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Sentencia CP-157-18 — Registro 15194

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación, y Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tercer motivo. El recurso no es de recibo. Establece el recurrente en su tercer motivo casacional, que la sentencia carece de suficientes motivaciones fácticas y jurídicas, violentando los artículos 14 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal en relación al artículo 33 en sui sección cuarta, numeral 2, ya que la insuficiencia por no decir ausencia de valoración reflejada en la sentencia recurrida, nos impide hacer un análisis de fondo de la prueba conforme al sistema de valoración de la sana crítica racional o libre convicción, ya que la misma no invoca juicios de valor o desvalor de la prueba evacuada construidos por medio de procesos intelectivos propios del juzgador, así mismo hay insuficiencia jurídica en la sentencia recurrida ya que existe una invocación de un tipo penal, más producto de la íntima convicción del juzgador que de los hechos probados, partiendo del análisis y valoración de las pruebas en la sentencia, lo que ha repercutido en que dicha calificación jurídica sea insustentable en términos jurídicos objetivos. Esta Sala de Casación ha revisado el apartado “Valoración de la Prueba” y encontramos en los numerales séptimo, octavo y noveno, que el sentenciador razonó la declaración testifical de descargo de la menor V. S. P., estableciendo que en el caso de mérito existe prueba directa y/ o perfecta suficiente para acreditar una transgresión al bien jurídico de la libertad e integridad física, psicológica y sexual, y en la que describe la forma en que sucedieron los hechos; en su numeral octavo, toma en consideración lo anteriormente expuesto (numeral séptimo), este Tribunal le da a toda la prueba relacionada en los párrafos anteriores, un total y absoluto crédito, por apreciar en las mismas un alto grado de confiabilidad, consistencia y congruencia, además de no evidenciarse la existencia de otros elementos de prueba contundentes que pudieran desvirtuarlas o contraponerse a ellas; en el numeral noveno el tribunal es del convencimiento de que con la prueba incorporada al debate, se logró acreditar la tesis acusatoria sostenida por el Ministerio Público, estableciendo que se ha destruido el estado de inocencia que constitucionalmente le favorece, motivo por el cual se declara su responsabilidad penal. Hay insuficiencia de motivación jurídica cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal), en este caso el Tribunal Sentenciador hace la valoración de los medios de prueba y los enmarca en el tipo penal del delito por el cual se le ha imputado, haciendo un análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y determinando la concurrencia de los mismos. Por lo anterior desestimamos el presente motivo casacional..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. El recurso no es de Recibo. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador infringió los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa. Establece que violentó el debido proceso estableciendo que: 1. Se emitió una sentencia definitiva con unos hechos probados no claros, ni terminantes, imprecisos e incongruentes con el resto de la sentencia. 2. Se emitió una sentencia con una carente motivación fáctica y jurídica. 3. Se consignó e incorporó ilegalmente al acta de debate del juicio oral y público, así como a la sentencia recurrida un elemento de prueba testifical consistente en la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, cuando este elemento de prueba realmente nunca se propuso, admitió, ni evacuó en el juicio. En cuanto al derecho de defensa, se violentó, en virtud de que al no conocerse de manera clara y precisa las motivaciones fácticas y jurídicas empleadas por el juzgador, ya que su sentencia carece de un proceso valorativo suficiente para determinar las mismas. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada de un precepto constitucional. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En la exposición de este motivo el recurrente se aparta del principio de debida técnica, como ya nos hemos pronunciado como requisito de admisibilidad y procedencia del recurso y que se resume como aquellos “mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. En la lectura del contenido del escrito de Casación, el recurrente enuncia el artículo 90 de la Constitución de la República, sin llegar a concretizar de manera clara y precisa el sentido en el cual se suscitó la supuesta infracción, pues tal recurso requiere que debe observarse: a.) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planeamientos con claridad y precisión. Estos aspectos no fueron observados por el recurrente, estableciendo en su deposición argumentos atinentes a otro motivo casacional y sus reflexiones y argumentaciones y no en cuanto a la forma en que fue agraviado su defendido. En cuanto al derecho de defensa, al hacer el análisis de la sentencia no se ha violentado por el juzgador, el derecho individual de estado de inocencia, esto no constituye que este Tribunal casacionista tenga que valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar la valoración de la prueba efectuada por el A quo, sino que le corresponde comprobar y verificar si en la audiencia de juicio oral y público en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada la probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgador de instancia. El reclamo formulado mediante este recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como infringidas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas en contra del acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal en una condición desventajosa en relación a la contraparte. Razón por la cual debe declararse sin lugar el presente motivo casacional, ya que no se violentó ninguna de las garantías constitucionales. ..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017

Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Joseé Ramón Palacios Lobo, a una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, como autor del delito de violación especial (art.140) en perjuicio de V. S. P. O., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil, la que deberán cumplir en la granja penal de esta Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de violación (Art.249), que establece una pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Al momento de haberse realizado los hechos la menor V. S. P. O. (16 de marzo de 2010), contaba con la edad de catorce (14) años y cuatro (4) meses de edad, ahora bien el artículo 255 establece como agravantes específicas y en la que deberá aumentarse 1/3 si concurre algunas de las circunstancias: 1) El autor hace uso de armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos, estableciendo en los hechos probados que el imputado tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda y le manifestó que si contaba lo sucedido le iba a matar a toda su familia, quedando un nuevo margen de pena de trece a diecisiete años cuatro meses (13 años a 17años 4 meses) de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Ramón Palacios Lobo, conforme al CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 a 17 años 4 meses de prisión, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal...2

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 157-2018, que literalmente dice: “En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, en nombre del estado de honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 157-2018 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha dos de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia del Departamento de Olancho, con sede en la ciudad de Juticalpa, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Ramón Palacios Lobo, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor V. S. P. O. a la pena de quince años de reclusión.- Segundo: Condenó al señor José Ramón Palacios Lobo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor José Ramón Palacios Lobo a la reparación del daño moral e indemnización de los daños físicos y morales a la parte ofendida causados por el delito. Son Partes en Única Instancia: El Abogado Luis Antonio Lobo Vásquez, en su condición de defensor privado del señor José Ramón Palacios Lobo, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. hechos probados de la instancia Que en fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diez (2010) a eso de las ocho de la noche, la ofendida salió de su casa de habitación en compañía de su padre hoy imputado José Ramon Palacios Lobo, a eso de las nueve y media de la noche, el padre le hablo a la ofendida V. S. P. O. para que regresaran a la vivienda a lo que ella le manifestó que se iba a ir con su tía, salieron del lugar pero no la llevo a la casa sino que a un lugar que se encontraba solitario y aseguro las puertas de dicho auto, tomando la ruta hacia el lugar conocido como los piñonales, estaciono el vehículo bajo a la ofendida la subió a la paila del carro y abuso sexualmente de ella, que él tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda y le manifestó que si contaba lo sucedido le iba matar a toda su familia. recurso de casación.- motivos y argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Primer Motivo: Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime probados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación por quebrantamiento de forma se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Los preceptos penales adjetivos que consideramos que el Tribunal de Sentencia violento al emitir su sentencia y los cuales sirven de motivo para la presente, los indicamos literalmente de la manera siguiente: Articulo 338 sección cuarta, numeral 1 del Código Procesal Penal señala: “Declaración de hechos probados: En párrafos separados y numerados, se hará declaración expresa y terminante de los hechos que se consideran probados, descritos con claridad, precisión y coherencia, sin emplear conceptos que, por su exclusivo carácter jurídico, predeterminen el fallo que haya de dictarse.” Para poder indicar con precisión los vicios contemplados en la sentencia recurrida y entrar en el detalle del asunto, transcribiremos primero los hechos que el Tribunal de Sentencia estimo probados en la sentencia de acuerdo al acervo probatorio evacuado en el juicio: “En fecha dieciséis (16) de marzo del año dos mil diez (2010), a eso de las ocho de la noche, la ofendida salió de su casa de habitación en compañía de su padre hoy imputado José Ramon Palacios Moya, a eso de las nueve y media de la noche el padre le hablo a la ofendida S. V. P. O., para que regresaran a su vivienda a lo que ella le manifestó que se iba a ir con su tía, salieron del lugar pero no la llevo a la casa sino que a un lugar que se encontraba solitario y aseguro las puertas de dicho auto, tomando la ruta hacia un lugar conocido como los Piñonales, estaciono el vehículo bajo a la ofendida la subió a la paila del carro y abuso sexualmente de ella, que él tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda y le manifestó que si contaba lo sucedido le iba a matar a toda su familia.” Los defectos que encontramos en la declaración de hechos probados de la sentencia recurrida residen en que los mismos no son claros, precisos, ni terminantes; lo que repercute en una infracción a los artículos antes mencionados de nuestra normativa penal adjetiva vigente y que, por consiguiente, hace a dicha sentencia objeto de un reproche jurídico recursivo meritorio. Defectos estos que no se pudieron reclamar durante el proceso penal respectivo, en virtud de haberse cometidos en la sentencia y que indicamos de la siguiente manera: Indicación De Los Vicios a) Sobre la falta de especificidad del lugar donde ocurrieron los hechos. Tal como podemos advertir en la declaración de los hechos probados contemplados en la sentencia hoy recurrida, el tribunal sentenciador ha obviado indicar con precisión el lugar en donde los hechos han acaecido. Esto lo evidenciamos al indicarse que “la ofendida salió de su casa de habitación en compañía de su padre hoy imputado José Ramon Palacios Lobo, a eso de las nueve y media de la noche...” sin indicar el lugar donde se encontraba dicha vivienda. De igual forma, advertimos dicha falencia al indicar “tomando la ruta hacia el lugar conocido como los piñonales, estaciono el vehículo, bajo a la ofendida...”. Aquí tampoco el Tribunal sentenciador indica con precisión el lugar exacto donde ocurrieron los hechos. Estas palpables omisiones aparte de transgredir las exigencias formales que demanda nuestra normativa procesal penal respecto a la claridad y precisión extraordinaria con la que deben estar revestidos los hechos probados de una sentencia, tienen efectos jurídicos relevantes con relación a la jurisdicción y competencia de los órganos jurisdiccionales y del mismo Ministerio Publico. Lo anterior en virtud que el Tribunal sentenciador como una forma para acreditar su competencia en el conocimiento, valoración y juzgamiento de cualquier hecho de carácter ajusticiable, siempre debe de precisar en sus sentencias y específicamente en sus hechos probados, el lugar donde se cometieron los mismos y de esta forma legitimar su accionar jurisdiccional, ya que de lo contrario, estaríamos ante la presencia de una ambigüedad de determinación del ámbito espacial en donde acaeció un injusto penal. Partiendo de las exigencias formales reclamadas por nuestro código procesal penal, lo correcto es que debió haberse precisado con exactitud el lugar de ocurrencia de los hechos de la siguiente manera: La ofendida salió de su casa de habitación ubicada en la colonia/barrio xxxxx, de la ciudad de xxxxx, departamento de xxxxx, en compañía de su padre hoy imputado José Ramon Palacios Lobo, a eso de las nueve y media de la noche... De la misma manera, respecto al lugar de los hechos así: tomando la ruta hacia el lugar conocido como los piñonales, ubicado en la aldea xxxxx, jurisdicción del municipio de xxxxx, departamento de xxxxx, estaciono el vehículo, bajo a la ofendida... Si se hubiesen redactado correctamente los hechos probados como en el acápite anterior (que así debió haberlo hecho el Tribunal sentenciador), no existiera la posibilidad de especulación sobre el lugar de comisión de los hechos, o a confundir el mismo con lugares del mismo nombre que pudieran existir en otros municipios de otros departamentos. b) Sobre la falta de concreción de los abusos sexuales cometidos a criterio del Tribunal. En los hechos probados de la sentencia también podemos apreciar que el Tribunal sentenciador al momento de relacionar la conducta del ahora condenado respecto a los hechos imputados, solamente se limitó a decir “estaciono el vehículo bajo a la ofendida la subió a la paila del carro y abuso sexualmente de ella, que la tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda”. Como podemos advertir, el Tribunal de Sentencia olvido relacionar la parte medular y de importancia vital de los hechos probados, que es la concreción puntual de las acciones propias cometidas por el ahora condenado, a fin de poder determinar en qué tipo penal se pudiesen subsumir las mismas. Dicho en otras palabras, el Tribunal de Sentencia no dice en que consistieron los supuestos abusos sexuales cometidos por el imputado en contra de la ofendida, por consiguiente, dichos hechos los deja a la imaginación del lector, aspecto este, que es inaceptable en una sentencia penal en la que se condena a una persona a una pena de 15 años de reclusión por suponerla responsable de la comisión del delito de violación especial. Como es conocidos por todos, dentro de nuestro código penal hay una serie de tipos penales que llevan implícito un abuso sexual, tal es el caso del señalado en el artículo 140 referente a la violación, el artículo 141 referente a los actos de lujuria, el articulo 142 referente al estupro, así como todos los relativos a la explotación sexual comercial señaladas del articulo 148 en adelante, entre otros. Por lo que, para poder determinar ante qué tipo penal estamos presentes, es un imperativo jurídico de carácter insoslayable indicar con precisión en que han consistido los abusos sexuales cometidos, aspecto este que se debe y puede hacer sin necesidad de utilizar frases de orden jurídico que anticipen el fallo. No obstante, en los hechos probados en relación, no se ha precisado ni con frases fácticas, ni jurídicas, los hechos puntuales que ha tenido en cuenta el juzgador para arribar a la conclusión que el procesado es responsable de la comisión del delito de violación especial. Es importante destacar, que ante tal omisión es imposible determinar objetivamente partiendo de los hechos probados que delito cometió el imputado, ya que cada ilícito penal tiene presupuestos objetivos diferenciados el uno del otro, siendo precisamente la obligación de juzgador determinar esos presupuestos de carácter factico en el apartado de hechos probados de la sentencia, para luego determinar en la fundamentación jurídica de la misma, en que tipo penal se subsumen dichas conductas. En consonancia con lo anterior, podemos concluir que la declaración de hechos de la sentencia aludida no es clara, ni terminante, ya que de su lectura se pueden inferir muchas hipótesis diferentes a las arribadas por el Tribunal Sentenciador. Ejemplo de ello, es que podemos pesar que los “abusos sexuales” a los que hace referencia los hechos probados podrían consistir en el tocamiento de los órganos genitales de la ofendida, o en la introducción de objetos en los órganos sexuales u otros orificios naturales o artificiales que figuren a los mismos. Incluso asumiendo que se tratase del tipo penal invocado en la sentencia como es el de violación especial, tampoco con dicha relación de hechos probados podemos establecer, por el hecho que no lo dice, si los abusos sexuales consistieron en una penetración y en dado caso que fuera así, porque vía se produjo la misma, aspectos estos que son de obligatoria observancia para poder concluir que estamos ante una violación. c) La Falta de precisión de la edad de la ofendida y de la conducta hostil supuestamente asumida por el procesado. Cabe decir, que tampoco en los hechos probados de la sentencia recurrida se precisa la edad que tenía la ofendida al momento de suceder los hechos enjuiciados, aspecto este que es de trascendental importancia cuando se trata de delitos agravados por la condición de la edad de la ofendida, tal como lo ha considerado el Tribunal de Sentencia en el caso que nos ocupa. En tal razón, el Tribunal decisor debió de consignar en la declaración de hechos la edad de la ofendida por ser precisamente esta circunstancia la que invoca en la fundamentación jurídica de la sentencia, para considerar la especialidad del delito de violación por el que se condena y consecuentemente agrava la pena impuesta al encartado. Más bien pareciera que el Tribunal A-Quo se empeñó en tratar de dar por probado que el encausado intimido a la víctima al momento de suceder el hecho al manifestar, “que estaciono el vehículo bajo a la ofendida la subió a la paila del carro y abuso sexualmente de ella, que él tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda y le manifestó que si contaba lo sucedido le iba a matar a toda su familia.”. Empero, en dicha relación del cuadro factico tampoco se específica si el imputado utilizo el arma de fuego apuntándole o sencillamente enseñándosela y en general no precisa si él empleo algún método de violencia o intimidación en contra de la ofendida para perpetrar el hecho, ya que las circunstancias intimidatorias a las que se hace alusión se refieren a circunstancias posteriores a la comisión del hecho, que en todo caso servirían para encubrirlo, pero no para cometerlo. En resumen, el Tribunal de Sentencia, al no haber redactado los hechos probados de forma conclusiva, inequívoca y categórica, sino que por el contrario lo ha hecho de manera confusa, dubitativa e imprecisa, ha producido una insuficiencia u oscuridad en dicha declaración, lo que conduce al lector a una conclusión imprecisa de los mismos. Como consecuencia de la ambigüedad fáctica en relación, queda en evidencia una incongruencia interna de la sentencia recurrida, ya que por un lado se indica en la fundamentación jurídica que se condena por el delito de violación especial en atención al artículo 140 numeral 1, referente a cuando la víctima es una persona menor de 14 años, y por otro lado, no se indica en los hechos probados que es la parte medular de la sentencia dicha circunstancia, comprobando con esta circunstancia la concurrencia del motivo casacional que los hechos probados de la sentencia no son claros, ni terminantes. Segundo Motivo: Que la sentencia se base en medios o elementos probatorios no Incorporados legalmente al juicio. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación por quebrantamiento de forma se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Para explicar el presente motivo de casación por quebrantamiento de forma es pertinente citar los preceptos legales infringidos, siendo estos el artículo 336 del Código Procesal Penal respecto a las normas para la deliberación y la votación lo siguiente: “El tribunal, para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. Igualmente, el artículo 338 del mismo código, sección cuarta, numeral 2, en el apartado de la valoración de la prueba, que refiere que el Tribunal deberá de consignar las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados los hechos. Por su parte, el Tribunal de Sentencia para sustentar su fallo condenatorio tomó en consideración la prueba propuesta por el Ministerio Publico consistente en un dictamen pericial realizado y ratificado por el doctor Cesar Rigoberto Hernández. Las declaraciones testificales de Daira Sánchez Colindres Y V. S. P. O. y una certificación de acta de nacimiento de la ofendida como prueba documental, tal como advertimos en el apartado de valoración de la prueba de la sentencia. Cabe decir, que el Tribunal de Sentencia de Olancho en la causa que nos ocupa incorporó a la sentencia y en el acta de debate y valoro en términos jurídicos probatorios un elemento de prueba testifical que no se propuso por ninguna de las partes, ni en la audiencia de proposición de pruebas, ni en la etapa incidental del debate. Tampoco dicho elemento de prueba se admitió en ningún momento procesal, ni se evacuó en la audiencia de juicio oral y público. Este elemento de prueba ficticio es la declaración testifical de la señora Daira Sánchez Colindres, que corre agregada en el Acta del Debate a folio numero 168 vuelto del expediente judicial que nos ocupa. Como conclusión de lo anterior, somos del criterio que existe en la sentencia recurrida una falsedad ideológica de la misma, ya que da por sentado en su valoración de la prueba y reforzada por el acta de debate, que se evacuó un elemento probatorio testifical consistente en la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, mismo que se valoró para emitir el fallo condenatorio, cosa esta que no es cierta, en virtud que la referida testigo nunca fue propuesta, admitida, ni evacuada como elemento de prueba en el presente proceso penal. En consecuencia, la incorporación y valoración que el tribunal hizo de dicha declaración ya sea de forma deliberada o no, es ilegal porque dicho medio de prueba testifical no fue legalmente incorporado al juicio, más bien su inclusión aparte de violar el debido proceso, violento el derecho de defensa de mi defendido tal como lo desarrollaremos más adelante. Esta evidente anomalía procesal es digna de corregir por medio del reproche recursivo que promovemos por este medio, ya que no la pudimos reclamar durante el proceso penal respectivo, en virtud de haberse cometido en la sentencia. Se Proponen Medios De Prueba Al tenor del artículo 368 del Código Procesal Penal y para acreditar los extremos antes relacionados proponemos como medio de prueba documental la propia proposición de pruebas que realizo el Ministerio Publico en la audiencia de proposición de pruebas que corre agregada a folios 104 y 105 del expediente de mérito. Asimismo, se propone el “acta debate en la que se acredita que tampoco el Ministerio Público, ni la defensa propusimos la declaración de dicha señora de forma incidental, tal como se comprueba a folio 166 del expediente judicial Tercer Motivo: Por carecer la sentencia recurrida de suficientes motivaciones fácticas y jurídicas. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación por quebrantamiento de forma se encuentra comprendido en el numeral 3 del artículo 362 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Para explicar el presente motivo invocado y que nos faculta para solicitar el reproche jurídico de la sentencia recurrida emitida en primera instancia por el Tribunal de Sentencia de Olancho, a fin de obtener su revocación, invocamos como normas adjetivas penales infringidas y que sirven de fundamento a la misma, el articulo 141 párrafo segundo y tercero del código procesal penal, el que refiere lo siguiente: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación... La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido.” Igualmente, el artículo 33, en su sección cuarta, numeral 2, respecto a la valoración de la prueba de la misma ley adjetiva penal indica que “Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.” Claro está, que dentro de las obligaciones de un órgano decisor como lo es el Tribunal de Sentencia de Olancho que emitió la sentencia recurrida, está la de fundamentar su fallo, debiéndose de hacer por medio de motivaciones fácticas por un lado y motivaciones jurídicas por otro. Las motivaciones fácticas son las realizadas por el juzgador en el apartado de valoración de la prueba en la sentencia y envuelve dos campos de acción jurídica, por un lado, está la valoración descriptiva que consiste en una relación detallada de los medios de prueba evacuados en el juicio y, por otro lado, la valoración intelectiva que refiere al valor jurídico probatorio que se le da cada una de las pruebas. Cabe decir, que estos dos tipos de valoraciones que componen la motivación fáctica de una sentencia (descriptiva e intelectiva) son complementarias entre sí, por lo que la ausencia o carencia de una de ellas implica el deterioro automático de la otra y consecuentemente de la motivación fáctica en general. Por su parte, la motivación jurídica estriba básicamente en el análisis, valoración y subsunción que el Juzgador hace de los hechos estimados probados, a fin de encuadrarlos en el tipo penal que considere más idóneo, tomando en cuenta las circunstancias especiales del hecho y de los sujetos participantes, así como todas aquellas condiciones que extinguen, modifican, atenúan o agravan la responsabilidad penal. Indicación De Los Vicios a) Insuficiente Motivación Fáctica de la Sentencia. Al analizar las motivaciones fácticas incluidas en la sentencia recurrida, encontramos que el Tribunal A-Quo se esmeró por hacer una valoración descriptiva de toda la prueba evacuada en el juicio (con algunas inconsistencias como las mencionadas en el motivo anterior), no así en la valoración intelectiva de la prueba, la que se caracteriza por escasa e incompleta. Prueba de ello, es que el Tribunal de toda la prueba evacuada en juicio solamente valoro intelectivamente una de ellas, consistente en la declaración de la ofendida V. S. P. O. Partiendo de dicha valoración cabe destacar que elementos se invocaron de ese testimonio para que el Tribunal asumiera la certeza del acaecimiento de los hechos denunciados y de la responsabilidad que en los mismos tuvo el imputado. En ese sentido, citaremos lo que la ofendida referida supra, dijo en su declaración: “Estábamos en un velorio y luego él me dijo que nos fuéramos para la casa, yo le dije a mi tía Cristina que me iba a ir con mi papa y me dijo que estaba bien, luego no llegamos a la casa, sino que me llego a un lugar solo y allí fue donde ocurrió todo, era en la noche como a esos de las 7:00pm a 8:00pm, luego de lo paso me fue a dejar a mi casa y me dejo allí en la calle en la puerta de mi casa. ¿Qué fue lo que te hizo tu papa? C: Abuso de mí, estaba con una pistola y me dijo que si decía algo me iba a matar. ¿Nos podría indicar de qué manera abuso de ti? C: Me saco de la cabina del carro con una pistola y me subió a la paila del carro. ¿Y qué paso en la paila del carro? C: Me quieto la ropa y abuso de mí. ¿Nos podría indicar en qué consistió el abuso? C: En primer lugar, no quiero decir y las pruebas lo dicen todo realmente a parte de lo que yo hable.” Como podemos apreciar del escueto testimonio anterior, existen una indeterminación de los supuestos abusos sexuales que el enjuiciado le causó a la víctima, misma que se rehusó a indicar en que habían consistido los mismos, no obstante, paradójicamente y a pesar de la imprecisión fáctica evidenciada, el Tribunal de Sentencia valorando únicamente este medio de prueba arribo a la certeza que en la presente causa se había cometido un delito de violación especial. En realidad el único proceso “valorativo” que hace el Tribunal es el contemplado en el apartado séptimo de la valoración de la prueba de la sentencia, que refiere lo siguiente: “Después de relacionar todos los elementos de prueba evacuados en la presente causa, es criterio de este Tribunal que en el caso de mérito existe prueba directa y/o perfecta suficiente para acreditar una transgresión al bien jurídico de la libertad e integridad física, psicológica y sexual que por magno principio constitucional ostenta la ofendida, dicha conclusión es sustentada básicamente con la declaración de la menor ofendida V. S. P. O., tomada como prueba testifical en la presente audiencia rendida ante este Tribunal, en donde narra en calidad de ofendida como sucedieron los hechos, indicando que se encontraba en un velorio con su tía...” Sin embargo, al analizar dicho razonamiento podemos afirmar, que en la sentencia recurrida existe una insuficiente motivación fáctica por no decir casi ausente motivación, ya que tal como lo dice De La Rúa (Motivación de la Sentencia. Derecho Procesal Penal de Honduras), las motivaciones de las sentencias aparte de expresas y claras, tienen que ser completas, debiendo abarcar todas las cuestiones fundamentales de la causa y cada uno de los puntos decisivos que justifican sus conclusiones. Se debe de especificar cada una de las pruebas que dan por acreditado cada uno de los hechos probados de la sentencia, exponiendo a su vez las razones por las cuales aparta de su valoración positiva las demás pruebas que no le generan confianza, cosa que esta que no sucedió en la sentencia impugnada. Cabe decir, que una motivación superficial tal como se aprecia en la sentencia recurrida, que se limite únicamente a transcribir el contenido de los testimonios evacuados en juicio y decir que les da credibilidad sin exponer con argumentos las razones que le generan esa confianza, no es una verdadera motivación. Asimismo, ese proceso valorativo no solamente debe de recaer sobre las pruebas que le sirven de fundamento para justificar su fallo, sino también sobre todas aquellas que no le merecen credibilidad, valoración esta última que también se encuentra totalmente ausente en la sentencia refutada. Como prueba de lo anterior y para efectos de corroborar las infracciones a los preceptos procesales penales antes relacionados y, por consiguiente, para la admisión y valoración positiva del motivo casacional por quebrantamiento de forma de falta de motivación fáctica y jurídica suficiente de la sentencia invocado, enumeramos todos los elementos de prueba evacuados en el debate que el Tribunal Juzgador dejo de valorar: 1) Dictamen pericial emitida por el Doctor Cesar Rigoberto Hernández. 2) Certificación de Acta de Nacimiento de la ofendida V. S. P. O.. 3) Declaración de la testigo Narciso Amador Espinoza. 4) Declaración del testigo Ismael Pacheco. Por último hay que decir, que la insuficiencia por no decir ausencia valorativa reflejada en la sentencia recurrida, nos impide hacer un análisis de fondo de la prueba conforme al sistema de valoración de la sana critica racional o libre convicción, ya que la misma al no invocar juicios de valor o desvalor de la prueba evacuada construidos por medio de procesos intelectivos propios del juzgador, provoca que no sepamos cuales fueron las verdaderas razones que el Tribunal utilizo para emitir su fallo condenatorio, y con ello por supuesto, se causa una lesión al derecho de defensa de mi representado, así como a la tutela judicial efectiva. b) Insuficiente Motivación Jurídica de la Sentencia. Respecto a este vicio al igual que el anteriormente expuesto, el Tribunal de Sentencia de Olancho tampoco se esforzó por hacer un análisis jurídico relevante de los hechos enjuiciados, ya que tal como lo miraremos ulteriormente no consigno en la sentencia ningún tipo de razonamiento de derecho que justificara por qué califico los hechos como una violación especial. En la referida fundamentación jurídica, el decisor, en el apartado segundo, arriba a la conclusión de que los hechos por los cuales se condena al procesado son constitutivos del delito de violación especial. De igual forma, en el apartado tercero cita literalmente el artículo 140 del código penal y como argumentación solamente refiere que con la declaración de la menor ofendida se acredito que el imputado sostuvo relaciones sexuales con ella. Para concluir expresando que partiendo del análisis de cada uno de los presupuestos objetivos exigidos por el tipo penal de violación eran del criterio que los mismos concurren a cabalidad4n el artículo 140 numeral 1 del código penal vigente. Como podemos apreciar, no existe un verdadero razonamiento jurídico respecto a las circunstancias de hecho que el Tribunal estima que concurrieron versus los presupuestos objetivos exigidos por el tipo penal de violación especial. Más bien queda reflejado una incongruencia interna de la sentencia, existente entre los apartados hechos probados, valoración de la prueba y fundamentación jurídica. Esta incongruencia queda reflejada en que los hechos probados de la sentencia nunca expresan que la ofendida sostuvo relaciones sexuales con el inculpado; de igual modo, en la declaración testifical de la víctima descrita en la valoración de la prueba, nunca se mencionó que sostuvo relaciones sexuales con el encausado, ni tampoco se relacionó otro elemento de prueba Del Cual Se Podría Inferir Dicho Extremo. Asimismo, nunca se relacionó y argumentó los elementos probatorios tomados en cuenta en la fundamentación jurídica para llegar a la conclusión que estábamos ante la presencia de un tipo especial de violación especial. Atendiendo lo anterior, no existe una correspondencia entre lo que se tiene por probado de manera fáctica, lo que se relaciona en la valoración de la prueba y en lo que se afirma en la fundamentación jurídica de la sentencia. Partiendo de este extremo, somos de la convicción que objetivamente no es posible con los hechos probados y la prueba valorada en la sentencia que el Tribunal pueda argumentar jurídicamente que tales hechos investigados se subsumen en el tipo penal de violación especial. Más bien en dicha fundamentación jurídica se obvia reconocer a los hechos declarados probados como el punto de partida de toda sentencia judicial, para posteriormente hacer la calificación jurídica y dictar correspondiente fallo sea condenatorio o absolutorio. Para concluir, afirmamos que existe una insuficiente por no decir casi ausente fundamentación jurídica en la sentencia recurrida, más bien por el contrario, existe una invocación de un tipo penal más producto de la íntima convicción del juzgador que de los hechos probados partiendo del análisis y valoración de las pruebas en la sentencia, lo que ha repercutido en que dicha calificación jurídica sea insustentable en términos juncos objetivos.” Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional Cuarto Motivo: Por haberse producido una infracción de precepto constitucional en la sentencia recurrida. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación por Infracción de precepto constitucional, se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo Los preceptos constitucionales que se invocan como infringidos son los siguientes: Artículo 90. Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece... Artículo 82. El derecho de defensa es inviolable. El Debido Proceso: Es una obligación de todos los órganos jurisdiccionales del país, juzgar y ejecutar lo juzgado respecto a sus resoluciones y sentencias judiciales. Esta facultad punitiva que configura lo que doctrinariamente se llama el ius puniendi, no es más que la facultad delegada por parte del Estado de Honduras y al amparo de la Constitución de la República a los órganos jurisdiccionales operadores y administradores de justicia del país, a fin de reprochar toda aquella conducta que en el marco del derecho positivo hondureño atente contra las libertades, garantías, derechos y bienes jurídicos en general protegidos por el Estado. Pero cabe indicar, que esta materialización del ius puniendi no es absoluta, tiene límites, y los mismos son los procedimientos y las formalidades en general que deben de observarse obligatoriamente para poder deducir la responsabilidad penal de un sujeto, teniendo extremo cuidado de no menoscabar sus derechos individuales que la misma Constitución de la República le consagra. Es así como cuando se enjuicia penalmente a una persona por sindicarla responsable de la comisión de un injusto penal, debe de existir un equilibrio de parte del juzgador, entre el proceso incoado para la persecución penal y los derechos individuales inalienables del sujeto enjuiciado, a fin de no menoscabar ninguno de los dos ámbitos de protección legal y de esta forma consagrar una verdadera tutela judicial efectiva. Entendiendo por Tutela Judicial Efectiva tal como lo dice Sánchez Rubio Aquilina (Derecho a la Tutela Judicial Efectiva). Es el derecho que tienen todas las personas a obtener acceso al sistema judicial y a obtener de los tribunales una resolución motivada, no permitiéndose que por parte de estos se pueda producir indefensión al no permitírseles ejercer todas las facultades que legalmente tiene reconocidas. Partiendo de lo anterior y al entrar al análisis de la sentencia recurrida, observamos que el Tribunal de Sentencia de Olancho responsable de la misma, infringió las formalidades legales exigidas por nuestro ordenamiento jurídico adjetivo penal, pero sobre todo por el derecho al debido proceso consagrado en el artículo 90 de la Constitución de la República. Dichas infracciones al debido proceso las enumerarnos de la manera siguiente: 1. Se emitió una sentencia definitiva con unos hechos probados no claros, ni terminantes, imprecisos e incongruentes con el resto de la sentencia. 2. Se emitió una sentencia con una carente motivación fáctica y jurídica. 3. Se consignó e incorporó ilegalmente al ata de debate del juicio oral y público, así como a la sentencia recurrida un elemento de prueba testifical consistente en la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, cuando este elemento de prueba realmente nunca se propuso, admitió, ni evacuo en el juicio. Sin duda alguna, que cada una de las infracciones cometidas por el tribunal de sentencia de Olancho en la sentencia recurrida, vulnera la norma constitucional del debido proceso y a la tutela judicial efectiva, el que desarrollado a través de la normativa adjetiva penal exige que todas las sentencias deben consignar como parte de la fundamentación del fallo unos hechos probados que deben de ser claros, precisos, terminantes, coherentes y sin contradicciones. Asimismo, exige que todas las resoluciones y sentencias emitidos por los jueces contendrá bajo pena de nulidad una clara y precisa motivación en donde se expresaran los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones de valor probatorio que se les haya atribuido. De igual forma, se exige al Tribunal que toda sentencia emitida se base en medios de prueba legalmente incorporados al juicio, las cuales deberá relacionar y consignar en su valoración de la prueba a efecto de declarar los hechos probados en base a las mismas. Las violaciones al debido proceso descritas anteriormente han tenido una repercusión negativa y trascendental en la vida y en el estatus jurídico y social del procesado José Ramón Palacios Lobo, en virtud que por medio de estas el Tribunal de Sentencia arribo a la conclusión de dictar un fallo condenatorio por el delito de violación especial en contra de mi representado, obligándolo a cumplir una pena de 15 años de reclusión más las accesorias correspondientes. En conclusión, somos del criterio que el Tribunal A-Quo con la finalidad exclusiva de perseguir el delito se ha llevado de encuentro una gama de derechos y garantías consagrados en la ley y derivados de la carta constitucional, irrespetando con ello la propia dignidad humana como el debido proceso que constitucionalmente protegen y asisten a mi representado y que constituyen las reglas del juego que diferencian esencialmente a un estado de facto de un estado derecho. Derecho De Defensa: Tal como se ha referido en el presente recurso de casación, el tribunal en su sentencia definitiva no ha valorado casi la totalidad de las pruebas allegadas y evacuadas en el juicio oral y público a pesar de ser dicha valoración una conditio sine qua non de toda sentencia judicial. Esta falta de valoración ha consistido en la pírrica o casi ausente expresión de los argumentos propios asumidos por el juzgador para darle mayor o menor relevancia jurídica a los medios de prueba evacuados, en base a la confiabilidad, contundencia y verosimilitud que le inspiraron los mismos y que debió de servirle como cimientos facticos y jurídicos para construir el corolario de su resolución definitiva, como fue su fallo condenatorio. Sin duda alguna, esta situación ha violado el derecho de defensa que constitucionalmente ampara a mi representado, en virtud que al no conocerse de manera clara y precisa las motivaciones fácticas y jurídicas empleadas por el juzgador, ya que su sentencia carece de un proceso valorativo suficiente para determinar las mismas, se ha creado una imposibilidad material para la defensa de poder determinar cuáles fueron los argumentos que utilizo el órgano decisor para condenar al encausado. Consecuentemente, dicho aspecto repercute negativamente en la materialización del mismo derecho de defensa que asiste al encausado, ya que si no conoce esos argumentos del A-Quo, de una u otra manera también afecta la capacidad recursiva que por mandato de la ley posee, en virtud que no podría atacar en un recurso de casación la sentencia las valoraciones de hecho y de derecho hechas por el Tribunal sentenciador, ya que sencillamente las mismas no existen o son evidentemente insuficientes. Cabe decir, que de igual forma se ha producido una indefensión de mi representado al incorporar y valorar jurídicamente de parte del Tribunal de Sentencia de Olancho un elemento de prueba que no fue propuesto, admitido, evacuado, ni incorporado legalmente al proceso como ser el testimonio de la señora Daira Sánchez Colindres. Falsedad probatoria esta que también ha servido al juzgador para dictar su condena, sin tener la defensa al respecto la posibilidad de refutarla por su carácter ficticio, quedando solamente la vía de su impugnación por su ilicitud a través de la vía recursiva, tal como lo estamos haciendo por medio de este recurso casacional de infracción de precepto constitucional. Ya lo dice López Guerra Y García Morillo (Derecho Constitucional. Ordenamiento constitucional, deberes y derechos de los ciudadanos). El derecho de defensa en su parte nuclear es el derecho que tienen las partes de defender sus posiciones a través de los medios que considere convenientes a su derecho, y se produce indefensión cuando, por un motivo legalmente no previsto, o cuando previsto legalmente sea irrazonable o desproporcionado, se prive a las partes de la posibilidad de hacer vales sus derechos, o se posibilita a una ellas una situación prevalente con respecto a la contraria. Para concluir la exposición del presente motivo casacional de infracción de precepto constitucional, es oportuno mencionar que la concepción del derecho constitucional de defensa que ampara a toda persona enjuiciada desde el ámbito penal, no solamente implica la posibilidad de defenderse por medio de un abogado letrado en los tribunales de justicia del país, sino también en el derecho a conocer cada una de las resoluciones judiciales sean definitivas o no que se emitan en su proceso, y sobre todo a conocer y comprender en detalle cuales han sido los razonamientos de hecho y de derecho que el juzgador ha tomado en cuenta para emitir un fallo condenatorio como es el caso que nos ocupa. Es por todo lo anterior, que consideramos que la sentencia recurrida emitida por el Tribunal de Sentencia de Olancho en una clara inobservancia e incumplimiento de las formalidades legales exigidas por la ley, formalidades estas que forman parte del debido proceso que debe seguirse para deducir la responsabilidad penal a cualquier ciudadano hondureño, han transgredido el derechos a la defensa del señor José Ramon Palacios Lobo, consignados en los preceptos constitucionales números 82, con relación por supuesto con el 90 de la Constitución de la República de Honduras. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por alguna de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende, de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 1 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 361 numeral 1 en relación al 338 sección cuarta, numeral 1 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La declaración de los hechos probados no es clara y terminante o que sea contradictoria. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. Pretensión: Que se case la sentencia. El recurrente en su primer motivo casacional que los hechos probados no fueron redactados en forma conclusiva, inequívoca, no son claros ni terminantes ya que los mismos se encuentran defectos que no pudieron reclamarse en la sentencia, estos son: a) sobre la falta de especialidad del lugar donde ocurrieron los hechos; b) sobre la falta de concreción de los abusos sexuales cometidos a criterio del Tribunal; c) la falta de precisión de la edad de la ofendida y de la conducta hostil supuestamente asumida por el procesado. De los Hechos Probados de la Sentencia Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que los juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos de Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[1], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su primer motivo. El recurso no es de Recibo. El recurrente en su primer motivo casacional manifiesta que los hechos probados no fueron redactados en forma conclusiva, inequívoca, no son claros ni terminantes ya que los mismos se encuentran defectos que no pudieron reclamarse en la sentencia, estos son: a) sobre la falta de especialidad del lugar donde ocurrieron los hechos; b) sobre la falta de concreción de los abusos sexuales cometidos a criterio del Tribunal; c) la falta de precisión de la edad de la ofendida y de la conducta hostil supuestamente asumida por el procesado. El artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. De la citada norma y conforme a los hechos probados en la sentencia que se dictó, se aprecia que la misma reúne los requisitos de forma, ya que los hechos probados fueron debidamente separados y numerados de conformidad al relato y la expresión de ideas; así mismo cumple con los requisitos de fondo, fue preciso, ya que los hechos probados son la reproducción del hecho histórico que fue objeto de controversia en la audiencia de debate, por tanto, estos hechos deben ser fijados, evitando divagarse sobre hechos distintos que si bien hayan sido acreditados, no sean de utilidad para definir la existencia o inexistencia de responsabilidad penal; los hechos declarados probados fueron claros; la falta de claridad se da cuándo los juzgadores lo redactan utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibiliten la comprensión, y en este caso los hechos declarados probados fueron terminantes, ya que no existe alguna indecisión de parte del Tribunal, ya que en la misma no se emplea afirmaciones como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, además en los hechos probados no se utilizaron conceptos que predeterminen el fallo, ya que los juzgadores no hacen ningún recuento de actuaciones investigativas o descripción de medios probatorios, ni utilizó términos exclusivamente jurídicos. El hecho probado establece la fecha y el año en que ocurrió el hecho, identifica al imputado y a la víctima, la hora en que sucedieron los hechos, así como las circunstancias del modo y lugar en que se desarrolló la conducta ejecutada por el señor José Ramón Palacios Lobo, con lo que da respuesta a la pretensión acusatoria, siendo coherente con la valoración conjunta de la prueba que el a quo desarrolló en la sentencia. Por lo que se desestima el primer motivo casacional por quebrantamiento de forma. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la Infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio; Reclamación Ex Ante: Se alega imposibilidad de reclamación ex ante, en virtud de que el vicio aconteció en la sentencia que se impugna; y Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación promovido, casando la sentencia recurrida y en definitiva, ordenando lo que en derecho corresponde. El defensor privado denuncia que el Tribunal de Sentencia para sustentar el fallo condenatorio tomó en consideración un conjunto de medios de prueba, entre ellos la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, tal y como consta en el acta de debate; testigo que no fue propuesta por ninguna de las partes, pero si evacuada como elemento de prueba. En resumen, aqueja el recurrente que se valoró en términos jurídicos probatorios un elemento de prueba testifical que no se propuso por ninguna de las partes. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido proceso, invocada por el Ministerio Público como aquella que ha sufrido inobservancia por el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual se refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal. más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del Derecho Procesal Penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad e independencia del juez; v.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- A la igualdad de armas procesales; vii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- Respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Incorporación Indebida de un medio de prueba En relación al motivo invocado, es importante apuntar que el diseño del proceso penal previsto en el Código Procesal Penal está dispuesto de modo que la legalidad del debido proceso impere en todas sus etapas, legalidad que incluye el Principio Probatorio de Aportación de Parte, al cual le interesa que todos los medios de prueba que sean finalmente valorados por el Tribunal de Sentencia hayan sido previamente reproducidos en el debate como consecuencia de petición de alguna de las partes intervinientes en el proceso; dicho de otro modo: como regla general la carga de la prueba en sentido formal corresponde a las partes, estándole vedado al Tribunal de Sentencia incorporar y valorar a su iniciativa medios de prueba que no hayan sido propuestos por las partes, (Salvo las excepciones apuntadas en el artículo 333 del Código Procesal Penal, mismas que deben ser analizadas bajo un criterio restrictivo).- Señala el artículo 317 del Código de Rito que el Tribunal de Sentencia convocará a las partes para la celebración de los medios de prueba que respalden sus respectivas teorías del caso, donde además de realizarse el control de admisibilidad, los intervinientes del proceso podrán enterarse de los medios de prueba de su contraparte (Principio de Igualdad de Armas) y así tendrán la oportunidad de controvertirlos debidamente en la audiencia de debate (Principio de Defensa); se relaciona con lo anterior el artículo 333 que señala que, como regla general, solo podrán reproducirse en el debate aquellos medios de prueba que hayan sido propuestos por las partes y admitidos por el Tribunal de Sentencia y, finalmente, el artículo 202 vinculado con la regla tercera numeral 2) del artículo 338 que señalan que los juzgadores solo podrán valorar, para formarse su convicción respecto al caso, los medios de prueba que hayan sido legalmente reproducidos en la audiencia de debate.- Así las cosas, prevé el artículo 362.2 del Código Procesal Penal, que el Tribunal de Sentencia incurrirá en un vicio in procedendo cuando: 1. Se haya incorporado a la audiencia de debate un medio de prueba que no sea parte del abanico probatorio propuesto por alguna de las partes intervinientes en el proceso y no se trate de la excepción prevista en la segunda parte del artículo 333 procesal.- Al acontecer lo descrito, no solo compromete la imparcialidad de los jueces, ya que los ubicaría, de inicio y en apariencia, en una posición de interés frente al resultado del proceso, sino que además provocaría indefensión a la parte litigante que vea la incorporación de un medio de prueba del cual no pudo prepararse para efecto de hacer el debido contradictorio, mucho menos poder proponer contraprueba para desvirtuarlo. 2. En la sentencia se valora un medio de prueba que no haya sido reproducido en la audiencia de debate. - El perjuicio material de este supuesto estriba igualmente en la violación del derecho de defensa, al haber los juzgadores contado y valorado un medio de prueba el cual no ha sido controlado ni controvertido por las partes litigantes, quienes ven como los juzgadores en su sentencia hacen cuenta de un medio de prueba que no fue parte del debate. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su segundo motivo. El recurso no es de Recibo. Establece el recurrente en su motivo casacional que la sentencia se basa en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio. En este sentido, el recurrente establece que el Tribunal de sentencia incorporó a la sentencia y en el acta del debate y valoró en términos jurídicos probatorios, un elemento de prueba testifical que no se propuso por ninguna de las partes, ni en la audiencia de proposición, ni en la etapa incidental como es la declaración testifical de la señora Daira Sánchez Colindres, que corre agregada en el acta del debate a folio número 168 vuelto del expediente judicial que nos ocupa. En el acta de proposición de pruebas (F108), el Ministerio Público propuso como medios de prueba, las siguientes: TESTIFICAL: a) Declaración de la señora V. S. P. O.; b) Declaración testifical de Yasmin Cristina Sánchez Oliva; DOCUMENTAL: a) Certificación de acta de nacimiento de la menor ofendida; PERICIAL: a) Dictamen médico extendida por el Doctor César Rigoberto Hernández. La defensa no propuso medios de prueba, en la audiencia de proposición de pruebas. Según el acta de debate (F165), en la etapa incidental el Ministerio Público no presentó incidentes. La defensa privada propuso como incidentes las declaraciones de los señores Narciso Amador Espinoza e Ismael Pacheco Maradiaga, las cuales fueron admitidas por el tribunal sentenciador. El segundo motivo del recurso de casación interpuesto debe denegarse por las razones que a continuación se explican: El recurso de Quebrantamiento de Forma no constituye una segunda instancia en la que se pueda realizar una revisión integral del fallo, una revisión y revaloración de los medios de prueba que fueron evacuados y apreciados por el tribunal de sentencia. Por otra parte, este tribunal de casación es del criterio que, al haberse valorado o no la declaración testifical de la señora Daira Sánchez Colindres, no cambia en nada el resultado de la sentencia ya que “para determinar la decisividad de la prueba eliminada, el Tribunal de Casación debe acudir al método de supresión hipotética: una prueba será decisiva, y su invalidez afectará de manera fundamental a la motivación, cuando -si mentalmente se le suprimiera- las conclusiones hubieran sido necesariamente distintas”. En el presente caso, al realizar la supresión hipotética de la valoración hecha por el Tribunal de Sentencia, en cuanto a la valoración de la declaración testifical de la señora Daira Sánchez Colindres, existe prueba directa y corroborativa que conlleva al juzgador a emitir una sentencia condenatoria; por lo que aún si se suprime este medio de prueba, el resultado es el mismo, una sentencia condenatoria, la decisión judicial no puede variar, ya que dicha decisión puede sostenerse como consecuencia del resto de la actividad probatoria, cuyos elementos son suficientes para enervar el estado de inocencia del acusado, pues concurren contra éste suficientes elementos de pruebas categóricos, necesarios e independientes, para determinar que fue el la persona responsable del delito de violación especial en contra de la menor V. S. P. O.; pruebas que se derivan de la actividad probatoria que tuvo lugar en la audiencia de debate, y que teniendo la inmediación, encontraron suficientes elementos debidamente acreditados, unívocos y concomitantes para establecer la participación directa intencional o dolosa en los hechos a él imputados, tal y como lo explica la sentencia condenatoria en la valoración intelectiva de acervo probatorio y que a continuación se detalla: Con el peritaje del doctor Cesar Rigoberto Hernández, quien ratificó su dictamen y fue sometido al contradictorio entre las partes, estableciendo en las preguntas que se le hicieron, lo siguiente: “… entre otros P: cuando habla de que encontró semen en ella a través de que método es lo que colige que eso que encontró es semen en los labios mayores, C:… el semen lo podemos medir nosotros su textura de acuerdo a tocarlo a su olor y a su evidencia clínica, a la entrada de la vulva de los labios mayores y menores y esa parte es el introito, P: cuando habla de que tuvo una relación sexual reciente en términos calculados a que tiempo se refiere, C: dije que hay evidencia de pigmentación reciente pudo haber sido de horas o de días porque todavía se miraba el daño del tejido ligeramente sanguíneo,…pude afirmar con mi dictamen que hubo agresión sexual estaba ligeramente dañado el tejido y había en el introito semen…. P: en el apartado 3 dice que no hay ruptura antigua, aunque si hay evidencia de penetración reciente, C: los hímenes son variables, hay hímenes de que hay cierta penetración…P: en el dictamen no dice si la niña era virgen, pudo establecer si antes ella había tenido relaciones sexuales o no de cuerdo al examen clínico, C: en el himen no hay historial no hay evidencia de una ruptura antigua y que hay evidencia de penetración reciente muy reciente…P: aparte de la ruptura parcial de himen, existía alguna otra lesión genital en el cuerpo de la ofendida, C: no emití que hubo violencia y que hubo una ruptura parcial de himen que no se da en indicaciones normales que era una lesión reciente y que no hubo lesión antigua”. Con la declaración de la menor ofendida V. S. P. O., quién es prueba directa, estableció: “… estábamos en un velorio y luego él me dijo que nos fuéramos para la casa, yo le dije a mi tía Cristina que me iba a ir con mi papá, y me dijo que estaba bien, luego no llegamos a la casa sino que me llevó a un lugar solo y allí fue donde ocurrió todo, era en la noche como a eso de las 7:00 p.m. a 8:00 p.m., me sacó de la cabina del carro con una pistola y me subió a la paila del carro, me quitó la ropa y abusó de mí. Como prueba documental se presentó la certificación de acta de nacimiento de la menor (F19), en la que se establece la edad, al momento de ocurrir los hechos. La Sala de lo Penal ha reiterado que en el juzgamiento de casos de tipo sexual se debe tomar en consideración aspectos de sutil importancia, entre ellos: “La falta de animosidad de la víctima, quien es menor de edad, para querer faltar a la verdad, la normal ausencia de otros testigos oculares en los delitos sexuales excepto la propia víctima, la posición de autoridad del acusado con respecto a la víctima, el contexto rural donde se desarrolla el hecho justiciable, el origen humilde de la madre, hermana y de la propia víctima y otras circunstancias valorativas” (véase sentencia CP-1407 del veintitrés de enero del año dos mil ocho). Ciertamente, la experiencia nos muestra que gran cantidad de delitos de abusos sexuales, entre ellos el de violación, si bien, no son exclusivos suelen suceder en entornos sociales en los cuales concurren situaciones de marginalidad social o déficit de atención familiar como ser hijos abandonados, menores que pasan bastante tiempo solos en sus casas o viven juntamente con varias personas, padres que han emigrado del país dejando a los menores (Recurso de Casación Penal No.S.P.60=2010 9/13) personas o familiares, resultando con frecuencia que -en muchos casos- se cuente únicamente con la declaración de la víctima, razones por las cuales los delitos contra la libertad sexual se consideran criminológicamente delitos clandestinos, secretos, o de comisión encubierta. Visto lo anterior y aun excluyendo hipotéticamente del conjunto probatorio la declaración testifical de la señora Daira Sánchez Colindres, es criterio de la Sala, que prevalece en el proceso prueba suficiente de cargo idónea para conservar y mantener indemne la sentencia impugnada en equivalentes términos en que ha sido prescrita. Por lo expuesto es desestimado el motivo de casación invocado por el recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Tercer Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 362 numeral 3 en relación con el artículo 141 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Por carecer la sentencia recurrida de suficientes motivaciones fácticas y jurídicas. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en la sentencia misma. Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación promovido. Establece el recurrente en su tercer motivo casacional, que la sentencia carece de suficientes motivaciones fácticas y jurídicas, violentando los artículos 14 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal en relación al artículo 33 en su sección cuarta, numeral 2, ya que la insuficiencia, por no decir ausencia de valoración, reflejada en la sentencia recurrida, nos impide hacer un análisis de fondo de la prueba conforme al sistema de valoración de la sana crítica racional o libre convicción, ya que la misma no invoca juicios de valor o desvalor de la prueba evacuada construidos por medio de procesos intelectivos propios del juzgador, así mismo hay insuficiencia jurídica en la sentencia recurrida ya que existe una invocación de un tipo penal más producto de la íntima convicción del juzgador que de los hechos probados, partiendo del análisis y valoración de las pruebas en la sentencia, lo que ha repercutido en que dicha calificación jurídica sea insustentable en términos jurídicos objetivos. De la Motivación En procura de dar respuesta a lo planteado, es imperativo definir qué es motivación y de ello poder deducir cuando hay carencia de motivación o insuficiencia de motivación. El artículo 141 del Código Procesal Penal, señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal, hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza tienen un poder discrecional; recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: 1. En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; 2. En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade el Instrumento Jurídico citado, que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legitima y respetuosa de la Sana Crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues, la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo de insuficiente motivación y la falta de una motivación expresa, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia (La motivación legítima y respetuosa de la Sana Crítica está asociada con un motivo de casación distinto al que se resuelve en esta oportunidad, contenido en el artículo 362.3 del Código Procesal Penal). Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas -condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes: 1. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posee ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión del fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; 2. Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: Se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una descripción de los medios de prueba, pero no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La Insuficiencia de Motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). De la procedencia del recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su tercer motivo. El recurso no es de recibo. Establece el recurrente en su tercer motivo casacional, que la sentencia carece de suficientes motivaciones fácticas y jurídicas, violentando los artículos 14 párrafo segundo y tercero del Código Procesal Penal en relación al artículo 33 en sui sección cuarta, numeral 2, ya que la insuficiencia por no decir ausencia de valoración reflejada en la sentencia recurrida, nos impide hacer un análisis de fondo de la prueba conforme al sistema de valoración de la sana crítica racional o libre convicción, ya que la misma no invoca juicios de valor o desvalor de la prueba evacuada construidos por medio de procesos intelectivos propios del juzgador, así mismo hay insuficiencia jurídica en la sentencia recurrida ya que existe una invocación de un tipo penal, más producto de la íntima convicción del juzgador que de los hechos probados, partiendo del análisis y valoración de las pruebas en la sentencia, lo que ha repercutido en que dicha calificación jurídica sea insustentable en términos jurídicos objetivos. Esta Sala de Casación ha revisado el apartado “Valoración de la Prueba” y encontramos en los numerales séptimo, octavo y noveno, que el sentenciador razonó la declaración testifical de descargo de la menor V. S. P., estableciendo que en el caso de mérito existe prueba directa y/ o perfecta suficiente para acreditar una transgresión al bien jurídico de la libertad e integridad física, psicológica y sexual, y en la que describe la forma en que sucedieron los hechos; en su numeral octavo, toma en consideración lo anteriormente expuesto (numeral séptimo), este Tribunal le da a toda la prueba relacionada en los párrafos anteriores, un total y absoluto crédito, por apreciar en las mismas un alto grado de confiabilidad, consistencia y congruencia, además de no evidenciarse la existencia de otros elementos de prueba contundentes que pudieran desvirtuarlas o contraponerse a ellas; en el numeral noveno el tribunal es del convencimiento de que con la prueba incorporada al debate, se logró acreditar la tesis acusatoria sostenida por el Ministerio Público, estableciendo que se ha destruido el estado de inocencia que constitucionalmente le favorece, motivo por el cual se declara su responsabilidad penal. Hay insuficiencia de motivación jurídica cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal), en este caso el Tribunal Sentenciador hace la valoración de los medios de prueba y los enmarca en el tipo penal del delito por el cual se le ha imputado, haciendo un análisis de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal y determinando la concurrencia de los mismos. Por lo anterior desestimamos el presente motivo casacional.

Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Único Motivo. Normas Autorizantes: Artículo 361del Código Procesal Penal; Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: Violación al debido proceso y al derecho de defensa. Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en la sentencia misma. Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación promovido. Establece el recurrente que el tribunal sentenciador infringió los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa. Establece que violentó el debido proceso estableciendo que: 1. Se emitió una sentencia definitiva con unos hechos probados no claros, ni terminantes, imprecisos e incongruentes con el resto de la sentencia. 2. Se emitió una sentencia con una carente motivación fáctica y jurídica. 3. Se consignó e incorporó ilegalmente al acta de debate del juicio oral y público, así como a la sentencia recurrida, un elemento de prueba testifical consistente en la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, cuando este elemento de prueba realmente nunca se propuso, admitió, ni se evacuó en el juicio. Que el derecho de defensa se violentó en virtud de no conocerse de manera clara y precisa las motivaciones fácticas y jurídicas empleadas por el juzgador, ya que su sentencia carece de un proceso valorativo suficiente para determinar las mismas. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes, provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora; entretanto el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar, o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que, no implica que previo al acto de intimación al sospechoso no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación, el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado, y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá de juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien, a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”.El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”.El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. El recurso no es de Recibo. Establece el recurrente que el Tribunal Sentenciador infringió los artículos 90 y 82 de la Constitución de la República, en cuanto al debido proceso y al derecho de defensa. Establece que violentó el debido proceso estableciendo que: 1. Se emitió una sentencia definitiva con unos hechos probados no claros, ni terminantes, imprecisos e incongruentes con el resto de la sentencia. 2. Se emitió una sentencia con una carente motivación fáctica y jurídica. 3. Se consignó e incorporó ilegalmente al acta de debate del juicio oral y público, así como a la sentencia recurrida un elemento de prueba testifical consistente en la declaración de la señora Daira Sánchez Colindres, cuando este elemento de prueba realmente nunca se propuso, admitió, ni evacuó en el juicio. En cuanto al derecho de defensa, se violentó, en virtud de que al no conocerse de manera clara y precisa las motivaciones fácticas y jurídicas empleadas por el juzgador, ya que su sentencia carece de un proceso valorativo suficiente para determinar las mismas. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentar la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada de un precepto constitucional. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia. En la exposición de este motivo el recurrente se aparta del principio de debida técnica, como ya nos hemos pronunciado como requisito de admisibilidad y procedencia del recurso y que se resume como aquellos “mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”. En la lectura del contenido del escrito de Casación, el recurrente enuncia el artículo 90 de la Constitución de la República, sin llegar a concretizar de manera clara y precisa el sentido en el cual se suscitó la supuesta infracción, pues tal recurso requiere que debe observarse: a.) Elegir con puntualidad la causal; b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida; c) Elaborar planeamientos con claridad y precisión. Estos aspectos no fueron observados por el recurrente, estableciendo en su deposición argumentos atinentes a otro motivo casacional y sus reflexiones y argumentaciones y no en cuanto a la forma en que fue agraviado su defendido. En cuanto al derecho de defensa, al hacer el análisis de la sentencia no se ha violentado por el juzgador, el derecho individual de estado de inocencia, esto no constituye que este Tribunal casacionista tenga que valorar nuevamente la prueba practicada, o de revisar la valoración de la prueba efectuada por el A quo, sino que le corresponde comprobar y verificar si en la audiencia de juicio oral y público en la que se apreció la prueba, se dispuso en la misma del mínimo de actividad probatoria, llevada a cabo con las debidas garantías constitucionales y procesales, pues una vez acreditada la probanza, la valoración es de exclusiva competencia del juzgador de instancia. El reclamo formulado mediante este recurso, no se enmarca en las normas constitucionales que se citan como infringidas, toda vez que el mismo no gravita en la inexistencia de la posibilidad material para la parte defensora de realizar actos procesales en descargo a las imputaciones formuladas en contra del acusado, tampoco en el hecho de que se encontrase, en algún momento de la actividad procesal en una condición desventajosa en relación a la contraparte. Razón por la cual debe declararse sin lugar el presente motivo casacional, ya que no se violentó ninguna de las garantías constitucionales. Decisión: Declarar sin lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por la defensa privada. Declarar sin lugar el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada. de la procedencia de la aplicación retroactiva del cp decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir una pena de cinco a diez años de prisión). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado, disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017

Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibida la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no, los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Joseé Ramón Palacios Lobo, a una pena principal de reclusión de quince (15) años de reclusión, como autor del delito de violación especial (art.140) en perjuicio de V. S. P. O., más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y la responsabilidad civil, la que deberán cumplir en la granja penal de esta Ciudad de Juticalpa, departamento de Olancho. La conducta reprochada al acusado está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de violación (Art.249), que establece una pena de prisión de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Al momento de haberse realizado los hechos la menor V. S. P. O. (16 de marzo de 2010), contaba con la edad de catorce (14) años y cuatro (4) meses de edad, ahora bien el artículo 255 establece como agravantes específicas y en la que deberá aumentarse 1/3 si concurre algunas de las circunstancias: 1) El autor hace uso de armas u otros instrumentos peligrosos para la vida o la salud de la víctima, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder por otros delitos, estableciendo en los hechos probados que el imputado tenía una pistola, después la fue a dejar a la vivienda y le manifestó que si contaba lo sucedido le iba a matar a toda su familia, quedando un nuevo margen de pena de trece a diecisiete años cuatro meses (13 años a 17años 4 meses) de prisión. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado José Ramón Palacios Lobo, conforme al CP-144-83 al ser de 15 años de reclusión, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017, que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 13 a 17 años 4 meses de prisión, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 361, 362 del Código Procesal Penal, debería de emitir el siguiente fallo: Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus tres motivos y por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa privada, a favor del acusado José Ramón Palacios Lobo.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.- Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha dos de marzo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiuno de junio de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 157-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

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[1] Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, abril de 2011.- pág. 118