Sentencia CP-198-18 — Registro 15653
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberos de los funcionarios en concurso medial con el delito de Fraude, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 y la Suspensión de la Ciudadanía.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Conforme a lo regulado en apartados anteriores, el Principio de Debida Técnica Recursiva obliga a los censores a observar ciertas reglas en la pericia para la conformación de un recurso de casación, en la especie que el recurrente ha señalado como motivo de casación, es decir la violación a una norma sustantiva, en una buena técnica el impetrante debe señalar cómo esos hechos probados encajan o no con las normas sustantivas que el juzgador utilizó; en el caso de autos el censor ha errado en la técnica casacionista para fundamentar su impugnación, pues a lo largo de la misma, realiza argumentos en relación a la valoración de la prueba, establece que muchas de las situaciones que se platean en los hechos probados no fueron plenamente acreditados en el juicio, con ello no respeta el principio de intangibilidad de los hechos probados, mediante el cual se deben aceptar los hechos probados tal y cual los redactó el Tribunal Sentenciador. En el caso subjudice, el cuadro fáctico revela que el señor John Charles Bográn Velásquez como socio de la compañía J&J y Travel and Tours, fue la persona encargada de la venta de los boletos a las autoridades del IHSS para la movilización del personal que haría la gira para la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante hondureño, por tanto, el señor Bográn Velásquez se constituye en comisionista en la compra y venta de esos boletos; posteriormente establecen los sucesos, que la venta de los boletos la realizó el señor Bográn por un valor mucho más elevado del mercado nacional mismo que ascendía a la cantidad de 156,993.46 lempiras, pero que los señores Mario Roberto Zelaya Roja y José Ramón Bertetty solicitaron al señor John Charle Bográn emitiera una factura por un valor de 1,203,966 y que comprara boleto para persona diferentes y que no incluyera en dicha factura todo lo nombres, petición que el señor Bográn accedió sin reparo alguno; constituyéndose así el elemento de defraudación necesario en este tipo penal y además que ese engaño o ardid tenía apariencia de legalidad pero escondía -sin duda alguna- la forma de defraudar en sus finanzas al IHSS; el otro elemento que también encontramos en estos hechos es que ese engaño o ardid para lograr la defraudación lo realizó el señor John Charles aumentando deliberadamente los precios que originalmente tenían esos boletos aéreos, de todo lo cual tenía pleno conocimiento el señor Bográn Velásquez tal y como lo relatan los hechos probados. En consecuencia, el cuadro fáctico que ha establecido el A-quo como probado, encaja de manera perfecta y armónica en la norma penal establecida en el artículo 242 numeral 5 del Código Penal decreto 144-83; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados: 1. Mario Roberto Zelaya Rojas. Abuso de Autoridad imponiendo una pena de 5 años de reclusión, más inhabilitación especial por 10 años. Violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de Fraude al Estado a la pena de 10 años reclusión e inhabilitación absoluta por 20 años. Total, de Pena: 15 años de reclusión y 20 años de inhabilitación. 2. José Ramón Bertetty Osorio. Abuso de Autoridad imponiendo una pena de 5 años de reclusión, más inhabilitación especial por 10 años. Violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de Fraude al Estado a la pena de 10 años reclusión e inhabilitación absoluta por 20 años. Total, de Pena: 15 años de reclusión y 20 años de inhabilitación. 3. John Charles Bográn Velásquez. Otros Fraudes a la pena de 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Total, de Penas: 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, señala el artículo 616 párrafo sexto, que cuando se trate de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el nuevo Código Penal, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley. Con base en la nueva legislación penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fueron condenados los imputados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio se castigan así: Abuso de Autoridad: Artículo 499 numeral 1, cuya pena es inhabilitación especial para empleo o cargo, de 3 a 6 años. Violación de los deberes de los funcionarios: artículo 499 numeral 2, cuya pena es inhabilitación especial para empleo o cargo, de 3 a 6 años. Fraude al Estado: Artículo 482 que regula una pena de 5 a 7 años y una multa por la cantidad igual o hasta e triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. Con el nuevo Código Penal decreto 130-2017 y si sumamos las penas principales se les impondría a los acusados Zelaya Rojas y Bertetty Osorio, unas penas que oscilarían entre 5 a 7 años de prisión, inhabilitación especial de 6 a 12 años, inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de prisión y una multa en una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado y al ser condenados con la legislación derogada a la pena de prisión es de 15 años y 20 años de inhabilitación absoluta, sin duda alguna les beneficia la nueva ley penal, la cual en el caso de los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio debe aplicarse de forma retroactiva. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; en el caso sometido a análisis las acciones cometidas por los acusados Zelaya Rojas y Berttety Osorio, a quienes se les había encomendado la administración de una institución de previsión social, rubro muy sensible y que este nuevo código penal en muchos tipos penales al tratarse de situaciones contra la salud o situaciones de primera necesidad les considera más reprochables; tomado en consideración además el valor de los defraudado al IHSS que es de un millón cuarenta y seis mil, novecientos setenta y dos lempiras (L 1,046,972.54), por tanto procede imponer la pena máxima señalada para cada delito. Por lo que es procedente imponer a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio de los delitos de: Abuso de Autoridad a la pena de 6 años de inhabilitación especial. Violación de los Deberes de los Funcionarios a la pena de 6 años de inhabilitación especial. Fraude al Estado a la pena de 7 años de prisión, inhabilitación absoluta por 14 años y una multa del triple del valor de lo defraudado que corresponde a tres millones, ciento cuarenta mil, novecientos diecisiete lempiras con noventa y dos centavos (L3,140,917.62). En el caso del acusado John Charles Bográn Velásquez fue condenado con el Código Penal derogado por el delito de otros Fraudes a la pena de 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Las acciones cometidas por el señor Bográn Velásquez las encontramos en el nuevo Código Penal en el artículo 482 segundo párrafo, por lo que la pena que le correspondería sería de 5 a 7 años de prisión, multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión; en el caso de la pena de prisión impuesta por el Código Penal derogado se excede, pero en el caso de la multa aumentaría considerablemente, la cual oscilaría entre L1,046,972.54 a L3,140,917.62, además deberá imponérsele la pena de inhabilitación absoluta por el doble de la pena de prisión; en ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más graves, a la que deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; penas de inhabilitación especial y absoluta de manera simultánea, a partir de que el condenado recobre su libertad. La pena de multa deberá enterarse a la Tesorería General de la República dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la Sentencia. v) Respecto a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio a quienes se les ha aplicado retroactivamente el Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 41 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veinticuatro de agosto del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 198-2018, que literalmente dice: “Sentencia. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinticuatro días del mes de agosto de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 198-2018 por Quebrantamiento de Forma e Infracción de Ley, interpuestos contra la sentencia de fecha seis de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Condenó a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, como autores del delito de Abuso de Autoridad, a la pena de cinco años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial por un periodo de diez años. Condenó a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, como autores de un delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en concurso medial con un delito de Fraude, en perjuicio de la Administración Pública, a la pena de diez años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta por un periodo de veinte años; la pena de cinco años de reclusión y la pena de diez años de reclusión deben ser cumplidas en concurso real, es decir que sumadas ambas penas ascienden a un total de quince años de reclusión y treinta años de inhabilitación absoluta. Las penas de reclusión serán cumplidas en el centro penitenciario que determine el Juez de Ejecución, debiendo computar a la pena el tiempo que hayan estado los condenados en efectiva reclusión, tienen así mismo la obligación de trabajar en obras publicas dentro y fuera del establecimiento de acuerdo a la ley que rige el sistema penitenciario nacional. Segundo: Absolvió a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio de un delito de Abuso de autoridad y un delito de Violación de los deberes de los funcionarios. Tercero: Absolvió al señor José Ramón Bertetty Osorio de un delito de Malversación de Caudales Públicos. Cuarto: Condenó al señor John Charles Bográn Velásquez como autor del delito de Otros Fraudes, en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social, a la pena de ocho años de reclusión, más una multa de ciento cuatro mil seiscientos noventa y siete lempiras (L104,697.00), la primera deberá cumplirla en el centro penitenciario que sea determinado por el Juez de Ejecución y la segunda que deberá entregar en la fase de ejecución de la pena. Quinto: Absolvió al señor John Charles Bográn Velásquez del delito de cómplice de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de la Administración Pública. Sexto: Condenó al señor John Charles Bográn Velásquez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, así como a trabajar en obras publicas dentro y fuera del establecimiento penal. Séptimo: No procedió condenar costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Octavo: No procedió decretar el comiso. Noveno: Se declaró la responsabilidad civil de los condenados la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. Interpusieron los recursos de casación por: a) Quebrantamiento de Forma, el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, en su condición de defensor privado del señor Mario Roberto Zelaya Rojas; b) Infracción de ley y quebrantamiento de forma, los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, en su condición de defensores privados del señor José Ramón Bertetty Osorio; c) Infracción de ley y quebrantamiento de forma, el Abogado Allan Leonel Reyes Portillo, en su condición de defensor privado del señor John Charles Bográn Velásquez. Son Partes en la única instancia: Recurrente N°1, el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, en su condición de defensor privado del señor Mario Roberto Zelaya Rojas. Recurrente N°2, los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, en su condición de defensores privados del señor José Ramón Bertetty Osorio. Recurrente N°3, el Abogado Allan Leonel Reyes Portillo, en su condición de defensor privado del señor John Charles Bográn Velásquez. El Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público y el Abogado Guillermo Carlos Maradiaga, en su condición de procurador de la Procuraduría General de La República, éstos últimos como partes recurridas. Hechos Probados “PRIMERO: El treinta de agosto del año dos mil once, mediante resolución SEJD 12-30-08-2011, aprobada en sesión ordinaria número 35, la Junta Directiva del instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobó el reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, la cual fue ratificada en la sesión ordinaria número 37 de fecha 13 de septiembre de 2011. Dicho proyecto tenía como finalidad que los hondureños que residían y laboraban en el extranjero, se pudieran afiliar al IHSS. SEGUNDO: En sesión ordinaria número 36, de fecha cinco de septiembre del año dos mil once, la Junta Directiva del IHSS aprobó la realización de una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, que se realizaría del ocho al veintinueve de septiembre del año dos mil once y tenía como objetivo la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño y aprobó un presupuesto para dicha gira que ascendía a un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras (L 1,203,966.00), monto que incluía tanto los viáticos como los gastos de transporte de las personas que participarían en la gira. TERCERO: Fue así como el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, en su calidad de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ordenó el pago de viáticos a las personas que realizarían la gira indicada, de la siguiente manera: a) Mediante memorándum 6451-DE-IHSS, emitido el treinta de agosto de dos mil once, dirigido a Vivian Juárez, Jefa de Departamento de Tesorería, autorizó el retiro de fondos por la cantidad de 22,330.00 dólares, que corresponde al setenta por ciento de viáticos para los señores Héctor Hernández, Humberto Lara y SamirSiryi, quienes saldrían hacia Estados Unidos de América el 07 de septiembre de 2011 y regresarían el 29 de septiembre de 2011. Fue así como en fecha seis de septiembre del año dos mil once, se pagó al señor Héctor Hernández, la cantidad de 7,700 dólares (equivalentes a 145,975.83 Lempiras), se pagó al señor Humberto Lara el monto de 7,700 dólares (equivalentes a 145,975.83 Lempiras) y se pagó al señor Samir Siryi el monto de 6,930.00 dólares (equivalentes a 131,378.25 Lempiras). b) En la misma fecha treinta de agosto del año dos mil once, mediante memorándum 6530-DE-IHSS, el señor Mario Zelaya ordenó que se le pagara a su persona la cantidad de 6,000 dólares, equivalentes a 113,747.40 Lempiras, en concepto de viáticos para asistir a la gira mencionada. c) Mediante memorándum No. 6607-DE-IHSS, de fecha seis de septiembre del año dos mil once, el señor Mario Roberto Zelaya autorizó al Departamento de Tesorería, el retiro de fondos por la cantidad de 6,930 dólares que corresponde al 70% de los viáticos, a favor del doctor Gerardo Arturo Agüero Guevara, para asistir a la mencionada gira, monto que fue hecho efectivo a éste. d) En fecha siete de septiembre de dos mil once, mediante memorándum 6617-DE-IHSS, el señor Mario Roberto Zelaya autorizó al Departamento de Tesorería, el pago de viáticos al Javier Pastor por el setenta por ciento de viáticos, equivalentes a 7,700 dólares (equivalentes a 145,975.83 Lempiras), quien también asistiría a la mencionada gira. e) En fecha veintiséis de septiembre, mediante memorándum 7161-DE-IHSS, se ordenó el pago al señor Felicito Ávila por el setenta por ciento de viáticos, el monto de 1,500 dólares (equivalentes a 28,436.85 Lempiras), quien también asistiría a la gira antes indicada. CUARTO: Además de ordenar el pago de los viáticos, el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, junto con el señor JOSE RAMON BERTETTY, quien fungía como Director Administrativo y Financiero del IHSS, acordaron realizar la compra de los boletos sin realizar las respectivas cotizaciones exigidas en la Ley de Contratación del Estado, a pesar del conocimiento que tenían sobre esta regulación legal. Fue así como solicitaron los servicios de la Empresa J&J Travel and Tours, de la cual era socio el señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ, a pesar que dicha empresa no estaba certificada como proveedora del Estado, solicitándole al señor JOHN CHARLES BOGRAN, la venta de los boletos a nombre de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero que tenían el costo siguiente: a) El boleto del señor José Humberto Lara Enamorado tuvo un costo de L. 46,563.66, b) El boleto del señor José Samir Siryi Milla tuvo un costo de L. 46,563.66, c) El boleto del señor Héctor Hernández tuvo un costo de L. 36,930.54, d) El boleto del señor Javier Rodolfo Pastor Vásquez tuvo un costo de L. 13,467.80, e) El boleto del señor Gerardo Antonio Aguero tuvo un costo de L. 39,876.64. Todos los boletos tenían un valor total de ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos (L. 156,993.46). Además de solicitar la venta de estos boletos, los señores JOSE MARIO ZELAYA ROJAS Y JOSÉ RAMÓN BERTETTY, solicitaron al señor Bográn Velásquez, la compraventa de otros boletos para personas diferentes a quienes asistirían a la gira, y además le solicitaron que emitiera una factura por el valor de 1,203,966.00 Lempiras, sin incluir en dicha factura los nombres de todas las personas a cuyo favor se habían comprado los boletos, solamente indicando que los boletos habían sido comprados a favor de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, petición a la que accedió el señor John Charles Bográn Velásquez. QUINTO: Fue así que una vez emitidos los boletos, el señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ procedió a emitir la factura No. 001004, de fecha siete de septiembre del año dos mil once, por un valor de 1,203,966.00 Lempiras, en concepto de venta de los boletos aéreos de los señores Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, aunque en realidad dichos boletos solo habían tenido el costo de ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos (L. 156,993.46), por tanto, existía una diferencia en el valor de los boletos de un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L.1,046,972.54). SEXTO: Posteriormente, mediante Memorándum No. 7140-DE-IHSS de fecha 10 de octubre de 2011, el señor Mario Zelaya Rojas, instruyó al señor José Ramón Bertetty, como Gerente Administrativo y Financiero del IHSS, para que realizara los trámites correspondientes para el pago de la factura que había sido emitida por la Empresa JJ Travel& Tours, que se refería a los boletos aéreos para diferentes destinos de Estados Unidos de América, a favor de los señores Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández, y del señor Gerardo Aguiero, por un monto de Lps.1,203.966.00, no obstante que tenía pleno conocimiento que éste monto había sido aprobado tanto para los viáticos y gastos de transporte de las personas que acudirían a la gira, y por tanto debía acatar esta resolución, al tenor de lo que establece el artículo 27 numeral 3 de la Ley del IHSS, que le imponía la obligación de cumplir y hacer cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva del IHSS. En virtud de lo anterior, mediante Memorándum 6303-DE, de fecha once de octubre del año dos mil once, el señor JOSE RAMON BERTETTY ordenó a la Subgerencia de Presupuesto, que emitiera una orden de pago a favor de J&J Travel and Tours por la cantidad de un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras, para hacer efectivo el pago de la factura No. 001004, por el suministro de boletos aéreos para Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, orden que fue emitida por el señor Bertetty a pesar de saber que la resolución de la Junta Directiva establecía ese presupuesto para viáticos y boletos y que no se había realizado el procedimiento adecuado para la contratación. Fue así que en fecha once de octubre del año dos mil once, se emitió el cheque número 46491 de la cuenta No. 11103-01-000026-4 abierta en el Banco Central de Honduras a nombre del IHSS, a favor de JJ Travel and Tours por un monto de un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis lempiras (l 1,203,966.00) en concepto de pago por el suministro de los mencionados boletos aéreos, ocasionándose un perjuicio a los fondos del IHSS por un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L.1,046,972.54), ya que el valor de los boletos era por ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos (L. 156,993.46). Además de lo anterior, el IHSS también pagó en concepto de viáticos, la cantidad de ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con veinticuatro centavos (L. 842,868.24), por tanto, el costo de la gira en mención ascendió a un total de dos millones cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro Lempiras con veinticuatro centavos (L.2,046,834.24), excediéndose considerablemente el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para esta gira.”. Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurrente N°1 Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde Defensor Privado de Mario Roberto Zelaya Rojas. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “I.- Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Infracción por parte del juzgador de lo dispuesto en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal al inobservar en la valoración de la prueba, las reglas de la sana critica, como ser la Lógica, las Máximas de la Experiencia y la Psicología y sobre todo las Normas de Ponderación de la Prueba. De imperativa exigibilidad resulta para la defensa técnica personada en el caso sub judice, indicar que el presente encausamiento adolece de una diversidad de yerros interpretativos en lo que concierne a la Probanza esgrimida y debatida en el presente Juicio Oral y Público, que conculcan los derechos individuales reconocidos por la Carta Magna al Señor Mario Roberto Zelaya Rojas, es bajo esa irregular convicción en el criterio de valoración, que la defensa pretende desarrollar el Recurso de Casación que a continuación esboza en el libelo recursivo de marras. De los Hechos Declarados como Probados por el Tribunal Sentenciador No pretendiendo caer en una ineficaz cacofonía ni en una transliteración estereotipada de los hechos probados, he de efectuar un resumen puntual de los señalamientos que el ente colegiado estimo respecto de mi representado; en ese orden pragmático; he de indicar que la jurisdicción, enunció que el Treinta de Agosto del año Dos Mil Once, mediante resolución SEJD 12-30-08-2011, aprobada en sesión ordinaria numero 35 la junta directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aprobó el Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, la cual fue ratificada en la sesión ordinaria número 37 de fecha 13 de Septiembre de 2011, proyecto que tenía como finalidad que los hondureños que residían y laboraban en el extranjero se pudieran afiliar al IHSS. Igualmente el tribunal sentenciador esgrimió en sus hechos probados que como consecuencia de la aprobación del descrito Régimen, se acordó por la Junta Directiva del IHSS, la realización de una gira de trabajo en diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, la cual tendría un tiempo de duración comprendido entre el Ocho y Veintinueve de Septiembre del descrito año, con el propósito de socializar el descrito programa (Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño), siendo aprobado un presupuesto para dicha gira de Un Millón Doscientos Tres Mil Novecientos Sesenta y Seis Lempiras.- Como punto toral de la declaración de los hechos probados del fallo impugnado a través de este recurso extraordinario, esboza la sala Quinta del Tribunal de Sentencia; que mi representado el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, en su calidad de Director Ejecutivo del IHSS y el señor José Ramón Berteti en su condición de Director Administrativo y Financiero del IHSS, acordaron realizar la compra de los boletos, solicitando posteriormente los servicios de la Empres J & J Travel Tours, del cual era socio el señor John Charles Bogran Velasquez, ordenando mi representado el pago de viáticos a las personas que realizarían la gira, sin que se hubiesen efectuado las cotizaciones respectivas, en contravención con la Ley de Contratación del Estado. Básicamente la descripción lacónica, sin exhaustividad ni rigurosidad alguna en la apreciación del elenco probatorio ha sido el paradigma o estructura en el cual la terna de jueces sentenciadores estimaron la procedibilidad de una Condena en contra de mí representado, fallo que una vez analizado por la defensa y externalizado a través de este libelo impugnativo, erigirá bajo una postura objetiva a la Honorable Sala Penal, la errónea interpretación de la probanza que efectuó el ente sentenciador, interpretación con la que per se, descalifica los mecanismos y procedimientos legislados y estipulados en el derecho positivo vigente, maculando y quebrantando los Axiomas Procesales esgrimidos en la ley penal adjetiva, anulando y mancillando las orientaciones epistémicas del riguroso esquema que entraña el estudio, análisis y valoración del elenco de probanza, deslegitimándose por ende el papel de un Tribunal contralor y director del proceso al decantarse erróneamente por los falaces argumentos del Ministerio Públicos secundados por la pasiva actividad de la Procuraduría General de la República, la cual se limito en todo el proceso a esgrimir que estaba de acuerdo en lo expuesto por el ente fiscal, es en tal sentido que disentimos enérgicamente con la postura de los juzgadores por cuanto la sentencia impugnada, constriñe abruptamente los linderos de la ley para que no exista tutela judicial cayendo irremediablemente en total Inseguridad Jurídica; exposición que los suscritos abogados penalistas desarrollaremos puntualmente en este libelo, bajo los términos semánticos siguientes. Precepto Autorizante: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: En la valoración de la prueba, el juzgador flagrantemente viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, al atribuir valor legal a pruebas cuando estas develan per se la inexistencia de soporte factico para responsabilizar al señor Mario Zelaya Rojas de los delitos por los que fuere condenado.- Dicha violación se configura de la manera siguiente: Primero: Imperativo se torna en este momento procesal, hacer referencia puntual y taxativa de los elementos de probanza que el tribunal de forma Incorrecta y distorsionada utilizo para Condenar a mi representado, bajo en esa secuencia cronológica, la defensa de forma muy puntual tratara de exponer las incongruencias del ente sentenciador al analizar la prueba; tal es el caso del testimonio del Señor John Charles Bográn Velásquez, (hoy condenado en este proceso judicial) quien de forma amplia esbozo en el momento de declarar ante el tribunal, sobre la existencia de su empresa, el giro comercial de la misma, y las incidencias que le han ligado a este encausamiento, esgrimiendo de forma categórica e individualizando concretamente a la persona que le propuso el trato referente a la compra de los boletos aéreos, siendo este el señor José Zelaya Guevara, a quien afirmó haberle contactado en el mes de Julio del año 2011.- Este testimonio es sumamente importante por cuanto el hoy condenando al deponer ante el tribunal sentenciador desde el inicio hasta el final de su declaración bajo ninguna arista mencionó a mi representado el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, en el contexto de su testimonio esgrime cronologías circunscritas igualmente al Dos de Septiembre del año 2011, indicando que el mencionado José Zelaya Guevara, requería tales boletos con urgencia, fecha en la cual de igual forma le envió un correo electrónico indicando un cuadro con los viajes específicos entre las ciudades de Tegucigalpa, Nueva Orleans, Houston, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta y Miami. De suma importancia resulta el testimonio del señor Bográn Velásquez al indicar en parte de su testimonio que él nunca tuvo injerencia con algún director del IHSS y que no tenía ninguna relación con mi representado señor Mario Roberto Zelaya Rojas, ASÍ MISMO REFIRIENDO ESTE DEPONENTE QUE MARIO ZELAYA EN NINGÚN MOMENTO LE DIJO QUE TODOS ESOS BOLETOS EN LA MISMA FACTURA (ver último párrafo del interrogatorio); Ruego a la excelsa Sala Penal valorar estos puntos de vital importancia de este testimonio. Segundo: De la Valoración fragmentada de la Pericia realizada por la señora Patricia Montes Ortega. La Perito, afirmó haber laborado como asesora legal de la Oficina Normativa de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE), a quien sin ánimo de demeritar su estudio, he de exponer de forma respetuosa y prudente que el mismo se circunscribió básicamente a una clase de índole netamente académica, a esgrimir conceptos de la Propedéutica de lo que es el trámite administrativo de Contratación del Estado. Exposición que de alguna forma es Importante para esta defensa técnica, por cuanto devela extremos que per se descalifican la imputación del Ministerio Público por cuanto develo la Inexactitud de la investigación, la poca prolijidad impelida en la búsqueda de la información, los desatinos expuestos en la acusación por la somera y muy superficial indagación.- Veamos a profundidad mi exposición en cuanto a este elemento de prueba, apreciemos Honorable Sala Penal, la inconsistencia de la perito al referir en el preámbulo de su deposición el termino semántico "SI EL VALOR REAL DE LOS BOLETOS HUBIERA SIDO L.1,203,966.00 DEBIÓ HACERSE UNA LICITACIÓN PÚBLICA" entendemos por lógica común que la misma perito no poseyó en el momento de declarar en juicio, la convicción real del valor económico de los descritos boletos, en consecuencia la perito se limito como reitero a dos extremos conocidos a) A pronunciarse sobre aspectos académicos de lo que debe ser una contratación y h) A develar la ineficaz e incompleta investigación del Ministerio Público en este proceso; valga la aclaración que de igual forma la perito en el contenido de su deposición EXCLUYÓ TOTALMETE AL SEÑOR MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS DE CUALQUIER ACTO LIGADO CON ESTA COMPRA, PUES AFIRMÓ HABERLE CONOCIDO DESPUES DE ESE PROCESO. Otro aspecto digno de destacar, lo es en el punto preciso que la deponente afirma que quien se comunicó con ella fue el señor José Zelaya, indicando taxativamente "Me dijo que necesitaba una factura con un valor especifico, me dijo que el ya tenía eso cuadrado y que no me preocupara y que se me iba a pagar, que sólo me limitara a poner los nombres ya que él se iba a ocupar del procedimiento administrativo de la gestión de factura y que tesorería pudiera emitir dicho cheque". En conclusión la perito, jamás pudo vincular a mi representado en la comisión de algún acto delictivo relacionado con los tipos penales por los cuales se le condeno, a contrario sensu, demarco con énfasis que él mismo no tuvo acercamiento con su persona. Tercero: De la Vasta Documentación aportada al proceso. Considero de la forma más respetuosa, que debe reverenciar íntegramente el Principio de la Carga de la Prueba, el cual indica que corresponde al ente acusador probar todos y cada uno de los argumentos de culpabilidad que señalo contra mi representado, no es suficiente argumento para enunciar responsabilidad penal contra mi representado el solo hecho de aportar la tan voluminosa cantidad de documentos que por sí solos no develan ápice alguno de participación en alguna conducta delictiva; la probanza aportada por el ente fiscal no enerva desde ninguna perspectiva el estado de inocencia de Mario Zelaya Rojas, por más esfuerzo que se ha dado resultó imposible sustentar la acusación puesto que ningún elemento de probanza fue proclive para vincular a mi representado. Hermenéutica de la Defensa Muy puntualmente he de referirme respecto de los extremos de la Sentencia Condenatoria que hoy se impugna a través de este mecanismo recursivo; aprecio con sumo estoicismo que la intención de acusar a mi representado de la responsabilidad de estos actos obedece a la filosofía represiva de un Estado, el cual valga la aclaración no es de derecho sino un Estado Policiaco/Militarizado, en el cual ya no impera la supremacía de la Constitución de la República, ni tampoco el respeto de la dignidad humana, extremos develados en este nefasto encausamiento; hago la Interrogante ¿Qué pruebas valoró el Tribunal de Sentencia para Condenar a Mario Zelaya Rojas, cuando el elenco probatorio le exonera categóricamente de toda responsabilidad?, así lo define la prueba de cargo, así lo describe la verdad real obtenida. Analizaremos muy puntualmente el tipo penal de Abuso de Autoridad, por el cual fue condenado el Señor Mario Roberto Zelaya Rojas: Tipo básico definido y regulado en el artículo 349 numeral 2 del Código Penal, que ad literam esboza "Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: l)....2)Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos". Considera la defensa técnica, que la norma penal sustantiva aplicada en el caso sub judice fue totalmente errónea al calificarse por el tribunal sentenciador, en primer término no puede aplicarse el tipo penal sino y sólo a través de un prolijo estudio intelectivo del elemento del Dolo, extremos sobre los cuales el tribunal no se pronuncio de forma alguna; no existió una valoración objetiva del elemento cognitivo y volitivo del mismo, para concluir que el resultado obtenido fue bajo la premeditación del justiciable, a contrario sensu existen aspectos que fehacientemente excluyen la responsabilidad de mi representado, siendo estos: a) Partamos de un hecho real y tangible, verosímil en toda su apreciación fáctica, mismo que describió como hecho probado el tribunal sentenciador en su fallo, al aseverar que el día Treinta de Agosto del año Dos Mil Once, mediante resolución SEDJ 12-30-08-11, APROBADA EN SESIÓN ORDINARIA numero 35 la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social, aprobó el reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, el cual fue ratificado en la sesión ordinaria numero 37 de fecha 13 de Septiembre de 2011. b) Mi representado en su condición de Director Ejecutivo del IHSS DELEGÓ la ejecución de tal reglamento en las personas que en el organigrama de la institución deberían cumplir con tal labor. c) El trámite administrativo que conllevó la compra de los boletos, NO ESTUVO A CARGO DE MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. d) Ha quedado evidenciado que la aprobación de la compra de los descritos boletos pasó un riguroso filtro administrativo hasta finalizar en el Departamento de Tesorería del IHSS, procedimientos y fases en las cuales no intervino mi representado. Del contenido de la descripción normativista, comprendemos que no se consolida ningún Verbo Rector del tipo endilgado y por el cual se emitió condena, en consecuencia no existe exhaustividad meridiana para poder haber calificado ese tipo penal, el contenido de la norma penal sustantiva Indica con puntualidad, Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídico, la resolución que se ejecutó por la Junta Directiva concernía a un viaje para socializar el régimen ya descrito, siendo esta una de las facultades del órgano colegiado del IHSS, para tal efecto, no develando mi representado dolo alguno que pueda atribuírsele, la conducta del mismo se limitó a dos circunstancias conocidas 1) Haber estado presente en la aprobación y ratificación del reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño y 2) Delegar el cumplimiento de la diligencia a sus funcionarios de confianza, calificados dentro del Organigrama Administrativo del IHSS como tales, no a su apreciación subjetiva o antojadiza. Es imposible que se atribuya una conducta de esta naturaleza por el simple hecho de haber sido mi representado el Director Ejecutivo de la institución, es Imposible que el mismo sea omnipresente y se pretenda que pudiese haber dado solución y respuesta todas las gestiones que se demandaban, por ello existe la delegación de funciones, expuestas en el cuadro sinóptico del elemento humano que nutre el IHSS, acá en este acápite preciso por la naturaleza de la situación es advertir que la Responsabilidad Penal, es personalísima, mi representado acorde a la propia prueba de cargo no tuvo ninguna otra participación en la compra de tales boletos más que la de haber precedido como mayor autoridad del instituto la sesión en la cual se aprobó y ratifico el mencionado reglamento. De la Condena por el Delito de Violación de los Deberes de los Funcionarios en Concurso Medial con un Delito de Fraude: Esta definición no es más que, la forma de determinación de la pena que se produce en los casos en que una actuación delictiva constituye dos o más delitos, siendo uno de ellos un medio imprescindible para cometer otro.- En estos casos, la pena se calcula conforme al Principio de Asperación, es decir, se impone a pena correspondiente a la infracción más grave en su mitad superior sin que esta pueda superar la suma de las penas que le correspondería aplicar a cada delito por separado. Imprescindible resulta indicar que el Tribunal Sentenciador en el parágrafo en el que expone condenar a mi representado bajo esta modalidad, efectuó un escueto estudio limitado a cuatro renglones al describir "se han violado los deberes de los funcionarios para cometer el fraude en perjuicio del Estado, puesto que era precisamente por su carácter de funcionarios que se valían para realizar la defraudación a las arcas del Estado". Es este, Honorable Sala Penal, el estudio intelectivo del tribunal para estimar que ha existido el delito por el que se condena; esto es aberrante puesto que se pretende amalgamar el contenido del artículo 376 del Código Penal "El funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico en que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o Indirecta, en los beneficios que producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis (6) a nueve (9) años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión", con ningún soporte probatorio que enuncie, describa o descubra algún acto ilegal ejecutado por mi representado, más aun al indicar la jurisdicción que la compra de los boletos aéreos por un sobre precio distinto a la cotización del mercado local; preciso es indicar por su alta relevancia, que en todo el proceso jamás fue introducido ni admitido como medio probatorio alguno las cotizaciones de los boletos, no existe aportada prueba alguna que sea proclive a legitimar la existencia de la tasación de otros precios por otras agencias de viaje, en consecuencia el tribunal valoró pruebas que no existieron lo cual es una arbitrariedad absoluta. Estimo que este Injusto penal, no está acreditado por ninguna conceptualización, es más la prueba de cargo descalifica la argumentación del ente acusador e igualmente la del tribunal puesto que la probanza como ser la declaración de John Charles Bogan como la pericia de la señora Holanda Patricia Montes Ortega, excluyen de toda participación en estos hechos al señor Mario Roberto Zelaya Rojas, no existe ningún elemento de prueba o indiciario que señale mínimamente a mi representado como lo pretende de forma abrupta ver el tribunal. Ruego a Vos, Honorable Sala Penal para que con la sapiencia y erudición se emita una resolución justa, casando la sentencia que deslegitima el Estado de Derecho y la seguridad jurídica del pueblo hondureño.” Recurrente N°2 Abogados Rene Altamirano y Farabundo Murillo Godoy Defensores privados de José Ramón Bertetty Osorio. Recurso de Casación por Infracción de Ley “PRIMER MOTIVO INFRACCION DE LEY SUSTANTIVA Se reclama la infracción a los artículos 349 numeral 3 y 376 del Código Penal, la infracción se sucede por aplicación indebida. Explicación El Tribunal declaro como hechos probados los siguientes: PRIMERO: El treinta de agosto del año dos mil once, mediante resolución SEJD 12-30-08-2011, aprobada en sesión ordinaria numera 35, La Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobó el reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, la cual fue ratificada en sesión ordinaria número 37 de fecha 13 de septiembre de 2011. Dicho proyecto tenía como finalidad que los hondureños que residían y laboraban en el extranjero, se pudieran afiliar al IHSS. SEGUNDO: En sesión ordinaria número 36, de fecha cinco de septiembre del año dos mil once, la junta Directiva del IHSS aprobó la realización de una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, que se realizaría del ocho al veintinueve de septiembre del año dos mil once y tenía como objetivo la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño y aprobó un presupuesto para dicha gira que ascendía a un millón doscientos mil novecientos sesenta lempiras (L.1,203,966.00) monto que incluía tanto los viáticos como gastos de transporte de las personas que participarían en la gira. TERCERO: Fue así como el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, en su calidad de Director Ejecutivo del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), ordeno el pago de ciáticos a las personas que realizaría la gira indicada de la siguiente manera: a) Mediante memorándum 6451-DE-IHSS, emitido el treinta de agosto de dos mil once, dirigido a Vivian Juárez, Jefa de Departamento de Tesorería, autorizó el retiro de fondos por la cantidad de 22,330.00 dólares, que corresponde al setenta por ciento de viáticos. para los señores Héctor Hernández, Humberto Lara y Samir Siryi, quienes saldrían hacia Estados Unidos de América el 07 de septiembre del año 2011. Fue así como en fecha seis de septiembre del año 2011, se pagó al señor Héctor Hernández, la cantidad de, se pagó al señor Humberto Lara el monto de 7,700 dólares (equivalentes a 145,975.83 Lempiras) y se pagó al señor Samir Siryi el monto de 6,930dólares (equivalentes a 131,378.25 Lempiras). b) En la misma fecha treinta de agosto del año dos mil once, mediante memorándum 6530-DE-IHSS, el señor Mario Zelaya ordenó que se le pagara a su persona la cantidad de 6,000 dólares, equivalentes a 113,747.40 Lempiras, en concepto de viáticos para asistir a la gira mencionada. c) Mediante memorándum No. 6607-DE-IHSS, de fecha seis de septiembre del año dos mil once, el señor Mario Roberto Zelaya autorizó al departamento de Tesorería, el retiro de fondos por la cantidad de 6,930 dólares que corresponde al 70% de los viáticos, a favor del doctor Gerardo Arturo Agüero Guevara, para asistir a la mencionada gira, monto que fue hecho efectivo a éste. d) En fecha siete de septiembre de dos mil once, mediante memorándum 6617-DE-IHSS, el señor Mario Roberto Zelaya autorizó al departamento de Tesorería, el pago de viáticos a Javier Pastor por el setenta por ciento de viáticos, equivalentes a 7,700 dólares (equivalentes a 145,975.83 Lempiras), quien también asistiría a la mencionada gira. e) En fecha veintiséis de septiembre, mediante memorándum 7161-DE-IHSS, se ordenó el pago al señor Felicito Ávila por el setenta por ciento de viáticos el monto de 1,500 dólares (equivalentes a 28,436.85 Lempiras), quien también asistiría a la gira antes indicada. CUARTO: Además de ordenar el pago de los viáticos el señor Mario Roberto Zelaya Rojas, junto con el señor José Ramón Bertetty, quien fungía como Director Administrativo y Financiero del IHSS, acordaron realizar la compra de los boletos sin realizar las respectivas cotizaciones exigidas en la Ley de Contratación del Estado, a pesar del conocimiento que tenían sobre esta regulación legal. Fue así como solicitaron los servicios de la Empresa J&J Travel And Tour, de la cual era socio el señor John Charles Bográn Velásquez, a pesar que dicha empresa no estaba certificada como proveedora del Estado, solicitándole al señor JOHN CHARLES BOGRAN, la venta de los boletos a nombre de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héstor Hernández y Gerardo Agüero que tenían el costo siguiente: a) El boleto del señor José Humberto Lara Enamorado tuvo un costo de L. 46,563.66. b) El boleto del señor José Samir Siryi Milla tuvo un costo de L. 46,563.66, c) El boleto del señor Héctor Hernández tuvo un costo de L. 36,930.54, d) El boleto del señor Javier Rodolfo Pastor Vásquez tuvo un costo de L. 13,467.80, e) El boleto del señor Gerardo Antonio Agüero ruso un costo de 39,876.64. Todos los boletos tenían un valor total de ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos L. 156,993.46). Además de solicitar la venta de los boletos, los señores José Mario Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty, solicitaron al señor Bogran Velásquez, la compraventa de otros boletos para personas diferentes a quienes asistirían a la gira, y además le solicitaron que emitiera una factura por el valor de 1,203,993.00 Lempiras, sin incluir en dicha factura los nombres de todas las personas a cuyo favor se habían comprado los boletos, solamente indicando que los boletos habían sido comprados a favor de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, petición a la que accedió el señor John Charles Bogran Velásquez. QUINTO: Fue así que una vez emitido los boletos, el señor John Charles Bogran Velásquez procedió a emitir la factura No. 001004, de fecha siete de septiembre del año dos mil once, por un valor de 1,203,966.00 Lempiras, en concepto de venta de los boletos aéreos de los señores Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hérnandez y Gerardo Agüero, aunque en realidad dichos boletos solo habían tenido el costo de ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos (L.156,993.46), por tanto existía una diferencia en el valor de los boletos de un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos Lempiras con cincuenta y cuatro centavos (l. 1,046,972.54). SEXTO: Posteriormente, mediante memorándum No. 7140-DE-IHSS de fecha 10 de octubre de 2011, el señor Mario Zelaya Rojas, instruyo al señor José Ramón Bertetty, como Gerente Administrativo y Financiero del IHSS, para que realizara los trámites correspondientes para el pago de nla factura que había sido emitida por la Empresa J&J Travel Tours, que se refería a los boletos aéreos para diferentes destinos de Estados Unidos de América, a favor de los señores Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y el señor Gerardo Agüero, por un monto de Lps.1,203,966.00, no obstante que tenía pleno conocimiento que este monto había sido aprobado tanto para los viáticos y gastos de transporte de las personas que acudirían a la gira, y por tanto debía acatar esta resolución, al tenor de lo que establece el artículo 27 numeral 3 de la Ley del IHSS, que le imponía la obligación de cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta Directiva del IHSS. En virtud de lo anterior, mediante Memorándum 6303-DE. De fecha once de octubre del año dos mil once, el señor José Ramón Bertetty ordenó a la Subgerencia de Presupuesto, que emitiera una orden de pago a favor de J&J Travel And Tours por la cantidad de un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras, para hacer efectivo el pago de la factura No. 001004, por el suministro de boletos aéreos para Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, orden que fue emitida por el señor Bertetty a pesar de saber que la resolución de Junta Directiva establecía ese presupuesto para viáticos y boletos y que no se había realizado el procedimiento adecuado para la contratación. Fue así que en fecha once de octubre del año dos mil once, se emitió el cheque número 46491 de la cuenta No.11103-01-000026-4 abierta en el Banco Central de Honduras a nombre del IHSS, a favor de JJ Travel and Tours por un monto de un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras (L. 1,203,966.00) en concepto de pago por el suministro de los mencionados boleto aéreos, ocasionándose un perjuicio a los fondos del IHSS por un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos Lempiras con cincuenta y cuatro centavos L. 1,046,972.54), ya que el valor de los boletos era por ciento cincuenta seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis centavos (L. 156,993.46). Además de lo anterior, el IHSS también pagó en concepto de viáticos, la cantidad de ochocientos cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con veinticuatro centavos L. 842,834.24), por tanto, el costo de la gira en mención ascendió a un total de dos millones cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro Lempiras con veinticuatro centavos (L. 2,046,834.24), excediéndose considerablemente el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para la gira. El recurrente entiende que debe respetar los hechos declarados como probados A efecto de fijar un parámetro en el presente recurso, ruego a los honorables magistrados advertir que en los hechos declarados probados, la actividad imputada a mi representado y que fundamenta el fallo condenatorio por tres delitos es: QUE RECIBIO EL MEMORANDUM 7140-DE-IHSS EL 10 DE OCTUBRE DE 2011 DONDE EL DIRECTOR LE INSTRUYE PARA QUE REALICE LOS TRAMITES CORESPONDIENTES PARA EL PAGO DE LA FACTURA DE JJ TRAVEL & TOUS Y JOSE RAMON BERTETY A SU VEZ EMITE EL MEMORANDUN 6303-DE DIRIGIDA AL SUBGERENTE DE PRESUPUESTO SEÑOR SAMIR SIRYI PARA QUE CONTINUARA EL TRAMITE PETICIONADO POR EL DIRECTOR QUE CONSISTIA EN PAGAR LA ORDEN DE COMPRA DE LOS BOLETOS.- Los boletos fueron emitidos el 6 de septiembre de 2011 y el viaje se realizó entre el 8 y el 11 de septiembre del año 2011, es decir que para cuando mi representado emite el memorándum por el que está acusado, había transcurrido un mes después de realizado el viaje y tal y como consta en la prueba ejecutada se había emitido una orden de compra que fundamentaba el tramite interno.- La única actividad que realizo Bertety, fue continuar el trámite que le ordenan en el memorándum del director.- EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO.- En relación con la aplicación indebida del articulo 349 numeral 3 del código penal.- Establece el artículo 349 numeral 3 que: Sera castigado con reclusión de 3 a 6 años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado que: numeral 3. Omita, rehuse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo. Honorables magistrados en ninguno de los hechos declarados probados se establecen los deberes atinentes al cargo de Gerente administrativo y financiero del Instituto Hondureño de Seguridad Social, por tanto ese extremo debía probarse, si los honorables magistrados leen la prueba ejecutada y valorada advertirán que no se ejecutó prueba al respecto, en otro sentido al revisar la motivación descrita en la sentencia en la parte atinente a la valoración de la prueba a la altura de la página 41 se argumenta en la sentencia: "pues siendo que el valor real de los boletos no era superior a los doscientos mil lempiras, siempre era exigible hacer al menos tres cotizaciones, lo que se requiere precisamente para salvaguardar los intereses del estado, a los cuales se debían los mencionados imputados, por ello el tribunal estima que el delito que en este caso concurre es el de violación de los deberes de los funcionarios," en principio la conducta descrita en el hecho probado no se subsume el tipo penal y en segundo lugar según la valoración le es exigible al gerente administrativo y financiero realizar las cotizaciones de las compras del IHSS... ABSURDO. Esa no es una atribución del gerente, esa actividad le corresponde al departamento de compras y eventualmente a una comisión de licitación del IHSS. SEGUNDO.- En relación con la infracción al artículo 376 que contiene el delito de Fraude.- Establece el artículo 376 " el funcionario o empleado público que en razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con el mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta en los beneficios qu8e puedan producir tales asuntos o use cualquier otro artificio, con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de 6 a 9 años, mas inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la reclusión". Al descomponer el tipo penal, resulta claro, que en los hechos probados no se contienen los elementos que componen el mismo y por tanto la conducta descrita en los hechos probados es atípica. Los Elementos del tipo contenidos en el artículo 376 del código penal se describen asi; a) El agente debe ser funcionario o empleado público = se cumple. b) Que participe en un acto jurídico en que tenga interés el estado =Este requisito no se cumple, la actividad descrita en el hecho probado que se relaciona en la sentencia para fundamentar el fallo acerca de la existencia de fraude, NO ES UN ACTO JURIDICO, en mi opinión, cuando el legislador dice "cualquier acto jurídico" no se refiere a cualquier acto, sino que la calificación de acto jurídico, está referido a una actuación en los órganos jurisdiccionales o sea actuaciones propias del ámbito judicial, por otra parte, acudiendo a la fundamentación expuesta en la sentencia, en las paginas 41 y 42 correspondiente a la valoración, en el primer párrafo de de la pagina 42, dice: "el otro acto lo ejecuta el señor Bertety, quien emite la orden de pago, al respecto 2 cosas: una.- Ramon Bertety no emitió orden de pago y dos.- de ser asi, o sea que la hubiera emitido, emitir una orden de pago no es un acto jurídico, es una acción administrativa, en todo caso, en los hechos probados, no se declara probado que Ramon Bertety haya emitido una orden de pago. Honorables magistrados, reitero que la única prueba ejecutada en juicio, es que mi representado recibió un memorándum y emitió otro memorándum para que continuara el tramite.- al respecto es importante destacar que Bertety, envía la documentación al sub-Gerente de Presupuesto señor Jose Samir Siryi, era este señor en razon de su cargo, quien debía determinar: si este gasto estaba dentro del presupuesto o por el contrario, parar el tramite porque ese gasto estaba fuera del presupuesto, de acuerdo al resultado yo entiendo que el gerente de presupuesto le dio curso al tramite y finalmente se pago. ¿para que sirve el sub-gerente de presupuesto, si no controla la reserva presupuestaria?, el señor Jose Samir Siryi, nunca fue acusado, su actividad no fue perseguida, a cambio se acusa a Bertety, he aquí la manipulación del proceso, para librar a unos y atribuir la responsabilidad a otros. c) El otro elemento es que se ponga de acuerdo con los interesados, en los hechos se describe que JOSE MARIO ZELAYA ROJAS Y JOSE RAMON BERTETY, solicitaron a Bogran Velasquez la compraventa de otros boletos para personas diferentes a quienes asistirían a la gira, este hecho probado es contradictorio con la fundamentación de ese delito, pues en la pagina 42 (donde se describe la fundamentación) se dice que no le creen a Bogran la participación de JOSE ZELAYA y que el participante es el Director Mario Roberto Zelaya, ademas no hubo ningún medio de prueba que acreditara un acuerdo entre Bertety y el señor Bogran. d) El otro elemento es que el acuerdo tenga como propósito favorecer a un tercero.- Los hechos probados no describen quien fue favorecido, en la pagina 42 de la sentencia se establece, que Mario Zelaya y Bertety obtuvieron un provecho para si mismos, durante el juicio no se evacuo prueba que indique que Jose Ramón Bertety haya recibido algún beneficio relacionado con este hecho.- Como los honorables magistrados pueden advertir de la simple lectura de los hechos probados se deduce que no se encuentran los elementos típicos del delito de Fraude sancionado en el articulo376 del Codigo Penal, esto se traduce en una infraccion de ley sustantiva y es el reclamo que hago como recurrente. El Perjuicio: La aplicación indebida de los artículos 349 numeral 3 y 376 del código penal produce un fallo condenatorio a mi representado, la aplicación correcta debió producir sentencia absolutoria.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “SEGUNDO MOTIVO QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRECEPTO AUTORIZANTE. ARTICULO 362 NUMERAL 3 DEL CODIGO PROCESAL PENAL.- La sentencia carece de motivación fáctica y jurídica, la motivación existente es contradictoria e insuficiente y en la valoración de la prueba no se observaron la reglas de la sana critica.- EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO.- el artículo 338 del Código Procesal Penal, sección cuarta numeral 2, la ley procesal establece la posibilidad de dictar un fallo condenatorio fundamentado en indicios, sin embargo se establece la obligación de describir el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente probados. En la sentencia se dicta fallo condenatorio por 3 delitos, los 3 por presunción indiciaria, pero en ninguna parte de la sentencia se indica cuales fueron los indicios probados que se utilizaron, tampoco se describe como es que se probaron estos indicios En el hecho probado numeral cuarto (pagina 20) dice que Mario Roberto Zelaya y Jose Ramon Bertety acordaron realizar compra de boletos sin realizar las respectivas cotizaciones exigidas por la ley, no se ejecuto ningún medio de prueba que acreditara que los acusados hicieran ese acuerdo, el tribunal lo tiene como probado por indicios, la sentencia explica que ese hecho probado sustenta el fallo condenatorio por el delito de violación de los deberes de los funcionarios, en la pagina 41 y 42 se explica que la acción seria no hacer 3 cotizaciones, en la página 42 el tribunal dice que si bien el señor Bogran refiere que fue otra persona quien le solicito alterar el precio, lo probado en juicio es que las personas que emitieron la órdenes de pago fueron Mario Zelaya y Jose Bertety, ¿Cuáles órdenes de pago? En el juicio no se evacuo ningún documento que fuese una orden de pago, en la página 26, donde se valora la declaración de John Charles Bogran, el tribunal dice que como la factura de JJ Travel & tours coincide con el valor aprobado por la junta directiva del IHSS, eso denota un arreglo entre el vendedor y los acusados, ESTE NO ES UN INDICIO PROBADO, porque bien pudo el señor Jose Zelaya darle ese dato al señor Bogran, lo cual sería un contra-indicio, no se acredito que hubiese una comunicación previa a la compra de boletos entre mi cliente y el señor Bogran, si se acredito en la evacuación de correos electrónicos comunicación de Jose Zelaya y Jose Samir Siryi con el señor Bogran, lo cual también seria un contra-indicio. No hay prueba indiciaria, ni directa de que mi cliente acordara algo con el señor Bogran SEGUNDO.- Siempre en el numeral cuarto de los hechos probados, en el párrafo tercero se declara probado que mi representado el señor Bertety y Jose Zelaya, solicitaron al señor Bogran Velásquez la compra de otros boletos para personas diferentes de quienes asistirían a la gira. En relación con este punto solo se efectuó una prueba en juicio: La declaración de Charles Bogran, pero este si bien dijo que José Zelaya le había solicitado boletos para otras personas, NO dijo que bertety le haya hecho tal solicitud o que bertety estuviera presente cuando le solicitaron eso, de manera que al no haber prueba directa, se llego a esa conclucion por indicios, en la pagina 26 donde se valora la declaración del señor Bogran, la sentencia dice que si bien es cierto que Bogran no ha mencionado en su trato a los acusados y quiere hacer creer que su trato fue con Jose Zelaya, para el tribunal eso es una estrategia para favorecerlos. O sea que no cree que Jose Zelaya fue quien hizo el trato, pero en el hecho probado dice que Jose Zelaya con Bertety, pidieron los otros boletos. Aquí no se describen los indicios utilizados para llegar a la conclusión que Bertety solicito otros boletos, tampoco se relaciona algún indicio probado. Aquí también la sentencia viola un principio lógico de contradicción, pues si los jueces no le creen a Bogran que quien pidió los otros boletos fue Jose Zelaya el Jefe de Compras del IHSS, como es que declaran probado que Jose Zelaya pidió los boletos y agregan como probado que lo hizo con Bertety TERCERO.- Motivación Insuficiente.- Como se ha descrito en la sentencia demostró que el seños Jose Ramon Bertety recibió un memorándum de parte del director donde se le instruía hacer los tramites para pagar la orden de compra de los boletos, a su vez y como corresponde a su trabajo remitió atravez de un memorándum el tramite de pago al señor JOSE SAMIR SIRYI, quien ostentaba el cargo de Sub-gerente de presupuesto, el señor Siryi era quien debía determinar si esa compra estaba presupuestada, si el precio correspondía y el lógico asumir que sabia de los precios, puesto que probado esta que fue una de las personas que viajo a los Estados Unidos de Norteamerica, de otra firma es obligatorio preguntarse ¿PARA QUE TIENE EL IHSS UN SUB-GERENTE DE PRESUPUESTO?, si esa fuese una obligación de la Gerencia Financiera, no existiría un sub-gerente de presupuesto. Asi mismo corresponde otra pregunta ¿a que viajo el sub-gerente de presupuesto en la gira a USA., ¿ no seria para atender el- tema de presupuesto de este programa?, si la obligación de ejercer el control presupuestario era de Jose Ramon Bertety, ¿ por qué no viajo Bertety a Estados Unidos?, el argumento para condenar a Bertety es que se presupuesto un monto y se gasto más de lo presupuestado, en la PRESENTE SENTENCIA NO MOTIVA ESE TEMA, es decir no se establece porque el subgerente de presupuesto no rechazo el tramite o le informo a su superior el desajuste presupuestario que suponía esta compra, en la sentencia olímpicamente se responsabiliza a Bertety y se libera de responsabilidad a quien devenía en la obligación de ejercer control del presupuesto del IHSS.- CUARTO.- Tambien constituye una motivación contradictoria, la forma como el tribunal valora el medio de prueba enumerado 3.36, en el ultimo párrafo de la pagina 37. La defensa del señor Bogran evacuo como medio de prueba, varios correos electrónicos para acreditar como se solicitaron los boletos por parte del jefe de compras Jose Zelaya y Jose Samir Siryi a la Empresa JJTravel & Tours, estas comunicaciones también fueron descritas en la declaración del señor Bogran o sea es prueba corroborada con otra prueba, en la pagina 38 al hacer la valoración de la misma, la sentencia dice: que estos correos no son aptos para descartar la participación del encartado(Charles Bogran) mas bien evidencia que si existió comunicación entre Bogran y una persona, realizando un intercambio de información respecto a los boletos solicitados. Pues bien, si se acepta que Bogran tuvo comunicación con una persona que no la quieren mencionar pero que es el jefe de compras José Zelaya, como se determina en los hechos Probados, que fue Mario Zelaya y Bertety quienes acordaron (ver hecho probado cuarto) realizar la compra de los boletos, ESTO ES INEXPLICABLE. En la sentencia debió explicarse como se Admite que el Jefe de Compras Jose Zelaya solicito los Boletos pero se condena a: Bertety por solicitar a Bogran la compra venta de los Boletos. Aquí es evidente la motivación contradictoria de la sentencia que es parte la lógica en el sistema de la Sana Critica, si los boletos los solicito el jefe de compras, luego entonces no los solicito Bertety y Contrariu - Sensu, ambas afirmaciones no pueden ser ciertas porque una excluye a la otra. QUINTO.- Motivacion Contradictoria, Ruego a los honorables magistrados la lectura del párrafo primero de la pagina 41 de la sentencia " Sobre tal imputación estima el tribunal que no seguir un procedimiento establecido legalmente, lo constituye la realización de una acción, sino precisamente todo lo contrario es una omisión, por tanto la misma se subsume en el articulo 349 numeral 3 del Codigo penal, que consiste en omitir los deberes que su cargo le impone, sin embargo esta omisión no puede considerarse una acción al mismo tiempo, consecuentemente, por lo que se desestima la existencia de otro delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios, ya que al analizar la prueba en su conjunto se desprende que los señores Zelaya Rojas y Bertety Osorio, eran funcionarios y por supuesto tenían la obligación de seguir el procedimiento de contratación que señala la ley de Contratación del Estado, independientemente que existiese un procedimiento interno, tal como ha sido revelado durante el juicio, pues siendo que el valor real de los boletos no era superior a los doscientos mil lempiras, siempre era exigible hacer al menos tres cotizaciones, lo que se requiere precisamente para salvaguardar los intereses del estado, a los cuales se debían los mencionados imputados, por ello, el Tribunal estima que el delito que en este caso concurre es el de violación de los deberes de los funcionarios. Como es que primero el tribunal dice que se desestima la existencia de violación de los deberes de los funcionarios y luego dice que el delito que concurre es el de violación de los deberes de los funcionarios. ¿hay o no hay delito de violación de los deberes de los funcionarios. SEXTO.- Falta de Motivación, en relación con el precio de los boletos. El tribunal en la etapa de saneamiento declaro la nulidad de la pericia que el ministerio publico presento para acreditar el precio de los boletos, no se ejecuto ningún medio de prueba que determinara el precio real de los boletos, se presento una cotización de la empresa American Airlines, pero este documento establece que no pueden dar el precio de una tarifa de fecha anterior y el documento esta fechado el 2014, luego este documento lo que dice es que no se puede determinar el precio, sin embargo el tribunal estableció precio de los boletos y determino que los boletos comprados están sobrevalorados, la sentencia no explica el razonamiento con el que el tribunal determino el precio real, si no se conoce el valor real de una cosa como se puede determinar que esta sobrevalorada? EL RECLAMO.- Respecto a la obligación contenida en el artículo 363 del Código Procesal Penal, en el sentido de señalar el reclamo que se haya hecho para subsanar el vicio, señalo que el vicio se produce en la Sentencia Definitiva, razón por la cual, el reclamo lo constituye el presente recurso. EL PERJUICIO.- Los vicios enunciados en el presente Recurso le causan perjuicio a mi representado, ya que si la sentencia se hubiera dictado conforme a derecho, debió dictarse Sentencia Absolutoria.” Recurrente N°3. Abogado Allan Leonel Reyes. defensor privado de John Charles Bográn Velásquez. Recurso de Casación por Infracción de Ley “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en Infracción de Ley o de Doctrina legal, por Aplicación Indebida del Artículo 242 Numeral 5 del Código Penal Vigente de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO El quo en el fallo en estudio declaró expresa y terminantemente como hechos probados los siguientes: Aclaro que me referiré solo a aquellos hechos probados que tienen relación directa con mi defendido.- HECHO PRIMERO: El día treinta de agosto del año 2011, mediante Resolución SEJD 12-30-08-2011, aprobada en sesión ordinaria numero 35, la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobó el Reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, la cual fue ratificada en la Sesión Ordinaria Numero 37 de fecha 13 de septiembre de 2011.- Dicho proyecto tenia como finalidad que los hondureños que residían y laboraban en el extranjero se pudieran afiliar al IHSS.- HECHO SEGUNDO: En sesión ordinaria numero 36, de fecha cinco de septiembre del año 2011, la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), aprobó la realización de una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, que se realizaría del ocho al veintinueve de septiembre del año Dos mil once, y tenia como objetivo la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño y aprobó un presupuesto para dicha gira que ascendía a un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras (L.1,203,966.00) monto que incluía tanto los viáticos como los gastos de transporte de las personas que participarían en la gira (letras negrillas y subrayadas nuestras).- HECHO CUARTO: En el Párrafo Segundo: fue así como solicitaron los servicios de la Empresa JJ Travel And Tours, de la cual era socio el Señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ, a pesar que dicha Empresa no estaba certificada como proveedora del Estado, solicitándole al Señor JOHN CHARLES BOGRAN la venta de los Boletos a nombre de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, que tenían el costo siguiente: a) el Boleto del Señor José Humberto Lara Enamorado tuvo un costo de L. 46,563.66; b) El Boleto del Señor José Samir Siryi Milla tuvo un costo de L. 46,563.66; c) El Boleto del Señor Héctor Hernández tuvo un costo de L. 36,930.54, d) el Boleto del Señor Javier Rodolfo Pastor Velásquez tuvo un costo de L. 13,467.80; e) El Boleto del Señor Gerardo Antonio Agüero tuvo un costo de L. 39,876.64.- Todos los Boletos tenían un valor total de Ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis Centavos (L. 156,003.46) (subrayado y negrillas nuestro).- HECHO QUINTO: Fue así que una vez emitidos los Boletos, el señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ procedió a emitir la factura No. 001004 de fecha siete de septiembre del año Dos mil once, por un valor de L. 1,203,966.00 en concepto de venta de los boletos aéreos de los señores Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero, aunque en realidad dichos boletos solo habían tenido el costo de Ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis Centavos (L. 156,99346), por tanto, existía una diferencia en el valor de los boletos de Un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos Lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L.1,046,972.54), (letras negrillas y subrayadas nuestro).- HECHO SEXTO: Posteriormente, mediante memorándum No. 7140-DE-IHSS de fecha 10 de octubre de 2011, el Señor Mario Zelaya Rojas, instruyó al Señor José ramón Bertetty, como Gerente Administrativo y Financiero del IHSS, para que realizara los trámites correspondientes para el pago de la factura que había sido emitida por la Empresa JJ Travel And Tours, que se refería a los boletos aéreos para diferentes destinos de Estados Unidos de América.- En la Línea 10 del Párrafo Segundo del hecho Sexto, se sigue refiriendo que fue así que en fecha once de octubre del año dos mil once, se emitió el Cheque Numero 46491 de la Cuenta No. 11103-01-000026-4 abierta en el Banco Central de Honduras a nombre del IHSS, a favor de JJ Travel And Tours, por un monto de L. 1,203,966.00, por el suministro de los mencionados boletos aéreos, ocasionándose un perjuicio a los fondos del IHSS por Un millón cuarenta y seis mil novecientos setenta y dos Lempiras con cincuenta y cuatro centavos (L. 1,046,972.54), ya que el valor de los Boletos era por Ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis Centavos.- Ademas de lo anterior el IHSS también pagó en concepto de viáticos la cantidad de Ochocientos Cuarenta y dos mil ochocientos sesenta y ocho Lempiras con veinticuatro Centavos (L. 842,868.24), por tanto, el costo de la gira en mención ascendió a un total de Dos millones cuarenta y seis mil ochocientos treinta y cuatro Lempiras con veinticuatro centavos (L. 2,046,834.24), excediéndose considerablemente el presupuesto aprobado por la Junta Directiva para esta gira (letras negrillas y subrayadas nuestro). Previo a desarrollarse el presente motivo, es conveniente aclarar, para los efectos sucesivos, que el planteamiento se dirige a demostrar que el Tribunal de Sentencia recurrido, APLICÓ INDEBIDAMENTE un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, como se demostrará en el motivo que a continuación se desarrolla: No contiene el cuadro factico descripción de acción alguna que conduzca a inferir que mi Representado hubiese actuado con dolo o intencionalidad de ejecutar una acción tendente a afectar el PATRIMONIO DEL ESTADO, MEDIANTE LA CONCIENTE ejecución del delito de OTROS FRAUDES.- El accionar del Señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ, no logra subsumirse en los preceptos contenidos en el Artículo 242 numeral 5 del Código Penal, de tal suerte que el Órgano Jurisdiccional al estimarlo así, incurrió en una aplicación indebida de dicha norma. Consideraremos en forma individual cada uno de los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador, por los cuales injustamente se le ha condenado: Los Elementos del tipo penal contenido en el Artículo 242 Numeral 5 del Código Penal, referente al delito de OTROS FRAUDES, NO concurren en el hecho enjuiciado, de tal suerte que: El comisionista, agente, administrador o mandatario que cometiere defraudación alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiese hecho.- Ninguna de estas circunstancias concurren en el SUPUESTO injusto, ya que mi Representado NUNCA alteró los precios o condiciones de ningún contrato (no existía ningún contrato), mas que un acuerdo verbal y comunicación vía correo electrónico entre mi representado y los funcionarios del IHSS.- NUNCA supuso gastos.- En cuanto al hecho que exageró los gastos que hubiese hecho, quedó plenamente demostrado que el Señor JOHN CHARLES BOGRAN, tal como el mismo lo dejó establecido en la declaración que rindió en el acto del debate, estaba legalmente constituido como Comerciante desde el año 2010, dedicado a la actividad lícita de venta de pasajes aéreos.- Que en el presente caso se limitó a ofrecer un servicio; el que primeramente cotizó a los personeros del IHSS, quienes posteriormente le autorizaron para la emisión de los boletos aéreos; esta sola circunstancia se constituyó en un requisito sine qua non para poder proceder a la emisión de los boletos aéreos.- Ha sido probado que en el presente caso, hubo una comunicación fluida entre mi Defendido y los funcionarios del IHSS, por vía de correo electrónico, en el que primeramente se le solicitó a mi Patrocinado una cotización por los boletos aéreos, señalándosele los destinos hacia donde viajarían cinco personas (ocho destinos dentro de los Estados Unidos de América), los horarios en que debían partir de una ciudad a otra, tratando siempre de hacer las acomodaciones de las cinco personas en el mismo vuelo.- El Ministerio Público alegó que mi Representado obtuvo un beneficio económico y se puso de acuerdo con los coimputados para defraudar al fisco, es preciso señalar lo siguiente: A) En ningún momento del proceso el Ministerio Público demostró ni siquiera a manera de causa probable, que mi Representado se haya puesto de acuerdo con los funcionarios del IHSS para defraudar y perjudicar el Patrimonio del Estado.- Es un hecho probado y sobre el cual esta Defensa nunca se opuso, que fue la Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el organismo que aprobó el Reglamento del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño, ratificado en Sesión Ordinaria Numero 37 de fecha 13 de septiembre de 2011.- B) Fue esa misma Junta Directiva del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la que aprobó la realización de una gira por diferentes ciudades de los Estados Unidos de América, que se realizaría del ocho al veintinueve de septiembre del año Dos mil once, y tenia como objetivo la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante Hondureño.- C) Esa misma Junta Directiva aprobó un presupuesto para dicha gira que ascendía a Un millón doscientos tres mil novecientos sesenta y seis Lempiras (L. 1,203,966.00), monto que incluía tanto los viáticos como los gastos de transporte de las personas que participarían en la gira. E) Fueron los funcionarios del IHSS designados, específicamente el Señor JOSE SAMIR SIRYI MILLA, a la sazón Subgerente de Compras, que no fue acusado por el Ministerio Público, y el Señor JOSE ZELAYA, para ese entonces fingiendo como Gerente de Compras, quienes le solicitaron los servicios a la Empresa JJ Travel And Tours, de la cual era socio el Señor JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ, y le detallaron los itinerarios de los vuelos que debían efectuar cinco personas, dentro de los Estados Unidos de América.- El Ministerio Público y el Tribunal Sentenciador señalan que a pesar que la Empresa JJ Travel And Tours no estaba certificada como proveedora del Estado, se le solicitó al Señor JOHN CHARLES BOGRAN la venta de los Boletos a nombre de Humberto Lara, Javier Pastor, José Samir Siryi, Héctor Hernández y Gerardo Agüero.- Sobre este aspecto es preciso mencionar que no era mi Representado el obligado, sino mas bien los personeros del IHSS los que debieron tener cuidado que la Empresa proveedora de los boletos aéreos estuviese cumpliendo con los parámetros legales correspondientes.- El Tribunal Sentenciador también considera como hecho probado que los cinco boletos tenían el costo siguiente: a) el Boleto del Señor José Humberto Lara Enamorado tuvo un costo de L. 46,563.66; b) El Boleto del Señor José Samir Siryi Milla tuvo un costo de L. 46,563.66; c) El Boleto del Señor Héctor Hernández tuvo un costo de L. 36,930.54, d) el Boleto del Señor Javier Rodolfo Pastor Velásquez tuvo un costo de L. 13,467.80; e) El Boleto del Señor Gerardo Antonio Agüero tuvo un costo de L. 39,876.64, que por ende Todos los Boletos tenían un valor total de Ciento cincuenta y seis mil novecientos noventa y tres Lempiras con cuarenta y seis Centavos (L. 156,993.46).- A partir de esa circunstancia es preciso señalar que esos valores son PRECIO DE COSTO, y por ello, no debe tomarse este monto como el que se debió cobrar al IHSS.- De ello, se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: A) Como se demostró, JJ Travel And Tours estaba legalmente constituida como Comerciante Social desde el año 2010, dedicada a la actividad lícita de venta de pasajes aéreos.- En el presente caso se limitó a cotizar la prestación. de un servicio; por petición directa y vía correo electrónico de personeros del IHSS, quienes posteriormente y una vez habiendo considerado los precios, le autorizaron para la emisión de los boletos aéreos.- B) En un mercado de corte capitalista como el nuestro, en el que predomina la libre oferta y la libre demanda, mi Representado se limitó a cotizar los precios, lógicamente incluyendo en ellos varios factores NO APRECIADOS NI POR EL MINISTERIO PUBLICO NI MUCHO MENOS POR EL TRIBUNAL SENTENCIADOR; primeramente la ganancia que podía percibir la Empresa proveedora del Servicio; en el precio que el Tribunal establece que debió cobrarse, no se incluye prácticamente ninguna ganancia, volviéndose una mera beneficencia la actividad desarrollada por mi Defendido, sin que, tal y como fue creada, obtenga un lucro o beneficio por su trabajo.- C) El Ministerio Público desde un inicio ha querido imponer los precios que se debieron cobrar por los boletos aéreos y NUNCA tomó en cuenta que mi Representado utilizó todo su ingenio y capacidad para ubicar en escasos tres días, a cuatro personas viajando juntos desde Honduras y una quinta persona que se unió en los Estados Unidos de América, a quienes les acomodó en los mismos vuelos y en los mismos horarios a ocho diferentes destinos dentro de los Estados Unidos de América.- D) Los Boletos aéreos se generaron, las cinco personas viajaron y no tuvieron ningún inconveniente en sus vuelos; prueba de ello es que no hubo ningún reclamo a la Empresa JJ Travel And Tours.- Entonces debe considerarse que los servicios pactados se ofrecieron correctamente y que por ello se obtuvo un beneficio económico, conocido en el mercado como lucro, por la prestación de bienes o servicios.- Esos costos de los Boletos del Señor José Humberto Lara Enamorado por L. 46,563.66; El Boleto del Señor José Samir Siryi Milla por L. 46,563.66; el Boleto del Señor Héctor Hernández por L. 36,930.54, el Boleto del Señor Javier Rodolfo Pastor Velásquez por L. 13,467.80 y El Boleto del Señor Gerardo Antonio Agüero por L. 39,876.64, obedece a un precio de costo y no al precio que obligatoriamente se debía o se debió cobrar al IHSS.- E) No se tomó en consideración que la Empresa de mi Representado adquirió los boletos de las líneas aéreas, con sus propios recursos y que le fueron pagados treinta y seis (36) días después de haberse generado y entregado.- esa situación también tiene un costo que lógicamente debe trasladarse al cliente.- Al haber aplicado indebidamente el juzgador la referida norma, se configura un vicio que da lugar a que se promueva el presente recurso.- El Autor FRANCISCO CASTILLO GONZÁLEZ en su Obra El dolo, su Estructura y Manifestaciones, Pagina 163, Primera Edición; señala que para que exista dolo se requiere que quien al realizar una acción conozca la posibilidad concreta de la producción del resultado se decide por la lesión del Bien Jurídico.- En sustento de la prueba aportada, valorada en sentido positivo y considerada válida, confiable y creíble, puede afirmarse con toda seguridad que el acusado JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ no cometió ningún ilícito por el cual injustamente se le condena.- Debe existir una separación en la sentencia impugnada entre el hecho que juzga y el derecho que aplica; de tal suerte que se configura el vicio que da lugar a la presentación de este recurso.- Se configura el vicio señalado porque el Juzgador a sustenta su sentencia afirmando que el acusado JOHN CHARLES BOGRAN VELASQUEZ se puso de acuerdo para defraudar y además que obtuvo ganancias que no debía por la prestación de un servicio, no obstante que él como empresario, se dedica a la actividad de venta de boletos y por tanto debe obtener ganancias por su trabajo.-” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido el sentenciador en Inobservancia de la Sana Crítica en la Valoración de la Prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 Numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO Para los efectos de este motivo se cita como infringido el artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida" en relación con lo dispuesto en los artículos 336 y 338 del mismo cuerpo legal. En ese sentido, es conveniente aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, veamos: Tal como lo ha reconocido la jurisprudencia costarricense, debe considerarse que todo problema de violación de las normas del correcto entendimiento humano es un problema de fundamentación, las reglas a que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las primeras se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de estos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica implican que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para ser verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercero excluido. La derivación induce a la obligatoriedad de que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos bases de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). El Tribunal de Sentencia sustenta su fallo en la deposición que como Perito rindiera la Señora OLANDA PATRICIA MONTES ORTEGA.- Esta pericia se vuelve subjetiva por cuanto la perito se limitó a deponer sobre la forma en que se debió efectuar el procedimiento de adquisición de los boletos aéreos, procedimiento en el cual mi defendido no tiene ninguna participación ni tampoco obligación de seguir.- ESA PRUEBA PERICIAL FUE EXCLUIDA DEL ELENCO PROBATORIO DEL MINISTERIO PUBLICO POR SU NULIDAD, AL HABERSE LEBAORADO LA PERICIA SIN HABERSE NOTIFICADO PREVIAMENTE AL PERITO.- NO OBSTANTE ESA CIRCUNSTANCIA SE LE DIO VALOR PORBATORIO PLENO.- Conclusiones a las que no se hubiere llegado de haberse observado correctamente las reglas de la Sana Crítica.- Es evidente una desvinculación de las máximas de la experiencia; ese dictamen y la posterior ratificación, no puede considerarse como actos constitutivos de los delitos de OTROS FRAUDES.- Prueba de valor decisivo que dejó de considerarse: LA COTIZACION DE LOS BOLETOS AEREOS POR VIA DE CORREO ELECTRONICO CRUZADO ENTRE LAS PARTES A la hora de decidir cuáles fueron los hechos que resultaron probados en juicio, el Tribunal dejó de considerar la prueba consistente en La COTIZACION que mi Representado envió al IHSS.- El valor de esta prueba dejada de considerar por el Sentenciador es fundamental porque determina que el Acusado no cometió ningún ilícito por el cual se le condenó.- Aspectos que no fueron observados de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 202 del Código de Procesal Penal, citado como infringido, el cual ordena que el órgano jurisdiccional debe formar su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en juicio, sin embargo, como ya se expresó, el Tribunal en el acto fundamental de sentenciar, no consideró ni mucho menos valoró ese Acuerdo de Conciliación de la Denuncia.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurrente N°1. Defensa del señor Mario Roberto Zelaya Rojas. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: sin determinar por el censor. Concepto de la infracción: en la valoración de la prueba se viola las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: que se case la sentencia. Explicó el recurrente que se viola las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación; por ejemplo, el testimonio del señor John Charles Bográn Velásquez quien de forma categórica e individualizando concretamente a la persona que le propuso el trato referente a la compra de los boletos aéreos, en su declaración bajo ninguna arista mencionó al imputado Zelaya Rojas, afirmó que no tuvo injerencias con algún director del IHSS; en cuanto a la valoración de la pericia realizada por la señora Patricia Montes Ortega, quien se limitó a pronunciarse sobre aspectos académicos de lo que debe ser una contratación y en segundo lugar a develar la ineficaz e incompleta investigación del Ministerio Público; estableciendo el censor que dicha pericia excluyó totalmente al imputado Mario Zelaya de cualquier acto ligado con esa compra; en conclusión, el perito jamás pudo vincular al acusado en la comisión de algún acto delictivo relacionado con los tipos penales por los cuales se le condenó. El recurrente también se refirió al tipo penal de abuso de autoridad el cual considera aplicado erróneamente al calificarse por el Tribunal Sentenciador, pues -a su criterio- no existió valoración objetiva del elemento cognitivo y volitivo, pues considera que no se consolida ningún verbo rector. En cuanto al delito de violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con un delito de fraude, el recurrente afirmó que no hay ningún soporte probatorio que enuncie, describa o descubra, algún acto ilegal ejecutado por el acusado Mario Roberto, pues jamás fue introducido ni admitido como medio probatorio alguna las cotizaciones de los boletos. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la doctrina legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con los requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto, el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una tutela judicial efectiva, garantía de rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). de la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Conforme lo establece la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala de lo Penal, para la interposición y argumentación de un recurso de casación, se requiere conforme al principio de debida técnica recursiva, de cierta pericia para lograr que la Sala de Casación proceda a revisar los vicios enunciados por el recurrente, pues al constituirse la casación en un recurso emitentemente técnico y con motivos de casación números clausus, imposibilita a esta Sala de lo Penal poder visibilizar algunos vicios debido a la falta de oficiosidad que se tiene en esta etapa recursiva. En el presente motivo de casación, el recurrente ha incurrido en una falta de técnica recursiva, pues si bien establece el motivo de su casación de violación a las reglas del correcto pensamiento y considera la lógica de la derivación como norma quebrantada, no fue capaz de señalar cuales son los razonamientos erróneos del sentenciador y dónde se encuentran esos juicios de valor incorrectos en la sentencia que impugna. El censor hace referencia a la declaración del también imputado John Charles Bográn, estableciendo que con su testimonio se determinó que el trato del testigo/imputado en ningún momento fue con el señor Mario Roberto Zelaya, sino que fue con el señor José Zelaya Guevara, testimonio que el censor le considera de mucha importancia. Este tipo de argumentos no son propios de un recurso de casación, sino que constituyen argumentos propios de instancias que se pueden señalar en recursos ordinarios como la apelación o la reposición, pero en una impugnación como el recurso de casación, lo que se requiere es que el recurrente señale en primer lugar cuales son los razonamientos erróneos del sentenciador y por qué dichos juicios de valor son contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, pues lo que el recurrente realiza con estos planteamientos es una valoración subjetiva de cómo -a su criterio- se debió estimar el testimonio del referido testigo, es decir efectúa una revaloración del testimonio del señor John Charles Bográn, ejercicio mental que está vedado en esta etapa de casación, pues dicho proceso corresponde al juez quien ha tenido contacto directo con la prueba y su desarrollo. En la página 25 de la sentencia recurrida, en el apartado “Análisis de la declaración del imputado” el sentenciador valora la declaración del señor John Charles Bográn Velásquez, estableciendo que si bien la declaración de una persona imputada de un delito no constituye en sí mismo un medio de prueba, ello no impide la función de juzgarla, analizarla y valorarla en el conjunto de toda la prueba que se evacue dentro del proceso, identificando los elementos de cargo o descargo con lo que la declaración pudiera estar relacionada. Esta Sala de lo Penal observa que el sentenciador realizó una extensa valoración del testimonio del señor Bográn Velásquez, por lo que nos referiremos a los puntos más importantes y que guardan relación con el imputado Mario Roberto Zelaya: a) Que el señor John Charles Bográn era miembro de la empresa JJ Travel, que se dedica entre otras cosas a la venta de boletos, por lo que atendió el requerimiento de este servicio por parte de IHSS, concretamente del señor José Zelaya, en el cual se incluía boletos para varios funcionarios -entre ellos el acusado Mario Roberto Zelaya- por un valor de 1,203,699.00 lempiras, mismo que se pagó mediante cheque que él depositó en sus cuentas bancarias; b) Se establece que la venta de los boletos se realizó sin existir más que un acuerdo verbal y comunicación vía correo electrónica, señala el juzgador que el valor que extendió el señor Bográn correspondía al valor exacto aprobado por la Junta Directiva del IHSS, lo que no es una coincidencia sino que denota el arreglo entre el vendedor de los boletos y los imputados Mario Roberto Zelaya y Ramón Bertetty, pues fueron éstos quienes autorizaron la compra, y si bien el imputado Bográn no mencionó al señor Mario Zelaya y José Ramón Bertetty haciendo creer que todo el trato fue con el señor José Zelaya, para el Tribunal Sentenciador no es más que una estrategia para favorecerlos, lo cual no es posible porque existe documentación que acredita -sin lugar a dudas- que las órdenes de pago y autorizaciones salieron de los imputados Zelaya Rojas y Bertetty Osorio. Para esta Sala de lo Penal la valoración que realizó el A-quo sobre lo manifestado por el también acusado John Charles Bográn en ningún momento violenta las reglas del correcto pensamiento humano, todo lo contrario, ha externado razonamientos lógicos, al relacionar su testimonio con otras pruebas como los memorandos y las órdenes de pago que hicieron los acusados, existiendo esa correlación y concordancia entre sí, como el hecho de que no es coincidencia que el valor de los boletos pagados al señor Bográn sea la cantidad exacta que la Junta Directiva del IHSS aprobó para tales fines, pues quienes aprobaron dicho valor y quienes son miembros de esa junta directa son el señor Mario Roberto Zelaya y el señor José Ramón Bertetty, es así que las conclusiones a las que arribó el sentenciador corresponden a un elemento de prueba valorado adecuadamente. El segundo cuestionamiento del recurrente es la valoración, que considera fragmentada, de la pericia realizada por la señora Patricia Montes Ortega, perito que el censor consideró una clase de índole netamente académica, develando -según éste- extremos que califican la imputación del Ministerio Público por cuanto reveló a su criterio la inexactitud de la investigación; lo primero que cuestiona es que en el preámbulo la perito estableció “Si, el valor real de los boletos hubiera sido L 1,203,966.00 debió hacerse una licitación pública” lo que según el impetrante se entiende que la perito no poseyó la convicción real del valor económico de los boletos, centrándose la perito en dos situaciones: primero pronunciarse sobre aspecto académicos de lo que debe ser una contratación y segundo develar la ineficaz e incompleta investigación del Ministerio Público, considerando el recurrente que la perito en el contenido de su deposición excluyó totalmente al señor Mario Roberto Zelaya de cualquier acto ligado con esta compra, pues afirmó haberle conocido después de ese proceso. Conforme lo ha explicado esta Sala de Casación, acerca de la técnica recursiva para la conformación de un recurso de casación, lastimosamente el recurrente incurre nuevamente en inobservancia a esos métodos para la fundamentación de su recurso de casación; en primer lugar, en ningún momento debe cuestionarse lo manifestado por la perito, pues lo que es motivo de casación no son las conclusiones a las que arribaron los peritos, sino que los juicios de valor que el sentenciador haya establecido sobre dicha prueba, pero nuevamente lo que efectúa el censor son valoraciones subjetivas de cómo a su criterio se debió valorar esa prueba, además de cuestionar las conclusiones de la perito, lo cual constituye un error. En la sentencia recurrida, numeral segundo, el juzgador valora en un apartado denominado “Valoración de la Prueba Pericial”, el Informe de Auditoria Forense (Folios 1024-1034) elaborado y ratificado por la señora Olanda Patricia Montes Ortega, del cual esta Sala de lo Penal indicará los puntos importantes que resaltó el Tribunal Sentenciador: en primer lugar establece que la perito en referencia es funcionaria de la oficina normativa de contratación y adquisiciones del Estado y por ende experta en asuntos de contratación del Estado, es decir el juzgador con ello legitima a la perito como una persona con amplio conocimiento sobre el tema; afirma el A-quo que la perito en su parte conclusiva estableció que en la compra de los boletos aéreos por un monto de L1,203,966.00 ordenado por los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio, el primero en su calidad de director ejecutivo del IHSS y el segundo de gerente administrativo de la misma institución, no se siguieron los procedimientos establecidos para efectuar tal compra, ya que teniendo en cuenta el monto de la compra, la misma debió efectuarse mediante un proceso de licitación y no a través de una compra directa. Concluye además el sentenciador, que la perito en su exposición determinó que fueron los señores Zelaya Rojas y Bertetty Osorio quienes autorizaron tal compra puesto que según indagaciones periciales la Junta Directiva delega su autoridad en la dirección, que es quien ejerce la representación de la institución y ésta a su vez delega, en las unidades ejecutoras o en gerencias, la ejecución de los procesos de contratación; en el caso que nos ocupa esa era responsabilidad del director ejecutivo y en segundo lugar del gerente administrativo. Estableció la deponente que el programa de Filiación del Migrante y su presupuesto fue fijado por la Junta Directiva del IHSS, el cual incluía viáticos y pasaje aéreo, pero que la selección de las personas que asistirían y sobre todo la compra de los pasajes correspondió de manera directa a los señores Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, por su responsabilidad directa en la administración de la institución, lo cual se refleja en los memorandos y las órdenes de pago emitidas por los referidos señores, sin que haya constancia de que la contratación de la compra de boletos se hiciera mediante un proceso de oposición, tampoco solicitud de ofertas de una u otra empresa que se dedicara al rubro requerido buscando el mejor precio de compra, sino que la misma se hizo de manera directa a una sola empresa, en este caso a JJ Travel y además por el total del presupuesto aprobado por la Junta Directiva sobre el monto del programa. Concluye el sentenciador que la pericia descrita ha sido clara y contundente en sus aseveraciones, que ya han sido resumidas, ha sido hecha por una persona experta que trabaja para la ONCAE y ha sido corroborada con el resto de medios de pruebas documentales aportadas, por lo que se le concede valor probatorio. Para esta Sala de lo Penal, el juzgador ha valorado de forma correcta el referido dictamen pericial, pues ha sido elaborado en primer lugar por una persona con la capacidad y experticia en asuntos de contratación del Estado, quien tuvo a disposición los memorandos y órdenes de pago que los señores Mario Roberto Zelaya y José Ramón Bertetty, como personas responsables directas de la administración del IHSS, emitieron para la compra de los boletos, no es necesario ser experto para darse cuenta que fueron sobrevalorados y de cuyas gestiones fraudulentas estaban enterados los ahora imputados, por lo que para esta Sala de Casación, el tribunal sentenciador en su valoración, lo que hace es efectuar conclusiones que corresponden a los argumentos que la perito estudió y conformó en su dictamen, conclusiones que se derivan precisamente de los resultados de la pericia y sus juicios de valor corresponden a este medio de prueba, por lo que todos estos razonamientos judiciales tienen como base el uso adecuado de las reglas de la sana crítica. En los siguientes apartados de su recurso, el censor hace alusión a los tipos penales por los cuales fue condenado el señor Mario Roberto Zelaya, es decir procede a analizar los elementos objetivos y subjetivos de los tipos penales de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de fraude, pero todas estas argumentaciones debió presentarlas el impetrante mediante un recurso de casación por infracción de ley sustantiva, conforme la técnica casacional; por tanto esta Sala de lo Penal no puede pronunciarse sobre dichos aspectos pues no fueron planteados correctamente conforme lo regula el artículo 363 del Código Procesal Penal, incurriendo nuevamente en indebida técnica recursiva. Es así que, conforme a lo expuesto por este alto tribunal, el presente recurso de casación interpuesto por la defensa del señor Mario Roberto Zelaya Rojas debe ser desestimado en su único motivo. Recurrente N°2 Defensa del señor José Ramón Bertetty Osorio Único Motivo: Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 338, sección cuarta, numeral 2 del Código Penal. Concepto de la infracción: la sentencia carece de motivación fáctica y jurídica, la motivación existente es contradictoria e insuficiente y en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Reclamación ex-ante: el vicio se produce en la sentencia definitiva, razón por la cual el reclamo lo constituye el presente recurso. Pretensión: declarar con lugar el presente recurso. Explicó el recurrente que el artículo 338 establece la posibilidad de dictar un fallo condenatorio fundamentado en indicios, sin embargo, establece la obligación de describir el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios. En la sentencia se dictó fallo condenatorio por 3 delitos y los tres por presunción indiciaria, pero en ninguna parte de la sentencia se indica cuales fueron esos indicios probados que se utilizaron, tampoco cómo se probaron estos indicios. En el hecho probado, se establece que Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, acordaron realizar la compra de boletos sin realizar las respectivas cotizaciones, pero no se ejecutó ningún medio de prueba que acreditara que los acusados hicieran ese acuerdo. Considera también el censor que en las páginas 41 y 42 de la sentencia recurrida se explica que, si bien el señor Bográn refiere que fue otra persona quien le solicitó alterar el precio, lo probado en juicio es que las personas que emitieron la orden de pago fueron Mario Zelaya y José Bertetty, pero se pregunta el impetrante, ¿Cuáles órdenes de pago? En el juicio no se evacuó ningún documento que fuese una orden de pago. Establece además, que la sentencia viola un principio lógico de contradicción, pues si los jueces no le creen a Bográn, en cuanto a que quien pidió los otros boletos fue José Zelaya, el jefe de Compras del IHSS, ¿Cómo es que declararon probado que José Zelaya pidió los boletos y agregaron que lo hizo con Bertetty? En otro apartado, el censor considera motivación insuficiente, pues es del criterio que en la sentencia se demuestra que José Ramón Bertetty recibió un memorando de parte del director del IHSS, donde se le instruía hacer los trámites para pagar la orden de compra de los boletos y como corresponde a su trabajo remitió a través de un memorándum el trámite de pago del señor José Samir Siryi -quien ostentaba el cargo de subgerente de Presupuesto- y según el recurrente era al señor Siryi quien debía determinar si esa compra estaba presupuestada. Por otro lado, también establece el impetrante, que constituye motivación contradictoria la forma como el tribunal valoró el medio de prueba enumerado 3.36, en el último párrafo de la página 37 de la sentencia recurrida, consistente en que la defensa del señor Bográn evacuó como medio de prueba varios correos electrónicos para acreditar cómo se solicitaron los boletos, pero en la página 38 al hacer la valoración de la misma dice el juzgador que no son aptos para descartar la participación del encartado (Charles Bográn). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Tal como lo explicó esta Sala de Casación, en el motivo de casación del recurrente número 1, en la conformación y argumentación de un recurso de casación existen ciertas habilidades especiales que ha establecido la doctrina penal y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, todo ello denominado Principio de Debida Técnica Recursiva, mismo que debe observar el recurrente en la elaboración y fundamentación de las diferentes especies de casación. En el caso subjudice, el censor ha señalado el numeral 3 del Código Procesal Penal y ha transcrito todos los supuestos que establece ese apartado, pero resulta que cada uno de esos supuestos, son motivos de casación diferentes, que conforme lo regula nuestro Código Procesal Penal en su artículo 363, deben ser presentados de forma separada, precisamente para evitar lo que ocurre con la presente impugnación, pues la misma es confusa y poco clara, pues primero refiere que la sentencia está dictada con base en indicios y que los mismos no fueron así establecidos, pero esto no constituye en sí ningún motivo de casación, esto es un argumento de instancia propio de un recurso ordinario como el de apelación, pero en casación dicho argumento no es más que una forma del recurrente de cuestionar la sentencia del A-quo, ya que sin canalizar esa argumentación adecuadamente a través del motivo correspondiente no tiene ningún reproche casacional. El censor también hace referencia a las páginas 41 y 42 de la sentencia recurrida, en la cual considera que se explican las acciones cometidas para encuadrar la responsabilidad de los acusados en el delito la violación a los deberes de los funcionarios y que -según su entender- allí se expone que la acción del señor Bertetty es el no haber hecho 3 cotizaciones y que el Tribunal Sentenciador dice que si bien el señor Bográn refiere que fue otra persona quien le solicitó alterar el precio, lo probado en juicio es que las personas que emitieron la orden de pago fueron Mario Zelaya y José Bertetty; sin embargo, considera el censor que en el juicio no se evacuó ninguna orden de pago. Para esta Sala de lo Penal el censor se equivoca. al establecer que lo regulado en las páginas 41 y 42 de la sentencia recurrida. son los fundamentos que consideró el sentenciador para razonar el delito de violación de los deberes de los funcionarios; pues este delito solo aparece explicado por el sentenciador en la página 41, ya que en la página 42 habla del delito de fraude y en la página 40 último párrafo y 41, el juzgador explica los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios; el cuestionamiento del censor establece que no se evacuó orden de pago que acreditara que los señores Mario Zelaya y José Ramón Bertetty emitieran dichas órdenes de pago, el recurrente no tiene razón en el sentido de que no se evacuó una orden de pago, pues en la prueba documental evacuada en el debate encontramos en el numeral 3.5 de la sentencia recurrida la orden de pago con su voucher de cheque OPD 0010411 del IHSS a favor de J&J Travel and Tours de fecha 11 de octubre de 2011, que corre agregada a folios 43 y 45 del expediente judicial en el cual se establece que es por el pago de suministro de boletos aéreos; por tanto el recurrente no tiene la razón en cuanto a que el sentenciador se refiera en esos numerales a la orden de pago, misma que si se evacuó en el juicio oral. Establece además el censor en su recurso, que en el numeral cuarto de los hechos probados, en el párrafo tercero se declara probado que el señor José Ramón Bertetty y José Zelaya solicitaron al señor Bográn Velásquez la compra de otros boletos para personas diferentes de quienes asistirían a la gira, considera que sobre ese punto solo se evacuó como prueba la declaración del acusado Charles Bográn, pero éste lo que dijo es que si bien José Zelaya le había solicitado boletos para otras personas, según el recurrente no dijo el referido testigo que Bertetty le haya hecho tal solicitud o que éste estuviera presente cuando lo solicitaron, de manera que al no haber prueba directa considera el censor que se llegó a esa conclusión por indicios. Al final, considera que se viola el principio lógico de contradicción pues si los jueces no le creen a Bográn -en cuanto a quien pidió los boletos fue José Zelaya como jefe de compras del IHSS- ¿cómo es que declaran probado que éste pidió los boletos e incluyen como probado que lo hizo con Bertetty?; al respecto esta Sala de lo Penal considera que el impetrante incurre nuevamente en inadecuada técnica recursiva: en primer lugar dichas aseveraciones son argumentaciones de instancia que se utilizan en recursos ordinarios como la apelación, mediante el cual los solicitantes pueden denunciar cualquier tipo de situación que le haya afectado a su representado, pero para un recurso de casación los motivos se enumeran de forma taxativa, no pudiendo alegar ningún otro más, aunque el recurrente lo considere como vicio, recordemos que lo que se cuestiona es la motivación judicial y para eso se debe ser específico en qué lugar de la sentencia se encuentra el supuesto yerro y el perjuicio que éste tuvo en la defensa de su representado; el censor se refiere con insistencia a los hechos probados, dando a entender que los mismos son contradictorios, pero para denunciar ese tipo de vicios el Código Procesal Penal en su artículo 362 numeral 1, establece el mecanismo para poder denunciar la falta de claridad y precisión de los hechos probados, si esa era la intención del recurrente; al final establece el censor que se violenta el principio lógico de contradicción, es decir que esta Sala debe entender que está cuestionando la valoración probatoria denunciando quebranto a las reglas de la sana crítica, pero el censor no establece en ese apartado donde se encuentra tal inobservancia, pues se está refiriendo a los hechos probados, por lo tanto su cuestionamiento es falto de claridad y se vuelve confuso por lo que esta Sala de lo Penal no puede dar una respuesta al mismo. En su numeral tercero el censor considera que hay motivación insuficiente, pues en la sentencia recurrida se demostró que el señor José Ramón Bertetty recibió un memorando de parte del director, donde se le instruía a hacer los trámites para pagar la orden de compra de los boletos y éste -como corresponde a su trabajo- remitió a través de memorándum el trámite de pago al señor José Samir Siryi, quien ostentaba el cargo de subgerente de presupuesto; considera que era el señor Siryi quien debía determinar si esa compra estaba presupuestada y se pregunta ¿Para qué tiene el IHSS un subgerente de presupuesto? También se pregunta el censor ¿A qué viajó el subgerente de presupuesto en la gira a USA, si la obligación de ejercer el control presupuestario era de José Ramón Bertetty? ¿Por qué no viajó a Estados Unidos?, según el censor la presente sentencia no motiva ese tema. Al respecto esta Sala de Casación considera que la argumentación del impetrante no es propia de un recurso de casación, pues si va a señalar motivación insuficiente, primero debió presentar cada motivo por separado para explicar esa supuesta motivación insuficiente y además debió señalar en qué parte de la sentencia el juzgador hace referencia a ello y porqué considera su motivación poca o escasa, pero el censor no refiere en que parte de la sentencia el A-quo haga referencia a ello, sino que realiza una revaloración probatoria, expresando criterios subjetivos de cómo se debió valorar esa prueba, ejercicio mental que en reiteradas ocasiones esta Sala de lo Penal ha establecido que no es posible, pues esa tarea compete únicamente al juzgador. Por tanto, esta Sala no puede establecer si existe o no motivación insuficiente, lo que sí es posible evidenciar es que el Tribunal sentenciador realizó una extensa valoración probatoria, efectuando en primer lugar la valoración descriptiva, es decir señalando cuales fueron los medios probatorios que se evacuaron en el debate, estableciendo los resultados de cada uno de ellos, consignando lo que manifestaron los testigos y peritos, además del contenido de la prueba documental evacuada; posteriormente el A-quo estableció de forma coherente y derivada, el valor probatorio que le concede a cada medio de prueba mediante la valoración analítica, misma que fue realizada de manera conjunta y armónica, relacionando entre si los medios de prueba y concediéndoles el valor probatorio que les corresponde, todo lo cual se observa a lo largo de la sentencia, por lo que no es posible determinar que exista motivación insuficiente. En su exposición, también el censor señala que existe motivación contradictoria, señalamiento que debió igualmente presentarla como un motivo de casación por separado tal como lo establece la ley procesal; considera que hay motivación contradictoria en el momento en que el sentenciador valoró varios correos electrónicos presentados por la defensa del señor Bográn, pues según el censor, si el juzgador acepta que Bográn tuvo comunicación con una persona que no la quieren mencionar pero que es el jefe de compras José Zelaya, cómo se determina en los hechos probados que fue Mario y Bertetty quienes acordaron realizar la compra de los boletos?. Para esta Sala de Casación no existe ninguna contradicción en los razonamientos externados por el juzgador y los hechos probados, pues si bien el sentenciador no niega que el trato lo hizo el señor Bográn con otra persona del Seguro Social tal como lo establecen los correos electrónicos, no es menos cierto que la órdenes de pago de dichos boletos fueron extendidos por el señor Mario Zelaya y José Ramón Bertetty, es decir esos correos en ningún momento eximen de la responsabilidad que, como director administrativo y financiero tenía el señor Bertetty, entonces tendríamos que hacernos la misma pregunta que se hizo el censor en cuanto al subgerente de presupuesto, que necesidad tendría el Seguro Social en tener un director de presupuesto si el subgerente es quien realiza todo el trabajo, es decir el razonamiento del recurrente al hacerse esa pregunta lo que pretende es evadir la responsabilidad que como director administrativo y financiero tenía el ahora acusado y en ningún momento puede evadir una responsabilidad que le competía directamente a él. También establece el recurrente que en la página 41 de la sentencia recurrida, el juzgador incurre en contradicción pues explica los delitos de violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad y llega a la conclusión de que solo puede haber una acción de cada uno de estos delitos, es decir un delito de violación de los deberes de los funcionarios y un delito de abuso de autoridad, sobre ese punto el censor pretende confundir y sorprender a esta alto Tribunal al transcribir solo una parte de los razonamientos judiciales que se hace al respecto, pues también debemos leer los numerales precedentes a esas argumentaciones que hace el A-quo en el fallo. El sentenciador explica que el Ministerio Público presentó acusación por dos delitos de abuso de autoridad y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios; y en ese apartado que refiere el censor y considera contradictorio, lo que hace el A-quo es explicar porqué no se pueden considerar dos acciones y dos omisiones al mismo tiempo y concluye que únicamente se acreditó la existencia de un delito de violación de los deberes de los funcionarios y un delito de abuso, pues por lógica una acción no puede ser al mismo tiempo omisión, explicándolo muy bien el juzgador, por tanto, no existe tal contradicción que alega el recurrente. En definitiva, el censor no utilizó la pericia necesaria para la conformación de un adecuado recurso de casación, sin embargo esta Sala de lo Penal ha tratado de dar respuesta a los cuestionamientos que el censor hiciera y que fue posible entenderlos conforme la técnica casacionista, pues recordemos que esta Sala de Casación aunque observe algún vicio casacional no puede pronunciarse debido a la falta de oficiosidad y que nuestro pronunciamiento se debe al planteamiento correcto del recurrente; por todas estas razones se declara no ha lugar el motivo de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa del señor José Ramón Bertetty. Recurrente N°3. Defensa del señor John Charles Bográn Velásquez. Único Motivo. Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de la sana crítica en la valoración de la prueba. Reclamación ex-ante: sin determinar por el pretensor. Pretensión: sin determinar por el censor. Explicó el recurrente que el Tribunal de Sentencia sustenta su fallo en la deposición que como perito rindiera la señora Olanda Patricia Montes Ortega, considera que esa pericia se vuelve subjetiva por cuanto la perito se limitó a deponer sobre la forma en que se debió efectuar el procedimiento de adquisición de los boletos aéreos, procedimiento en el cual el imputado no tiene ninguna participación ni tampoco obligación de seguir. Establece además que se dejó de considerar prueba de valor decisivo como ser la cotización de los boletos aéreos, prueba que considera fundamental porque según el censor se determina que su representado no cometió ningún ilícito. de la procedencia del recurso. el motivo no es de recibo. Conforme lo ha explicado esta Sala de lo Penal en reiteradas ocasiones, es necesario que los recurrentes de una impugnación en casación, cumplan con ciertos requisitos y normas para la conformación y fundamentación de su recurso, es decir cumplan con el denominado Principio de Debida Técnica Recursiva, mismo que no ha observado el recurrente en este motivo de casación, pues en primer lugar denuncia la violación a las reglas de la sana crítica, pero no señala puntualmente a cual regla hace referencia (la lógica, la psicología o la experiencia común); así mismo no establece cuales fueron esos razonamientos erróneos del sentenciador y donde se ubican en el fallo recurrido. Refiere el recurrente, en cuanto a la deposición de la perito Olanda Patricia Montes Ortega, quien estableció como se debió efectuar el procedimiento para la adquisición de los boletos aéreos, procedimiento al cual el acusado John Charles Bográn Velásquez no tiene ninguna participación ni tampoco obligación de seguir; al respecto esta Sala de lo Penal observa que en la sentencia que ahora se recurre, específicamente en el numeral segundo y en el apartado “Valoración de la Prueba Pericial”, el juzgador valora el dictamen pericial de la Licenciada Olanda Patricia Montes Ortega, quien es funcionaria de la oficina normativa de contratación de adquisiciones del Estado y con la cual concluyó que los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio como directos del IHSS autorizaron la compra de los boletos aéreos para la gira, procedimiento que realizaron al margen de lo que establece la ley; pero en ningún extremo de la valoración el sentenciador hace referencia a que dicha prueba acredite algún extremo de la acusación presentada contra el señor Bográn Velásquez, por tanto no puede el recurrente denunciar un vicio si el mismo no le causa ningún perjuicio, por lo que dicha prueba al no repercutir negativamente a la defensa del señor John Charles Bográn, no puede constituirse en vicio casacional. Posteriormente señala el recurrente, que se dejó de considerar prueba de valor decisivo, como ser la cotización de los boletos aéreos por vía correo electrónico; nuevamente el censor incumple una de las técnicas básicas de la casación que lo regula el artículo 363 del Código Procesal Penal, y es el hecho que debe presentarse cada motivo por separado, además de señalar el precepto legal que le autoriza la interposición de ese motivo, mismo que lo constituye el artículo 362 numeral 2, es decir uno muy diferente al motivo alegado por el censor en el presente recurso; es decir la supuesta violación a las reglas de la sana crítica; por tal situación no es posible dar respuesta sobre este punto al recurrente. Por todas estas razones es procedente desestimar el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa del señor John Charles Bográn Velásquez. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente N° 2. Defensa del señor José Ramón Bertetty. Motivo Único. Norma Autorizante: sin determinar por el censor. Normas sustantivas que se denuncian infringidas: artículos 349 numeral 3 y artículo 376 ambos del Código Penal. Concepto de la Infracción: aplicación indebida de los delitos de Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los funcionarios y Fraude. Pretensión: sin determinar por censor. Establece el recurrente que entiende que se deben respetar los hechos declarados probados; considera que la actividad imputada al señor José Ramón Bertetty fue recibir y emitir un memorándum para la compra de unos boletos aéreos, establece que los boletos fueron emitidos el 6 de septiembre de 2011 y el viaje se realizó entre el 8 y el 11 de septiembre de ese mismo año, es decir había transcurrido 1 mes después de realizado el viaje y tal como consta en la prueba ejecutada se había emitido una orden de compra que fundamentaba el trámite interno, concluye el censor que la única actividad que realizó Bertetty fue continuar el trámite que le ordenan en el memorando del director. En cuanto a la aplicación indebida del artículo 349 numeral 3 del Código Penal, refiere el censor que en ninguno de los hechos declarados probados se establecen los deberes atinentes al cargo de gerente administrativo y financiero del IHSS; si se lee la prueba ejecutada y valorada se advertirá que no se ejecutó prueba al respecto. Al revisar la motivación en la sentencia, en la página 41 se establece que el valor real de los boletos no era superior a los doscientos mil lempiras, siempre era exigible hacer al menos tres cotizaciones para salvaguardar los intereses de la sociedad a los cuales se debían los imputados; para el censor la conducta descrita en el hecho probado no se subsume en el tipo penal y en segundo lugar la valoración le es exigible al gerente administrativo y financiero quien debe realizar las cotizaciones, lo cual considera absurdo, pues esa no es una atribución del gerente. En cuanto al delito de Fraude, considera el censor que no se cumplen todos los elementos del tipo penal, como ser el acto jurídico pues la actividad que se describe en el hecho probado acerca de la existencia no es un acto jurídico; tampoco se da el elemento de ponerse de acuerdo con los interesados, pues no hubo ningún medio de prueba que acreditara un acuerdo entre el acusado Bertetty y el señor Bográn; de igual forma el elemento de favorecer a un tercero no se da en el hecho probado pues no se establece quien fue favorecido. Del Tipo Penal de Violación de los Deberes de los Funcionarios. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC) señala que cada Estado parte considerará la posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometa intencionalmente, el abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad (Art. 19 CNUCC). Cumpliendo tal compromiso, el Estado de Honduras ha previsto en el Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, la agrupación de una serie de tipos penales que tienen como objeto la salvaguarda del bien jurídico Administración Pública, entre los cuales encontramos los contenidos en el artículo 349 del Código Penal: i) Abuso de autoridad, que agrupa aquellas conductas realizadas por el empleado o funcionario público, que desbordan las funciones a él encomendadas por ley, reglamento, resolución o mandato de autoridad competente, ejecutando entonces conductas que no está autorizado a realizar; y ii) Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, que apila las conductas omisivas que el empleado y funcionario público deja de realizar aun cuando por disposición legal, reglamentaria, por resolución o mandato de autoridad competente, está obligado a cumplir por estar dentro de las funciones inherentes a su función pública. Desafortunadamente el legislador al momento de construir el artículo 349 del Código Penal no previó la debida separación de las conductas propias de cada delito; de este modo encontramos conductas de Abuso de Autoridad en los numerales 2 y 5; y de Violación de los Deberes y Obligaciones de los funcionarios en los numerales 1, 3, 4, y último párrafo sin enumerar: “Artículo 349. Será castigado con reclusión de tres (3) a seis (6) años e inhabilitación especial por el doble del tiempo que dure la reclusión, el funcionario o empleado público que: 1) Se niegue a dar el debido cumplimiento a órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos dictados por las autoridades judiciales o administrativas dentro de los límites de sus respectivas competencias y con las formalidades legales; 2) Dicte o ejecute órdenes, sentencias, providencias, resoluciones, acuerdos o decretos contrarios a la Constitución de la República o a las leyes o se abstenga de cumplir lo dispuesto por cualquiera de dichos ordenamientos jurídicos. 3) Omita, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo; 4) Requerido por autoridad competente no preste la debida cooperación para la eficaz administración de justicia o de otro servicio público. Cuando la falta de cooperación consista en no dar cumplimiento por malicia o por negligencia a una orden de captura dictada por autoridad competente, la pena se aumentará en un (1/3) tercio; y, 5) Revele o facilite la revelación de un hecho del que tenga conocimiento por razón del cargo y que deba permanecer en secreto. Cuando la revelación no fuere de grave trascendencia, la pena se rebajará en un (1/6) sexto.
La misma pena se aplicará al oficial o agente de la fuerza pública que rehusé, omita o retarde, sin causa justificada la prestación de un auxilio legalmente requerido por autoridad competente. Puntualmente, el delito de violación de los deberes y obligaciones de los funcionarios, es un tipo penal de omisión propia cuya conducta criminosa se da cuando el empleado o funcionario público, conscientemente deja de hacer cualquier acto administrativo que se encuentra obligado a ejecutar como parte de sus funciones, aun cuando estaba en posibilidad de realizarlo, siendo indiferente si con tal omisión se traduce o no algún resultado lesivo para la Administración Pública. La obligación de realizar el acto puede provenir de una ley, un reglamento, disposición administrativa de carácter general u orden de autoridad competente de índole particular. Reiteramos que el delito de violación de los deberes de los funcionarios, tiene la estructura propia de un tipo de omisión pura, con el que se procura tutelar el adecuado funcionamiento de la administración (entendida ésta en su sentido amplio), para la prestación de un buen servicio. Por ello comprende cualquier acto administrativo que se encuentre dentro de las funciones del agente, siendo un delito de simple actividad que se consuma con la omisión, el retardo o el rechazamiento, sin que se necesite la producción de resultado dañoso alguno. Como antes lo explicamos, el artículo 349 No. 3) del artículo mencionado, castiga, a quien omite, rehúse o retarde algún acto que deba ejecutar de conformidad con los deberes de su cargo, derivándose de la redacción de tal modalidad delictiva, que las misma se incluyen dentro de que doctrinariamente se conoce como abuso omisiv”. El penalista argentino, CARLOS CREUS, refiriéndose a esta figura en el Código Penal de su país, explica que: “...la tercera forma castiga una conducta omisiva: no ejecutar las leyes cuyo cumplimiento incumba al funcionario. Tratase pues, de un tipo omisivo y por eso, no comete este abuso de autoridad (que un tanto impropiamente puede denominarse incumplimiento de los deberes de funcionario público) el funcionario que lleva a cabo actos contrarios a las disposiciones de la ley. Aquí el abuso consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir, de no aplicarla, prescindir de ella, no actuarla en la realidad, como si no existiera (p.ej., no dictar la prisión preventiva cuando corresponde, no observar el acto administrativo viciado cuando el funcionario ejerce funciones de contralor); pero cuando lo que importa la inejecución de la ley es una actividad (p.ej., dictar una resolución cuando no corresponde hacerlo), ya no estaremos ante una omisión, sino ante uno de los abusos previstos en las formas anteriores.” (vid. CREUS, CARLOS, Delitos contra la Administración Pública, Editorial Astrea, Buenos Aires, 1981, pág. 192). Son elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo: empleado o funcionario público. El Código Penal, en el artículo 393 señala que se reputará funcionario o empleado público a toda persona natural que, por disposición de la ley o por nombramiento de autoridad competente, participe en el ejercicio de funciones públicas o desempeña un cargo o empleo público. Si bien este concepto está vigente a la fecha, el mismo ha sido ampliado por la Convención Interamericana Contra la Corrupción, (en adelante CICC), al señalar que funcionario público o servidor público es cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos (Art. 1 CICC), con independencia de su antigüedad agrega el Art. 2.a.1 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (en adelante CNUCC). 2. Sujeto Pasivo: lo constituye el Estado de Honduras, al ser el garante de una correcta administración pública, entendiéndose como tal el correcto desempeño del Estado en todas las actividades que realiza, las que deben caracterizarse por su legalidad, eficacia, eficiencia, probidad, economía, prontitud, imparcialidad, igualdad y publicidad. 3. Conducta Criminosa: está definida con la descripción conductual contenida en los verbos rectores; tratándose del delito de Violación de los Deberes y Obligaciones de los Funcionarios Públicos, se requiere: a) Deber de realizar el acto omitido, lo que implica que el mismo ha de ser lícito y que el funcionario o empleado público esté obligado a realizarlo en virtud de estar dentro de las funciones inherentes a su cargo; b) Posibilidad material de realizar el acto, de modo que la omisión no sea a consecuencia de una imposibilidad material que justifique su no realización; c) Omitir, rehusar o retardar el acto obligado, lo que implica: i. Omitir, lo que requiere que el agente no realice la conducta funcional dentro del término señalado, y en los casos donde no exista término, dentro del periodo de tiempo en que la conducta pueda alcanzar el fin perseguido. También implica omisión cuando se realice la conducta funcional dolosamente tan ineficiente que no consiga los efectos normales; ii. Rehusarse (Negarse) lleva la condición no solo de omitir el acto dentro del plazo señalado o dentro del tiempo útil, sino de manifestar abiertamente su negativa a realizarlo como respuesta al ser requerido para su ejecución; y iii. Retardar, implica adoptar una conducta omisiva durante el tiempo en que se espera se realice el acto, es decir no realizar el acto durante el plazo o término previsto por la ley, reglamento, disposición u orden, o dentro del tiempo en que aquel sería útil, sino que se espera el vencimiento de este tiempo para realizarlo posteriormente. Como elementos subjetivos, el tipo penal exige que el sujeto activo actúe con dolo, que implica el conocer las funciones que debe cumplir como empleado o funcionario público, el conocimiento de su obligación de realizar dicho acto, conocimiento del plazo o tiempo en que debe de realizar el mismo y voluntad libre de no realizarlo. El tipo penal en estudio se caracteriza por ser un tipo penal abierto, por cuanto el acto omitido, rehusado o retardado dependerá del marco de atribuciones del empleado o funcionario público, a determinar en cada caso concreto, bajo el estricto amparo del principio de legalidad, además es un tipo penal de mera actividad por cuanto su consumación acontece con la sola omisión, renuencia o retardo del acto funcional, sin importar si existe o no resultado dañoso. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Violación de los deberes de los Funcionarios Públicos: A) Según su estructura: i) Tipo penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo penal compuesto: ya que describe varios modelos de comportamiento distinto, cada uno de los cuales conforman por su mismo una modalidad típica distinta: se niegue, se abstenga, omita, rehuse o retarde y no preste. B) Según su contenido; i) Tipo penal de mera actividad, ya que el delito se agota con la mera acción del autor, sin que se requiera la producción de un resultado; ii) Tipo de conducta instantánea, al contener supuestos de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo penal de omisión propia: al tener contemplado un supuesto de omisión como conducta criminosa (abstenerse); iv) Tipo penal en blanco, debido a que el supuesto de hecho es integrado por lo dispuesto en la Constitución y en las leyes de la República; C) Según el sujeto activo: i) Unisubjetivo, al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo penal de sujeto activo calificado ya que exige que el sujeto activo tenga la condición especial de empleado o funcionario público y que con ocasión de éste desempeñe observe la omisión reprochada; D) Según el bien jurídico tutelado: i) Tipo penal mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Administración Pública, que puede verse afectada por el arbitrario ejercicio de la función pública, al margen de las constituciones, leyes o deberes que la rigen; ii) Tipo penal de peligro: pues la conducta omisiva no necesariamente requiere un resultado material, una lesión al bien jurídicamente tutelado, basta que éste haya sido puesto en peligro para que se considere consumado el delito; la sola inactividad de la acción esperada en el tiempo, exigido por la ley o esperado consumar el delito, aun cuando no se diese resultado dañoso materialmente. Por todo lo expuesto es que en este tipo de delito no es posible la tentativa, ante la ausencia de un estadio intermedio entre la ejecución y la consumación. Del tipo penal de Fraude al Estado[1]. La norma sustantiva contenida en el artículo 376 del Código Penal decreto 144-83 tipifica el delito de Fraude en perjuicio de la Administración Pública. El Título XIII del Libro Segundo del Código Penal, recoge los delitos cuyo objeto es la protección de la Administración Pública como bien jurídico, es decir el correcto funcionamiento de la administración pública, como deber del empleado y funcionario público de gestionar con lealtad y probidad la cosa pública en los términos que dispone el artículo 5 de la Ley General de la Administración Pública y 5 de la Ley de Contratación del Estado. Entre esos tipos penales nos encontramos el contenido en el artículo 376 conocido como Fraude al Estado, que no debe ser confundido con el tipo penal del artículo 242 y 243 que contienen los delitos de Fraude en perjuicio de persona natural o jurídica particular. El artículo 376 del Código Penal indica que “El Funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés en Estado y se ponga de acuerdo con alguno de los interesados para defraudar al fisco o con ese mismo propósito se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos o use cualquier otro artificio con la misma finalidad, será sancionado con reclusión de seis a nueve años, más inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión.” El tipo penal recoge tres supuestos diferentes y que de manera independiente configuran el delito de Fraude al Estado; Primer supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado y se ponga de acuerdo con algunos de los interesados para defraudar al fisco, la acción típica del supuesto es el concierto o conspiración (Art. 17 del Código Penal), es decir el ponerse de acuerdo el funcionario con los interesados o especuladores como una forma de ardid o maquinación, por lo que es preciso que efectivamente se haya producido el concierto, momento en el que tendría lugar la consumación delictiva. Este supuesto entonces, exige la participación de por lo menos dos personas: el funcionario o empleado público y el tercero(s) con el que se concierta; pese a lo anterior, el tipo no señala la suerte del tercero que participa en el hecho, por lo que su responsabilidad deberá ser deducida conforme a otro tipo penal. Segundo supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) para defraudar al fisco… se valga de su condición para favorecer a un tercero o para facilitar su participación personal, directa o indirecta, en los beneficios que pueda producir tales asuntos. El ámbito situacional en este segundo supuesto es diferente, por cuanto en él no se exige la existencia del acuerdo, sino que la conducta puede ser desarrollada de manera unilateral por el funcionario o empleado público, quien busca favorecer a un tercero -con o sin su conocimiento- o favorecerse el mismo de manera directa o indirecta, del asunto que conoce como funcionario público, en perjuicio del fisco. Tercer supuesto: funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) use cualquier otro artificio (para defraudar al fisco). La conducta típica aquí está centrada en el uso de un artificio, ardid, artimaña o maquinación por parte del empleado o funcionario público, con el objeto de burlar los sistemas de controles estatales y así conseguir defraudar al fisco con un acto de aparente legalidad o con un acto subrepticio, pudiendo ser a favor de un tercero -con o sin acuerdo o conocimiento de éste- o a favor propio. El término de “otro artificio”, incluido en este supuesto es por referencia al primer supuesto, en donde se prevé una forma específica de maquinación como ser el concierto de dos personas, una de ellas el funcionario público, mientras que en este tercer supuesto el legislador concibe la posibilidad de otro tipo de ardid además del indicado, convirtiendo este supuesto en un tipo penal abierto. Se concluye que el elemento objetivo de “artificio”, solo asiste en el primer y tercer supuestos y no así en el segundo, donde el mismo no es necesario para la concurrencia del delito. Son tres los elementos objetivos comunes en los supuestos señalados: 1. El Sujeto activo, es un funcionario o empleado público, quien participa en el acto jurídico con ocasión de su cargo, participación que puede ser directa por ser el responsable del acto, o indirecta cuando el acto, si bien se encuentra bajo su esfera de competencia, no interviene formalmente en el más si materialmente. 2. El acto jurídico, debe ser de aquellos en los cuales el Estado tenga algún interés, como contratos de obras públicas, contrato de suministros de bienes o servicios, contratos de consultoría, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de uso del dominio público o de concesión de servicios u obras públicas, así como los de compra-venta, donación, permuta, arrendamiento, préstamos y todos aquellos de contenido patrimonial. En conclusión, el acto jurídico a que refiere el tipo penal son todos los que deban regirse a la sombra de las normas del Derecho Administrativo; y 3. El Sujeto Pasivo es el Estado, entiéndase como tal: los órganos centralizados, desconcentrados y descentralizados, incluyendo en estos últimos los entes autónomos y las municipalidades, conforme lo disponen los artículos 2, 9, 41 y 47 de la Ley General de la Administración Pública. Como elementos subjetivos, el tipo penal, junto al dolo, exige una intención final, cual es, la de defraudar al fisco. Debe entenderse por defraudar al fisco cualquier acción u omisión que persiga perjudicar económicamente el patrimonio de la entidad a la que el funcionario o empleado público preste sus servicios. El tipo penal no requiere la existencia un ánimo de lucro aun cuando éste pueda igualmente gobernar el acto delictivo. El tipo penal, conforme a la estructura dada por el legislador hondureño, tiene las siguientes características: 1. Delito mono ofensivo, ya que el tipo penal protege solo un bien jurídico, como ser la Administración Pública, por lo que en caso de concretarse el daño patrimonial podría presentarse un concurso de delitos. 2. Delito compuesto, debido a que hace la descripción de tres supuestos diferentes e independientes. 3. Delito de mera actividad, debido a que para su consumación sólo se requiera la realización de la conducta, sin necesidad de que se produzca un resultado. 4. Delito de conducta instantánea, debido a que los tres supuestos descritos en el tipo penal se agotan en un solo momento. 5. Delito de sujeto activo calificado, dado que el autor deberá tener el carácter de funcionario o empleado público en el ejercicio de sus funciones. Dependiente de su forma de aparición y al existir diversidad de bienes jurídicos lesionados, el tipo penal de Fraude al Estado puede presentarse en concurso Ideal –propio o impropio-, conforme lo dispone el artículo 36 del Código Penal. De la procedencia del Recurso. El motivo no es de recibo. Si bien el censor estableció en su recurso que entiende que debe respetar los hechos declarados como probados, ciertamente el censor olvida ese argumento y no considera en toda su expresión lo que refiere el artículo 360 del Código Procesal Penal que determina que los hechos probados tienen el carácter de intangibles, por ello al apelar a la revalorización de la prueba incurre en un error de técnica recursiva insuperable, pues como se ha explicado líneas atrás, el Recurso de Casación por Infracción de Ley audita la aplicación de las normas sustantivas al caso concreto partiendo exclusivamente de los hechos declarados probados, los cuales se tendrán como una verdad incuestionable. El censor a lo largo de su recurso, refiere a la valoración de la prueba, utilizando argumentos como decir, que no se probó en juicio cuáles eran los deberes atinentes al cargo del gerente administrativo y financiero del IHSS, cargo que desempeñaba el acusado José Ramón Bertetty al momento de suscitarse los hechos. Por ello será tarea de este Tribunal Ad-Quem asirse a lo señalado en la norma procesal, confrontando la norma penal aplicada por los juzgadores con los hechos declarados probados, corroborando su identidad. De igual forma observa esta Sala de Casación, que el censor considera como normas penales infringidas únicamente el artículo 349 numeral 3 del Código Penal referente al delito de violación de los deberes de los funcionarios y el artículo 376 del mismo instrumento penal que regula el delito de fraude al Estado, entiende esta Sala de lo Penal que el censor no considera como norma violentada el artículo 349 numeral 2 referente al delito de abuso de autoridad, acción penal por la cual también fue condenado el acusado Bertetty Osorio, es así que nuestro pronunciamiento será únicamente sobre esos dos delitos, pues son los que el recurrente ha denunciado como infringidos. En cuanto al delito de violación de los deberes de los funcionarios, el censor no establece porqué considera que el cuadro fáctico no encuadra en ese tipo penal, sino que refiere que no se evacuó prueba sobre el valor real de los boletos y que el hacer las cotizaciones sobre la compra de esos boletos no es atribución del gerente administrativo, argumento que no va acorde al principio de debida técnica recursiva, pues el censor debe centrarse en determinar si en los hechos probados se encuentran los elementos necesarios para la tipificación de la acción cometida por el imputado como un delito; los hechos probados revelan que el señor Mario Roberto Zelaya Rojas en su calidad de director ejecutivo del IHSS y el señor José Ramón Bertetty Osorio como gerente administrativo y financiero de la misma institución, ordenaron el pago de viáticos y pasajes aéreos en montos que excedieron el presupuesto autorizado por la junta directiva del IHSS, emitiendo con ello una resolución contraria a la ley del IHSS, de ahí la acción por la cual comenten el delito de abuso de autoridad; aunado a eso, los sucesos también revelan que los referidos acusados realizaron una contratación directa a la empresa J&J Travel and Tours para la compra de los boletos sin seguir los procedimiento que establece la Ley de Contratación de Estado, omitiendo con ello lo deberes de su cargo, conformándose sobre esos puntos el delito de violación de los deberes de los funcionarios, constituyéndose un conducta omisiva que el señor Mario Zelaya y José Ramón Bertetty como funcionarios públicos dejaron de realizar, cuando la Ley de Contratación del Estado les obligaba a cumplir, por estar dentro de las actividades inherentes a la función pública; no es necesario como lo establece el recurrente, que los hechos probados establezcan cuales eran las funciones que como director administrativo y financiero del IHSS tenía el señor Bertetty Osorio, pues al asumir un cargo en la función pública nos vemos obligados a acatar las leyes y disposiciones reglamentarias para el buen uso de los fondos públicos, como lo es la Ley de Contratación del Estado, la cual ningún hondureño puede alegar ignorancia de no conocerla; el recurrente ha querido restar responsabilidad a su representado estableciendo que habían otras personas encargadas de la cotización y compra de dichos boletos, pero lo cierto es que como como correspondía a los cargos de director del IHSS y director administrativo y financiero, no pueden delegar la responsabilidad que estos tenían en el manejo de los fondos del Estado, fondos que representaban la salud y el bienestar de muchos usuarios a la seguridad social; esta Sala de lo Penal considera que los hechos probados encajan de manera perfecta en las omisiones realizadas por el acusado José Ramón Bertetty al haber faltado a los deberes que como director administrativo y financiero del IHSS tenía en la contratación directa de la compañía J&J Travel and Tours para la compra de los boletos, encajando perfectamente en el cuadro fáctico del artículo 349 numeral 2 y 3 del Código Penal. En relación al delito de fraude al Estado, el recurrente utiliza una mejor técnica recursiva y desglosa los elementos del tipo penal según su entender, considerando que el segundo elemento, es decir que el funcionario participe en un acto jurídico no se cumple, considera que ello se refiere a una actuación en los órganos jurisdiccionales o actuaciones propias del ámbito judicial, es decir que la compra de esos boletos no constituye a su entender un acto jurídico; considera además que los otros elementos, es decir que los funcionarios se pongan de acuerdo con los interesados y que con ese acuerdo se tenga como propósito favorecer a un tercero, tampoco aparece en los hechos, concluyendo el recurrente que no se cumplen con los elementos del tipo penal de fraude. Para esta Sala de lo Penal el censor equivoca algunas apreciaciones: en primer lugar y tal como se explicó en un apartado anterior, el artículo 376 refiere a 3 supuestos independientes, en los cuales los funcionarios públicos pueden incurrir en fraude al Estado; en el caso que nos ocupa considera esta Sala de Casación que según el relato de hechos probados nos encontramos con el tercer supuesto, en el cual el funcionario o empleado público que por razón de su cargo participe en cualquier acto jurídico que tenga interés el Estado (y) use cualquier otro artificio (para defraudar al fisco). En el caso de autos el señor José Ramón Bertetty al momento de suscitarse los hechos ostentaba un cargo público y participó en un acto jurídico con ocasión de ser el director administrativo y financiero del IHSS y su participación -dice la doctrina- puede ser directa o indirecta, en el caso del señor Bertetty su participación fue indirecta, pues el acto, si bien se encuentra bajo su esfera de competencia como director administrativo y financiero del IHSS, no interviene formalmente en él, más si materialmente, es decir puede utilizar otras personas bajo su cargo para cumplir con el fin de defraudar al Estado. Dicha acción regulada en el artículo 376 lo cataloga el Código Penal como un acto jurídico; mismo que la Sala de lo Penal ha definido jurisprudencialmente al establecer que acto jurídico se trata de contratos de obras públicas, contrato de suministros de bienes o servicios, contratos de consultoría, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de uso de del dominio público o de concesión de servicios u obras públicas, así como los de compra-venta, donación, permuta, arrendamiento, préstamos y todos aquellos de contenido patrimonial, ya lo ha señalado la Sala de lo Penal en su jurisprudencia que el acto jurídico a que refiere el tipo penal de fraude al Estado son todos los que deban regirse a la sombra de las normas del Derecho Administrativo, en el presente caso la compra de los boletos es un acto jurídico pues ello debe regirse por las leyes del Derecho Administrativo, por tanto sí se cumple ese elemento objetivo. El otro elemento es la conducta típica centrada en el uso de un artificio, ardid, artimaña o maquinación por parte del empleado o funcionario público, con el objeto de burlar los sistemas de controles estatales y así conseguir defraudar al fisco con un acto de aparente legalidad o con un acto subrepticio, pudiendo ser a favor de un tercero -con o sin acuerdo o conocimiento de éste- o a favor propio; en el caso sometido a estudio el artificio utilizado por los acusados fue sobrevalorar la compra de los boletos con precios superiores a los estándares establecidos en el mercado, además de solicitar al señor Bográn que la factura la hiciese por la compra de 5 boletos cuando en realidad la compra era para más personas, eso sin duda alguna es un artificio que utilizaron los acusados, además de pedirle al señor Bográn que emitiera una factura por el valor exacto a lo aprobado en la junta directiva, esto con el ánimo de defraudar al Estado y con una apariencia de legalidad; en este supuesto no se requiere que haya acuerdo entre el funcionario y el tercero, ni tampoco que se pretenda favorecer al tercero, como si lo regula el primer supuesto arriba explicado. Es importante recalar que el término de “otro artificio”, incluido en este supuesto es por referencia al primer supuesto, en donde se prevé una forma específica de maquinación como ser el concierto de dos personas, una de ellas el funcionario público, mientras que en este tercer supuesto el legislador concibe la posibilidad de otro tipo de ardid además del indicado, convirtiendo este supuesto en un tipo penal abierto, por lo tanto se concluye que el elemento objetivo de “artificio”, solo asiste en el primer y tercer supuesto y no así en el segundo, donde el mismo no es necesario para la concurrencia del delito. En conclusión, los hechos probados revelan como el acusado José Ramón Bertetty en su condición de funcionario público junto con el señor Mario Roberto Zelaya, compraron unos boletos con un valor superior al mercado con el único objetivo de defraudar al Estado, cumpliéndose así los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de fraude al Estado. Por todas estas razones, la Sala de lo Penal considera que los hechos declarados probados por el sentenciador encajan de manera perfecta en los tipos penales utilizados, por lo que el presente motivo debe ser declarado no ha lugar. Recurrente N° 3. Defensa del señor John Charles Bográn Velásquez. Motivo Único. Norma Autorizante: artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 242 numeral 5 del Código Penal. Concepto de la Infracción: aplicación indebida del delito de otros Fraudes. Pretensión: sin determinar por censor. Establece el recurrente que el cuadro fáctico no contiene acción alguna que conduzca a inferir que el señor John Charles Bográn Velásquez hubiese actuado con dolo o intencionalidad de ejecutar una acción tendiente a afectar el patrimonio del Estado; considera que el accionar del señor Bográn Velásquez no logra subsumirse en los preceptos contenidos en el artículo 242 numeral 5 del Código Penal, pues considera que nunca alteró los precios o condiciones de ningún contrato pues lo que había era un acuerdo verbal y comunicación vía correo electrónico; en ningún momento se probó que se haya puesto de acuerdo con los funcionarios del IHSS para defraudar y perjudicar el patrimonio del Estado; consideró que fue la junta directiva la que aprobó la realización de la gira y el presupuesto que se utilizaría; también refirió que el señor John Charles no estaba obligado, sino los personeros del IHSS en el cuidado de que la empresa proveedora cumpliera con los parámetros establecidos. En los hechos probados, el sentenciador consideró establecer precios a los cinco boletos vendidos, pero esos valores son precios de costo y por ello no debe tomarse ese monto como el que debió cobrar el IHSS; consideró el censor que J&J Travel and Tours está legalmente constituida como comerciante social y en el presente caso se limitó a cotizar la prestación de un servicio, limitándose a cotizar precios, lógicamente incluyendo en ello varios factores no apreciados por el Ministerio Público ni por el Tribunal Sentenciador, pues en ello no se incluye ninguna ganancia. Del Tipo Penal de Otros Fraudes regulado en el artículo 242 numeral 5 del Código Penal. El artículo 242 del Código Penal recoge, de forma exhaustiva, una prolija lista de comportamientos defraudatorios que para el legislador constituyen delito de estafa. Naturalmente, estos comportamientos no son los «únicos» constitutivos de estafa (también lo son los recogidos de forma más genérica en los arts. 241 y 243 del CP). Quizás, en buena técnica, este tipo de listados debería integrar subtipos agravados o circunstancias agravatorias, puesto que la redacción del tipo básico del artículo 241 del CP basta para incluir como delito de estafa la mayoría de estos comportamientos. Dice el artículo 242 que incurrirá en las penas del artículo anterior: 1) Quien defraude a otro en la sustancia, calidad o cantidad de las cosas que le entregue en virtud de contrato o de título obligatorio. 2) Quien para defraudar a alguien lo hiciere suscribir, destruir o mutilar, mediante engaño, algún documento. 3) Quien cometiere cualquier defraudación por abuso de firma de otro en blanco, extendiendo con ella algún documento en perjuicio del mismo o de un tercero. 4) Quien, en perjuicio de otro, otorgare contratos simulados o falsos recibos. 5) El comisionista, agente, administrador o mandatario que cometiere defraudación alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho. 6) Quien defraudare mediante la ocultación, sustitución o mutilación de algún proceso, expediente, documento u otro papel importante. 7) Quien en juego se valiere de artificio o engaño para asegurar la muerte. 8) Quien en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquier otra cosa mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que conlleve obligación de entregarle o devolverla, o negare haberla recibido. 9) Quien vendiere o gravare, como libres, los bienes que estuvieren en litigio, embargados o gravados, y quien vendiere, gravare o arrendare, bienes ajenos como propios. 10) Quien defraudare a otro bajo pretexto de supuesta remuneración, gratificación o dádiva a los jueces u otros empleados públicos, sin perjuicio de la acción de calumnia que a estos corresponda. 11) Quien, para obtener el precio de un seguro, o algún provecho indebido, destruyere, deteriorare u ocultare la cosa asegurada o cualquier otra de su propiedad. 12) Quien, con idéntico propósito, se causare por sí mismo o por tercero, una lesión personal o se agravare la causada por un accidente; y, 13) Quien, abusando de las necesidades, de la inexperiencia, o de las pasiones de un menor, o del estado de enfermedad o deficiencia síquica de una persona, la hiciere firmar un documento o ejecutar cualquier otro acto que importe efecto jurídico. Procede el estudio del numeral 5 que refiere que, incurrirá en las penas de la estafa, el comisionista, agente, administrador o mandatario que cometiere defraudación alterando en sus cuentas los precios o condiciones de los contratos, suponiendo gastos o exagerando los que hubiere hecho. De este numeral se pueden desprender los siguientes elementos: a. El sujeto activo debe ser un comisionista, agente, administrador o mandatario. b. El sujeto activo debe cometer una defraudación. c. La defraudación puede darse de varias formas: i) Alterado en sus cuentas los precios; ii) Alterando las condiciones de los contratos; iii) Suponiendo gastos y iv) Exagerando los gastos que le hubieren hecho. Importante corresponde establecer qué es un comisionista, estableciéndose que es parte del contrato de comisión mercantil a quien se le encarga y acepta un acto o gestión de comercio recibiendo una retribución a cambio. El mandatario (comisionista) está obligado a gestionar el negocio conforme a las instrucciones del mandante (comitente) y, en caso que estuviere autorizado a actuar a su arbitrio, deberá desempeñar el acto de comercio con prudencia y conforme al uso de comercio, cuidando del negocio como si fuere propio. Asimismo, está obligado a rendir cuentas de su gestión de comercio. El comisionista puede ejercer la comisión contratando en nombre del comitente o en su propio nombre. En este último caso, responde personalmente con las personas con quien contratare, quedando a salvo las acciones que correspondan al comitente y comisionista entre sí. En cuanto a la defraudación diremos que es el uso de engaño o simulación en las relaciones con otras personas o la acción de eludir con trampas el pago de una cosa o de impuestos a la que una persona o entidad tiene derecho. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Conforme a lo regulado en apartados anteriores, el Principio de Debida Técnica Recursiva obliga a los censores a observar ciertas reglas en la pericia para la conformación de un recurso de casación, en la especie que el recurrente ha señalado como motivo de casación, es decir la violación a una norma sustantiva, en una buena técnica el impetrante debe señalar cómo esos hechos probados encajan o no con las normas sustantivas que el juzgador utilizó; en el caso de autos el censor ha errado en la técnica casacionista para fundamentar su impugnación, pues a lo largo de la misma, realiza argumentos en relación a la valoración de la prueba, establece que muchas de las situaciones que se platean en los hechos probados no fueron plenamente acreditados en el juicio, con ello no respeta el principio de intangibilidad de los hechos probados, mediante el cual se deben aceptar los hechos probados tal y cual los redactó el Tribunal Sentenciador. En el caso subjudice, el cuadro fáctico revela que el señor John Charles Bográn Velásquez como socio de la compañía J&J y Travel and Tours, fue la persona encargada de la venta de los boletos a las autoridades del IHSS para la movilización del personal que haría la gira para la socialización del Régimen Especial de Afiliación del Migrante hondureño, por tanto, el señor Bográn Velásquez se constituye en comisionista en la compra y venta de esos boletos; posteriormente establecen los sucesos, que la venta de los boletos la realizó el señor Bográn por un valor mucho más elevado del mercado nacional mismo que ascendía a la cantidad de 156,993.46 lempiras, pero que los señores Mario Roberto Zelaya Roja y José Ramón Bertetty solicitaron al señor John Charle Bográn emitiera una factura por un valor de 1,203,966 y que comprara boleto para persona diferentes y que no incluyera en dicha factura todo lo nombres, petición que el señor Bográn accedió sin reparo alguno; constituyéndose así el elemento de defraudación necesario en este tipo penal y además que ese engaño o ardid tenía apariencia de legalidad pero escondía -sin duda alguna- la forma de defraudar en sus finanzas al IHSS; el otro elemento que también encontramos en estos hechos es que ese engaño o ardid para lograr la defraudación lo realizó el señor John Charles aumentando deliberadamente los precios que originalmente tenían esos boletos aéreos, de todo lo cual tenía pleno conocimiento el señor Bográn Velásquez tal y como lo relatan los hechos probados. En consecuencia, el cuadro fáctico que ha establecido el A-quo como probado, encaja de manera perfecta y armónica en la norma penal establecida en el artículo 242 numeral 5 del Código Penal decreto 144-83; razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. Decisión. Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada del señor Mario Roberto Zelaya Rojas. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, interpuesto por la defensa privada del señor José Ramón Bertetty Osorio. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa el señor John Charles Bográn Velásquez. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario. No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa privada de los acusados Mario Roberto Zelaya Roja, José Ramón Bertetty Osorio y John Charles Bográn Velásquez que expusieran cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento al respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación a los acusados señalados. D. Ponderación en el caso concreto. El Tribunal de Sentencia, basado en el Código Penal 144-83, declaró responsable a los acusados: 1. Mario Roberto Zelaya Rojas. Abuso de Autoridad imponiendo una pena de 5 años de reclusión, más inhabilitación especial por 10 años. Violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de Fraude al Estado a la pena de 10 años reclusión e inhabilitación absoluta por 20 años. Total, de Pena: 15 años de reclusión y 20 años de inhabilitación. 2. José Ramón Bertetty Osorio. Abuso de Autoridad imponiendo una pena de 5 años de reclusión, más inhabilitación especial por 10 años. Violación de los deberes de los funcionarios en concurso medial con el delito de Fraude al Estado a la pena de 10 años reclusión e inhabilitación absoluta por 20 años. Total, de Pena: 15 años de reclusión y 20 años de inhabilitación. 3. John Charles Bográn Velásquez. Otros Fraudes a la pena de 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Total, de Penas: 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Conforme las disposiciones del Código Penal contenido en el decreto 130-2017, señala el artículo 616 párrafo sexto, que cuando se trate de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el nuevo Código Penal, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real con la nueva ley. Con base en la nueva legislación penal decreto 130-2017, los delitos por los cuales fueron condenados los imputados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio se castigan así: Abuso de Autoridad: Artículo 499 numeral 1, cuya pena es inhabilitación especial para empleo o cargo, de 3 a 6 años. Violación de los deberes de los funcionarios: artículo 499 numeral 2, cuya pena es inhabilitación especial para empleo o cargo, de 3 a 6 años. Fraude al Estado: Artículo 482 que regula una pena de 5 a 7 años y una multa por la cantidad igual o hasta e triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión. Con el nuevo Código Penal decreto 130-2017 y si sumamos las penas principales se les impondría a los acusados Zelaya Rojas y Bertetty Osorio, unas penas que oscilarían entre 5 a 7 años de prisión, inhabilitación especial de 6 a 12 años, inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de prisión y una multa en una cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado y al ser condenados con la legislación derogada a la pena de prisión es de 15 años y 20 años de inhabilitación absoluta, sin duda alguna les beneficia la nueva ley penal, la cual en el caso de los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio debe aplicarse de forma retroactiva. Para la imposición de la pena concreta, esta Sala de lo Penal debe tomar en consideración si existen agravantes o atenuantes (Artículo 31 y 32 del nuevo Código Penal) pero además lo regulado en el artículo 70 numeral 1, inciso a) que establece que en los delitos dolosos se determinará la pena, tomando en consideración si hay o no agravantes o atenuantes, en esos casos la pena se fija dentro del marco establecido en la ley en atención a las circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho; en el caso sometido a análisis las acciones cometidas por los acusados Zelaya Rojas y Berttety Osorio, a quienes se les había encomendado la administración de una institución de previsión social, rubro muy sensible y que este nuevo código penal en muchos tipos penales al tratarse de situaciones contra la salud o situaciones de primera necesidad les considera más reprochables; tomado en consideración además el valor de los defraudado al IHSS que es de un millón cuarenta y seis mil, novecientos setenta y dos lempiras (L 1,046,972.54), por tanto procede imponer la pena máxima señalada para cada delito. Por lo que es procedente imponer a los señores Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio de los delitos de: Abuso de Autoridad a la pena de 6 años de inhabilitación especial. Violación de los Deberes de los Funcionarios a la pena de 6 años de inhabilitación especial. Fraude al Estado a la pena de 7 años de prisión, inhabilitación absoluta por 14 años y una multa del triple del valor de lo defraudado que corresponde a tres millones, ciento cuarenta mil, novecientos diecisiete lempiras con noventa y dos centavos (L3,140,917.62). En el caso del acusado John Charles Bográn Velásquez fue condenado con el Código Penal derogado por el delito de otros Fraudes a la pena de 8 años de reclusión y multa de 104,697.00 lempiras. Las acciones cometidas por el señor Bográn Velásquez las encontramos en el nuevo Código Penal en el artículo 482 segundo párrafo, por lo que la pena que le correspondería sería de 5 a 7 años de prisión, multa por la cantidad igual o hasta el triple del valor de lo defraudado e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la pena de prisión; en el caso de la pena de prisión impuesta por el Código Penal derogado se excede, pero en el caso de la multa aumentaría considerablemente, la cual oscilaría entre L1,046,972.54 a L3,140,917.62, además deberá imponérsele la pena de inhabilitación absoluta por el doble de la pena de prisión; en ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017 pues lejos de beneficiar al imputado, le perjudica. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Andrés Wilfredo Urtecho Jeamborde, en su condición de defensor privado del señor Mario Roberto Zelaya Rojas. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por los Abogados René Altamirano Interiano y Farabundo Murillo Godoy, en su condición de defensores privados del señor José Ramón Bertetty Osorio. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Allan Leonel Reyes Portillo, en su condición de defensor privado del señor John Charles Bográn Velásquez a quien se le condenó por el delito de Otros Fraudes en perjuicio del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cuarto: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017 en relación al señor John Charles Bográn Velásquez. Quinto: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017, por las conductas reprochadas a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio; en consecuencia, reforma el pronunciamiento del numeral primero de la parte resolutiva de la sentencia en los siguientes términos: i) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio como autores de un delito consumado de Abuso de Autoridad a la pena de 6 años de inhabilitación especial. ii) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio como autores de un delito consumado de Violación de los Deberes de los funcionarios a la pena de 6 años de inhabilitación especial. iii) Que debemos condenar y condenamos a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio como autores de un delito consumado de Fraude al Estado a la pena de 7 años de prisión, inhabilitación absoluta por 14 años y una multa del triple del valor de lo defraudado que corresponde a tres millones, ciento cuarenta mil, novecientos diecisiete lempiras con noventa y dos centavos (L3,140,917.62). iv) Por disposición constitucional (Art. 41.2), se condena a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio a la pena accesoria de suspensión de la ciudadanía por el tiempo señalado para el cumplimiento de las penas principales. Las penas principales impuestas se cumplirán en el orden siguiente: penas de prisión de manera sucesiva, iniciando con la más graves, a la que deberá deducirse el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; penas de inhabilitación especial y absoluta de manera simultánea, a partir de que el condenado recobre su libertad. La pena de multa deberá enterarse a la Tesorería General de la República dentro de los treinta (30) días siguientes a la firmeza de la Sentencia. v) Respecto a los acusados Mario Roberto Zelaya Rojas y José Ramón Bertetty Osorio a quienes se les ha aplicado retroactivamente el Código Penal 130-2017, el proceso de ejecución de pena deberá hacerse conforme a esta nueva codificación, lo que incluye la resolución bajo sus normas de cualquier solicitud de reemplazo de pena y de libertad condicional. vi) Se condena a los acusados Zelaya Rojas y Bertetty Osorio a realizar trabajo penitenciario durante el tiempo de internamiento por cumplimiento de la pena privativa de libertad, conforme la legislación vigente. Sexto: Se mantiene incólume la sentencia en cuanto a los pronunciamientos de los numerales segundo hasta el décimo de la parte resolutiva del fallo recurrido. Séptimo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, en relación a los pronunciamientos de condena contra el señor John Charles Bogran Velásquez. Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDRES. RECEPTORA ADSCRITA SECRETARÍA GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a solicitud del Abogado Juan Adolfo García Rodriguez, en fecha once de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 198-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario
Sala de lo Penal
[1] Vid Sentencia de Casación Penal SP 174-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 30 de julio de 2012.