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Sentencia CP-163-18 — Registro 12443

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la No Procedencia de la retroactividad de la ley penal del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a realizar un examen exhaustivo a la sentencia recurrida, pudiendo constatar que en ningún momento se ha violentado el Estado de Inocencia con el que gozan los acusados, sino que el mismo fue rendido legalmente en juicio con prueba suficiente que establecen la responsabilidad de los imputados en los hechos sometidos a juicio. Para el censor el hecho de que haya declarado como el testigo protegido Delta 2 y ser la única prueba que incrimine a los acusados, es a su criterio violatorio al Estado de Inocencia; pero el Censor no tiene razón, pues recordemos que, si bien es un testigo protegido, su testimonio fue recibido de manera presencial en el juicio oral, fue sometido a la inmediación de las partes y se tuvo la posibilidad de ejercer el contradictorio, pues la defensa efectuó un interrogatorio para determinar la veracidad de su declaración; además es un testigo presencial de los hechos, observó a los acusados momentos antes de cometer el crimen, incluso reconoció bien al imputado Fredy Ariel Meza Sánchez pues le conocía desde pequeño, es decir le es familiar razón por la cual le reconoce desde el primer momento; el testigo observó cuando los encartados están esperando al ofendido y al ubicarlo lo siguen en la motocicleta, sin mediar palabra disparan contra su humanidad y salen huyendo del lugar, todo lo cual es observado por el testigo protegido; el testimonio del referido testigo es vital y de mucha importancia para el esclarecimiento de los hechos, pues recordemos que los acusados son capturados minutos después de ocurridos los sucesos, cuestiona el recurrente que no se le encontró a ninguno de ellos arma alguna, pero la práctica de las personas que son perseguidas por la policía, es tirar las armas que hayan utilizado para evitar ser capturados con ellas, así que, el hecho de no encontrarles armas, no significa que no hayan participado. La declaración del testigo protegido Delta 2 también es corroborada con el dictamen pericial de autopsia, pues el testigo afirmó que ambos acusados habían disparado contra la humanidad del señor Concepción Torres Rivera y que escuchó unos 15 disparos, lo cual es corroborado con el dictamen de autopsia en la que se establecen 14 heridas sangrantes producidas por arma de fuego; así mismo el testigo refiere que las armas utilizadas por uno de los acusados eran una 9 milímetros, que él conoce bien las armas porque tiene un primo que desarma, es decir le es familiar las armas de fuego, coincidiendo su versión con el dictamen pericial balístico a los casquillos encontrados en la escena del crimen, en el cual se establece que el calibre es de una pistola 9 milímetros. Todas esta razones tomó en consideración el A-quo para realizar una adecuado razonamiento de las pruebas evacuadas en el juicio teniendo como base las reglas del correcto pensamiento humano; en el presente caso existe prueba suficiente y contundente que determina sin lugar a dudas la participación de los acusados en la muerte del ahora ofendido, todo lo cual fue debidamente plasmado y justificado en la sentencia de mérito, concluyendo esta Sala de Casación que el Estado de Inocencia que por derecho corresponde a las personas sometidas a un proceso penal, fue legítimamente vencido con prueba suficiente, razones para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jancarlos Ulises Sánchez Paz la pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera y al señor Fredy Ariel Meza Sánchez la pena de 21 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de Asesinato, se penaliza de 20 a 25 años de reclusión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que Jancarlos Ulises Sánchez Paz se le impuso una pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato y al señor Fredy Ariel Meza Sánchez se le impuso la pena de 21 años de reclusión por un delito de Asesinato, pena que se encuentra dentro del límite de la señalada en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, por lo que no procede su aplicación retroactiva, pues no le beneficia Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Hernán Lagos Corea, en su condición de defensor público de los señores Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez, a quienes se les condenó por el delito de asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez, en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 163-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló; Primero: condenó al señor Jancarlos Ulises Sánchez Paz, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Concepción Torres Rivera a la pena de veinte años de reclusión. Segundo: condenó al señor Fredy Ariel Meza Sánchez, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de Concepción Torres Rivera a la pena de veintiún años de reclusión. Tercero: condenó a los señores Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: se le declaró la responsabilidad civil de los señores Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez. Quinto: no procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Sexto: se decretó el comiso de trece (13) casquillos, calibre: 9 mm, una (1) bala calibre 9 mm, un (1) revestimiento de bala de aparente cobre deformado, calibre 9 mm, un (1) núcleo de bala de aparente plomo completamente deformado, un (1) casco de motocicleta color negro con la leyenda Safebot, en la parte frontal y un (1) casco color blanco, lo que deberán ser remitidos al Juzgado de Ejecución del departamento de Choluteca. Séptimo: Se ordenó tener como definitiva la devolución de la motocicleta placa: MAY4263; marca: Hero; modelo: Hunk; color: verde; chasis: BLKC13EHFGU00022, a la señora Pasita Paz, por corresponder a un tercero no responsable. Interpuso el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, el Abogado Hernán Lagos Corea en su condición de defensor público. Son Partes En La Única Instancia: Los Abogados Dinabel López Durón y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de los acusados, como parte recurrente y la Abogada Karen Lizeth Martínez Ponce, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: El día miércoles 15 de abril del año 2015, a eso de las cinco y treinta minutos de la tarde, a inmediaciones del mercado nuevo de la ciudad de Choluteca, se conducía a pie, el señor Concepción Torres Rivera y en el momento en que pasaba en frente de la farmacia Kielsa, fue interceptado por Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez, quienes se transportaban en una motocicleta color verde, conducida por el primero. SEGUNDO: Seguidamente Fredy Ariel Meza Sánchez, sin decir nada, en forma sorpresiva, disparó en reiteradas ocasiones el arma de fuego que portaba, ocasionándole heridas en la espalda, costados y cara al señor Concepción Torres Rivera, las que provocaron su muerte inmediata, a continuación Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez hasta quitarle la vida, emprendieron la huida del lugar. TERCERO: Inmediatamente se puso conocimiento a las autoridades a las autoridades policiales de lo sucedido, quienes llegaron al lugar de los hechos, donde las personas que ahí se encontraban les indicaron por donde se habían marchado los hechores, iniciándose una persecución que dio con la detención de los señores Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez, a inmediaciones del barrio Jerusalén de la ciudad de Choluteca. CUARTO: El levantamiento cadavérico del cuerpo del señor Concepción Torres Rivera, practicado por la médico forense, estableció: Catorce orificios sangrantes, ubicados: a) uno en el ala de la nariz derecha; b) otro en la región nasal central; c) Otro en la mejilla izquierda; d) Otro en la región clavicular izquierda; e) Otro en el tercio medio cara media del brazo del antebrazo derecho; f) Uno en la región escapular izquierda en la espalda; g) Otro en la línea media de la columna vertebral; h) otro en la región costal izquierda; i) otro en la región costal derecha; j) otro en la región lumbar derecha; k)dos orificios localizados entre la línea axilar anterior y la línea axilar posterior del lazo izquierdo; L) un orificio en la región posterior, del tercio proximal del muslo izquierdo y m) un orificio localizado en la región axilar izquierda.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “MOTIVO ÚNICO: Violación del artículo 89 de la Constitucional de la República PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La norma Constitucional que se invoca como infringida es el articulo 89 que reza: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente.” En tal virtud para que dicha autoridad llegue al convencimiento sobre la responsabilidad penal de un ciudadano debe contar con la prueba suficiente que no le deje duda sobre la vulneración el Estado de inocencia que asiste a un imputado. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación de los jueces hacer una valoración de la prueba, sin escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho. En el caso de marras utilizar una declaración autorizada rendida bajo la formalidad de protección de testigos como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba directa, es una flagrante violación al DERECHO DE INOCENCIA, resultando inútil el ejercicio del Ministerio Publico en actuar con absoluta objetividad, no pudiendo incorporar a la investigación dichos y medios de prueba que sindiquen la participación de mi poderdante, obvia el Ministerio incorporar aquellas circunstancias o investigaciones que pudiesen eximir la responsabilidad de mi imputado, dicho yerro solo puede ser subsanado a través del presente recurso de casación. SEGUNDO: Resulta Honorables Magistrados, que el Tribunal al emitir el fallo condenatorio en contra de mi patrocinado, lo ha hecho tomando como base y fundamento principal la declaración del testigo Delta 2, quien narra unos hechos donde sindica la autoría a mis representados, sin embargo esta declaración entra en claras inconsistencias como ser: el hecho que los supuestos imputados fueron perseguidos momentos inmediatos al hecho por agentes del orden publico, en ese caso el agente RUBEN ALEXIS PEREZ GOMEZ y por VICTORINO TORRES ESTRADA, quienes al darles alcance y detenerlos levantaron acta de comiso de evidencias y en el caso no nos ocupa no les encontraron ningún tipo de arma, mucho menos el arma con la que se privo de su existencia al ofendido. Establecer un cuadro factico fidedigno que no deje lugar a dudas sobre la vulneración del ESTADO DE INOCENCIA de mi patrocinado, llegar al fondo de los hechos, es el punto que no se ha establecido en el caso que nos ocupa, debido a la insuficiencia probatoria en contra de mis patrocinados, por parte de los que están obligados a traer al juicio oral y publico todo lo permitente para que los Juzgadores puedan impartir justicia. TERCERO: La conocida jurista española Maria Félix Tena Aragón, en su obra MANUAL DE DERECHO CONSTITUCIONAL pagina 34 inciso 7 establece: “Este Derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos tratar en este tema, mas allá de su contenido material, que será objeto de exposición en tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo valida”.- Tal como ocurre en el caso de mi representado no existe prueba que acredite la el cruce de llamadas o que respalde el cuadro factico al que han arriba los Juzgadores, esto no puede ser corroborado o dado por valido por ningún otro medio de prueba; Sigue Diciendo la jurista Tena Aragón “Por tanto, solo cabra constatar la vulneración de inocencia cuando haya pruebas de cargo validas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motivo el resultado de dicha valoración o finalmente cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”.-. En el caso que nos ocupa resulta insuficiente la pericia extracción forense, este carece de prueba que lo de por valido. Para concluir con lo dicho por la jurista Aragón “A falta de prueba directa, la prueba de cargo puede ser indiciaria, siempre que se cumplan con los siguiente requisitos, que permiten distinguirla de las simples sospechas: que parta de hechos plenamente probados y que los hechos constitutivos de delito se deduzcan de esos indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las reglas del criterio humano, explicitado en la sentencia condenatoria”.- En el caso de nos ocupa el Tribunal Juzgador no ha corroborado la pericia extracción forense con ninguna otra prueba, lo cual es un clara violación al correcto entendimiento humano, es por ello que el dicho constitucional de presunción de inocencia se ve violentado al condenar a mi representado con una escasa actividad probatoria, el sentenciador no contaba con la suficiente prueba para tener la certeza de culpabilidad. CUARTO: Si sacamos mentalmente del legajo probatorio, la declaración del testigo protegido Delta 2, nos encontramos que el resto de prueba no vincula en los hechos a mis que han sido condenados no existe ningún sustento ya que la prueba principal de la acusación lo constituye dicho declaración, misma que si la tomamos como prueba fundamental para condenar, se hace en violación al principio de inocencia, y la única forma de poder enmendar dicha vejación es mediante la interposición del presente recurso casación. En ese sentido y siendo que dicho yerro lo constituye una Violación grave a una norma Constitucional como ser el Principio de Inocencia, le solicitamos a la Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de justicia, se dicte una Sentencia Absolutoria como en Derecho corresponde.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional. En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “La jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 2. Aplicación restrictiva de un derecho constitucional o que integre el bloque constitucional, o de doctrina legal constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo. 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe utilizar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de infracción de precepto constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Norma constitucional que se denuncia infringida: artículo 89 de la Constitución de la República Concepto de la infracción: violación al principio de inocencia.

Pretensión: que se dicte una nueva sentencia absolutoria. Explicó el recurrente que utilizar una declaración rendida bajo la formalidad de protección de testigos como único sustento para condenar, sin que dicha declaración sea corroborada por ningún otro medio de prueba directo, es una flagrante violación al derecho de inocencia; en el caso de autos la declaración del testigo Delta 2, quien narra hechos donde sindica la autoría de los acusados, pero esta declaración entra en claras contradicciones e inconsistencias. Del Estado de Inocencia

El derecho al Estado de Inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, este derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, condicionando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al Estado de Inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Estado de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio. El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin duda establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. Mediante el fallo de fecha catorce de mayo del 2007, en el Expediente 312-2006, esta Sala de lo Penal ha declarado que el Estado de Inocencia es “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (Art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP) y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.” (Fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de mayo del 2011, en el Exp 304-2010).

En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que, aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar: a) Licitud de la prueba: si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos. b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal. c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad. d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación del acusado en el hecho y su grado de culpabilidad en ellos. (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp 042-2009 de la Sala de lo Penal). De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. En virtud del motivo invocado por el recurrente, esta Sala de lo Penal procedió a realizar un examen exhaustivo a la sentencia recurrida, pudiendo constatar que en ningún momento se ha violentado el Estado de Inocencia con el que gozan los acusados, sino que el mismo fue rendido legalmente en juicio con prueba suficiente que establecen la responsabilidad de los imputados en los hechos sometidos a juicio. Para el censor el hecho de que haya declarado como el testigo protegido Delta 2 y ser la única prueba que incrimine a los acusados, es a su criterio violatorio al Estado de Inocencia; pero el Censor no tiene razón, pues recordemos que, si bien es un testigo protegido, su testimonio fue recibido de manera presencial en el juicio oral, fue sometido a la inmediación de las partes y se tuvo la posibilidad de ejercer el contradictorio, pues la defensa efectuó un interrogatorio para determinar la veracidad de su declaración; además es un testigo presencial de los hechos, observó a los acusados momentos antes de cometer el crimen, incluso reconoció bien al imputado Fredy Ariel Meza Sánchez pues le conocía desde pequeño, es decir le es familiar razón por la cual le reconoce desde el primer momento; el testigo observó cuando los encartados están esperando al ofendido y al ubicarlo lo siguen en la motocicleta, sin mediar palabra disparan contra su humanidad y salen huyendo del lugar, todo lo cual es observado por el testigo protegido; el testimonio del referido testigo es vital y de mucha importancia para el esclarecimiento de los hechos, pues recordemos que los acusados son capturados minutos después de ocurridos los sucesos, cuestiona el recurrente que no se le encontró a ninguno de ellos arma alguna, pero la práctica de las personas que son perseguidas por la policía, es tirar las armas que hayan utilizado para evitar ser capturados con ellas, así que, el hecho de no encontrarles armas, no significa que no hayan participado. La declaración del testigo protegido Delta 2 también es corroborada con el dictamen pericial de autopsia, pues el testigo afirmó que ambos acusados habían disparado contra la humanidad del señor Concepción Torres Rivera y que escuchó unos 15 disparos, lo cual es corroborado con el dictamen de autopsia en la que se establecen 14 heridas sangrantes producidas por arma de fuego; así mismo el testigo refiere que las armas utilizadas por uno de los acusados eran una 9 milímetros, que él conoce bien las armas porque tiene un primo que desarma, es decir le es familiar las armas de fuego, coincidiendo su versión con el dictamen pericial balístico a los casquillos encontrados en la escena del crimen, en el cual se establece que el calibre es de una pistola 9 milímetros. Todas esta razones tomó en consideración el A-quo para realizar una adecuado razonamiento de las pruebas evacuadas en el juicio teniendo como base las reglas del correcto pensamiento humano; en el presente caso existe prueba suficiente y contundente que determina sin lugar a dudas la participación de los acusados en la muerte del ahora ofendido, todo lo cual fue debidamente plasmado y justificado en la sentencia de mérito, concluyendo esta Sala de Casación que el Estado de Inocencia que por derecho corresponde a las personas sometidas a un proceso penal, fue legítimamente vencido con prueba suficiente, razones para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional, interpuesto por la Defensa Pública. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Jancarlos Ulises Sánchez Paz la pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera y al señor Fredy Ariel Meza Sánchez la pena de 21 años de reclusión por un delito de Asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera. Conforme las disposiciones del Código Penal decreto 130-2017, el delito de Asesinato, se penaliza de 20 a 25 años de reclusión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que Jancarlos Ulises Sánchez Paz se le impuso una pena de 20 años de reclusión por un delito de Asesinato y al señor Fredy Ariel Meza Sánchez se le impuso la pena de 21 años de reclusión por un delito de Asesinato, pena que se encuentra dentro del límite de la señalada en el nuevo Código Penal decreto 130-2017, por lo que no procede su aplicación retroactiva, pues no le beneficia Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 89, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo interpuesto por el Abogado Hernán Lagos Corea, en su condición de defensor público de los señores Jancarlos Ulises Sánchez Paz y Fredy Ariel Meza Sánchez, a quienes se les condenó por el delito de asesinato en perjuicio de Concepción Torres Rivera. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado Coordinador Rafael Bustillo Romero Magistrado Miguel Alberto Pineda VALLE MAGISTRADO FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-163-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL