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Sentencia CP-125-18 — Registro 13099

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO NO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal al realizar el análisis del recurso planteado, encuentra que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para conformar su casación, lo que vuelve el recurso falto de claridad y precisión y por tanto no permite a esta Sala de Casación dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. En primer lugar, el recurrente establece en la suma de su escrito, que interpone recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, pero al momento de desarrollar su impugnación, únicamente hace referencia al supuesto quebranto de normas procesales conforme lo regula el artículo 362 del Código Procesal Penal. En el momento de explicar su motivo de casación, el recurrente no establece cual regla de la sana crítica considera violentada, tampoco indica cuales son los razonamientos erróneos del sentenciador, sino que efectúa alegatos de instancia estableciendo cómo -a su criterio- se debió valorar la prueba; el recurrente también consideró que en el presente caso no se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita de permanencia y pertenencia a la organización; al respecto recuerda esta Sala de lo Penal, que dichas alegaciones corresponden a recursos donde se invoque infracción de norma sustantivas; en fin el recurso se vuelve confuso y falto de claridad, lo que no permite a esta Sala de Casación dar una respuesta a sus controversias pues el censor ha faltado a la técnica necesaria para conformar un adecuado recurso de casación, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los diez días de marzo de dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal integrado por los Magistrados: José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador Por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 125-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha trece de diciembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló; Primero: Absolvió al señor Rony Roney Fuentes Alcántara, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Condenó al señor Rony Roney Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión. Tercero: Condenó al señor Rony Roney Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión las cuales deberá de cumplir una en pos de la otra, iniciando por la de mayor gravedad. Cuarto: Condenó al señor Rony Roney Fuentes Alcántara a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Quinto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Rony Roney Fuentes Alcántara por la indemnización de los daños causados por el delito. Sexto: Absolvió al señor Francisco Humberto Fuentes Alcántara, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Séptimo: Condenó al señor Francisco Humberto Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión. Octavo: Condenó al señor Francisco Humberto Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión las cuales deberá de cumplir una en pos de la otra, iniciando por la de mayor gravedad. Noveno: Condenó al señor Francisco Humberto Fuentes Alcántara a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Décimo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Francisco Humberto Fuentes Alcántara por la indemnización de los daños causados por el delito. Décimo Primero: Condenó al señor Levi Arnulfo Mencía Padilla, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión. Décimo Segundo: Condenó al señor Levi Arnulfo Mencía Padilla, como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión las cuales deberá de cumplir una en pos de la otra, iniciando por la de mayor gravedad. Décimo Tercero: Condenó al señor Levi Arnulfo Mencía Padilla a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Décimo Cuarto: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Levi Arnulfo Mencía Padilla por la indemnización de los daños causados por el delito. Décimo Quinto: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. Décimo Sexto: Se ordenó el comiso de las piezas de convicción y ejecución, siguientes: a) Un arma de fuego marca Girsan serie T6368-11C00263 decomisada en el allanamiento. b) Un arma de fuego serie VER 381457 marca Ruger, decomisada en el allanamiento. c) Dos armas de fuego, una tipo revólver con serie 17498, la segunda con serie 850047 decomisadas en los allanamientos. d) Los celulares que fueron decomisados en los allanamientos y periciados, descritos en el literal D, del numeral segundo de la valoración probatoria de presente sentencia. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, el Abogado Erin Baloy Luna Salgado en su condición de defensor privado de los acusados. Son Partes en la Única Instancia: Las Abogadas Rosmery Jojana Uclés Hernández y Sandra Leticia Rosales Paguada, en su condición de defensoras privadas de los señores Rony Roney Fuentes Alcántara, Francisco Humberto Fuentes Alcántara y Leví Arnulfo Mencía Padilla, como parte recurrente y la Abogada Ligia Cristina Roque Gómez, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados“PRIMERO: El día catorce de julio del año dos mil quince, siendo aproximadamente a las cuatro de la tarde, la señora DIMIS LICETH FUENTES transitaba junto a su hijo el testigo protegido F11, por la quebrada el Puercal, de la aldea Caiguala, del Municipio de Guayape, Olancho, transportándose en un caballo cuando fue interceptada por los señores RONY RONEY FUENTES ALCANTARA, FRANCISCO HUMBERTO FUENTES ALCANTARA quienes formaban parte de la banda criminal llamada LOS FUENTES ALCANTARA Y LEVI ARNULFO MENCIA PADILLA, quien formaba parte de la banda criminal conocida como LOS CASCARINES, acompañados de otros sujetos, todos con armas de fuego, quienes rodearon a la señora DIMIS. Acto seguido RONY RONEY obligó a la señora DIMIS LICETH FUENTES a bajarse del caballo, la tomó del pelo, la puso de rodillas y le dijo “ya sabes lo que nos debes”, contestando ella que no les debía nada, fue en ese momento que RONY RONEY Y FRANCISCO HUMBERTO FUENTES ALCANTARA le dispararon en cuatro ocasiones infringiéndole heridas en la cabeza y en el abdomen que le causaron la muerte de manera inmediata. Posteriormente RONY RONEY FUENTES ALCANTARA le ordenó a su hermano José Luis Fuentes Alcántara, que le diera muerte al hijo de DIMIS LICETH FUENTES el testigo protegido F11, contestándole éste que él no mataba a niños, y le dijo al menor que se alejara del lugar, quien así lo hizo, mientras tanto LEVIN ARNULFO MENCIA y los demás sujetos rodeaban la escena y vigilaban que nadie se acercara con arma de fuego en mano. Una vez que dieron muerte a la señora DIMIS, los señores RONY Y FRANCISCO FUENTES ALCANTARA, así como LEVIN MENCIA y sus acompañantes se alejaron del lugar. SEGUNDO: Después de dicho ataque a la señora DIMIS LICETH FUENTES, a Policía Nacional realizó varias diligencias de investigación, entre ellos varios allanamientos en fecha veinticinco de Octubre del año dos mil quince, a los domicilios de los imputados RONEY FUENTES ALCANTARA y FRANCISCO HUMBERTO FUENTES ALCANTARA, encontrando en la habitación del señor RONEY FUENTES ALCANTARA, un arma de fuego tipo revolver, serie l4498 de la cual no tenía permiso para portarla; y en el domicilio habitado por el señor FRANCISCO HUMBERTO FUENTES ALCANTARA, además de otras personas se encontró un arma de fuego 9 milímetros, marca Girsan, serie T6368-11C00263 la cual estaba registrada a su nombre y tenía permiso para portarla. TERCERO: De las investigaciones se determinó que los señores RONY RONEY FUENTES ALCANTARA y FRANCISCO HUMBERTO FUENTES ALCANTARA eran miembros de la banda criminal llamada los Fuentes Alcántara y el señor LEVI ARNULFO MENCIA PADILLA, era miembro de la banda llamada LOS CASCARINES ambas bandas operaban en el sector de las aldeas el Rosario, Santa Cruz, Terrenos Blancos, El Rodeo, San José, Orica, Vallecillo, Jocón, dedicándose a perpetrar varios hechos delictivos.” Recurso De Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma “MOTIVO ÚNICO: no haberse observado en la valoración de las pruebas las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en la parte final del numeral tres (3) del artículo 362 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO Según el artículo 202 del Código Procesal Penal, las pruebas serán valoradas de acuerdo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica la prueba producida. En el proceso penal no debe tenerse ningún hecho por cierto como un artículo de fe sino que, por el contrario, toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada. Los hechos probados deben tener sustento probatorio siempre. La afirmación de culpabilidad o inocencia debe estar respaldada por elementos de prueba por imperativo constitucional. Para apreciar la prueba de acuerdo al principio de razón suficiente, cada elemento aportado por un testigo documento u otro medio debe estar probado por otros medios de prueba de manera tal que entre todos formen un engranaje solido donde cada pieza es sostenida por otras, pero a su vez, a que forma parte del conjunto que sostiene a las demás cada elemento es prueba de los otros y los otros de este. Conclusión de lo anterior es que un elemento aislado no puede ser prueba por mucho que le merezca la confianza del juzgador. Vistas así las cosas se evidencia de los autos que el juzgador en el hecho probado expresa que el TESTIGO PROTEGIDO F 13 refiere que conoce a mis representados y que se dedican a la comisión de ilícitos penales como ser asesinatos robo de ganado y que son parientes entre si y estableciéndose área de operación sector de las aldeas el Rosario, Santa Cruz, Terrenos blancos, El Rodeo, San José, Orica, Vallecillo, Jocon. En cuanto a lo anterior, el tribunal falta a la verdad y hace una valoración incorrecta de la prueba; pues no toma en consideración que el MEDIO DE PRUEBA PERICIAL consistente en la extracción de la información de los aparatos telefónicos encontrados a los co-imputados y estableciéndose que en ninguno de los aparatos se encontró información que pudiese establecer un vínculo de comunicación que pueda demostrar comunicación alguna afecto de planificar actos ilícitos tampoco se establecio quienes eran los propietarios de los aparatos aunado a esto que los coimputados residente en distintas ciudades y municipios del departamento de Olancho asi mismo le da valor probatorio a la declaración e informe de estructura criminal ( folio 116 al 119) elaborado por el agente técnico LUIS ANTONIO BELTRAN CORDOVA quien al momento de rendir su declaración dice que el mismo es elaborado mediante información de fuente pero no presenta ninguna documentación soporte de esa información como ser una acta de recepción de información para validar su dicho tampoco realiza investigaciones atinentes a establecer la información que supuestamente recibió por lo cual no se demostró a nivel de certeza la participación de mis representados en el tipo penal de ASOCIACIÓN ILICITA “leemos:” ... que se aportó prueba suficiente para enervar el Estado de inocencia de los imputados Porque los medios probatorios han sido coherentes y complementarios entre sí, tanto la prueba testifical como pericial y documental…”nada más alejado de la verdad: la prueba en ninguna forma ha sido coherente y complementaria tomando en consideración lo anteriormente expuesto no se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita ELEMENTOS OBJETIVOS 1.- PERMANECER A UNA ORGANIZACIÓN 2,. PERTENECER A LA MISMA y el elemento subjetivo que esa permanencia y pertenencia sea con el propósito de cometer actos ilícitos. En cuanto al delito de Asesinato tampoco se estableció una certeza de participación en el mismo aunado a este hecho el Tribunal le dio valor probatorio a los reconocimientos fotográficos realizados por los testigos protegidos en el juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán cuando el mismo se hizo violentando garantías del debido proceso pues se hizo estableciendo un numero y el nombre del imputado en el álbum fotográfico lo cual hace que el medio de prueba carezca de valor probatorio por violentar el derecho a la defensa y el principio de igualdad de las partes. En resumen la prueba no ha sido valorada a la luz de la sana critica pues no es resultado de un pensamiento lógico del juzgador; y contraviene lo dispuesto en el artículo 202 del código procesal penal en relación con el numeral tras, en su parte final, del articulo (302) de dicho cuerpo de leyes. El vicio en mención fue cometido en el acto mismo de la sentencia por lo que no ha sido posible pedir su subsanación.” FUNDAMENTACIÓN DEL Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haber observado en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. *Reclamación ex ante: el vicio fue cometido en el acto mismo de la sentencia, por lo que no ha sido posible su subsanación. Pretensión: que se declare ha lugar el presente recurso de casación, que se anule el debate, el fallo y la sentencia recurrida. Explicó el recurrente que el juzgador, en el hecho probado expresó que el testigo protegido F13 refiere que conoce a los acusados y que se dedican a la comisión de ilícitos penales; arguye el censor en cuanto a eso, que el Tribunal falta a la verdad y hace una valoración incorrecta de la prueba, pues no toma en consideración que el medio de prueba pericial no encontró información que pudiese establecer un vínculo de comunicación que demuestre que se dedicaron a planificar actos ilícitos. Del Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que el Principio de Debida Técnica se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la casación en el fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido; antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso. Por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (en ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la Procedencia del Recurso. El Motivo no es de Recibo. Esta Sala de lo Penal al realizar el análisis del recurso planteado, encuentra que el recurrente no ha utilizado la técnica recursiva adecuada para conformar su casación, lo que vuelve el recurso falto de claridad y precisión y por tanto no permite a esta Sala de Casación dar una respuesta adecuada a sus cuestionamientos. En primer lugar, el recurrente establece en la suma de su escrito, que interpone recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma, pero al momento de desarrollar su impugnación, únicamente hace referencia al supuesto quebranto de normas procesales conforme lo regula el artículo 362 del Código Procesal Penal. En el momento de explicar su motivo de casación, el recurrente no establece cual regla de la sana crítica considera violentada, tampoco indica cuales son los razonamientos erróneos del sentenciador, sino que efectúa alegatos de instancia estableciendo cómo -a su criterio- se debió valorar la prueba; el recurrente también consideró que en el presente caso no se reúnen los requisitos objetivos y subjetivos del tipo penal de asociación ilícita de permanencia y pertenencia a la organización; al respecto recuerda esta Sala de lo Penal, que dichas alegaciones corresponden a recursos donde se invoque infracción de norma sustantivas; en fin el recurso se vuelve confuso y falto de claridad, lo que no permite a esta Sala de Casación dar una respuesta a sus controversias pues el censor ha faltado a la técnica necesaria para conformar un adecuado recurso de casación, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa privada del acusado. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y b. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores: a. Rony Roney Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión; como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión. b. Francisco Humberto Fuentes Alcántara, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión; como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión. c. Levi Arnulfo Mencía Padilla, como autor del delito de Asesinato, en perjuicio de la señora Dimis Liceth Fuentes a la pena de veinte años de reclusión; como autor del delito de Asociación Ilícita en calidad de miembro, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de trece años, cuatro meses de reclusión, haciendo un total de treinta y tres años, cuatro meses de reclusión Conforme las disposiciones del nuevo Código Penal decreto 130-2017, estos delitos se penalizan así: a. Artículo 193 regula el delito de Asesinato con una pena de 20 a 25 años de prisión. b. Artículo 554 regula el delito de Asociación para delinquir con una pena de 6 a 10 años y multa de 100 a 500 días para los simples integrantes. Al sumar ambas penas en sus límites menores y mayores, nos da como resultado una pena de 26 a 35 años de prisión tal como se explica a continuación: Asesinato: 20 a 25, Asociación para delinquir 06 a 10, Resultado de suma de ambas penas 26 a 35, En el caso sometido a juzgamiento se establece que a los señores Rony Roney Fuentes Alcántara, Francisco Humberto Fuentes Alcántara y Levi Arnulfo Mencía Padilla se les encontró culpables del delito de asesinato y además miembros de una asociación ilícita, y al ser considerado en la sentencia un concurso real, las penas impuestas a los acusados se suman y dan un total de 33 años 4 meses de reclusión, pena que está dentro del límite que nos da como resultado al sumar las penas establecidas para esos mismos delitos en el nuevo Código Penal, además que en el derogado Código Penal no tenía regulada una pena de multa el delito de asociación ilícita y en la nueva legislación penal si se regula una multa entre 100 a 500 días; en ese sentido no procede la aplicación del decreto 130-2017. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por el Abogado Erin Baloy Luna Salgado, en su condición de defensor privado de los señores Rony Roney Fuentes Alcántara, Francisco Humberto Fuentes Alcántara y Levi Arnulfo Mencía Padilla a quienes se les condenó por los delitos de Asesinato y Asociación Ilícita. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha trece de diciembre de dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-125-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012