Sentencia CP-132-18 — Registro 12440
Resumen
En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Secuestro Agravado, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la procedencia de la retroactividad de la ley del Código Penal N.130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacerse un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por los recurrentes, dado que identifican contradicciones e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Exponen una reflexión, que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que definen los recurrentes como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva los recursos planteados, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
".... DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL 130-2017. A.- Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez/a deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.
El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la
decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En el caso de los señores José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez, conforme a los hechos probados, actuaron como coautores de un delito de Secuestro Agravado, por lo que se les impuso una pena de veintiún años de reclusión a José Emiliano Abrego y Olivera García Rodríguez; veintidós años de reclusión a Juan Carlos Martínez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.
La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, de igual manera como Secuestro Agravado (Art. 240), cuya pena es de: i.- 12 a 15 años de prisión; e ii.- Prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2) La condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o de un gobierno extranjero, alguna medida, concesión o resolución legal o ilegal; 3)La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones; 6)La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Se le administra a la víctima drogas o cualquier sustancia que anula o debilita su voluntad. Ante la concurrencia de dos o más circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de 15 a 20 años. Del hecho probado se describe que los acusados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez privaron de la libertad al señor Santiago Yubini Canales López más de setenta y dos horas (agravante del artículo 240 numeral 3); desde el 23 al 29 de octubre del año 2012, quienes lograron el cumplimiento de la condición (agravante del artículo 240 numeral 1), al recibir lo exigido, siendo la cantidad de ciento cuarenta mil lempiras; por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 15 a 20 años de prisión, más las penas accesorias correspondientes. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para el mismo hecho delictivo, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto. A partir de lo anterior se procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 del CP 130-2017: acorde a los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado; por otra parte, consta en la sentencia que el Ministerio Público no acreditó la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad en la audiencia de individualización de la pena concreta, siendo que la mencionada es inherente al tipo penal de secuestro agravado; la única actividad probatoria, fue la ofertada por las defensas de los condenados José Emiliano Abrego y Olivera García Rodríguez, consistente en una constancia donde se informa que carecen de antecedentes penales; a excepción de la defensa del condenado Juan Carlos Martínez que no ofertó prueba alguna. Como consecuencia de lo anterior, se impone al condenado José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez, la pena de prisión en su límite inferior de 15 años, más la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la pena de prisión a imponer..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÒN
La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 132-2018, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de mayo de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó a los señores José Emiliano Abrego y Olivera García Rodríguez, como autores del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del señor Santiago Yubini Canales a la pena de veintiuno años de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Juan Carlos Martínez, como autor del delito de Secuestro Agravado, en perjuicio del señor Santiago Yubini Canales a la pena de veintidós años de reclusión. TERCERO: Condenó a los señores José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. - CUARTO: Declaró la responsabilidad civil de los señores José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez. QUINTO: No procedió condenar a los acusados, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. - SEXTO: No Declaró el comiso. Interpuso el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, actuando en su condición de defensora privada del señor Juan Carlos Martínez y por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma la Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, actuando en su condición de defensora privada de José Emiliano Abrego. Son partes en única instancia: Las Abogadas Brenda Janeth Cruz Hernández y Ayling V. Pérez Fiallos, defensoras privadas, en su condición de recurrentes; las Abogadas Diana Elizabeth Rodríguez Corea y Karen Lizeth Martínez Ponce, agentes fiscales del Ministerio Público, en su condición de recurridas. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: El día miércoles 23 de octubre del año 2012, siendo aproximadamente las dos de la tarde, el señor Santiago Yubini Canales López , se conducía por la 12 calle, entre la 16 y 17 avenidas del barrio Cabañas de la Ciudad de San Pedro Sula, abordo de un vehículo tipo camioneta, color dorado, marca Hiunday Santa Fe, cuando fue interceptado por dos sujetos, entre ellos José Emiliano Abrego y otro desconocido, que portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a que se subiera a otra camioneta, la cual era conducido por otro sujeto desconocidos, luego de ello lo llevaron hasta una casa de color verde ubicada el barrio Guadalupe, 20 calle entre 4 y 5 avenida, quienes al subirlo al vehículo le manifestaron que se trataba de un secuestro y que por su liberación pedirían la cantidad de cinco millones de Lempiras. SEGUNDO: Ese mismo día, a eso de las tres de la tarde, la señora Jacqueline Orellana, esposa del señor Santiago Yubini Canales, recibió una llamada a su teléfono celular con número 9573-8958, mediante la cual, una persona de voz masculina le manifestaba que tenían secuestrado a su esposo y que si lo quería ver con vida tendría que pagar la cantidad de cinco millones de Lempiras; por lo que la señora Jacqueline, junto con los miembros de la familia del señor Santiago Yubini Canales interpusieron la denuncia ante la autoridad policial. De igual forma, en la misma fecha, se iniciaron las conversaciones relacionadas a las negociaciones para liberar al señor Canales, y fue después de varias llamadas telefónicas que, hasta en fecha 29 de octubre, se logró establecer la entrega de la cantidad de 140 mil Lempiras para dejar en libertad al señor Canales, indicando los negociadores que dicho dinero debían enviarlo en un taxi hasta un punto de la carretera que conduce al Municipio de la Lima, en el departamento de Cortes, cerca del aeropuerto Villeda Morales. TERCERO: En fecha 29 de octubre del mismo año, una vez que la familia del señor Canales tenía en su poder la cantidad de ciento cuarenta mil lempiras, estos fueron depositados en una bolsa de color gris y entregados al señor Saúl Navarro Jiménez, quien se trasladó hasta los puentes de la intersección de la salida al Municipio de la Lima y el aeropuerto Ramón Villeda Morales, lugar donde le indicaron los negociadores se desplazara el señor Saúl Navarro Jiménez, y que dejara el dinero atrás de un árbol que estaba pintado de blanco. A eso de las seis y cincuenta de la tarde, el señor Juan Carlos Martínez, quien conducía un vehículo corola blanco, con registro de taxi 4862, estacionó el vehículo a la orilla de la carretera, mientras el señor José Emiliano Abrego, que lo acompañaba, se cruzó la calle y de inmediato procedió a recoger la bolsa que contenía la cantidad de 94 mil Lempiras, misma que había sido dejada por el señor Saúl Navarro, minutos antes; luego de esto se trasladaron juntos hasta el barrio Guadalupe, 20 calle, entre 4 y 5 avenida, siendo este el lugar donde permanecía cautivo el señor Yubini Canales, en donde se bajó y tocó la puerta el señor José Emiliano Abrego, quien al percatarse de la presencia policial que hacía una vigilancia en dicha vivienda, regresó al taxi donde lo esperaba Juan Carlos Martínez y rápidamente abordó del mismo, se fueron del lugar en el taxi con el dinero abordó, siendo seguidos por los agentes de Policía que se encontraban en el lugar, hasta que fueron interceptados por miembros de la policía a la altura de la 105 brigada y la avenida circunvalación en la ciudad de San Pedro Sula y al momento en que estos fueron requeridos por los miembros de la policía, el señor José Emiliano Abrego introdujo abajo del asiento en que se conducía la bolsa que contenía el dinero que minutos antes habían recogido. CUARTO: Momentos después los agentes de investigación ingresaron a la vivienda ubicada en el Barrio Guadalupe, 20 calle 4 y 5 avenida, donde después de un intercambio de disparos entre un sujeto desconocido que se encontraba en dicha vivienda y la policía, ingresaron a la casa, donde también se encontraba el señor Olivero García, quien vigilaba o cuidaba al señor Yubini, junto con la otra persona que estaba armada y que murió en el enfrentamiento; por lo que el señor Olivera, al percatarse de la presencia policial, subió al techo de la vivienda y luego saltó el muro, siendo detenido por un agente de policía después de haber saltado el muro de la vivienda. Y una vez que la Policía ingresó a dicha casa encontró al señor Yubini Canales, quien estaba atado de sus manos y pies y con sus ojos vendados, quien fue rescatado de inmediato por la policía.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, actuando en su condición de defensora privada procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE El presente Recurso de Casación encuentra su fundamento en el artículo 361, numeral 3…. o si en la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Critica, del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO HECHOS Que los hechos tienen su origen en fecha 23 de Octubre del año 2012, cuando el hoy ofendido SANTIAGO CANALES LOPEZ, se conducía por la 16 y 17 calle del barrio Cabañas de San Pedro Sula, a la 1:30 de la tarde, en una camioneta HYUNDAI SANTA FE, color dorado, cuando dos sujetos armados lo obligaron a bajarse y a subirse a una camioneta KIA SPORTAGE, color verde oscuro, llevándolo con rumbo desconocido, en el trayecto lo obligaron a proporcionar los números de teléfonos de sus familiares, para negociar el secuestro ya que pedían Lempiras ese mismo día a las 3:30 de la tarde, la señora JACKELINE SANCHEZ ORELLANA, recibió una llamada a su celular al número 95738958, llamada que provenía del número 96591777, por lo que siendo de escasos recursos, la esposa del ofendido negocio con los secuestradores logrando negociar la cantidad de Lempiras 94,000, los cuales fueron entregados por el señor SAUL NAVARRO, el 29 de octubre del año 2012, posteriormente a la entrega en una llamada anónima un informante dio la fueron entregados por el señor SAUL NAVARRO, el 29 de octubre del año 2012, posteriormente a la entrega en una llamada anónima un informante dio la noticia que en una casa verde del Barrio GUADALUPE, entre la 4 y 6 avenida, 20 calle, tenían a una persona secuestrada, montando vigilancia en la que lograron observar cuando llegaron dos personas, una de las cuales (pasajero)se bajó y toco el portón, siendo interceptado el taxi número 4862, dándoles captura la policía. DESARROLLO DEL MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA PRIMERO: Que para esta parte actora era menester acreditar, la participación o no participación de mi representado en los hechos IMPUTADOS, tanto en el momento que se produce la Privación de Libertad del ofendido (SANTIAGO YUBINI CANALES LOPEZ), como la negociación del dinero que se pedía a cambio de la liberación del mismo, así como el momento en que era cuidado durante los seis días de cautiverio y demás acciones que logran configurarse como un Delito de Secuestro Agravado, en vista de que de esta actividad probatoria podría al final deducirse, que grado de culpabilidad tenía mi representado en los hechos imputados, las acciones que este realizo para configurar tal ilícito en la persona del encartado. SEGUNDO: Es importante señalar que en la causa de mérito el ofendido el señor SANTIAGO YUBINI CANALES LOPEZ, parte integral en esta causa pues es la persona que estuvo cautiva en su deposición ante el Honorable Tribunal, deja claramente establecido que aunque las personas que lo privan de su libertad si los vio, pero que de los nervios no recuerda a estas, asimismo en una serie de preguntas tanto de la Fiscalía, de la defensa y del mismo tribunal, este deja entrever que nunca vio a nadie, más que al que se encuentra en el piso tirado por la policía ya cuando se produce el rescate y que de igual forma no reconoce la voz de nadie y de sus caras siempre evito verles ya que había escuchado que en los secuestros si se les miraba mucho a los secuestradores, mataban al secuestrado, por lo que de inmediato esta es la primera prueba que descarta la participación de mi representado en el hecho imputado, pues el ofendido no identifica a mi representado en los hechos ni antes ni después del mismo. TERCERO: Que la lógica nos dice que de haber participado como autor, coautor, cómplice o cualquier otra de las formas de participación que condena el Código Penal, debe haber algún tipo de pruebas aunque sea una, que lo relacione, con los demás participantes, llámese esta prueba, vaciado telefónico, o prueba pericial, técnicamente hablando, prueba testifical, prueba documental, algún indicio pero de las pruebas practicadas en juicio se desprende que; La esposa del ofendido dejo entrever que los números a los que la llamaban era el 95-738958, de su propiedad, que las llamadas las recibía del número 96-581777, que era el que supuestamente usaban los secuestradores y el 99498210 y que de los números señalados y participante en la presente causa, ninguno de ellos aparece en la prueba pericial relacionado con el número de teléfono que se le decomisa a mi representado, la LOGICA parte integral de la SANA CRITICA nos dice que si en efecto mi representado estaba activamente participando en el secuestro, que de igual forma si este era la persona que estaba designado para recoger el dinero que se pagaría por el rescate del ofendido, mínimo tenía que estar en comunicación con el celular de los secuestradores o cómplices a efecto de que le dieran las directrices de la localización, sin embargo en el vaciado e INTERVENCION DE LA COMUNICACIÓN, no existe vinculación alguna de mi representado, ni con el teléfono de los secuestradores, ni con el teléfono de los ofendidos, tanto del secuestrado, como el celular de la esposa que en este caso era la negociante, de igual forma mucho menos tenia o aparece con comunicación entrelazada con los secuestradores, esto claramente nos indica que mi representado únicamente fue contratado para realizar una carrera como taxista, colocándolo en una situación que pudo haber sucedido con cualquier otro taxista en igualdad de condición, miren sino el ejemplo del taxista que sin conocer del caso lo llama la ofendida para que realice la entrega del dinero y el sin saber de qué se trata accede a ir a dejar el paquete de dinero. La prueba pericial es de suma relevancia pues esta suele en algunas ocasiones ser manipulada por algunos peritos a favor de la Fiscalía, sin embargo, en la presente causa quedo claramente establecida que en esta causa no vincula de ninguna forma a mi representado con el ilícito imputado. CUARTO: Es importante señalar que en base a los criterios de la SANA CRITICA debió valorarse el hecho de que si en efecto se estaba realizando un seguimiento de las acciones que realizaban los secuestradores, específicamente el monitoreo de la entrega del dinero hay dos cosas que no coinciden con la detención de mi representado, una el hecho de que si hicieron todo el seguimiento, en qué momento se perdieron Lempiras 50,000 ya que la esposa del ofendido estableció en sus declaraciones que el paquete lo armo por Lempiras 144,000, sin embargo en el momento de la captura solo se recuperan Lempiras 94,000, y si se hizo todo el seguimiento LAS MAXIMAS DE LA EXPERIENCIA, nos indica que no hubo momento en que los supuestos secuestradores pudieran repartirse y de haberlo hecho igualmente el dinero restante o repartido se hubiese encontrado en el mismo taxi, al momento de la captura, ya que se supone se les iba dando seguimiento. el comisario CARLOS JOSE ZAVALA VELASQUEZ, quien se encontraba en el lugar de la entrega establece que el taxi que avizora recoge el dinero que se deja en el palito blanco tal como lo especifican los secuestradores es el taxi con registro 9862, número que no concuerda con el número del taxi en que se conducía mi representado el cual es el taxi con registro número 4862 y es importante señalar que el declara que no le despego la vista, entonces como explican estas interrogantes, si el rastreo nunca despego del taxi supuesto como se explica el hecho de que el número no coincide, así como la cantidad, o finalmente la persona que realiza la entrega no entrego todo el dinero empacado, que de la misma vigilancia se desprende que el Comisario CARLOS JOSE ZAVALA estableció que mi representado nunca se bajó, o al menos la persona que él denomina como conductor, que no sabemos si es el mismo taxi ya que el establece incluso en su deposición que el número del taxi lo logra ver hasta que se para en la gasolinera. Ya que el lugar donde se dejó el dinero era oscuro, Para seguir manteniendo que el número de taxi es 9862.Ahora bien no entiende la defensa porque razón si según el testigo y perito a la vez WILMER ALEXIS SOTO MATAMOROS quien realiza las escuchas al día siguiente del secuestro, si los secuestradores pidieron Lempiras 140,000, porque razón el paquete se hizo por Lempiras 144,000, e importante es en este apartado, el hecho de que se contradice el Comisario ZAVALA en su deposición ya que este manifestó que la bolsa que se supone contenía el dinero debajo del asiento del conductor, sin embargo el testigo, GABRIEL ENRIQUE PONCE, establece en su deposición que la bolsa con el dinero la llevaba el señor EMILIANO ABREGO en medio de las piernas, al momento que son requeridos. QUINTO: Es menester señalar Honorables Magistrados que si bien es cierto toda la prueba en su conjunto conforma el soporte de la causa en este CASO SECUESTRO AGRAVADO, precisamente por ser esta la prueba que servirá de fundamento a un fallo de condena o absolución, cree esta representación en función de esto la SANA CRITICA debe ser bien aplicada en todos sus contextos la LOGICA, LA ANALOGIA Y LAS MAXIMAS D LA EXPERIENCIA, existiendo factores importantes en los que se presenta mucha contradicción como lo es lo ya relacionado más el hecho de que el señor SAUL NAVARRO JIMENEZ, persona encargada de entregar el dinero, estableció que el paquete que entrego era de color amarillo, hasta señalo como el color del escritorio, posteriormente el comisario ZAVALA dice no haberle quitado el ojo de encima al taxi que se supone recoge el dinero, pero al momento de la captura y requerimiento de mi poderdante a quien lo había contratado el señor ABREGO, para que le hiciera una carrera, la bolsa de dinero es de color gris y como ya hemos mencionado como es posible la diferencia de colores, tampoco se puede decir que los imputados, tuvieron tiempo de cambiarla de bolsa o que ya se habían repartido el dinero, pues el mismo Comisario ZAVALA quien realiza el seguimiento no establece que los haya visto pararse en algún lugar o algún movimiento extraño que nos sindique que esto pudo pasar. SEXTO: Que entiende la defensa que siendo este Tribunal Juzgador, de igual forma es un Tribunal de Garantías, que esas garantías deben valer tanto para las personas ofendidas como para las personas imputadas, entre tanto estos conserven su ESTADO DE INOCENCIA que si bien es cierto mi representado debe de ejercer algún tipo de defensa material no es obligación, ya que quien maneja la carga de la prueba es la Fiscalía, ya que el que imputa un delito está obligado a probarlo, es así que el Ministerio Fiscal, falta al principio de objetividad, al no analizar que el vaciado telefónico, no solo podía servir para acreditar la culpabilidad de mi representado, sino que de igual forma para acreditar su inocencia, en igual forma el Tribunal al aplicar la sana critica, en el sentido de que nos referimos al hecho de que estos vaciados arrojan celdajes de ubicación, latitud, Longitud, las cuales claramente arrojan donde se encontraba mi representado al momento que se produce el secuestro el día 23 de octubre del año 2012, asimismo establece mediante vaciado al número de teléfono de mi poderdante 95-589269, donde se localizó este en los días que estuvo secuestrado el señor SANTIAGO JUBINY CANALES, de igual forma donde se encontraba antes, durante y en el momento de la entrega del dinero que se supone se pagó por el rescate y con solo analizarlo y auscultarlo se hubiesen dado cuenta que es precisamente el vaciado quien lo deja fuera de toda participación, aunado al hecho que el mismo prueba que este fue llamado para realizar una carrera como taxista que era, esto pues nos lleva a esbozar una vez más la mala aplicación de la SANA CRITICA, argumento legal esbozado para acreditar que mi representado no tuvo participación alguna en el delito que se le imputo y por el cual merecía una sentencia no condenatoria sino absolutoria, esto sin contar que el articulo 93 procesal que habla de la objetividad que debe regir al Ministerio Fiscal en su párrafo segundo, también deben de investigarse las circunstancias de exención de responsabilidad en este orden de ideas través del GPS , del taxi se hubiese comprobado fácilmente las ubicaciones de mi representado en el antes, durante y después del secuestro y sus subsiguientes hechos.” La recurrente Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, actuando en su condición de defensora privada procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: HABER INCURRIDO EL TRIBUNAL SENTENCIADOR EN INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, A LA HORA DE VALORAR LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". Por su parte el artículo 336 del mismo cuerpo legal señala: "El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica". De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: "Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados" (lo resaltado es nuestro). Conforme a la declaración de hechos probados que constituye el cimiento de toda sentencia penal, ya que en ellos el juzgador plasma su criterio concluyente, declarando expresamente que hechos estima acreditados conforme a los elementos de prueba aportados, podremos concluir que el sentenciador adjudica a mi representado JOSE EMILIANO ABREGO dos acciones específicas en relación a los hechos investigados; la primera de estas acciones se localiza en el numeral primero de los HECHOS PROBADOS el tribunal expresa: "El día miércoles veintitrés (23) de octubre del año dos mil doce (2012), siendo aproximadamente las dos de la tarde, el señor SANTIAGO YUBINI CANALES LOPEZ, se conducía por la 12 calle, entre la 16 y 17 avenidas del Barrio Cabañas, de la Ciudad de San Pedro Sula, a bordo de un vehículo camioneta, color dorado, marca Hyundai Santa Fe, cuando fue interceptado por dos sujetos, entre ellos José Emiliano Abrego y otro desconocido, que portaban armas de fuego, quienes lo obligaron a que se subiera a otra camioneta, la cual era conducido por otro sujeto desconocidos, luego de ello lo llevaron hasta una casa de color verde ubicada en el Barrio Guadalupe, 20 calle entre 4 y 5 avenida, quienes al subirlo al vehículo le manifestaron que se trataba de un secuestro y que por su liberación pedirían la cantidad de cinco millones de Lempiras". Conforme a esta declaración de hechos probados y a estas dos acciones específicas concedidas como participación a mi representado JOSE EMILIANO ABREGO, es que las pruebas evacuadas en juicio y razonadas pero el Tribunal en la sentencia, deben concluir en condena para el imputado, sin embargo, en el caso subjudice no se concluye así, debido que al analizar la sentencia recurrida, las pruebas presentadas en contra de nuestro encausado y la valoración que de ellas realiza el Tribunal, podremos llegar concluir que los sentenciadores violentan la regla de la lógica en su postulado de la derivación, debido a que según las pruebas presentadas en juicio y razonadas por los Juzgadores, no se puede derivar en condena para mi representado. El primer reclamo recae en lo que establece el Tribunal Sentenciador en el acápite VALORACION CONJUNTA DE LA PRUEBA TESTIFICAL, respecto de la declaración de los señores JACKELINE SANCHEZ ORELLANA, SANTIAGO YUBINI CANALES, SAUL NAVARRO JIMENEZ, CARLOS JOSE ZAVALA VELASQUEZ, los sentenciadores razonan diciendo: "Las declaraciones de los testigos de cargo traídos a juicio, merecen credibilidad y valor probatorio, en cada uno de los testigos de cargo ha narrado de forma armónica la dinámica de los hechos, exponiendo circunstancias de modo, tiempo y lugar en que los mismos ocurrieron. Es así, que en sus declaraciones, el Tribunal adquirió la certeza de la comisión del delito y la participación de cada uno de los acusados; sin embargo la declaración del señor SANTIAGO YUBINI CANALES LOPEZ, no es congruente con el hecho probado por el Tribunal: Quien declaro: Cuando a mí me secuestraron yo iba por el barrio cabañas, por la doce calle y cuando en eso yo iba en mi carro y me interceptaron ellos, me bajaron del vehículo y me pasaron a otro, me vendaron los ojos y me ataron de manos y pies y fue cuando uno de ellos le dijo apúrate José Emiliano que nos pueden agarrar después me pidieron el número de mi esposa de ahí cuando ya se hizo la liberación llegaron los policías.- MINSTERIO PUBLICO: ¿En qué carro se transportaba usted R/en una Hyundai santa fe, dorada 4 por 4.- ¿Recuerda la fecha en que sucedió este hecho? R/ 23 de octubre del 2012 eran como las dos de la tarde yo Salí de hacer varias vueltas, iba a comprar unas cosas cuando iba para unas bodegas.- ¿Usted dice que le atravesaron un carro, recuerda las características de ese vehículo? R/ Yo creí que era un asalto y cuando ellos me dijeron que era un secuestro me puse nervioso preocupado, era tipo camioneta me subieron por la parte de atrás ¿Cuántas personas andaban en ese vehículo que lo intercepto? R/ Se bajaron dos, los que me bajaron y me pusieron las armas y el motorista el que andaba el carro son tres ¿Qué armas andaban ellos? R/ Pequeñas como 9 mm ¿Cuándo lo obligaron a pasarse al otro vehículo que rumbo le dieron? No mire porque iba amarrado y vendado. ¿En el trayecto que le manifestaron ellos? R/ Que les diera el número de mi esposa y como mi esposa para negociar con ella y pedirle el rescate y como mi esposa no contestaba les di el número de mi suegro ¿Cuánto le pidieron a su esposa? R/ En ese momento no sabía la familia me comento que le pidieron 5 millones de lempiras. ¿Qué día lo liberan? R/ El 29 de octubre del año 2012. ¿En qué lugar es liberado usted? R/ En la residencial Guadalupe atrás de la cervecería hondureña.- ¿Recuerda la casa como era?: R/ No porque no vi nada. ¿Al momento de la liberación como fue que se dio? R/ Los que llegaron los de antisecuestro Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la policía me tenían encerrado, gracias a Dios no había nadie con migo yo estaba solo en la habitación solo escuche los tiros y escuchaba que gritaban daban ordenes porque uno se escapó y lo siguieron y lo agarraron. ¿Durante ese tiempo que lo tuvieron a usted en esa casa, que escuchaba de las conversaciones de los secuestradores? R/Casi nunca hablaban delante de mí se iban para afuera.- y ¿Cuánto tiempo lo tuvieron en esa casa? : R/ Los siete días estuve sentado en una esquina.- ¿Cuándo usted dice que escucho que dijeron José Emiliano apúrate donde fue exactamente? R/ Fue cuando me subieron en el carro que uno de ellos dijo apúrate José Emiliano que nos pueden agarrar. hasta ahí yo supe el nombre de ellos. vi a dos pero nos los recuerdo físicamente ni nada.- ¿Después cuantos iban en el carro que más escucho que hablaban? R/ No escuche nada solo me pidieron el número de mi esposa, y que yo tenía bastantes familiares en estados unidos que les pidiera dinero por que la información que les dieron de mi fue mala y por eso ellos se aprovecharon ¿las personas que estaban en esa casa en la colonia Guadalupe usted dice que no logro verla? R/ No solo vi uno cuando ya estaba muerto ya que la policía se enfrentó con ellos, de ahí no vi a nadie más. ¿Y cuándo usted recibía alimento usted no miraba el rostro de estas personas? R/ No nunca me quite la venda porque yo tenía miedo ya había escuchado anterior mente secuestran alguien y esa persona lo mira lo que hacen es matarlo para que nos delate. una vez uno de ellos me dijo quítate la venda si de todos modos al pagar el dinero te vamos a liberar. pero yo no tuve el valor. ¿Y a usted le informaron cómo iban las negociaciones con su esposa? R/ Nunca, una vez les pregunte qué cuanto pedían para así yo saber a quién pedirle ayuda. ¿Durante estuvo en cautiverio hablo usted con sus parientes? R/ No, nunca.- ¿Usted escuchaba cuando ellos hablaban con sus parientes? R/ No nunca. oí.- ¿Cuándo la policía entro a la vivienda cuantas personas estaban con usted? R/ Creo que habían dos personas. ¿Sabe el nombre de esas personas? R/ No.- ¿Cuándo a usted lo interceptan en el barrio cabaña usted vio el rostro de esas personas? R/ si lo vi pero de los nervios ya no recuerdo quienes son. ¿Y en ese momento recuerda quiénes son? R/ No; En qué momento vio a las personas que lo tienen secuestrado?: R/ Nunca los vi.- DEFENSA Abogado Ramón Matamoros.: ¿En qué parte del vehículo lo subieron?- R/ en la parte de atrás.- ¿Usted manifiesta que usted no reconoce a las personas que lo secuestraron a usted?: R/ No.- ¿Puede identificar una vos de las personas que lo tenían a usted? R/ No Abogada Lidia López: ¿En qué fecha nos dijo que lo interceptaron?: R/ El 23 de octubre del año 2012 como a las dos de la tarde. ¿Y la policía lo rescata cuándo? : R/El 29 de octubre como a las ocho y media de la noche.- De este relato de los hechos relacionados por la víctima el Tribunal inobserva las reglas de la sana crítica, ya que transcribí la declaración según el consta en el acta de debate, en lo referente a la declaración del señor SANTIAGO YUBINI CANALES quien como dejo resaltado afirma que en ningún momento puede reconocer a las personas que los habían interceptado y que no podrían reconocer a nadie de sus captores, ni sus voces ni sus rostros, en ese sentido, el razonamiento del Tribunal no se deriva de las pruebas ya que afirman que se dan por probados circunstancias que no se derivan de las pruebas, confirmando la inobservancia que se hace a la lógica en su postulado de la derivación. En ese mismo apartado el Tribunal afirma que esas pruebas las declaraciones testificales de JACKELINE SANCHEZ ORELLANA, testigo de referencia ya que si bien es cierto hablo con los secuestradores nunca los tuvo a la vista y no se hizo un reconocimiento de voz (espectrograma, con el fin de realizar un peritaje que llevara a la verdad de los hechos de quienes eran los secuestradores) el señor SAUL NAVARRO JIMENEZ, es el taxista que deja el dinero, sin embargo este taxista no puede identificar a mi representado en vista de que no tuvo contacto ni físico, ni visual con la persona con quien se comunica y tampoco existe prueba alguna que garantice que se comunicó con los captores en virtud de que dicho teléfono no fue intervenido; el señor CARLOS JOSE ZAVALA VELASQUEZ, a pesar de haber dado seguimiento al taxi No. 9862, sin embargo el vehículo decomisado es el registro No. 4862, y a pesar de que él fue la primera persona que se acerca al vehículo y el mismo manifiesta que el dinero se encuentra debajo del asiento del conductor, y manifiesta que no toquen nada que deben de llevar el vehículo y seguir el procedimiento sin embargo el agente de investigación GABRIEL ENRIQUE PONCE MENDOZA, manifiesta que mi representado llevaba el dinero en las piernas lo que se convierte en una gran contradicción entre ambos testigos y es que aquí hay que preguntarse donde realmente se encontraba el dinero? Aunado a esto al analizar la prueba documental consiste en el Acta de decomiso misma que corre a folio 42 y la cual fue ratificada por el Agente GABRIEL PONCE, quien declara que el lugar en el cual practico el registro personal fue en la oficina de Servicios Especiales en la Colonia Jardines del valle, y la misma tiene consignada las 21 :30 horas ver folio 44, agrega que a las 10:00 (22.00 horas), de la noche hora que es practicado el decomiso, se encontraba en la avenida Junior, y la misma acta dice que se procede a decomisar 94,000.00 Mil Lempiras los cuales se encontraban en el vehículo con registro No. 4862, por lo que no existe lógica alguna que con lleve a sentenciar a mi representado, cabe mencionar que los aparatos telefónicos decomisados a mi representado tampoco tienen vinculación alguna con ilícito penal, es preponderante mencionar que el señor SANTIAGO YUBINI CANALES, en su deposición manifiesta a preguntas del Tribunal que lo rescatan a las 8:30 de la noche, por lo que no concuerda la relación de hechos hecha por los demás testigos y los hechos probados por el tribunal, ya que se supone que capturan a los secuestradores en el mismo momento que dejan en libertad al señor CANALES, sin embargo depone la señora JACKELINE SANCHES ORELLANA; Quien declaro: esposa del ofendido, el 23 de octubre del 2012 era un día martes, yo recibí una llamada a las 3:35 de la tarde cuando me decía que mi esposo estaba secuestrado y me pedían la cantidad de cinco millones de lempiras y yo creía y yo pensaba que luego me volvieron a llamar y me dieron el nombre de mi esposo y las características del carro en el que andaba mi esposo, y me dijeron tiene que darlos los 5 millones y cuidadito le avisa a la policía porque fueron ellos quienes nos entregaron a este perro y si vas a poner la denuncia nosotros nos vamos a dar cuenta y lo vamos a matar y lo vamos a mandar en una bolsa y de ahí me cortaron, ya de ahí yo Salí donde la familia de el a comunicarles lo que estaba pasando para que tomáramos una decisión como familia y cuando ellos me llamaban yo les decía que me dieran tiempo que les estaba reuniendo el dinero y luego tomamos la decisión de poner la denuncia y me mandaron a antisecuestro y ellos me ayudaron cuando y recibía la llamada yo les pregunte como esta mi esposo y él lo que hacía era insultarme y me decía que si quería saber de mi esposo le iba a cortar un dedo y me lo iba a mandar en un bote para que yo mirara que ellos lo tenían en verdad ellos me lo tenían, yo lo que hacía era orar y decirle al señor que me ayudara, gracias a Dios la zona donde nosotros vivimos la gente nos quiere y me colaboraron así conseguimos recoger 144.000 lempiras cuando ya me cayeron las ultimas llamada yo los que les dije que ese dinero era lo que tenía 144,000 lempiras y que tomaran la mejor decisión posible y gracias a Dios colgó y al ratito me llamo y me dijo que me iba a aceptar ese dinero y que buscara a un taxi y que le diera el número y el nombre y de ahí me colgaron, le di el número de taxi y de la persona que iba a transportar el dinero y me dijo, solo te voy a decir algo, si a uno de mi banda o a mí me nos pasa algo te voy a buscar a la casa tuya y te voy a matar con ese perro y te voy a hacer picadillo yo se lo digo para que tomen cartas en el asunto porque nosotros somos gente trabajadora.- MINISTERIO PUBLICO.- ¿cuál era el número que tenía en ese momento? R/ eran bastantes números pero el que más usaban era el 95738958.- ¿de qué numero la llamaban recuerda?:96581777, pero eran varios chip que usaban.- ¿al principio cuanto le exigían por el recate de su esposo? R/ 5 millones y finalmente pague 144,000 lempiras.- ¿Quién fue el responsable de hacer el pago? R/Saúl.- ¿Después de que ustedes hacen el pago por el rescate cuanto tiempo después fue liberado su esposo? : R/ Saúl se fue como a las seis y media de ahí y a mí me llamaron como a las ocho v media que ya lo habían diciéndome que ya lo habían liberado. ¿Y usted sabe dónde fue Saúl a entregar el dinero? R/ por el aeropuerto ahí tenían un palo pintado de blanco y que le dijera que ahí pusiera el dinero. ABOGADO RAMON MATAMOROS. ¿Esa llamada que usted recibió se identificaron esas personas quiénes eran? R/ Nunca mencionaron nombres.- ¿ERA LA MISMA PERSONA QUE LLAMABA? R/ si.- ¿EN QUE CONDICIONES LLEGO SU ESPOSO A SU CASA? R/físicamente bien pero dentro de él iba destrozado.- ABOGADA LIDIA LOPEZ: ¿Cuántas VECES LA LLAMARON? R/ como quince 0 dieciséis llamadas.- ¿RECUERDA LA FECHA EN QUE SE PAGO EL DINERO? R/ el lunes 29 de octubre.- ¿Cómo FUE ESO DEL TAXI QUE BUSCO EL NUMERO Y EL NOMBRE SI LO RECUERDA? R/me dijeron que me iban a dar y que buscara un numero de taxi para transportar el dinero pues ahí estaba una cuñada de mi esposo y ella tiene un primo que es taxista y ella llamo a Saúl para que el me hiciera esa gestión ellos me regresaron la llamada y él me dijo que se lo pasara y ya paso el a negociar directamente con Saúl de mi teléfono. ¿Y EN ESE MOMENTO QUE LE DIJO SAUL QUE HABIA NEGOCIADO? R/ me dijo que le había entregado el dinero y que le había dado instrucciones y le dijeron que tenía que ir y lo pararon en una gasolinera creo que en la uno que le dieron instrucciones ¿CÓMO IBA EL DINERO? R/ IBA EN UN SOBRE DE MANILA EN UNA BOLSA NEGRA.¿DESPUES QUE LE CONTO EL? R/ de la gasolinera me comento que por el aeropuerto que le iban dando instrucciones.- ¿Dónde ESTA UBICADA ESTA GASOLINERA? R/por la colonia planeta le dijeron que abriera las puertas del taxi y que se fuera y manejara y que Cuando fuera y cuando llego por el aeropuerto le dijeron que se bajara a la cuneta y que pusiera el dinero en un palito pintado de blanco y de ahí Saúl se vino.- ¿Y QUE PASO CON EL DINERO? R/ la policía lo recupero el dinero, solo 94.000 y 50.000 como que ya se 10 habían repartido.- ABOGADA DELIA VILLATORO: ¿Qué ACCIONES REALIZO LA POLICIA CUANDO USTED PUSO LA DENUNCIA? R/me tomaron la denuncia me hicieron que les narrara los hechos y de ahí ellos me derivaron a antisecuestros para que ellos le dieran seguimiento al caso.- ¿Qué HICIERON? R/ me mandaron un agente a mi casa para que me ayudara a negociar el me instruía para que tenía que hacer, y habían veces que yo no podía hablar y me decía que me controlara y el hacia su parte.- ¿Cuál ERA LA PARTE DE EL? R/ él me decía que iba a monitoreando las llamadas e información de donde podían estar y ese día llego desvelado y me dijo casi a las dos habían llegado y a las seis lo iban a recoger para que estuviera conmigo.- ¿Y CUANDO EL LE EXPLICO DONDE TENIAN DONDE ESTA UBICADO SU ESPOSO LE DIO MAS DETALLES? R/ no el solo me dijo que ya lo habían liberado.- ¿USTED SUPO DE SU ESPOSO POR LA INTERCEPCION DE ELLOS HASTA QUE YA LO HABIAN LIBERADO? R/si pero él no me daba referencia de lo que hacían. ¿Cuándo usted DICE MONITOREANDO LAS LLAMADAS QUE DEBEMOS ENTENDER POR ESO? R/ a través del número mío y de los números de ellos los monitoreaban.- ¿RECUERDA EL NUMERO DE TELEFONO QUE TENIA SU ESPOSO? R/99498210.- ABOGADO ANAIN ORELLANA: ¿USTED DICE QUE DESPUES DE ENTREGAR EL DINERO COMO A LAS 8:30 FUE LIBERADO SU ESPOSO DE LA NOCHE O DE LA MAÑANA? R/ de la noche y fue liberado en la Guadalupe.- ¿USTED RECIBIO LA PRIMERA LLAMADA CUANDO LE DIJERON QUE SU ESPOSO ESTABA SECUESTRDO? R/ si.- El testimonio del señor Canales y la señora Jacqueline son congruentes en cuanto a la hora en que dejaron en libertad al referido señor, ahora es de preguntarse si la señora entrego la cantidad de 144 Mil Lempiras, como es posible que la policía manifiesta que nunca perdieron de vista a la persona que haría la entrega pero lo decomisado solo son 94 Mil lempiras en qué momento se perdieron 50 mil lempiras, la señora Jacqueline, quien paga el rescate y cuenta el dinero se lo entrega a Saúl en una bolsa negra, sin embargo el dinero decomisado es encontrado en una bolsa gris, y el señor Saúl sale a las 6:30 pm que paso en todo ese tiempo si el dinero y la persona que lo llevaba se encontraban monitoreadas por las autoridades, como se extraviaron 50 mil lempiras, el Tribunal no hace la valoración de todas esas inconsistencias y lejos de eso condena a mi representado sin existir prueba fehaciente que lo involucre en el ilícito penal. Evidentemente el Tribunal infringe la regla de la lógica en su postulado de la derivación, porque con las declaraciones de estos testigos, es imposible determinar la culpabilidad de mi representado, en ese orden de ideas y al momento de analizar la deposición de los agentes pierden fuerza o credibilidad, por las incongruencias entre los referidos testimonios. en ese sentido el Tribunal ha infringido gravemente la lógica en su postulación de la derivación, debido a que con estas pruebas no se puede llegar a la certeza de condena, ya que en el caso de mi representado JOSE EMILIANO ABREGO, sólo existen rumores e indicios que no fueron corroborados, confirmados o acreditados por algún otro medio de prueba que ligara a mi representado con los hechos acusados, lo que sí se puede derivar del desarrollo de las pruebas es DUDA RAZONABLE lo que se traduce en absolución total de responsabilidad. En conclusión diré que en el caso Subjudice mi representado José Emiliano Abrego, con las declaraciones del señor Yubini, quien asevera que escucho el nombre de mi representado sin embargo no puede reconocerlo físicamente, ni reconoce el timbre de su voz, asimismo no se aportaron otras pruebas, como ser el reconocimiento de voz, no se verifico de quien era propiedad la casa en la cual fue encontrada la víctima, el dinero no fue seriado, no se realizó , ningún tipo de intervención telefónica, con la cual se verificara a quien pertenecían los números telefónicos que acreditaran quien realizaba las llamadas, y de que números llamaban, asimismo el Tribunal afirma que los números de teléfono decomisados a mi representado no tienen ningún tipo de vinculación al caso y es por tal razón que no le dan valoración alguna. Reitero que el Tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana crítica específicamente la LOGICA en su postulado de la derivación, ya que con las pruebas presentadas en el juicio oral y público el Tribunal no puede derivar la culpabilidad de mi representado en los hechos a él acusados, razón por la cual es procedente que el presente recurso sea declarado con lugar RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL YERRO. Siendo que el yerro que provoca la interposición del recurso de mérito se produce con el fallo mismo, sólo es posible la subsanación de éste a través del recurso de mérito y de ello resulta que no hubo reclamación ex-ante".” Continúa manifestando la Recurrente en su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EL CUAL LITERALMENTE DICE: "Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente" (las negritas y el subrayado es nuestro) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 8.2 que instituye: "Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad". De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: "Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código." CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCION.- Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal penal. PRIMERO: De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el hecho de no haberse identificado plenamente al imputado por el testigo de la acusación, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, no tuvo un tan solo testigo que reconociera a mi representado, en virtud que el señor YUBINI CANALES, manifestó que no recordaba a las personas que lo secuestraron, por lo tanto el referido testigo no hizo una identificación plena de los responsables de los hechos y al no reconocerlo en ningún momento del juicio y del proceso, no se enervo el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que mi representado fue condenado por un delito de SECUESTRO AGRAVADO, sin existir una sola prueba directa de su participación y mucho menos indicios que nos lleven a la conclusión que en efecto participó en los hechos sometidos a juzgamiento. El tribunal A-quo no contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en el ilícito, de mi patrocinado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; y además, puede comprobar que en la preceptiva Motivación de la Sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo infringiendo en ellos las Reglas de la Sana Crítica. Por ende corresponde será esta Honorable Corte, quien deberá realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación, de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. La Presunción de Inocencia supone que, como se parte de la Inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla; y es al Ente Acusador a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador es quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado; y no éste quien tiene que probar su inocencia. La Presunción de Inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. En el caso de mérito, se presentó a declarar al Juicio Oral y Público, el señor SANTIAGO YUBINI CANALES, JACKELINE SÁNCHEZ ORELLANA, CARLOS JOSE ZAVLA VELASQUEZ, GABRIEL ENRIQUE PONCE MENDOZA, WILMER SOTO, declaraciones que en su conjunto no logran enervar el estado de inocencia de mi representado tal y como se explicó en el primer motivo de casación. El Tribunal a los testimonios antes descrito les dio total credibilidad, sin embargo ello no es suficiente para tener certeza de la participación del Señor JOSE EMILIANO ABREGO, como autor del delito de SECUESTRO AGRAVADO, en perjuicio de SANTIAGO YUBINI CANALES, pues la Parte Acusadora no logró establecer plena identidad entre el Acusado y la persona que estaba cometiendo el ilícito. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, estos testigos nunca fueron contundentes en establecer que el señor JOSE EMILIANO ABREGO, participó en los hechos a él condenado, vulnerándose así el Principio de Inocencia que Constitucionalmente le asiste. La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra "Manual de Derecho Constitucional" (De Honduras) página 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA" y nos relata: "Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado". Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, extendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso subjudice en donde los Jueces han valorado prueba que no indica como responsable a mi representado. La jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: "La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable." Tal es el caso de mi representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el delito de SECUESTRO AGRAVADO en perjuicio de señor SANTIAGO YUBINI CANALES, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es DECLARANDO CON LUGAR el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde". FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA
Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Las Recurrentes inician su exposición solicitando que los Recursos y, con éstos, cada uno de los motivos planteados, sean resueltos en el orden de su exposición, sin embargo, considera esta Sala de lo Penal que la respuesta a cada recurso debe de realizarse en consideración a su naturaleza y principalmente en razón de su incidencia en la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia. Es por ello que el orden de respuesta a los recurrentes, haciendo pronunciamiento de cada recurso, será en el siguiente orden: Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada del señor José Emiliano Abrego. Único Motivo. Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República; en relación a los artículos 8.2 de la convención americana sobre Derechos Humanos y del artículo 02 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Violación del derecho/principio del estado de inocencia. Remedio de Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: No determinado por el Censor; y, Pretensión: Declarar ha lugar el recurso, dictando sentencia absolutoria que corresponde. Relata la recurrente, que el Ministerio Público durante todo el proceso, no tuvo un tan solo testigo que reconociera a su representado, el ofendido Yubini Canales, manifestó no recordar a las personas que lo secuestraron, por ello, no realizó una identificación plena de los responsables del hecho. Continuó exponiendo en su desarrollo recursivo, que el a quo no contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en el ilícito, para dictar un fallo de condena, aunando, que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha infringido las reglas de la sana crítica. Que, del desfile de las declaraciones testificales, no se logra enervar el estado de inocencia, pues fue condenado con prueba que arriba a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, la participación de su representado, por lo cual se ha infringido el derecho a la presunción de inocencia. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia. El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; éste derecho-principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente, en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: El proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República(Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá de examinar(Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que:
“183. Asimismo el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. A través de un motivo de casación basado en la infracción del derecho a la presunción de inocencia, la tarea de esta Sala de lo Penal no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas a presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero si puede este Tribunal de Casación verificar que, el a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Bajo esa premisa, no queda género de dudas que existe la comisión de los delitos de secuestro agravado, en perjuicio de Santiago Yubini Canales, según la calificación jurídica dada por el Tribunal de Sentencia a los hechos fácticos; lo que cuestiona la recurrente, es la insuficiencia probatoria para acreditar la participación del señor José Emiliano Abrego, en el hecho enjuiciado. La prueba de cargo aportada a debate para acreditar tales extremos es la siguiente: Declaración del testigo víctima Santiago Jubiny Canales López, el cual informó, entre otras cosas, lo siguiente: “…cuando en eso yo iba en mi carro y me interceptaron ellos, me bajaron del vehículo y me pasaron a otro, me vendaron y me amarraron de manos y pies y fue cuando uno de ellos dijo apúrate José Emiliano que nos pueden agarrar, después me pidieron el número de mi esposa de ahí cuando ya se hizo la liberación llegaron los policías” A preguntas del Ministerio Público respondió: “…¿Al momento de la liberación como fue que se dio? Cuando llegaron los de antisecuestro. Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) y la policía me tenían encerrado, gracias a Dios no había nadie conmigo, yo estaba solo en la habitación solo escuche los tiros y escuchaba que gritaban daban ordenes por que uno se escapó y lo siguieron y lo agarraron… ¿cuándo usted dice que escucho que dijeron José Emiliano apúrate donde fue exactamente? R: fue cuando me subieron en el carro que uno de ellos dijo apúrate José Emiliano que nos pueden agarrar, hasta ahí yo supe el nombre de ellos, vi a los dos pero nos los recuerdo físicamente ni nada… ¿Cuándo la policía ingreso a esa vivienda Cuántas personas estaban con usted? R/creo que habían dos personas…” Declaración de la testigo Jackeline Sánchez Orellana, quien informó ser “…Esposa del ofendido, el 23 de octubre del 2012 era un día martes, yo recibí una llamada a las 3:35 de la tarde cuando me decía que mi esposo estaba secuestrado y me pedían la cantidad de cinco millones de lempiras y yo no creía pensé que era una broma, luego me volvieron a llamar y me dieron el nombre de mi esposo y las características del carro que andaba mi esposo…” A preguntas del Ministerio Público respondió: “…cuál era el número que tenía en ese momento? R/ eran bastantes números, pero el que más usaban era el 9573-8958.- ¿de qué numero la llamaban recuerda? 9658-1777 pero eran varios chips que usaban…” A pregunta de los jueces respondió: “…¿cómo fue esto del taxi que busco el número y el nombre si lo recuerda? R/ Me dijeron que me lo iban a dar y que buscara un número taxi para transportar el dinero pues entonces ahí estaba una cuñada de mi esposo y ella tiene un primo que es taxista y ella llamo a Saúl…Y en ese momento que le dijo Saúl que habían negociado? R/me dijo que le había entregado el dinero y que le habían dado instrucciones y le dijeron como tenía que ir y lo pararon en una gasolinera, creo que en la uno que le dieron instrucciones…” Declaración del testigo Saúl Navarro Jiménez, el cuál informó que; “…A mí me llamaron, yo trabajo en taxi, a mí me llamaron para que hiciera una carrera y me deje ir a la casa de la persona que necesitaba la carrera ella se llama Tania mira que es urgente, entonces llegue y me dijeron que si podía ir a entregar un sobre, entonces cuando Salí con el sobre me fui a dejarlo al lugar que era la calle yendo al progreso al aeropuerto…” A preguntas del Ministerio Público respondió: “… ¿pero usted dice que lo llamaban a su teléfono explíquele al tribunal como estas personas se comunicaban con usted? R/ Cuando le pidieron el dinero a Jacqueline le dijeron que necesitaba el numero con quien mandaban el dinero para ubicarme mi a donde tenía que ir a dejar el dinero, de mi número no me acuerdo yo cambie de numero en ese momento…” Declaración del testigo Carlos José Zavala Velásquez: Quien entre otras cosas manifestó lo siguiente: “Comisario de Policía…cuando llego a la intersección de expocentro ya viene otro equipo que viene del otro lado lo cerramos y la patrulla le dije que esperara y los requerimos, iba en ese taxi el muchacho que esta aquí de camisa blanca y él lo iba conduciendo, cuando nosotros lo requerimos yo voy primero vemos si portaban armas y no portaban y abajo del asiento del conductor iba una bolsa de dinero…” A preguntas del Ministerio Público respondió: “… ¿Usted dice que observo esas personas? R/ si porque nunca los perdí de vista y son las personas que están ahí. Secretaria confirma nombre de los imputados a los que se refiere el testigo, lugar donde están sentados y nombres. El señor camisa blanca José Emiliano Abrego a lado del abogado Madrid y el señor de la esquina camisa color gris es el señor Juan Carlos Martínez de lado izquierdo y el señor Olivero Rodríguez de derecha a izquierda. ¿Quién era el que llevaba la bolsa? R/ José Emiliano Abrego…” Acta de allanamiento de fecha 29 de octubre de 2012 (F.4 al 5), ratificada en juicio por Agente de Investigación Carlos José Zavala, en el inmueble ubicado en el barrio Guadalupe, 20 calle, entre la de Norte 4 y 5 avenida, casa número 490, calle principal de San Pedro Sula, departamento de Cortés, detallando lo siguiente: que, al ingresar al dormitorio, lado derecho, en una esquina en posición de sentado, amarrado y vendado se encontraba el señor Santiago Yubini Canales López. En el interior de la vivienda se encontraban varias personas y al momento de ingresar a la misma una persona armada, quien al percatarse de la presencia de la policía, comenzó a disparar y la policía repelió el ataque, resultando muerto el individuo Darwin Orlando Maldonado Rodríguez quien portaba una arma de fuego, sin marca, cacha de madera con serie 3152, un poco borrosa pero legible, calibre 32 y el otro individuo al escuchar el enfrentamiento trató de darse a la fuga, intentando saltar el muro de bloque de la vivienda, el individuo identificado como Olivero García Rodríguez, a quien se le dio captura y al comenzar a inspeccionar dicha vivienda se pudo constatar que efectivamente ahí se encontraba una persona secuestrada, tratándose efectivamente del señor Santiago Yubini Canales López, quien había sido secuestrado el día martes 23 de octubre del 2012, en horas de la tarde - firmas ilegibles.- Juez Ejecutor - Analista Investigador. Acta de decomiso practicada al señor Jose Emiliano Abrego (F.33), ratificada en juicio por el Agente de Investigación Gabriel Ponce, en la que se describe el decomiso de un teléfono celular marca Nokia, color negro, con su número de IMEI 356410020861671, modelo VL5V890MAH3.7V, con su chip Tigo, con serie 8950402104 089327932 y su respectiva batería en buen estado; un teléfono celular marca Nokia de pantalla táctil modelo VLSJ1320MAH3.7V.4.9WH, de color gris con blanco, un chip Tigo con número de serie 895040241.2001289940 y su respectiva batería en buen estado. Firmas ilegibles. Acta de decomiso practicada al señor Jose Emiliano Abrego (F. 42), ratificada en juicio por el Agente de Investigación Gabriel Ponce, en la que se describe el comiso de una bolsa gris transparente conteniendo en su interior ciento ochenta y ocho billetes de denominación de quinientos Lempiras (500) haciendo un total de noventa y cuatro mil Lempiras (94,000.00), el cual se encontraba en el vehículo marca Toyota Modelo Corolla año 2000, color blanco, VIN. 2T1BR12E4YC329993 propiedad de Gilmer Humberto Rodríguez Saavedra, placa AAR 1694, con registro número 4862 del área de San Pedro Sula.- Firmas ilegibles. Acta de registro personal practicada al señor Jose Emiliano Abrego (F.44), ratificada en juicio por el Agente de Investigación GABRIEL PONCE, en la que se describe que se le encontró un teléfono celular marca Nokia color negro con su número de IMEI 356410020861671, modelo BL 5B890 MAH 3.8V, con su chip Tigo con serie 8950402102 089327932 y su respectiva batería en buen estado un teléfono celular marca Nokia de pantalla táctil, modelo BL 5J1320MAH3.7V4.9WH, de color gris con blanco, un chip Tigo con número de serie 8950402412001289940 y su respectiva batería en buen estado.- firmas ilegibles. Acta de inspección de decomiso de vehículo (F. 36), ratificada en juicio por Agente de investigación Gabriel Ponce, se describe lo siguiente: Un vehículo Marca Toyota, Tipo Corolla, Color Blanco, año 2000, VIN 2T1BR12E4YC329993, chasis 2T1BR12E4YC329993, motor 1ZZ-9341 774, propiedad de Gilmer Humberto Rodríguez Saavedra, decomisado a Juan Carlos Martínez, identidad 0401-1977-01865, con accesorios internos, 4 alfombras de color negro, un radio marca Toyota en regular estado, 2 vías traseras en regular estado, pintura general, en el lado derecho del conductor en la parte del piso se encontró una bolsa de color gris transparente conteniendo en su interior dinero en moneda nacional, accesorios externos, 4 llantas con su respectivo rin, 2 retrovisores en regular estado, pintura general en regular estado, vías delanteras en regular estado, dos vías traseras en regular estado, cola de pato en buen estado, golpe en el bomper trasero del lado izquierdo pintado de color gris (masilla).- observaciones placa AAR-1694, con registro número 4862, área San Pedro Sula - Firmas ilegibles.- Propietario y Agente de Investigación. Información telefónica de la compañía Tigo de fecha 26 de octubre del 2012 (F.122-140), en la que se establece lo relacionado al detalle de llamadas, mensajes, transferencias de saldos, entrantes y salientes de los teléfonos celulares números 96581777, 95738958, 97766501,99448210,97888576 y 96764848, en el periodo de tiempo comprendido desde el 15 de octubre del 2012 al 24 de octubre del 2012, el origen, celdaje, duración, IMEIS, nombre del distribuidor que los vendió, haciendo la aclaración que Celtel no tiene la capacidad técnica para la transcripción de los mensajes de texto.- INFORMACION OFICIO 24 DE OCTUBRE DEL 2012 CELULAR.- 96581777- STATUS.- ACTIVO.- NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR - Comercial el Amigo (prepago), dirección del distribuidor - 5ta calle, 2 y 3 avenida, Barrio El Centro - Cliente.- Salatiel Pineda Murcia - identidad 0107 1971-01834.- FECHA DE ACTIVACION.- 10 del 10-2012 - CELULAR - 95738958. STATUS- ACTIVO.- NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR- Tecnifotos La Estrella (prepago) dirección del distribuidor.- Boulevard El Centro, Santa Rosa del Norte, Mezapa, Atlántida - Cliente - Jacqueline Sánchez Orellana - identidad 0501 1981-06650 - domicilio - Colonia Cerrito Lindo, calle principal, lote 9.-FECHA DE ACTIVACION.- 08 del 02-2010.- CELULAR.- 97766501 - STATUS.- ACTIVO. NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR.- Planeta Móvil (prepago) -Dirección del Distribuidor.- Guamilito 4ta calle 4 y 5 avenida - Cliente - Santiago Yubini Canales López.- identidad 0502-1979-00767.- domicilio.- Colonia Cerrito Lindo, bloque 9, casa 22.- FECHA DE ACTIVACION.- 10 del 02-2012.- CELULAR - 99448210.- STATUS.- ACTIVO.- NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR.- Tecnoplanet (prepago).-Dirección del Distribuidor
- Centro Comercial Megaplaza - Cliente.- Juana de la Cruz Zuniga.- identidad 0816-1937-00324. domicilio.- Colonia Kennedy, bloque súper manzana, casa 4543.-FECHA DE ACTIVACION.- 23 del 12-2004. CELULAR 97888576 - STATUS.- ACTIVO.- NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR.- Inversiones ADC/Postelsa (prepago)
- Cliente.- Jaqueline Sánchez Orellana - identidad 0501-1981-006650- domicilio Colonia Cerrito Lindo Calle Principal, lote 9-FECHA DE ACTIVACION - 15 del 10-2010 - CELULAR 96764848.- STATUS- ACTIVO - NOMBRE DEL CLIENTE O DISTRIBUIDOR Tecnocel (prepago) -Dirección del Distribuidor - Centro Comercial Megaplaza Cliente. Jakelin Sánchez Orellana - identidad 0501-1981-006650.- domicilio Colonia Cerrito Lindo, Calle Principal, lote 9 - FECHA DE ACTIVACION - 19 del 07- 2011 - REPORTE DE IMEI- REPORTE TELEFONICOS 96581777, 95738958, DE IMEI DE LOS NUMEROS 97766501, 99448210, 97888576 v 96764848 comprendido de las fechas 15 de octubre del 2012.- agregado en los folios 126-128 - REPORTE DE MENSAJES DE LOS NUMEROS TELEFONICOS, 95738958 97766501, 99448210, 97888576 y 96764848, AGREGADO EN EL FOLIO 130 - REPORTE DE LLAMADAS DE LOS NUMEROS TELEFONICOS 95738958, 96581777, 96764848, 97766501, 97888576,99448210, mismo que se encuentran agregados en los folios 131-140. Auto motivado de solicitud de devolución de dinero (F.199-200), en el que se consigna lo siguiente: VISTA. Por el Licenciado Mártir Avilio García Cárdenas, la solicitud de devolución de dinero en efectivo NOVENTA Y CUATRO MIL LEMPIRAS (L 94,000.00), presentada por la señora Jacqueline Sánchez Orellana, manifestando su condición de propietaria de dicho dinero, de generales mencionadas en la solicitud. - POR TANTO: esta sede fiscal invocando las facultades del artículo 136 del Código procesal Penal Resuelve: A.- Declarar con lugar la solicitud de devolución del dinero 94,000.00 Lempiras exactos presentada por la señora Jaqueline Sánchez Orellana, quien ha invocado condición de propietaria de dicho dinero, y de generales mencionadas en la solicitud - B.- dejar sin valor y efecto el auto denegatorio de devolución de fecha 30 de noviembre del año 2012
- C - darle traslado del presente escrito acompañado del expediente del caso, a la coordinación de Fiscalía Especial contra el crimen Organizado de San Pedro Sula para que en su condición de superior jerárquico, autorice o deniegue la autorización para que se proceda a la devolución del dinero antes mencionado.- CUMPLASE. Acta de Diligencia Policial y Control de Llamadas (F.26-27), se consigna lo siguiente: Se precedió hacer la respectiva instalación del equipo de grabación, la cual será utilizada para llevar a cabo la negociación y pago de rescate del señor Santiago Yubini Canales López, en la cual exigen la cantidad de 5,000.000.00 millones de Lempiras, el equipo consta de una grabadora marca Olimpos, con su respectiva batería en buen estado, un parlante con su cable en perfectas condiciones y los audífonos para escuchar grabaciones. Control de llamadas (F.27) se establece el registro de 24 llamadas telefónicas, las cuales inician en fecha 24 de octubre del año 2012, estableciéndose como número de la familia el 95738958, número de secuestrador se registraron dos diferentes números entre estos 9817-6124 y 9972-7105, iniciando las llamadas en fecha 24 de octubre del 2012 a las 13:46 p.m.; finalizando el 29 de octubre del mismo año, a las 17:35 p.m., se consigna los requerimientos de dinero a cambio de la liberación de la víctima, indicando la cantidad de cinco millones de lempiras y la negociación de la cantidad requerida, así como amenazas a la vida de la víctima sino se hace efectivo el pago de la cantidad exigida, finalmente en fecha 29 de octubre del 2012, en llamada registrada del número 95738958 proveniente del número 9972-7105 a las 16:50 pm, se pacta la entrega de la cantidad de 140,000 Lempiras a cambio de la liberación de la víctima exigiendo que dicha cantidad se envié en un vehículo tipo taxi, concediendo pruebas de vida de la víctima, así como también se pone en contacto para dar instrucciones a la persona que haría la entrega del dinero, esto ocurre a las 17:35 pm. Wilmer Alexis Soto Matamoros; ratificó en todas y cada una de sus partes, el acta de instalación de equipo, control de llamadas y acta de desinstalación de equipo, (F.202, 203 y 204) quien indicó que efectivamente esas actas fueron realizadas por su persona y que ratifica el contenido de las mismas, así como la firma que calza en ellas, la cual es de su puño y letra. A preguntas de las partes respecto a las actas contestó: “Las escuchas se iniciaron el 24 de octubre del 2012, el secuestro fue el 23 y yo fui juramentado el 24, después de ser juramentado a las dos o tres horas empezamos las grabaciones, el equipo se instaló en la casa de la madre del señor Canales, la señora Gumercinda López, se finalizaron de realizar las grabaciones y escuchas, el 29 de octubre, se terminó en esa fecha porque ahí finalizó la negociación y la entrega del dinero, una vez finalizada la negociación con ellos, llamaron la esposa de la víctima, le exigen el vehículo que se va trasladar la persona, y ya cuando se van en el vehículo, ellos llevan la comunicación con la persona que va en el vehículo, ellos son los que lo van dirigiendo hasta el lugar que tiene que desplazarse, además de esta diligencia, yo le tome la declaración de la víctima, yo estaba ahí cuando se recibió la llamada para que la persona saliera a dejar el paquete de la entrega, pero no fue grabada porque ya era a otro celular y ya le habíamos dado el número que tenía que llevar la persona que iba entregar el dinero, pero no la pudimos grabar, una vez saliendo de la casa con el dinero él iba en comunicación con los secuestradores, la persona que llamaba se escuchaba que su voz era de sexo Masculino, exigieron como rescate finalmente la cantidad de ciento cuarenta mil Lempiras, ellos solo decían "ya sabes quién te habla" no mencionaban nombres, ellos dijeron que era la última vez que iban a llamar y que si lo mataban iban a cobrar un seguro porque no querían pagar, el número 95738958 pertenece a la esposa de Yubini Canales, solo a ese número se comunicaron, quisieron comunicarse con la hermana del señor Canales de nombre Wendy, pero no pudieron”.Gabriel Enrique Ponce Mendoza, Agente de Investigación, ratificó en todas y cada una de sus partes las siguientes actas: Acta de Registro Personal y Acta de Decomiso realizadas a los señores José Emiliano Abrego y Juan Carlos Martínez, (F.33, 39, 42 y 44), quien manifestó que “ratifica en todas y cada una de sus partes las actas que se le ponen a la vista y que efectivamente fue él quien realizó las misma, así como también, que es su firma la que calza en tales documentos” A petición del Ministerio Público, se puso a la vista al ratificante dos teléfonos celulares los cuales se propusieron como evidencia y se describen como: 1- Un teléfono celular marca Nokia, color negro con número de IMEI 356410020861671, modelo BL 5B 890, MAH 3.7V, con su respectivo chip de la empresa Tigo serie 8950402102089327932.-2.- Un teléfono celular, marca Nokia de pantalla táctil, modelo BL5J1320MAH 3.7 4.9 WH. de color gris y blanco, con chip de la empresa Tigo número 8950402412001289940. Indicando que estas evidencias fueron encontradas en la bolsa derecha del pantalón, ambos aparatos y que son los mismos aparatos que se le ponen a la vista, los que se describen en las actas; el registro se practicó en las oficinas de Servicios Especiales, en la colonia Jardines del Valle. Evidencia Física: 1) Un teléfono celular marca Samsung, con número de IMEI 358316044991717, MODELO GT 53850, color blanco, pantalla táctil, con chip de la empresa Tigo serie 8950402402094880598. 2) Un teléfono celular marca Nokia, color negro, con IMEI 356410020861671, modelo BL5B890, con chip de la empresa Tigo serie 8950402102089327932. 3) Un teléfono marca Nokia de pantalla táctil, modelo BL5J1320 MAH3.74.9WH, de color gris y blanco, con chip de la empresa Tigo, número de serie 8950402412001289940. Los anteriores medios probatorios descritos y enumerados fueron razón suficiente para que el Tribunal de Sentencia dictara juicio de culpabilidad en contra del señor José Emiliano Abrego, como autor responsable del delito de Secuestro Agravado en perjuicio de Santiago Yubini Canales López. La tarea consiste en corroborar la suficiencia de los medios probatorios y el sentido de cargo que tienen, así como la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal sentenciador de instancia. En este sentido, la prueba toral sobre la cual descansa la tesis acusatoria consiste en la declaración del testigo Santiago Yubini Canales López, la cual fue veraz para el Tribunal de Sentencia en aspectos objetivos y lógicos tales como: ser víctima del hecho y vincular de manera categórica al señor José Emiliano Abrego. Dicha declaración testifical describe de forma detalla el hecho enjuiciado y contrario a lo indicado por la recurrente, está rodeada de corroboraciones periféricas de carácter objetivo, como ser la prueba documental y pericial, que acreditan que dicho acusado participó de manera directa en el hecho, siendo la persona a quien se le decomisó una bolsa gris transparente conteniendo en su interior ciento ochenta y ocho billetes de denominación de quinientos Lempiras (500) haciendo un total de noventa y cuatro mil lempiras (L 94,000.00) que momentos previos, fue entregado para el rescate de la víctima; por lo que, los concretos elementos probatorios de cargo referidos en la sentencia impugnada cumplen con la exigencia constitucional para superar los mínimos necesarios que doten de suficiencia la declaración de culpabilidad que enerva la presunción de inocencia del recurrente. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del señor Juan Carlos Martínez. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 361 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Case la sentencia de mérito.Del desarrollo recursivo, no ha sido posible deducir cual regla de la sana crítica ha sido infringida por el juzgador, de igual manera, la norma autorizante señalada es contrario del quebrantamiento de forma, sin embargo, este último no es motivo para rechazarlo de plano, siendo que se deduce del desarrollo que cuestiona las reglas de la sana crítica, aunque esté falto de debida técnica. Ante lo anterior, el recurrente luego de describir aspectos que resultaron de la evacuación de la prueba, realiza sus propias valoraciones de las mismas, que su representado no tuvo participación alguna en el delito que se le imputó y por el cual merecía una sentencia no condenatoria, sino absolutoria. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada del señor José Emiliano Abrego. Único motivo. Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal Sin determinar por el recurrente; Concepto de la infracción expuesto: En la valoración de la prueba no se observaron las Reglas de la Sana Crítica; Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad por cometerse el yerro en la sentencia misma; Pretensión: Declarar ha lugar. La defensa privada del señor José Emiliano Abrego, inicia la exposición de su único motivo por quebrantamiento de forma, explicando que conforme a los hechos probados, el accionar de su representado concluyó en condena, sin embargo, a su criterio, en el caso subjudice, no se concluye así, debido que analizada la sentencia recurrida, las pruebas presentadas en su contra y la valoración de ellas por el tribunal, los juzgadores violentan la regla de la lógica en su postulado de derivación, pues a su criterio, de las pruebas presentadas en juicio y razonadas, no es posible derivar en condena para su representado; luego la recurrente, describe fragmentos de lo resuelto por la prueba testifical del señor Santiago Yubini Canales López, relato que a criterio del censor, se inobserva la reglas de la sana crítica; en su desarrollo recursivo, señala sendas contradicciones de la prueba, sin que pudiera sespecificar el razonamiento del juzgador en referencia a esas contradicciones, que a su criterio infringen la regla lógica de derivación. Finaliza la recurrente, que el tribunal ha infringido gravemente la lógica en su postulado de la derivación, debido a que, con las pruebas es imposible llegar a la certeza de condena, pues en el caso de su representado José Emiliano Abrego, sólo existen rumores e indicios que no fueron corroborados, confirmados o acreditados por algún otro medio de prueba que ligara a su representado con los hechos acusados, por lo que según la recurrente es posible derivar una duda razonable. Los recursos antes descritos se interrelacionan entre sí, ante la falta de una debida técnica, por lo que es procedente resolverlos en un mismo pronunciamiento. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia.
Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la lógica no formal, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. La Derivación: Exige que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí.2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacerse un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el caso subjudice, cuando se cuestiona la violación a las reglas de la sana critica, es incorrecto lo expuesto por los recurrentes, dado que identifican contradicciones e inexactitudes, no en el razonamiento judicial (que es el que se controla en casación), sino que lo hace a los medios de prueba, lo que no puede ser objeto de revisión por la Sala de lo Penal, pues ello implicaría valoración de prueba. Exponen una reflexión, que parte de una valoración privada y personal de los medios de prueba, olvidando que el tribunal de casación no hace valoración de prueba, mucho menos una ponderación conjunta de la carga probatoria para determinar acreditación de delitos y de responsables; como se ha indicado ut supra, la potestad legal de la Sala de lo Penal se limita exclusivamente a determinar si el razonamiento judicial se encuentra dentro del canon de las normas que pautan el recto entendimiento, determinación que se hace partiendo exclusivamente de lo que definen los recurrentes como aspectos sujetos a impugnación, que en el presente caso resultaron no demostrativos de vicio e impropios de una correcta técnica recursiva casacional. Como consecuencia, al ser falto de la debida técnica recursiva los recursos planteados, ninguno de los argumentos tiene la propiedad para poder darles una respuesta de fondo. DECISIÓN. No Ha Lugar al Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en cada uno de sus motivos. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. A.- Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez/a deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado.
El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben de ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la
decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto. En el caso de los señores José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez, conforme a los hechos probados, actuaron como coautores de un delito de Secuestro Agravado, por lo que se les impuso una pena de veintiún años de reclusión a José Emiliano Abrego y Olivera García Rodríguez; veintidós años de reclusión a Juan Carlos Martínez, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad, y las consecuencias penales de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito.
La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, de igual manera como Secuestro Agravado (Art. 240), cuya pena es de: i.- 12 a 15 años de prisión; e ii.- Prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena; cuando concurre alguna de las circunstancias siguientes: 1) El autor logra el cumplimiento de la condición; 2) La condición consiste en exigir a los poderes públicos nacionales o de un gobierno extranjero, alguna medida, concesión o resolución legal o ilegal; 3)La privación de libertad exceda de setenta y dos (72) horas; 4) La persona secuestrada es menor de dieciocho (18) años, mujer embarazada, persona de avanzada edad, especialmente vulnerable o que padece una enfermedad que le impide valerse por sí misma; 5) La persona secuestrada es funcionario o empleado público y el secuestro se ha cometido por hechos ligados al ejercicio de sus funciones; 6)La persona secuestrada es diplomático o cónsul acreditado en Honduras o de tránsito por el territorio nacional o miembro de una organización internacional, su cónyuge o conviviente, ascendiente, descendiente o familiares por consanguinidad o afinidad, siempre que los acompañen; 7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8) El delito se comete con simulación de autoridad o funciones públicas; o, 9) Se le administra a la víctima drogas o cualquier sustancia que anula o debilita su voluntad. Ante la concurrencia de dos o más circunstancias anteriores se debe imponer la pena de prisión de 15 a 20 años. Del hecho probado se describe que los acusados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez privaron de la libertad al señor Santiago Yubini Canales López más de setenta y dos horas (agravante del artículo 240 numeral 3); desde el 23 al 29 de octubre del año 2012, quienes lograron el cumplimiento de la condición (agravante del artículo 240 numeral 1), al recibir lo exigido, siendo la cantidad de ciento cuarenta mil lempiras; por lo que el marco abstracto de la pena que debe de ser impuesta es de 15 a 20 años de prisión, más las penas accesorias correspondientes. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta a los acusados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez conforme el CP-144-83 es mucho más gravosa que aquella que contempla el CP 130-2017 para el mismo hecho delictivo, por lo que corresponde la aplicación retroactiva de este último cuerpo normativo por ser más favorable al caso concreto. A partir de lo anterior se procede individualizar la pena conforme dispone el artículo 70 del CP 130-2017: acorde a los hechos declarados probados, no concurre ninguna circunstancia atenuante ni agravante contempladas en los artículos 31 y 32 del cuerpo legal señalado; por otra parte, consta en la sentencia que el Ministerio Público no acreditó la existencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad en la audiencia de individualización de la pena concreta, siendo que la mencionada es inherente al tipo penal de secuestro agravado; la única actividad probatoria, fue la ofertada por las defensas de los condenados José Emiliano Abrego y Olivera García Rodríguez, consistente en una constancia donde se informa que carecen de antecedentes penales; a excepción de la defensa del condenado Juan Carlos Martínez que no ofertó prueba alguna. Como consecuencia de lo anterior, se impone al condenado José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez, la pena de prisión en su límite inferior de 15 años, más la prohibición de residencia por el doble del tiempo de la pena de prisión a imponer. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo y No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, actuando en su condición de defensora privada de José Emiliano Abrego. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Brenda Janeth Cruz Hernández, actuando en su condición de defensora privada del señor Juan Carlos Martínez. Tercero: Declara la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por la conducta reprochada a los ahora condenados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez; en consecuencia, reforma el pronunciamiento primero, segundo y tercero de la parte resolutiva de la sentencia en el siguiente término: 1) Que debemos condenar y condenamos a los acusados José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez, de generales conocidas en el acumulado judicial, como coautores penalmente responsable de un delito secuestro agravado, en perjuicio del señor Santiago Yubini Canales López, a cumplir la pena principal de Quince años de Prisión; asimismo, a la prohibición de residencia por Treinta años; a la pena de prisión, deberá deducírseles el tiempo en que los condenados hayan estado privados de su libertad cautelarmente por la misma causa criminal; 2) Se condena a los señores José Emiliano Abrego, Olivera García Rodríguez y Juan Carlos Martínez a las penas accesorias de inhabilitación absoluta y suspensión de la ciudadanía por disposición constitucional (Artículo 41.2), por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión. Así como también a trabajar por el tiempo de la condena de prisión en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. 3) Se mantienen incólumes los demás pronunciamientos de la sentencia impugnada. Por lo cual, los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados ahora conforme las disposiciones del Código Penal 130-17. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán GARCÍA. MAGISTRADA José Olivio Rodríguez Vásq Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-132-2018.
MARIA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.