Sentencia CP-135-18 — Registro 12441
Resumen
En primera instancia se absolvió al imputado del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión del acumulado judicial, constatando que en la audiencia de proposición de pruebas, celebrada en fecha 07 de agosto de 2017 (F.83), entre otra prueba el Ministerio Público propuso el acta de decomiso del arma de fuego (F. 13 al 14) realizado al acusado, dictamen del laboratorio de balística forense (F. 98) y la evidencia del arma antes relacionada, misma que sin oposición de la defensa, fue admitida por el Tribunal de Sentencia.- En la audiencia de debate, en la fase de evacuación de medios de prueba, se llamó a la sala de audiencias al señor Deybi Josue Sosa Pérez (F.105v)), quien se identificó como elemento militar de la Fuerza Aérea Hondureña, señalando entre otras cosas que se encontraban en un proceso de cateo en una casa brindando anillo de seguridad, luego se le ordeno realizar un reten militar, luego paso el vehiculo, lo detuvo su compañero y práctico un registro al acusado, encontrandole la mochila debajo de unos sacos de fertilizantes y en ella un arma de fuego. A preguntas del Ministerio Público respondió que los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2016, que el equipo fue conformado por policía nacional, fusina, fuerza aérea y fuerza naval. A preguntas de la defensa respondió que la orden la recibió de sus superiores para hacer el reten militar, que el jefe era un oficial de la base. Finalmente al compareciente se le puso a la vista la evidencia que describe el arma de fuego, afirmando ser la misma arma que decomisaron. Posterioremente en la sala de debate comparecio Pedro Geovanny Pérez Ramírez identificandose como militar, sargento segundo de la Fuerza Aérea quien entre otras cosas declaró: que el dia 30 de junio de 2016 estaba encargado del operativo de detener los vehículos que iban transitando, realizandole registros como a las personas, que detuvieron un vehículo de cabina y media, registrando la paila, debajo de unos fertilizantes encontraron una mochila color negro y verde conteniendo una arma de fuego con dos cargadores y 17 proyectiles sin percutir, que se práctico el respectivo decomiso y el informe de como sucedió el hecho. A preguntas del Ministerio Público respondió: era un operativo de Fusina, pero los encargados del retén éran ellos junto con el compañero Deybi Sosa, que habian más soldados, pero quien detuvo el vehículo fue él. Finalmente al compareciente se le puso a la vista la evidencia que describe el arma de fuego, afirmando que su firma se encuentra en la primera casilla. Ante lo anterior, el a quo, se pronunció que los dos miembros de la Fuerza Aérea de Honduras, no estaban autorizados por la ley para requeriri, retener y registrar vehículos y personas en la via pública, al prohibirlo la Constitución de la República y las convenciones en materia de derechos humanos, menos tenían atribuciones para realizar operativos de seguridad ciudadana, dado que esas funciones son exclusivas a la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En el caso sometido a estudio el recurrente considera que el a quo excluyó indebidamente prueba de valor decisivo como ser el acta de decomiso del arma de fuego (F. 13 al 14) realizado al acusado, dictamen del laboratorio de balística forense (F. 98) y la evidencia del arma. Los argumentos del impetrante no son correctos, pues el tribunal sentenciador, a criterio de esta Sala de Casación, en ningún momento excluyó de manera indebida los medio de prueba antes mencionado; ha quedado establecido en la resolución del a quo, que el registro personal realizado al acusado Ángel Josué Alvarado Guevara, se efectua de manera ilegal o arbitraria al no estar autorizados por la ley, quienes practicaron dicho registro; el Artículo 272 del Código Procesal Penal, dispone que, en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible. Ante lo anterior, es preciso considerar, que el artículo 274 de la Constitución de la República dispone que las “Fuerzas Armadas de Honduras, cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del Orden Público”, sin olvidar, como requisito sine qua non, que previamente debe imitirse declaración de Estado de Emergencia en Seguridad Pública, mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente en Consejo de Secretarios de Estado, para tener la competenecia y ejercer funciones policiales con carácter temporal, en situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes, con las mismas responsabilidades y obligaciones contenidas en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, garantizando el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, garantías constitucionales, dignidad de la persona y el debido proceso. En consecuencia le asiste la razón a los sentenciadores, que la exclusión de los medios de prueba relacionados, derivaron de un registro personal arbitrario, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución de la garantía constitucional del debido proceso legal. Por lo cual, deviene declara no ha lugar el recurso invocado. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez (10) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 135-2018 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlantida, mediante la cual falló: PRIMERO: Absolvió al señor Ángel Josué Alvarado Guevarra, como autor responsable penalmente del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. SEGUNDO: No procedió condenar en costas al Ministerio Público. TERCERO: Ordeno la devolución a quien acredite ser legítimo propietario del arma de fuego tipo pistola, marca Russian, modelo Tokarev, calibre 7.62x25mm, serie número X44701945 con dos cargadores, que se encuentra en poder del Ministerio Público. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Patricia Lizeth Obando, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, y el Abogado Manuel David Martínez Ortiz, defensor público, en su condición de recurrido. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: En fecha 30 de junio del año 2016, cerca de la Colonia La Alemana del Municipio de La Masica, Atlántida, soldados miembros de la Fuerza Aérea, sin autorización legal, realizaban un reten militar en la carretera, para requerir y registrar los vehículos que pasaban por ese sector; a eso de las 5:45 de la mañana del mismo día requirieron el vehículo tipo Mazda cabina y media color rojo, en el que se transportaba tres personas, entre ellas Ángel Josué Alvarado Guevara (titular de la tarjeta de identidad 0209-1985- 00341), quien iba en la paila. Los militares sin tener motivo para suponer que en el vehículo las personas transportaban elementos de un hecho criminal o entre sus ropas, registraron a las tres personas y el automóvil descrito.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La Abogada Patricia Lizeth Obando, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “Haber excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Principio de Libertad Probatoria se basa precisamente, en que para demostrar los hechos y circunstancias relacionados con el delito, las partes intervinientes podrán utilizar cualquier medio probatorio; sin embargo, en el caso sub judice el vicio se presenta, porque el Tribunal excluyó de la valoración de la prueba la diligencia investigativa consistente en “Registro Personal del encausado ANGEL JOSUE ALVARADO GUEVARA y por ende también extiende esa exclusión a toda la prueba que fue recabada como producto de esa diligencia. Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en qué consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal 5. P. No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en el Acta de Registro Personal realizada por los agentes de la Fuerza Aérea de Honduras Deybi Josué Sosa Pérez y Pedro Geovany Pérez Ramírez, que detuvieron al imputado cuando realizaban un cateo en una casa y se les ordeno hacer un reten militar en la carretera en la cercanías de la Colonia La Alemana, La Másica para registrar vehículos que pasaban por el sector, por lo que procedieron a detener al encausado ANGEL JOSUE ALVARADO GUEVARA que se transportaba junto con tres personas en un vehículo tipo Mazda cabina y media color rojo. Al momento de ser detenido el encausado ANGEL JOSUE ALVARADO GUEVARA se le practico un registro y en la paila del vehículo mazda cabina y media color rojo donde estaba el encausado se encontró una mochila y dentro de esta se encontraba un arma de fuego tipo pistola marca russian modelo tokarev, calibre 7.62x25mm y con serie número x44 701945 con dos cargadores y 17 cartuchos sin percutir de calibre 9mm. La práctica de este registro, a consecuencia del reten en el lugar donde se realizaba un cateo en una casa y proceder a estar revisando todos los vehículos que pasaban por dicho reten, sin que existiera una razón suficiente para requerirlo, excluyo el juzgador la valoración el resto de la probanza que se derivan de dicho Registro Personal del señor ANGEL JOSUE ALVARADO GUEVARA y como consecuencia de su detención, como son, el Acta de Decomiso de fecha 30 de junio del 2016 en donde se establece que se procedió al decomiso de un arma de fuego tipo pistola marca russian modelo tokarev, calibre 7.62x25mm y con serie número x44 701945 con dos cargadores y 17 cartuchos sin percutir de calibre 9mm. El Dictamen balístico número 2016-0801-0501-9857 que fue debidamente ratificado por el perito KENNETH STANLEY SUAZO CASTILLO del arma de fuego russian modelo tokarev, calibre 7.62x25mm y con serie número x44 701945 con dos cargadores y 17 cartuchos sin percutir de calibre 9mm, en la cual se acredita que el arma se encuentra en perfecto estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, y la evidencia de dicha arma en virtud de que el juzgador es del criterio, que la probanza supra indicada fue obtenida mediante violación de garantías procesales, en definitiva constitucionales; al haberse restringido al acusado el derecho a permanecer o circular en cualquier parte del territorio nacional, también consideró que la práctica de dicha diligencia fue arbitraria y abusiva en la vida privada del acusado, pues considera que los miembros de la Fuerza Aérea que son parte de las Fuerzas Armadas, no tiene atribución por la ley para requerir, retener y realizar registros a vehículos, ni a personas que se encuentran en el ejercicio de sus derechos, ni a realizar operativos de seguridad ciudadana y establece que la decisión de los soldados de requerir, retener y practicarle registro al vehículo supra mencionado y al acusado fue arbitraria e ilegal, es por ello que de la prueba obtenida después de la práctica del Registro Personal no puede ser objeto de valoración por resultar prohibida o ilícita. Respecto a los cuestionamientos que realiza el Tribunal a la prueba de cargo, debemos señalar: 1). Que se desprende de las deposiciones de los agentes que participaron en la detención del acusado, que si bien efectuaron un registro personal, no se trató de zonas íntimas, que afecten el pudor del mismo, sino que llevaba el arma de fuego que le fue decomisada en una mochila que se encontraba en la paila del vehículo. 2). En virtud de lo anterior podemos concluir, que el imputado ante el requerimiento realizado por agentes de la Fuerza Aereal, se vio en la oportunidad de mostrar o exhibir lo que llevaba consigo y proceder a la entrega voluntaria del arma y desde el momento que no lo hizo, generó un comportamiento sospechoso, quedando desde ese instante facultada la autoridad policial para intervenir a través del registro personal, como así lo hizo; procediendo a realizar el resto de diligencias investigativas, que merecen absoluta, valía probatoria al tratarse de prueba lícita. 3) Es importante señalar, que la Fuerza Aérea, es una unidad conformada, entre otras de las Fuerzas Armadas, por tanto, sus funciones no son solamente es en relación al espacio aéreo, sino que tiene la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones y colaborar con otras instituciones con el fin de que se requirió, es por ello, que en el caso subjudice, al efectuar un Registro Personal, pues como han indicado los testigos de cargo se ordeno realizar un reten militar pues se encontraban en un proceso de cateo en una casa haciendo de esta manera una zona conflictiva, por ende actuaron amparado en su obligación de prevenir el delito en la comunidad, sin lesionar garantías constitucionales. 4) La práctica de la mencionada Acta de Registro, constituye parte de una actuación preventiva, tendiente a constatar la comisión de un delito, en tanto que la ley procesal permite a las diversa autoridades llevar a cabo actuaciones preliminares como inspecciones, registro de automóviles, registros personales, y demás para asegurar en su caso, la custodia de lugares de comisión de delitos, buscar señales, huellas, rastros, o efectos materiales que tengan relación directa o indirecta con la comisión del delito, orientadas a recoger y conservar los elementos probatorios útiles para el esclarecimiento de la verdad, dejando constancia de todo lo actuado en las actas que se levanten al efecto como lo hicieron en este caso en particular. En virtud de lo anteriormente expuesto, considera este ente fiscal, que la práctica del Registro Personal y la consecuente detención del acusado se encuentran apegadas a la ley; aunado al hecho, de que el registro no se realizó en zonas íntimas del cuerpo del imputado; consecuentemente, todas las pruebas que se derivan del Registro Personal son licitas, por ende, el A quo tuvo que otorgarle valor probatorio a las mismas y no excluirlas del acervo fáctico, de manera arbitraria como lo hizo, en vista que con valoraciones intelectivas como las ya relacionadas, se quebranta el ordenamiento jurídico citado, que preceptúa con absoluta claridad las funciones de los elementos de la Policía y que debió conducir a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de POSESION ILEGAL DE ARMA DE FUEGO COMERCIAL. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: Haber excluido el juzgador, prueba de valor decisivo; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: imposibilidad de reclamo previo, porque el vicio se produce en el acto mismo de sentenciar; Pretensión: Sin determinar por la censora. La impugnante inicia la exposición de su reclamo, manifestando que el Tribunal de Sentencia excluyó prueba de valor decisivo, consistente en el acta de decomiso del arma de fuego (F. 13 al 14) realizado al acusado, dictamen del laboratorio de balística forense (F. 98) y la evidencia del arma por ser el resultado de diligencias militares, realizada por los agentes de la Fuerza Aérea de Honduras Deybi Josué Sosa Pérez y Pedro Geovany Pérez Ramírez, que detuvieron al imputado mientras realizaban un reten militar en la carretera, con cercanías de la Colonia La Alemana, La Másica, practicando registros de vehículos que transitaban por el sector, fue así que detuvieron al encausado Ángel Josué Alvarado Guevara quien se transportaba junto con tres personas en la paila de un vehículo tipo Mazda, cabina y media color rojo. Al momento de ser detenido, el encausado Ángel Josué Alvarado Guevara se le encontró una mochila y dentro de esta un arma de fuego tipo pistola, marca russian, modelo tokarev, calibre 7.62x25mm y con serie número x44 701945 con dos cargadores y 17 cartuchos sin percutir de calibre 9mm. Los juzgadores han considerado su exclusión al ser obtenida mediante violación de garantías procesales, ya que su practica fue arbitraria y abusiva en la vida privada del acusado, pues consideraron que los miembros de la Fuerza Aérea no son parte de las Fuerzas Armadas y el no tener atribución por la ley para requerir, retener y realizar registros a vehículos menos a las personas que se encuentra en el ejercicio de sus derechos, por ello, la prueba obtenida después de la práctica del Registro Personal no puede ser objeto de valoración, por resultar prohibida o ilícita. Señala la recurrente, que el registro no se practico en zonas intimas que afectaran el pudor del acusado y que la función de las Fuerzas Aérea sus funciones no son solamente en relación al espacio aéreo, sino también la atribución de prevenir, disuadir, controlar y combatir toda clase de delitos, faltas o infracciones y colaborar con otras instituciones, por lo cual, considera la censora, que la práctica del registro personal y la consecuente detención del acusado se encuentran apegadas a la ley, siendo licita igual que demás prueba derivada, resultando arbitraria la exclusión del medio de prueba. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el Proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; Éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben de reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (Segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el Tribunal dictara sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe de ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formo parte del proceso. Así las cosas constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de éstos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; La exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe Indebida Exclusión de Prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba cuando a pesar de haber sido admitidos durante la etapa de juicio y reproducidos en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre éstos, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Funciones Policiales asignadas por causa de Emergencia a los Elementos de las Fuerzas Armadas.
Las Fuerzas Armadas de Honduras, son una Institución Nacional de carácter permanente, esencialmente profesional, apolítica, obediente y no deliberante; Se instituyen, entre otros, para defender la integridad territorial y la soberanía de la república, mantener la paz, el imperio de la Constitución. (Art. 272 Constitucional y 1 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, en adelante LCFFAA); con el propósito de garantizar el cumplimiento de su misión, las Fuerzas Armadas están organizadas en: a) Comandancia General de las Fuerzas Armadas; b) Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas; c) Consejo Superior de las Fuerzas Armadas; ch) Secretaria de Estado en los Despachos de Defensa y Nacional y Seguridad Pública; d) Ejército; e) Fuerza Aérea; f) Fuerza Naval; g) Fuerza de Seguridad Pública; y, h) Comandos Especiales. (Ar.18 LCFFAA). La Fuerza Aérea contribuye al cumplimiento de la misión constitucional señalada a las Fuerzas Armadas, principalmente en el espacio aéreo. (Art. 123 LCFFAA), mismo que está constituido por Oficiales, Sub-Oficiales, Caballeros Cadetes de Vuelo, Estudiantes Técnicos, Técnicos, Tropa, Personal Auxiliar, organizados en Armas y Servicios, así́ como por el Armamento, equipo, materiales y demás bienes muebles e inmuebles, registrados en sus libros de propiedad e inventario. (Art. 126 LCFFAA). Las Fuerzas Armadas de Honduras deben de cooperar con la Policía Nacional en la conservación del Orden Público (Art. 274 Constitucional), siempre que se emita declaratoria de emergencia en Seguridad Pública, mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente/a de la República en Concejo de Secretarios/as de Estado, con carácter excepcional; (Decreto No. 223-2011, que interpreta el Art. 274 de la Constitución de la República y art. 3 de la LCFFAA); En dicho Decreto se deberá de autorizar a las Fuerzas Armadas a realizar funciones policiales, con carácter temporal, señalando que las mismas deberán de desarrollarse en respeto irrestricto de la dignidad humana y en general de los derechos humanos, del debido proceso y de las garantías constitucionales; Además los elementos de la Fuerzas Armadas deberán de hacerse acompañar por Fiscales del Ministerio Público y, en su caso, deberán de informarle de inmediato de las acciones realizadas conforme lo establece el Código Procesal Penal, teniendo los elementos del ejército los derechos señalados en el artículo 125 y las obligaciones del artículo 106, ambos de la Ley Orgánica de la Policía Nacional adelante LOPN; En síntesis los elementos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando por decreto de emergencia sean llamados para realizar labores policiales, están vinculados por las normas establecidas en la Constitución de la República y las leyes aplicables a dichas funciones, en especial a la Ley Orgánica de la Policía Nacional y a la Ley de Policía y Convivencia Social (Art. 34 LOPN). De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal ha hecho revisión del acumulado judicial, constatando que en la audiencia de proposición de pruebas, celebrada en fecha 07 de agosto de 2017 (F.83), entre otra prueba el Ministerio Público propuso el acta de decomiso del arma de fuego (F. 13 al 14) realizado al acusado, dictamen del laboratorio de balística forense (F. 98) y la evidencia del arma antes relacionada, misma que sin oposición de la defensa, fue admitida por el Tribunal de Sentencia.- En la audiencia de debate, en la fase de evacuación de medios de prueba, se llamó a la sala de audiencias al señor Deybi Josue Sosa Pérez (F.105v)), quien se identificó como elemento militar de la Fuerza Aérea Hondureña, señalando entre otras cosas que se encontraban en un proceso de cateo en una casa brindando anillo de seguridad, luego se le ordeno realizar un reten militar, luego paso el vehiculo, lo detuvo su compañero y práctico un registro al acusado, encontrandole la mochila debajo de unos sacos de fertilizantes y en ella un arma de fuego. A preguntas del Ministerio Público respondió que los hechos ocurrieron el 30 de junio de 2016, que el equipo fue conformado por policía nacional, fusina, fuerza aérea y fuerza naval. A preguntas de la defensa respondió que la orden la recibió de sus superiores para hacer el reten militar, que el jefe era un oficial de la base. Finalmente al compareciente se le puso a la vista la evidencia que describe el arma de fuego, afirmando ser la misma arma que decomisaron. Posterioremente en la sala de debate comparecio Pedro Geovanny Pérez Ramírez identificandose como militar, sargento segundo de la Fuerza Aérea quien entre otras cosas declaró: que el dia 30 de junio de 2016 estaba encargado del operativo de detener los vehículos que iban transitando, realizandole registros como a las personas, que detuvieron un vehículo de cabina y media, registrando la paila, debajo de unos fertilizantes encontraron una mochila color negro y verde conteniendo una arma de fuego con dos cargadores y 17 proyectiles sin percutir, que se práctico el respectivo decomiso y el informe de como sucedió el hecho. A preguntas del Ministerio Público respondió: era un operativo de Fusina, pero los encargados del retén éran ellos junto con el compañero Deybi Sosa, que habian más soldados, pero quien detuvo el vehículo fue él. Finalmente al compareciente se le puso a la vista la evidencia que describe el arma de fuego, afirmando que su firma se encuentra en la primera casilla. Ante lo anterior, el a quo, se pronunció que los dos miembros de la Fuerza Aérea de Honduras, no estaban autorizados por la ley para requeriri, retener y registrar vehículos y personas en la via pública, al prohibirlo la Constitución de la República y las convenciones en materia de derechos humanos, menos tenían atribuciones para realizar operativos de seguridad ciudadana, dado que esas funciones son exclusivas a la Policía Nacional y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP). En el caso sometido a estudio el recurrente considera que el a quo excluyó indebidamente prueba de valor decisivo como ser el acta de decomiso del arma de fuego (F. 13 al 14) realizado al acusado, dictamen del laboratorio de balística forense (F. 98) y la evidencia del arma. Los argumentos del impetrante no son correctos, pues el tribunal sentenciador, a criterio de esta Sala de Casación, en ningún momento excluyó de manera indebida los medio de prueba antes mencionado; ha quedado establecido en la resolución del a quo, que el registro personal realizado al acusado Ángel Josué Alvarado Guevara, se efectua de manera ilegal o arbitraria al no estar autorizados por la ley, quienes practicaron dicho registro; el Artículo 272 del Código Procesal Penal, dispone que, en la investigación de la verdad, la Policía Nacional, el Ministerio Público u otra autoridad competente, practicará todas las diligencias pertinentes y útiles, para determinar la existencia del hecho punible. Ante lo anterior, es preciso considerar, que el artículo 274 de la Constitución de la República dispone que las “Fuerzas Armadas de Honduras, cooperarán con la Policía Nacional en la Conservación del Orden Público”, sin olvidar, como requisito sine qua non, que previamente debe imitirse declaración de Estado de Emergencia en Seguridad Pública, mediante Decreto Ejecutivo emitido por el Presidente en Consejo de Secretarios de Estado, para tener la competenecia y ejercer funciones policiales con carácter temporal, en situaciones de emergencia que afecten a las personas y los bienes, con las mismas responsabilidades y obligaciones contenidas en el artículo 106 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional de Honduras, garantizando el respeto irrestricto de los Derechos Humanos, garantías constitucionales, dignidad de la persona y el debido proceso. En consecuencia le asiste la razón a los sentenciadores, que la exclusión de los medios de prueba relacionados, derivaron de un registro personal arbitrario, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución de la garantía constitucional del debido proceso legal. Por lo cual, deviene declara no ha lugar el recurso invocado. I. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. II. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 numeral 2 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Patricia Lizeth Obando, actuando en su condición de agente fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diecinueve de enero del año dos mil dieciocho, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlantida, que contiene el pronunciamiento absolutorio a favor del señor Ángel Josué Alvarado Guevarra, por el delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de uso Comercial en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-135-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL