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Sentencia CP-201-17 — Registro 14015

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Estafa, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación y la No Procedencia de la retroactividad de la ley.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Para esta Sala de lo Penal, el censor ha equivocado la vía recursiva para la presentación de su impugnación, pues tal como lo ha establecido el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal, el motivo que ahí se plantea refiere incidencias procesales que hayan ocurrido en el acto del debate o juicio oral y la proposición de pruebas es una audiencia anterior a la del debate, por lo que, a través de este motivo se pueden denunciar vicios ocurridos desde el momento en que el Tribunal Sentenciador da inicio al debate hasta el momento en que se rindan las conclusiones, los ejemplos por los cuales se puede denunciar este numeral refiere a violaciones a los principios de oralidad, en el caso de que al momento de rendir declaración uno de los testigos utilice algún documento para recordar su declaración y el Tribunal se lo permitiera, con ese acto se violentaría el principio de oralidad; en el caso de la publicidad ésta se comprometería si por ejemplo, el Tribunal de Sentencia realiza de forma privada el juicio cuando no se cumplen con los requisitos del artículo 308 de la ley procesal; en cuanto al principio de inmediación se vería transgredido cuando el Tribunal aceptara que otros jueces tomaran la declaración de un testigo, sin contar ellos con la inmediación de lo que afirmó o negó el testigo; en relación al principio de contradicción estaría el juzgador transgrediendo dicho postulado cuando no se le permitiera a las partes contrainterrogar a los testigos de la parte contraria y en cuanto a la concentración se refiere a aquellos casos en que el Tribunal Sentenciador esté realizando otro tipo de audiencias cuando su deber es enfocar toda su atención en el juicio oral que está celebrando; en fin los ejemplos pueden ser muchos, pero todos se realizan durante el debate propiamente dicho y conllevan la transgresión de un principio del juicio oral. En el caso de autos, el recurrente refiere a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas, dichas actuaciones se realizan antes del juicio oral, por lo tanto, no corresponde el vicio denunciado a este motivo de casación, es posible que un recurso de casación por infracción de precepto constitucional sea el más indicado para hacer valer su denuncia, pero ante la falta de oficiosidad esta Sala de Casación no puede pronunciarse al respecto. Ahora bien, esta Sala de lo Penal ha revisado la justificación que hiciera el Tribunal Sentenciador para denegar esos medios de pruebas y la misma es razonable, pues no es cierto que su excusa fue únicamente porque no era el momento procesal oportuno para realizar el dictamen pericial, sino que su principal fundamento radicaba en que, al tratarse de un delito de uso de documento públicos falsos -por el que fueron acusados todos los imputados- no era necesario determinar quién o quienes falsificaron las constancias, pues ellos eran juzgados por el uso y no por la falsificación en sí, ante tales argumentos considera esta Sala de Casación que la posición del Tribunal Sentenciador fue la correcta, pues dentro de sus funciones se establece la posibilidad de decidir si admite o no, la prueba aportada por las partes, admitiendo aquella prueba que sea útil y proporcional para el esclarecimiento de los hechos; en el caso de autos no era necesario un dictamen pericial para evaluar firmas pues a los acusados no se les incoó proceso por falsificación de documentos, sino por uso de esos documentos falsos. Por todos estos argumentos esta Sala de los Penal considera que el Tribunal Sentenciador respetó en todo momento las reglas y principios que establece nuestra ley procesal para la celebración del debate o juicio oral, por lo que esté motivo de casación debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “ Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días de agosto de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 201-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, como autor del delito de Estafa, en perjuicio de Banco Davivienda, a la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, más una multa de nueve mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con noventa centavos. Segundo: Condenó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Manuel Moncada Sierra. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, ni al Ministerio Público. Quinto: Absolvió al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, del delito de Falsificación de Documentos Públicos y Privados, en perjuicio de la Fe Pública. Sexto: Absolvió a la señora Gilda Elena Ferrari López, del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Banco Davivienda y del delito de Falsificación de Documentos Públicos y Privados por uso, en perjuicio de La Fe Pública. Séptimo: Absolvió a la señora Rosa Emilia Chain, del delito de Estafa, en perjuicio de Banco Davivienda y del delito de Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de La Fe Pública. Octavo: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de acusador privado y apoderado legal de la sociedad mercantil “Banco Davivienda Honduras S.A.”. Son Partes en la única instancia: El Abogado Ronal Alexis Molina, en su condición de acusador privado, como parte recurrente; el Abogado Félix Antonio Ávila, en su condición de defensor privado de la señora Gilda Elena Ferrari López, como parte recurrida y el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de la señora Rosa Emilia Chain, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Durante al año dos mil seis, el Banco BGA, luego conocido como Banco HSBC y actualmente conocido como Banco Davivienda, brindaba al público un producto denominado “Prestamito”, que permitía que una persona acudiera al Banco y solicitara un préstamo, el cual le era otorgado en el plazo de veinticuatro horas si el solicitante llenaba los requisitos mínimos exigidos por el banco. SEGUNDO: En el mes de julio del año dos mil seis, el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, quien en ese entonces laboraba en la Secretaria de Salud, acudió a la agencia Plaza Morazán del Banco BGA, a fin de solicitar un prestamito, siendo atendido en la agencia por la señora GILDA ELENA FERRARI LOPEZ, quien era gestora de negocios de dicho banco y se encargaba de recibir la documentación para tramitar los préstamos. TERCERO: Luego de haber recibido la documentación y analizada la misma por el gerente de agencia y el departamento de riesgos, en fecha veintiocho de julio del año dos mil seis, el Banco BGA procedió a otorgar a Wilmer Manuel Moncada Sierra un préstamo por la cantidad de ochenta mil lempiras. Dicho préstamo fue pagado dos meses después por el señor Moncada. CUARTO: El dos de octubre del año dos mil seis, el Banco BGA procedió a aprobar un segundo préstamo por ochenta mil lempiras al señor Wilmer Manuel Moncada, quien para lograr que se le otorgara dicho préstamo, acudió a la agencia Miraflores de dicho banco, donde fue atendido por la señora Gilda Elena Ferrari López, quien nuevamente recibió la documentación y le dio el trámite que el banco establecía, aprobándose el préstamo por el jefe de agencia y el departamento de gestión de riesgos. QUINTO: En el mes de diciembre del año dos mil seis, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra dejó de laborar en la Secretaria de Salud, ya que fue cancelado en la misma. No obstante, en el mes de enero del año dos mil siete, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra acudió nuevamente a la Agencia Miraflores del Banco BGA a fin de solicitar un refinanciamiento del préstamo que se le había otorgado anteriormente, siendo atendido por la señora Gilda Elena Ferrari López, siempre en su condición de Gestora de Negocios. En esta ocasión, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra presentó a Gilda una constancia de trabajo, en la que aparecía una firma supuestamente elaborada por la señora Francibel Zepeda, en su condición de Sub Gerente de Personal de la Secretaría de Salud, en la que se establecía que el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra trabajaba en dicha secretaría devengando un salario de quince mil quinientos veintisiete lempiras, aunque en realidad Wilmer ya había dejado de trabajar en dicha secretaria y la constancia no había sido extendida por la señora Francibel Zepeda. SEXTO: La señora Gilda Elena Ferrari López, nuevamente recibió la documentación presentada por Wilmer y le dio el trámite respectivo, siendo aprobado por el comité de créditos y fue así como en fecha diecisiete de enero del año dos mil siete se le aprobó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra un préstamo por la cantidad de ciento setenta y seis mil lempiras, de los cuales el Banco se cobró el préstamo que se le había otorgado en el mes de octubre de dos mil seis, entregándole al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra la cantidad de noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (Lps. 94,758.86), dinero con el cual se quedó para sí el señor Wilmer Moncada y que el banco no logró recuperar.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma“EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: “El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda, (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, este sistema no tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe dársele a cada prueba, pero esa libertad tiene límite, el cual está constituido por las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada una de las pruebas practicadas en juicio...), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA, en su obra ( La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente para lo cual “El razonamiento debe estar construido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de Primera Instancia: 1-El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado de valoración de la prueba (PRIMERO), referente a la valoración del testimonio del testigo SESAR ENOC DIAZ SAUCEDA, señala que la declaración de este testigo no resulta creíble porque la forma en que relata que sucedieron los hechos no resulta congruente con las reglas de la experiencia ni con la lógica, concluyendo que no le es posible brindarle credibilidad a la declaración del señor DIAZ. El tribunal no le da credibilidad al testigo única y exclusivamente porque dice que lo llamarón después de 30 o 40 días, además, aduce que no hay ningún video que demuestre que el imputado WILMER MONCADA fue quien lo atendió y que le entregó los L 35,000.00 y, que no es lógico que una persona que está solicitando un préstamo sea atendida por un total desconocido y que luego tenga que entregarle la cantidad antes mencionada a menos que eso sea ilegal y que no ha quedado claro cómo es que el acusado le pidió el dinero al testigos. Como podéis apreciar Honorable Tribunal, el ejercicio intelectivo del Tribunal Sentenciador es diáfanente deficiente porque violenta las reglas elementales que rigen el entendimiento humano. Si el Tribunal hubiese hecho un mínimo esfuerzo intelectivo y hubiese valorado la declaración de este testigo en forma conjunta con otras declaraciones y medios de prueba documentales, fácilmente pudo haber inferido que el testigo dijo la verdad y que su deposición es congruente con el modus operandi en que fueron cometidos los hechos delictivos. Por ejemplo, el testigo FREDDY OMAR MORAZAN, expresó que el señor WILMER MONCADA fue quien lo remitió donde la imputada GILDA ELENA FERRARI; su ex exposa ROSA CHAIN, también expresó que fue WILMER MONCADA, quien le llevo los documentos de su préstamo a GILDA FERRARI, que ella no firmó solicitud, sino que hasta que le entregaron el dinero ella firmó los documentos. El mismo WILMER MONCADA, en su declaración manifestó que en efecto el tramitó los dos últimos préstamos en la agencia del Banco ubicada en Plaza Miraflores, a la cual fue trasladada GILDA FERRARI. Lo anterior resulta un evidente y contundente indicio de oportunidad, que demuestra fehacientemente que el imputado concurría a esa agencia con frecuencia, y del cual se infiere que el imputado actuaba en contubernio con la señora GILDA FERRARI; en vista que, ésta tramitó lo préstamos con los documentos que le llevaba WILMER MONCADA, incumpliendo el proceso de otorgamiento de los préstamos, el cual no fue valorado, en el cual se establecía que GILDA FERRARI, como Gestora Comercial, era la encargada de recibir personalmente a los clientes, entrevistarlos y que firmaron los documentos entre ellos, la solicitud del préstamo ante su presencia, además de corroborar la autenticidad de la documentación presentada, lo cual también fue sostenido por el testigo de la defensa HELMER FABRICIO GARCIA. Lógicamente la gestora GILDA FERRARIS, no cumplía con el proceso, porque actuaba de consuno con WILMER MONCADA. Por qué el Tribunal en su actividad intelectiva, no se hizo una pregunta tan sencilla, Por qué todos los clientes presentaban constancias de trabajo del Ministerio de Salud Pública, con el mismo formato que presentó WILMER? Por qué presentaban los mismas referencias comerciales? Por qué GILDA FERRARI, tramitó el préstamo de ELMER MARTEL FLORES, cuando la Gerente le dio la instrucción que no lo tramitara porque la referencia comercial de ELEKTRA era falsa, en vista que ella había llamado a esa agencia comercial? Por qué siguió tramitando préstamos aceptando referencias comerciales de ELEKTRA, sin confirmarlas? Es sencillo, porque actuaba en contubernio con WILMER MONCADA. Por otra parte, al valorar la declaración de la testigo MARCELA HERNANDEZ, quien era la jefe de GILDA FERRARI, el esfuerzo o actividad intelectiva que hizo el tribunal en su valoración, fue nada más establecer que esa declaración poco o nada aporta al proceso estableciendo únicamente que fue advertida la existencia de irregularidades en varios préstamos, pero no establece ninguno. Con relación a esta testigo importante, solo es que ese Honorable Tribunal lea la declaración rendida por la misma en la audiencia inicial, la cual fue introducida por lectura al juicio, y sin hacer un gran despliegue de esfuerzo intelectivo, se puede demostrar la deficiente valoración de la misma por parte del tribunal; en vista que violenta el principio de razón suficiente, porque el razonamiento no está construido por inferencias racionales. La testigo fue contundente al afirmar que la imputada GILDA FERRARI, como gestora comercial era la encargada de atender personalmente a los clientes, que éstos tenían que firmar ante ella todos los documentos, entre ellos la solicitud del préstamo y que era la encargada de verificar que la documentación sea correcta. Esta testigo también fue categórica al afirmar que ella llamó a la empresa Elektra para confirmar la referencia comercial del señor HELMER MARTELL FLORES, en donde le expresaron que ese señor no era cliente de esa empresa y, además, que la persona que aparece firmando la constancia no era empleado de esa empresa, que cuando hizo la llamada, GILDA FERRARI estaba con ella, y que ella le ordenó a GILDA FERRARI, que no tramitara ese préstamo, y que GILDA FERRARI, le dijo que lo denegaran. Agregó la testigo que GILDA FERRARI, después lo que hizo fue que le cambió el monto del préstamo, y lo remitió a departamento de Créditos o Riesgos, ya que según los procesos, si el monto del préstamo era hasta L 80,000.00, lo aprobaba la gerente de agencia, y cuando sobrepasaba ese limite el crédito era aprobado por el departamento de Créditos o Riesgo. Pero agregó que en ambos casos era GILDA FERRARI, la encargada de verificar que la documentación sea correcta, y que el departamento de Créditos o Riesgos, aprobaba los créditos si tenían completo los documentos, confiando en que la gestora GILDA FERRARI, había hecho bien su trabajado. Pero en este caso; no obstante, que la gerente le había ordenado que no tramitara ese préstamo, ella lo tramitó y fue aprobado. Este crédito fue tramitado con las mismas constancias falsas de la Secretaría de Salud Pública, con las mismas referencias personales y comerciales de los demás préstamos ilegales, tal como se comprueba con la certificación de saldos de la Contadora del Banco y con el informe de auditoría, y el dictamen emitido por el Laboratorio de Documentología número 5132-2007, del Departamento de Medicina Forense, sobre la constancia de trabajo de la Secretaría de Salud utilizada. Como podéis apreciar Honorable Tribunal, cómo es posible que el tribunal no le haya dado credibilidad a este medio de prueba. Si hubiera aplicado correctamente las reglas de la sana crítica, le habría dado credibilidad. Pero lo que sucedió es que el tribunal arbitrariamente obvió los detalles de la declaración, para abstraerlos de su actividad intelectiva, mancillando con ello las más elementales reglas del entendimiento humano, que lo llevó a violentar el principio de la derivación; en vista que sus inferencias no son razonables. Asimismo, en la valoración del medio de prueba documental denominado Informe de Auditoría, el Tribunal expresa que no se estableció quien y en qué fecha se elaboró, por lo que sólo resulta creíble en cuanto a los aspectos en que ha sido corroborado con el resto de prueba. En cuanto a la persona que elaboró el informe y la firma del mismo, el tribunal no revisó minuciosamente el expediente, ya que si lo hubiera hecho, pudo determinar que si obra en el expediente quien lo firmó, lo que sucedió es que el expediente se testimonió varias veces, en vista que son varios imputados, incluso los expedientes fueron acumulados, por lo que debió haberlo buscado en ambos expedientes. Con relación a la persona que iba a sostener el informe sometiéndose al contradictorio, se propuso en la audiencia de proposición de pruebas al señor JUAN CARLOS ZALAVARRIA, pero este no compareció a pesar de haber sido citado. El tribunal no lo hizo comparecer a juicio tal como lo regula nuestra legislación procesal, como se le solicitó la parte acusadora; en vista que él ya no labora en el banco. En cuanto a que los montos establecidos en el informe, no concuerdan con los de la certificación de saldo extendido por la Contadora, no se necesita hacer un despliegue de esfuerzo intelectual para establecer esa diferencia, bastaba con el tribunal revisara las fechas de emisión de tales documentos, y se hubiere dado cuenta que son diferentes, por lo que por lógica, los saldos de los préstamos establecidos en la certificación de saldo, son diferentes, porque ya van cargados los intereses y tiene una fecha posterior al informe, el cual fue acompañado junto con la denuncia y la certificación se aportó después de la interposición de la denuncia. Por otra parte, el Tribunal en la valoración de los restantes expedientes de préstamos, aduce que en su mayoría han resultado inútiles porque se refiere a personas que no comparecieron a declarar. Resulta paradójico que el Tribunal ahora aduzca que esas personas no acudieron a declarar cuando el Tribunal, actuando con ligeresa, denegó en la audiencia de proposición de pruebas la declaración de los demás testigos, a pesar que se les expresó que la tales declaraciones eran úlites, pertinentes y proporcionados, in embargo, los denegó y ahora se contradice, diciendo que debieron comparecer. No obstante lo anterior, resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba por parte del Juzgador, ya que resulta ilógico pensar que son inútiles, cuando esos préstamos fueron tramitados y aprobados utilizando el mismo modus operandi; las mismas constancias falsas de la Secretaría de Salud, las mismas referencias comerciales y personales, el mismo teléfono, y todos fueron tramitados por GILDA ELENA FERRARI. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia, dejó de valorar mostrando un desconocimiento inexcusable de la prueba indiciaria o circunstancial que genera un grave clima de inseguridad e impunidad en el país. El Tribunal Constitucional Español ha entendido que la prueba indiciaria o circunstancial es “aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito, pero de lbs que se puede inferirse éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar”. Asimismo, ha sostenido que “la presunción de inocencia es un presunción iuris tantum, que se desvirtúa por prueba en contrario. Y que sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria. Pero que es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Por lo que prescindir de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y especialmente, los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social”. Asimismo, la jurisprudencia constitucional española ha reiterado que para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas han de darse los siguientes requisitos básicos a saber: a- Los indicios deben estar plenamente probados, b.- Han de ser una pluralidad, no bastando uno sólo. c- El nexo causal ha de ser racional y lógico. En el caso que nos ocupar resulta evidente la concurrencia de todas estas exigencias porque existe una pluralidad de indicios totalmente acreditados a saber: a- La imputada GILDA ELENA FERRARI, se desempeñó como Gestora Comercial del banco, en la agencia Plaza Miraflores, donde se suscitaron los hechos. b- Dentro de sus atribuciones según los procesos que fueron propuestos como medios de prueba, estaban las de entrevistar personalmente a los clientes, que éstos tenían que firmar todos los documentos, entre ellos la solicitud de préstamo ante ella, y que era la encargada de validar que la documentación era auténtica, sin embargo tal como se acreditó, lo obsvió. c- La testigo Marcela Hernández expresó que ella le ordenó a GILDA FERRARI, que no tramitara el préstamo de ELMER MARTEL FLORES, porque la referencia comercial de ELKTRA era falsa, pero la imputada lo que hizo fue que le cambió el monto del préstamo, y lo remitió a. departamento de Créditos o Riesgos; en vista que si el monto del préstamo era hasta L 80,000.00, lo aprobaba la gerente de agencia, y cuando sobrepasaba ese límite el crédito era aprobado por el departamento de Créditos o Riesgo. d-Todos los préstamos que ella tramitó, tenían las mismas constancias de trabajo de la Secretaría de Salud, las mismas referencias comerciales y personales y el mismo teléfono, tal como se acredita con el informe de auditoría. e-Con la declaración del testigo SESAR ENOC DIAZ, así como con las declaraciones de los imputados WILMER MONCADA y ROSA EMILIA CHAIN, se acredita que la imputada GILDA FERRARI, no entrevistaba ni atendía personalmente a los clientes, como era su obligación, sino que los documentos se los llevaba el señor W1LMER MONCADA. f-Con las investigaciones que realizó el departamento de AUDITORIA Interna del Banco, y que obran en el Informe de Audioria, se acredito que la señora GILDA FERRARI y WILMER MONCADA, mantenían una relación cercana o de amistad; en vista que salían a comprar juntos. Tambien que Gilda Ferrari, realizo depósitos en las cuentas de ahorro de WILMER MONCADA y ROSA EMILIA CHAIN. Todos estos indicios plenamente probados y que no constituyen meras sospechas sino hechos acreditados con medios de prueba fidedignos, guardan un nexo casual racional y lógico, que si el tribunal hubiera realizado un proceso de inferencia razonable, hubiera fácilmente encontrado ese nexo casual existente entre estos indicios o hechos antecedentes o hechos bases con el hecho presunto, como ser, el hecho de que la gestora comercial GILDA ELENA FERRARI, también participó en la comisión de las acciones delictivas imputadas. Con todo el as probatorio que se ha mencionado, resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba hecha por el tribunal, por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede sostener que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque no cabria mas que aceptar la participación también en la comisión de los hechos delictivos de las imputadas GILDA ELENA FERRARI y ROSA EMILIA CHAIN, al no entenderlo así el juzgador ha incurrido en una grave violación de las regalas del entendimiento humano, siendo imperante que vosotros Honorable Tribunal de Casación como ultima ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para que comprobéis lo expuesto en mi petitoria, que en la descalificación de la prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soportan el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se mancilla a una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” “SEGUNDO MOTIVO: Haber inobservado el sentenciador las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.5 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan corno infringidos por falta de aplicación preceptúan: ARTÍCULO 317.- “Proposición de Prueba para el Debate. Inmediatamente después de vencido el plazo a que se refiere el Artículo anterior o de quedar integrado el Tribunal después de que haya sido declarada con lugar una recusación o firme la resolución que deniegue las recusaciones, nulidades o excepciones que se hayan presentado, el Presidente del Tribunal señalará audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalarán los hechos sobre los cuales deberán ser examinados durante el debate. En la misma audiencia propondrán, asimismo, los documentos y demás medios que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio y señalarán, en su caso, el lugar en que se encuentran. Los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenda probar. Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita” Este norma procesal fue infringida por el Tribunal Sentenciador, al haber rechazado medios de prueba de importancia para llegar a la verdad real; en vista que rechazó en la audiencia de proposición de pruebas el dictamen pericial ofertado por el Acusador Privado, tendiente a que se periciara la firma de la señora LUCRECIA RAMIREZ DE ALENS, Gerente de Personal de la sociedad “REPRESENTCIONES QUIMICAS, S.A DE CV.”, con la que aparece en la constancia de trabajo que presentó la señora ROSA EMILIA CHAIN para solicitar el préstamo, para acreditar si la misma fue o no firmada por la señora RAMIREZ, efecto para el cual se propuso corno perito al señor CARLOS PAZ para que realizara el dictamen. Sin embargo, el tribunal en forma arbitraria denegó éste medio de prueba aduciendo que ese no era el momento procesal oportuno para ello, desconociendo lo estatuido en el artículo 328 primer párrafo que preceptúa: “... Siempre que sea posible, las operaciones periciales se efectuarán en la audiencia misma...”. Además, es práctica común en las restantes salas del mismo tribunal y en los tribunales diseminados a nivel nacional, existiendo sobrada jurisprudencia al respecto, que las partes propongan sus medios de prueba entre ellos el de dictamen pericial; pero el Tribunal excediéndose en sus facultades lo denegó, debilitando con ello el caso, y lo más paradójico, es que fundamenta la absolución de la imputada ROSA EMILIA CHAIN, en que no se probó que ella haya presentado constancia de trabajo falsa, porque no existe un dictamen pericial que acredite tal extremo. Asimismo, el tribunal sentenciador, rechazó los testigos: ELMER JOEL MARTELL FLORES y HAMIL DAVID RODRIGUEZ LARA, cuya declaración fue propuestas por la parte acusadora para acreditar que a ellos se les falsificó la firma en la solicitud y en los documentos del préstamo, los cuales fueron tramitados por la hoy imputada GILDA ELENA FERRARI, tal como se puede acreditar con las audiencias de proposición de pruebas. Es importante aclarar Honorable Sala Penal, que en este caso se realizaron dos audiencias de proposición de pruebas, una en el expediente TST/FM (13) -311-2015 y otra en el expediente TST/FM (10)-671-2015, los cuales luego fueron acumulados. Como el tribunal sentenciador no revisó los dos expedientes, sostiene que no obran en autos todos los expedientes de los préstamos. Es importante Honorable Sala Penal, que al momento en que le remitan las diligencias, le remitan los dos expedientes antes mencionados. Como podéis apreciar Honorable Sala Penal, estos medios de prueba no debieron ser denegados por ser útiles, pertinentes y proporcionales, además eran fundamentales para llegar a descubrir la verdad real, y con ello la responsabilidad penal de las imputadas GILDA ELENA FERRARI y ROSA EMILIA CHAIN, porque sólo es de preguntarse cómo es que la hoy imputada FERRARI, tramitó estos préstamos, con los mismas constancias falsas de la Secretaria de Salud Pública, silos clientes no firmaron los documento ante su presencia: Como puede apreciarse, el tribunal sentenciador con su actuación lo que hizo fue debilitar el caso, impidiendo o convirtiéndose más bien en un obstáculo para lo consecución de la finalidad del proceso penal, la cual es llegar o descubrir la verdad real. Por lo que al impedir la consecución de esa finalidad, el resultado es el que tenemos, una sentencia deplorable, pobre que no se ajusta a nuestra normativa procesal y, que por tanto, impidió que el proceso lograra su finalidad, obtener una justicia pronta y efectiva. Una resolución como la dictada por el tribunal de sentencia, resulta tirada de los cabellos, y demuestra la fragilidad y la arbitrariedad con la que actúan determinados jueces, lo cual es urgente se corrija y, con ello, reducir la mora judicial de esa Honorable Sala Penal, y lograr la credibilidad de nuestro sistema judicial, que genere un verdadero clima de seguridad jurídica. ARTÍCULO 327.- Incomparecencia del Perito. Cuando el perito oportunamente citado, se negare a comparecer sin causa justificada, será citado por segunda vez; el juicio se continuará para la práctica de la prueba pendiente si ello fuere posible, de no serlo, se suspenderá. Si el perito, no compareciera a la segunda citación, el Presidente ordenará que sea conducido por medio la fuerza pública y solicitara a quien lo propuso, colabore con la diligencia. La segunda citación del perito se hará bajo prevención de que si no comparece, será conducido por la fuerza pública y sin perjuicio de la pena que deberá aplicársele por el delito de desobediencia”. ARTÍCULO 329.- “Incomparecencia de los testigos. Lo dispuesto en el Artículo 327, precedente, será aplicable también a los testigos”. Resulta inaudito que el Tribunal sentenciador no haya dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos antes mencionados, a pesar que los órganos acusadores se lo solicitaron, al no citar por segunda vez al testigo JUAN CARLOS ZALAVARRÍA, quien fue citado en legal y debida forma, pero como ya no labora en el Banco, no compareció. Pero el Tribunal en vez de dar estricto cumplimiento a la normativa procesal, sin que los órganos acusadores hayan desistido de la práctica de este testigo, obvió su declaración, con la cual también debilitó el caso e impidió el descubrimiento de la verdad real, y en su valoración de la prueba, paradójicamente argumenta, que el informe de auditoría que elaboró el señor JUAN CARLOS ZALAVARIA, no le merece credibilidad, porque no fue ratificado por ninguna persona. Es de preguntarse, cómo le va a merecer credibilidad si el mismo tribunal impidió que el mismo sea sometido al contradictorio, sino cumplió con lo ordenado en la normativa procesal para lograr la comparecencia del testigo, quien ya había declarado en la audiencia inicial. Pen todo caso, si el tribunal no quería hacerlo llegar por medio de la fuerza pública, corno lo sostiene la norma procesal, entonces hubiese admitido la petición del acusador privado que se incorporara su declaración por medio de lectura, Al no hacerlo, naturalmente debilitó el caso, causando con ello un grave perjuicio a la víctima, y lo que es más grave, genera impunidad y un grave clima de inseguridad jurídica, que en nada abona a la transparencia y eficiencia en la administración de justicia de nuestro país. Para obtener la subsanación de los vicios antes mencionados, se interpusieron sendos recursos de reposición, los cuales fueron infundadamente denegados.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: sin determinar por el censor. Establece el recurrente que el Sentenciador violentó las reglas de la sana crítica al momento de valorar la declaración de los testigos Sesar Enoc Díaz Sauceda, Fredy Omar Morazán, Helmer Fabricio García, Marcela Hernández, así como con la prueba documental consistente en el Informe de Auditoria. Consideró que el Tribunal Sentenciador dejó de valorar prueba indiciaria que según el censor genera un clima de inseguridad e impunidad en el país. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, si bien el censor en algunos apartados de su recurso infringe el principio de debida técnica recursiva al efectuar una revaloración del material probatorio y al utilizar argumentos de instancia como el hecho de enumerar los supuestos indicios que a su criterio se dan en la presente causa, en su mayoría el recurrente realiza un adecuado uso de la técnica casacionista y será sobre esos puntos que esta Sala de Casación dará respuestas. Para resolver el presente motivo, es necesario realizar un exhaustivo estudio de los razonamientos que ha efectuado el sentenciador para valorar la prueba evacuada en el juicio y así que encontramos en el acápite Valoración de la Prueba en el numeral primero de la sentencia recurrida, como razonó las declaraciones de Rosa Emilia Chain, así como la declaración del señor Wilmer Manuel Moncada, de las que hace una valoración conjunta y establece: “La declaración de los acusados no es un medio de prueba en sí mismo, sino un mecanismo de defensa que tendrá valor probatorio en la medida en que su versión sea corroborada por otros medios de prueba. En el caso que nos ocupa, las versiones de ambos acusados han sido contestes al señalar que efectivamente solicitaron prestamos en el banco y que les fueron otorgados, situación que también se ha deprendido de los demás medios de prueba y por tanto sobre este punto, sus dichos merecen credibilidad”. En ese punto esta Sala de Casación considera que el Juzgador razona adecuadamente ambas declaraciones que no son testificales, sino que las declaraciones de los imputados y como bien lo dice, no es un medio de prueba en sí, pues las personas sometidas a un proceso judicial siempre tratarán de justificar su accionar, pero en el caso de autos el sentenciador únicamente da por acreditado que ambos acusados solicitaron préstamos en el Banco Davivienda y que los mismos fueron otorgados, hechos que también son corroborados con prueba documental presentada por la acusación. En el numeral 1.3 del fallo recurrido el Tribunal Sentenciador valoró la declaración de Sesar Enoc Díaz Sauceda: “Considera no creíble, ya que no resulta congruente con la reglas de la experiencia ni con la lógica; pues el señor García indicó la forma en que se brindaba el préstamo y señaló que éste se otorgaba en 24 horas, sin embargo, el Testigo Díaz señaló que a él lo llamaron 30 o 40 días después, lo cual no es congruente con el procedimiento que utilizaba el banco; además no hay ninguna prueba (como ser videos que normalmente siempre tiene un banco) o documentos que corroboren que efectivamente el acusado Wilmer fue quien lo atendió o que fue a el quien le dio el dinero, por tanto, no se puede establecer solamente por el dicho de este testigo que efectivamente el acusado inició la gestión de un préstamo y que luego el testigo le entregó 35 mil lempiras. Además, tampoco es lógico que una persona que está solicitando un préstamo y sea atendida por un total desconocido, luego le tenga que entregar a ese desconocido la cantidad de 35 mil lempiras porque una persona con raciocinio analiza si debe pagar ese préstamo, entonces no es posible que tenga que entregar ese dinero, a menos que se algo ilegal y mucho más cuando se entrega ese dinero fuera del banco y en efectivo. Por otro lado, si la llamada fue realizada desde el banco, se pregunta el Tribunal cómo es que el testigo se contactó nuevamente con el acusado para que este supiera con exactitud el día y la hora en que el testigo Díaz llegaría al banco y le entregara el dinero, e incluso no ha quedado claro cómo es que el acusado le pidió el dinero al testigo Díaz. Así pues, el Tribunal concluye que no le es posible brindarle credibilidad a la declaración del señor Díaz e incluso estima que si los hechos ocurrieron como el testigo narró (lo cual evidentemente no cree este Tribunal) pues es más posible que el señor Díaz sea más que un simple testigo y debía saber que lo que se estaba realizando era irregular, ya que incluso él percibió un dinero que posteriormente no entregó al banco.” Para este alto Tribunal el razonamiento del A-quo es congruente y correcto, pues la declaración del referido testigo, lejos de aclarar los hechos que se investigan, hace caer en dudas al juzgador acerca de cómo en realidad sucedieron los hechos que relata; es lógico el parecer del sentenciador cuando advierte que la declaración del testigo Sesar Enoc no cuenta con pruebas corroborativas de verificación, es decir elementos probatorios que confirmen sus dichos, pues una de las maneras de comprobar la credibilidad de los testigos es que sus testimonios estén avalados o amparados por otra prueba, pero en el caso del testigo Díaz Sauceda el sentenciador está carente de esas pruebas corroborativas; por otro lado la versión del testigo le resulta inverosímil al juzgador, pues una persona de capacidad promedio nunca aceptaría entregar una cantidad de dinero al agente que le está gestionando un préstamo, al menos, como lo afirma el Tribunal Sentenciador, que ambos sujetos estén confabulados para defraudar a una institución bancaria, por lo que deberían ser perseguidos penalmente ambos sujetos, pero en el caso de autos el testigo hace ver que esa situación era normal y efectúa un relato poco creíble, situación que observó el sentenciador de manera correcta y empleando las reglas de la máxima experiencia decide no conceder credibilidad, pero dicha negativa fue acompañada de los argumentos de hecho y de derecho necesarios en el razonamiento judicial, por lo que sobre estos argumentos el juez A-quo actuó de forma correcta y conforme a las reglas de la sana crítica; en tal sentido el censor no tiene razón al afirmar que el proceso intelectivo para valorar dicho testimonio es carente de las reglas del recto pensamiento humano. En el numeral 1.4 del referido apartado del fallo recurrido, el sentenciador razonó la declaración del señor Fredy Omar Morazán Barahona, declaración que consideró irrelevante para los efectos del proceso, ya que el testigo Morazán no sabe nada sobre los hechos de juzgamiento y lo que narró fue una simple relación mercantil que no constituye delito alguno. En el numeral 1.5 de la sentencia impugnada, valoró el A-quo la declaración de Helmer Fabricio García Flores, del cual extrajo el jugador que resultó creíble en cuanto al procedimiento que se realizaba para la aprobación de los prestamitos lo que no fue controvertido en el juicio, arguye el A-quo que con su deposición quedó claro que la señora Gilda Elena Ferrari era únicamente la encargada de recibir la documentación y que la aprobación posterior del préstamo corría a cargo de la gerencia de la agencia o del departamento de riesgos; lo cual parece lógico a esta Sala de lo Penal, pues los gestores de préstamos solo reciben la documentación y confirman ciertos datos, pero quien decide si se otorga ese préstamo es un comité que analiza varios aspectos. En el numeral 1.6 del cuestionado fallo razonó el A-quo la declaración de Marcela Janine Hernández, de la cual considera que poco o nada aporta al proceso, estableciendo únicamente que fue advertida la existencia de irregularidades en varios préstamos, pero no establece ninguna. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala de Casación, la declaración de la señora Marcela Janine, al ser rendida en audiencia inicial y no presentarse a declarar a juicio, debe contar además con pruebas corroborativas y ser analizada por el A-quo de forma meticulosa, en el caso de autos el Juzgador no consideró que dicha prueba aportara elementos importantes para determinar la responsabilidad de los acusados, es por eso que certeramente el juzgador la valora diciendo que no aportó nada o muy poco al esclarecimiento de los hecho. Para esa Sala de lo Penal los razonamientos judiciales vertidos sobre la prueba testifical son correctos y tienen como fundamento las reglas del correcto pensamiento humano, pues el Sentenciador extrae de sus testimonios razonamientos coherentes y lógicos, no puede extraer de ninguno de estos testigos algún grado de responsabilidad para las acusadas pues los testigos no han sido lo suficientemente claros y detallados para determinar algún grado de responsabilidad, por lo tanto los juicios de valor que expresó el Juzgador sobre la prueba testifical fue efectuada en base a las reglas de la sana crítica, por lo tanto dicho accionar no merece reproche casacional. Cuestionó también el recurrente la prueba documental consistente en el Informe de Auditoria, valorada en el numeral 1.13 del fallo recurrido, de cuyo informe el sentenciador estableció: “Este informe de auditoría no ha sido ratificado por ninguna persona, ni se estableció quien, y en qué fecha lo elaboró, por tanto, solamente resulta creíble en cuanto a los aspectos en que ha sido corroborado con el resto de prueba. Para el caso, se ha corroborado con el expediente del señor Wilmer Moncada Sierra, las constancias de trabajo y los dictámenes de documentología, que efectivamente al señor Sierra se le otorgó 3 préstamos, tal como lo indica el informe de auditoría, sin embargo, no coincide en cuanto al saldo a la fecha, ya que en tanto el informe de auditoría señala un saldo de 170,256.53 lempiras, la certificación de saldos señala un monto de 188,679.10 lempiras, resultandos incongruentes estos saldos. Además, según el expediente del señor Wilmer Moncada a este solamente se le desembolso la cantidad de 94,758.86 lempiras, ya que el resto se acreditó a préstamo anterior que se le había otorgado al señor Moncada, por tanto, no resulta cierto que el señor Moncada se quedó con la totalidad de 176,000. Respecto a otras afirmaciones que se realizan en el informe de auditoría, como ser que la señora Gilma Elena Ferrari realizó deposito en una cuenta del Wilmer Moncada y en una cuenta de Rosa Emilia Chain o que hubo compras en establecimientos comerciales en fechas y horas coincidentes, tales afirmaciones no han sido respaldadas por otros medios de prueba, por tanto, no puede concedérseles credibilidad ni valor probatorio. Respecto a las certificaciones de saldo, este Tribunal no puede concederles un total valor probatorio, precisamente porque no se presentó ante este Tribunal ninguna persona que explicara cómo se llegó a la conclusión que ese era el saldo adeudado, considerando que según el mismo expediente el señor Wilmer Moncada, a este se le entregó la cantidad de 94,758.86 lempiras. En todo caso, de la misma certificación si queda claro que la señora Rosa Emilia Chain no le adeudaba nada al banco, siento este el único aspecto que puede ser considerado como creíble puesto que no se presentó otra prueba que dijera lo contrario. En relación a las copias de expedientes, en su mayoría han resultado inútiles porque se refieren a personas que no comparecieron a declarar y tampoco se ha acreditado la relación existente entre estas personas y los acusados, de tal manera que se pueda establecer que existió un vínculo entre ellos para cometer un delito de Estafa. Lógicamente resulta extraño que muchas de estas personas tengan constancias de trabajo que indicaban que laboraban en la Secretaria de Salud, sin embargo, esto solo constituye un indicio que por sí solo no es capaz de demostrar un concierto previo ente los acusados y entre éstos con otras personas para cometer el delito acusado.” Para esta Sala de lo Penal el cuestionamiento del censor en relación a la valoración que de este medio de prueba realizara el A-quo son infundados, pues el sentenciador estableció los puntos de hecho y derecho por los cuales no le concedió credibilidad a todo ese informe, pues advirtió que se le daría veracidad en aquellos puntos que fueron probados por otros medios de prueba, es decir al contar con pruebas corroborativas en ciertos aspectos de ese informe; en primer lugar advierte que el referido informe no se sabe por quién fue elaborado y en qué fecha, lo cual sin duda alguna incide en la confiabilidad de todo medio probatorio; pues el desconocer quién y cuándo se hizo implica preguntarse si esas personas que participaron en el informe tiene la suficiente experticia para calificar ese tipo de acciones, si son personas que trabajan para el banco, es decir que tiene cierto grado de subordinación y eso incidiría en su objetivad, en fin ese primer punto que establece el juzgador hace que ese informe tenga el valor de una mera prueba documental que debe ser corroborado con otra prueba, por lo que los juicios de valor que realizó el A-quo en relación a esta prueba son correctos y acordes a las reglas de la sana crítica. Conforme lo ha señalado el sentenciador en su fallo, la prueba aportada por la acusación resultó insuficiente para determinar la responsabilidad de las acusadas en los hechos investigados y no es posible que con el presente recurso de casación se pretenda subsanar errores que no fueron advertidos por la parte acusadora en su momento, pues en este tipo de delitos es indispensable escuchar a un experto (perito) que ilustre al Tribunal en aspectos que se salen del ámbito judicial, pero en el presente caso no se presentó ningún peritaje que demostrara los extremos de la acusación.; los testigos que declararon no lograron convencer al sentenciador y es por eso que les resta credibilidad, pero de manera responsable el Tribunal explica de forma detallada las razones que tuvo para darle credibilidad a unos testigos y no dársela a otros; en fin el Tribunal de Sentencia efectuó un adecuado uso de las reglas de la sana crítica, externando en primer lugar la valoración descriptiva de cada medio probatorio y en segundo lugar señalando en su valoración analítica, el valor probatorio que le concedía a cada medio de prueba, por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 317 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral. Reclamación ex-ante: para obtener la subsanación de los vicios se interpusieron sendos recursos de reposición. Pretensión: sin determinar por el censor. Considera el impetrante que el Tribunal Sentenciador infringió lo regulado en el artículo 317 del Código Procesal Penal al haber rechazado medios de prueba de importancia para llegar a la verdad real; en vista que rechazó en la audiencia de proposición de pruebas el dictamen pericial ofertado por el acusador privado tendiente a periciar la firma de la señora Lucrecia Ramírez de Alens, con la que aparece en la constancia de trabajo que presentó la señora Rosa Emilia Chain; denegándolo el Tribunal Sentenciador aduciendo que no era el momento procesal oportuno, desconociendo el artículo 328 primer párrafo; así mismo el juzgador rechazó los testigos Elmer Joel Martell Flores y Hamil David Rodríguez Lara, que fueron propuestos para acreditar que a ellos se les falsificó la firma en la solicitud y en los documentos de préstamo, los cuales fueron tramitados por la imputada Gilda Elena Ferrari; prueba que eran importantes para llegar a descubrir la verdad real. De la inobservancia a las reglas establecidas en el Código procesal Penal[1] En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio cuando se trate de una infracción a una de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados (como, por ejemplo, el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 de la ley procesal, conllevaría la afectación del principio de contradicción y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. de la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Para esta Sala de lo Penal, el censor ha equivocado la vía recursiva para la presentación de su impugnación, pues tal como lo ha establecido el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal, el motivo que ahí se plantea refiere incidencias procesales que hayan ocurrido en el acto del debate o juicio oral y la proposición de pruebas es una audiencia anterior a la del debate, por lo que, a través de este motivo se pueden denunciar vicios ocurridos desde el momento en que el Tribunal Sentenciador da inicio al debate hasta el momento en que se rindan las conclusiones, los ejemplos por los cuales se puede denunciar este numeral refiere a violaciones a los principios de oralidad, en el caso de que al momento de rendir declaración uno de los testigos utilice algún documento para recordar su declaración y el Tribunal se lo permitiera, con ese acto se violentaría el principio de oralidad; en el caso de la publicidad ésta se comprometería si por ejemplo, el Tribunal de Sentencia realiza de forma privada el juicio cuando no se cumplen con los requisitos del artículo 308 de la ley procesal; en cuanto al principio de inmediación se vería transgredido cuando el Tribunal aceptara que otros jueces tomaran la declaración de un testigo, sin contar ellos con la inmediación de lo que afirmó o negó el testigo; en relación al principio de contradicción estaría el juzgador transgrediendo dicho postulado cuando no se le permitiera a las partes contrainterrogar a los testigos de la parte contraria y en cuanto a la concentración se refiere a aquellos casos en que el Tribunal Sentenciador esté realizando otro tipo de audiencias cuando su deber es enfocar toda su atención en el juicio oral que está celebrando; en fin los ejemplos pueden ser muchos, pero todos se realizan durante el debate propiamente dicho y conllevan la transgresión de un principio del juicio oral. En el caso de autos, el recurrente refiere a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas, dichas actuaciones se realizan antes del juicio oral, por lo tanto, no corresponde el vicio denunciado a este motivo de casación, es posible que un recurso de casación por infracción de precepto constitucional sea el más indicado para hacer valer su denuncia, pero ante la falta de oficiosidad esta Sala de Casación no puede pronunciarse al respecto. Ahora bien, esta Sala de lo Penal ha revisado la justificación que hiciera el Tribunal Sentenciador para denegar esos medios de pruebas y la misma es razonable, pues no es cierto que su excusa fue únicamente porque no era el momento procesal oportuno para realizar el dictamen pericial, sino que su principal fundamento radicaba en que, al tratarse de un delito de uso de documento públicos falsos -por el que fueron acusados todos los imputados- no era necesario determinar quién o quienes falsificaron las constancias, pues ellos eran juzgados por el uso y no por la falsificación en sí, ante tales argumentos considera esta Sala de Casación que la posición del Tribunal Sentenciador fue la correcta, pues dentro de sus funciones se establece la posibilidad de decidir si admite o no, la prueba aportada por las partes, admitiendo aquella prueba que sea útil y proporcional para el esclarecimiento de los hechos; en el caso de autos no era necesario un dictamen pericial para evaluar firmas pues a los acusados no se les incoó proceso por falsificación de documentos, sino por uso de esos documentos falsos. Por todos estos argumentos esta Sala de los Penal considera que el Tribunal Sentenciador respetó en todo momento las reglas y principios que establece nuestra ley procesal para la celebración del debate o juicio oral, por lo que esté motivo de casación debe ser desestimado. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la acusación privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Wilmer Manuel Moncada Sierra que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público o la acusación privada hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Wilmer Manuel Moncada Sierra, del delito de Estafa en perjuicio de Banco Davivienda y como consecuencia le impuso una pena de 4 años 6 meses de reclusión y una multa de 9,475.90 lempiras; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación especial y , la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto 130-2017 establece en su artículo 365 el delito de Estafa, estableciendo una pena de 2 a 4 años de prisión si el valor de lo defraudado excede los 5mil lempiras, pero conforme a las agravantes especificas del artículo 366 numeral 5, cuando los hechos se comenten en el ámbito del sector financiero debe aumentarse la pena en 1/3, tal como ocurrió en la presente causa; por lo que la nueva pena oscilaría entre 4 a 5 años 4 meses de prisión; de lo que se concluye que la pena impuesta mediante el código penal deroga se encuentra dentro del margen de la nueva legislación penal, por lo que no procedería la aplicación retroactiva de la misma. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numerales 3 y 5, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de Acusador Privado y apoderado legal de Banco Davivienda, en la causa instruida contra los señores: a) Wilmer Manuel Moncada Sierra a quien se le condenó por el delito de Estafa en perjuicio de Banco Davivienda; b) Gilda Elena Ferrari López a quien se le absolvió de los delitos de Estafa Continuada y Falsificación de documentos Públicos y Privados; y c) Rosa Emilia Chain a quien se le absolvió del delito de Estafa y Falsificación de documentos Privados. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello... Alma Consuelo Guzmán García magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-201-2017.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días de agosto de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 201-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha once de octubre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, como autor del delito de Estafa, en perjuicio de Banco Davivienda, a la pena de cuatro años y seis meses de reclusión, más una multa de nueve mil cuatrocientos setenta y cinco lempiras con noventa centavos. Segundo: Condenó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Wilmer Manuel Moncada Sierra. Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, ni al Ministerio Público. Quinto: Absolvió al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra, del delito de Falsificación de Documentos Públicos y Privados, en perjuicio de la Fe Pública. Sexto: Absolvió a la señora Gilda Elena Ferrari López, del delito de Estafa Continuada, en perjuicio de Banco Davivienda y del delito de Falsificación de Documentos Públicos y Privados por uso, en perjuicio de La Fe Pública. Séptimo: Absolvió a la señora Rosa Emilia Chain, del delito de Estafa, en perjuicio de Banco Davivienda y del delito de Falsificación de Documentos Privados, en perjuicio de La Fe Pública. Octavo: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de acusador privado y apoderado legal de la sociedad mercantil “Banco Davivienda Honduras S.A.”. Son Partes en la única instancia: El Abogado Ronal Alexis Molina, en su condición de acusador privado, como parte recurrente; el Abogado Félix Antonio Ávila, en su condición de defensor privado de la señora Gilda Elena Ferrari López, como parte recurrida y el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de la señora Rosa Emilia Chain, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: Durante al año dos mil seis, el Banco BGA, luego conocido como Banco HSBC y actualmente conocido como Banco Davivienda, brindaba al público un producto denominado “Prestamito”, que permitía que una persona acudiera al Banco y solicitara un préstamo, el cual le era otorgado en el plazo de veinticuatro horas si el solicitante llenaba los requisitos mínimos exigidos por el banco. SEGUNDO: En el mes de julio del año dos mil seis, el señor WILMER MANUEL MONCADA SIERRA, quien en ese entonces laboraba en la Secretaria de Salud, acudió a la agencia Plaza Morazán del Banco BGA, a fin de solicitar un prestamito, siendo atendido en la agencia por la señora GILDA ELENA FERRARI LOPEZ, quien era gestora de negocios de dicho banco y se encargaba de recibir la documentación para tramitar los préstamos. TERCERO: Luego de haber recibido la documentación y analizada la misma por el gerente de agencia y el departamento de riesgos, en fecha veintiocho de julio del año dos mil seis, el Banco BGA procedió a otorgar a Wilmer Manuel Moncada Sierra un préstamo por la cantidad de ochenta mil lempiras. Dicho préstamo fue pagado dos meses después por el señor Moncada. CUARTO: El dos de octubre del año dos mil seis, el Banco BGA procedió a aprobar un segundo préstamo por ochenta mil lempiras al señor Wilmer Manuel Moncada, quien para lograr que se le otorgara dicho préstamo, acudió a la agencia Miraflores de dicho banco, donde fue atendido por la señora Gilda Elena Ferrari López, quien nuevamente recibió la documentación y le dio el trámite que el banco establecía, aprobándose el préstamo por el jefe de agencia y el departamento de gestión de riesgos. QUINTO: En el mes de diciembre del año dos mil seis, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra dejó de laborar en la Secretaria de Salud, ya que fue cancelado en la misma. No obstante, en el mes de enero del año dos mil siete, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra acudió nuevamente a la Agencia Miraflores del Banco BGA a fin de solicitar un refinanciamiento del préstamo que se le había otorgado anteriormente, siendo atendido por la señora Gilda Elena Ferrari López, siempre en su condición de Gestora de Negocios. En esta ocasión, el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra presentó a Gilda una constancia de trabajo, en la que aparecía una firma supuestamente elaborada por la señora Francibel Zepeda, en su condición de Sub Gerente de Personal de la Secretaría de Salud, en la que se establecía que el señor Wilmer Manuel Moncada Sierra trabajaba en dicha secretaría devengando un salario de quince mil quinientos veintisiete lempiras, aunque en realidad Wilmer ya había dejado de trabajar en dicha secretaria y la constancia no había sido extendida por la señora Francibel Zepeda. SEXTO: La señora Gilda Elena Ferrari López, nuevamente recibió la documentación presentada por Wilmer y le dio el trámite respectivo, siendo aprobado por el comité de créditos y fue así como en fecha diecisiete de enero del año dos mil siete se le aprobó al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra un préstamo por la cantidad de ciento setenta y seis mil lempiras, de los cuales el Banco se cobró el préstamo que se le había otorgado en el mes de octubre de dos mil seis, entregándole al señor Wilmer Manuel Moncada Sierra la cantidad de noventa y cuatro mil setecientos cincuenta y ocho lempiras con ochenta y seis centavos (Lps. 94,758.86), dinero con el cual se quedó para sí el señor Wilmer Moncada y que el banco no logró recuperar.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma“EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en la falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación preceptúan: Artículo 202: Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. Por su parte el párrafo primero del artículo 336 del mismo cuerpo legal expresa: “El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Asimismo, el artículo 338 del mismo Código, que regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, según su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados”. Los hechos probados de una sentencia penal (que constituyen la verdad a la que el tribunal cree haber arribado) están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria. La fundamentación probatoria se divide en las fases descriptiva e intelectiva; en la primera, el tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda, (fundamentación intelectiva), el juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y, además, por qué un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada. Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del recurso de casación por violación a las reglas de la sana crítica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación a esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia; por ello el legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba. Las reglas de la sana crítica entonces, constituyen la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de sana crítica que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se les apoyen. Como es sabido, este sistema no tiene las reglas legales que le establezcan el valor que debe dársele a cada prueba, pero esa libertad tiene límite, el cual está constituido por las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la experiencia, la Psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la Psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos), y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de la identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, derivaciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). Dentro de las reglas de la lógica, al que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas, según lo exigen los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal y que recalca el artículo 338, sección cuarta, numeral 2, (“...justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a cada una de las pruebas practicadas en juicio...), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según FERNANDO DE LA RUA, en su obra ( La Casación Penal), como DERIVADA, según la cual, la motivación debe respetar el principio de razón suficiente para lo cual “El razonamiento debe estar construido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”. Para ello, la motivación debe ser CONCORDANTE: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de Primera Instancia: 1-El Tribunal de Primera Instancia, en el apartado de valoración de la prueba (PRIMERO), referente a la valoración del testimonio del testigo SESAR ENOC DIAZ SAUCEDA, señala que la declaración de este testigo no resulta creíble porque la forma en que relata que sucedieron los hechos no resulta congruente con las reglas de la experiencia ni con la lógica, concluyendo que no le es posible brindarle credibilidad a la declaración del señor DIAZ. El tribunal no le da credibilidad al testigo única y exclusivamente porque dice que lo llamarón después de 30 o 40 días, además, aduce que no hay ningún video que demuestre que el imputado WILMER MONCADA fue quien lo atendió y que le entregó los L 35,000.00 y, que no es lógico que una persona que está solicitando un préstamo sea atendida por un total desconocido y que luego tenga que entregarle la cantidad antes mencionada a menos que eso sea ilegal y que no ha quedado claro cómo es que el acusado le pidió el dinero al testigos. Como podéis apreciar Honorable Tribunal, el ejercicio intelectivo del Tribunal Sentenciador es diáfanente deficiente porque violenta las reglas elementales que rigen el entendimiento humano. Si el Tribunal hubiese hecho un mínimo esfuerzo intelectivo y hubiese valorado la declaración de este testigo en forma conjunta con otras declaraciones y medios de prueba documentales, fácilmente pudo haber inferido que el testigo dijo la verdad y que su deposición es congruente con el modus operandi en que fueron cometidos los hechos delictivos. Por ejemplo, el testigo FREDDY OMAR MORAZAN, expresó que el señor WILMER MONCADA fue quien lo remitió donde la imputada GILDA ELENA FERRARI; su ex exposa ROSA CHAIN, también expresó que fue WILMER MONCADA, quien le llevo los documentos de su préstamo a GILDA FERRARI, que ella no firmó solicitud, sino que hasta que le entregaron el dinero ella firmó los documentos. El mismo WILMER MONCADA, en su declaración manifestó que en efecto el tramitó los dos últimos préstamos en la agencia del Banco ubicada en Plaza Miraflores, a la cual fue trasladada GILDA FERRARI. Lo anterior resulta un evidente y contundente indicio de oportunidad, que demuestra fehacientemente que el imputado concurría a esa agencia con frecuencia, y del cual se infiere que el imputado actuaba en contubernio con la señora GILDA FERRARI; en vista que, ésta tramitó lo préstamos con los documentos que le llevaba WILMER MONCADA, incumpliendo el proceso de otorgamiento de los préstamos, el cual no fue valorado, en el cual se establecía que GILDA FERRARI, como Gestora Comercial, era la encargada de recibir personalmente a los clientes, entrevistarlos y que firmaron los documentos entre ellos, la solicitud del préstamo ante su presencia, además de corroborar la autenticidad de la documentación presentada, lo cual también fue sostenido por el testigo de la defensa HELMER FABRICIO GARCIA. Lógicamente la gestora GILDA FERRARIS, no cumplía con el proceso, porque actuaba de consuno con WILMER MONCADA. Por qué el Tribunal en su actividad intelectiva, no se hizo una pregunta tan sencilla, Por qué todos los clientes presentaban constancias de trabajo del Ministerio de Salud Pública, con el mismo formato que presentó WILMER? Por qué presentaban los mismas referencias comerciales? Por qué GILDA FERRARI, tramitó el préstamo de ELMER MARTEL FLORES, cuando la Gerente le dio la instrucción que no lo tramitara porque la referencia comercial de ELEKTRA era falsa, en vista que ella había llamado a esa agencia comercial? Por qué siguió tramitando préstamos aceptando referencias comerciales de ELEKTRA, sin confirmarlas? Es sencillo, porque actuaba en contubernio con WILMER MONCADA. Por otra parte, al valorar la declaración de la testigo MARCELA HERNANDEZ, quien era la jefe de GILDA FERRARI, el esfuerzo o actividad intelectiva que hizo el tribunal en su valoración, fue nada más establecer que esa declaración poco o nada aporta al proceso estableciendo únicamente que fue advertida la existencia de irregularidades en varios préstamos, pero no establece ninguno. Con relación a esta testigo importante, solo es que ese Honorable Tribunal lea la declaración rendida por la misma en la audiencia inicial, la cual fue introducida por lectura al juicio, y sin hacer un gran despliegue de esfuerzo intelectivo, se puede demostrar la deficiente valoración de la misma por parte del tribunal; en vista que violenta el principio de razón suficiente, porque el razonamiento no está construido por inferencias racionales. La testigo fue contundente al afirmar que la imputada GILDA FERRARI, como gestora comercial era la encargada de atender personalmente a los clientes, que éstos tenían que firmar ante ella todos los documentos, entre ellos la solicitud del préstamo y que era la encargada de verificar que la documentación sea correcta. Esta testigo también fue categórica al afirmar que ella llamó a la empresa Elektra para confirmar la referencia comercial del señor HELMER MARTELL FLORES, en donde le expresaron que ese señor no era cliente de esa empresa y, además, que la persona que aparece firmando la constancia no era empleado de esa empresa, que cuando hizo la llamada, GILDA FERRARI estaba con ella, y que ella le ordenó a GILDA FERRARI, que no tramitara ese préstamo, y que GILDA FERRARI, le dijo que lo denegaran. Agregó la testigo que GILDA FERRARI, después lo que hizo fue que le cambió el monto del préstamo, y lo remitió a departamento de Créditos o Riesgos, ya que según los procesos, si el monto del préstamo era hasta L 80,000.00, lo aprobaba la gerente de agencia, y cuando sobrepasaba ese limite el crédito era aprobado por el departamento de Créditos o Riesgo. Pero agregó que en ambos casos era GILDA FERRARI, la encargada de verificar que la documentación sea correcta, y que el departamento de Créditos o Riesgos, aprobaba los créditos si tenían completo los documentos, confiando en que la gestora GILDA FERRARI, había hecho bien su trabajado. Pero en este caso; no obstante, que la gerente le había ordenado que no tramitara ese préstamo, ella lo tramitó y fue aprobado. Este crédito fue tramitado con las mismas constancias falsas de la Secretaría de Salud Pública, con las mismas referencias personales y comerciales de los demás préstamos ilegales, tal como se comprueba con la certificación de saldos de la Contadora del Banco y con el informe de auditoría, y el dictamen emitido por el Laboratorio de Documentología número 5132-2007, del Departamento de Medicina Forense, sobre la constancia de trabajo de la Secretaría de Salud utilizada. Como podéis apreciar Honorable Tribunal, cómo es posible que el tribunal no le haya dado credibilidad a este medio de prueba. Si hubiera aplicado correctamente las reglas de la sana crítica, le habría dado credibilidad. Pero lo que sucedió es que el tribunal arbitrariamente obvió los detalles de la declaración, para abstraerlos de su actividad intelectiva, mancillando con ello las más elementales reglas del entendimiento humano, que lo llevó a violentar el principio de la derivación; en vista que sus inferencias no son razonables. Asimismo, en la valoración del medio de prueba documental denominado Informe de Auditoría, el Tribunal expresa que no se estableció quien y en qué fecha se elaboró, por lo que sólo resulta creíble en cuanto a los aspectos en que ha sido corroborado con el resto de prueba. En cuanto a la persona que elaboró el informe y la firma del mismo, el tribunal no revisó minuciosamente el expediente, ya que si lo hubiera hecho, pudo determinar que si obra en el expediente quien lo firmó, lo que sucedió es que el expediente se testimonió varias veces, en vista que son varios imputados, incluso los expedientes fueron acumulados, por lo que debió haberlo buscado en ambos expedientes. Con relación a la persona que iba a sostener el informe sometiéndose al contradictorio, se propuso en la audiencia de proposición de pruebas al señor JUAN CARLOS ZALAVARRIA, pero este no compareció a pesar de haber sido citado. El tribunal no lo hizo comparecer a juicio tal como lo regula nuestra legislación procesal, como se le solicitó la parte acusadora; en vista que él ya no labora en el banco. En cuanto a que los montos establecidos en el informe, no concuerdan con los de la certificación de saldo extendido por la Contadora, no se necesita hacer un despliegue de esfuerzo intelectual para establecer esa diferencia, bastaba con el tribunal revisara las fechas de emisión de tales documentos, y se hubiere dado cuenta que son diferentes, por lo que por lógica, los saldos de los préstamos establecidos en la certificación de saldo, son diferentes, porque ya van cargados los intereses y tiene una fecha posterior al informe, el cual fue acompañado junto con la denuncia y la certificación se aportó después de la interposición de la denuncia. Por otra parte, el Tribunal en la valoración de los restantes expedientes de préstamos, aduce que en su mayoría han resultado inútiles porque se refiere a personas que no comparecieron a declarar. Resulta paradójico que el Tribunal ahora aduzca que esas personas no acudieron a declarar cuando el Tribunal, actuando con ligeresa, denegó en la audiencia de proposición de pruebas la declaración de los demás testigos, a pesar que se les expresó que la tales declaraciones eran úlites, pertinentes y proporcionados, in embargo, los denegó y ahora se contradice, diciendo que debieron comparecer. No obstante lo anterior, resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba por parte del Juzgador, ya que resulta ilógico pensar que son inútiles, cuando esos préstamos fueron tramitados y aprobados utilizando el mismo modus operandi; las mismas constancias falsas de la Secretaría de Salud, las mismas referencias comerciales y personales, el mismo teléfono, y todos fueron tramitados por GILDA ELENA FERRARI. Por otra parte, el Tribunal de Sentencia, dejó de valorar mostrando un desconocimiento inexcusable de la prueba indiciaria o circunstancial que genera un grave clima de inseguridad e impunidad en el país. El Tribunal Constitucional Español ha entendido que la prueba indiciaria o circunstancial es “aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos (indicios) que no son los constitutivos de delito, pero de lbs que se puede inferirse éstos y la participación del acusado por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico existente entre los hechos probados y los que se trata de probar”. Asimismo, ha sostenido que “la presunción de inocencia es un presunción iuris tantum, que se desvirtúa por prueba en contrario. Y que sin duda la prueba directa es más segura y deja menos márgenes a la duda que la indiciaria. Pero que es un hecho que en los juicios criminales no siempre es posible esa prueba directa por muchos esfuerzos que se hagan para obtenerla. Por lo que prescindir de la prueba indiciaria conduciría, en ocasiones, a la impunidad de ciertos delitos y especialmente, los perpetrados con particular astucia, lo que provocaría una grave indefensión social”. Asimismo, la jurisprudencia constitucional española ha reiterado que para distinguir entre pruebas indiciarias capaces de desvirtuar la presunción de inocencia y simples sospechas han de darse los siguientes requisitos básicos a saber: a- Los indicios deben estar plenamente probados, b.- Han de ser una pluralidad, no bastando uno sólo. c- El nexo causal ha de ser racional y lógico. En el caso que nos ocupar resulta evidente la concurrencia de todas estas exigencias porque existe una pluralidad de indicios totalmente acreditados a saber: a- La imputada GILDA ELENA FERRARI, se desempeñó como Gestora Comercial del banco, en la agencia Plaza Miraflores, donde se suscitaron los hechos. b- Dentro de sus atribuciones según los procesos que fueron propuestos como medios de prueba, estaban las de entrevistar personalmente a los clientes, que éstos tenían que firmar todos los documentos, entre ellos la solicitud de préstamo ante ella, y que era la encargada de validar que la documentación era auténtica, sin embargo tal como se acreditó, lo obsvió. c- La testigo Marcela Hernández expresó que ella le ordenó a GILDA FERRARI, que no tramitara el préstamo de ELMER MARTEL FLORES, porque la referencia comercial de ELKTRA era falsa, pero la imputada lo que hizo fue que le cambió el monto del préstamo, y lo remitió a. departamento de Créditos o Riesgos; en vista que si el monto del préstamo era hasta L 80,000.00, lo aprobaba la gerente de agencia, y cuando sobrepasaba ese límite el crédito era aprobado por el departamento de Créditos o Riesgo. d-Todos los préstamos que ella tramitó, tenían las mismas constancias de trabajo de la Secretaría de Salud, las mismas referencias comerciales y personales y el mismo teléfono, tal como se acredita con el informe de auditoría. e-Con la declaración del testigo SESAR ENOC DIAZ, así como con las declaraciones de los imputados WILMER MONCADA y ROSA EMILIA CHAIN, se acredita que la imputada GILDA FERRARI, no entrevistaba ni atendía personalmente a los clientes, como era su obligación, sino que los documentos se los llevaba el señor W1LMER MONCADA. f-Con las investigaciones que realizó el departamento de AUDITORIA Interna del Banco, y que obran en el Informe de Audioria, se acredito que la señora GILDA FERRARI y WILMER MONCADA, mantenían una relación cercana o de amistad; en vista que salían a comprar juntos. Tambien que Gilda Ferrari, realizo depósitos en las cuentas de ahorro de WILMER MONCADA y ROSA EMILIA CHAIN. Todos estos indicios plenamente probados y que no constituyen meras sospechas sino hechos acreditados con medios de prueba fidedignos, guardan un nexo casual racional y lógico, que si el tribunal hubiera realizado un proceso de inferencia razonable, hubiera fácilmente encontrado ese nexo casual existente entre estos indicios o hechos antecedentes o hechos bases con el hecho presunto, como ser, el hecho de que la gestora comercial GILDA ELENA FERRARI, también participó en la comisión de las acciones delictivas imputadas. Con todo el as probatorio que se ha mencionado, resulta evidente el grave vicio de apreciación de la prueba hecha por el tribunal, por la infracción de la regla de la lógica de la derivación, que impone la necesidad de razón suficiente y fundada para considerar verdadera la conclusión, pues todo razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando. Como el juzgador ha restado valor probatorio a las pruebas practicadas, llegando a otras conclusiones, ha violado las reglas de la lógica de la derivación, pues ha extraído conclusiones que no guardan concordancia con el contenido de esas pruebas a que me he referido ampliamente. Por lo que se puede sostener que las conclusiones a que ha arribado el sentenciador están al margen de las reglas de la sana crítica, porque no cabria mas que aceptar la participación también en la comisión de los hechos delictivos de las imputadas GILDA ELENA FERRARI y ROSA EMILIA CHAIN, al no entenderlo así el juzgador ha incurrido en una grave violación de las regalas del entendimiento humano, siendo imperante que vosotros Honorable Tribunal de Casación como ultima ratio, reviséis las pruebas que constan en el acta del debate para que comprobéis lo expuesto en mi petitoria, que en la descalificación de la prueba no se han esgrimido los razonamientos suficientes que soportan el peso aquilatado del contenido de la misma, con lo que se mancilla a una vez más lo preceptuado en los artículos 202 y 336 del Código Procesal Penal, en lo referente a la valoración en forma conjunta y armónica conforme a las reglas de la sana crítica, la prueba evacuada en juicio. Por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar, no ha sido posible reclamar su subsanación.” “SEGUNDO MOTIVO: Haber inobservado el sentenciador las reglas establecidas en el Código Procesal Penal para la realización del juicio oral y público. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362.5 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Los preceptos penales adjetivos que se invocan corno infringidos por falta de aplicación preceptúan: ARTÍCULO 317.- “Proposición de Prueba para el Debate. Inmediatamente después de vencido el plazo a que se refiere el Artículo anterior o de quedar integrado el Tribunal después de que haya sido declarada con lugar una recusación o firme la resolución que deniegue las recusaciones, nulidades o excepciones que se hayan presentado, el Presidente del Tribunal señalará audiencia, la que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes, para que las partes presenten la lista de los testigos y peritos con indicación de sus nombres y apellidos, profesión u oficio y dirección exacta y señalarán los hechos sobre los cuales deberán ser examinados durante el debate. En la misma audiencia propondrán, asimismo, los documentos y demás medios que sirvan para probar las pretensiones deducidas en el juicio y señalarán, en su caso, el lugar en que se encuentran. Los medios de prueba serán propuestos con indicación de los hechos o circunstancias que se pretenda probar. Después de la proposición de las pruebas y de oír las alegaciones que al respecto hagan las partes, en la misma audiencia o dentro del plazo de tres (3) días, el Tribunal resolverá por auto motivado sobre la admisión de aquellas. Solamente podrán ser rechazados los medios de prueba manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación con la finalidad probatoria que se pretende, o meramente dilatorios o cuando se trate de prueba ilícita” Este norma procesal fue infringida por el Tribunal Sentenciador, al haber rechazado medios de prueba de importancia para llegar a la verdad real; en vista que rechazó en la audiencia de proposición de pruebas el dictamen pericial ofertado por el Acusador Privado, tendiente a que se periciara la firma de la señora LUCRECIA RAMIREZ DE ALENS, Gerente de Personal de la sociedad “REPRESENTCIONES QUIMICAS, S.A DE CV.”, con la que aparece en la constancia de trabajo que presentó la señora ROSA EMILIA CHAIN para solicitar el préstamo, para acreditar si la misma fue o no firmada por la señora RAMIREZ, efecto para el cual se propuso corno perito al señor CARLOS PAZ para que realizara el dictamen. Sin embargo, el tribunal en forma arbitraria denegó éste medio de prueba aduciendo que ese no era el momento procesal oportuno para ello, desconociendo lo estatuido en el artículo 328 primer párrafo que preceptúa: “... Siempre que sea posible, las operaciones periciales se efectuarán en la audiencia misma...”. Además, es práctica común en las restantes salas del mismo tribunal y en los tribunales diseminados a nivel nacional, existiendo sobrada jurisprudencia al respecto, que las partes propongan sus medios de prueba entre ellos el de dictamen pericial; pero el Tribunal excediéndose en sus facultades lo denegó, debilitando con ello el caso, y lo más paradójico, es que fundamenta la absolución de la imputada ROSA EMILIA CHAIN, en que no se probó que ella haya presentado constancia de trabajo falsa, porque no existe un dictamen pericial que acredite tal extremo. Asimismo, el tribunal sentenciador, rechazó los testigos: ELMER JOEL MARTELL FLORES y HAMIL DAVID RODRIGUEZ LARA, cuya declaración fue propuestas por la parte acusadora para acreditar que a ellos se les falsificó la firma en la solicitud y en los documentos del préstamo, los cuales fueron tramitados por la hoy imputada GILDA ELENA FERRARI, tal como se puede acreditar con las audiencias de proposición de pruebas. Es importante aclarar Honorable Sala Penal, que en este caso se realizaron dos audiencias de proposición de pruebas, una en el expediente TST/FM (13) -311-2015 y otra en el expediente TST/FM (10)-671-2015, los cuales luego fueron acumulados. Como el tribunal sentenciador no revisó los dos expedientes, sostiene que no obran en autos todos los expedientes de los préstamos. Es importante Honorable Sala Penal, que al momento en que le remitan las diligencias, le remitan los dos expedientes antes mencionados. Como podéis apreciar Honorable Sala Penal, estos medios de prueba no debieron ser denegados por ser útiles, pertinentes y proporcionales, además eran fundamentales para llegar a descubrir la verdad real, y con ello la responsabilidad penal de las imputadas GILDA ELENA FERRARI y ROSA EMILIA CHAIN, porque sólo es de preguntarse cómo es que la hoy imputada FERRARI, tramitó estos préstamos, con los mismas constancias falsas de la Secretaria de Salud Pública, silos clientes no firmaron los documento ante su presencia: Como puede apreciarse, el tribunal sentenciador con su actuación lo que hizo fue debilitar el caso, impidiendo o convirtiéndose más bien en un obstáculo para lo consecución de la finalidad del proceso penal, la cual es llegar o descubrir la verdad real. Por lo que al impedir la consecución de esa finalidad, el resultado es el que tenemos, una sentencia deplorable, pobre que no se ajusta a nuestra normativa procesal y, que por tanto, impidió que el proceso lograra su finalidad, obtener una justicia pronta y efectiva. Una resolución como la dictada por el tribunal de sentencia, resulta tirada de los cabellos, y demuestra la fragilidad y la arbitrariedad con la que actúan determinados jueces, lo cual es urgente se corrija y, con ello, reducir la mora judicial de esa Honorable Sala Penal, y lograr la credibilidad de nuestro sistema judicial, que genere un verdadero clima de seguridad jurídica. ARTÍCULO 327.- Incomparecencia del Perito. Cuando el perito oportunamente citado, se negare a comparecer sin causa justificada, será citado por segunda vez; el juicio se continuará para la práctica de la prueba pendiente si ello fuere posible, de no serlo, se suspenderá. Si el perito, no compareciera a la segunda citación, el Presidente ordenará que sea conducido por medio la fuerza pública y solicitara a quien lo propuso, colabore con la diligencia. La segunda citación del perito se hará bajo prevención de que si no comparece, será conducido por la fuerza pública y sin perjuicio de la pena que deberá aplicársele por el delito de desobediencia”. ARTÍCULO 329.- “Incomparecencia de los testigos. Lo dispuesto en el Artículo 327, precedente, será aplicable también a los testigos”. Resulta inaudito que el Tribunal sentenciador no haya dado estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos antes mencionados, a pesar que los órganos acusadores se lo solicitaron, al no citar por segunda vez al testigo JUAN CARLOS ZALAVARRÍA, quien fue citado en legal y debida forma, pero como ya no labora en el Banco, no compareció. Pero el Tribunal en vez de dar estricto cumplimiento a la normativa procesal, sin que los órganos acusadores hayan desistido de la práctica de este testigo, obvió su declaración, con la cual también debilitó el caso e impidió el descubrimiento de la verdad real, y en su valoración de la prueba, paradójicamente argumenta, que el informe de auditoría que elaboró el señor JUAN CARLOS ZALAVARIA, no le merece credibilidad, porque no fue ratificado por ninguna persona. Es de preguntarse, cómo le va a merecer credibilidad si el mismo tribunal impidió que el mismo sea sometido al contradictorio, sino cumplió con lo ordenado en la normativa procesal para lograr la comparecencia del testigo, quien ya había declarado en la audiencia inicial. Pen todo caso, si el tribunal no quería hacerlo llegar por medio de la fuerza pública, corno lo sostiene la norma procesal, entonces hubiese admitido la petición del acusador privado que se incorporara su declaración por medio de lectura, Al no hacerlo, naturalmente debilitó el caso, causando con ello un grave perjuicio a la víctima, y lo que es más grave, genera impunidad y un grave clima de inseguridad jurídica, que en nada abona a la transparencia y eficiencia en la administración de justicia de nuestro país. Para obtener la subsanación de los vicios antes mencionados, se interpusieron sendos recursos de reposición, los cuales fueron infundadamente denegados.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo Primer Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia a las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: por haberse producido el vicio en el propio acto de sentenciar no ha sido posible reclamar su subsanación. Pretensión: sin determinar por el censor. Establece el recurrente que el Sentenciador violentó las reglas de la sana crítica al momento de valorar la declaración de los testigos Sesar Enoc Díaz Sauceda, Fredy Omar Morazán, Helmer Fabricio García, Marcela Hernández, así como con la prueba documental consistente en el Informe de Auditoria. Consideró que el Tribunal Sentenciador dejó de valorar prueba indiciaria que según el censor genera un clima de inseguridad e impunidad en el país. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que:“… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, si bien el censor en algunos apartados de su recurso infringe el principio de debida técnica recursiva al efectuar una revaloración del material probatorio y al utilizar argumentos de instancia como el hecho de enumerar los supuestos indicios que a su criterio se dan en la presente causa, en su mayoría el recurrente realiza un adecuado uso de la técnica casacionista y será sobre esos puntos que esta Sala de Casación dará respuestas. Para resolver el presente motivo, es necesario realizar un exhaustivo estudio de los razonamientos que ha efectuado el sentenciador para valorar la prueba evacuada en el juicio y así que encontramos en el acápite Valoración de la Prueba en el numeral primero de la sentencia recurrida, como razonó las declaraciones de Rosa Emilia Chain, así como la declaración del señor Wilmer Manuel Moncada, de las que hace una valoración conjunta y establece: “La declaración de los acusados no es un medio de prueba en sí mismo, sino un mecanismo de defensa que tendrá valor probatorio en la medida en que su versión sea corroborada por otros medios de prueba. En el caso que nos ocupa, las versiones de ambos acusados han sido contestes al señalar que efectivamente solicitaron prestamos en el banco y que les fueron otorgados, situación que también se ha deprendido de los demás medios de prueba y por tanto sobre este punto, sus dichos merecen credibilidad”. En ese punto esta Sala de Casación considera que el Juzgador razona adecuadamente ambas declaraciones que no son testificales, sino que las declaraciones de los imputados y como bien lo dice, no es un medio de prueba en sí, pues las personas sometidas a un proceso judicial siempre tratarán de justificar su accionar, pero en el caso de autos el sentenciador únicamente da por acreditado que ambos acusados solicitaron préstamos en el Banco Davivienda y que los mismos fueron otorgados, hechos que también son corroborados con prueba documental presentada por la acusación. En el numeral 1.3 del fallo recurrido el Tribunal Sentenciador valoró la declaración de Sesar Enoc Díaz Sauceda: “Considera no creíble, ya que no resulta congruente con la reglas de la experiencia ni con la lógica; pues el señor García indicó la forma en que se brindaba el préstamo y señaló que éste se otorgaba en 24 horas, sin embargo, el Testigo Díaz señaló que a él lo llamaron 30 o 40 días después, lo cual no es congruente con el procedimiento que utilizaba el banco; además no hay ninguna prueba (como ser videos que normalmente siempre tiene un banco) o documentos que corroboren que efectivamente el acusado Wilmer fue quien lo atendió o que fue a el quien le dio el dinero, por tanto, no se puede establecer solamente por el dicho de este testigo que efectivamente el acusado inició la gestión de un préstamo y que luego el testigo le entregó 35 mil lempiras. Además, tampoco es lógico que una persona que está solicitando un préstamo y sea atendida por un total desconocido, luego le tenga que entregar a ese desconocido la cantidad de 35 mil lempiras porque una persona con raciocinio analiza si debe pagar ese préstamo, entonces no es posible que tenga que entregar ese dinero, a menos que se algo ilegal y mucho más cuando se entrega ese dinero fuera del banco y en efectivo. Por otro lado, si la llamada fue realizada desde el banco, se pregunta el Tribunal cómo es que el testigo se contactó nuevamente con el acusado para que este supiera con exactitud el día y la hora en que el testigo Díaz llegaría al banco y le entregara el dinero, e incluso no ha quedado claro cómo es que el acusado le pidió el dinero al testigo Díaz. Así pues, el Tribunal concluye que no le es posible brindarle credibilidad a la declaración del señor Díaz e incluso estima que si los hechos ocurrieron como el testigo narró (lo cual evidentemente no cree este Tribunal) pues es más posible que el señor Díaz sea más que un simple testigo y debía saber que lo que se estaba realizando era irregular, ya que incluso él percibió un dinero que posteriormente no entregó al banco.” Para este alto Tribunal el razonamiento del A-quo es congruente y correcto, pues la declaración del referido testigo, lejos de aclarar los hechos que se investigan, hace caer en dudas al juzgador acerca de cómo en realidad sucedieron los hechos que relata; es lógico el parecer del sentenciador cuando advierte que la declaración del testigo Sesar Enoc no cuenta con pruebas corroborativas de verificación, es decir elementos probatorios que confirmen sus dichos, pues una de las maneras de comprobar la credibilidad de los testigos es que sus testimonios estén avalados o amparados por otra prueba, pero en el caso del testigo Díaz Sauceda el sentenciador está carente de esas pruebas corroborativas; por otro lado la versión del testigo le resulta inverosímil al juzgador, pues una persona de capacidad promedio nunca aceptaría entregar una cantidad de dinero al agente que le está gestionando un préstamo, al menos, como lo afirma el Tribunal Sentenciador, que ambos sujetos estén confabulados para defraudar a una institución bancaria, por lo que deberían ser perseguidos penalmente ambos sujetos, pero en el caso de autos el testigo hace ver que esa situación era normal y efectúa un relato poco creíble, situación que observó el sentenciador de manera correcta y empleando las reglas de la máxima experiencia decide no conceder credibilidad, pero dicha negativa fue acompañada de los argumentos de hecho y de derecho necesarios en el razonamiento judicial, por lo que sobre estos argumentos el juez A-quo actuó de forma correcta y conforme a las reglas de la sana crítica; en tal sentido el censor no tiene razón al afirmar que el proceso intelectivo para valorar dicho testimonio es carente de las reglas del recto pensamiento humano. En el numeral 1.4 del referido apartado del fallo recurrido, el sentenciador razonó la declaración del señor Fredy Omar Morazán Barahona, declaración que consideró irrelevante para los efectos del proceso, ya que el testigo Morazán no sabe nada sobre los hechos de juzgamiento y lo que narró fue una simple relación mercantil que no constituye delito alguno. En el numeral 1.5 de la sentencia impugnada, valoró el A-quo la declaración de Helmer Fabricio García Flores, del cual extrajo el jugador que resultó creíble en cuanto al procedimiento que se realizaba para la aprobación de los prestamitos lo que no fue controvertido en el juicio, arguye el A-quo que con su deposición quedó claro que la señora Gilda Elena Ferrari era únicamente la encargada de recibir la documentación y que la aprobación posterior del préstamo corría a cargo de la gerencia de la agencia o del departamento de riesgos; lo cual parece lógico a esta Sala de lo Penal, pues los gestores de préstamos solo reciben la documentación y confirman ciertos datos, pero quien decide si se otorga ese préstamo es un comité que analiza varios aspectos. En el numeral 1.6 del cuestionado fallo razonó el A-quo la declaración de Marcela Janine Hernández, de la cual considera que poco o nada aporta al proceso, estableciendo únicamente que fue advertida la existencia de irregularidades en varios préstamos, pero no establece ninguna. Conforme a la jurisprudencia de esta Sala de Casación, la declaración de la señora Marcela Janine, al ser rendida en audiencia inicial y no presentarse a declarar a juicio, debe contar además con pruebas corroborativas y ser analizada por el A-quo de forma meticulosa, en el caso de autos el Juzgador no consideró que dicha prueba aportara elementos importantes para determinar la responsabilidad de los acusados, es por eso que certeramente el juzgador la valora diciendo que no aportó nada o muy poco al esclarecimiento de los hecho. Para esa Sala de lo Penal los razonamientos judiciales vertidos sobre la prueba testifical son correctos y tienen como fundamento las reglas del correcto pensamiento humano, pues el Sentenciador extrae de sus testimonios razonamientos coherentes y lógicos, no puede extraer de ninguno de estos testigos algún grado de responsabilidad para las acusadas pues los testigos no han sido lo suficientemente claros y detallados para determinar algún grado de responsabilidad, por lo tanto los juicios de valor que expresó el Juzgador sobre la prueba testifical fue efectuada en base a las reglas de la sana crítica, por lo tanto dicho accionar no merece reproche casacional. Cuestionó también el recurrente la prueba documental consistente en el Informe de Auditoria, valorada en el numeral 1.13 del fallo recurrido, de cuyo informe el sentenciador estableció: “Este informe de auditoría no ha sido ratificado por ninguna persona, ni se estableció quien, y en qué fecha lo elaboró, por tanto, solamente resulta creíble en cuanto a los aspectos en que ha sido corroborado con el resto de prueba. Para el caso, se ha corroborado con el expediente del señor Wilmer Moncada Sierra, las constancias de trabajo y los dictámenes de documentología, que efectivamente al señor Sierra se le otorgó 3 préstamos, tal como lo indica el informe de auditoría, sin embargo, no coincide en cuanto al saldo a la fecha, ya que en tanto el informe de auditoría señala un saldo de 170,256.53 lempiras, la certificación de saldos señala un monto de 188,679.10 lempiras, resultandos incongruentes estos saldos. Además, según el expediente del señor Wilmer Moncada a este solamente se le desembolso la cantidad de 94,758.86 lempiras, ya que el resto se acreditó a préstamo anterior que se le había otorgado al señor Moncada, por tanto, no resulta cierto que el señor Moncada se quedó con la totalidad de 176,000. Respecto a otras afirmaciones que se realizan en el informe de auditoría, como ser que la señora Gilma Elena Ferrari realizó deposito en una cuenta del Wilmer Moncada y en una cuenta de Rosa Emilia Chain o que hubo compras en establecimientos comerciales en fechas y horas coincidentes, tales afirmaciones no han sido respaldadas por otros medios de prueba, por tanto, no puede concedérseles credibilidad ni valor probatorio. Respecto a las certificaciones de saldo, este Tribunal no puede concederles un total valor probatorio, precisamente porque no se presentó ante este Tribunal ninguna persona que explicara cómo se llegó a la conclusión que ese era el saldo adeudado, considerando que según el mismo expediente el señor Wilmer Moncada, a este se le entregó la cantidad de 94,758.86 lempiras. En todo caso, de la misma certificación si queda claro que la señora Rosa Emilia Chain no le adeudaba nada al banco, siento este el único aspecto que puede ser considerado como creíble puesto que no se presentó otra prueba que dijera lo contrario. En relación a las copias de expedientes, en su mayoría han resultado inútiles porque se refieren a personas que no comparecieron a declarar y tampoco se ha acreditado la relación existente entre estas personas y los acusados, de tal manera que se pueda establecer que existió un vínculo entre ellos para cometer un delito de Estafa. Lógicamente resulta extraño que muchas de estas personas tengan constancias de trabajo que indicaban que laboraban en la Secretaria de Salud, sin embargo, esto solo constituye un indicio que por sí solo no es capaz de demostrar un concierto previo ente los acusados y entre éstos con otras personas para cometer el delito acusado.” Para esta Sala de lo Penal el cuestionamiento del censor en relación a la valoración que de este medio de prueba realizara el A-quo son infundados, pues el sentenciador estableció los puntos de hecho y derecho por los cuales no le concedió credibilidad a todo ese informe, pues advirtió que se le daría veracidad en aquellos puntos que fueron probados por otros medios de prueba, es decir al contar con pruebas corroborativas en ciertos aspectos de ese informe; en primer lugar advierte que el referido informe no se sabe por quién fue elaborado y en qué fecha, lo cual sin duda alguna incide en la confiabilidad de todo medio probatorio; pues el desconocer quién y cuándo se hizo implica preguntarse si esas personas que participaron en el informe tiene la suficiente experticia para calificar ese tipo de acciones, si son personas que trabajan para el banco, es decir que tiene cierto grado de subordinación y eso incidiría en su objetivad, en fin ese primer punto que establece el juzgador hace que ese informe tenga el valor de una mera prueba documental que debe ser corroborado con otra prueba, por lo que los juicios de valor que realizó el A-quo en relación a esta prueba son correctos y acordes a las reglas de la sana crítica. Conforme lo ha señalado el sentenciador en su fallo, la prueba aportada por la acusación resultó insuficiente para determinar la responsabilidad de las acusadas en los hechos investigados y no es posible que con el presente recurso de casación se pretenda subsanar errores que no fueron advertidos por la parte acusadora en su momento, pues en este tipo de delitos es indispensable escuchar a un experto (perito) que ilustre al Tribunal en aspectos que se salen del ámbito judicial, pero en el presente caso no se presentó ningún peritaje que demostrara los extremos de la acusación.; los testigos que declararon no lograron convencer al sentenciador y es por eso que les resta credibilidad, pero de manera responsable el Tribunal explica de forma detallada las razones que tuvo para darle credibilidad a unos testigos y no dársela a otros; en fin el Tribunal de Sentencia efectuó un adecuado uso de las reglas de la sana crítica, externando en primer lugar la valoración descriptiva de cada medio probatorio y en segundo lugar señalando en su valoración analítica, el valor probatorio que le concedía a cada medio de prueba, por lo que este primer motivo de casación debe ser desestimado. Segundo Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 317 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas establecidas para la realización del juicio oral. Reclamación ex-ante: para obtener la subsanación de los vicios se interpusieron sendos recursos de reposición. Pretensión: sin determinar por el censor. Considera el impetrante que el Tribunal Sentenciador infringió lo regulado en el artículo 317 del Código Procesal Penal al haber rechazado medios de prueba de importancia para llegar a la verdad real; en vista que rechazó en la audiencia de proposición de pruebas el dictamen pericial ofertado por el acusador privado tendiente a periciar la firma de la señora Lucrecia Ramírez de Alens, con la que aparece en la constancia de trabajo que presentó la señora Rosa Emilia Chain; denegándolo el Tribunal Sentenciador aduciendo que no era el momento procesal oportuno, desconociendo el artículo 328 primer párrafo; así mismo el juzgador rechazó los testigos Elmer Joel Martell Flores y Hamil David Rodríguez Lara, que fueron propuestos para acreditar que a ellos se les falsificó la firma en la solicitud y en los documentos de préstamo, los cuales fueron tramitados por la imputada Gilda Elena Ferrari; prueba que eran importantes para llegar a descubrir la verdad real. De la inobservancia a las reglas establecidas en el Código procesal Penal[2] En este motivo deben considerarse las reglas esenciales para el desarrollo de la parte más importante del juicio: el debate; por lo cual esas reglas deben referirse a los principios sobre los cuales descansa esta etapa de juicio: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción y concentración. De ello se desprende que el vicio no estará constituido por una simple infracción a una norma procesal relativa a la forma en que se debe desarrollar un acto particular de la fase de juicio, sino que se refiere a la infracción de una norma de tanta incidencia que su violación afecte el proceso. Las normas que informan la manera de desarrollar el debate están comprendidas del artículo 304 al 346 del Código Procesal Penal. Tendrá validez la invocación del vicio cuando se trate de una infracción a una de esas normas, pero esencialmente de aquellas fundamentales, es decir la que desarrollan los principios apuntados (como, por ejemplo, el no permitir a una de las partes su derecho a interrogar los testigos de la parte contraria, lo cual violentaría el artículo 330 de la ley procesal, conllevaría la afectación del principio de contradicción y con ello el derecho de defensa). Mas no es suficiente la existencia del vicio procesal, se hace necesario el formal reclamo del acto irregularmente desarrollado a efecto de que pueda ser subsanado, por exigirlo así el párrafo tercero del artículo 363 del mismo cuerpo legal. En consecuencia, deberán tomarse en cuenta dos aspectos: la trascendencia de la infracción y la protesta del acto viciado para lograr su corrección y generar la facultad de recurrir a través de esta vía. de la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Para esta Sala de lo Penal, el censor ha equivocado la vía recursiva para la presentación de su impugnación, pues tal como lo ha establecido el numeral 5 del artículo 362 del Código Procesal Penal, el motivo que ahí se plantea refiere incidencias procesales que hayan ocurrido en el acto del debate o juicio oral y la proposición de pruebas es una audiencia anterior a la del debate, por lo que, a través de este motivo se pueden denunciar vicios ocurridos desde el momento en que el Tribunal Sentenciador da inicio al debate hasta el momento en que se rindan las conclusiones, los ejemplos por los cuales se puede denunciar este numeral refiere a violaciones a los principios de oralidad, en el caso de que al momento de rendir declaración uno de los testigos utilice algún documento para recordar su declaración y el Tribunal se lo permitiera, con ese acto se violentaría el principio de oralidad; en el caso de la publicidad ésta se comprometería si por ejemplo, el Tribunal de Sentencia realiza de forma privada el juicio cuando no se cumplen con los requisitos del artículo 308 de la ley procesal; en cuanto al principio de inmediación se vería transgredido cuando el Tribunal aceptara que otros jueces tomaran la declaración de un testigo, sin contar ellos con la inmediación de lo que afirmó o negó el testigo; en relación al principio de contradicción estaría el juzgador transgrediendo dicho postulado cuando no se le permitiera a las partes contrainterrogar a los testigos de la parte contraria y en cuanto a la concentración se refiere a aquellos casos en que el Tribunal Sentenciador esté realizando otro tipo de audiencias cuando su deber es enfocar toda su atención en el juicio oral que está celebrando; en fin los ejemplos pueden ser muchos, pero todos se realizan durante el debate propiamente dicho y conllevan la transgresión de un principio del juicio oral. En el caso de autos, el recurrente refiere a la celebración de la audiencia de proposición de pruebas, dichas actuaciones se realizan antes del juicio oral, por lo tanto, no corresponde el vicio denunciado a este motivo de casación, es posible que un recurso de casación por infracción de precepto constitucional sea el más indicado para hacer valer su denuncia, pero ante la falta de oficiosidad esta Sala de Casación no puede pronunciarse al respecto. Ahora bien, esta Sala de lo Penal ha revisado la justificación que hiciera el Tribunal Sentenciador para denegar esos medios de pruebas y la misma es razonable, pues no es cierto que su excusa fue únicamente porque no era el momento procesal oportuno para realizar el dictamen pericial, sino que su principal fundamento radicaba en que, al tratarse de un delito de uso de documento públicos falsos -por el que fueron acusados todos los imputados- no era necesario determinar quién o quienes falsificaron las constancias, pues ellos eran juzgados por el uso y no por la falsificación en sí, ante tales argumentos considera esta Sala de Casación que la posición del Tribunal Sentenciador fue la correcta, pues dentro de sus funciones se establece la posibilidad de decidir si admite o no, la prueba aportada por las partes, admitiendo aquella prueba que sea útil y proporcional para el esclarecimiento de los hechos; en el caso de autos no era necesario un dictamen pericial para evaluar firmas pues a los acusados no se les incoó proceso por falsificación de documentos, sino por uso de esos documentos falsos. Por todos estos argumentos esta Sala de los Penal considera que el Tribunal Sentenciador respetó en todo momento las reglas y principios que establece nuestra ley procesal para la celebración del debate o juicio oral, por lo que esté motivo de casación debe ser desestimado. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuestos por la acusación privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada del acusado Wilmer Manuel Moncada Sierra que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público o la acusación privada hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable al acusado Wilmer Manuel Moncada Sierra, del delito de Estafa en perjuicio de Banco Davivienda y como consecuencia le impuso una pena de 4 años 6 meses de reclusión y una multa de 9,475.90 lempiras; como penas accesorias se impuso a los acusados la inhabilitación especial y , la interdicción civil; además se hizo la declaratoria de responsabilidad civil derivada del delito y como consecuencia penal la obligación de realizar trabajo penitenciario. El decreto 130-2017 establece en su artículo 365 el delito de Estafa, estableciendo una pena de 2 a 4 años de prisión si el valor de lo defraudado excede los 5mil lempiras, pero conforme a las agravantes especificas del artículo 366 numeral 5, cuando los hechos se comenten en el ámbito del sector financiero debe aumentarse la pena en 1/3, tal como ocurrió en la presente causa; por lo que la nueva pena oscilaría entre 4 a 5 años 4 meses de prisión; de lo que se concluye que la pena impuesta mediante el código penal deroga se encuentra dentro del margen de la nueva legislación penal, por lo que no procedería la aplicación retroactiva de la misma. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362 numerales 3 y 5, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuestos por el Abogado Ronal Alexis Molina Torres, en su condición de Acusador Privado y apoderado legal de Banco Davivienda, en la causa instruida contra los señores: a) Wilmer Manuel Moncada Sierra a quien se le condenó por el delito de Estafa en perjuicio de Banco Davivienda; b) Gilda Elena Ferrari López a quien se le absolvió de los delitos de Estafa Continuada y Falsificación de documentos Públicos y Privados; y c) Rosa Emilia Chain a quien se le absolvió del delito de Estafa y Falsificación de documentos Privados. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha once de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello... Alma Consuelo Guzmán García magistrada coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veintidós. Certificación de sentencia dictada el veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-201-2017. FIRMA Y SELLO.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL

[1] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Páginas 601 y 602

[2] Cuellar Cruz, Rigoberto. Fernández Entralgo, Jesús. Gomez Colomer, Juan Luis y otros. Derecho Procesal Penal de Honduras (Manual Teórico Práctico) Agencia Española de Cooperación Internacional, Proyecto Fortalecimiento Poder Judicial de Honduras. Tegucigalpa, Honduras. Año. 2004. Páginas 601 y 602