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Sentencia CP-200-18 — Registro 12445

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de extorsión. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar parcialmente y declarando la procedencia de la aplicación retroactiva de la ley penal del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...e la Procedencia del Recurso. - EL RECURSO ES DE RECIBO PARCIALMENTE. – La Sala de lo Penal ha determinado que los hechos declarados probados no se ajustan al ámbito situacional que preveía el artículo 222 del Código Penal 144-83, en el cual el legislador tipificaba el delito de extorsión, empero los hechos si se ajustan al supuesto del tipo penal de estafa, contenido en el artículo 240 del mismo cuerpo legal. Los hechos probados señalan que los Señores José Alberto Pacheco (acusado) y Jenifer Karolina Corea Ventura (acusada), se coludieron con las jóvenes I. Y. C. H. y Dania Yareli Hernández Gómez, para engañar a la Señora Alma Floria Hernández (ofendida), simulando que las dos últimas eran víctimas de un secuestro extorsivo; todo con el propósito de obtener de una cantidad de dinero.- Así entonces las jóvenes D. Y. H. e I. Y. H., salieron de la casa donde vivían con su madre (la ofendida) el 25 de marzo de 2015, no regresando; el 27 de marzo la Señora Alma Hernández, recibió una llamada de persona de género masculino desconocida, que le exigía la entrega de $ 5,000.00 ($1.00 x L. 22.0407 en esa fecha) a cambio de liberar a sus dos hijas, y que de reusarse las mataría a ambas; llamadas que se repitieron el 28 y 29 de marzo, algunas de ellas hechas por la acusada J. K. C., otras por las jóvenes D. Y. H. e I. Y. Colindres; todas ellas pidiendo la entrega del dinero.- Como consecuencia la ofendida Alma Hernández, interpuso denuncia en la policía Nacional, la que se persono en casa del acusado José Alberto Pacheco, en donde fueron encontradas las jóvenes I. Y. C. y D. Y. H.. Los hechos declarados probados fueron enmarcados por el tribunal de sentencia como delito de extorsión, teniendo la razón el recurrente en denunciar que existe una aplicación indebida de la norma penal sustantiva que tipifica el delito, por cuanto la amenaza formulada a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, era matar a sus hijas en caso de no entregar dinero, es decir que el mal recaía no en ella sino en sus hijas, quienes en realidad nunca estuvieron en peligro alguno pues éstas se habían ocultado para fingir su secuestro y estaban de acuerdo con los acusados para que éstos dijesen que les matarían en caso de no recibir el dinero.- En el delito de extorsión el sujeto pasivo es objeto de intimidación al recibir como amenaza el sufrir un mal directamente o una persona que cercana, mal que debe de tener apariencia de realidad, tanto por la forma en que se comunica, como por su contenido, aun cuando dicha amenaza no se tenga la intención de cumplir; en el presente caso si bien se da lo señalado, existe un aspecto particular que desplaza el delito de extorsión: son las personas que supuestamente sufrirían el mal amenazado las ejecutoras del delito; las jóvenes supuestamente secuestradas aportan un elemento al delito simulando su privación de libertad, y pidiéndole a su madre entregar la cantidad de dinero para ser supuestamente liberadas con vida, plan en que también participaron los acusados; así entonces no eran las jóvenes las verdaderas víctimas del delito (secuestro simulado), sino que era la Señora Alma Floria Hernández, quien pensó que sus hijas habían sido secuestradas, y a quien se le solicitaba la entrega de dinero para liberarlas.

Los hechos probados se encuadran en el tipo penal de Estafa, pues las jóvenes D. Y. H. e I. Y. C., junto con los acusados J. K. C. V. y J. A. P., conspiraron para recrear un falso hecho delictivo en perjuicio de las dos primeras: un supuesto secuestro extorsivo; engaño que pusieron en escena desde el momento en que las jóvenes no regresaron a su casa (por voluntad propia) y luego el llamar por teléfono a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, indicándole que sus hijas habían sido secuestradas y exigiendo la entrega de dinero para liberarlas. El ardid tuvo como resultado que la Señora Alma Hernández interpusiese denuncia ante la policía avisando lo ocurrido el 25 de marzo, continuando recibiendo llamadas exigiéndole la entrega de dinero para supuestamente liberar a sus hijas, quienes como se ha dicho en realidad no estaban coartadas de su libertad, pues el propósito era motivar a la Señora Alma Hernández a realizar una disposición patrimonial en favor de los acusados, basada en el error de que sus hijas estaban secuestradas; disposición patrimonial que no se realizó gracias a que la policía Nacional encontró a las jóvenes D. H. e I. C. en casa del acusado José Alberto Pacheco, momento en que se develo que todo se trataba de un engaño. RECURRENTE 2 PRIMER MOTIVO. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura delictiva de Extorsión en su versión consumada; y Pretensión: Que la acusada J. K. corea Ventura sea condenada por un delito en tentativa. El recurrente 2 explica que la Señora alma Floria Hernández, no entregó el dinero que le era exigido por los acusados, esto por oportuna denuncia que hizo a la policía nacional, por lo que los hechos probados no dibujan un hecho consumado sino una tentativa del delito de extorsión. SEGUNDO MOTIVO Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 15 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la figura de la tentativa; y Pretensión: Que la acusada Jenifer Karolina corea Ventura sea condenada por un delito en tentativa. El recurrente 2 indica que los hechos declarados probados fueron calificados como un delito consumado, pero que al analizarlos se desprende que se trata de un delito de extorsión en tentativa, ello como consecuencia de que no existió de parte de los acusados un apoderamiento de la propiedad de la ofendida, esto gracias por la intervención de la policía. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1). - FASE INTERNA: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- FASE INTERMEDIA: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en su momento en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal 144-83, respectivamente; 3).- FASE EXTERNA: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como era en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal 144-83; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da inicio a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada la intención de cometer un delito; el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; Comienzo de la Ejecución del Delito: La realización de actos de ejecución, son aquellos actos realizados por el sujeto activo para alcanzar la consumación del delito, para ello en cada caso es preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos en el plan delictivo que representaban un peligro al bien jurídico protegido; Actos Inequívocos: Los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); Actos Idóneos: Los actos deben de ser idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, estaríamos frente a una tentativa inidónea; y Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es pues que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: *.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito sin lograrlo por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); **.- El Sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin lograrlo debido a que los actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); ***.- El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro concreto para el bien jurídico protegido. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal. DE LA PROCEDENCIA DEL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO. EL PRIMER Y SEGUNDO MOTIVO SON DE RECIBO PARCIALMENTE. – Al estar relacionados los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente 2, la Sala de lo Penal señala que dará respuesta a los mismos en un solo pronunciamiento. Los señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, fueron acusados por el Ministerio Público, como autores de un delito consumado, en perjuicio del patrimonio de la Señora Alma Floria Hernández Gómez; delitos que se clasifica como “de resultado” y por lo cual y legislador exige que exista un daño patrimonial efectivo para considerarlos consumados. En el caso concreto los acusados idearon un plan para obtener un lucro de manera injusta, para ello conspiraron entre sí y con las jóvenes D. Y. H. e I. Y. C., iniciando la ejecución del delito y materializando todos los actos que se habían representado y que eran parte de su plan para conseguir la consumación del delito; a pesar de ello los acusados no lograron consumar el delito por una causa que se encontraba ajena o externa a su voluntad, como ser la intervención de la Policía Nacional, quienes localizo a los acusados y a las jóvenes co conspiradoras, y descubriendo que el supuesto secuestro extorsivo se trataba de un ardid. Concuerda la Sala de lo Penal que para el 25 de marzo de 2015 tanto el delito de extorsión exigía un daño efectivo al patrimonio para que el delito se considerase consumado y que en el caso concreto tal daño no se produjo, por lo que es claro que la conducta de los acusados se trata de un tentativa; pero además el Tribunal de Casación, tal y como se ha explicado líneas atrás, los hechos probados encuadran, no en el delito de extorsión, sino en el delito de estafa, que de igual forma es un delito en perjuicio del patrimonio y es de resultado, por lo que admite la sanción de una ejecución imperfecta, siempre que: Exista u ánimo de lucro en el actuar doloso de los sujetos activos;

Que con propósito lucrativo los sujetos activos hayan puesto en escena un ardid, dirigido a una persona o a un grupo de personas; Que el ardid sea suficiente, al grado de hacer incurrir en un error a la persona contra la cual vaya dirigido; Que el ardid y consecuente error, orienten a la persona ofendida a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio y a favor de los sujetos activos o terceros que éstos determinen; y Que la disposición patrimonial no se haya realizado por una causa ajena a la voluntad de los sujetos activos. En el presente caso los acusados produjeron una puesta en escena de un falso secuestro extorsivo de dos jóvenes, quienes eran parte de la conspiración, para efectos de exigir a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, la entrega de $5,000.00, que en ese entonces equivalente a L. 110,203.50 ($1.00 x L. 22.0407 en esa fecha); dinero que al final los acusados no recibieron por la intervención oportuna de la policía. Es entonces correcta la observación del Recurrente 2, en el sentido de que no se materializó el daño patrimonial en este caso y que procede considerar la existencia de una tentativa, aun cuando no sea por el delito alegado (extorsión), sino por el delito de estafa. DECISIÓN: Primero: Declarar con lugar parcialmente el único motivo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente 1, a favor del acusado José Alberto Pacheco, con efecto extensivo para la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura. Recurso que genera la recalificación de los hechos del delito de extorsión, al delito de estafa, sin que ello implique quebranto del principio de congruencia de la sentencia con la acusación, pues no existe variación del contenido de la imputación, tampoco existe variación de los sujetos activos, además el delito de estafa protege el mismo bien jurídico que el de extorsión (La Propiedad), comparte la característica de ser un delito de resultado (conforme la legislación vigente en el año 2015).- Tampoco la variación de la calificación violenta la prohibición de la no reforma peyorativa, pues el recurso, aun cuando haya sido interpuesto por la defensa, genera una recalificación de cargos que no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público, al prever el delito de estafa una pena menor que a que contemplaba la legislación para el delito de extorsión en el año en que ocurrieron los hechos: Pena por el delito de extorsión: 15 a 20 años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos; y Pena por el delito de Estafa: 06 a 09 años de reclusión y multa el 10% del valor defraudado. Segundo: Declarar con lugar parcialmente los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Recurrente 2 a favor de la acusada J. K. C. V., con efecto extensivo a favor del acusado José Alberto Pacheco, por lo que el delito de estafa deberá de ser considerado en su grado de ejecución de tentativa, siendo la pena abstracta a considerar: 04 a 06 años de reclusión y multa de 6.666% del valor pretendido. Tercero: En la audiencia de individualización de la pena concreta, el Ministerio Público señalo que en el presente caso no se observan circunstancias agravantes modificativas de la responsabilidad penal, solicitando la imposición de la pena mínima para los acusados; criterio con el concordó el tribunal de sentencia, quien impuso la pena menor por el delito de extorsión. Habiendo decidido esta Sala de lo Penal recalificar los hechos del delito de extorsión al delito de estafa y además considerar ésta en su grado de ejecución de tentativa, corresponde individualizar una nueva pena concreta, teniendo en consideración si bien que el tribunal de sentencia aprecio la ausencia de circunstancias agravantes modificativas de la responsabilidad, si concurre circunstancia de peligrosidad personal, como ser que los acusados conspiraron con una menor adulta (I. Y. C. H.) y con una menor de edad (D. Y. H. G.), para la ejecución del delito, quienes además eran hijas de la víctima (Alma Hernández) lo que devela peligrosidad, por lo que procede imponerles la pena media de reclusión de cinco (05) años y multa equivalente al 6.666% del monto pretendido: L. 7,346.1653. .."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. Como previo es importante señalar que ninguna de las partes personadas en única instancia presento escrito complementario expresando cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada. Esta Sala de lo Penal ha impuesto a los acusados José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, las penas principales de 05 años de reclusión y multa de L. 7,346.1653, por ser responsables de un delito de estafa en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Alma Floria Hernández; lo anterior conforme los artículos 240 y 241, en relación con los artículos 15 y 66 del Código Penal 144-83. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Estafa, previsto en el artículo 365, el que indica que: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L 5,000).”.Norma que debe de ser relacionada con el artículo 21 que define la tentativa como “la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del agente.”, siendo la tentativa acabada cuando “el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.”.- Conforme la nueva codificación penal, a la persona responsable de un delito de estafa en su grado de ejecución de tentativa acabada, corresponde imponerle la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4), por lo que la pena que corresponde para el delito de estafa es de 1 año con 06 meses a 2 años de prisión, más las penas accesorias. A partir de lo anterior se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues las penas le son más favorables en comparación con las contempladas en la en el VCP 144-83 vigentes al momento del hecho.- Las penas deberán de ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que se declaró por el tribunal de sentencia la ausencia de circunstancias agravantes y atenuantes, apreciándose la circunstancias de peligrosidad personal el haber conspirado con una persona menor adulta y otra persona menor de edad, para ejecutar el delito en perjuicio de la madre de éstas; circunstancia que motiva a imponer la pena media, debiendo sancionarse a los acusados con la pena de un año, nueve meses de prisión, más las penas accesorias que correspondan. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE el motivo único del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado Julio Enrique Guifarro Sabillon, apoderado defensor del acusado José Alberto Pacheco, con efecto extensivo para la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura.- SEGUNDO: Declara CON LUGAR PARCIALMENTE los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Defensa Pública, a favor de la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, con efecto extensivo a favor del acusado José Alberto Pacheco.- TERCERO: Casa parcialmente la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete (f 327), dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- CUARTO: Declara la PROCEDENCIA de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos a los Señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, como coautores de un delito de Estafa, en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de la Señora Alma Floria Hernández, a cumplir la pena principal de un año con nueve meses de prisión; pena a la que se le deberá restar el tiempo en que los acusados hayan estado cautelarmente privados de su libertad como consecuencia de este proceso judicial; ii.- Que debemos condenar y condenamos a los Señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República.- iii.- Los ahora condenados deberán de realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de su internamiento en los términos de la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y de la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad.- iv.- El proceso de ejecución de pena deberá de hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional.-. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintisiete (27) días del mes de enero del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian. En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-200-2018 por Infracción de Ley interpuestos contra la sentencia de fecha quince de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Alberto Pacheco, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio de la señora Alma Floria Hernández, a la pena de quince años de reclusión, y una multa de cincuenta salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal.- Segundo: Condenó a la señora Jenifer Karolina Corea Ventura, como autora del delito de Extorsión, en perjuicio de la señora Alma Floria Hernández y una multa de cincuenta salarios mínimos, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena principal.-Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil ambos acusados, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Cuarto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: Recurrente 1: Abogado Julio Enrique Guifarro Sabillón, en su condición Defensor Privado del señor José Alberto Pacheco; Recurrente 2: Los abogados Arnaldo Alcides García y Mario Reniery Amador, en su condición de Defensores Públicos de la Señora Jenifer Karolina Corea Ventura; Recurrida: Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. I. Hechos Probados de la instancia Primero: El día miércoles 25 de marzo de 2015, las jóvenes D. Y. H. E I. Y. H., salieron de su casa de habitación ubicada en la Colonia San José de Villanueva, Cortes, donde residían junto a su madre, la señora Alma Floria Hernández Gómez. Al día siguiente, al ver que no llegaban a su vivienda, la señora Alma Floria Hernández, desde su celular número 3245-3309 le habló al padre del novio de su hija D. Y., José Alberto Pacheco, cuyo móvil era el 9840-5902, para preguntarle si sabía algo en relación con el paradero de sus hijas, a lo cual, él le contestó que no las había visto. SEGUNDO: El día viernes 27 de marzo de 2015 a las 8:00 am, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió una llamada telefónica el número 3321-3576, en la cual, una persona desconocida del sexo masculino, con todo amenazante le exigió que entregara la suma de cinco mil dólares ($5000.00) a cambio de liberar a sus dos hijas Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández, a quienes tenía en su poder, diciéndole que si no pagaba las matarían, por lo cual, la señora Alma Floria Hernández, interpuso la denuncia ante la Fuerza Nacional Anti Extorsión y en el transcurso del día continuó recibiendo llamadas de este tipo. Tercero: El día sábado 28 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió llamadas telefónicas y mensajes por cobrar de sus hijas Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández, quienes le decían que pagara la cantidad exigida y seguidamente, la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, quien se hallaba en el mismo lugar donde se encontraban sus hijas, desde su celular 9699-1971 también la llamó, para decirle que entregara la cantidad de dinero exigida y así evitar que le hicieran daño a estas. Cuarto: El día domingo 29 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez recibió una nueva llamada, esta vez, del número celular 9632-5969 cuyo titular es el señor José Joel Menjívar Lazo, en la cual, le amenazaban con matar a sus hijas si no depositaba el dinero en la cuenta bancaria del señor José Joel Menjívar Lazo. Quinto: En el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de marzo de 2015, la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, realizó sesenta (60) llamadas al teléfono celular del acusado José Alberto Pacheco, quien a su vez se comunicaba con el abonado celular 9878-6097, de donde salían las llamadas mediante la cual le exigían el dinero a la señora Alma Floria Hernández Gómez. En ese mismo periodo, se produjeron comunicaciones de los celulares del acusado José Alberto Pacheco y el de José Joel Menjívar Lazo; igualmente, la joven J. K. C. V. se comunicó con el número 9878-609 de un desconocido, quien al igual que José Joel Menjívar Lazo le exigían dinero a cambio de la liberación de las Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández. Sexto: Posteriormente, miembros de la Policía Nacional, contando con información de inteligencia se desplazaron a la vivienda de José Alberto Pacheco ubicada en Colonia Jesús de Nazareth, Villanueva, Cortes, en cuyo interior, se encontraban las jóvenes I. Y. C. H. y D. Y. H. G., quienes de común acuerdo con ambos acusados se hallaban en dicho lugar con la finalidad de obtener un provecho económico de parte de la señora Alma Floria Hernández. II. Recurso De Casación. - Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Recurrente 1: Primer Motivo Conforme a los hechos probados en la sentencia, los juzgadores aplican en forma indebida el precepto penal establecido en el artículo 222 del Código Penal. Preceptos Autorizantes Todos los motivos enunciados se encuentran establecidos en el artículo 360 del Código Procesal Penal Explicación Del Primer Motivo De Casación 1. De acuerdo a (De la Rúa Fernando. Teoría General de la Casación, Violación de la ley o doctrina falsa o errónea. Pág. 291 Editorial Víctor P. Zavalia, 1968, Buenos Aires) la ley es violada cuando es desobedecida, y se la infringe tanto cuando se la desconoce ignorando su precepto, como cuando se le atribuye un mandato distinto al que en realidad tiene. Los hechos probados son la base de una sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte de los juzgadores. De ahí que en toda sentencia debe haber un-a correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Explicación Del Primer Vicio En el presente caso el Tribunal ha aplicado de forma indebida en perjuicio de mi representada, la tipificación penal del artículo 222 que reza: ”comete el delito de Extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a personas natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir. otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos más las accesorias que correspondan. El sentenciador ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: Primero: El día miércoles 25 de marzo de 2015, las jóvenes D. Y. H. E I. Y. H. salieron de su casa de habitación, ubicada en la colonia San José de Villanueva, Cortés donde residían junto a su madre la señora Alma Floria Hernández Gómez. Al día siguiente al ver que no llegaban a su vivienda, la señora Alma Floria Hernández desde su celular número 324S-3309 le hablo al padre del novio de su hija Dania Yareli José Alberto Pacheco. cuyo móvil era el 9840-5902, para preguntarle si sabía algo en relación con el paradero de sus hijas, a lo cual, él le contesto que no las había visto. Segundo: El día viernes 27 de marzo de 2015 a las 8:00 am. la señora Alma Floria Hernández recibió una llamada telefónica del número 3321-3576 en la cual una persona desconocida de sexo masculino, con tono amenazante le exigió que entregara la suma Cinco Mil Dólares ($5,000.00) a cambio de liberar a sus dos hijas D. Y. H.E I. Y. H., a quienes tenía en su poder, diciéndole que si no pagaba las matarían. Por lo cual la señora Alma Floria Hernández interpuso la denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión y en el transcurso del día continúo recibiendo llamadas de este tipo. Tercero: el día sábado 28 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió llamadas telefónicas y mensajes por cobrar de sus hijas D. Y. H., E I. Y. H., quienes le decían que pagara la cantidad exigida y seguidamente, la acusada Jenifer Carolina Corea Ventura, quien se hallaba en el mismo lugar donde se encontraban sus hijas desde el celular 9699-1971 también la llamo par& decirle que entregara la cantidad de dinero exigida y así evitar que le hicieran daño a estas. Cuarto: E) día domingo 29 de marzo de 2015. la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió una nueva llamada, esta vez del número celular 9632-5969 cuyo titular es el señor José Joel Menjívar Lazo, en la cual la amenazaba con matar a sus hijas si no depositaba el dinero a la cuenta bancaria del señor José Joel Menjívar Lazo. Quinto: en el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de marzo de 2015. la acusada Jenifer Carolina Corea Ventura. realizo sesenta (60) llamadas al teléfono celular del acusado José Alberto Pacheco, quien a su vez se comunicaba con el abonado celular 9878-6097, de donde salían las llamadas mediante la cual le exigían el dinero a la señora Alma Floria Hernández Gómez. En ese mismo periodo, se produjeron para si o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a personas natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3.) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa y cincuenta (50) salarios mínimos más las accesorias que correspondan. El sentenciador ha establecido como hechos probados los que a continuación cito: Primero: El día miércoles 25 de marzo de 2015, las jóvenes D. Y. H. E I. Y. H. salieron de su casa de habitación, ubicada en la colonia San José de Villanueva. Cortes donde residían junto a su madre la señora Alma Floria Hernández Gómez Al día siguiente al ver que no llegaban a su vivienda, la señora Alma Floria Hernández, desde su celular número 3245-3309 le hablo al padre del novio de su Hija Dania Yareli José Alberto Pacheco. cuyo móvil era el 9840-5902, para preguntarle si sabía algo en relación con el paradero de sus hijas, a lo cual, él le contesto que no las habla visto. Segundo: El día viernes 27 de marzo de 2015 a las 8:00 am, la señora Alma Floria Hernández recibió una llamada telefónica del número 3321-3576 en la cual una persona desconocida de sexo masculino, con tono amenazante le exigió que entregara la suma de Cinco Mil Dólares ($5,000.00) a cambio de liberar a sus dos hijas Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Hernández, a quienes tenía en su poder, diciéndole que si no pagaba las matarían. Por el cual, la señora Alma Floria Hernández interpuso la denuncia ante la Fuerza Nacional Antiextorsión y en el transcurso del día continuo recibiendo llamadas de este tipa Tercero: el día sábado 28 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez recibió llamadas telefónicas y mensajes por cobrar de sus hijas Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Hernández, quienes le decían que pagara la cantidad exigida y seguidamente la acusada Jenifer Carolina Corea Ventura, quien se hallaba en el mismo lugar donde se encontraban sus hijas, desde el celular 9699-1971 también la llamo para decirle que entregara la cantidad de dinero exigida y así evitar que le hicieran daño a estas. Cuarto: El día domingo 29 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió una nueva llamada, esta vez del número celular 9632-5969 cuyo titular es el señor José Joel Menjívar Lazo, en la cual la amenazaba con matar a sus hilas si no depositaba el dinero a la cuenta bancaria del señor José Joel Menjívar Lazo. Quinto: en el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de marzo de 2015, la acusada Jenifer Carolina Corea Ventura, realizo sesenta (60) llamadas al teléfono celular del acusado José Alberto Pacheco, quien a su vez se comunicaba con el abonado celular 9878-6097, de donde salían las llamadas mediante la cual le exigían el dinero a la señora Alma Floria Hernández Gómez. En ese mismo período, se produjeron comunicaciones de los celulares del acusado José Alberto Pacheco y el de José Joel Menjívar Lazo, igualmente la joven J. C. C. V. se comunicó con el número 9878-609 de un desconocido, quien al igual que José Joel Menjívar Lazo le exigían dinero a cambio de la liberación de Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Hernández. Sexto: Posteriormente miembros de la policía nacional, contando con información de inteligencia se desplazaron a la vivienda de José Alberto Pacheco ubicada en la Colonia Jesús de Nazareth, Villanueva, Cortes, en cuyo interior se encontraban las jóvenes D. Y. H.E I. Y. H. quienes de común acuerdo con ambos acusados se hallaban en dicho lugar con la finalidad de obtener un provecho económico de parte de la señora Alma Floria Hernández. De los hechos probados de la sentencia debe entenderse que mi representado el señor José Alberto Pacheco, ha sido injustamente condenado por el delito de Extorsión, que estimó probado el juzgador, conforme a los medios de prueba legalmente practicados en la vista pública. De esa verdad incuestionable., que la constituye la declaración de hechos probados, se derivarán las consecuencias de naturaleza jurídica, entre ellas, la adecuación o subsunción de la misma en una norma concreta de la ley penal sustantiva. En otras palabras, para que no exista violación a norma penal de naturaleza sustantiva, por falta de aplicación o aplicación indebida, los hechos probados deben describir todas y cada una de las acciones típicas o conductas prohibidas por la norma penal sustantiva. Luego de citar íntegramente los hechos probados argumenta el juzgador que, del análisis detenido de la declaración de hechos probados, que son verdades incuestionables, y para los efectos de este recurso son intangibles. llegaremos a la conclusión que el tribunal de sentencia aplicó incorrectamente la disposición penal sustantiva que contiene y describe el delito de Extorsión En la anterior declaración de hechos probados se puede constatar con una claridad diáfana la falta de culpabilidad del procesado, es decir su clara inocencia, ya que la participación que se le atribuye en los hechos no configura el delito por el que se le condenó. En otras palabras, las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Extorsión, no fueron probadas en el juicio oral, Por ende, el tribunal no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico. Para atribuirle responsabilidad penal a tina persona, habrá de constatarse si ésta ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal. En el presente caso la participación que el acusado tiene, según los hechos probados, no es constitutiva de delito, como lo veremos a confirmación. Pues bien, si disgregamos el tipo penal de Extorsión del artículo 222 del Código penal, en sus elementos objetivos y subjetivos que conforman dicho ilícito y lo contrastamos con las acciones que plasma el tribunal sentenciador en los hechos probados, se llegará a una realidad palmaria, que el sentenciado aplico indebidamente el artículo 222 del Código Penal en relación a mi representado el señor José Alberto Pacheco, y lo condenó por hechos que no son ni pueden ser delito. Una primera acción típica del delito de Extorsión del artículo 222 del Código penal, es la de utilizar amenazas o intimidación violencia con el fin de obtener para si o para cualquier organización delictiva dinero bienes u otros servicios obligarse a persona natural o jurídica. Esta acción típica o elemento objetivo del delito, no se encuentra perfilada en el fáctum porque resulta ser que el señor José Alberto Pacheco, nunca realizó llamada extorsiva alguna a la supuesta afectada por lo anterior, esta acción típica o elemento objetivo, no está revestida de ningún aspecto subjetivo, que la configure corno adecuada para ser subsumida en el tipo penal en cuestión. Como se apreciará con toda claridad, en los mismos hechos probados, se concluye que el señor en mención se comunicaba con las jóvenes supuestas secuestradas y con Jenifer Carolina Corea Ventura, lo cual es cierto ya que estaban emparentados por vínculos amorosos con los hijos de mi representado lo cual no constituye en ningún momento planes para extorsionar a nadie analizando esta parte del factum declarado corno probado la parte subjetiva del tipo penal, no logra configurarse, puesto que no podría considerarse el delito de Extorsión, ya que nunca se probó o menciono siquiera el pago de un tan solo lempira por la inmediata libertad de las supuestas secuestradas, no existiendo por parte de mi poderdante ningún indicio de hacer llamadas extorsivas a la supuesta afectada, no existiendo pago alguno no cabe tipificar tal acción corno Extorsión. Las exigencias objetivas y subjetivas del tipo penal de Extorsión, no fueron probadas en el juicio oral, por ende, el tribunal no las pudo plasmar en ese cuadro fáctico Para atribuirle responsabilidad penal a mi representado, habrá de constatarse si éste ha ejecutado acciones u omisiones que puedan subsumirse en un concreto tipo penal, a todas luces del acervo probatorio se comprueba no hay acciones del imputado que impliquen interese de agenciarse dinero de manera extorsiva, o que se haya puesto de acuerdo con organización delictiva alguna, por ende no existe en esta parte del tipo, elemento subjetivo alguno que nos lleve a pensar que actuaba de manera culpable. La acción típica del delito de Extorsión, será el hecho de obligar a una persona natural o jurídica mediante amenazas a hacer cualquiera de los tres incisos que aparecen en el artículo 222 del Código Penal. En esta parte, el factum de la sentencia ni siquiera lo contiene, siendo un requisito indispensable de toda sentencia penal, que, en la declaración de hechos probados, el juzgador plasme tanto las acciones típicas, como los aspectos subjetivos del tipo penal. La Sala sentenciadora, comete un craso error al no describir esta conducta en los hechos probados como debe ser, ni siquiera pudo justificarlo en la fundamentación jurídica del fallo. Como podrá apreciar el tribunal de Casación, en los apartados que contienen los hechos probados, de ellos no se describe que mi defendido haya obligado a la supuesta ofendida a realizar ninguno de los actos enumerados en el artículo 222 del Código Penal vigente, no podía describir dicha conducta pues no existió prueba alguna que demostrara dicho comportamiento de mi representado. El tribunal no puede justificar su falta grave en la redacción del fallo, plasmando en un apartado distinto de lo que quedó plenamente probado, por nuestra parte diremos que esto si es inaudito e inaceptable para un tribunal de sentencia que le ha acarreado graves perjuicios a mi poderdante, yerro que solo pueden corregir ustedes Honorables Señores Magistrados de esta Sala de penal. Interpretación Pretendida Con el presente motivo de casación pretendo que, al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva en relación a lo declarado como hecho probado, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare Con Lugar el motivo de casación anteriormente expuesto, declarando la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal. Recurrente 2: Primer Motivo: Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra Autorizante: comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. Exposición Del Primer Motivo Por una parte la norma sustantiva infringida es el artículo 222 del Código Penal vigente que establece: “Incurrirá en reclusión de tres a nueve años: 1) Quien, mediante violencia o amenazas, obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho justo………. 2……. 3…”. Y siendo que los hechos probados son la base de la sentencia; de ellos se desprenden los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte del tribunal Sentenciador. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Declarando para tal efecto como probados los siguientes hechos: “Primero: El día miércoles 25 de marzo de 2015, las jóvenes D. Y. H. E I. Y. H., salieron de su casa de habitación ubicada en la Colonia San José de Villa Nueva, Cortés, donde residían junto a su madre la señora Alma Floria Hernández Gómez. Al día siguiente, al ver que no llegaban a su vivienda, la señora Alma Floria Hernández desde su celular número 3245-3309 le hablo al padre del novio de su hija D. Y., J. A. P., cuyo móvil era el 9840-5902, para preguntarle si sabía algo en relación con el paradero de sus hijas, a lo cual, él le contesto que no las había visto. Segundo: El día viernes 27 de marzo de 2015 a las 8:00 am, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió una llamada telefónica del número 3321-3576, en la cual, una persona desconocida del sexo masculino, con tono amenazante le exigió que entregara la suma de cinco mil dólares ($5,000) a cambio de liberar a sus dos hijas. Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández, a quienes tenía en su poder, diciéndole que si no pagaba las matarían, por lo cual, la señora Alma Floria Hernández, interpuso la denuncia ante la Fuerza Nacional Anti Extorsión y en el transcurso del día continúo recibiendo llamadas de este tipo. TERCERO: El día sábado 28 de marzo de 2015, la señora Alma Floria Hernández Gómez, recibió llamadas telefónicas y mensajes por cobrar de sus hijas Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández, quienes le decían que pagara la cantidad exigida y seguidamente la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, quien se hallaba en el mismo lugar donde se encontraban sus hijas, desde su celular 9699-1971 también la llamó para decirle que entregara la cantidad de dinero exigida y así evitar que le hicieran daño a estas. Cuarto: El día 29 de marzo de 2015 la señora Alma Floria Hernández Gómez recibió una nueva llamada, esta vez del número celular 9632-5969 cuyo titular es el señor José Joel Menjívar Lazo, el cual, le amenazaba con matar a sus hijas si no depositaba el dinero en la cuenta bancaria del señor José Joel Menjívar Lazo. Quinto: En el periodo comprendido entre el 25 y el 29 de marzo de 2015, la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, realizó sesenta (60) llamadas al teléfono celular del acusado José Alberto Pacheco, quien a su vez se comunicaba con el abonado celular 9878-6097, donde salían llamadas mediante la cual le exigían el dinero a la señora Alma Floria Hernández Gómez. En ese mismo periodo se produjeron comunicaciones de los celulares del acusado José Alberto Pacheco y el de José Joel Menjívar Lazo; igualmente la j. J. K. C. V. se comunicó con el número 9878-609 de un desconocido, quien al igual que José Joel Menjívar Lazo le exigían dinero a cambio de la liberación de Dania Yareli Hernández E Iris Yorleni Colindres Hernández. Sexto: Posteriormente miembros de la Policía Nacional, contando con información de inteligencia se desplazaron a la vivienda de José Alberto Pacheco ubicada en la Colonia Jesús de Nazareth, Villanueva, Cortés en cuyo interior se encontraban las jóvenes I. Y. C. H. y D. Y. H. G., quienes de común acuerdo con ambos acusados se hallaban en dicho lugar con la finalidad de obtener un provecho económico de parte de la señora Alma Floria Hernández”. Al analizar el contenido de estos hechos probados pareciera que el Tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado de Extorsión como se puede apreciar del conjunto del relato factico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, se desprende en los seis hechos Probados que en la ejecución del supuesto delito de Extorsión contra mi representada en ningún momento se hizo efectivo el pago del dinero exigido por los acusados, lo anterior por la oportuna denuncia e intervención de los miembros de la Policía Nacional, tal y como consta en el hecho probado Tercero antes descrito. Es allí según nuestro criterio, el hecho de no parecer encajar la condena por un delito consumado por parte de la acusada Jennifer Karolina Corea Ventura en el supuesto acto delictivo de Extorsión que se le imputa como autora, pues al examinar estos seis hechos probados antes trascritos nos encontramos que nuestra representada Jennifer Karolina Corea Ventura fue injustamente condenada por el delito de Extorsión, siendo lo correcto por Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, en vista que es necesario precisar los distintos elementos del tipo penal de Extorsión quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) hacer o dejar de hacer alguna cosa, 2)...3)...., siendo así existe una discusión doctrinaria respecto a que bien protege este tipo penal, pero lo cierto es que nuestro Código Penal lo regula como los delitos que protegen la propiedad de las personas, y por ello es que considera que el móvil o propósito de la acción es el Lucro....Lo cual no ocurre en el caso Subjudice, ya que como bien quedo establecido nuestra representada fue capturada sin que se hiciera efectivo el pago solicitado por la oportuna intervención de los miembros de la Policía Nacional, en tal sentido el patrimonio de la testigo ofendida Alma Floria Hernández Gómez no fue puesto en peligro. Basados en lo anterior, el Tribunal Sentenciador incurrió en un error al pretender condenar a nuestra representada por un supuesto delito consumado de Extorsión, tomando en consideración que en los hechos declarados probados no existen elementos subjetivos que puedan subsumirse en una acción u omisión que lesione o ponga en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. Interpretación Pretendida Con el presente motivo de casación pretendemos, que al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva (artículo 222 del Código Penal) en relación a los hechos declarados como probados, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de declarar con lugar el primer motivo de casación antes relacionado, declarándose la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, no abarcándole a mi representada la reforma de marzo de 2017 en vista de haberse cometido dicho delito en el año de 2015.” “Expresión Del Segundo Motivo De Casación. Segundó Motivo: Haber incurrido el tribunal Sentenciador en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 15 en relación con el 222 del Código Penal. Segundo Motivo: De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que las defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados”, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica de forma que no pueda orientar dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada de servir para argumentación lógica al fallo, y por ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio íuris”. Resulta que el Tribunal Sentenciador no aplico el artículo 222 en relación con el 15 del Código penal, en vista que los hechos probados fueron calificados por el Tribunal como constitutivo de delito de Extorsión en perjuicio de la ofendida Alma Floria Hernández. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configura el delito de Extorsión, pues en él no se atribuye a la imputada el apoderamiento de bienes propiedad de la ofendida, por la intervención de los agentes antiextorsión al ser capturada en la vivienda de José Alberto Pacheco ubicada en la Colonia Jesús de Nazareth, Villanueva, Cortés, junto a las jóvenes I. Y. C. H. y D. Y. H. G., por la denuncia interpuesta por la ofendida. Es importante recalcar que este delito no es de mera actividad sino de resultado, lo cual viene determinado por el ánimo de lucro y que se requiere obtener para si o cualquier organización el dinero, bienes o servicios.- En ese sentido haber interrumpido esa consumación o ese aprovechamiento de dinero después de la entrega controlada recomendada por los agentes antiextorsión con el ofendido, hace que el delito quede en su Grado de Ejecución de Tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, en ese sentido la interposición de la denuncia y en la captura de la imputada son aspectos que se salen del conocimiento y control de nuestra representada, no dependen de ella. Interpretación Pretendida Con este segundo motivo de casación pretendemos que al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva (artículo 15 Código Penal) en relación a lo declarado como hechos probados, se someta a control de logicidad por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar el recurso de mérito, corrigiendo el error dictando una sentencia condenatoria para nuestra representada Jennifer Karolina Corea Ventura por el delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, conforme a nuestro derecho penal vigente al cual no le abarca la reforma de marzo de 2017 en vista que este delito se cometió en el año 2015. Fundamentación Jurídica. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente 1: Único Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura delictiva de Extorsión; y Pretensión: Que sea declarada la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal. Señala el Recurrente 1 que el acusado José Alberto Pacheco ha sido injustamente condenado por un delito de extorsión como consecuencia de una aplicación incorrecta del artículo 222 del Código Penal que contiene el delito de extorsión, cuyos elementos objetivos y subjetivos no fueron probados en juicio y no plasmado en el cuadro factico. Hace referencia el Recurrente 1 que la norma in comento señala como conducta delictiva que el sujeto activo formule amenaza, provoque intimidación o ejerza violencia con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero u otros servicios; conducta que no se encuentra perfilada en el factum ello porque el acusado nunca realizó llamada extorsiva alguna a la supuesta afectada; tampoco se describe que el acusado haya obligado a la ofendida a realizar alguno de los actos enumerados en la norma.

El Recurrente 1 menciona con insistencia que la actividad probatoria no acreditó los elementos objetivos y subjetivos del delito; resalta que no se probó o se mencionó el pago de dinero por la libertad de las supuestas secuestradas; el acusado no realizo acciones que impliquen interés de agenciarse dinero de manera extorsiva. Del Tipo Penal de Extorsión

A partir de 1984, año en que entró en vigencia Código Penal 144-83, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, haciendo reformas a su tipificación en tres ocasiones, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017 y que se mantuvo hasta el 25 de junio de 2020, día en que la codificación fue derogada. - Comparativamente cada reforma al delito de extorsión tenía por objeto expandir su radio de aplicación. Han sido las tipificaciones del delito de Extorsión en la República de Honduras las siguientes: 1. Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 24,264 en fecha 12 de marzo de 1984 y vigente el 12 de marzo de 1985; 2. Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; 3. Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; y 4. Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 el 27 de febrero de 2017, y vigente a partir de dicha fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para los meses de noviembre y diciembre de 2014 y enero de 2015, que es el ámbito temporal fijado en el factum, era el contenido en el Decreto Legislativo 100-2014, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La pena de reclusión anterior será incrementada en un tercio (1/3) cuando la víctima sea un Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad y Diputados del Congreso nacional y cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad. El Delito de extorsión es de orden público y el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.”. B.- Naturaleza del delito. El delito de Extorsión comparte características con los delitos en contra de la libertad de las personas y con los delitos en contra de la propiedad, clasificándolo el legislador como uno de éstos últimos. Con los delitos en contra la libertad la extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 cp), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; Entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 cp), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; De igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 cp), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A cp) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo; Sin embargo, pese a tales similitudes, el delito de Extorsión tiene elementos particulares que le diferencian, a saber: 1. Con el delito de amenazas, porque éste solo busca la lesión psicológica, causar intimidación (miedo) en el sujeto pasivo, sin ulterior propósito, en cambio en el delito de extorsión la intimidación no es el propósito final, sino el medio o vía para aquello que se desea, que es el beneficio patrimonial injusto; 2. Con el delito de Coacción, el delito de extorsión guarda una mayor similitud, pues en ambos se compele al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad, siendo la diferencia la significancia patrimonial que persigue el delito de extorsión. Ante el concurso de leyes entre estas dos figuras delictivas, la especialidad del elemento subjetivo del delito de extorsión: ánimo de lucro, será lo determinante para poder resolver el caso concreto; 3. Con el delito de Secuestro Extorsivo encuentra elementos comunes con el delito de Extorsión, dado que ambos tienen contenido patrimonial, en ambos el sujeto activo se vale de la amenaza para conseguir un beneficio económico y ambos se consideran consumados aun cuando tal beneficio no sea obtenido, siendo la distinción la privación de la libertad de una persona que si se exige en el delito de secuestro y no en el delito de extorsión. La Sala de lo Penal, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, en el Expediente 041-2012, indico que: “… si bien es cierto que el secuestro y la extorsión comparten en su estructura típica el uso de la intimidación o la violencia para obtener un propósito determinado, en el caso del secuestro concurre como elemento esencial e imprescindible la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, circunstancia que el tipo penal de extorsión no exige para su realización…”.3. Con el delito de Chantaje, por el especial carácter del contenido de la amenaza, pues en este delito consiste en la revelación de información verdadera o falsa, que pueda resultar en lesión al honor o prestigio de la persona natural o jurídica víctima del delito, entretanto en el delito de extorsión el contenido de la amenaza es la promesa de realizar u omitir una conducta injusta (licita o ilícita), distinta al perjuicio del honor o prestigio. Continuando nuestro análisis encontramos que el delito de Extorsión no solo está relacionado con los delitos en contra el Patrimonio por su naturaleza, sino porque además el legislador nacional lo clasifica como uno de ellos, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 cp) robo (Art. 217 cp) y estafa (Art. 240 cp), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un Capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de robo y hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión, pero de nuevo el delito de extorsión tiene elementos únicos que le diferencian de éstos delitos: 1. En el delito de hurto el desplazamiento de los bienes muebles es como consecuencia de una conducta del sujeto activo sin la intervención y sin el consentimiento del sujeto pasivo, en cambio en el delito de extorsión el desplazamiento se da por una conducta realizada por el sujeto pasivo, la cual se encuentra viciada por la intimidación o violencia que origina el sujeto activo; 3. En el delito de estafa la disposición patrimonial la hace el sujeto pasivo en su propio perjuicio como consecuencia de un error producto de un engaño puesto en escena por el sujeto activo, entretanto en el delito de extorsión tal engaño o error no existe, la disposición patrimonial hecha por el sujeto pasivo es como consecuencia al acto intimidatorio o violento que está sufriendo por parte del sujeto activo; 4. El delito de robo por intimidación se diferencia con el delito de Extorsión en la dinámica en que el hecho se desarrolla, pues en el primero no hay disolución en la acción realizada por el sujeto activo, donde la intimidación es ejercida como previo inmediato al acto de desplazamiento del bien (sin intervalo de tiempo), el cual puede ser tomado por el sujeto activo o entregado en contra de la voluntad del sujeto pasivo; por el contrario, en el delito de extorsión existe discontinuidad entre el acto de intimidación y el de desplazamiento del bien, pues uno y otro se realizan en momentos distintos: En el robo existe la amenaza de un mal actual para el logro de una prestación actual, mientras que en la extorsión existe una amenaza futura para el logro de una prestación futura o actual. Encontramos el mismo fenómeno descrito en el delito de robo con violencia en las personas, donde necesariamente la conducta del sujeto activo debe de ser preludio del desplazamiento del bien, mientras que en el delito de extorsión con violencia en las personas, el beneficio económico no necesariamente debe de ser en una misma dinámica a aquella, y por otro lado el beneficio económico puede ser como producto de un desplazamiento de bienes, pero también por cualquier otro acto o negocio jurídico. Por otra parte, el delito de extorsión no requiere para su consumación que se produzca el lucro, pues bastara con que se realice la intimidación y que el sujeto pasivo realice la conducta exigida con el propósito de obtener el beneficio patrimonial injusto para que el delito se considere consumado, entretanto en el delito de robo la concreción del lucro es requisito indispensable para su consumación. C.- Elementos del delito de Extorsión del Decreto 100-2014. Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos (Código Penal 144-83), siendo éstos: Elementos Objetivos: Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que podía cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realizara el acto de violencia o intimidación; Sujeto Pasivo era designado por el legislador como “persona natural o jurídica”, lo que implica que podía ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. Objeto material del delito era el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo pretendía apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por Propiedad todos aquellos intereses que el hombre/mujer aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso era “obligar”. El legislador consideraba consumado el delito desde que el sujeto activo obligaba al sujeto pasivo realizar cualquiera de las tres conductas que describía el tipo, siempre que cualquiera de ellas hubiese tenido como fin que el sujeto activo lograra un beneficio económico injusto, aun cuando esto no se lograse materializar; siendo estas conductas: i.- “Hacer o dejar de hacer alguna cosa”, con independencia si se tratase de un acto lícito o ilícito; ii.- “Suscribir documentos para obtener pagos de dinero”, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y iii.- “Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado”, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste que, la conducta que pretendía conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo debía de ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distinguía el delito de extorsión del delito de coacciones; Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio estafa definida por la violencia o la intimidación: i.- La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obligaba a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente debía de darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podían darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia para conseguir el beneficio patrimonial era ejercida en el mismo momento; ii.- La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; era necesario que la intimidación fuese de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre/mujer medio/a) le provocase la consecuencia descrita, ergo la amenaza debía de tener apariencia de grave y verdadera; Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no debía de esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza hubiese tenido la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pudiesen mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debía como mínimo ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima hubiese tenido cualidades que le hagan invulnerable; iii.- La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar.- El destinatario del hecho amenazante podía ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado/a, amigo/a, etc.), entonces era posible amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo.- Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debía de ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (Imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado/a con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permitían prever situaciones en donde quien hacía la exigencia era un funcionario/a público/a, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. Punibilidad: El delito de extorsión estaba conminado con dos penas principales: i.- Una pena de prisión de 15 a 20 años; ii.- Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tenía margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de Extorsión además debía de imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que debía de cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la consecuencia penal de comiso cuando fuese procedente. Las penas principales se incrementaban un tercio (1/3) a razón de la cualificación del sujeto pasivo; disponía el legislador que dicho incremento se haría efectivo cuando la víctima del delito de extorsión hubiese sido: “Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, Miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad Diputados del Congreso Nacional y Cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad” Señalaba la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”. Elemento Subjetivo. Como elemento subjetivo el tipo penal de Extorsión requería de dolo: Conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho animo se materializara para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado ya, la conducta ejercida por el sujeto activo debía de buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realizaba o no la conducta exigida. Del Delito de Estafa. Entre los delitos contemplados contra el patrimonio además se encontraba tipificado el de Estafa en el artículo 240 del Código Penal que señalaba que: será responsable del delito “quien, con nombre supuesto, falsos títulos, influencia o calidad simulada, abuso de confianza, fingiéndose dueño de bienes, créditos, empresas o negociación o valiéndose de cualquier artificio, astucia o engaño, indujere a otro en error, defraudándolo en provecho propio o ajeno”. En consideración a lo anterior, el delito de Estafa sancionaba a la persona que con ánimo de lucro, en provecho propio o para provecho de un tercero, ponía en escena un engaño, ardid, simulación o cualquier otro artificio que presentase como verdadero algo que era falso, incorrecto o inexacto, de modo de lograr inducir en error a otro, quien motivado por la falsa creencia inducida hacía un acto de disposición o desplazamiento patrimonial que le acarrea un perjuicio propio o de un tercero. Eran los elementos objetivos del tipo penal: a) Sujeto Activo: El tipo penal al usar la formula “quien”, explicaba que el sujeto activo podía ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo es la persona quien incurría en error como consecuencia del ardid del sujeto activo; c) Objeto material del delito era el patrimonio, cualquiera que sea su clase o naturaleza, siempre que tuviese un valor superase los diez lempiras; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso era definida por el legislador como el de defraudar que implica el causar un daño patrimonial para provecho propio o ajeno; e) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso del delito de estafa representaba la puesta en escena de un engaño, para producir un error en el sujeto pasivo y que éste, basado en ese error hiciese una disposición patrimonial que produjera un perjuicio; Es así que el delito debía realizarse de manera secuencial, lo que puntualizamos de la siguiente manera: I. El Embuste o Engaño: Debía ser la presentación de un hecho falso con la apariencia de ser verdadero; II. El Error: Definido como el juicio falso respecto a la realidad, que anida en la psiquis del sujeto pasivo como consecuencia del embuste puesto en escena por el sujeto activo; III. Disposición Patrimonial: Era la acción u omisión realizada por el sujeto pasivo sobre bienes o derechos apreciables económicamente, ya sean propios o ajenos, como consecuencia del error al que sucumbió por el embuste puesto en escena por el sujeto activo; La disposición patrimonial debía realizarla la persona que era víctima del engaño; Perjuicio Patrimonial: Representado por el detrimento o disminución en el patrimonio como consecuencia de la disposición patrimonial resuelta a partir del engaño. f) Penalidad: el legislador disponía que la sanción a imponer al responsable del delito de estafa dependía del monto del perjuicio patrimonial, con lo cual trasmitía un mensaje claro: para que el delito se consumara debía provocarse un perjuicio patrimonial. El artículo 241 del Código Penal preceptuaba la graduación de la pena: I. Con dos (2) a cinco (5) años de reclusión, cuando el valor de lo estafado no excedía de cinco mil lempiras (L. 5, 000.00); II. Con cuatro (4) a siete (7) años de reclusión si la cuantía superaba los cinco mil (L. 5, 000.00) y no excedía de cien mil lempiras (L. 100.000.00); y, III. Con seis (6) a nueve (9) años de reclusión si la cuantía excedía de cien mil lempiras (L. 100,000.00). En todos los casos, a la persona responsable, además, le era impuesta como pena principal una multa equivalente al diez por ciento (10%) del valor defraudado. Elementos Subjetivos del tipo penal: el tipo penal indicaba que la acción debía ser realizada por el sujeto activo “en provecho propio o ajeno”, revelando que el propósito del actor debía ser el ánimo de lucro; el elemento subjetivo del tipo penal es el dolo representado con el conocimiento de estar engañando a terceros para que estos dispongan de bienes o acciones y la voluntad de querer realizar la acción, todo para obtener lucro mediante el provecho personal o de otro de aquella disposición patrimonial. De la Procedencia del Recurso. - El recurso es de Recibo Parcialmente. – La Sala de lo Penal ha determinado que los hechos declarados probados no se ajustan al ámbito situacional que preveía el artículo 222 del Código Penal 144-83, en el cual el legislador tipificaba el delito de extorsión, empero los hechos si se ajustan al supuesto del tipo penal de estafa, contenido en el artículo 240 del mismo cuerpo legal. Los hechos probados señalan que los Señores José Alberto Pacheco (acusado) y Jenifer Karolina Corea Ventura (acusada), se coludieron con las jóvenes I. Y. C. H. y Dania Yareli Hernández Gómez, para engañar a la Señora Alma Floria Hernández (ofendida), simulando que las dos últimas eran víctimas de un secuestro extorsivo; todo con el propósito de obtener de una cantidad de dinero.- Así entonces las jóvenes D. Y. H. e I. Y. H., salieron de la casa donde vivían con su madre (la ofendida) el 25 de marzo de 2015, no regresando; el 27 de marzo la Señora Alma Hernández, recibió una llamada de persona de género masculino desconocida, que le exigía la entrega de $ 5,000.00 ($1.00 x L. 22.0407 en esa fecha) a cambio de liberar a sus dos hijas, y que de reusarse las mataría a ambas; llamadas que se repitieron el 28 y 29 de marzo, algunas de ellas hechas por la acusada J. K. C., otras por las jóvenes D. Y. H. e I. Y. Colindres; todas ellas pidiendo la entrega del dinero.- Como consecuencia la ofendida Alma Hernández, interpuso denuncia en la policía Nacional, la que se persono en casa del acusado José Alberto Pacheco, en donde fueron encontradas las jóvenes I. Y. C. y D. Y. H.. Los hechos declarados probados fueron enmarcados por el tribunal de sentencia como delito de extorsión, teniendo la razón el recurrente en denunciar que existe una aplicación indebida de la norma penal sustantiva que tipifica el delito, por cuanto la amenaza formulada a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, era matar a sus hijas en caso de no entregar dinero, es decir que el mal recaía no en ella sino en sus hijas, quienes en realidad nunca estuvieron en peligro alguno pues éstas se habían ocultado para fingir su secuestro y estaban de acuerdo con los acusados para que éstos dijesen que les matarían en caso de no recibir el dinero.- En el delito de extorsión el sujeto pasivo es objeto de intimidación al recibir como amenaza el sufrir un mal directamente o una persona que cercana, mal que debe de tener apariencia de realidad, tanto por la forma en que se comunica, como por su contenido, aun cuando dicha amenaza no se tenga la intención de cumplir; en el presente caso si bien se da lo señalado, existe un aspecto particular que desplaza el delito de extorsión: son las personas que supuestamente sufrirían el mal amenazado las ejecutoras del delito; las jóvenes supuestamente secuestradas aportan un elemento al delito simulando su privación de libertad, y pidiéndole a su madre entregar la cantidad de dinero para ser supuestamente liberadas con vida, plan en que también participaron los acusados; así entonces no eran las jóvenes las verdaderas víctimas del delito (secuestro simulado), sino que era la Señora Alma Floria Hernández, quien pensó que sus hijas habían sido secuestradas, y a quien se le solicitaba la entrega de dinero para liberarlas.

Los hechos probados se encuadran en el tipo penal de Estafa, pues las jóvenes D. Y. H. e I. Y. C., junto con los acusados J. K. C. V. y J. A. P., conspiraron para recrear un falso hecho delictivo en perjuicio de las dos primeras: un supuesto secuestro extorsivo; engaño que pusieron en escena desde el momento en que las jóvenes no regresaron a su casa (por voluntad propia) y luego el llamar por teléfono a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, indicándole que sus hijas habían sido secuestradas y exigiendo la entrega de dinero para liberarlas. El ardid tuvo como resultado que la Señora Alma Hernández interpusiese denuncia ante la policía avisando lo ocurrido el 25 de marzo, continuando recibiendo llamadas exigiéndole la entrega de dinero para supuestamente liberar a sus hijas, quienes como se ha dicho en realidad no estaban coartadas de su libertad, pues el propósito era motivar a la Señora Alma Hernández a realizar una disposición patrimonial en favor de los acusados, basada en el error de que sus hijas estaban secuestradas; disposición patrimonial que no se realizó gracias a que la policía Nacional encontró a las jóvenes D. H. e I. C. en casa del acusado José Alberto Pacheco, momento en que se develo que todo se trataba de un engaño. Recurrente 2 Primer Motivo. Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 222 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Aplicación indebida de la figura delictiva de Extorsión en su versión consumada; y Pretensión: Que la acusada J. K. corea Ventura sea condenada por un delito en tentativa. El recurrente 2 explica que la Señora alma Floria Hernández, no entregó el dinero que le era exigido por los acusados, esto por oportuna denuncia que hizo a la policía nacional, por lo que los hechos probados no dibujan un hecho consumado sino una tentativa del delito de extorsión. Segundo Motivo Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 15 del Código Penal; Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la figura de la tentativa; y Pretensión: Que la acusada Jenifer Karolina corea Ventura sea condenada por un delito en tentativa. El recurrente 2 indica que los hechos declarados probados fueron calificados como un delito consumado, pero que al analizarlos se desprende que se trata de un delito de extorsión en tentativa, ello como consecuencia de que no existió de parte de los acusados un apoderamiento de la propiedad de la ofendida, esto gracias por la intervención de la policía. De la Tentativa El Iter Criminis es la descripción del proceso del delito, desde que es concebido en la mente del sujeto activo hasta que éste se agota completamente, diferenciándose los estados que son irrelevantes para el derecho penal de los que son relevantes. El Iter Criminis se divide en tres fases: 1). - Fase Interna: Llamada así por consistir en los diferentes procesos penales que ocurren en la psiquis del sujeto activo en torno al delito, desde su la ideación (surgimiento de la idea), deliberación (reflexión sobre la idea del delito) hasta la resolución delictiva (decisión de ejecutar el delito). Esta etapa no es punible, por cuanto aun con la firme resolución de cometer un delito, mientras éste no se traduzca en al menos un peligro al bien jurídico protegido (Art. 2-C del CP), no puede ser objeto de reproche estatal; 2).- Fase Intermedia: Es una Fase accidental, por cuanto no ocurre en todos los delitos y es cuando el sujeto activo da a conocer su resolución delictiva, el deseo de cometer el delito; estos actos igual no son punibles, salvo en los casos que tal manifestación se haga en forma de amenaza, lo cual podríamos estar ante un delito o falta independiente, contemplado en su momento en el artículo 207 o en el artículo 397.2 del Código Penal 144-83, respectivamente; 3).- Fase Externa: Son todos aquellos actos encaminados a la consumación del delito. Esta Fase se divide en tres etapas: Los actos preparatorios y los actos ejecutivos, y a depender de la efectividad de éstos últimos, la tercera etapa puede ser la tentativa o la consumación: Actos Preparatorios: Conjunto de todas aquellas actividades encaminadas a preparar el hecho punible, a aprontar, disponer o prevenir medios, instrumentos y circunstancias para la ejecución del hecho; los actos preparatorios, incluidos la proposición y la conspiración para el delito (Art. 17 CP), como regla general no son punibles salvo que por sí solos representen un tipo penal autónomo, como era en los casos de los artículos 221, 291, 311, 319 último párrafo y 324 del Código Penal 144-83; Actos Ejecutivos: Son aquellos en que el sujeto comienza la ejecución del delito, comportamientos dirigidos a poner en práctica los actos preparatorios sobre el objeto del delito y que da inicio a la conducta típica, representando la puesta en peligro del bien jurídico protegido. Los Actos Ejecutivos son punibles, cuya graduación de la pena dependerá si estamos ante una tentativa o un delito consumado; La Tentativa, conocida como delito intentado o delito frustrado, existe cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Es un dispositivo amplificador del tipo penal, cuya justificación es reprochar la puesta en peligro de un bien jurídico protegido como consecuencia de poner en marcha un comportamiento dañoso, siendo sus elementos: Elemento Subjetivo: El elemento subjetivo en la tentativa es esencial para poder realizar la subsunción del hecho en un tipo penal determinado, por ello, solo es posible en los delitos dolosos porque en ellos va encaminada la intención de cometer un delito; el dolo debe coincidir idénticamente con el del tipo penal en su versión consumada, así por ejemplo debe de existir animus necandi, animus leadendi o ánimo de lucro, en la tentativa de homicidio, lesiones y robo, respectivamente; Comienzo de la Ejecución del Delito: La realización de actos de ejecución, son aquellos actos realizados por el sujeto activo para alcanzar la consumación del delito, para ello en cada caso es preciso estudiar la naturaleza del delito, para así identificar los actos de ejecución elegidos en el plan delictivo que representaban un peligro al bien jurídico protegido; Actos Inequívocos: Los actos de ejecución deben de ser inequívocos, es decir, acciones realizadas por el sujeto activo inequívocamente dirigidos a la consumación del delito partiendo de una visión objetiva (naturaleza del tipo penal) y subjetiva (plan del autor); Actos Idóneos: Los actos deben de ser idóneos, que implica que el autor debe de realizar actos que objetivamente puedan consumar el delito, de lo contrario, cuando los medios elegidos son inadecuados o recaen sobre objetos impropios, estaríamos frente a una tentativa inidónea; y Involuntaria Falta de Consumación: Como requisito final la consumación no debe de producirse por causas ajenas a la voluntad del agente, es decir, la falta de consumación por factores extraños y externos al querer del sujeto activo. Cuando tales factores provienen del mismo agente estamos ante un desistimiento en la acción delictiva, por lo que ya no habría tentativa, pero el agente deberá de responder por los delitos que se hubiesen consumado hasta el momento del desistimiento. Es pues que la Tentativa es la ejecución incompleta de un hecho tipificado en la ley penal y el cual nunca llega a consumarse debido a: *.- El sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito sin lograrlo por la intervención de otros agentes o circunstancias ajenas al iter criminoso (Tentativa Acabada); **.- El Sujeto activo realizó todos los actos tendientes a la consumación del delito, sin lograrlo debido a que los actos de ejecución fueron imperfectos o eran inidóneos para ello (Tentativa imperfecta o Inidonia); ***.- El Sujeto Activo no pudo realizar todos los actos tendientes a la consumación del delito debido a circunstancias ajenas a su voluntad (Tentativa Inacabada).- La Tentativa (siempre punible) se diferencia de los actos preparatorios (punibles solo cuando expresamente determine la ley), ya que la primera representa un peligro concreto al bien jurídico protegido por el tipo penal con el comienzo de la ejecución y el segundo consiste en los actos que pretenden preparar la ejecución del delito, no representante un peligro concreto para el bien jurídico protegido. Delito Consumado: La Consumación es la última etapa del Iter Criminis, donde después de haber realizado todo el proceso de ejecución, se produce un resultado típico y antijurídico, el hecho resultante de las acciones del sujeto activo corresponde de manera exacta y completa al tipo penal legal contenido en la ley penal. De la Procedencia del Primer y Segundo Motivo. El Primer y Segundo Motivo Son de recibo Parcialmente. – Al estar relacionados los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente 2, la Sala de lo Penal señala que dará respuesta a los mismos en un solo pronunciamiento. Los señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, fueron acusados por el Ministerio Público, como autores de un delito consumado, en perjuicio del patrimonio de la Señora Alma Floria Hernández Gómez; delitos que se clasifica como “de resultado” y por lo cual y legislador exige que exista un daño patrimonial efectivo para considerarlos consumados. En el caso concreto los acusados idearon un plan para obtener un lucro de manera injusta, para ello conspiraron entre sí y con las jóvenes D. Y. H. e I. Y. C., iniciando la ejecución del delito y materializando todos los actos que se habían representado y que eran parte de su plan para conseguir la consumación del delito; a pesar de ello los acusados no lograron consumar el delito por una causa que se encontraba ajena o externa a su voluntad, como ser la intervención de la Policía Nacional, quienes localizo a los acusados y a las jóvenes co conspiradoras, y descubriendo que el supuesto secuestro extorsivo se trataba de un ardid. Concuerda la Sala de lo Penal que para el 25 de marzo de 2015 tanto el delito de extorsión exigía un daño efectivo al patrimonio para que el delito se considerase consumado y que en el caso concreto tal daño no se produjo, por lo que es claro que la conducta de los acusados se trata de un tentativa; pero además el Tribunal de Casación, tal y como se ha explicado líneas atrás, los hechos probados encuadran, no en el delito de extorsión, sino en el delito de estafa, que de igual forma es un delito en perjuicio del patrimonio y es de resultado, por lo que admite la sanción de una ejecución imperfecta, siempre que: Exista u ánimo de lucro en el actuar doloso de los sujetos activos;

Que con propósito lucrativo los sujetos activos hayan puesto en escena un ardid, dirigido a una persona o a un grupo de personas; Que el ardid sea suficiente, al grado de hacer incurrir en un error a la persona contra la cual vaya dirigido; Que el ardid y consecuente error, orienten a la persona ofendida a realizar un acto de disposición patrimonial en su perjuicio y a favor de los sujetos activos o terceros que éstos determinen; y Que la disposición patrimonial no se haya realizado por una causa ajena a la voluntad de los sujetos activos. En el presente caso los acusados produjeron una puesta en escena de un falso secuestro extorsivo de dos jóvenes, quienes eran parte de la conspiración, para efectos de exigir a la Señora Alma Floria Hernández Gómez, la entrega de $5,000.00, que en ese entonces equivalente a L. 110,203.50 ($1.00 x L. 22.0407 en esa fecha); dinero que al final los acusados no recibieron por la intervención oportuna de la policía. Es entonces correcta la observación del Recurrente 2, en el sentido de que no se materializó el daño patrimonial en este caso y que procede considerar la existencia de una tentativa, aun cuando no sea por el delito alegado (extorsión), sino por el delito de estafa. Decisión: Primero: Declarar con lugar parcialmente el único motivo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente 1, a favor del acusado José Alberto Pacheco, con efecto extensivo para la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura. Recurso que genera la recalificación de los hechos del delito de extorsión, al delito de estafa, sin que ello implique quebranto del principio de congruencia de la sentencia con la acusación, pues no existe variación del contenido de la imputación, tampoco existe variación de los sujetos activos, además el delito de estafa protege el mismo bien jurídico que el de extorsión (La Propiedad), comparte la característica de ser un delito de resultado (conforme la legislación vigente en el año 2015).- Tampoco la variación de la calificación violenta la prohibición de la no reforma peyorativa, pues el recurso, aun cuando haya sido interpuesto por la defensa, genera una recalificación de cargos que no supera la expectativa punitiva del Ministerio Público, al prever el delito de estafa una pena menor que a que contemplaba la legislación para el delito de extorsión en el año en que ocurrieron los hechos: Pena por el delito de extorsión: 15 a 20 años de reclusión y multa de 50 salarios mínimos; y Pena por el delito de Estafa: 06 a 09 años de reclusión y multa el 10% del valor defraudado. Segundo: Declarar con lugar parcialmente los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por el Recurrente 2 a favor de la acusada J. K. C. V., con efecto extensivo a favor del acusado José Alberto Pacheco, por lo que el delito de estafa deberá de ser considerado en su grado de ejecución de tentativa, siendo la pena abstracta a considerar: 04 a 06 años de reclusión y multa de 6.666% del valor pretendido. Tercero: En la audiencia de individualización de la pena concreta, el Ministerio Público señalo que en el presente caso no se observan circunstancias agravantes modificativas de la responsabilidad penal, solicitando la imposición de la pena mínima para los acusados; criterio con el concordó el tribunal de sentencia, quien impuso la pena menor por el delito de extorsión. Habiendo decidido esta Sala de lo Penal recalificar los hechos del delito de extorsión al delito de estafa y además considerar ésta en su grado de ejecución de tentativa, corresponde individualizar una nueva pena concreta, teniendo en consideración si bien que el tribunal de sentencia aprecio la ausencia de circunstancias agravantes modificativas de la responsabilidad, si concurre circunstancia de peligrosidad personal, como ser que los acusados conspiraron con una menor adulta (I. Y. C. H.) y con una menor de edad (D. Y. H. G.), para la ejecución del delito, quienes además eran hijas de la víctima (Alma Hernández) lo que devela peligrosidad, por lo que procede imponerles la pena media de reclusión de cinco (05) años y multa equivalente al 6.666% del monto pretendido: L. 7,346.1653. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. Como previo es importante señalar que ninguna de las partes personadas en única instancia presento escrito complementario expresando cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada. Esta Sala de lo Penal ha impuesto a los acusados José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, las penas principales de 05 años de reclusión y multa de L. 7,346.1653, por ser responsables de un delito de estafa en su grado de ejecución de tentativa, en perjuicio de la señora Alma Floria Hernández; lo anterior conforme los artículos 240 y 241, en relación con los artículos 15 y 66 del Código Penal 144-83. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Estafa, previsto en el artículo 365, el que indica que: “Comete estafa quien, con ánimo de lucro, utiliza engaño suficiente para producir error en otro y le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. El delito de estafa debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años si el valor de lo defraudado, excede de Cinco Mil Lempiras (L 5,000).”.Norma que debe de ser relacionada con el artículo 21 que define la tentativa como “la ejecución de un delito por actos exteriores directa y objetivamente encaminados a su consumación y, éste no se produce por causas independientes de la voluntad del agente.”, siendo la tentativa acabada cuando “el agente ha realizado todos los actos que objetivamente debieron llevar a la consumación del delito y ésta no se produjo.”.- Conforme la nueva codificación penal, a la persona responsable de un delito de estafa en su grado de ejecución de tentativa acabada, corresponde imponerle la pena del delito consumado rebajada en un cuarto (1/4), por lo que la pena que corresponde para el delito de estafa es de 1 año con 06 meses a 2 años de prisión, más las penas accesorias. A partir de lo anterior se puede concluir que es procedente la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, pues las penas le son más favorables en comparación con las contempladas en la en el VCP 144-83 vigentes al momento del hecho.- Las penas deberán de ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que se declaró por el tribunal de sentencia la ausencia de circunstancias agravantes y atenuantes, apreciándose la circunstancias de peligrosidad personal el haber conspirado con una persona menor adulta y otra persona menor de edad, para ejecutar el delito en perjuicio de la madre de éstas; circunstancia que motiva a imponer la pena media, debiendo sancionarse a los acusados con la pena de un año, nueve meses de prisión, más las penas accesorias que correspondan. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar Parcialmente el motivo único del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por el Abogado Julio Enrique Guifarro Sabillon, apoderado defensor del acusado José Alberto Pacheco, con efecto extensivo para la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura.- Segundo: Declara Con Lugar Parcialmente los motivos primero y segundo del recurso de casación por infracción de ley interpuesto por la Defensa Pública, a favor de la acusada Jenifer Karolina Corea Ventura, con efecto extensivo a favor del acusado José Alberto Pacheco.- Tercero: Casa parcialmente la sentencia de fecha quince de marzo de dos mil diecisiete (f 327), dictada por el tribunal de sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Cuarto: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura; En consecuencia, reforma los pronunciamientos primero y segundo de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i.- Que debemos condenar y condenamos a los Señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, como coautores de un delito de Estafa, en su grado de ejecución de tentativa acabada, en perjuicio de la Señora Alma Floria Hernández, a cumplir la pena principal de un año con nueve meses de prisión; pena a la que se le deberá restar el tiempo en que los acusados hayan estado cautelarmente privados de su libertad como consecuencia de este proceso judicial; ii.- Que debemos condenar y condenamos a los Señores José Alberto Pacheco y Jenifer Karolina Corea Ventura, a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal, conforme dispone el artículo 41.2 de la Constitución de la República.- iii.- Los ahora condenados deberán de realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de su internamiento en los términos de la Sección VII, del Capítulo IV, del Título II de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional y de la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad.- iv.- El proceso de ejecución de pena deberá de hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional.- Quinto: Declara Firme y Ejecutable los numerales tercero y cuarto de la parte resolutiva de la sentencia impugnada.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMA Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-200-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL