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Sentencia CP-193-18 — Registro 14720

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, pues de manera abstracta manifiesta que si la prueba no es suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputan, es una apreciación subjetiva de la recurrente en la que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de derivación en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Asimismo en relación al defecto de que la sentencia se basa en medios de prueba no incorporados legalmente a juicio, esta Sala de Justicia manifiesta que al tratarse de un un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (artículo 363 tercer párrafo Código Procesal Penal); así como que el supuesto vicio debió ser alegado desde un motivo de casación distinto, de forma clara y precisa. Por lo anterior, el recurso decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, la censora del fallo no respeta la premisa fáctica o los hechos probados de la sentencia, sino que, se limita a hacer apreciaciones subjetivas mediante las cuales considera la insuficiencia de las diligencias investigativas, al argüir que no existen coimputados, ni otras personas investigadas o por investigar, y más aún, un acta que describa la posición final del vehículo y la del cadáver, que permita inferir la dinámica de los hechos. Ningún análisis de juricidad ocupa a la recurrente en el desarrollo de su recurso, no existe en su escrito una confrontación entre la premisa fáctica y el tipo penal de asesinato, que permita corroborar si existe un vicio de juricidad. Argumentaciones propias de instancia y en abstracto que no pertenecen y son ajenas al Recurso de Casación por Infracción de Ley, son las que desarrolla y guían su escueto escrito. Por tal razón, el motivo decae y no es de recibimiento, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional...."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193), cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal.."

Legislación citada

  • Decreto 184-2013, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 193-2018, que literalmente dice: “I. SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 193-2018 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de Gracias, departamento de Lempira, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Quevin Darío García Sánchez, como coautor penalmente responsable del delito consumado de asesinato, en perjuicio del señor Julio Mateo Reyes, a la pena de veinticuatro (24) años de reclusión, que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según el régimen penitenciario, debiendo abonársele el tiempo que ha permanecido privado de su libertad por esta causa. Segundo: Condenó al señor Quevin Darío García Sánchez, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la pena de reclusión. Tercero: Declaró al señor Quevin Darío García Sánchez, responsable civilmente de la reparación de los daños materiales y morales y de la compensación de los gastos ocasionados por el delito que hoy se le condena. Cuarto: Sin costas. Quinto: No procede comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez. Son partes en única instancia: La Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez, como recurrente; y, la Abogada Ligia Cristina Roque, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO.- En fecha seis de febrero del año dos mil catorce, cuando eran las cinco con treinta minutos de la tarde, en el Barrio abajo de la Aldea San José del Municipio de San Rafael departamento de Lempira, el señor JULIO MATEO REYES, fue atacado sorpresivamente por QUEVIN DARIO GARCIA REYES con arma de fuego quien con auxilio de dos personas ahora desconocidas, esperó ocultado en el camino a la víctima a la cual le causaron heridas que lo llevaron a la muerte. SEGUNDO.- JULIO MATEO REYES, falleció en la fecha antes apuntada, a consecuencia de shock hipovolémico, (herida penetrante de cuello zona I y herida penetrante de tórax) producidas por proyectil de arma de fuego.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO Infracción por haberse violentado las reglas de Valoración de la Prueba. La sana crítica; art 202 y aplicación indebida del Art 311 numeral 1) del Código Procesal Penal. SEGUNDO MOTIVO: Aplicación indebida del artículo 117 del Código Penal. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la comprendida en el artículo 202, valoración de la prueba y la sana critica en relación con el art. 311 numeral 1, 336 y 338 Regla CUARTA, numeral 2, del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 362 del Código Procesal Penal, numerales 1), 2) Que en base a medios probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro segundo, (Art 311 numeral 1). EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO 1) La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta toda la prueba producida”. En la sentencia recurrida, el Tribunal valora prueba de cargo que en ningún momento quebranta el estado de inocencia del imputado, lo anterior lo decimos en virtud de existir un sinnúmero de inconsistencias, tanto en las declaraciones de testigos de cargo, que fueron periciales por tanto NO SON PRESENCIALES de los hechos, que se limitaron a leer y ratificar dictámenes y actas periciales de investigación pobres en su contenido y en una clara violación de las normas del debido proceso, ya que en primer lugar la práctica del reconocimiento del cadáver practica por el Médico Forense fue realizada en UNA ESCENA MODIFICADA, EN UN BARRIO DE LA ALDEA SAN JOSÉ; EN “LA PAILA DE UN CARRO” siendo que el cadáver había sido MOVIDO DEL LUGAR DE LOS HECHOS, puesto que estaba en una casa. Ya el artículo 204 del Código Procesal Penal establece el procedimiento de Levantamiento e Identificación de cadáveres: “En caso de fallecimiento de una persona por causas no naturales o en forma súbita o cuando existan sospechas de que el fallecimiento es consecuencia de un hecho punible, antes de levantar el cadáver, se constituirá en el lugar de los hechos el personal del Ministerio Público, asistido por miembros de la Policía Nacional, u otros órganos de investigación criminal, especialistas forenses en la escena, con el fin de inspeccionar el lugar de los hechos y en forma preliminar el cuerpo, su identificación por cualquier medio posible, así como determinar su situación o posición”… a vía ilustración mencionamos parte de dichos testimonios: a) Consta como prueba de cargo la declaración de la Doctora YOLANDA MARIA CALIX ORELLANA; quien en su declaración manifestó a las preguntas de la fiscalía que podría ser” que los disparos fueron realizados a larga distancia, puesto que n ninguna herida se observó ningún tatuaje (de pólvora) o ahumamiento, y que la trayectoria “pudo haber sido de entrada”. Posteriormente a las preguntas de la Defensa: ¿Dónde practicó el reconocimiento del cadáver? Contestó que: “ésta fue una escena modificada, fue en el barrio del centro de la Aldea San José, en la paila de un carro, ya lo habían movido del lugar y estaba en la casa”. Que si bien manifestó una probabilidad de la trayectoria de los disparos no podría asegurar que se habían realizado disparos desde la parte de atrás del vehículo, y que la información que ella consignó en la historia médico legal fue proporcionada por las personas (técnicos) que inspeccionaron el vehículo y por los mismos familiares de don Julio Mateo (occiso). b) Consta la declaración de la señora KAREN ELIZABETH HERNANDEZ MACHADO; quien elaboró y ratificó el Acta de Inspecciones Oculares y Álbum Fotográfico a la pregunta: ¿Cuándo practicó la inspección? Contestó: “Fue un día después de los hechos” “Que la escena no estaba protegida porque se había hecho una segunda inspección”, “que la escena estaba modificada, ya que el vehículo había sido movido por parte de los familiares, debido a que se hizo el levantamiento” Estas declaraciones no nos revelan a verdad real y concluyente de la participación en el delito de asesinato por parte de mi representado Quevin Darío García, puesto que no solo no aportaron información contundente, no pudieron establecer fa forma y dinámica de los hechos, sino que realizaron informe forense y actas de inspección al lugar de los hechos en una clara violación del debido proceso, al practicarse el levantamiento de cadáver en la “paila” de un vehículo y segundo realizar una inspección de vital importancia en una escena modificada y realizada con posterioridad a la fecha de ocurrencia de los hechos. Esta escueta información no puede ser contrastada con la versión del UNICO TESTIGO PRESENCIAL YESTER MATEO, primo del imputado, QUIEN NO COMPARECIO AL DEBATE DE JUCIO ORAL. 2) Que debido a la incomparecencia del testigo YESTER ALEXANDER MATEO (primo de mi representado) el Ministerio Público (con objeción de la Defensa) solicitó a admisión de la declaración bajo la formalidad de prueba anticipada, el Tribunal accedió a la Lectura Autorizada de la misma, lectura que sirvió para el quebrantamiento de la forma por el vicio siguiente: art 362 2)….en base a elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Titulo IV, Libro Segundo del Código Procesal Penal”, concernientes a la forma de celebración y sustanciación del debate. El art 311 del CPP expresa: “excepcionalmente” podrán ser incorporadas al juicio por lectura 1) Los testimonios o pericias que se hayan recibido antes del debate, conforme a las reglas de la prueba anticipada y que resulte imposible reproducir en el acto del juicio. Al respecto queremos invocar la doctrina, “El sentido común y, lo que es más importante, la debida regulación de la justicia en un Estado de Derecho, aconseja que la verdad real sea la meta a perseguir en el proceso, pues ésta coincide con lo acontecido verdaderamente y no con lo que, en ocasiones, las partes presentan como tal. La Administración de justicia se establece para resolver un litigio con acierto y plena satisfacción, no para impartir una solución a cualquier precio. Carecería de toda lógica, constituyendo un desatino político y jurídico, aspirar a priori a la consecución de una verdad formal, a sabiendas de que se encuentra alejada de lo que constituye la realidad de la cuestión planteada”. La prueba en el Proceso Penal Acusatorio, José Martín Ostos, Catedrático de Derecho Procesal, Universidad de Sevilla, España. Esa práctica anticipada de la prueba ha de rodearse de todas las garantías de la prueba practicada durante la sesión oral ordinaria del juicio, por lo que, igualmente, le son aplicables todos los principios inspiradores de esta etapa procesal: igualdad, inmediación, concentración y contradicción. Las Leyes de Enjuiciamiento Criminal de países como España, Francia, establecen que ante a imposibilidad de concurrir a Juicio por haberse ausentado del territorio nacional, o en los casos en que hubiere motivos racionalmente fuertes para temer la muerte, incapacidad física o intelectual, de un testigo, el Juez instructor mandará practicar pruebas anticipadas, asegurando en todo caso la posibilidad de contradicción de las partes. Pero ¿Que sucede cuando a Fiscalía y el Tribunal de Sentencia validan pruebas donde no existe ausencia del territorio (probada), muerte, incapacidad física o intelectual de testigo, en este caso el testigo YESTER MATEO, se admite su declaración como prueba anticipada? La administración de justicia se vuelve totalmente ineficaz en el afán de perseguir un resultado condenatorio a cualquier precio. Las normas adjetivas y procesales fueron legisladas para su estricto cumplimiento y aplicación, no para su extra interpretación, o que se conviertan en una práctica ya consuetudinaria de condenar privados de libertad con una simple declaración anticipada, facilitándole y enmendando el trabajo de investigación del ente acusador como lo es el Ministerio Publico y sus órganos de investigación. 3) El testigo de la Defensa ELDER ANAEL MATEO PINEDA, quien es hermano del testigo YESTER ALEXANDER MATEO, manifestó que “las detonaciones se escucharon, nadie supo nada”, que tuvo conocimiento que su hermano Yester “tenía una espinita (rencilla) con Quevin”, y que era su oportunidad para implicarlo o “embarrarlo” en los hechos, en los cuales declaró haber estado, puesto que iba en la paila del vehículo de su tío el occiso Julio Mateo Reyes, y que de forma milagrosa sobrevive al ataque, y no recibe ningún rasguño ante el ataque. Asimismo, el testigo Elder manifestó que su hermano se había marchado de su hogar desde la edad de catorce años y regresaba pasados tres o cuatro años a su vivienda, para preguntar por su madre, desconociendo la familia su paradero. Ya el artículo 157 del Código Procesal Penal establece que cuando se ignore el lugar donde se encuentra la persona que debe ser notificada, citada, emplazada o requerida, el Órgano Jurisdiccional ORDENARA LA PUBLICACION DE EDICTOS POR TRES (3) DIAS, en dos de los Radio periódicos de mayor audiencia del país.- Los Edictos también podrán publicarse en dos de los diarios, escritos de mayor circulación de la República o por medio de la televisión EN TODOS LOS CASOS SE DEJARA CONSTANCIA EN AUTOS.- En el presente caso se produce nuevamente una violación al debido proceso ya que el Ministerio Publico a la noticia de cambio de residencia del joven Yester Alexander Mateo, debió solicitar al Tribunal la citación a comparecer en juicio mediante la publicación de edictos, y que quedara debidamente acreditada esta diligencia, situación que no sucedió. Así mismo alegaron como medio extraordinario de imposibilidad de comparecencia de dicho testigo clave a juicio la posibilidad de que el testigo no se encontrara en el territorio nacional pero en ningún momento presentaron una constancia extendida por el departamento de Migración y Extranjería que acreditara los MOVIMIENOS MIGRATORIOS del testigo y así quedara plenamente acreditada dicha circunstancia que legitimo en su momento la lectura autorizada, que cambió el rumbo del juicio, El Tribunal de Sentencia ignoró este testimonio, que ratifica el motivo de la casación, no existe testigo que acredite la participación de mi representado, más que del dicho presumiblemente falseado del testimonio de su propio primo Yester, quien solo llegó a la comunidad para la fecha de ocurrencia de los hechos y después de declarar y asegurarse de implicar a Quevin, desaparece nuevamente de la comunidad. Hecho que se comprueba con la incomparecencia del mismo a juicio. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN Las normas penales que aplica indebidamente el sentenciador son el artículo 117 del Código Penal que establece: Artículo 117: Es reo de asesinato quien de muerte a una persona ejecutándola con la concurrencia de las circunstancias siguientes: 1) Alevosía; 2)…..La pena por asesinato será de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remunetaria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) a privación de por vida de la libertad”. Si observamos Honorables Magistrados el Juzgador consideró que los hechos constituían el delito de ASESINATO en base al agravante de la Alevosía. En el presente caso, no solo no contamos con el testimonio del Testigo clave Yester, sino que no existen coimputados, no existen más personas investigadas, ni por investigar en los presentes hechos, menos aún, un acta que nos indique la posición final del vehículo y posición del cadáver, por lo cual no podemos establecer una real dinámica de los hechos, que nos lleve a la conclusión que se aseguró un resultado, tampoco podremos inducir a un ataque con elemento sorpresa o los hechos fueron productos de una discusión entre personas conocidas o desconocidas. REPROCHE DE VALORACION Y ADMISION DE PRUEBA PARA PARA AMBAS EXPOSICIONES Queremos dejar claro que en el caso de mérito el reproche se dirige en primer lugar a la ADMISION Y VALORACION dada por parte del Tribunal a la DECLARACION EN PRUEBA ANTICIPADA DE YESTER ALEXANDER MATEO, así como la prueba documental y pericial consistente en el Acta de Levantamiento y Reconocimiento de Cadáver y el Acta de Inspecciones oculares, por las razones anteriormente expuestas. Donde el Tribunal en la interioridad de su fallo hizo incorrectamente el desglose de las reglas de la sana critica en que se apoyaba para admitir y valorar dichas pruebas, que iban contra la lógica y conciencia del Juzgador, también en contra de las normas del debido proceso, no teniendo entonces un convencimiento cierto e indubitable como para poder haber llegado a la certeza de acreditarle al imputado la responsabilidad de tal ilícito, derivando el mismo a conclusiones falsas, consideramos que el Juzgador estaba desprovisto de pruebas licitas para que concluyera en la culpabilidad absoluta del acusado y desde este punto de vista si están inobservando las reglas de la sana crítica y del debido proceso, específicamente la “regla de la lógica de derivación, en su postulado de razón suficiente”, faltándole contundencia a la prueba de cargo, en vista que lo lógico que pudo haber asistido asimismo una DUDA y por consiguiente ABSOLVERLO de toda responsabilidad tal y como lo dispone el artículo 339 del Código Procesal Penal, en consecuencia con fundamento en esas circunstancias, la Defensa no está de acuerdo con la sentencia de mérito por lo que el fallo no está dictado conforme a las exigencias de los artículos citados, por ende el recurso interpuesto debe ser declarado CON LUGAR, anulando la Sentencia A-quo. O en su defecto si se estimara celebrarse nuevamente el juicio desde su inicio, sea con las garantías del debido proceso, citando en legal y debida forma al testigo de cargo (supuesto presencial de los hechos). RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con la sentencia misma, solo es posible su subsanación a través del presente recurso por lo que se deduce que no hubo una reclamación ex-ante.”. IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 362 numerales 1 y 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: infracción de los artículos 202, 311 numeral 1), 336 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción a las reglas de la sana crítica y la sentencia se basa en medios de prueba incorporados por lectura a juicio en violación de las normas contenidas en el Títulos IV del Libro II del Código Procesal Penal. Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. La censora del fallo arguye que la prueba de cargo no quebranta el estado de inocencia, es inconsistente, los testigos de cargo no son presenciales y se limitaron a leer dictámenes y actas periciales. Seguidamente, relaciona la declaración testifical de la señora Yolanda Calix Orellana, del señor Yester Alexander Mateo y del señor Elder Anael Mateo Pineda. Luego de lo cual, arguye que el Ministerio Público produce una violación al debido proceso ya que, a la noticia del cambio de domicilio, debió solicitar al tribunal la citación a comparecer a juicio mediante edictos. Considera que con el testigo Yester Mateo, se infringió el artículo 311 del Código Procesal Penal, lo que ocasiona el vicio del numeral 2) del artículo 362 del mismo Código. Finalmente, arguye que se han inobservado las reglas de la sana crítica, específicamente la regla de derivación en su postulado de razón suficiente, en vista que hay duda y se debe absolver de toda responsabilidad penal al acusado. De la debida técnica recursiva. El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al pretensor cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1) Legitimidad objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2) Legitimidad subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y, 3) Satisfacción de requisitos de interposición: El recurrente deberá de observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i. La expresión de la voluntad de impugnar; y, ii. La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben de confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe de ser corregido, siendo esto su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el Recurso de Casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el pretensor deberá de señalar en primer término el tipo de Recurso de Casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el pretensor deberá de identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el pretensor deberá de encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto, no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo. La identificación del motivo de casación lleva al pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i. Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y, iii. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el pretensor señala: i. El tipo de Recurso de Casación; ii. La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii. Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv. Concepto de la infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y, v. Aplicación pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe de ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal, que cada motivo debe de ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal, prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del vicio: El recurrente, aun cuando allá identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no vera prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir, como considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe de ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe de tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para derivar la conclusión; por ende, el recurrente que alega la violación del principio de derivación como motivo, asume un alto compromiso que implica la tarea de identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor, y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí, pues además debe de explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide con la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, la defensa privada se dedica a elaborar alegatos propios de instancia que resultan insuficientes para autorizar la potestad revisora del control de racionalidad de la actividad valorativa del sentenciador, pues de manera abstracta manifiesta que si la prueba no es suficiente para acreditar la responsabilidad penal del acusado en los hechos que se le imputan, es una apreciación subjetiva de la recurrente en la que pasa por alto identificar, explicar y comprobar el vicio de derivación en la labor intelectiva del juzgador y la cual debe ser su objeto de impugnación. A partir de lo alegado, la Sala de lo Penal no tiene duda que la recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque identifique un defecto de construcción en un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada, sino porque la prueba fue valorada de forma diferente a como pretendía la defensa privada, todo ello impropio de sede casacional. Asimismo en relación al defecto de que la sentencia se basa en medios de prueba no incorporados legalmente a juicio, esta Sala de Justicia manifiesta que al tratarse de un un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (artículo 363 tercer párrafo Código Procesal Penal); así como que el supuesto vicio debió ser alegado desde un motivo de casación distinto, de forma clara y precisa. Por lo anterior, el recurso decae y debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez. Único motivo. Precepto autorizante: no determinado por el recurrente. Normas sustantivas que se denuncian infringidas: artículo 117 del Código Penal. Concepto de la infracción: aplicación indebida. Pretensión: declarar con lugar el recurso interpuesto. La censora del fallo cita el contenido del artículo 117 del Código Penal. Seguidamente, arguye que el juzgador consideró que los hechos constituían el delito de asesinato, sin embargo, no se cuenta con la declaración del testigo Yester Alexander Mateo, no existen coimputados ni otras personas investigadas ni por investigar en los presentes hechos; y más aún, no existe un acta que indique la posición final del vehículo ni la posición del cadáver, por lo cual no se puede establecer una dinámica de los hechos. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tener presente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. El recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. En el presente caso, la censora del fallo no respeta la premisa fáctica o los hechos probados de la sentencia, sino que, se limita a hacer apreciaciones subjetivas mediante las cuales considera la insuficiencia de las diligencias investigativas, al argüir que no existen coimputados, ni otras personas investigadas o por investigar, y más aún, un acta que describa la posición final del vehículo y la del cadáver, que permita inferir la dinámica de los hechos. Ningún análisis de juricidad ocupa a la recurrente en el desarrollo de su recurso, no existe en su escrito una confrontación entre la premisa fáctica y el tipo penal de asesinato, que permita corroborar si existe un vicio de juricidad. Argumentaciones propias de instancia y en abstracto que no pertenecen y son ajenas al Recurso de Casación por Infracción de Ley, son las que desarrolla y guían su escueto escrito. Por tal razón, el motivo decae y no es de recibimiento, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. de la procedencia de la aplicación retroactiva del código penal decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de asesinato (artículo 193), cuya pena es de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años, marco abstracto dentro del cual se encuentra la pena privativa de libertad impuesta al acusado en la sentencia. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Edin Janeth Morazán Ventura, en su condición de defensora privada del señor Quevin Darío García Sánchez; 3) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva, a la conducta reprochada al ahora condenado Quevin Darío García Sánchez. 4) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Gracias, departamento de Lempira. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 193-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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