercero: Declaró la responsabilidad civil de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, la que deberá ser fijada en la fase de ejecución de la pena. Cuarto: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, ni al Ministerio Público. Quinto: Declaró el comiso de un vehículo marca Ford, tipo Pick Up, año 1996, color azul, placa PCF5194, modelo Ranger, motor TPA21368, chasis: R14TPA21368, VIN: 1FTCR14A7TPA21368, asimismo se recibió también una motocicleta marca ITALIKA, modelo DM150, Chasis: LLCJGJ109DB100170, motor LC162FMJKQ171602, color rojo y negro, año 2013, un llavero azul que se lee ITALIKA, conteniendo dos llaves color negra y cromada que se lee ITALIKA, sin perjuicio de que se acredite su legítima propiedad al momento de los hechos por una persona no vinculada ni responsable con el presente caso. Sexto: Absolvió a Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, del delito de Trata de Personas, en perjuicio de PC3, PC5, PC6, PC8, PC9, PC10 y PC11, por el cual se les ha acusado, por ende, se ordena su libertad por estos casos, pero no su excarcelación debido a su condena por otras dos víctimas conforme a este mismo fallo. Séptimo: Absolvió a Ángel Zenen Paz Fajardo, del delito de Trata de Personas, en perjuicio de PC3, PC4, PC5, PC6, PC7, PC8, PC9, PC10 y PC11, por el cual se les ha acusado, por ende, se ordena su libertad definitiva, una vez firme la presente sentencia, sin perjuicio de otros casos por los que deba seguir privado de libertad. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma, el Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel. Son partes en única instancia: el Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, como recurrente; la Abogada Mercedes Dubón, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: El joven Gabriel Addias Torres Bueso en conjunto con el señor Carlos Bardales, contactaron jovencitas de la zona de Puerto Cortés, entre ellas la identificada como PC4, de quince años de edad, y PC7 de diecisiete años de edad y otras 7 mujeres identificadas con las claves PC3, PC5 PC6, PC7, PC9, PC1O y PC11, a quienes de manera directa algunas, y otras a través de personas conocidas y de la confianza de las referidas jóvenes, convencieron a aceptar a ir a un hotel a departir con unos extranjeros que llamaban gringos, ofreciéndoles a cada una de ellas la cantidad de 100 dólares como pago, para lo cual les dijeron, que debían mostrarse atractivas, vestidas con short, minifalda y traje de baño, haciéndole saber también que podía recibir el ofrecimiento de sostener relaciones sexuales con dichos hombres a cambio de lo cual podían recibir entre 200 y 400 dólares, lo cual dependía de ella aceptar, haciéndole saber lo atractivo de las circunstancias, y que podrían ser incluso beneficiadas con ser llevadas fuera del país. SEGUNDO: Es así que al haber aceptado, tales menores y las demás jóvenes mujeres fueron reunidas en fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, primero en casa de Carlos Bardales y posteriormente llevadas por éste en grupos a bordo de un vehículo conducido por el mismo Carlos Bardales, tipo pick up, color azul, cabina y media, marca Ford, placa PCE 5194, hasta el Hotel Las Brisas Resort, fugar donde en conjunto con Gabriel Addias Torres, quien llegó posteriormente a bordo de una motocicleta color rojo, marca Itálica, modelo DM150, sin placas. Dichas personas presentaron y pusieron a disposición tales jóvenes a unas personas de sexo masculino, para que disfrutaran y compartieran con ellas, con la posibilidad que pudieran tales individuos pagarles a las jóvenes para sostener relaciones sexuales con ellas, que podía ser en el mismo hotel, resultando dos de estos individuos ser Agentes encubiertos, que actuaban en el marco de una operación que pretendía la detención y rescate de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tales agentes encubiertos se encontraban en dicho lugar con conocimiento de que en el marco de la operación, alguien de la Agencia de Investigación contactó a Gabriel Addias Torres Buezo y concretara con éste, una negociación que determinaba la entrega de quinientos dólares a cambio de organizar el encuentro con jóvenes mujeres y jóvenes menores de edad con la posibilidad que pudieran tener relaciones con las que dispusieran, a cambio de entregar una cantidad de dólares que se le entregaría a las jóvenes directamente. TERCERO: En tanto que se hacían presentes todas las jóvenes, las que iban llegando departían con los Agentes encubiertos y dos extranjeros que pertenecían a una Unidad de Investigación de Norteamérica, en el área de piscina donde se requirieron servicios de alimentación del hotel, siendo atendidos por personas del mismo lugar, después de ser así ordenado por el Administrador Ángel Zenen Paz, quien también participó en atenderles. Luego, Carlos y Gabriel pidieron al administrador las llaves de una habitación hasta donde hicieron llegar a los Agentes encubiertos, a fin de recibir el pago de los quinientos dólares previamente pactados, los cuales fueron efectivamente entregados después de haber sido previamente marcados. CUARTO: Encontrándose todas las jóvenes departiendo con los agentes encubiertos en el área de piscina del hotel, algunas de estas fueron conducidas hasta dos habitaciones previamente reservadas por Carlos Bardales, donde se ubicaron agentes encubiertos para compartir con las jóvenes. Luego de ello, ingresó la policía quien de inmediato resguardó el lugar, resultando así detenidos los señores Carlos Bardales y Gabriel Torres Buezo, a quien se le encontró en posesión de los quinientos dólares marcados, así como también, decomisados los vehículos en los que ellos se conducían, como ser un vehículo tipo Pick Up, color azul, placa PCF5194 y una motocicleta marca itálica, color rojo, modelo DM150, sin placa. Asimismo, resultó detenido el señor Ángel Zenen Paz, decomisados los libros de registro de huéspedes del hotel y resguardadas las jóvenes mujeres por parte de la Policía Nacional.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado Walter Javier Molina Castro, defensor privado de Gabriel Addias Torres Buezo y Carlos Bardales Morel, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PRIMER MOTIVO INVOCADO. INFRACCIÓN DE LEY SUSTANTIVA. La Sentencia recurrida ha infringido una norma jurídica de carácter sustantivo. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación se encuentra regulado en el párrafo primero del artículo 360 del Código Procesal Penal. SE EXPLICA MOTIVO DE CASACIÓN: La Sentencia proferida por el Tribunal con Competencia Territorial Nacional en materia Penal, declara como Probados los siguientes Hechos: PRIMERO: El joven Gabriel Addias Torres Buezo en conjunto con el señor Carlos Bardales, contactarán jovencitas de la zona de Puerto Cortés, entre ellas la identificada como PC4, de quince años de edad, y PC7 de diecisiete años de edad y otras 7 mujeres identificadas con las claves PC3, PC5 PC6, PC7, PC9, PC1O y PCJ1, a quienes de manera directa algunas, y otras a través de personas conocidas y de la confianza de las referidas jóvenes, convencieron a aceptar a ir a un hotel a departir con unos extranjeros que llamaban gringos, ofreciéndoles a cada una de ellas, la cantidad de 100 dólares como pago, para lo cual les dijeron, que debían mostrarse atractivas, vestidas con short, minifalda y traje de baño, haciéndole saber también que podía recibir el ofrecimiento de sostener relaciones sexuales con dichos hombres a cambio de lo cual podían recibir entre 200 y 400 dólares, lo cual dependía de ella aceptar, haciéndole saber lo atractivo de las circunstancias, y que podrían ser incluso beneficiadas con ser llevadas fuera del país. SEGUNDO: Es así que al haber aceptado, tales menores y las demás jóvenes mujeres fueron reunidas en fecha veintiuno de marzo del año dos mil trece, primero en casa de Carlos Bardales y posteriormente llevadas por éste en grupos a bordo de un vehículo conducido por el mismo Carlos Bardales, tipo pick up, color azul, cabina y media, marca Ford, placa PCF 5194, hasta el Hotel Las Brisas Resort, lugar donde en conjunto con Gabriel Addias Torres, quien llegó posteriormente a bordo de una motocicleta color rojo, marca Itálica, modelo DM150, sin placas. Dichas personas presentaron y pusieron a disposición tales jóvenes a unas personas de sexo masculino, para que disfrutaran y compartieran con ellas, con la posibilidad que pudieran tales individuos pagarles a las jóvenes para sostener relaciones sexuales con ellas, que podía ser en el mismo hotel, resultando dos de estos individuos ser Agentes encubiertos, que actuaban en el marco de una operación que pretendía a detención y rescate de jóvenes en situación de vulnerabilidad. Tales agentes encubiertos se encontraban en dicho lugar con conocimiento de que en el marco de la operación, alguien de la Agencia de Investigación contactó a Gabriel Addias Torres Buezo y concretara con éste, una negociación que determinaba la entrega de quinientos dólares a cambio de organizar el encuentro con jóvenes mujeres y jóvenes menores de edad con la posibilidad que pudieran tener relaciones con las que dispusieran, a cambio de entregar una cantidad de dólares que se le entregaría a las jóvenes directamente. TERCERO: En tanto que se hacían presentes todas las jóvenes, las que iban llegando departían con los Agentes encubiertos y dos extranjeros que pertenecían a una Unidad de Investigación de Norteamérica, en el área de piscina donde se requirieron servicios de alimentación del hotel, siendo atendidos por personas del mismo lugar, después de ser así ordenado por el Administrador Ángel Zenen Paz, quien también participó en atenderles. Luego, Carlos y Gabriel pidieron al administrador las llaves de una habitación hasta donde hicieron llegar a los Agentes encubiertos, a fin de recibir el pago de los quinientos dólares previamente pactados, los cuales fueron efectivamente entregados después de haber sido previamente marcados. CUARTO: Encontrándose todas las jóvenes departiendo con los agentes encubiertos en el área de piscina del hotel, algunas de estas fueron conducidas hasta dos habitaciones previamente reservadas por Carlos Bardales, donde se ubicaron agentes encubiertos para compartir con las jóvenes. Liego de ello, ingresó la policía quien de inmediato resguardó el lugar, resultando así detenidos los señores Carlos Bardales y Gabriel Torres Buezo, a quien se le encontró en posesión de los quinientos dólares marcados, así como también, decomisados los vehículos en los que ellos se conducían, como ser un vehículo tipo Pick Up, color azul, placa PCF5194 y una motocicleta marca Itálica, color rojo, modelo DM150, sin placa. Asimismo, resultó detenido el señor Ángel Zenen Paz, decomisados los libros de registro de huéspedes del hotel y resguardadas las jóvenes mujeres por parte de la Policía Nacional. (cursivas es copia de la declaración de Hechos Probados contenidos en la sentencia recurrida) El Tribunal de Instancia luego de su declaratoria de Hechos Probados, con marcado desacierto jurídico estima que estos son subsumibles en el tipo penal de Trata de Personas, incurriendo en un error in iudicando, puesto que de la declaración de los mismos no se puede deducir que los señores CARLOS BARADLES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, hayan participado a título de coautores en la comisión de dicho ilícito. En sustento de lo anterior, el delito de Trata de Personas incluye una serie de hipótesis orientadas a facilitar, promover o ejecutar la captación, la retención, el transporte, el traslado, la entrega, la acogida o la recepción de personas, dentro o fuera del territorio nacional, para someterlas a servidumbre, esclavitud o sus prácticas análogas, trabajos o servicios forzosos, mendicidad y embarazo forzado, matrimonio forzado o servil, tráfico ilícito de órganos,, fluidos y tejidos humanos, venta de personas, explotación sexual comercial, adopción irregular y el reclutamiento de personas menores de dieciocho (18) años para su utilización en actividades criminales. En el caso de marras se asocia la Trata de Personas atribuida a los encartados con la Explotación Sexual Comercial de las supuestas ofendidas, pero en descargo de ello y a efectos de que la Sala de lo Penal pueda cumplir su función de contralor de la aplicación de la ley sustantiva por parte del Tribunal de Sentencia, es imperativo establecer que, pese a la declaración de hechos probados realizada por dicho tribunal, el órgano acusador fue incapaz de acreditar que los señores CARLOS BARDALES MOREL o en su caso GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel “Brisas Resort”, al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las supuestas víctimas y al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó físicamente la evidencia que sustentara dicha imputación, ya que supuestamente se le extravió al Ministerio Publico, lo cual denota un inaceptable nivel de informalidad en la promoción del castigo, deficiencia técnica que no puede ser suplida el tribunal de Sentencia, al asumir como cierta la existencia de la misma y su decomiso. La Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, mediante resolución del Recurso de Casación con registro 366-2009, ha sentado las bases jurisprudenciales y doctrinales del delito de Trata de Personas, considerando para ello la concurrencia de tres (3) elementos definitorios del mismo: TRASLADO: La víctima se traslada o es trasladada desde su entorno (ciudad, departamento, país) a otro entorno diferente, produciéndose un desarraigo de su comunidad de origen.- LIMITACIÓN O PRIVACIÓN DE LIBERTAD: La víctima no es libre de hacer 1 que quiere y está limitada en su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o violencia; en ocasiones son encerradas o maltratadas, otras veces se vierten amenazas a ellas, o se les quitan sus pasaportes y documentos de identidad.- FINALIDAD DE EXPLOTACION: La trata de personas tienen por objetivo la explotación de personas en múltiples actividades, no solo la sexual. En observancia con el criterio expuesto por la Sala de lo Penal y luego de realizar un análisis objetivo y armónico de la prueba de cargo, fácilmente se advierte que los señores CARLOS BARADALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo socio- familiar en las supuestas víctimas, les hayan privado de su libertad de movimientos o infringido algún tipo de amenaza o de violencia, así como tampoco hubieran obtenido algún beneficio económico a cambio de que estas tuvieran contacto sexual con otras personas. El desacierto del Tribunal Sentenciador en su desaforado afán por ajustar los hechos que estima probados a la descripción del tipo penal de Trata de Personas, llega al extremo de realizar transcripciones incorrectas de la declaración del testigo PC4, particularmente en las preguntas realizadas por el representante del Ministerio Publico; deficiencia técnica del fallo recurrido en su folio 43 se evidencia así: Seguidamente se le cede la palabra al Fiscal a fin de que interrogue al testigo: ¿Cuántos años tienes? 15.- ¿Carlos sabia cuántos años tenías? Si.- ¿En qué consistía el trabajo? Solo pasar con los gringos, después iban a querer otra cosa pero si uno quería.- ¿Cuánto les iba a pagar? 300 dólares.- ¿Quién les pagaría? la persona en el momento.- ¿Que planearon en la casa de Carlos? La salida y para donde íbamos a la fiesta.- ¿Dónde las llevaron? Hacia un hotel que se llama Brisas Resort ¿Dijiste que estando en el hotel, dejaron de comer por la sorpresa, quien fue? Un gordito de camisa blanca, el estaba con Carlos creo que estaba con los gringos (subrayado y cursivas es copia literal de la sentencia impugnada) Por fortuna a folio 29 del historial de la causa se aprecia de manera correcta la parte final del interrogatorio anterior y la redacción correcta es la siguiente: ¿Dijiste que estando en el hotel, dejaron de comer por la sorpresa, quien fue? Un gordito de camisa blanca; pregunta: ¿el estaba con Carlos? creo que andaba con los gringos. (resaltado en negrita corresponde a la correcta declaración del testigo PC4-folio 29 de la causa) Se acusa a la sentencia dictada de contener Transcripciones alteradas de un elemento de prueba, y en el caso puntual, dicha transcripción se ha realizado con un insalvable fin incriminatorio al suponer y luego valorarse por parte del tribunal que el señor CARLOS BARDALES, estaba con un señor gordito que les ofreció a las ofendidas una sorpresa junto a los gringos. No obstante, si se atiende a la correcta transcripción del testimonio citado, fácilmente se concluye que el señor CARLOS BARDALES, no tuvo participación en este accionar; el testigo PC4 hace referencia a que el señor gordito andaba con los gringos, por lo tanto, y con alto sentido inquisitivo se evidencia la incorrecta valoración de los hechos probados y desde luego su incorrecto encuadre en una norma jurídica de carácter sustantivo. (Artículo 52 de la Ley contra la Trata de Personas). La deficiencia técnica de la sentencia recurrida expone un inexcusable error cuando se altera de manera arbitraria y con fin incriminatorio un testimonio practicado, lo que sin duda tergiversa los elementos de juicio que el medio probatorio arroja y a la vez conlleva una fundamentación intelectiva distorsionada, que no resulta coherente con el análisis crítico del elemento de prueba en referencia y con el valor que finalmente se le atribuya. Contrario sensu y siendo que la sentencia condenatoria califica como sujetos pasivos del delito de Trata de Personas a los Testigos protegidos PC4 y PC7, la declaración de los hechos probados, es irreconciliable con la declaración que bajo las reglas del anticipo probatorio rindiera, la ofendida con clave PC7, y que para fines de acreditar la infracción de una norma sustantiva, se transcribe: 2.5 Declaración de testigo PC7 (folio 45 de la sentencia impugnada) A mí una muchacha amiga de mi hermana, le dijo que venían unos gringos que ocupaban para tener compañía nada más, y que si era eso estaba bien pero otra cosa no y si ustedes querían tener relaciones era cosa de ustedes, entonces en mi casa se reunieron porque dijo que quería ver como éramos, y llegaron con una amiga que es prima de Bardales y dijo que entre más menor mejor era, y nos dijo que a las 12:30 estuviéramos listas que iba a pasar a recogernos, nos fue a dejar a la casa de él, luego fue a recoger 3 más, luego a 2, luego dijo que iba a dejar 5 al hotel, luego 3, luego las otras 2, de ahí ese Bardales vino a traer a las otras, la cuñada de mi hermana, luego caminamos donde estaban los gringos en la mesa y nos preguntaron que queríamos beber y comer, que donde vivíamos, cuantos años teníamos, y estaban nerviosos, si habían policías y había un gringo que hablaba español, y estaban precisados porque tenían un show, y llevamos la comida a la habitación y en lo que íbamos a entrar alguien nos empujó y dijeron la policía.- Se le cede la palabra al Ministerio Público a fin de que interrogue al testigo: ¿Cuál es el nombre de la muchacha que les dio el trabajo? Julissa.- ¿Les explico de qué se trataba? Compañía de los gringos.- ¿Cuánto les ofreció? 100 dólares, y por tener relaciones 200 a 300.- ¿Yuli estaba presente? No.- ¿Quien las llevó? Bardales.- ¿Les pago? No.- ¿Cuantas muchachas viste? Diez 10.- ¿Dónde quedó la cuñada? Así atrás, distante.- ¿Habías hecho esto antes? No, primera vez.- ¿Los gringos les preguntaron si estaban dispuestas a tener relaciones? Si.- ¿Sabe si le pagaron a Bardales? No se.- ¿Bardales sabia cuántos años tenías? Sí, yo le dije que tenía 17, y él me dijo que dijera que tenía 15.- DEFENSA PÚBLICA: No tiene preguntas. El testimonio anterior expone la falta de Fundamentación Analítica del tribunal de Sentencia al realizar el procedimiento de valoración de la prueba y de fundamentar su decisión, pues dicha declaración al estimarse como víctima al testigo PC7 debió constituir una probanza que conformara un elemento de juicio en el que se fundamentara un fallo absolutorio, pues el contenido del mismo lejos de atribuir a los señores CARLOS BARADALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES BUEZO, la ejecución de acciones constitutivas de delito por el que fueran condenados, más bien les exime de responsabilidad y con absoluta certeza expone que una persona de nombre Julissa fue quien les ofreció un pago de Cien dólares por hacer compañía a unos gringos y 200 a 300 dólares por tener relaciones sexuales con los mismos. El Ministerio Publico denota Impericia Investigativa y falta de Objetividad en el desarrollo de la persecución penal, particularmente la desplegada en contra del señor GABRIEL ADDIAS TORES BUEZO, en principio y con el mérito de un informe remitido por la sub Inspectora Fanny Carolina Barahona, se le atribuyó mantener en cautiverio varias mujeres que antes había contactado a través de las redes sociales; sin embargo fue incapaz de reproducir prueba que acreditara tales extremos, por ello se acusa a la sentencia recurrida de ser extremadamente considerada con la tesis acusatoria, pues la decisión adoptada por el Tribunal Sentenciador es incompatible con el relato de los hechos declarados como probados, incurriendo así en una censurable aplicación Indebida del artículo 52 de la ley Contra la Trata de Personas. El motivo de Casación invocado conlleva la intención de que se practique por parte del Tribunal de Casación una revaloración jurídica del material factico descrito en la sentencia recurrida y establezca la indebida aplicación del artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas por parte del Tribunal de Sentencia. SEGUNDO MOTIVO INVOCADO. QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: La sentencia recurrida en la Valoración de la prueba No ha Observado las Reglas de la Sana Crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE. El presente motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma, encuentra su regulación en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. SE EXPLICA MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Los pilares del derecho penal moderno en cuanto a la valoración probatoria están constituidos por las reglas de la sana critica conocidas también como las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano e incluye a la sicología que está considerada como una ciencia empírica del pensamiento humano, que el juez tiene la obligación de aplicarla en la valoración de las pruebas, es decir aquellos razonamientos sicológicos que el juzgador debe emplear al momento de dictar su veredicto. La experiencia común que son aquellas nociones que corresponden al concepto de cultura común, aprehensibles espontáneamente por el intelecto como verdades indiscutibles. La sentencia recurrida denota un quebranto de las reglas de la experiencia común al momento de practicar el análisis de los hechos, ya que sus conclusiones resultan contrarias a lo que dictan dichas reglas, pues expone razonamientos totalmente subjetivos y arbitrarios por parte de los juzgadores cuando acepta como hecho probado, contrariando además a las reglas de la lógica, que en un espacio abierto, en un negocio público y a plena luz del día los señores CARLOS BARDALES MOREL y GABRIEL ADDIAS TORRES, podían bajo esas condiciones estar ejecutando acciones constitutivas del delito de Trata de Personas. Dicho ilícito como bien expone la Honorable Sala de Lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, sentando bases jurisprudenciales, requiere un sometimiento hacia la víctima en donde esta pierde su libertad de movimientos por diversas medidas de presión o de violencia que le son infringidas por el sujeto activo del delito, de tal suerte que al víctima no es libre de hacer lo que quiere; en el caso de autos de conformidad a las declaraciones de las propias ofendidas y de otros testimonios recibidos bajo las reglas del anticipo probatorio, las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro, eran residentes de la ciudad de Puerto Cortés; según el relato acusatorio se trataba de una cantidad diez (10) mujeres por lo que evidentemente el tribunal sentenciador al momento de emitir su fallo de culpabilidad expone falta de Control de Logicidad en la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones tácticas que estas le han provocado, pues resulta insólito y desafiante a las elementales normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que únicamente dos (2) personas sin portar ningún tipo de armas pudieran someter a diez (10) con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. Si la Sala Sentenciadora hubiera valorado la prueba evacuada de conformidad con las reglas del actuar humano y desde luego hubiera asociado estas a los principios rectores de la justicia penal, las resultas del fallo recurrido hubieran sido en sentido contrario.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de casación por Infracción de Ley interpuesto por la defensa privada de los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Bueso. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 360 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas. Concepto de la infracción: aplicación indebida. Pretensión: casar la sentencia recurrida. El censor del fallo inicia citando los hechos probados de la sentencia. Luego de ello, argumenta que el sentenciador incurre en un error in iudicando, al deducir la responsabilidad penal de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, ya que, pese a la declaración de los hechos probados de la sentencia, no se puede soslayar que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar que los acusados hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel Brisas Resort. Al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las víctimas, y, al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó evidencia que sustentara dicha imputación. Al analizar objetivamente la prueba de cargo, advierte el recurrente que los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo sociofamiliar de las víctimas, por lo cual no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal. Finalmente, arguye que el sentenciador realiza una transcripción errónea de las declaraciones testificales. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el caso actual y presente, el censor del fallo arguye que, pese a la declaración de los hechos probados de la sentencia, no se puede soslayar que el Ministerio Público fue incapaz de acreditar que los acusados hubieran realizado el pago de las habitaciones del hotel Brisas Resort. Al primero de ellos no se le decomisó dinero que se le pudiera asociar con la obtención de un beneficio a cambio de servicios sexuales de las víctimas, y, al segundo que se le atribuye este accionar, no se le presentó evidencia que sustentara dicha imputación, así como que al analizar objetivamente la prueba de cargo, los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, no han incurrido en la comisión de acciones orientadas a producir un desarraigo sociofamiliar de las víctimas, por lo cual no se reúnen los elementos objetivos del tipo penal. A partir de lo expuesto, este Tribunal de Casación afirma que el peticionario se aparta del contenido de los hechos probados, no respeta la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes, no hace análisis de juricidad, sino que se limita a exponer alegatos propios de instancia que no se corresponden a la fundamentación fáctica. En consecuencia, lo procedente es la denegatoria del recurso en su único motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con la debida técnica recursiva y con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. Concepto de la infracción: en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: casar la sentencia recurrida. Expone el censor del fallo que el sentenciador quebranta las reglas de la lógica al hacer análisis de los hechos, ya que las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro. Asimismo, concluye que, el sentenciador al emitir su fallo de culpabilidad, expone falta de logicidad en la estimación valorativa, resulta insólito y desafiante a las normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que dos personas sin portar ningún tipo de arma, pudieran someter a diez con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debecidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión deberivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación de la regla de la lógica como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación de la regla de la lógica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a exponer alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, alega que el sentenciador quebranta las reglas de la lógica al hacer análisis de los hechos, ya que las supuestas víctimas portaban sus teléfonos celulares con los que podrían comunicarse y solicitar auxilio en caso de encontrarse frente a una situación de peligro. Asimismo, concluye que, el sentenciador al emitir su fallo de culpabilidad, expone falta de logicidad en la estimación valorativa, resulta insólito y desafiante a las normas de la lógica humana y jurídica la posibilidad de que dos personas sin portar ningún tipo de arma, pudieran someter a diez con el avieso propósito de explotarlas sexualmente y obtener beneficios económicos. A partir de lo expuesto, es menester para este Tribunal de Casación, señalar que todas las argumentaciones anteriormente relacionadas y que sustentan la explicación del motivo, obedecen a meras apreciaciones subjetivas del recurrente en las que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de valoración en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. No se tiene duda de que el recurrente presenta una queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa, todo ello impropio de sede casacional. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto Legislativo No. 130-2017. La aplicación retroactiva es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Esta norma constitucional se encuentra también desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el principio de legalidad. Particularmente, la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el principio de identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pág. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (principio de identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (retroactividad de la ley penal más favorable).En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo, no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (artículo 615, primer párrafo del nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (artículo 615, segundo párrafo del Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (artículo 624.3 del nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (artículo 616 1er párrafo del Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y, b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: el total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite objetivo extraordinario: el total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, las penas de reclusión de quince (15) años y multa de doscientos veinticinco (225) salarios mínimos vigentes a la fecha de los hechos, por ser coautores responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de las testigos protegidos PC4 y PC7, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena privativa de la libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Trata de Personas (artículo 219), cuya pena es de cinco (5) a ocho (8) años de prisión. A partir de lo expuesto, se concluye que sí corresponde para los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por representar un beneficio respecto al quantum de la pena de prisión en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Asimismo, conforme a los artículos 31, 32 y 70 del Código Penal 130-2017, los hechos se realizaron sin la concurrencia de circunstancias atenuantes o agravantes, y ante la ausencia de información de las circunstancias personales de los condenados y atendiendo la gravedad del hecho, se fijan las nuevas penas en su límite mínimo: prisión por cinco (5) años. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; 2) Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada de Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; 3) Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a la conducta reprochada a los ahora condenados Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo; en consecuencia, se reforman los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente términos: “Primero: Que debemos condenar y condenamos a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautores penalmente responsables del delito de Trata de Personas, en perjuicio de los testigos protegidos PC4 y PC7, a la pena principal de prisión por cinco (5) años. A la pena de prisión deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal y deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017. Segundo: Se condena a los señores Carlos Bardales Morel y Gabriel Addias Torres Buezo, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión.” 4) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada no afectados por el presente. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintisiete de septiembre del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-209-2018. FIRMA Y SELLO.
JOSE RAMON CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL