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Sentencia CP-166-18 — Registro 12444

Resumen

en primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal tras examinar la sentencia impugnada y el acta de debate que le genera, llega a la conclusión de que la actividad probatoria de cargo no fue cualitativamente suficiente para desaforar al acusado Allan Fabricio Barrera Alvarenga, de su estado de inocencia, en tanto que tal como arguye el recurrente, la misma no refiere a todos los elementos esenciales del delito. A partir de las declaraciones de los señores Félix Villanueva Mejía, Eliezer Maldonado y Arnold Yadir Cantarero, el juzgador razonablemente deriva que en fecha 4 de noviembre de 2016, el señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, Sub Inspector de la Policía Nacional, fue receptivo por medio de su cuenta en la aplicación de WhatsApp, de una orden de captura librada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, en contra del sub oficial Wilfredo Romero Rodríguez, mismo que se encontraba bajo su mando en un operativo que se realizaba en la comunidad del Rosario del Municipio la Labor, en el departamento de Ocotepeque. Dichos medios de prueba fueron apoyados a su parecer con la declaración testifical de Farid Edgardo Allan Zúniga; la documental concerniente al informe emitido mediante oficio 1678-2016, ratificado en juicio por el señor José Alfredo Ponce Alvarado, director de la Dirección Policial de Investigación (D.P.I); acta de inspección ocular, ratificada en juicio por la señora Patricia López; el oficio 4741-2016 emitido por la Fiscalía de Derechos Humanos, dirigido a la Policía Nacional; y el Dictamen de Análisis de Información de Resultados de Intervención Telefónica, ratificada en juicio por el perito Octavio Alfredo Montes Molina (Agente Técnico de Investigación Criminal), mediante el cual se acreditó para el sentenciador que el señor Barrera Alvarenga, recibió en su cuenta de WhatsApp, la orden de captura librada en contra del señor Wilfredo Romero Rodríguez. No obstante, para acreditar que dicho funcionario público omitió, rehusó o retardó ejecutar la captura del señor Romero Rodríguez, el juzgador únicamente se apoya en la declaración del policía Wilmer Daniel Carrillo González (f. 501v), el cual en síntesis, declaró que para el día de los hechos se desempeñaba como Policía de Frontera, que a él lo convocaron para un allanamiento en la comunidad del Rosario del Municipio la Labor, en el departamento de Ocotepeque; que se reunieron a las dos de la mañana y conformaron tres grupos, luego de finalizar el allanamiento, como a eso de las nueve de la mañana, el sub oficial Lazo formó el personal y se dieron cuenta que faltaba un oficial (Wilfredo Romero Ramírez), a lo cual el sub oficial Lazo dijo que había que esperarlo, que quizá había ido a tomar un cafecito. La Sala de lo Penal resalta que este medio de prueba resulta razonablemente insuficiente para acreditar que el señor Barrera Alvarenga, omitió, rehusó o se retardó en ejecutar la orden de captura del señor Romero Rodríguez, pues sin tratar de formar otra convicción valorativa de la que solo puede asirse el Tribunal de Sentencia, la misma es carente de lógica para derivar razonablemente que el acusado Barrera Alvarenga, omitió, rehusó o retardó el cumplimiento de la orden emanada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; por el contrario, las declaraciones de los mismos testigos de cargo: Eliezer Maldonado y Rafael Antonio Pérez Palma (f. 499 y 503), refieren que el Sub Inspector Barrera Alvarenga, luego de recibir la orden de aprehender al sub oficial Romero Rodríguez, sí realizó actuaciones encaminadas para lograr su captura. En su caso, el testigo Pérez Palma manifestó “… como a eso de las ocho horas llegó el Sub Inspector Allan Barrera en donde nos encontrábamos los demás compañeros, de forma acelerada reuniendo todo el personal comenzó a preguntar dónde se encontraba el sub oficial Wilfredo Romero, ya que estábamos reunidos y no se encontraba en el lugar, comenzó a insistir y lo mandó a buscar al lugar donde él estaba encargado, no estaba el sub oficial, y mandó otro equipo que lo fuera a buscar en la carretera internacional que conduce hacia Santa Rosa de Copán, tanta la insistencia por preguntar dónde se encontraba que él manifestó que le habían informado que esta persona tenía orden de captura, que procedieran a darle detención…”. Se destaca por esta superioridad que no fue objeto de controversia si existió o no la orden emanada por autoridad competente, y que consecuentemente, el acusado devenía obligado a ejecutar, lo refutable es considerar que éste omitió, rehusó o retardó ejecutar dicha orden porque no logró la captura del señor Wilfredo Romero Rodríguez. De mantenerse este criterio, se estaría condicionando la ejecución del acto a lograr la captura del señor Romero Rodríguez, lo cual es un criterio impropio, pues el tipo penal de abuso de autoridad en su modalidad omisiva contemplado en el numeral 3 del artículo 349 del Código Penal 144-83, sanciona la no ejecución o la ejecución retardada de un acto que devenga obligado a realizar el funcionario público en virtud de su cargo, actos que según el acumulado probatorio y así valorados descriptivamente por el sentenciador, sí fueron realizados, y si no lograron la finalidad perseguida, que era precisamente lograr la captura del señor Romero Rodríguez, ello no conlleva a la realización de la parte objetiva del tipo penal de abuso de autoridad en su modalidad omisiva contemplada en el artículo 349.3 bis del Código Penal 144-83. En razón de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que, en el caso actual y presente, se ha desaforado indebidamente del estado de inocencia (por infringir su vertiente de insuficiencia probatoria), al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, siendo lo procedente casar el fallo proferido y dictar en su lugar una sentencia absolutoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 166-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de enero de dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, como autor del delito de Abuso de Autoridad, en perjuicio de La Administración Pública del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, la que deberá cumplir en el Centro Penal de la ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, según la ley que regula el sistema penitenciario; como consecuencia de esta pena, se condena también a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Segundo: Se declara al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, responsable civilmente del delito por el que se le condena en la presente sentencia. Tercero: No procede condenar en costas al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. Cuarto: Se declara el comiso de un celular, Marca Samsung, Modelo SCH-1545 Galaxy S4, con IMEI 990004421486956. Serie A3LSCHI545, Color negro, incautado al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, el Abogado Juan Carlos Henríquez Portillo, en su condición de defensor privado del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. Son partes en única instancia: El Abogado Juan Carlos Henríquez Portillo, en su condición de defensor privado del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, como recurrente; y, el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara, expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO.- En fecha cuatro de noviembre del año dos mil dieciséis, se desarrolló a nivel nacional, el operativo denominado Tifón, por lo que en el sector del Rosario Municipio de La Labor, Ocotepeque, se efectuaron varios allanamientos simultáneos, dirigidos por el sub inspector ALLAN FABRICIO BARRERA, Jefe de la Dirección Policial de Investigación de Ocotepeque, a dicho funcionario le acompañó como segundo al mando el oficial WILFREDO ROMERO, este último estaba a cargo de uno de los grupos que se organizó para efectuar las diligencias; y mientras se desarrollaban las actividades programadas el sub inspector ALLAN BARRERA, a las siete y cuarenta de la mañana, recibió vía WhatsApp, la imagen de una orden de captura girada en contra del señor WILFREDO ROMERO, a quien se le acusó del delito de Torturas y Abuso de Autoridad en perjuicio de MARCOS ENRIQUE TERCERO MEDINA, por lo cual se le instruyó siempre por este mismo medio de comunicación que procediera a su ejecución, debiendo el oficial encargado proceder de manera inmediata a ejecutar la misma, haciendo uso de todos los medios legales y necesarios por la captura del señor WILFREDO ROMERO RODRIGUEZ; diligencias que quedaron probadas en juicio que no fueron realizadas, omitiendo de plano la orden que se le giro, por lo que permitió con ello la fuga del señor WILFREDO ROMERO.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Juan Carlos Henríquez Portillo, en su condición de defensor privado del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL, infracción del artículo 89 y 94 de La Constitución de la República, en relación con el articulo 1 y 2 del Código Procesal Penal.- PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal.- EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: Los preceptos Constitucionales que se invocan como infringidos prescribe lo siguiente: “Articulo 89: Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”.- “Artículo 94: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que le haya sido impuesta por resolución ejecutoriada de Juez o autoridad competente”. Las normas del Código Procesal Penal que se citan como infringida en relación a los anteriores Preceptos Constitucionales prescriben: Articulo 1 JUICIO PREVIO: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme a los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente Código y con respecto estricto a los derechos del imputado; Artículo 2 ESTADO DE INOCENCIA: Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código.- SEGUNDO: El delito de ABUSO DE AUTORIDAD, por el cual fue declarado culpable mi representado, tal y como lo relaciona el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Ocotepeque, en el numeral SEGUNDO de la FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA SENTENCIA, se encuentra tipificado y penado en el artículo 349 numeral 3 del Código Penal en el que se señala que será sancionado con pena de reclusión de tres (3) a seis (6) años de reclusión.- TERCERO: Como se puede observar en el precepto penal descrito en el numeral anterior, para que pueda tipificarse y calificarse la existencia del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, y así ajustar y subsumir una conducta a los presupuestos detalladamente establecidos como este delito dentro del Código Penal, se requiere de manera imperativa que se haya probado la concurrencia de todos los elementos de su tipificación legal, cosa que no sucede en el caso que nos ocupa, ya que no fue demostrado en el transcurso del debate con prueba lógica, coherente y sin contradicción, que mi representado sea que dejo de ejecutar una orden emanada de una autoridad competente, por lo que consecuentemente se infringe la exigencia del artículo 1 del Código Procesal Penal que establece que: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público. La anterior afirmación se puede respaldar con la propia declaración de los hechos probados establecidos en la sentencia reprochada, puesto que el Tribunal de Sentencia de Ocotepeque, solo tuvo como acreditado el incumplimiento de una orden, más sin embargo no se tuvo como hecho probado: a) Si la orden fue expedida por una autoridad competente o un superior jerárquico, b) No se acredito la existencia de la operación Tifón, de la cual surgen los allanamientos y mucho menos quien fue la persona que debió de notificar a mi representado de una forma objetiva.- Estos aspectos de los que se hizo hecho relación, y cualesquiera otros que fueran necesarios para acreditar objetivamente la emisión de una orden y el incumplimiento de la misma, tampoco fueron probados en el transcurso del debate con algún elemento de probanza, y es que únicamente se tuvo como prueba para acreditar la declaración de los testigos de la D.P.I. y una prueba pericial, el cual es totalmente inverosímil, contradictorio, ilógico, pues las mismas no demuestran de donde proviene esa orden o de que autoridad competente emana la orden y por qué no fue cumplida si la misma era legal o no, o si era el procedimiento correcto para notificársele a mi representado. CUARTO: En conclusión de la prueba evacuada en el juicio oral y público, misma que sirvió de base y fundamento para condenar a mi representado, sin realizar un mayor esfuerzo mental se puede concluir que la misma no es apta ni suficiente para destruir el Estado de Inocencia que le favorece al señor ALLAN FABRICIO BARRERA ALVARENGA, más aún cuando el Tribunal Sentenciador ha tenido por acreditado la existencia de un delito a pesar de no concurrir los elementos de su tipificación legal, olvidando el órgano jurisdiccional que la sentencia condenatoria debe fundamentarse en auténticos actos de prueba y que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria para que de su resultado se derive la evidencia del hecho punible y la evidencia de la participación del acusado.- AGRAVIO El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal.- APLICACIÓN PRETENDIDA

Que se dicte sentencia casando el fallo recurrido y conforme a la ley aplicable se pronuncie la inocencia del señor ALLAN FABRICIO BARRERA ALVARENGA. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Por no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica articulo 202 CPP. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO PRIMERO: La sentencia reprochada viola el artículo 90 de la Constitución de la República, el cual literalmente dice: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las FORMALIDADES, DERECHOS Y GARANTIAS que la Ley establece; de la misma forma viola el artículo 202 del Código Procesal Penal, el cual nos dice “Las pruebas serán valoradas de acuerdo las realas de la sana critica.- El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Tribunal violenta las reglas de la Sana Critica, específicamente las reglas de la Lógica en su principio lógico de La Razón Suficiente y es que al proferir un fallo condenatorio por el delito de ABUSO DE AUTORIDAD, tomando como base el bagaje probatorio considerado, el Iter Lógico utilizado para llegar a sus conclusiones, es erróneo y violenta el principio lógico de la Razón Suficiente, puesto que no se encuentra justificación alguna mediante la cual el Tribunal de Sentencia pueda amparar el hecho que ha dado por probado y es que en el fallo que se impugna, a efecto de condenar mi representado, se tuvieron por probados sin fundamento el extremo siguiente: a) Refiere el Tribunal en el hecho probado cree el señor Allana Fabricio Barrera, recibió una orden vía mensaje de texto el cual incumplió: La anterior afirmación del Tribunal de Sentencia no encuentra sustento alguno, y es más nunca se tubo a la vista la supuesta imagen de la orden de captura.- Consta en ACTA DE JUICIO y fue referido por la defensa en la etapa de conclusiones que el ente acusador no había llevado a juicio elemento probatorio con el cual se haya acreditado el incumplimiento de una orden pues solamente se argumen45 más nunca probó que mi representado fuera culpable y así destruir el Estado de Inocencia.- Es oportuno mencionar que en la sentencia no se hace valoración alguna para acreditar este aspecto de lo que se colige que no se observaron las reglas de la sana crítica y ni se valoró la prueba en su conjunto, y del propio testimonio de los testigos de cargo propuestos por el ente acusador, por lo que no se encuentra justificación alguna mediante la cual el Tribunal de Sentencia pueda amparar tal afirmación.- Es de imperiosa necesidad manifestar que no existe medio de prueba alguno del cual puedan inferirse no solo las circunstancias en que se produjo el incumplimiento de una orden, sino que también la forma de ejecución de este delito, puesto que tal y como ha quedado evidenciado en el juicio no hay prueba directa ni indirecta que lleve a la convicción al tribunal sentenciador para dictar su fallo condenatorio, pues los testigos de cargo, ESTOSE NO FUERON VEROSIMILES, LOGICOS, COHERENTES, más bien fueron CONTRADICTORIOS y no merecen credibilidad para sustentar un fallo condenatorio. El anterior argumento también nos sirve de soporte para afirmar que el Sentenciador no cuenta en el caso que nos ocupa, con los elementos necesarios que lo lleven a la conclusión que mi representado fue la persona que participo en la ejecución de los hechos, ya que al desconocerse y no contar con prueba confiable, coherente, lógica, sin contradicciones, que demuestre la existencia de la supuesta orden de captura que debía cumplir, los vaciados telefónicos no reflejan la orden que debía de cumplir situaciones que debieron haberse acreditado en juicio de una manera fehaciente, pero lo que hubo fue una duda en la participación de mi representado en la comisión del delito. SEGUNDO: El Principio Lógico de la Razón Suficiente es aquel por el cual todo juicio para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en el juicio se afirma o niega con a pretensión de que sea verdad, lo que no se hizo por el Tribunal al momento de la valoración, puesto que como lo referimos en el numeral que antecede, se afirman hechos sin fundamento en prueba que sea suficiente para enervar el estado de inocencia y al mismo tiempo sin explicar qué lo llevó a determinadas conclusiones.- Recuérdese que un razonamiento es lógico cuando se llega al mismo o se arriba a una conclusión porque todo apunta hacia ello y no existe probabilidad de que los hechos hayan ocurrido de forma distinta, lo que en el caso de marras no se da.- En conclusión, al hacer ese razonamiento el Tribunal violenta, como ya se dijo el artículo 202 de nuestro Código Procesal Penal ya que no valoró en forma conjunta y armónica toda la prueba producida, porque está más que comprobado que a pesar que la misma es inexistente y contradictoria, es tomada en cuenta para emitir un juicio violentando las reglas de la lógica.- AGRAVIO El agravio que se le causa a mi mandante, es haberlo condenado y por ende violentado su estado de inocencia de manera ilegal. APLICACIÓN PRETENDIDA Que se declare la nulidad de la Sentencia y del juicio oral y público para que se lleve a cabo el mismo de nueva cuenta.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general. los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículos 89 y 94 de la Constitución de la República; en relación con los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: infracción del estado de inocencia. Pretensión: casar el fallo impugnado y pronunciar la inocencia del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. El censor del fallo arguye que el sentenciador infringió lo dispuesto en el artículo 89 de la Constitución de la República que contiene el estado de inocencia; así como también, por su estrecha relación con dicho precepto, denuncia la infracción de los artículos 94 Constitucional (juicio previo) y 1 y 2 del Código Procesal Penal. En concreto, expresa que no existe suficiencia probatoria para acreditar que el señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, dejó de ejecutar una orden emanada por autoridad competente, razón por la cual, considera que no concurren todos los elementos de la tipificación legal del delito de abuso de autoridad por el cual fue condenado.

Considera que dicha afirmación se respalda con la propia declaración de los hechos probados de la sentencia impugnada, en los cuales no se tuvo como probado si la orden fue emitida por autoridad competente y el incumplimiento de la misma, aspectos que al parecer del recurrente, no fueron probados en el transcurso del debate con ningún elemento de prueba.

En definitiva, concluye, que la prueba evacuada en el juicio oral y público, misma que sirvió de base y fundamento para condenar al acusado, no es apta ni suficiente para destruir el estado de inocencia del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la procedencia del recurso. el motivo es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. Así lo expuesto, la Sala de lo Penal tras examinar la sentencia impugnada y el acta de debate que le genera, llega a la conclusión de que la actividad probatoria de cargo no fue cualitativamente suficiente para desaforar al acusado Allan Fabricio Barrera Alvarenga, de su estado de inocencia, en tanto que tal como arguye el recurrente, la misma no refiere a todos los elementos esenciales del delito. A partir de las declaraciones de los señores Félix Villanueva Mejía, Eliezer Maldonado y Arnold Yadir Cantarero, el juzgador razonablemente deriva que en fecha 4 de noviembre de 2016, el señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, Sub Inspector de la Policía Nacional, fue receptivo por medio de su cuenta en la aplicación de WhatsApp, de una orden de captura librada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, en contra del sub oficial Wilfredo Romero Rodríguez, mismo que se encontraba bajo su mando en un operativo que se realizaba en la comunidad del Rosario del Municipio la Labor, en el departamento de Ocotepeque. Dichos medios de prueba fueron apoyados a su parecer con la declaración testifical de Farid Edgardo Allan Zúniga; la documental concerniente al informe emitido mediante oficio 1678-2016, ratificado en juicio por el señor José Alfredo Ponce Alvarado, director de la Dirección Policial de Investigación (D.P.I); acta de inspección ocular, ratificada en juicio por la señora Patricia López; el oficio 4741-2016 emitido por la Fiscalía de Derechos Humanos, dirigido a la Policía Nacional; y el Dictamen de Análisis de Información de Resultados de Intervención Telefónica, ratificada en juicio por el perito Octavio Alfredo Montes Molina (Agente Técnico de Investigación Criminal), mediante el cual se acreditó para el sentenciador que el señor Barrera Alvarenga, recibió en su cuenta de WhatsApp, la orden de captura librada en contra del señor Wilfredo Romero Rodríguez. No obstante, para acreditar que dicho funcionario público omitió, rehusó o retardó ejecutar la captura del señor Romero Rodríguez, el juzgador únicamente se apoya en la declaración del policía Wilmer Daniel Carrillo González (f. 501v), el cual en síntesis, declaró que para el día de los hechos se desempeñaba como Policía de Frontera, que a él lo convocaron para un allanamiento en la comunidad del Rosario del Municipio la Labor, en el departamento de Ocotepeque; que se reunieron a las dos de la mañana y conformaron tres grupos, luego de finalizar el allanamiento, como a eso de las nueve de la mañana, el sub oficial Lazo formó el personal y se dieron cuenta que faltaba un oficial (Wilfredo Romero Ramírez), a lo cual el sub oficial Lazo dijo que había que esperarlo, que quizá había ido a tomar un cafecito. La Sala de lo Penal resalta que este medio de prueba resulta razonablemente insuficiente para acreditar que el señor Barrera Alvarenga, omitió, rehusó o se retardó en ejecutar la orden de captura del señor Romero Rodríguez, pues sin tratar de formar otra convicción valorativa de la que solo puede asirse el Tribunal de Sentencia, la misma es carente de lógica para derivar razonablemente que el acusado Barrera Alvarenga, omitió, rehusó o retardó el cumplimiento de la orden emanada por el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa; por el contrario, las declaraciones de los mismos testigos de cargo: Eliezer Maldonado y Rafael Antonio Pérez Palma (f. 499 y 503), refieren que el Sub Inspector Barrera Alvarenga, luego de recibir la orden de aprehender al sub oficial Romero Rodríguez, sí realizó actuaciones encaminadas para lograr su captura. En su caso, el testigo Pérez Palma manifestó “… como a eso de las ocho horas llegó el Sub Inspector Allan Barrera en donde nos encontrábamos los demás compañeros, de forma acelerada reuniendo todo el personal comenzó a preguntar dónde se encontraba el sub oficial Wilfredo Romero, ya que estábamos reunidos y no se encontraba en el lugar, comenzó a insistir y lo mandó a buscar al lugar donde él estaba encargado, no estaba el sub oficial, y mandó otro equipo que lo fuera a buscar en la carretera internacional que conduce hacia Santa Rosa de Copán, tanta la insistencia por preguntar dónde se encontraba que él manifestó que le habían informado que esta persona tenía orden de captura, que procedieran a darle detención…”. Se destaca por esta superioridad que no fue objeto de controversia si existió o no la orden emanada por autoridad competente, y que consecuentemente, el acusado devenía obligado a ejecutar, lo refutable es considerar que éste omitió, rehusó o retardó ejecutar dicha orden porque no logró la captura del señor Wilfredo Romero Rodríguez. De mantenerse este criterio, se estaría condicionando la ejecución del acto a lograr la captura del señor Romero Rodríguez, lo cual es un criterio impropio, pues el tipo penal de abuso de autoridad en su modalidad omisiva contemplado en el numeral 3 del artículo 349 del Código Penal 144-83, sanciona la no ejecución o la ejecución retardada de un acto que devenga obligado a realizar el funcionario público en virtud de su cargo, actos que según el acumulado probatorio y así valorados descriptivamente por el sentenciador, sí fueron realizados, y si no lograron la finalidad perseguida, que era precisamente lograr la captura del señor Romero Rodríguez, ello no conlleva a la realización de la parte objetiva del tipo penal de abuso de autoridad en su modalidad omisiva contemplada en el artículo 349.3 bis del Código Penal 144-83. En razón de lo anterior, la Sala de lo Penal concluye que, en el caso actual y presente, se ha desaforado indebidamente del estado de inocencia (por infringir su vertiente de insuficiencia probatoria), al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, siendo lo procedente casar el fallo proferido y dictar en su lugar una sentencia absolutoria. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Artículo. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (Artículo 165 del Código Procesal Penal). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación.

Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Artículo 350 del Código Procesal Penal); Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República, y, artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: por no haberse observado en la valoración de la prueba, las reglas de la sana crítica. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: declarar la nulidad de la sentencia y del juicio oral y público para que se lleve a cabo el mismo de nueva cuenta. Arguye el censor del fallo que, en el presente caso, el sentenciador de instancia ha infringido el debido proceso contenido del artículo 90 de la Constitución de la República, toda vez que el acusador público no llevó a juicio algún elemento probatorio con el cual se haya acreditado el incumplimiento de una orden, pues solamente se argumentó, más nunca se probó, que el acusado fuera culpable y se violentó así su estado de inocencia. Continúa argumentando que no existe medio de prueba alguno del cual pueda inferirse las circunstancias en que se produjo el incumplimiento de una orden y la ejecución del delito, puesto que tal como se ha argumentado, considera que no existe prueba directa ni indirecta que lleve a tal convicción.

Por lo anterior, considera que se ha infringido el principio lógico de razón suficiente, el cual exige que todo juicio para ser verdadero, necesita de una razón suficiente que justifique lo que en el juicio se afirma o niega, violentando con ello el artículo 202 del Código Procesal Penal. De las reglas de la sana crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que“…La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber:

La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El motivo no es objeto de pronunciamiento. Al haber prosperado el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, y por los efectos jurídicos subsiguientes que conlleva, se exime el estudio y pronunciamiento del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. DECISIÓN. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 363 del Código Procesal Penal; FALLA: 1) Declara HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada del señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga. 2) Casa la sentencia definitiva dictada en fecha quince de enero de dos mil dieciocho (f. 542), por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Ocotepeque, departamento de Ocotepeque; en consecuencia, se revoca la misma, procediendo este Tribunal de Casación a resolver la imputación de la siguiente manera: Primero: Que debemos absolver y absolvemos al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, por suponerlo responsable a título de autor de un delito Abuso de Autoridad, en perjuicio de la Administración Pública del Estado de Honduras. Segundo: Se revocan las medidas cautelares impuestas al señor Allan Fabricio Barrera Alvarenga, con ocasión del presente proceso penal, ello sin perjuicio de otras medidas cautelares impuestas por procesos penales distintos. Tercero: Declara la no procedencia de la condena en costas personales, procesales o gastos ocasionados por el presente proceso penal. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada Coordinado. José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-166-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.