Sentencia CP-139-18 — Registro 13103
Resumen
En primera instancia se absolvió a la imputada como autora del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de una menor, resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Ante lo denunciado por el recurrente, esta Sala de lo Penal ha efectuado un análisis profundo de los razonamientos externados por el sentenciador con relación a la prueba evacuada en juicio y encuentra en ellos quebranto a las reglas del correcto pensamiento humano, mismos que merecen reproche casacional. En el apartado “Valoración Conjunto de la Prueba” el Juzgador expresó: “Con la prueba documental obtenida, consistente en un contrato individual de trabajo, se logra establecer que la acusada prestaba un servicio profesional en su condición de enfermera auxiliar, para la asistencia, alimentación y cuidado de los menores del Ministerio Redentor del Corazón de Jesús, si observamos cual es la naturaleza y espíritu jurídico establecido en la norma penal en su capítulo cinco romanos, este Tribunal aprecia que no se puede encajar esta acusación de manera congruente con los hechos señalados dado, que entre la acusada y ofendida no existe un vínculo que esté reconocido dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, evidentemente según el video que fuera evacuado como medio probatorio, si existió un trato inadecuado en cuanto a darle los alimentos a la ofendida de lo cual podrían haberse dado consecuencia que afectaran su salud por una mala praxis en la forma de proporcionar los alimentos a la menor, dado su labor en su condición de enfermera, sin embargo, la menor no fue evaluada posteriormente a los hechos en cuanto a ese punto pese a que la señora Robin C. (Gracie) Travis Murphref, al final se pronunciara sobre esto en sus últimas palabras, aduciendo que la menor posteriormente a los hechos, se vio perjudicada de sus pulmones; vale referir que dicha acusación debió ser dirigida en cuanto a determinarse una mala praxis por parte de la acusada y no así un maltrato por transgresión duda que solo puede darse mediando vínculos de parentesco ente acusada sobre victima lo cual no es el caso.” Resulta evidente para Sala de lo Penal la transgresión a la regla lógica de derivación en el postulado de razón suficiente, pues el juzgador ha externado juicios de valor contrarios a las reglas del correcto pensamiento humano, pues refiere que con la prueba presentada y evacuada en el juicio no es posible deducir responsabilidad por el delito de maltrato por transgresión pues para el A-quo este delito solo puede darse entre familiares, razonamiento totalmente contrario a las regla de la lógica, pues tal como lo ha establecido la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, la violencia contra los niños puede darse en diferentes índoles, no solo en el seno del hogar, ya que el delito de maltrato por transgresión es un ilícito que ocurre no solo entre parientes, sino entre maestros y alumnos, entre cuidadores y menores etc. Se considera maltrato a todas aquellas faltas de cuidado, atención y amor que afectan la salud física o mental, el maltrato físico, el abuso, la explotación sexual y las injusticias de todo orden que ejercen sobre los niños (menores de 18 años), las personas responsables de su cuidado: padres, cuidadores, familiares, vecinos, maestros empleadores y la comunidad en general. Se considera niño a toda persona menor de dieciocho (18) años, acogiéndose a la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Existen varias clases de maltrato[2]: a) Maltrato por Omisión: comprende todo perjuicio al bienestar del niño y a los elementos esenciales para su desarrollo físico, intelectual y emocional. El maltrato por omisión comprende aquellos casos en que el niño es dejado solo, en incumplimiento de las responsabilidades propias de los adultos y en imposibilidad de acceder con un mínimo grado de seguridad, a un techo, a la vestimenta, alimentación, cuidados físicos y médicos necesarios. El maltrato intelectual por omisión, comprende los casos en que no se le brindan los estímulos requeridos o no se le prestan la atención debida a sus procesos educativos y recreativos. El maltrato emocional por omisión es aquel por el cual se deja de proveer el afecto y el cariño que el niño necesita para su sano desarrollo. b) Maltrato por Supresión: implica todas aquellas formas disimuladas o no, como medidas disciplinarias o correctivas, que tiendan a negar al niño el goce de sus derechos. Este maltrato comprende toda supresión o discriminación que conlleve perjuicio al niño, incluida la expulsión del hogar y la negación del goce y ejercicio de sus libertades, el derecho a la asistencia familiar, a la atención médica y a los medicamentos que requiera; el acceso a un ambiente infantil y a actividades que sean recreativas o a recibir visitas de otros niños respecto de los cuales no hay causas justas para considerarlos perjudiciales. c) Maltrato por Transgresión: tendrá lugar cada vez que se produzcan acciones y conductas hostiles, rechazante o destructivos hacia el niño, tales como hacerlo objeto de malos tratos físicos proporcionándole drogas o medicamentos que no sean necesarios que pongan en riesgo su salud física, mental o emocional, hacerlo víctima de agresiones emocionales o de palabra, incluyendo la ofensa o la humillación, la incomunicación rechazante, el castigo por medio de labores pesadas y las demás transgresiones o discriminaciones análogas a las anteriores. Ante tales explicaciones vemos que el delito de maltrato por transgresión es toda aquella violencia que se ejerce contra nuestros niños practicada por sus padres, cuidadores, maestros incluso vecinos que tenga bajo su cuidado o responsabilidad el bienestar de los menores, por lo que el razonamiento del Tribunal Sentenciador es contrario a las reglas de la sana crítica y merece reproche casacional. En tal sentido, se declara ha lugar el segundo motivo de casación, decretando la nulidad de la sentencia y del debate, ordenando la celebración de un nuevo juicio con togados distintos a los que participaron. Esta Sala de Casación no procede a dar respuesta al primer motivo de casación por quebrantamiento de forma interpuesto por el Ministerio Público, toda vez que ha prosperado el segundo motivo de casación con los efectos legales correspondientes. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 139-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha dos de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a la señora Zeidy Prady Vargas Ponce, como autora del delito de Maltrato por Transgresión, en perjuicio de la menor E. Y. S. A.. Segundo: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público. Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino en su condición de fiscal del Ministerio Público. son partes en la única instancia: El Abogado Foad Alejandro Castillo Ferrufino, en su condición antes indicada, como parte recurrente y el Abogado Manuel Gerardo Mendoza, en su condición de Defensor Privado de la señora Zeidy Prady Vargas Ponce, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra la SEÑORA ZEIDY PRADY VARGAS PONCE, quien fue puesta a la orden de las Autoridades competentes.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “PRIMER MOTIVO: Por haber omitido, el sentenciador, hacer la declaración de los hechos que se estimaren como probados. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral 1 del Artículo 362 del CPP. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO Lo cierto es que esta vía impugnativa es el único medio, con que cuenta el representante de la sociedad para denunciar los desaciertos cometidos por los tribunales de sentencia y que como garantes de legalidad no podemos consentir ni permitir; y es el único medio para que esa honorable Sala, como máximo órgano de Poder Judicial en materia penal y rector de la política jurisdiccional a nivel nacional, pueda conocer, corregir y redirigir a los tribunales de sentencia, para que éstos dicten fallos que cumplan a cabalidad con los requisitos establecidos en el artículo 338 del Código Procesal Penal y subsanen los hierros que a continuación se señalarán, ya que sentencias de este tipo, constituyen un retroceso en el proceso de impartición de justicia. Sobre la redacción de hechos probados la Honorable Sala de lo Penal, ha establecido lo siguiente: “ Esta Sala de lo Penal considera pertinente destacar, que el vicio procesal denunciado por el recurrente se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia o oscuridad, o por no expresar en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones alternativas. La falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significación y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible por su deficiente redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido con la lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de la infracción penal, o cual ha sido la participación concreta de los acusados en la ejecución del delito. Por consiguiente, no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de las partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no pueda orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. (Lo subrayado es nuestro) Al examinar el fallo ahora censurado se puede apreciar que el mismo no cuenta con un cuadro fáctico que describa cual es la verdad a la que ha arribado el juzgador luego de concluido el presente proceso, ya que únicamente ha establecido como factum de la sentencia lo siguiente: “PRIMERO: En fecha dieciséis (16) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), el Ministerio Público presentó Requerimiento Fiscal contra la SEÑORA ZEIDY PRADY VARGAS PONCE, quien fue puesta a la orden de las Autoridades competentes”. (Lo subrayado es nuestro). Que los hechos probados son la columna vertebral de la sentencia penal, por lo que de su adecuada concepción y declaración depende la correcta aplicación del derecho, de ahí que son un requisito indispensable para que el fallo tenga una base suficiente para sustentarse. El artículo 338 del Código Procesal Penal, en el numeral Cuarto inciso primero establece que todo fallo debe de contener una declaración expresa de hechos probados, es decir, establecer los hechos que a su criterio y con base en la prueba, constituyen la verdad histórica que dará sustento al fallo, por tanto no le está permitido al Juez establecer como cuadro fáctico lo que se le ocurra, como ser meras actuaciones procesales, trascripción de pruebas o exposiciones de algunas de las partes, tal y como ha acontecido en el caso subjudice. Que esta honorable Sala de lo Penal, ha establecido los requisitos mínimos que debe contener un Hecho declarado como probado, siendo estos: “ Los hechos probados son el relato histórico respecto a los acontecimientos que están siendo debatidos; Es una descripción, donde los Juzgadores hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; Los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán de determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; Es a partir de los hechos probados que los Juzgadores determinan la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de pdebate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos De Forma: Hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y 2. Requisitos De Fondo: a. Claros: “… la falta de Claridad de los hechos probados se da cuando los juzgadores los redactan entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008), “…..supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009); b. Terminantes: “…Los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido...” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y c. Coherentes: Exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…”. (Sentencia de fecha 25 de Noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera , esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del Tribunal de Sentencia, razonamiento que no debe de entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación de los acusados en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y 5. Que el Censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. Que de acuerdo a lo establecido por la Jurisprudencia y de conformidad a la simple lectura de la sentencia, se evidencia que la misma no cuenta con una declaratoria de hechos probados, incurriendo en un grave vicio, al omitir uno de los requisitos esenciales de toda resolución y más aún cuando esta omisión produce la imposibilidad de poder dar fundamento jurídico a la decisión judicial, en vista que estamos ante una verdad desconocida a la cual no se puede asignar la norma correspondiente que resuelva el caso. Finalmente, instamos ante Vosotros Honorables Magistrados de la Sala de lo Penal nuestro reproche casacional a efecto que una vez estudiado el caso, decidan con la sapiencia que los caracteriza y casen el fallo que ahora genera perjuicios a este ente acusador; igualmente enfatizamos que no habíamos reclamado previamente este vicio, pues se produce en el acto mismo de sentenciar.” “SEGUNDO MOTIVO: “No haber observado el sentenciador, en la valoración de la prueba, las reglas de la Sana Crítica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave al observarse que la conclusión a la que arribó el sentenciador no corresponde a una valoración de la prueba realizada conforme a las reglas de la sana crítica, prescritas en el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el presente proceso, con la finalidad de acreditar los hechos objeto de juzgamiento, se evacuó durante la Audiencia de Juicio oral y público, entre otras, la prueba de cargo que se describe a continuación: TESTIFICAL: 1. ROBIN GRAYCY TRAVIS MURPHEREE, quien manifiesta que contrataron a la acusada para que trabajara en el Centro de rehabilitación de niños con necesidades especiales, especialmente con los que sufren parálisis cerebral, y un día notó a través de las cámaras que esta comenzó a abusar de la menor E, Y. S. A., pues le colocaba un trapo en la boca y nariz y tiró de cabeza sujetándole fuertemente el cabello, provocándole vómito. Establece que hizo que la niña tomara un biberón de ocho onzas de leche en 20 segundos. También refiere que el Centro Infantil es supervisado por el gobierno de Honduras. PERICIAL: 1. Dictamen de Evaluación Física, consignado en el documento número 2016-0824-0700-0228, y realizado por el Doctor Oswaldo Ferrera. Subraya que a la menor se le diagnostica una parálisis cerebral de Nacimiento, Síndrome Convulsivo que está en tratamiento en la Clínica M-G de Talanga, expediente clínico número 3084 y concluye determinando que en el examen no se aprecia ninguna evidencia externa de trauma reciente en su cuerpo que amerite incapacidad médico legal, recomendando investigación de campo y Trabajo Social para encontrar factores de riesgo a la menor. DOCUMENTAL: 2. Contrato Individual de Trabajo en el Ministerio Redentor del Corazón Jesús, mediante el cual la señora Robin Travis Murpheree en su condición de presidente del Ministerio Corazón del Redentor Jesús, casada y de nacionalidad norteamericana, identificación número 01-1112-2007-04630, con domicilio en La Ermita, Talanga, Departamento de Francisco Morazán conviene con Zeidy Prady Vargas Ponce, mayor de edad, auxiliar de enfermería, soltera, hondureña, identidad 0701-1984-00064 una relación laboral. EVIDENCIA AUDIOVISUAL: 1. Una grabación contenida en un CD, exhibida a las partes con sus fotografías de respaldo, por el perito José Roberto Martínez en donde se observan niños sentados y acostados en una alfombra. Se ve un lugar en buenas condiciones y limpio. Quedó plasmado el momento en que la acusada le proporciona los alimentos a la menor E. Y. S. A.; el mecanismo de alimentación consiste en tomar de la inestable cabeza a la ofendida e introducirle un biberón, sosteniéndola y al finalizar le tira la cabeza con un movimiento de atrás hacia adelante y viceversa para luego ponerle una toalla en su boca, con la que le limpia. El Ministerio Público no comparte la conclusión a la que ha arribado el juzgador, pues está faltando a la regla lógica en su postulado de Derivación, integrado por el principio de razón suficiente en su característica de suficiencia, ya que sostiene que la acusación debió ser dirigida a precisar una mala praxis y no así un Maltrato por Transgresión, dado que, según él, únicamente puede darse mediando vínculos de parentesco entre los titulares del conflicto enjuiciable. El A-quo establece en su valoración conjunta de la prueba que esta es creíble y confiable, pero que no reúne los requisitos para acreditar los hechos señalados, lo cual representa un error lógico, porque el principio de contradicción establece que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, nada puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Cuando el sentenciador dota de plena credibilidad a un vídeo que muestra las agresiones que la acusada propina a la menor especial E. Y. S. A. al alimentarle, implícitamente, la retrata como autora de un delito de Maltrato por Transgresión, por lo que descoloca que no lo aprecie alegando la inexistencia de un vínculo familiar entre ellas, lo cual para efectos de este proceso es intrascendente, porque el tipo no lo requiere. Dicho razonamiento se considera como infracción a la lógica y dentro de la misma al postulado de la derivación integrado por el principio de razón suficiente, concretamente en el ítem, valga repetición de suficiencia, el cual como sabemos, debe estar constituido por inferencias razonables sacadas de las pruebas; principio que se encuentra vulnerado, pues de la probanza supra relacionada se deriva que la imputada vejó a una niña incapaz de moverse por sí misma. Inferir es la capacidad racional que tiene un individuo de obtener información o conclusiones que no han sido manifestada de manera explícita, esta se puede dar de manera escrita, oral o en cualquier forma de comunicación. Asimismo, esta pudiera ser el acto de sacar conclusiones a partir de algo que se supone que es verdadero o falso. Bastaba con que el sentenciador esbozara el siguiente silogismo: “las personas que golpean a los niños cometen el delito de maltrato, la sindicada es una persona que golpea a niña ofendida, por lo tanto ella delinque”. El ejercicio de valoración debe ser conexo, es decir, someterse a las reglas que gobiernan el correcto entendimiento humano, que den base para determinar cuáles juicios son verdaderos y cuales falsos. De este modo la motivación lógica debe responder a las siguientes características: a) Coherencia, y por ende, congruente, no contradictoria e inequívoca, b) Fundada en razón suficiente, y por lo tanto en observancia del principio de derivación, con arreglo al cual el iter lógico seguido en la valoración de las pruebas debe sustentarse en inferencias razonables y de la sucesión de conclusiones que por ellas se vayan formando, c) El razonamiento debe observar las normas de psicología y las máximas de la experiencia. Carece la sentencia de una observación armónica y concatenada de los medios de prueba, pues el Tribunal define que la conducta de la ciudadana ZEYDY PRADY VARGAS PONCE, recreada por la prueba evacuada en el debate, no se subsume en un delito de Maltrato por Transgresión, pese a que esta realiza claras acciones hostiles en perjuicio de la víctima, cumpliendo los supuestos de hecho o premisas del tipo. Arribar a una conclusión que no sea la de la autoría de un delito de Maltrato por Transgresión es un yerro en la valoración conjunta de la prueba, en vista de que con la prueba se acreditó que la acusada sacudió de manera inapropiada la cabeza de la víctima sin ningún pretexto, y el tipo imputado por el Ministerio Público no exige que haya un lazo de parentesco, sólo es necesario que se guarde una relación directa con el infante agraviado. En síntesis el ejercicio intelectivo es defectuoso. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el acto mismo de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del mismo. Lo anteriormente expresado por esta parte determina que el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, que convendrá ordenar el reenvío del expediente y el nuevo debate en un Tribunal con distintos jueces.” Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia -hecha por algunas de las partes- de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben de cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Esta Sala de lo Penal procede primero a dar respuesta al segundo motivo de casación interpuesto por el recurrente, pues requiere de recomendaciones de especial mención por parte de este Tribunal de Alzada. Segundo Motivo * Norma autorizante: artículo 362 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. * Concepto de la infracción: violación a las reglas de la sana crítica. * Reclamación ex-ante: por producirse el vicio en el acto mismo de sentenciar no ha podido efectuarse reclamo alguno. *Pretensión: ordenar el reenvío del expediente y la celebración de un nuevo debate. Explicó el recurrente que no comparte la conclusión a la que ha arribado el Juzgador, pues falta a la lógica en su postulado de derivación ya que sostiene que la acusación debió ser dirigida a precisar una mala praxis y no así un maltrato por transgresión, dado que, según él, únicamente puede darse mediante vínculos de parentesco entre los titulares del conflicto enjuiciable. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica:1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la Lógica no formal, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” II. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii . El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. a. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; i. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. ii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iii. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de Naciones Unidas, en su Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989. Entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, treinta días después de que fue depositado el vigésimo instrumento de ratificación o adhesión, según lo establece el artículo 49. Esta convención constituye el reconocimiento internacional de que la niñez, sector de la humanidad hasta entonces tratado como objeto, merecía una especial protección. La convención es parte del proceso de especificación de los derechos humanos, que siguió al de generalización, y a diferencia de éste, que establece todos los derechos para todos, plantea que hay grupos humanos que tienen necesidades particulares y por ende requieren una protección diferenciada; al ser también un acuerdo entre diferentes estados, la convención de igual forma es parte de la internacionalización de los derechos humanos. Al reconocer la especificidad se concretan y se profundiza la generalización y se avanza hacia la igualdad; la especificación refiere no sólo a los titulares de los derechos, en este caso, niños y niñas, sino a su contenido también, porque se les reconocen derechos que atienden sus particulares necesidades y condiciones. La evolución histórica de los derechos de la niñez abarca tres etapas: la de su inexistencia, la de su incapacidad y la de capacidad. En la etapa de la inexistencia, los niñoseran invisibles, cultural y políticamente, y no eran considerados sujetos de derecho. La niñez, como la entendemos ahora, no existía antes del Siglo XVI. En la etapa de la incapacidad, niñosse ven como objetos de protección, incapaces de ejercer sus derechos. En el siglo XIX empezaron movimientos de reforma, encabezados por mujeres, que lograron visibilizar la situación de la niñez; sin embargo, las primeras legislaciones sobre niñez se crearon para controlar y castigar a niños y niñas, que eran sujetos pasivos de derecho. Los niños excluidos de la escuela y la familia, adquirieron categoría de “menor” -a diferencia de niños con necesidades básicas satisfechas- y se crearon cortes específicas, asentándose la categoría de “menor en situación irregular”, usada por vez primera durante el XI Congreso Panamericano del Niño, en la Conferencia Interamericana Especializada de la Organización de Estados Americanos. En general, estas leyes patologizaban condiciones de naturaleza estructural, daban un enorme poder discrecional al juez de menores y criminalizaban a niños pobres. La etapa de la capacidad, en la que se reconoce a niños como seres humanos, se inicia justamente con la promulgación de la Convención de los Derechos del Niño, en 1989, lo que se logró tras un largo proceso de consulta y análisis de la problemática de la niñez en el mundo en loeconómico, político, jurídico y cultural. “La Convención es el documento más importante que la humanidad organizada ha creado para proteger y procurar el desarrollo integral de uno de los segmentos de población más marginados y vulnerables, como lo es la niñez. Consiste en la recopilación o codificación de la dispersión normativa que existe en materia de Derechos Humanos de la infancia. Es el mínimo de derechos que un Estado debe garantizar a su niñez para asegurarle su pleno desarrollo, en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad”. Esta convención se funda en la doctrina de Protección Integral, que se define como el conjunto de opiniones, tesis o postulados que sobre la categoría niñez, han realizado los teóricos del Derecho, en función a sus derechos y apuntala la nueva visión sobre la niñez, que pretende decodificar los prejuicios, costumbres, vicios y corruptelas en torno a los niños y niñas, reconociendo su calidad de sujetos de Derecho. “La lucha por la recuperación de formas democráticas de convivencia social coincide con un nuevo cambio de paradigma, esencialmente de tipo jurídico-cultural. La Convención Internacional de los Derechos del Niño, coloca al movimiento social frente al desafío concreto de ocuparse de lo jurídico-institucional. La Convención cancela definitivamente la imagen del
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-139-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia –UNICEF. Convención sobre los derechos del niño. pp. 51.
[2] Revista Honduras Pediátrica. Milla, Virginia (Médica del Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia (IHNFA)) Pediatría Social - Vol XXIII - No. 2, mayo - Agosto – 2003, página 16-17.