Sentencia CP-148-17 — Registro 13678
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado por treinta y tres delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Daños a las Redes Informáticas, en perjuicio de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y La Fe Pública, resolviendo No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el recurrente arguye que la sentencia no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la acusación privada y el no compartir el criterio esbozado por los juzgadores; este alegato de impugnación es incorrecto dado que identifica las contradicciones, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el A-Quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este Ad-Quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil uno, recaída en el expediente con registro SP 148-2017, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle, por excusa justificada del Magistrado Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 148-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Héctor Adolfo García López, de treinta y tres delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Daños a las Redes Informáticas, en perjuicio de La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y La Fe Pública. SEGUNDO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley la Abogada Katherine Tercero, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público; por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el abogado Jorge David Meza Vásquez, actuando en su condición de acusador privado. Son partes en única instancia: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, agente fiscal del Ministerio Público y Jorge David Meza Vásquez, acusador privado, ambos en su condición de recurrentes; el Abogado Rosendo Domingo Torres Aquino, defensor privado, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: Que el señor HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, bajo registro 6092, con cédula de identidad 0501-1982-09786, laboraba para la Universidad Autónoma de Honduras del Valle de Sula, San Pedro Sula, desempeñándose como profesor por hora, bajo la modalidad de contrataciones por período académico desde el 30 de agosto de 2007, hasta el 7 de mayo de 2014; adscrito al departamento de Informática. SEGUNDO: Habiendo finalizado el primer período académico del año dos mil catorce (2014), las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibieron denuncia por parte del Centro Universitario Regional de la ciudad de la Ceiba (CURLA), donde les manifestaban que varias calificaciones de sus docentes habían sido modificadas, razón por la cual, se ordenó se realizarán las investigaciones pertinentes, encomendándole esta tarea a la Dirección de Infotecnología de la Universidad, encontrados dentro de la base de datos de Ingreso, Permanencia y Promoción DIPP-REGISTRO-UNAH; en las tablas de auditorías de movimientos de docentes, jefes y estudiantes a quien pertenecían los accesos que se tuvieron con los usuarios que se vieron afectados, que son dieciséis (16) a quienes se les usurpo las contraseñas de acceso al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), comprobando observando que a los docentes que les modificaron las calificaciones, se les había hecho un reinicio de contraseña, enviando la nueva contraseña hacia el correo jdillamac@hmamai1.com y no al correo original del docente, verificando que el reinicio de contraseña y modificaciones no autorizadas en el sistema las realizó el código cero, el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014). Este código cero se analizó y observó que tenía los privilegios de Jefe de Departamento, privilegios que permiten hacer reinicio de claves de contraseña a los docentes, determinando que el código cero se encontraba registrado y activo a nombre del señor HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ, que tiene el correo electrónico hector_agarcia@hotmail.com; asimismo que GARCÍA LÓPEZ, también contaba con el código de empleado 6092, además que ligada al código cero estaba la dirección IP (internet provided) con número 190.92.11.125 la cual se encontraba registrada en la bitácora de accesos al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; dirección IP perteneciente a la empresa Cable Color. TERCERO: La empresa Cable Color hizo constar que el cable modem con CMAC0015D005EB03 pertenece a HECTOR JESÚS GARCÍA MENDEZ, confirmando que hace NAT a través del pool de IP 190.92.11.4 a la 190.92.11.126; siendo la anterior una IP pública. CUARTO: La base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al momento de los hechos no contaba con Certificado digital de seguridad.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Katherine Tercero, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 254 párrafo segundo del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de éste motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: “PRIMERO: Que el señor HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, bajo registro 6092, con cédula de identidad 0501-1982-0786, laboraba para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sala, San Pedro Sala, desempeñándose como profesor por hora, bajo la modalidad de contrataciones por periodo académico desde el 30 agosto de 2007, hasta el 7 de mayo de 2014; adscrito al departamento de Informática. SEGUNDO: Habiendo finalizado el primer período académico del año dos mil catorce (2014), las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibieron una denuncia por parte del Centro Universitario Regional de ciudad de La Ceiba (CURLA), donde les manifestaban que varias calificaciones de sus docentes habían sido modificadas, razón por la cual, se ordenó se realizarán las investigaciones pertinentes, encomendándole esa tarea a la Dirección de lnfotecnología de la Universidad, encontrados dentro de la base de datos de ingreso, permanencia y promoción DIPP-REGISTRO-UNAH; en las tablas de auditorías de movimientos de docentes, Jefes y estudiantes a quien pertenecían los accesos que se tuvieron con los usuarios que se vieron afectados, que son dieciséis (16) a quienes se les usurpó las contraseñas de acceso al sistema de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), comprobando, observando que a docentes que se les modificaron las calificaciones, se les había hecho un reinicio de contraseña, enviando la nueva contraseña hacia el correo jdillamac@hmamail.com y no al correo original del docente, verificando que el reinicio de contraseña y modificaciones no autorizadas en el sistema las realizó el código cero, el nueve (9) de mayo del dos mil catorce (2014). Este código cero se analizó y observó que tenía los privilegios de Jefe de Departamento, privilegios que permiten hacer reinicio de claves de contraseña a los docentes, determinando que el código cero se encontraba registrado y activo a nombre del señor HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, que tiene el correo electrónico hector agarcia@hotmail.com asimismo que GARCÍA LÓPEZ, también contaba con el código de empleado 6092, además que ligada el código cero estaba la Dirección IP(Internet Provided) con número 190.92.11.125, la cual se encontraba registrada en la bitácora de accesos al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; dirección IP perteneciente a la empresa Cable Color. TERCERO: La empresa Cable Color hizo constar que el cable módem con CMAC0015D005EB03 pertenece a HÉCTOR JESÚS GARCÍA MÉNDEZ, confirmando que hace NAT a través del pool de IP 190.92.11.4 a la 190.92.11.126; siendo la anterior una IP pública. CUARTO: La base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al momento de los hechos no contaba con certificado digital de seguridad.” El precepto penal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 254, párrafo segundo: “La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” Al tenor de lo establecido en los hechos declarados como probados, se puede apreciar que el imputado HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, fungió como profesor por hora bajo la modalidad de contrato, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, particularmente en el Centro Regional de San Pedro Sula, donde se encontraba adscrito al Departamento de Informática y que debido a la investigación originada por denuncias de docentes del Centro Universitario del Litoral Atlántico, en la cual se les había alterado calificaciones de sus alumnos, se pudo constatar por la Dirección de lnfotecnología de la Universidad, de acuerdo a las tablas de auditorías de movimientos de los docentes, Jefes y estudiantes, que fueron dieciséis los docentes afectados, a quienes se les usurpó de acceso a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que a los docentes que se les modificaron las notas de sus estudiantes también se les había hecho un reinicio de su contraseña y que la nueva había sido enviada a un correo que no correspondía al del docente afectado, sino a la dirección jdillamac@hmamail.com, determinándose que dichas acciones fueron realizadas el día nueve de mayo del año dos mil catorce por el código cero y éste código fue asociado con la información personal del acusado ya que al ser analizado dicho código resultó tener privilegios de Jefe de Departamento, los que permiten realizar reinicio de contraseñas a los docentes, tal como ocurrió en el presente caso, estableciéndose además que ligada al código cero, se encontraba la dirección IP, con número 190.92.11.125, misma que se encontraba registrada en la bitácoras de acceso a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y esa dirección IP pertenecía a la empresa Cable Color, la que hizo constar que el cable módem CMAC0015D005EB03, pertenecía al señor Héctor Jesús García Méndez, quien es el padre del acusado; asimismo se estableció que la plataforma de o base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el momento de los hechos no contaba con certificado digital de seguridad y eso permitió la vulnerabilidad para que el código cero accediera a la misma y realizara las modificaciones en los accesos que habían sido destinados para los docentes, a quienes se les reinició su contraseña y se les alteraron las calificaciones que ya habían sido ingresadas al sistema. De acuerdo al precepto legal citado, describe entre sus verbos rectores, los daños y alteración a programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes informáticos, como ocurrió en el caso suprareferido, en el que el acusado, haciendo uso del código cero, ingresó al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reinició la contraseña de varios docentes, quienes por esa razón no podían ingresar a revisar las calificaciones de sus estudiantes, las cuales habían sido alteradas por el señor Héctor Adolfo García López, produciendo de esa forma daños en la red informática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En virtud de lo anterior, se reafirma la argumentación del Ministerio Público en el sentido de que el fallo impugnado adolece del vicio in iudicando alegado puesto que según la verdad descrita en el factum el enjuiciado perjudicó el sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, es responsable del delito de DAÑOS A LA RED INFORMÁTICA, en perjuicio de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto al acusado, ha producido en consecuencia la infracción denunciada, al dejar de aplicar la norma citada como infringida. Por lo antes expuesto, la fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” “SEGUNDO MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 284: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, a quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterase uno verdadero, de modo que pueda resultar un perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1), 2), 3), 4), 5) Alterando las fechas y cantidades verdadera. 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido. 7) 8), 9),...” El tipo penal citado requiere para su estructuración hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, concurriendo el presente caso concurre el segundo supuesto, ya que el acusado al ingresar a la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alteró las notas que habían sido ingresadas de forma oficial por los docentes adscritos a dicha entidad, de conformidad a lo descrito en el numeral 5 de artículo supraindicado y que de acuerdo a lo descrito en el numeral 6 de mismo artículo, la información original fue alterada, al variar su sentido, es decir, las calificaciones fueron modificadas en su contenido, cambios que fueron realizados de un código que se encontraba registrado y activo a nombre de Héctor Adolfo García López. De ahí que la acción descrita en el Factum evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado; quienes emitieron un fallo de absolución. Como consecuencia el desvalor del delito de Falsificación de Documentos Públicos, como ocurrió en el presente caso produjo la falta de aplicación del artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal, citados como vulnerados. Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, es responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA y UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber absuelto al acusado, ha producido en consecuencia la infracción denunciada, al dejar de aplicar la norma citada como infringida. Por lo antes expuesto, la fiscalía solícita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” El Abogado Jorge David Meza Vásquez, actuando en su condición de Acusador Privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS TRES MOTIVOS DE CASACIÓN 1.- PRIMER MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 254 párrafo segundo del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Al proceder a la exposición de éste motivo se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: HECHOS PROBADOS: “PRIMERO: Que el señor HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, bajo registro 6092, con cédula de identidad 0501-1982-0786, laboraba para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, San Pedro Sula, desempeñándose como profesor por hora, bajo la modalidad de contrataciones por periodo académico desde el 30 agosto de 2007, hasta el 7 de mayo de 2014; adscrito al departamento de Informática. SEGUNDO: Habiendo finalizado el primer período académico del año dos mil catorce (2014), las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras recibieron una denuncia por parte del Centro Universitario Regional de ciudad de La Ceiba (CURLA), donde les manifestaban que varias calificaciones de sus docentes habían sido modificadas, razón por la cual, se ordenó se realizarán las investigaciones pertinentes, encomendándole esa tarea a la Dirección de Infotecnología de la Universidad, encontrados dentro de la base de datos de ingreso, permanencia y promoción DIPP-REGISTRO-UNAH; en las tablas de auditorías de movimientos de docentes, Jefes y estudiantes a quien pertenecían los accesos que se tuvieron con los usuarios que se vieron afectados, que son dieciséis (16) a quienes se les usurpó las contraseñas de acceso al sistema de la Universidad Nacional de Honduras (UNAH), comprobando, observando que a los docentes que se les modificaron las calificaciones, se les había hecho un reinicio de contraseña, enviando la nueva contraseña hacia el correo jdillamachmamail.com y no al correo original del docente, verificando que el reinicio de contraseña y modificaciones no autorizadas en el sistema las realizó el código cero, el nueve (9) de mayo del dos mil catorce (2014). Este código cero se analizó y observó que tenía los privilegios de Jefe de Departamento, privilegios que permiten hacer reinicio de claves de contraseña a los docentes, determinando que el código cero se encontraba registrado y activo a nombre del señor HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, que tiene el correo electrónico hector_agarcia@hotmail.com; asimismo que GARCÍA LÓPEZ, también contaba con el código de empleado 6092, además que ligada el código cero estaba la Dirección IP(Internet Provided) con número 190.92.11.125, la cual se encontraba registrada en la bitácora de accesos al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras; dirección IP perteneciente a la empresa Cable Color. TERCERO: La empresa Cable Color hizo constar que el cable módem con CMAC0015D005EB03 pertenece a HÉCTOR JESÚS GARCÍA MÉNDEZ, confirmando que hace NAT a través del pool de IP 190.92.11.4 a la 190.92.11.126; siendo la anterior una IP pública. CUARTO: a base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al momento de los hechos no contaba con certificado digital de seguridad.” EL PRECEPTO PENAL INFRINGIDO: De la lectura de los hechos declarados probados resulta que el precepto penal infringido por falta de aplicación es: “Artículo 254, párrafo segundo: “La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” De la lectura de los hechos declarados como probados, se puede apreciar que el imputado HECTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, fungió como profesor por hora bajo la modalidad de contrato, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, particularmente en el Centro Regional de San Pedro Sula, donde se encontraba adscrito al Departamento de Informática y que debido a la investigación originada por denuncias de docentes de Centro Universitario del Litoral Atlántico, (CURLA) en la cual se les había alterado calificaciones de sus alumnos, se pudo constatar por la Dirección de Infotecnología de la UNAH, de acuerdo a las investigación realizadas por autoridades y personal técnico, resultaron afectados al “usurpárseles” sus claves en un total de treinta y tres (33)docentes en cuatro centros regionales, entre ellos CURLA en la ciudad de la Ceiba, Atlántida, Ciudad Universitaria en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, UNAH-VS en la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, CURC en la ciudad de Comayagua, Comayagua,y quinientos veinticinco (525)estudiantes de diferentes carreras, y de esos treinta y tres (33) catedráticos, solo a dieciséis(16) catedráticos resultaron directamente afectado con la modificación de sus notas ingresadas al sistema. También se les había hecho un reinicio de su contraseña a los catedráticos y que la nueva había sido enviada a un correo que no correspondía al del docente afectado, sino a la dirección idillamac@hmamail.com, determinándose que dichas acciones fueron realizadas en el primer periodo académico, específicamente el día nueve (9) de mayo del año dos mil catorce (2014) por el código cero(0) y éste código está vinculado directamente con la información personal del acusado HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ en especial a su correo electrónico personal: hector_garcial@,hotmail.com, ya que al ser analizado dicho código (0) resultó tener privilegios de Jefe de Departamento, que en el sistema informático de la UNAH, los códigos con privilegios de Jefe tiene la opción y privilegio, previo requerimiento y requisitos legal, de resetear en el sistema, poder modificar una calificación ya ingresada al sistema, además realizar reinicio de contraseñas a los docentes, tal como ocurrió en el presente caso, estableciéndose además que ligada al código cero, se encontraba la dirección IP, con número 190.92.11.125, misma que se encontraba registrada en la bitácoras de acceso a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y esa dirección IP pertenecía a la empresa Cable Color, la que hizo constar que el cable módem CMAC0015D005EB03, pertenecía al señor Héctor Jesús García Méndez, quien es padre del imputado. El imputado haciendo uso del código cero, ingresó al sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y reinició la contraseña de varios docentes, quienes por esa razón no podían ingresar a revisar las calificaciones de sus estudiantes, las cuales hablan sido alteradas por el señor Héctor Adolfo García López, produciendo de esa forma daños en la red informática de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Por lo que la conducta ilícita del imputado fácilmente se subsume en el tipo penal del Artículo 254, párrafo segundo del código penal que dice “...de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” en perjuicio el sistema de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Dados los hechos declarados probados en la sentencia de fecha 23 de agosto de año dos mil dieciséis, por la sala quinta del Tribunal de Sentencias, al absolver al imputado se produjo una infraccional precepto penal. La interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, es responsable del delito de DAÑOS A LA RED INFORMÁTICA, en perjuicio de LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS y debe ser declarado culpable. APLICACIÓN QUE SE PRETENDE: Conforme lo establece el artículo 363 párrafo tercero de código procesal penal el artículo precitado es que y en forma explicada es que pretendemos se aplique. Por lo antes expuesto, la acusación privada pide a se case la sentencia y en su lugar se pronuncie otra apegada a la normativa citada, condenando al imputado.” “II.- SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: Es importante señalar que la acusación privada observa de lectura de la sentencia Absolutoria impugnada se omitido por parte de los juzgadores la aplicación del Artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal” para condenar al imputado. MOTIVO DE CASACION: “Falta de Aplicación del artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: EL PRECEPTO PENAL INFRINGIDO El precepto penal y legal que se señala como infringido por FALTA DE APLICACIÓN, a la letra dice: “Artículo 284: “Será sancionado con reclusión de tres (3) a nueve (9) años, a quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterase uno verdadero, de modo que pueda resultar un perjuicio ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 5) Alterando las fechas y cantidades verdadera. 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido”. El tipo penal citado requiere para su estructuración hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, concurriendo el presente caso concurre el segundo supuesto, ya que el acusado al ingresar a la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alteró las notas que habían sido ingresadas de forma oficial por los docentes adscritos a dicha entidad, de conformidad a lo descrito en el numeral cinco (5) de artículo supra indicado y que de acuerdo a lo descrito en el numeral seis (6) del artículo 284 del Código Penal, la información original fue alterada, al variar su sentido, es decir, las calificaciones fueron modificadas en su contenido, cambios que fueron realizados del código de empleado cero (0) registrado y activo vinculado directamente al señor Héctor Adolfo García López. El emitirse un fallo de absolutorio, es consecuencia de no aplicación del precepto penal antes referido. Al desvalorar el delito de Falsificación de Documentos Públicos, como ocurrió en el presente caso produjo la falta de aplicación del artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal, citados como vulnerados. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA: Para los efectos del artículo 360 del Código Procesal Penal, la acusación privada expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que el procesado HÉCTOR ADOLFO GARCÍA LÓPEZ, es responsable del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, en perjuicio de LA FE PÚBLICA y UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS. Al haberse absuelto al imputado, el Tribunal ha producido la infracción impugnada, al dejar de aplicar la norma citada. Por lo antes expuesto, la acusación privada solicita se case la sentencia y en su lugar se pronuncie otra apegada a la norma citada.” “III.- TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO DE CASACION: al haber dictado sentencia absolutoria a favor del señor Héctor Adolfo García López no se observó, por parte del sentenciador, en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en los artículos 202 en relación con los artículos 336 y 338 regla 4 número 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo se encuentra comprendido en El artículo 362 No.2 y 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Invocamos que en la sentencia ya referida adolece de vicio, pues se infringe el artículo 202 del Código Procesal Penal, que establece: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.” EXPOSICION DEL MOTIVO. La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, en la sentencia recurrida, el Tribunal excluye valorar conforme a las reglas de la san crítica de forma armónica y conjunta la prueba producida en el debate tal como lo advierte este artículo, si bien el sistema de valoración de la prueba mediante las reglas de la sana crítica no establece límites al juzgador para formar su convicción y por ello puede disponer de cualquier medio de prueba que lo conduzca a reproducir el hecho objetivo del juicio basado en el principio de libertad probatoria, pero al examinar la prueba si debe de indicar las razones que lo conducen a dedicarse por la que lo convence, esa obligación a que está sujeto el juzgador debe ajustarse necesariamente a juicios racionales es decir al correcto entendimiento humano, de esa manera es controlable en casación el proceso lógico seguido por aquél en su razonamiento específicamente el empleado para explicar el porqué se ha decidido por determinada prueba para fundar su convicción y de esa manera el Tribunal de Casación poder verificar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica racional, verificando si en la fundamentación se han observado las normas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia común, siendo esta precisamente la omisión en la que incurrió el Tribunal en la sentencia recurrida. En este caso que nos ocupa precisa referirnos a las reglas de la lógica y de la experiencia, por ser estas las más inobservadas por el tribunal de sentencia y sobre la cual está orientado el ataque al fallo, en vista que la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERDADEROS Y SUFICIENTES. Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la acusación privada, porque la conclusión a que arribo el Tribunal de sentencia para absolver al imputado no provienen de elementos verdaderos, ni suficientes, como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente probada como para absolver la responsabilidad Héctor Adolfo García López por los delitos de falsificación de documentos públicos y daños a redes y datos informáticos. Es así que en el apartado valoración de la prueba numeral denominado primero en donde se valoran las declaraciones testificales de PATRICIA LIZETTE HERNÁNDEZ CAÑADAS, REINA SUYAPA RIVERA MEDINA, EDGARDO ANTONIO FARAL NARVÁEZ, JULIO CÉSAR BARAHONA PINEDA, NELSON FRANCISCO DÍAZ VALLEJO, quienes establecieron con precisión sobre el conocimiento que tuvo referente a las alteraciones de las calificaciones que se estaban dando en varios estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, cómo se detectó a la persona que estaba realizando estos cambios y que procedimiento utilizaba, casos específicos de falsificación de notas, como se detectó en la irregularidad de cambio de notas y alteración en el sistema de ingreso de notas y cómo se comprobó que los códigos O junto con el número de empleado pertenecen al Señor Héctor Adolfo García López, y el Tribunal expresa: “Estos juzgadores estiman que las declaraciones anteriores merecen credibilidad pues son personas que tienen verdaderos conocimientos sobre los hechos.....” indudable que en el caso que nos ocupa, la prueba evacuada es abundante y puede calificarse la misma es de mucha utilidad, para acreditar los extremos por la parte acusadora, y este acápite se le da mas valor a la prueba pericial y documental argumentando que no tenía la UNAH un sistema en línea seguro sin protección o certificados digitales de seguridad con una IP publica, sin tomar en consideración los aspectos sobre los cuales versaros su declaraciones los testigos Como ser el hechos probados como ser el hecho de la vinculación de el código O con el email, numero de teléfono y datos del imputado. SEGUNDO: En cuanto a la prueba Pericial común para la fiscalía y la acusación privada: dictamen de informática forense de fecha 12 de septiembre de 2014, compareció el señor LUIS DOMINGO SERRANO TORRES, en su condición de Analista del Ministerio Público, quién ratificó el informe rendido contentivo de la denuncia. Sobre este particular esta acusación no comparte el criterio esbozado por el tribunal sentenciador al no darle valor probatorio al dictamen de dicho perito ya que este fue practicada la pericia a la evidencia decomisada en allanamiento a la casa donde residía el señor HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ. TERCERO: Que al valorar el testimonio del señor CHRISTIAN JOSE ESP1NOZA SALINAS, en su conjunto se llegara a la conclusión, que el imputado es el responsable a titulo de autos de los ilícitos imputado por el Ministerio Publico y la acusación Privada, ya que él personalmente investigo y constato que el reinicio de las contraseñas a los docentes se hacia del correo electrónico jdillamac@hmamail.com y no del correo original del docente, encontrando que el reinicio lo hacia el código 0 (cero) que tema privilegios de jefe de departamento quien tenia esa facultad de reiniciar contraseñas de docente, y que el reinicio de contraseñas era enviado al correo electrónico jdillamac@hmamail.com, agrego que el código cero(0) esta registrado y activo a nombre del señor HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ con correo electrónico hector_agarcia1@hotmai1.com, empleado # 6092 según código asignado por recurso humanos de la UNAH; todo este relacionado con la Dirección IP # 190.92.11.125, el registro de la Bitácora de acceso al sistema de la UNAH, se concluye la participación a titulo de autor del señor HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ , en los dos delitos imputados. Para finalizar es importante dejar establecido que dichas argumentaciones no pudieron ser desconocidas por parte del los Jueces Sentenciadores. Por ultimo queremos señalar que la resolución del sentenciador de absolver al imputado obedece a un mal análisis o juicio de valor, incurriendo en clara omisión, que hace dicha fundamentación confusa e imprecisa, dando como resultado la violación a las reglas de la lógica y de la experiencia, por consiguiente la acusación privada estima que el fallo no esta en armonía con lo que revelan las pruebas aportadas en juicio, en consecuencia con fundamento en esas consideraciones la acusación privada no está de acuerdo con la sentencia de mérito por lo que debe de declararse nula la misma. Por lo antes expuesto, la acusación privada solicita se case la sentencia y en su lugar de acuerdo a la ley anule el fallo recurrido.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 254 párrafo segundo del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de daños a datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos; Pretensión: Case sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Señala el recurrente, al tenor de lo establecido en los hechos declarados probados, se aprecia que el imputado, con su actuar, afecto a dieciséis docentes, usurpándole acceso a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, modificando las notas de sus estudiantes y realizando reinicio de contraseñas, enviando la nueva a un correo que no correspondía al docente afectado, sino a la dirección jdillamac@hmamail.com, acciones realizadas el día 09 de mayo del año 2014, por el código “0”, que fue asociado con la información personal del acusado, teniendo dicho código, privilegios de Jefe de departamento, permitiéndole realizar reinicio de contraseñas a docentes; al mismo código “0” se encontraba ligada la dirección IP con número 190.92.11.125, registrada en la bitácora de acceso a la plataforma de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para luego concluir la recurrente con aspecto alejados de la descripción del cuadro fáctico, como ser que el cable módem CMAC0015D005EB03 pertenecía al padre del imputado, que la plataforma de o base de datos de la UNAH, en el momento de los hechos no contaba con certificado digital de seguridad y eso permitió la vulnerabilidad para que el código “0” accediera a la misma y realizara las modificaciones en los accesos que habían sido destinados para los docentes. Que los verbos rectores, daños y alteración, se ve reflejado al reiniciar la contraseña de varios docentes, quienes no pudieron ingresar a revisar las calificaciones de sus estudiantes, siendo alteradas por el acusado, produciendo daños a la red informática de la UNAH. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Acusación Privada. Primer motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 254 párrafo segundo del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de daños a datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos; Pretensión: Case sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada; condenando al imputado. Aqueja el censor, que de la lectura de los hechos probados, resultó que el acusado usurpo claves a un total de 33 docentes en cuatro centros regionales y 525 estudiantes de diferentes carreras, que de los 33 catedráticos, solo a 16 resultaron directamente afectados con la modificación de sus notas ingresadas al sistema; a quienes se les realizó reinicio de su contraseña, acciones realizadas en el primer periodo académico del 09 de mayo de 2014 por el código “0” vinculado directamente con la información personal del acusado; continuó en su desarrollo el recurrente, denunciado no solo lo descrito en el hecho probado, sino también, aspecto alejados de su lectura. Los recursos antes descritos se interrelacionan entre sí, por lo que es procedente resolverlos en un mismo pronunciamiento.
Del Delito de Daños El Artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, siendo el delito de daños otras de las figuras delictivas que ha creado el legislador para protegerle, como delito contra del matrimonio ejecutado sin que exista lucro por parte del sujeto activo. El artículo 254 del Código Penal establece: “Se impondrá reclusión de tres (3) a cinco (5) años a quien destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier modo, deteriore cosas muebles o inmuebles o animales de ajena pertenencia, siempre que el hecho no constituya un delito de los previstos en el capítulo siguiente (Incendio y otros Estragos). La misma pena se impondrá al que por cualquier medio destruya, altere, inutilice o de cualquier otro modo dañe los datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos.” Así las cosas, constituyen elementos objetivos del tipo penal de daños (doloso): 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona diferente al titular del bien mueble o inmueble, ya que el tipo penal exige que se trate de bienes de ajena pertenencia; Así entonces es indiferente si el sujeto activo conoce la persona titular del derecho de dominio del bien, siendo suficiente su conocimiento de que no le es propio; 2. Sujeto Pasivo, podrá ser cualquier persona natural o jurídica que sea el propietario del bien mueble o inmueble; Ello no obsta para que el perjuicio se pueda extender a cualquier persona que tenga algún derecho real sobre el bien inmueble objeto del delito; 3. Objeto material del delito, es el “bien mueble o inmueble” de “ajena pertenencia”, entendiéndose como: i) Bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 254 del Código Penal; ii) Bien inmueble lo señalado por el artículo 602 del Código Civil; y iii) “ajena pertenencia” que ese bien mueble o inmueble no le es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente. Otro aspecto importante es que los daños pueden ser producidos a un bien ajeno que legítimamente se esté poseyendo (Como el arrendador). Finalmente, es importante decir que el objeto material del delito debe tener un valor superior a los diez lempiras (L.10.00), ya que de lo contrario no constituiría delito sino una falta, como lo determina el artículo 400.7 del Código Penal; 4. Conducta criminosa, centrada en los verbos rectores, que en este caso implican: a. Destruir: Que implica tener como resultado que el bien mueble o inmueble sea reducido a pedazos o cenizas por una acción diferente al fuego; cuando hablamos de animales implicaría dar muerte; b. Hacer Desaparecer: Es imposibilitar la localización del bien mueble. En el caso de los animales, estaría abarcada la conducta de dejarlos libres aquellos que estuviesen en legítimo cautiverio; c. Inutilizar: Es la conducta que tiene como resultado que el bien no pueda ser aprovechado para fin para el cual está construido o para el fin para el cual estaba siendo destinado y que además cause un detrimento en el patrimonio del sujeto pasivo, por cuanto existen formas de inutilizar algunos bienes sin que acarree disminución de su valor y por tanto sin perjuicio en el patrimonio (Ejemplo: Desinflar las llantas de un vehículo); y d. Deteriorar: Constituye una conducta que ponga en una condición de menor valor el bien, por afectar su funcionamiento o rendimiento, o por afectar su estética que la haga menos atractivo al comercio; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, puede ser ejecutada de cualquier manera o forma, lo que convierte a éste tipo de delito en un tipo penal abierto. Por otra, parte el elemento subjetivo del delito de daños del artículo 254 es el dolo, conformado por el conocimiento de que la conducta desplegada implica la ejecución de uno de los verbos rectores (destruir, desaparecer, inutilizar o deteriorar) un bien mueble o inmueble de ajena pertenencia, el conocimiento que ello perjudica el patrimonio de la persona titular del bien y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el propósito (Animus Damnandi). No es excesivo recalcar, que con la acción el sujeto activo no debe de perseguir conseguir lucro para sí o para tercera persona, ya que de ser éste el propósito, estaríamos frente a un delito diferente al de daños. De este modo, las características del tipo penal de daños del artículo 254 del Código Penal son: 1. Según Su Estructura: a.- Tipo Penal básico: por describir de manera independiente varios modelos de comportamiento humano en una sola descripción; b.-Tipo Penal Compuesto: ya que en él se describen varios modelos de comportamiento, cada uno de los cuales está en la capacidad de conformar por sí mismo una descripción típica; 2. Según su Contenido; a.- Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante la destrucción el desaparecimiento, la inutilización o el deterioro del bien mueble o inmueble; b.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d.- Tipo Penal abierto ya que si bien, la conducta criminosa está determinada mediante cuatro verbos rectores, la modalidad criminosa para ejecutar los mismos pueden presentarse de diversas maneras a depender la naturaleza del bien mueble o inmueble y la función a la que este destinado, todo a evaluar en cada caso concreto por el Juzgador; 3. Según el Sujeto Activo: a.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b.- Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a.- Tipo Penal Mono ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad; b.- Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. De la Procedencia del Recurso. El Primer Motivo no es de Recibo. Para los recurrentes los hechos declarados probados se configura en el delito de Daños a datos, programas o documentos electrónicos ajenos, contenidos en redes, soportes o sistemas informáticos; sin embargo, para ésta Sala de lo Penal, no es posible que de la narración fáctica, pueda extraer los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal en cuestión, pues el tipo penal describe como conducta criminosa el destruir, alterar, inutilizar o de cualquier otro modo cause daño, no se describe, una conducta por parte del acusado con el fin de modificar en datos, programas o en documentos electrónicos, resultados desastrosos, como el de consumir recursos computacionales hasta que el sistema llegue a una paralización, dañando el mismo o divulgando información crítica del sistema a sus creadores, con el fin de preparar el camino a ataques más directos al sistema. En el caso de mérito los hechos declarados probados por el a quo, refieren que el acusado Héctor Adolfo García López laboraba para la Universidad Autónoma de Honduras del Valle de Sula, San Pedro Sula, desempeñándose como profesor por hora, adscrito al departamento de informática; que a 16 personas se les usurpo las contraseñas de acceso al sistema, modificándole las calificaciones, se le realizo un reinicio de contraseña, se envió nueva contraseña al correo jdillamac@hmamail.com y no al correo original del docente; se verificó que el reinicio de contraseña y modificaciones no autorizadas en el sistema las realizó el código “0” el 09 de mayo de 2014, código que tenía privilegios de jefe de departamento, que permite hacer reinicio de claves de contraseña a los docentes, además el hecho probado describe que el código “0” se encontraba registrado y activo a nombre del acusado Héctor Adolfo García López que tenía el correo electrónico hector_agarcia1@hotmail.com; concluye el fáctum que la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al momento de los hechos no contaba con certificado digital de seguridad; del mismo, no es posible sustraer que la acciones descritas fueron realizadas por el acusado, pues el cuadro fáctico, solo describe que el código “0” se encontraba registrado y activo a nombre del acusado quien tenía un correo electrónico distinto al cual se enviaron las nuevas contraseñas, menos se describe que daños fueron provocados en el sistema que haya dejado alterado los programas o documentos electrónicos con el fin de dañarlos, como fue el verbo rector aquejado por la representante del Ministerio Público; el código “0” tenía privilegios para permitir reinicios de claves de contraseñas a los docentes, aunado a ello, la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras al momento de los hechos no contaba con certificación digital de seguridad, por lo cual, tenía acceso autorizado al sistema, no teniendo la necesidad de vulnerar medida de seguridad alguna que se lo impidiera. Se insiste que para que exista delito de daño, no basta que la conducta sea realizada sin el consentimiento del sujeto pasivo, sino que además debe de acontecer un detrimento o deterioro en perjuicio de éste; no descrito en el hecho probado. Conclusivamente, el cuadro fáctico no se subsume en el ámbito situacional que prevé el artículo 254 del Código Penal, por lo que, este motivo de casación por infracción de ley debe ser desestimado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Ministerio Público. Segundo motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de falsificación de documentos en general; Pretensión: Case sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Luego de transcribir el Artículo 284 del Código Penal, el recurrente manifiesta, que el tipo penal para su estructuración requiere hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero, que en la descripción del hecho probado, concurre el segundo supuesto, siendo que el acusado al ingresar a la base de datos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, alteró las notas que habían sido ingresadas de forma oficial por los docentes adscritos a dicha entidad, de conformidad a los descrito en el numeral 5 del artículo supraindicado y que de acuerdo a lo descrito en el numeral 6 del mismo artículo, la información original fue alterada, cambios realizados de un código que se encontraba registrado y activo a nombre del acusado. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Acusación Privada. Segundo motivo. Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Artículo 284 numerales 5 y 6 del Código Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo que contiene el tipo penal de falsificación de documentos en general; Pretensión: Case sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. El censor desarrolla su segundo motivo, en los mismos alegatos de la representación del Ministerio Público. Los recursos antes descritos se interrelacionan entre sí, por lo que es procedente resolverlos en un mismo pronunciamiento. Del Delito de Falsificación y Uso de Documentos Falsos. En su desarrollo histórico, la sociedad ha creado signos, señas, claves y registros de manifestaciones humanas a los que ha atribuido un significado de fuerza de verdad y/o legitimidad, y que han permitido entablar y agilizar una serie de relaciones humanas con la confianza necesaria entre las partes interesadas y frente a terceros, esa confianza es la Fe Pública. Esos signos, señales, claves y registros de manifestaciones humanas, representan una verdad formal de la que hacen prueba, permitiendo su tráfico entre las relaciones personales al amparo del crédito atribuido a éstos, es pues que sin la fe pública no existiría esa confianza y las relaciones sociales se verían atrofiadas por la falta de credibilidad, generando desconfianza entre los semejantes, incertidumbre, falta de seguridad jurídica y en general desorganización social. La significancia atribuida a los signos, señas, claves y registro de manifestaciones humanas puede derivar de la fe pública social o de la fe pública estatal; la primera tiene su amparo a la buena fe de los individuos en sus relaciones sociales en los que no tiene intervención el Estado, mientras la segunda tiene su amparo ya sea porque el Estado haya autorizado a particulares para dar fe sobre hechos, actos o convenciones realizadas por miembros de la sociedad en pro de sus intereses personales o porque sea el propio Estado el encargado de la elaboración de esos signos, claves, señales y registros de manifestaciones humanas por conducto de sus funcionarios a los que inviste de fe pública por delegación de la ley. Para efecto de proteger la Fe Pública, el legislador ha creado una serie de tipos penales en pro de defensa de éste bien jurídico, a los que agrupa en el título IX del Libro Segundo del Código Penal, entre los cuales se encuentra la Falsificación de Documentos Públicos, contenido en el artículo 284, lo que obliga a estudiar, que es un documento, cuando es de carácter público y como puede ser objeto de falsificación: 1) Documento en general es todo aquello en donde queda plasmado una expresión humana, explicando Cuello Calón[1], que para efectos legales deberá de reunir los siguientes elementos: a) Ha de ser escrito: confeccionado con caracteres alfabéticos, numéricos o taquigráficos, aptos para expresar el pensamiento humano y que puedan ser explicados e interpretados por otros; b) Ha de estar escrito en cosa mueble; c) Autor identificado o identificable; y d) Apto para producir efectos jurídicos; 2) Son documentos públicos aquellos que determina el Código Procesal Civil en su artículo 271[2]; 3) El documento público puede ser adulterado por la falsificación material o por la falsedad ideológica: a) La falsificación material acontece cuando existiendo de previo un documento público legítimo se procede a alterar el mismo agregando, borrando o cambiando datos contenidos en él, de modo que sufra modificación en su sentido o significado; b) La falsedad ideológica puede producirse de dos maneras: i) Por veracidad: cuando en la confección del documento público, el funcionario público encargado de su elaboración agrega, omite o tergiversa datos distintos a la realidad, cambiándole el significado o sentido del documento; ii) Por Legitimidad: cuando el documento que es considerado de carácter público por suponer estar dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil, en realidad haya sido confeccionado por una persona distinta al funcionario público autorizado por la ley. Los conceptos anteriores están comprendidos en el tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos indicando el artículo 284 del Código Penal que “Será sancionado con reclusión de tres a nueve años, quien hiciere en todo o en parte un documento público falso o alterare uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, ejecutando cualquiera de los hechos siguientes: 1) Contrahaciendo o fingiendo letra, firma o rubrica; 2) Suponiendo en un acto la intervención de personas que no la han tenido; 3) Atribuyendo a las que han intervenido en él, declaraciones o manifestaciones diferentes de las que hubieren hecho; 4) Faltando a la verdad en la narración de los hechos; 5) Alterando las fechas y cantidades verdaderas; 6) Haciendo en documento verdadero cualquier alteración o intercalación que varíe su sentido; 7) Dando copia en forma fehaciente de un documento supuesto o manifestando en ella cosa contraria o diferente de la que contenga el verdadero original; 8) Intercalando indebidamente cualquier escritura en un protocolo, registro o libro oficial; y 9) Destruyendo, mutilando, suprimiendo u ocultando un documento.” Son elementos objetivos del tipo penal en cuestión: a) Sujeto Activo: Puede ser cualquier persona; b) Sujeto Pasivo es el Estado de Honduras como guardador de la fe pública estatal; c) Objeto material del delito es un documento de carácter público, catalogado así por estar comprendido dentro de uno de los supuestos del artículo 271 del Código Procesal Civil; d) Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso hacer en todo o en parte un documento público falso o alterar uno verdadero; d) Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, descrito en el tipo penal mediante nueve supuestos de hecho, cada uno constitutivo de un delito independiente: Los supuestos de los numerales 1, 5, 6 y 8 están dentro de las falsificaciones materiales, los supuestos de los numerales 2 y 3 están dentro de la falsedad ideológica, los supuestos de los numerales 4 y 7 pueden ser cometidos de ambas maneras, y el supuesto del numeral 9 en realidad no se ajusta al concepto de falsificación material o falsedad ideológica, sino que implica la destrucción total o parcial de dicho documento, así como su ocultamiento, que se castiga bajo la pena indicada en el artículo 284 del Código Penal; e) La Penalidad, está fijada por el legislador con una sanción principal de tres (3) a nueve (9) años de reclusión, a la que debe de sumarse la inhabilitación absoluta de dos (2) a diez (10) años cuando se trate de un delito de falsificación material o falsedad ideológica por veracidad de un documento público cuya autoría sea de un funcionario público quien lo haya ejecutado con abuso de su cargo, que no es más que el documento haya sido confeccionado con ocasión del ejercicio del cargo público, conforme lo ordena el artículo 290 del Código Penal. Como acotación adicional debe de mencionarse que es aplicable el artículo 290 del Código Penal al Notario Público quien para efectos penales también es un funcionario público, al realizar una función por delegación del Estado, quien en definitiva es el originario de la fe pública, debiendo ajustar su actuar a las directrices del Estado y someterse a su supervisión, a través de la Contraloría del Notariado del Poder Judicial, conclusión que se desprende del artículo 1 de la Convención Interamericana Contra la Corrupción, 2, 3 y 5 del Código del Notariado y 393 del Código Penal. Como elemento subjetivo el tipo penal de falsificación de documentos públicos es el dolo falsario consistente en la conciencia y voluntad de representar como verdadero algo que no lo es (Ver sentencia del 11 de junio del 2009 en Exp 040-2008). Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Falsificación de Documentos Públicos: A) Según Su Estructura: i) Tipo Penal básico: por describir de manera independiente un modelo de comportamiento humano; ii) Tipo Penal Compuesto: Ya que describe varios modelos de comportamiento, cada uno capaz de configurar un delito independiente; B) Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico traducido en la falsificación de documento público; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal cerrado porque los supuestos de hecho determinan con precisión las circunstancias típicas, de tal manera que las conductas prohibidas se desprende con claridad en los nueve numerales de la norma; C) Según el Sujeto Activo: i) Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; D) Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Monoofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la fe pública; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado. De la Procedencia del Recurso. El Motivo Segundo no es de Recibo. Esta Sala de Casación al haber analizado los hechos probados y los argumentos del censor, observa que la fundamentación fáctica es carente de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de falsificación de documentos; en el numeral segundo de los sucesos probados el a-quo relata “que a los docentes que les modificaron las calificaciones, se les había hecho un reinicio de contraseña, enviando la nueva contraseña hacia el correo jdillamac@hmamai1.com y no al correo original del docente, verificando que el reinicio de contraseña y modificaciones no autorizadas en el sistema las realizó el código cero, el nueve (9) de mayo de dos mil catorce (2014)” . Del relato de hechos probados no se colige como verdades, la confección de las calificaciones y como sufrió la falsificación; además, el propio Tribunal de Sentencia no establece, de qué forma fue ejecutada esa modificación a las calificaciones, ya sea alterando las fechas y cantidades verdaderas o que ajustes se realizó en las calificaciones para alterarlas y con ello variar su sentido, nada de eso fue descrito con verdad incuestionable; por tanto, en el cuadro fáctico que debe aceptarse tal como fueron consignados por el a-quo, se advierte que se modificaron las calificaciones, pero no determina de forma clara y precisa que ese documento tiene las características para considerarlo como alterado variando su sentido en perjuicio de la fe pública, no aparecen en los hechos la existencia de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de “falsificación de documentos en general”; aunando a lo anterior, tampoco el hecho probado, describe que dicha conducta fue realizada por el acusado Héctor Adolfo García López; lo que describe el hecho probado es “Este código cero se analizó y observó que tenía los privilegios de Jefe de Departamento, privilegios que permiten hacer reinicio de claves de contraseña a los docentes, determinando que el código cero se encontraba registrado y activo a nombre del señor HECTOR ADOLFO GARCIA LOPEZ, que tiene el correo electrónico hector_agarcia@hotmail.com”; por tanto es procedente declarar no ha lugar el presente motivo de casación. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Acusación Privada. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 y 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; Concepto de la infracción expuesto: Al haberse dictado sentencia absolutoria, se observó, por parte del sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Case la sentencia y en su lugar anule el fallo recurrido. El recurrente expone en el desarrollo de su recurso, que en la sentencia recurrida el tribunal excluye valorar conforme a las reglas de la sana crítica, la regla de la lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación; esta última ha resultado ignorada por el Tribunal de Sentencia debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de un razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes. Que a su criterio resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo “capaz de dejar conforme a la acusación privada”. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1.Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. Ante una denuncia de violación a las reglas de la Sana Crítica corresponde a la Sala de lo Penal, auditar el razonamiento judicial, comprobando si la motivación intelectiva es acorde con ésta o por el contrario existe divorcio; para ello es preciso que el recurrente no solo manifieste la existencia del vicio, sino que se focalice la regla del correcto entendimiento humano que considera violentada, cual es el razonamiento judicial que contiene el vicio y, a efecto de demostrar su razón, realice la debida confrontación entre uno y otro.- La simple denuncia, limitándose a señalar que existe violación de las reglas de la sana critica, mella negativamente en la suerte del recurso. Es insistente este Tribunal de Casación, que el motivo de casación que nos ocupa no tiene por objeto la revisión de la prueba, no es el estudio de los elementos probatorios y la definición de la verdad que se acredita o que se desvirtúa con ellos, sino la revisión del argumento judicial; entonces el reproche hecho a la carga acreditativa de la prueba o como debieron los jueces sentenciadores resolver, exista o no verdad en lo señalado, resulta impropio en términos casacionales, no pudiendo ser de recibo. En el presente caso el recurrente arguye que la sentencia no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la acusación privada y el no compartir el criterio esbozado por los juzgadores; este alegato de impugnación es incorrecto dado que identifica las contradicciones, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. El censor, en su desarrollo del recurso muestra confusión de la única instancia con una segunda instancia, al no dirigir su ataque a la construcción argumentativa judicial en aras de demostrar separación del cauce que marca las reglas de la sana crítica, sino que invita a la Sala de lo Penal a renovar la valoración probatoria y sobreponerla a la hecha por el A-Quo, lo que está lejos de las potestades legales que otorga la ley procesal a este Ad-Quem. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva el motivo planteado, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN. No Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus cuatro motivos No Ha Lugar al Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Katherine Tercero, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. Ambos recursos interpuestos por el Abogado Jorge David Meza Vásquez, actuando en su condición de Acusador Privado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor Héctor Adolfo García López por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos y Daños a las Redes Informáticas, en perjuicio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y La Fe Pública. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.” Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y Sello. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha quince de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 148-2017.
José Ramón Cruz Ferrera
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] Citado por Diego Diez, Alfredo, en Manual de Derecho Penal, Parte Especial Volumen II, Proyecto de Fortalecimiento de la Carrera Judicial de Honduras, Tegucigalpa, Honduras, agosto del 2006, Pag, 18.
[2] Entre los funcionarios públicos a que se refiere el artículo 271 del Código Procesal Penal, están los comprendidos en los artículos 11.60 de la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, 151 del Código Procesal Civil, 23 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, 218 y 229 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 5 del Código del Notariado, 828 del Código de Comercio, entre otros.