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Sentencia CP-178-16 — Registro 15652

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado de los delitos de Estafa Continuada en concurso medial con otros fraudes y Amenazas, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia del segundo motivo. EL SEGUNDO MOTIVO NO ES DE RECIBO. Basado en un erróneo entender del motivo invocado, el censor formula censura indebida a la sentencia, pues confunde la falta de consideración de la prueba con la violación a las reglas de la sana crítica, que constituye un motivo diferente. Lo alegado es improcedente, pues se aprecia en la sentencia que la declaración testifical del señor José Rolando Ponce fue analizado intelectivamente en el numeral primero del título “Valoración de la Prueba.” Por lo que se descarta el vicio denunciado. De igual forma el censor arguye que el Tribunal de Sentencia dejó de considerar los estados de cuenta de la señora Arcadia Alicia González, indicando que el Tribunal de Sentencia valoró que los fondos que reflejaban estos estados de cuenta provenían de desembolsos otorgados por Banco Atlántida; de nueva cuenta, tal argumento es incorrecto pues los estados de cuenta son parte de la prueba que fue motivada, descriptiva e intelectivamente en la sentencia que ahora se impugna (f 3042 v), por lo que efectivamente fue considerada como parte del soporte probatorio para la resolución. Extiende el reproche el censor con el mismo razonamiento en relación a los cheques de ventanilla número 195, 202 y 206, los cuales el Tribunal de Sentencia dice que fueron cobrados por doña Arcadia Alicia González y que dispuso de los fondos a su libre albedrío. Nuevamente existe una errónea invocación del motivo, ya que consta a folios 3043 y 3048 que los mismos forman parte del acervo probatorio y que fueron valorados descriptiva e intelectivamente por el A-Quo..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un día de diciembre del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el recurso de casación SP 178-2016 por quebrantamiento de forma interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: primero: Absolver al señor Víctor Enrique Zelaya, del delito de estafa continuada en concurso medial con otros fraudes, en perjuicio de la señora Arcadia Alicia González Ortez. Segundo: Absolver al señor Víctor Enrique Zelaya, del delito de Amenazas, en perjuicio de la señora Arcadia Alicia González Ortez. No procede a condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Henry Yasir Palma Euceda, acusador privado de la señora Arcadia Alicia González Ortez. Son partes en única instancia: El Abogado Henry Yasir Palma Euceda, como acusador privado y como recurrente; y los Abogados Nicolás García Zorto y Rosa Elena Bonilla Galindo, defensores privados del señor Víctor Enrique Zelaya, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA ÚNICO: En el año dos mil cuatro se inició el proceso penal contra el señor VÍCTOR ENRIQUE ZELAYA, por suponerlo responsable de haber realizado acciones maliciosas en su condición de representante de una institución bancaria que tenían como propósito engañar a la señora ARCADIA ALICIA GONZÁLEZ en su relación comercial con la misma, lo que supuestamente provocó que ésta perdiera cantidades millonarias de dinero en operaciones bancarias que la llevaron a la insolvencia, además de suponerlo responsable de haberle expresado a doña Arcadia que le haría mucho daño a ella o su familia si ella no hacía lo que él le ordenaba respecto a sus bienes, extremos éstos que no fueron demostrados en juicio. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, el Abogado el Abogado Henry Yasir Palma Euceda, acusador privado de la señora Arcadia Alicia González Ortez, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “MOTIVO DE RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma: Por haber dictado en fecha treinta de junio del año dos mil quince (2015), por parte del Tribunal de Sentencia, sentencia absolutoria en la causa antes referida, cuyas motivaciones son insuficientes y contradictorias además que en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal que establece “Que dichas motivaciones sean insuficientes y contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica” CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El tribunal de sentencia al momento de dictar sentencia definitiva en fecha treinta de junio del año dos mil quince (2015), ha incurrido en grave violación de la forma y el fondo del juicio, al motivar su sentencia en forma contradictoria e insuficiente sin observar al momento de la valoración de la prueba las reglas de La sana crítica la cual nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional, puesto en juicio. Esto implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. De tal manera que el tribunal al dictar su sentencia “no toma en cuenta la racionalidad y la experiencia al momento de valorar” los medios de prueba tanto documentales como testificales propuestos tanto por el MINISTERIO PÚBLICO como por la acusación privada respectivamente.- PRIMERO: El Tribunal dice que con los medios de prueba documentales y testificales no se prueba el elemento del engaño ni mucho menos del error los cuales son unos de los elementos del tipo penal de estafa, el tribunal no le da valor a estos medios de prueba aduciendo que estos medios probatorios contradijeron en su totalidad la tesis acusatoria, además con los medios de prueba, documentales que consisten en cheques de ventanilla, pagares, y los cuales fueron firmados en blanco por la señora ARCADIA ALICIA GONZÁLES ORTÉZ a favor del imputado, el tribunal dice que no se pudo comprobar la manera en que éstos fueron firmados en blanco y que además ésto no puede ser engaño ya que la señora Gonzáles tenía sus propios negocios consistentes en la compra y venta de café y además les daba crédito a más de novecientos empleados y de esta forma comprendía lo que significaba deudas, créditos entre otros, y de esta manera sabía las consecuencias que traería el tener crédito con Banco Atlántida, sin embargo al evacuar estos medios de se pudo acreditar que los mismos carecían de los requisitos necesarios para poder deducir que no fueron firmados en blanco y que la señora en realidad si conocía lo relacionados con los negocios pero en ningún momento ella tenía conocimientos en asuntos bancarios como ella lo manifestó en la declaración rendida, por lo que con el desconocimiento de asuntos bancarios y la confianza que la señora González depositó en el imputado el señor Víctor Enrique Zelaya se puede acreditar el engaño y posteriormente al error.- Aparenta negociación el que invoca falsamente la existencia de una transacción que se realiza o se va a realizar, o muestra características distintas de una transacción que se está llevando o se llevó a cabo. Por confianza se entiende “a la fe, la seguridad que se deposita en alguien, de modo que “abusa de la confianza la persona que, siendo objeto de esa fe o seguridad, y valiéndose precisamente de ella, perjudica patrimonialmente a quien le honró con aquella confianza.- Los elementos esenciales para la existencia de la estafa son: engaño, error, disposición patrimonial, perjuicio y provecho propio o ajeno del autor, engaño mediante el cual el sujeto activo provoca error en la víctima, motivándola para que disponga de su patrimonio, lo que provocará perjuicio para ella y beneficio para el agente. En el presente caso, el supuesto normativo en que se subsume la conducta del acusado es que valiéndose de artificios indujo a error a la ofendida, defraudándola en provecho propio o ajeno, está claro que la ofendida sufrió un menoscabo en su patrimonio y que el banco fue el que se apropió de su patrimonio. SEGUNDO: en cuanto a las solicitudes de créditos las cuales fueron aprobados por el señor Víctor Enríquez Zelaya mismas que no fueron ni solicitadas por la víctima ni mucho menos firmadas por la misma, el tribunal se contradice en su sentencia al manifestar en varias ocasiones que estas solicitudes no debían ir firmadas por la cliente en este caso, sino solo por el comité de crédito del banco ya que las prácticas bancarias en aquella época no establecían que esas solicitudes de crédito deberían ir firmadas por el cliente en este caso la señora Arcadia Alicia González, sin embargo en la misma sentencia se contradice al exponer que se acreditó plenamente en juicio sin lugar a dudas que efectivamente estas solicitudes de crédito fueron hechas por la señora Arcadia Alicia Gonzáles ya que fue ella quien las solicitó y además estas solicitudes de crédito están firmadas por doña Arcadia Alicia Gonzáles, y así lo están según lo manifiesta el tribunal, sin embargo la prueba pericial de documentología y la misma que fue valorada en juicio contradice lo expuesto por el tribunal ya que estas solicitudes si están firmadas pero no por la señora Arcadia Alicia Gonzáles sino por el señor Víctor Enrique Zelaya, por lo que si el mismo tribunal dice que estas solicitudes de crédito tenían que ir firmadas por el cliente y no lo estaban, sino más bien por el imputado, nos lleva a la conclusión por consiguiente que hay un indicio suficiente para que el Honorable Tribunal hubiese dictado una sentencia condenatoria y no absolutoria.- TERCERO: En el acta de la audiencia del debate, la testigo de nombre SANDRA JEREZANO quien se desempeñaba como secretaria del banco en aquella época manifestó que los requisitos para que el banco aprobara un crédito a un cliente tenían que comenzar por una solicitud de crédito en la que establecían las generales, su domicilio y su profesión u oficio y firmadas por el cliente, y que no se podía seguir con el trámite sin estar autorizados, al momento de evacuar estos medios probatorios no damos cuenta que estas solicitudes de crédito no cuentan con la autorización para hacer el trámite respectivo; y así también lo manifestó otro testigo de nombre OTOMÁN PAREDES quién manifestó que es un cliente activo de banco Atlántida desde los años 1,990 aproximadamente y que mantiene líneas de crédito con dicho banco y que para que el banco le otorgue un crédito hay que llenar una solicitud de crédito en la que se establecen todos los datos generales, (tal como lo manifestó la señora SANDRA JEREZANO en su declaración) y que al final debe ir firmada por quien solicita, en este caso la señora Arcadia Alicia González Ortéz. Sin embargo el Honorable Tribunal hace caso omiso a estos elementos probatorios y de todo lo que manifestó el señor OTOMÁN PAREDES el tribunal solo toma una parte de su testimonio cuando dijo que la señora Arcadia Gonzáles había quedado en la ruina porqué pasaba celebrando fiestas con sus empleados y productores de la zona donde tenía sus bodegas, no dando valor al elemento más importante de su declaración que era que esas solicitudes tenían que ir firmadas por cliente cuando solicitaba un crédito con el Banco Atlántida en cuanto a las solicitudes de créditos denominadas PD12 mismas que fueron secuestradas por el Ministerio Público, y en las cuales se acreditan estas irregularidades al faltar los datos generales y la firma de la señora Arcadia Gonzáles y más bien la firma que aparece es la del imputado el señor Víctor Enrique Zelaya solicitando préstamos a nombre de la señora Gonzáles y la misma firma del señor Víctor Enrique Zelaya aparece en las aprobaciones a estas solicitudes y quedó claramente acreditado mediante la prueba pericial de documentología emitida por la abogada HELGA YALENA CANACA jefe y analista de laboratorio de documentología forense en donde algunas de estas solicitudes no aparece ni por quien están autorizadas por lo tanto queda demostrado que el imputado Víctor Enrique Zelaya, era el responsable por estas irregularidades que se dieron y además aprovechándose de su puesto que era el vicepresidente y encargado de la región noroccidental de Banco Atlántida. CUARTO: el tribunal atribuye en su relato deposición que la señora arcadia Gonzáles por su vástago conocimiento en asuntos de comercio era suficiente para poder entenderlo que significaba asuntos bancarios, lo que es totalmente diferente asuntos de comercio con asuntos bancarios ya que los bancos manejan otro tipo de políticas, asimismo lo manifestó el tribunal al decir que las prácticas bancarias tienen su propio sistema el cual es manejado por la Comisión Nacional de Bancas y Seguros, por lo tanto la señora Arcadia Alicia Gonzáles al no conocer este sistema bancario, cayó en error el cual es en un elemento del tipo penal de estafa, al depositar la confianza en el imputado y éste se aprovechó de esta circunstancia y de esta manera la señora sufrió un menoscabo en su patrimonio económico. En mi convicción, los jueces que optaron por la resolución absolutoria del defendido, obviaron la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que los obliga a relacionar de modo racional y armónico, toda la prueba en su conjunto para formarse a partir de ello la libre convicción, apegados a las reglas de la sana crítica. Evidentemente en el caso que nos ocupa, fueron despreciadas al menos una del conjunto de reglas que conforman la sana crítica y que están referidas a las reglas de la experiencia, tal como lo he expuesto anteriormente, por ende la mayoría del Tribunal violó las reglas del correcto entendimiento humano.-“ “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: LA MAYORÍA DEL TRIBUNAL SENTENCIADOR, DEJÓ DE CONSIDERAR PRUEBA DE VALOR DECISIVO.- Precepto autorizante: el presente motivo de casación es uno de los supuestos contenidos en el artículo 362.2 del Código Procesal penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: PRIMERO: Aunque es entendido que el Tribunal no está obligado a realizar una valoración exhaustiva de todas las pruebas introducidas al debate, habremos de coincidir en que la motivación de la sentencia es ilegítima si el tribunal omite la consideración de prueba decisiva que haya sido controvertida en la audiencia de juicio, considerando que la finalidad del proceso es la realización de la justicia, acercándose todo cuanto fuere posible a la verdad real. Por otra parte y en consideración al principio de inviolabilidad de la defensa y contradicción, el juzgador debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. Cuando el Tribunal prescinde sin justificación, al menos aparente, de una prueba esencial, el fallo se convierte en arbitrario y por tanto la sentencia es nula. PRIMERO: En el caso que nos ocupa la mayoría de miembros del Tribunal, responsable del fallo absolutorio, omitió la valoración del testigo del Ministerio Público JOSÉ ROLANDO PONCE, quien bajo juramento y sometido al contradictorio de rigor, sostuvo que efectivamente fue el señor VÍCTOR ENRIQUE ZELAYA ya que lo reconoció al momento de brindar su declaración la persona que visitó a la señora Arcadia Alicia Gonzáles por lo que fue esta persona quien indujo a que la señora trabajara sus negocios con la ofendida en este caso, y asignarse su confianza es la esperanza firme que se tiene en una persona o una cosa. La circunstancia agravante de actuar con abuso de confianza tiene como principal fundamento que el delincuente se aproveche de las facilidades que su situación le proporciona para la perpetración del hecho punible. El aprovechamiento de la especial situación del culpable, representa por otra parte una infracción de los especiales deberes de lealtad y fidelidad que le ligan con el ofendido. Resulta evidente que la circunstancia agravante bajo examen que es propia de los delitos dolosos. SEGUNDO: en cuanto a los medios de prueba consistentes en estados de cuentas de la señora Arcadia Alicia Gonzáles: el tribunal en deposición establece que todos los fondos que se reflejaron en estos estados de cuenta provenían de fondos otorgados por el Banco Atlántida y que la señora Gonzáles utilizó a su libre albedrío estos fondos, sin embargo con la evacuación de estos medios de prueba se pudo establecer estos fondos fueron el resultado de depósitos propios de la señora Gonzáles ya que en estos estados de cuenta se refleja que efectivamente eran depósitos ya que el banco identifica estas transacciones con diferentes claves para diferenciar lo que es un crédito, un depósito, y débito y ésto en vez ocasionarles beneficios a la señora Gonzáles le generaba obligaciones, por lo que con la evacuación de la auditoría forense realizada por los peritos del Ministerio Público se pudo acreditar este extremo además el auditor del Banco Atlántida el señor Rafael Antonio Valenzuela, testigo de la defensa, en su manifestación dijo que efectivamente en las cuentas de la señora Arcadia Alicia Gonzáles habían errores, como ser que un depósito reflejado en los estados de cuenta como tal, es decir un depósito hecho por la señora Gonzáles, al interior del banco ésto se manejaba como que el banco era quien había realizado el crédito tal como consta en el acta del debate; errores que conllevaron a la insolvencia económica de mi representada.- Tercero: en cuanto a los cheques de ventanilla números 195, 202 y 206, el tribunal dice que éstos fueron cobrados por la señora Arcadia Alicia Gonzáles y que ella gastó estos fondos a su libre albedrío, sin embargo en los cheques aparece una leyenda que dice mi mismo, nosotros mismos, cuando lo que el nombre que debió ir era el de la señora Gonzáles. Con ésto queda demostrado que estos cheques no estaban a nombre de mi representada, es decir que no tienen en específico el nombre de un beneficiario por ende no fueron cobrados por la ofendida ya que si bien es cierto ella los dejó firmados y endosados en custodia de quien era el gerente y encargado de la zona noroccidental de Banco Atlántida, señor Víctor Enrique Zelaya, ésto para un futuro préstamo.- Por lo que los medios de prueba aportados tanto por el ente acusador como el acusador privado respectivamente al ser valorados en su conjunto nos llevan únicamente a que el tribunal debió dictar una sentencia definitiva condenatoria y no absolutoria, pues esos medios de prueba resultan insuficientes si son examinados de acuerdos de a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Por todo lo anterior, la convicción de esta acusación es que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en fecha treinta de junio del dos mil quince, mediante la cual, por mayoría de sus miembros, decidió absolver al señor Víctor Enrique Zelaya como responsable de un delito de estafa continuada, en perjuicio de la señora Arcadia Alicia Gonzáles Ortéz, debe ser casada por haber incurrido el Tribunal sentenciador en vicios de orden procesal que afectan la correcta forma de Juzgar, al tenor de lo que dispone el artículo 362. 2 y 362.3 del Código Procesal Penal.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: No definido por el censor; Acciones de Saneamiento: No definido por el censor; Pretensión: Casar la sentencia recurrida. La recurrente denuncia como primer motivo de casación el que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones son insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, sin identificar cual es el motivo a desarrollar en su recurso. Denuncia la contradicción entre la valoración probatoria realizada por el tribunal a la prueba documental y las pruebas testificales y periciales; asimismo, cuestiona por qué el Tribunal de Sentencia no concluyó la ilegalidad de las transacciones bancarias después de haber valorado la prueba. De las reglas de la sana crítica. Esta Sala de lo Penal, considera pertinente recordar que el artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias), y la Sana Crítica; es este último, el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que se apoyen. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Partiendo de la Doctrina Legal sentada por esta Sala de lo Penal, en los fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, del Exp 194-2009, de fecha 30 de noviembre del 2011, contenido en el Exp 297-09, de fecha 02 de noviembre del 2011, en el Exp 242-09 y de fecha 30 de noviembre del 2011 que resuelve el caso del Exp 125-2010, componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la experiencia común: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, sin relación alguna con el caso concreto que se juzga y que se adquieren a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a los fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, siendo el antónimo de éstos, los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca de un fenómeno. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerara el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así; 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento adquirido respecto del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El principio de identidad: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”; ii. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera; iii. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La derivación: De este se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando. Exige que el razonamiento deba derivar de elementos auténticos y suficientes para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga. De la procedencia del Primer Motivo. El primer motivo no es de recibo. El recurrente denuncia como primer motivo de casación, que la sentencia recurrida carece de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. No identifica de forma clara y precisa cuál es el motivo a desarrollar tal como ordena el artículo 363 del Código Procesal Penal, el cual establece que al tratarse de la casación en la forma, se debe exponer con claridad y precisión los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad para subsanarlos. El precepto invocado como autorizante por el recurrente contiene siete motivos de casación distintos que deben ser desarrollados en un buen uso de la técnica casacional, de forma individual y separada. Carencia, insuficiencia y contradicción de motivación fáctica, son tres motivos de casación distintos. Igual ocurre con carencia, insuficiencia y contradicción de motivación jurídica, los cuales deben ser identificados, explicados y comprobados de forma separada. La no observancia de las reglas de la sana crítica, es también un motivo de casación distinto en el cual se debe identificar cuál ha sido la regla considerada como infringida y desarrollar una argumentación orientada en definitiva a comprobar tal alegato. No obstante lo anterior, esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de casación deberán ser estudiados siempre desde la premisa del principio de tutela judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permite a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho principio interesa lo referente a: 1. Derecho de acceso a la justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la tutela cautelar; y, 5. Derecho a la ejecución. Por esta razón, mediante doctrina legal esta Sala de lo Penal ha establecido que aun y cuando en el planteamiento de un recurso de casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida), o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo ad portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde la sala de casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo intelectivo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el censor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal. (En ese sentido véanse las sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp. 348-2011, del 27 de mayo 2014; en Exp. 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp. 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp. 228-2011, entre otras.). Aún y cuando el recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Abogado Henry Yasir Palma Euceda carece de una buena técnica casacional, al no desarrollar sus alegatos en motivos de casación distintos en una forma clara y precisa, se procede a dar respuesta atendiendo a la doctrina legal de esta Sala de lo Penal y lo expuesto en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Se plantea inicialmente por el recurrente, que la prueba documental consistente en cheques de ventanilla y pagarés fueron firmados en blanco por la señora Arcadia Alicia González Ortez y cuestiona que el tribunal no haya arribado a la misma conclusión después de la valoración del acervo probatorio, asimismo que al evacuar los medios probatorios se acreditó que los préstamos carecían de los requisitos necesarios; frente a lo anterior, no se identifica en ningún momento por el recurrente, cuál es el vicio de la sentencia que denuncia, si es violación a las reglas de la sana crítica o si es relativo a la motivación fáctica, razones que impiden un pronunciamiento de fondo en relación a este alegato, pues de hacerlo, podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, el cual prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando. Lo planteado por el recurrente más parece un alegato de instancia y una invitación a hacer una nueva valoración probatoria que una identificación puntual de un vicio que pudiera contener la sentencia venida en casación. Continúa su exposición recursiva argumentando que existe una contradicción en relación a que el Tribunal de Sentencia establece por una parte que las solicitudes de crédito no debían como requisito ir firmadas por la solicitante y más adelante establece que la señora Arcadia Alicia González firmó las solicitudes de crédito, contradiciéndose asimismo con el dictamen documentológico, las declaraciones testificales de Sandra Jerezano y el señor Otomán Paredes que informaron como requisitos que sí se debía iniciar el trámite mediante la solicitud de crédito firmada por la solicitante. Frente a lo anterior, en relación a las solicitudes de crédito, el Tribunal de Sentencia valoró de forma conjunta con otros medios de prueba que son válidas y objetivamente confiables pues fueron secuestradas por el Ministerio Público en el Banco Atlántida, incluyendo la que se hizo llegar de manera personal por la señora Arcadia Alicia González, documentación importante para la averiguación de la verdad, encontrándose su mayoría en original. Los mismos acreditaron la relación mercantil de la señora Arcadia González con el Banco Atlántida, la primera solicitó varios préstamos los cuales fueron depositados en sus cuentas personales y empresariales y de los cuales dispuso a su libre albedrío; documentación que considera congruente con la declaración del señor Rafael Antonio Valenzuela, testigo de la defensa, quien tiene pleno conocimiento bancario y quien manifestó que se encontraron una serie de operaciones que la señora Arcadia González había realizado en muchas agencias bancarias, que la señora pedía cheques de ventanilla en varias agencias los que se le daban al no portar su propia chequera, que del esqueleto del banco se le daba pre elaborado y no negociable debiendo ser cobrado en la misma agencia y que se leía con la leyenda “a mí mismo”… que las solicitudes PD-12 no eran firmadas por el cliente porque es un documento interno del banco… que se hace ley por la circular 052-2002 de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, sustentado también con la información rendida por los testigos de la defensa Sandra Baquedano y Eduardo Lobo Garrido. Por su parte, el dictamen documentológico fue valorado de forma conjunta con otras pruebas periciales, las cuales hicieron arribar al tribunal que las operaciones bancarias tenían su documentación soporte y cada uno de los préstamos fue a petición de la supuesta ofendida, depositada en sus cuentas y utilizadas a su libre disposición. Que los peritos no demostraron a través del informe la tesis de cargo en cuanto al engaño realizado por parte del acusado Víctor Zelaya en perjuicio de doña Arcadia y que los peritos -al momento de rendir su declaración- denotaron falta de profesionalismo y objetividad al sostener una tesis que no encontró fundamento en la propia pericia realizada por ellos. Por su parte, las declaraciones testificales de los señores Sandra Jerezano y Otomán Paredes, ambos testigos de cargo, informaron entre otras cosas lo siguiente: Declaración testifical de Sandra Jerezano: Manifestó que trabajó como Secretaria de Gerencia de Banco Atlántida, que el Gerente Noroccidental era don Víctor Enrique Zelaya; don José Trinidad Hernández era el Gerente en Santa Bárbara y en otro momento Gerardo Alberto Paredes, que la señora Arcadia Alicia González era una clienta del banco a quien se le daba préstamos… ella (la testigo) como Secretaria en Santa Bárbara redactaba todo lo que tenía que ver con préstamos, débitos, créditos, pagarés, información del cliente, aproximadamente desde el año 1995; su jefe inmediato era José Trinidad Hernández, que la información la daba el gerente, su jefe, y otras veces Gerardo Paredes; que el documento PD12 contiene la información del cliente y ésta se mandaba con la documentación del cliente, que ahí dice si ya ha tenido préstamos, que es un documento de uso privado del banco, que todo se enviaba a San Pedro Sula y allá lo autorizaban, el préstamo finalmente lo autorizaba la Gerencia Noroccidental que en ese momento estaba a cargo de Enrique Zelaya; que para refinanciar el cliente tenía que firmar pagaré… que para el año 1997 y subsiguientes los otorgamientos de créditos no eran rigurosos y se estilaba la práctica de la confianza en la relación cliente-banco… que los PD12 se hacían en Santa Bárbara y luego viene al departamento de contabilidad del Banco, que el préstamo estaba autorizado porque lo pidió la señora Arcadia Alicia González, aunque no tenga firmas si se puede seguir por premura, para no hacer esperar al cliente, que dichas hojas son para control interno del Banco... que en ese momento Víctor Zelaya no firmaba ninguna nota de crédito o débito en Santa Bárbara. Declaración testifical de Ottomán Paredes: Fue compañero sentimental de doña Arcadia Alicia González, que es cliente de Banco Atlántida desde los años 90, que ha solicitado préstamos desde seiscientos mil lempiras (L 600, 000.00) a un millón de lempiras (L 1, 000,000.00), que ahora tiene líneas de crédito grandes; asimismo manifestó que la señora González solicitó varios créditos a Banco Atlántida, que ella se fue a San Nicolás a comprar café y comenzó a financiar productores de café, que él le aconsejaba que no invirtiera tanto pero que ella compró bodegas, camiones y otras cosas más y que luego se separaron… que el dinero ella lo obtenía del banco, que más de alguna vez la acompañó al banco a hacer algún trámite de préstamo, que para solicitar el préstamo se hace una solicitud por escrito donde se llena la información, se presentan estados financieros y pasa a un comité de crédito donde se pasa la información… la solicitud la firma quien solicita el préstamo; que era de público conocimiento que la señora González estaba pasando por una crisis financiera porque comenzaron las parrandas y un hijo gastaba cantidades grandes de dinero. Para el Tribunal de Sentencia estas declaraciones se contradicen con lo depuesto por la señora Arcadia Alicia González quien manifestó que solamente había adquirido un préstamo, así como también que desconocía las transacciones bancarias que realizaba porque manejaba su negocio de forma empírica por ser analfabeta. Se contradice con las declaraciones de Sandra María Jerezano Pineda, quien fue empleada de Banco Atlántida y que en reiteradas ocasiones atendió a doña Arcadia González en sus solicitudes de crédito y quien aclaró que para el año de 1997 y años subsiguientes no eran rigurosos y se estilaba la práctica de confianza en la relación cliente banco, estableciéndose como medida obligatoria el convenio de crédito hasta el año 2000; en relación a la declaración de don Ottomán Paredes valora que fue público que doña Arcadia González pasó por una crisis económica ya que se dedicó a organizar parrandas y fiestas para productores de café con el fin de atraerlos despilfarrando dinero. Habiendo hecho un examen al proceso de valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia a estas declaraciones y a la prueba pericial, es criterio de esta Sala de lo Penal que no existe violación a las reglas de la sana crítica en dicha valoración; para explicar en lógica pura el principio de no contradicción, las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual que “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En la valoración de la prueba de un hecho, una persona o una cosa no pueden ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. No incurre en contradicción alguna la valoración probatoria realizada por el Tribunal de Sentencia cuando sostiene que consta en muchos documentos la firma de la señora Arcadia y que ésta solicitaba los préstamos, véanse por ejemplo los ocho pagarés por diferentes montos que fueron propuestos por la fiscalía y evacuados en audiencia pública; convenios de crédito que obran en folios 205 y 210 del Tomo I y escrituras de constitución de hipotecas otorgadas por doña Arcadia Alicia González Ortez a favor de Banco Atlántida; por otra parte, el mismo Tribunal de Sentencia establece que no era necesario su firma en los documentos de solicitud de crédito PD-12, al haber quedado acreditado en juicio, que estos eran documentos internos del banco que eran firmados por el propio personal bancario (en ese sentido véanse las declaraciones testificales de la señora Sandra Jerezano F. 2955 y Eduardo Lobo Garrido F. 2959). Un razonamiento no excluye ni falsea el contenido del otro, lo que sí resulta inverosímil, es el supuesto desconocimiento de la señora Arcadia Alicia González de los préstamos otorgados por el Banco Atlántida a su favor, así como el ardid que supuestamente utilizara el acusado para causar una afectación patrimonial en su contra. La persuasividad de la prueba aportada a debate logró para el Tribunal de Sentencia concluir que no existe el elemento objetivo engaño del tipo penal de estafa por el cual se acusa al señor Víctor Zelaya. La interconexión de la prueba establece razonablemente que aún y cuando no existía una solicitud de crédito PD12 firmada por la señora Arcadia González, su consentimiento quedó plasmado en otros documentos como ser pagarés, convenios de crédito y escrituras de hipotecas que la obligaban crediticiamente con la institución financiara. La experiencia nos indicia que una persona común, aún sin tener amplios conocimientos técnicos en materia comercial y bancaria, sabe que se obliga para con otra al adquirir de ella un préstamo y firmar a su favor un pagaré o un contrato de pago, en particular, las condiciones de doña Arcadia, quien ejercía actos de comercio por casi veinte años antes de iniciar su relación financiera con Banco Atlántida, hace colegir que tenía pleno y cabal conocimiento sobre los productos bancarios que le habían sido otorgados, y llama particularmente la atención, los dos convenios de crédito cuya suma asciende a ocho millones quinientos diez mil lempiras (L 8, 510,000.00), adquiridos con la finalidad de que los fondos provenientes de éstos préstamos serán utilizados para readecuación de deudas (Ver el literal b de los convenios de crédito que obran a folios 205 y 210). Por lo antes expuesto, el primer motivo denunciado por el recurrente debe ser desestimado. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Segundo Motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362.3 del Código Procesal Penal; Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la Infracción: No definido por el censor; Acciones de Saneamiento: No definido por el censor; Pretensión: Casar la sentencia recurrida. La recurrente denuncia como segundo motivo de casación, la falta de consideración de prueba de valor decisivo. No tiene un correcto entendimiento del motivo invocado y hace una censura indebida a la sentencia, pues confunde la falta de consideración de la prueba con la violación a las reglas de la sana crítica, que constituye un motivo diferente. Falta de consideración de prueba de valor decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido, en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP). Seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de los mismos (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar o excluir la que formó parte del proceso. Constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “…deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige, para la configuración del vicio, que el medio de prueba dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos; de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo. Por el contrario, aun cuando la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. Basado en un erróneo entender del motivo invocado, el censor formula censura indebida a la sentencia, pues confunde la falta de consideración de la prueba con la violación a las reglas de la sana crítica, que constituye un motivo diferente. Lo alegado es improcedente, pues se aprecia en la sentencia que la declaración testifical del señor José Rolando Ponce fue analizado intelectivamente en el numeral primero del título “Valoración de la Prueba.” Por lo que se descarta el vicio denunciado. De igual forma el censor arguye que el Tribunal de Sentencia dejó de considerar los estados de cuenta de la señora Arcadia Alicia González, indicando que el Tribunal de Sentencia valoró que los fondos que reflejaban estos estados de cuenta provenían de desembolsos otorgados por Banco Atlántida; de nueva cuenta, tal argumento es incorrecto pues los estados de cuenta son parte de la prueba que fue motivada, descriptiva e intelectivamente en la sentencia que ahora se impugna (f 3042 v), por lo que efectivamente fue considerada como parte del soporte probatorio para la resolución. Extiende el reproche el censor con el mismo razonamiento en relación a los cheques de ventanilla número 195, 202 y 206, los cuales el Tribunal de Sentencia dice que fueron cobrados por doña Arcadia Alicia González y que dispuso de los fondos a su libre albedrío. Nuevamente existe una errónea invocación del motivo, ya que consta a folios 3043 y 3048 que los mismos forman parte del acervo probatorio y que fueron valorados descriptiva e intelectivamente por el A-Quo. DECISIÓN. No ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Henry Yasir Palma Euceda, acusador privado de la señora Arcadia Alicia González Ortez; 2) Declara firme la sentencia de fecha treinta de junio de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. – Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. - Firma y Sello. – José Ramón Cruz Ferrera. -Secretario. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Certificación de la sentencia dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 178-2016.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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