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Sentencia CP-123-18 — Registro 14006

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado del delito de posesión de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. En lo que respecta al reclamo interpuesto, la Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente primeramente alega que el sentenciador infringe las reglas de la psicología porque los testigos son contradictorios y es evidente que declararon en cumplimiento de instrucciones dadas por el Ministerio Público. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal ha explicado a través de su jurisprudencia, que las reglas de la psicología, están referidas al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. En este sentido, lo que expone la recurrente como infracción a las reglas de la psicología, nada tiene que ver con una mala apreciación del juzgador en relación a la valoración del comportamiento de los testigos frente a un fenómeno natural, en este caso, la conducta extorsiva cometida en perjuicio del testigo protegido “AL 448” y las actuaciones de los agentes de investigación que participación en la captura del acusado, o bien, una mala valoración por parte del juzgador, en relación a un comportamiento social contrario a la psicología, llevado a cabo por dichos testigos. En igual término procede con la denuncia de las reglas de la experiencia, ya que denuncia su infracción basándose en argumentos que nada tienen que ver con juicios o valoraciones que el hombre común posee, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. La Sala de lo Penal no identifica en la intelectiva del juzgador el desarrollo de razonamientos que revelan ignorancia pura acerca del hecho objeto de juzgamiento. O bien, la citación de un hecho como común cuando no lo sea por obedecer a experiencias extraordinarias o estudios especializados. Tampoco afirma como común un hecho que exige demostración probatoria. Se identifica que el recurrente se ha dedicado a hacer una valoración particular y subjetiva de la prueba, en la que expresa el alcance valorativo que según él tiene cada medio probatorio de tanto de manera individual y como en su conjunto con los otros medios de prueba, lo que devela una queja sobre la valoración probatoria, no porque identifique la mala construcción de un silogismo judicial valorativo cuya formación transgreda alguna regla de la sana crítica, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que no es propio de la única instancia en sede casacional. No puede ni debe la Sala de lo Penal, sustituir la función valorativa del juez de instancia, pues es éste quien debe realizarla con arreglo a las reglas de la sana crítica y en apago a los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba; función que constituye un proceso directo del juzgador según los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Mucho menos, podrían sustituirla las partes (entre ellos, la defensa), pues tienen vedada esa posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los jueces de instancia, por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicados por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado la defensa en beneficio de sus particulares intereses. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, a la pena principal de quince (15) años de reclusión y multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos, por ser considerados coautores responsables penalmente del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AL-448, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, adicionalmente se condenó al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00), por ser autor responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta de extorsión reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373), cuyas penas principales son: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, que representan un marco abstracto de multa de diez mil lempiras (L 10, 000.00) a cinco millones de lempiras (L 5, 000,000.00); por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En relación a la conducta de facilitación de medios de transporte reprochada al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (artículo 312.5 del nuevo Código Penal), entendiéndose como tal: I. Diez mil gramos (10.000g) de marihuana; II. Mil gramos (1000g) de hachís; III. Dos mil gramos (2000g) de cocaína; IV. Dos mil gramos (2000g) de alcaloide derivado de la cocaína; V. Sesenta gramos (60g) de opio o de sus derivados; VI. Doscientos gramos (200) de droga sintética; o, VII. Cuatrocientos mililitros (400ml) cuando la droga sintética se encuentre en solución. Conforme los hechos probados, el señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, se encontraba en posesión de 6, 7 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, que representan en abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). Por tanto, tampoco corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en relación a esta conducta por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha once de noviembre del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 123-2018, que literalmente dice: “SENTENCIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los once (11) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 123-2018 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha ocho (08) de mayo de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, departamento de El Paraíso, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, del delito de posesión de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Condenó a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, por el delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AL 448, a una pena de quince (15) años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Santa Bárbara. Tercero: Condenó a los señores Ermes Ariel Mondragón, Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, a una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, a cada uno de los condenados, la cual deberán pagar al Estado de Honduras. Cuarto: Condenó al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, por el delito de Facilitación de los Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud de la población del Estado de Honduras, a una pena de seis (6) años de reclusión, misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de Santa Bárbara. Quinto: Condenó al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, a una pena de multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00), establecida por el delito de Facilitación de Medios de Transporte Para el Tráfico Ilícito de Drogas, la cual deberá pagar al Estado de Honduras. Sexto: Condenó a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena principal, así como también a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento carcelario, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario nacional. Séptimo: Declaró la responsabilidad civil de los condenados Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, la que será objeto de tasación en la sentencia. Octavo: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Noveno: Decretó el comiso sobre la cantidad de dinero puesta a la orden del tribunal como evidencia material del delito. Son partes en única instancia: La Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, en su condición de defensora privada del señor Juan Lorenzo Sánchez, como recurrente; y, la abogada Ligia Roque, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA. “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: El día lunes cuatro de agosto del año dos mil catorce, como a eso de la una de la tarde, la testigo protegido AL 448, se encontraba en su lugar de trabajo, cuando en ese momento llegó un individuo identificándose como miembro de la Mara “Los Chirizos”, siendo atendido por otro empleado a quien le entregó un teléfono celular con número 3163-6375, y le hizo la advertencia que debían contestar la llamada telefónica que se le iba a hacer en cualquier momento y que si no contestaban tendrían serias consecuencias. SEGUNDO: Después el testigo protegido AL 448, recibió llamadas telefónicas del número 3143-5437, en donde una persona que se identificó con el alias de mallorquín, exigía la entrega de DOCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (200,000.00) y la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (3,000.00) semanal, cantidad de dinero que deberían pagar el martes de cada semana. TERCERO: El día sábado veinticinco de octubre del año dos mil catorce, en horas de la tarde, después que la testigo protegido AL 448, hizo efectivo el pago, compareció a las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y describiendo las características físicas de los dos hombres que habían recibido el dinero, le mostraron el álbum fotográfico de los que operan en la zona oriental, pudiendo reconocer a los sujetos, siendo uno de ellos el que había llegado al negocio y quedando plenamente identificados Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez. CUARTO: En esa misma fecha, a eso de las siete de la noche (07:00 p.m.), los agentes Anti extorsión, se desplazaron de la ciudad de Tegucigalpa Francisco Morazán, hasta la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, y en coordinación con agentes de la Dirección Nacional Investigación Criminal, de esta ciudad, logran ubicar a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, quienes se encontraban en el establecimiento conocido como “Billares Alejandra”, procediendo a requerirlos y al realizarles el registro personal, se encontró al señor Juan Lorenzo Sánchez, tres celulares de diferentes marcas y tres simcard de la compañía claro, y al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, se encontró la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (2,000.00) en denominaciones de QUINIENTOS (500) lempiras y además dos envoltorios de hierba seca marihuana, con un peso de 6,7g y posteriormente se procedió a la detención del señor Juan Lorenzo Sánchez, y el señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza. QUINTO: Una vez detenidos los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, el testigo protegido AL 448, los identifico físicamente como las personas que, en horas de la mañana, de ese mismo día sábado veinticinco de octubre del año dos mil catorce, les había hecho efectivo el pago exigido, razón por la cual fueron trasladados hacia la posta policial de la ciudad de Danlí departamento de El Paraíso, para los trámites legales pertinentes.” SEXTO: Que, de acuerdo al Dictamen Toxicológico, la hierba seca encontrada a Ermes Ariel Mondragón Espinoza, es marihuana y supera la cantidad para consumo.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La parte recurrente, Abogada Ayling V. Pérez Fiallos, en su condición de defensora privada del señor Juan Lorenzo Sánchez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE ANTECEDENTES PROCESALES La presente causa inicia supuestamente en fecha Veinticinco (25) de Octubre del año dos mil catorce, aparentemente por el delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AL448, cometida por el señor JUAN LORENZO SÁNCHEZ, a pesar de no existir pruebas fehacientes que hayan probado plenamente a este Honorable Tribunal de Sentencia, que mi representado, haya participado en el ilícito penal, habiéndose probado que mi representado no es culpable de los hechos que se le imputan, por lo que fue un error haber condenado a mi patrocinado por un delito que no se cometió y que le correspondía al Ministerio Público, por medio de la Dirección Nacional de investigación Criminal, investigar a profundidad, de quienes en realidad habían cometido el delito de extorsión. HECHOS PROBADOS Valorando las pruebas practicadas en el acto el juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: PRIMERO: El día lunes cuatro de agosto del año dos mil catorce, como a eso de la una de la tarde, la testigo protegido AL 448, se encontraba en su lugar de trabajo, cuando en ese momento llego un individuo identificándose como miembro de la Mara “Los Chirizos”, siendo atendido por otro empleado a quien le entregó un teléfono celular con número 3163 6375, y le hizo la advertencia que debían contestar la llamada telefónica que se le iba hacer en cualquier momento y que si no contestaban tendrían serias consecuencias. SEGUNDO: Después la Testigo protegido AL 448, recibió llamadas telefónicas del número 31435437, en donde una persona que se identificó con el alias de Mayorquín, quien exigía la entrega de DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps.200,000.00) y la cantidad de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (3,000.00) semanal, cantidad de dinero que deberían pagar el martes de cada semana. TERCERO: El día sábado veinticinco de octubre del año dos mil catorce, en horas de la tarde, después que la testigo protegido AL 448, hizo efectivo el pago, compareció a las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión en Tegucigalpa, Francisco Morazán, y describiendo las características físicas de los dos hombres que habían recibido el dinero, le mostraron el álbum fotográfico de los que operan en la, zona oriental, pudiendo reconocer a los sujetos, siendo uno de ellos el que había llegado al negocio y quedando plenamente identificados como Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez. CUARTO: En esa misma fecha, a eso de las siete de la noche (07:00 pm), los agentes Anti extorsión, se desplazaron de la ciudad de Tegucigalpa, Francisco Morazán, hasta la Ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, y en coordinación con agentes de la Dirección Nacional Investigación Criminal, de esta ciudad, logran ubicar a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, quienes se encontraban en el establecimiento conocido como “Billares Alejandra”, procediendo a requerirlos y al realizarles el registro personal, se encontró al señor Juan Lorenzo Sánchez, tres celulares de diferentes marcas y tres simcard de la compañía claro, y al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, se encontró la cantidad de DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (2,000.00) en denominaciones de QUINIENTOS (500) lempiras y además dos envoltorios de hierba seca marihuana, con un peso de 6,7g y posteriormente se procedió a la detención a la detención del señor Juan Lorenzo Sánchez y el señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza. QUINTO: Una vez detenidos los señores Ermes Miel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, la testigo AL 448, los identifico físicamente como las personas que, en horas de la mañana, de ese mismo día sábado veinticinco de octubre del año dos mil catorce, les había hecho efectivo el pago exigido, razón por la cual fueron trasladados hacia la posta policial de la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso, para los trámites legales pertinentes. SEXTO: Que, de acuerdo al Dictamen Toxicológico, la hierba seca encontrada a Ermes Ariel Mondragón Espinoza. es marihuana y supera la cantidad para el consumo. PRIMER MOTIVO DE CASACION INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA EL CUAL LITERALMENTE DICE: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” (las negritas y el subrayado es nuestro). PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 361 del Código Procesal Penal. Dicha norma Constitucional en relación a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 81 que instituye: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”. De igual forma el Código Procesal Penal en su artículo 2 relata: “Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este Código.” CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCION. Violación del artículo 89 de la Constitución de la República en relación a los artículos 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y artículo 02 del Código Procesal penal. PRIMERO. De lo anterior se desprende que es una obligación del Estado y especialmente de los Tribunales que imparten Justicia en un Proceso Penal, el no escatimar ningún esfuerzo en la búsqueda de la verdad, para garantizarle a quien lo enfrenta, un Juicio Justo y apegado a derecho; el hecho de no haberse identificado plenamente al imputado por el testigo de la acusación, constituye una flagrante vulneración a la PRESUNCION DE INOCENCIA.- Resulta Honorable Corte, que la fiscalía del Ministerio Público durante todo el proceso, propuso la declaración del TESTIGO PROTEGIDO AL 448 supuestamente presencial del hecho, pero en virtud de presentarse a declarar en calidad de Testigo Protegido a la sala del juicio, su declaración fue rendida dentro de una cabina, ya que contaba con protección visual, misma que no permitió en ningún momento que el testigo tuviera ese contacto visual, con mí representado, por lo tanto el referido testigo no hizo una identificación plena del responsable de los hechos y al no reconocerlo en ningún momento del juicio y del proceso, no se enervo el Estado de Inocencia. SEGUNDO: Resulta Honorable Tribunal de Casación, que mi representado fue condenado por un delito de Extorsión, sin existir una sola prueba directa de su participación y mucho menos indicios que nos lleven a la conclusión que en efecto participó en los hechos sometidos a juzgamiento. El tribunal A-quo no contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en el de mi patrocinado, para dictar un fallo de condena, cerciorándose también de que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertades fundamentales y en correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción; y además, puede comprobar que en la preceptiva Motivación de la Sentencia se ha expresado por el Juzgador el proceso de su raciocinio, al menos en sus aspectos fundamentales, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir en ellos las Reglas de la Sana Crítica. Por ende, corresponde será esta Honorable Corte, quien deberá realizar una función valorativa de la actividad probatoria, actividad que se desarrolla en los aspectos no comprometidos con la inmediación, de la que carece, pero que se extiende a los aspectos referidos a la racionalidad de la inferencia realizada y a la suficiencia de la actividad probatoria. La Presunción de Inocencia supone que, como se parte de la Inocencia, quien afirma la culpabilidad ha de demostrarla; y es al Ente Acusador a quien corresponde suministrar la prueba de la culpa del ciudadano presumido inocente; no demostrándose la culpa, procede la absolución, aunque tampoco se haya demostrado claramente la inocencia, pues es el acusador es quien tiene que probar los hechos y la culpabilidad del acusado; y no éste quien tiene que probar su inocencia. La Presunción de Inocencia como verdad interinamente afirmada y mantenida, exige se demuestre lo contrario, la culpabilidad, o sea, que la desplace una prueba adecuada exigible en todo caso para que el tribunal pueda condenar. En el caso de mérito, se presentó a declarar al Juicio Oral y Público, el TESTIGO PROTEGIDO “AL 448” quien depuso: nosotros hace varios años estamos siendo víctima de extorsión por diferentes grupos en agosto del 2014 estábamos en el centro de trabajo cuando se presentó una persona varón y le entrego a un compañero de trabajo un telefonito un teléfono pequeño negro recuerdo bien uno se asusta cuando mira esas cosas entonces le dieron un teléfono negro con un contorno amarillito y se identificó que era de la banda de los chirizo entonces el compañero le tomo el teléfono y le dijo los van llamar y contesten la llamada si ustedes no contestan la llamada aténganse a las consecuencias porque los vamos a venir a pelar entonces rapidito se fue y al rato la llamada de una persona llamo otro hombre y también se identificó de la banda de los chirizos dijo que en delante nos íbamos a entender con el que él se iba identificar con nosotros como Marroquín o Mayorquín es un apellido pero uno de esos dos apellidos es pero es el apellido que dio y que teníamos que darle en ese momento teníamos quedarle 200,000 más teníamos que pagar señalan 3,000 lempiras semanales bueno a partir de esa fecha se depositaban ellos daban distintas cuentas de un banco y un compañero le tocaba ir a depositar en una semana otro en otra semana y así se les estuvo depositando de repente llegaron nuevamente al trabajo y ya iban dos entonces dijo el que ya no íbamos hacer depósito que ahora se les iba a entregar personalmente pues así se estuvo haciendo por un tiempo entregándoles en efectivo se presentó la denuncia a la Unidad sin mas no recuerdo creo que fue el 13 de agosto porque el día siguiente volvieron a llegar al punto de llevar lo que se les tenia y dijeron a ordenar porque ellos ordenaban que íbamos a entregar dos semanas adelantadas el 25 de ese mes que ese mes era octubre siempre del 2014 pero que ya rio iban a ir a recoger eso ellos que eso lo teníamos que venir a entregar aquí a Danlí que viniéramos a dejarlo acá en efectivo por que ellos ya estaban recibiendo en efectivo ese dinero pues bueno lo que nosotros teníamos que cada cuestión que sucediera teníamos que comunicársela a nuestro investigador desafortunadamente no nos pudimos comunicar con el muchacho porque no estaba no sabíamos a qué diligencia lo habían mandado porque no pude hablar entonces esa fecha yo vine a entregarles ese dinero allí en el desvió que va para allá al supermercado la colonia la orden era de que allí nos estacionáramos rapidito estaban dos uno que yo ya lo había visto otras veces porque ya había ido a recibir el otro solo esa vez lo vi allí cuando recibió ósea de que uno ya lo había visto otras veces pero al segundo hasta ese día lo vi allí cuando fue a recibir cuando regresamos yo fui y puse en conocimiento a la autoridad y ellos me mostraron a mi tienen unos álbumes de fotografía y entonces yo le dije si aquí están yo veo los dos tanto el que acabo de ver ahora en la tarde por allá como el que ya he visto otras veces que allá fue a retirar el dinero 6,000 lempiras entonces yo me fui para mi casa después de que puse en conocimiento a la autoridad porque a uno le da miedo salir involucrado en algunas cosas entonces yo me fui y ese mismo día a mí me llamo el agente en la noche ya como las 10:30 o 11 de la noche llamo y me dijo que si yo podía presentarme porque habían capturado a unas personas que ellos querían que yo los identificara pues así sucedieron las cosas y así hemos estado pagando esos dineros hasta el tiempo que lo capturaron inclusive hasta la fecha esta esos dinero retenidos por miedo de que vuelvan a empezar a llegar como ha ocurrido con otras bandas que de repente dejan 6 o 7 semanas que no aparecen y de repente vuelven a caer entonces con ellos tenemos esos dineros allí guardados por el temor de que si vuelven a llamar hay que pagarles porque uno teme por su vida eso es lo que puedo narrar ellos últimamente han llamado de otros teléfonos siempre de la línea de claro hay nuevos teléfonos porque ellos cambian ellos nunca llaman del mismo número ellos tienen diferentes números de teléfono entonces eso es lo que yo recuerdo y que en su momento yo presente una declaración y la denuncia y allí esta lo mismo que nos ha venido ocurriendo.- PREGUNTAS DEL MINISTERIO PUBLICO: ¿ quiero que me diga cuanto en efectivo entregaron a esa fecha que se puso la denuncia? R/ el día 14 que llegaron nosotros entregarnos tres semanas eran 9,000 lempiras porque son 3,000 lempiras semanales a veces ellos llegaban cada dos semanas y ya esa vez entregaron tres semanas después de la fecha el 25 de octubre entregamos los 6,000 lempiras que ellos adelantaron una semana ósea que cobran 3,000 por semana y ellos pidieron dos semanas que se les pagara ese 25 de octubre esas son las cantidades que tengo perfectamente bien claras. ¿Cuándo usted dice que le entregaron un celular que hizo este celular que le entregaron los extorsionadores? R/ se lo entregaron a un compañero que estábamos en el trabajo entonces le dije mire yo le voy a decir vámonos a antiextorsión vamos a ver si pueden ayudar o que, pero si ellos están pidiendo dinero hay que dárselos mientras tanto que pasa porque si nosotros ellos ordenan y no les darnos ellos decían que nos iba a ir a pelar. ¿Qué da a entender cuando les dijeron que los iban a pelar? R/ que nos iban a ir a matar. ¿Cuándo usted dice a uno ya lo había visto a quien reconoció? R/ a un muchacho delgado mire cuando ellos me llevaron a antiextorsión a reconocer a estos muchachos el agente me dijo que este muchacho se llamaba Ermes Mondragón, y el otro que es un señor un poco más crecidito 35 o 36 años en ese momento ese señor se llama Juan Sánchez, creo que me dijeron esos nombres me los proporciono el señor yo si lo que identifique en el álbum es que uno tenía el número 5 y el otro tenía el número 9 en ese álbum que se mostraron allí los nombres me los dio el agente. ¿Qué personas lo acompañaron hacer la entrega del dinero que le habían pedido? R/ mire no le voy a decir quien más porque yo aquí me estoy exponiéndome un monto, pero si vino alguien de mi casa. ¿Con cuantas personas venia? R/ solo la persona que traía el carro y yo nada más. PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿Nos podría decir que día y hora se efectuó dicha entrega? R/ el día mire pues hace más de dos años fue un día de semana le puedo decir un 25 de octubre ellos dijeron que teníamos que estar aquí a la 1 de la tarde y usted puede entender que cuando a uno le da una orden a una persona así uno trata de cumplir por temor. ¿Quién era el investigador a cargo de su denuncia? R/ yo no sé si estoy autorizada a decir del investigador a cargo porque es una persona de la antiextorsión y no sé si tengo autorización de dar nombres aquí por protección a mí ya la persona no se los señores jueces dirán.- El Juez Que Preside, si ella ha manifestado de que no se siente con la confianza de dar el nombre del agente pues considera el Tribunal porque por razones de seguridad al propio agente también; ¿Dónde se le mostro al álbum fotográfico? R/ en la oficina de antiextorsión. ¿Qué día y que hora? R/ el mismo día que nosotros pusimos la demanda el 13 ese mismo día creo que fue que me llamaron como a las 11 de la noche ya era de noche más o menos creo que si el mismo día fue porque hace más de dos años esto yo no me imagine que iba a venir hoy aquí. El A-quo le dio total credibilidad a la declaración del Testigo Protegido, ello no es suficiente para tener certeza de la participación del Señor JUAN LORENZO SANCHEZ, como autor del delito de Extorsión al testigo protegido AL 448, pues la Parte Acusadora no logró establecer plena identidad entre el Acusado y la persona que estaba cometiendo el ilícito. Y el reconocimiento al que hace referencia, no puede ni debe tomarse en cuenta, ya que dicha diligencia no fue realizada ante Juez Competente ni en la presencia de un defensor, tal como lo establece la ley; dicha diligencia es un acto meramente investigativo que no fue judicializado. El testigo es contundente al declarar que el Agente le proporciono los nombres de los encausados, en el momento del reconocimiento fotográfico, que al no practicarse un reconocimiento en rueda o un simple señalamiento en el momento del juicio oral, dejan una gran inconsistencia y duda respecto a la identificación real del acusado, el testigo protegido AL 448 afirmo que el único reconocimiento que hablan hecho fue ante los agentes de la Fuerza Nacional Anti extorsión, el 25 de octubre del año dos mil catorce a las 22:30 horas, mismo que se presentó a juicio y fue ratificado por el Agente MILTON ALEM MENDOZA BETANCOURTH, esas supuestas fotografías que fueron mostradas por los agentes, no sabemos si en efecto esas fotos corresponden a nuestro patrocinado, ya que el testigo protegido AL 448, manifiesta en juicio que reconoció a 2 personas una en la foto número 5 y la otra en la foto número 9, sin embargo el álbum fotográfico solo cuenta con 8 fotografías, cabe mencionar que dicho reconocimiento fue realizado en la Ciudad de Danlí, a las 22:30 (10:30 pm) de la noche, hora a la cual llamaron al testigo protegido que se encontraba en Tegucigalpa, y que manifiesta que hizo el reconocimiento fotográfico, hecho que es sumamente imposible en virtud de que de la ciudad de Danlí a Tegucigalpa, existen 2 horas de diferencia por ende dicha prueba es espuria y por ende, dicha diligencia vulnera el Principio de Inocencia, ya que el A-quo saca un razonamiento distinto al resultados de las pruebas. apoyándose en el reconocimiento fotográfico del Acusado, realizado en las oficinas de la Fuerza Nacional Anti extorsión (FNA), en la etapa de investigación de la comisión del ilícito penal; reconocimiento que por no haberse realizado con las formalidades prescritas en el Código Procesal Penal, no puede tener suficiente valor probatorio para enervar el Estado de Inocencia del Acusado y condenarlo, circunstancia que vieja la Sentencia Condenatoria y vulnera el Derecho a la Presunción de Inocencia que consagra el Artículo 89 de la Constitución de la República. TERCERO: En conclusión Honorable Tribunal de Casación, este testigo Protegido nunca fue contundente en establecer que las fotografías que les habían enseñado en la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA) correspondía en efecto a nuestro patrocinado, no llevaron estas fotografías al momento de juicio oral para que el testigo Protegido constatara dichos extremos y mucho menos se practicó un reconocimiento judicial que nos lleven a la convicción que mi representado JUAN LORENZO SANCHEZ, participó en los hechos a él condenado, vulnerándose así el Principio de Inocencia que Constitucionalmente le asiste. La jurista española María Félix Tena Aragón en su obra “Manual de Derecho Constitucional” (De Honduras) página 34 y 61, nos habla un poco acerca del Derecho a la “PRESUNCIÓN DE INOCENCIA” y nos relata: “Este derecho, en su vertiente de regla de juicio que es la que vamos a tratar en este tema, más allá de su contenido material, que será objeto de exposición en el tema 5, se configura como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida. Por tanto, solo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando no haya prueba de cargo válidas, es decir, cuando los órganos judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carentes de garantías, o cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado”. Tal como lo afirma la jurista María Félix, se entenderá vulnerado la Presunción de Inocencia cuando se condene sin prueba de cargo válida, extendiéndose por ésta, entre otras, cuando el razonamiento del juez sea ilógico o insuficiente, tal como ocurre en el caso sub judice en donde los Jueces han valorado prueba que no indica como responsable a mi representado. La jurista Tena Aragón en su página 61 de la obra antes citada sigue ilustrándonos y nos dice: “La significación preponderante de la presunción de inocencia afecta a las exigencias respecto a la prueba, necesarias para que pueda hacerse una válida declaración de culpabilidad. Se infringe la presunción de inocencia cuando, sin que se pruebe, legal y previamente, la culpabilidad de un acusado, se refleja en una resolución judicial que le afecta el sentir de que es culpable.” Tal es el caso de mi representado, que fue condenado con pruebas que arriban a meras sospechas, ya que nunca se acreditó de manera contundente y mediante la documentación legal, que acreditara sin lugar a dudas su participación en el delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AL 448, en ese orden de ideas podemos concluir que el Tribunal Sentenciador infringió gravemente el Derecho a la PRESUNCION DE INOCENCIA, y que la única forma de enmendarlo es declarando con lugar el presente recurso de casación, dictando la SENTENCIA ABSOLUTORIA que corresponde. “SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: HABER INCURRIDO EL TRIBUNAL SENTENCIADOR, EN INOBSERVANCIA DE LAS REGLAS DE LA SANA CRÍTICA, A LA HORA DE VALORAR LA PRUEBA DE CARGO. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra autorizado en el artículo 362.3 norma infringida artículo 202, ambos del código procesal penal. CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCIÓN: La sana crítica nos conduce al descubrimiento de la verdad por los medios que aconsejan la razón y el criterio racional, puesto en juicio. Implica analizar en forma conjunta, sinceramente y sin prejuicios, los testimonios y toda la evidencia física, técnica y científica que, sobre el tema debatido, sea vertida en el contradictorio. En nuestra opinión, el Tribunal de Sentencia que decidió su fallo por la condena de mi representado, omitió gravemente las reglas de la sana crítica, específicamente las relacionadas con las de la psicología y las reglas de la experiencia, estructurando toda la fundamentación de su fallo en la credibilidad total que le asignaron al testimonio del Testigo Protegido AL 448, cuyo contenido resulta seriamente cuestionable al momento de contrastarlo con el resto del universo probatorio, lo que conlleva a la violación a las reglas de la sana crítica se expone a continuación: PRIMERO: Violación a las reglas de la Psicología: Los jueces optaron por la condena de mi defendido, obviando la observancia de las reglas de la psicología, las máximas de la experiencia que integran la sana Crítica, cuando dan total credibilidad a lo declarado y al reconocimiento hecho en sede administrativa, realizado por el testigo AL-448 y las declaración de Conocimiento hecha por los testigos JAIRO VELASQUEZ y MILTON ALEXI MENDOZA BETANCOURTH, para el Tribunal ha valorado la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica, de manera que los hechos declarados probados anteriormente han sido demostrados mediante prueba suficiente y practicada válidamente en el acto de. juicio.- Ahora transcribiré sus testimonios: DECLARACIÓN DEL TESTIGO JAIRO VELÁSQUEZ: Que en fecha 13 de agosto del 2014 se me presento a la Fuerza Nacional Antiextorsión el testigo protegido AL 448 a interponer formal denuncia el cual narrado los hechos que el día 4 de agosto del año 2014 se presentó al lugar de trabajo una persona del sexo masculino a dejarle un teléfono celular mediante amenazas a muerte le dijo que le tenía que contestar las llamadas acto seguido recibió una llamada del número 3143-5437 donde se escuchó la voz de una persona del sexo masculino quien le dijo identificarse quien le dijo que era miembro activo de la banda los chirizos el cual se identificó con el alias de Mayorquín le exigió mediante amenazas a muerte la cantidad de 200,000 Lempiras poniéndole corno pago de renta semanal la cantidad de 3,000 Lempiras todos los martes de cada semana acto seguido le dijo que el pago tenía que hacerlo de una u otra forma que ellos no jugaba también recibía llamadas de otro número que solo recuerdo terminación 1872 y 1836 que fueron los últimos números del cual ultimadamente quedaron comunicándose acto seguido tres semanas antes de la captura de los supuestos extorsionadores pues los tipos le dijeron que el pago ya no iban aceptarle depósitos ni giros bancarios sino que iba a ser en efectivo después el día martes 14 de octubre del año 2014 los tipos llegaron a cobrar los tres mil lempiras donde le exigieron al testigo protegido que tenía que pagar dos rentas para el día sábado 25 de octubre del año 2014 se movilizo realizar dicho pago en esta ciudad de Danlí lugar donde los supuestos extorsionadores le habían dado indicaciones debido a que ese día no me encontraba en la oficina y el lugar donde andaba no tenía señal en mi teléfono no pude comunicarme con el testigo ni el conmigo por lo que decidió movilizarse a realizar dicho pago a esta ciudad que fue el lugar establecido el desvió que conduce a supermercado la colonia llegando como a las 11 de la mañana (el testigo protegido manifiesta que fue a la 1 de la tarde) que era la hora exacta que le habían dado los supuestos extorsionadores se estaciono y acto seguido observo que dos tipos se acercaban a él en donde le dijeron que iban por el encargo el testigo conoció a uno de ellos que era uno que durante las tres semanas que habían pagado en efectivo era uno de los que habían llegado acto seguido la víctima se retiró del lugar hacia la ciudad de Tegucigalpa nuevamente en horas de la tarde llego a la oficina antiextorsión pues yo ya m encontraba allí pues me entreviste con el me narro todo lo que había pasado en donde le mostramos junto con mis otros compañeros fotos de supuestos extorsionadores que nosotros tenemos identificados de esta zona oriental el cual pudo reconocer a las dos personas estaba en los álbumes que nosotros tenemos el cual él dijo a conocerlos como a eso de las 19:00 horas del mismo sábado 25 de octubre del mismo año 2014 nos movilizamos para esta ciudad de Danlí en coordinación junto con la DNIC ahora DPI llegamos por información de medios humanos (Qué medios humanos?) debido a que ya estas personas ya tenían denuncias anteriormente en investigaciones abiertas por otros compañeros nos movilizamos y según la fuente humana lo logramos ubicar en el establecimiento de Billares Alejandra al señor Hermes Ariel Mondragón, el cual procedimos a requerido así mismo en la vía publica observamos al señor Juan Lorenzo Sánchez, que de manera sospechosa el cual lo requerimos con otro compañero de la DNIC no recuerdo el nombre que le practico el registro personal al joven Ermes Ariel y mi persona le practico el registro personal al señor Juan Lorenzo Sánchez, el cual encontré en la bolsa frontal derecha de su pantalón la cantidad de tres celulares (según las máximas de la experiencia ninguna persona andaría 3 aparatos telefónicos en una sola bolsa del pantalón) de diferentes marcas y en el bolsillo 3 simcard de la compañía claro el compañero de la antigua DNTC le encontró al señor Ermes Ariel la cantidad de 2,000 Lempiras en denominaciones de 500 lempiras y dos envoltorios de hierba seca supuesta marihuana razón por la cual el testigo protegido los identifico físicamente que eran las personas que en horas de la mañana les había hecho efectivo el pago del supuesto delito de extorsión razón por la cual fueron trasladados hacia la posta policial de esa ciudad para hacerle el trámite correspondiente y ser puestos a la orden de la fiscalía dándoles legal detención a las 22 horas del día sábado 25 de octubre del 2014. El agente Ratifica los documentos siguientes: el Acta de Reconocimiento de Álbum Fotográfico a folio 12, y de folio 19 al 22, a lo que manifestó que: son imputados que hemos tenido en la oficina para corroborar si el testigo reconoce plenamente a los detenidos por eso hacemos el álbum, el informe investigativo que corre a los folios 4 y 9, el Acta de Registro Personal que corre a folio 14, el Acta de Declaración de Ofendido tomada el 25 de octubre de 2014 a las 16:00 horas la que se encuentra agregada a folio 10, Acta Descripción de lo Decomisado del folio 16.- El Juez que preside, le pregunta si se acuerda de su compañero como se llamaba; no recuerdo el nombre.- PREGUNTAS DEL MINISTERIO PUBLICO: ¿Cuándo usted dice anteriormente había habido depósitos en que cantidades se realizaron depósitos según la victima? R/ esa información no la tengo a mano. ¿Cuándo se desplazaron según su experiencia que certeza les daba poder obtener una captura positiva? R/ como le mencionaba antes tenemos información de fuentes humanas sobre caso que habían de otros compañeros tenían en investigación fue por lo que hicimos uso de esas fuentes. ¿Esas rentas según la victima ya había hecho pagos que cantidades había pagado anteriormente? R/ la cantidad de 3,000 lempiras los días martes de cada semana. ¿Por qué no se desplazó con la victima a la captura o entrega del dinero? R/ me encontraba haciendo otras diligencias investigativas en el lugar donde no tenía señal por lo que se me hizo imposible contactamos. PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿Puede decirnos en qué lugar queda ubicados billares Alejandra? R/ Queda salida a Trojes no conozco mucho la ciudad, pero por allí queda. ¿En qué lugar se realizaron los registros personales y quienes estaban presentes? R/ El de Ariel se realizó en el establecimiento de billares Alejandra y el de Juan Lorenzo Sánchez, en la vía pública. ¿Qué personas se encontraban presentes al momento de hacer dichos registros? R/ se encontraban mis compañeros y agentes de la antigua DNIC ahora DPI. ¿Cómo dedujeron ustedes de que estas personas eran los supuestos extorsionadores? R/ una porque ya como le decía la fiscal como ya los teníamos identificados por investigaciones que otros compañeros ya tenían avanzado. ¿Qué tipo de investigaciones tenían avanzadas esos compañeros? R/ investigaciones de fuente humana y de denuncias que relacionaban a estas personas como supuestos extorsionadores. ¿Al momento de interponer denuncia cuales son las diligencias que ustedes realizan? R/ primeramente la denuncia se la asignan a uno corno investigador y asesorar a la víctima y tomarle declaración de lo que ha sucedido. ¿Podría decirnos a que distancia se encontraba Juan Lorenzo y Ermes al momento de realizarles? R/ al cruce de La calle frente a billares Alejandra en la vía pública. ¿Podría decirnos si recuerda quien efectuó el acta de decomiso al señor Ermes Mondragón? R/ La hizo el compañero que no recuerdo el nombre de la antigua DNIC ahora DPI. ¿Y por quien este el acta de decomiso del señor Juan Lorenzo Sánchez? R/ Mi persona. ¿Recuerda usted que personas se encontraban al momento de mostrar el álbum fotográfico a la supuesta víctima? R/ Solo el otro compañero el que tiene la firma allí. ¿Se encontraba presente al momento del reconocimiento del álbum fotográfico? R/ Si. ¿A qué hora se realizó dicho? R/ a las 22:30 y finalizo a las 22:40. ¿Qué fue lo que les muestran en la ciudad de Tegucigalpa a la víctima? R/ Fotografías de supuestos extorsionadores que habitan en la zona oriental y que extorsionan la mayor parte de esta zona. ¿Quedo plasmadas esas fotografías en la ciudad de Tegucigalpa en las actas? R/ tiene que estar registradas. ¿Recuerda exactamente a qué horas fueron requeridas estas personas? R/ a las 21:50 dándoles legal detención a las 22 horas. ¿Cuántas personas conformaban en total el equipo de investigación? R/ de nosotros andábamos 5. ¿Puede decir los nombres de estas personas? R/ Se encontraba mi persona, Milton Mendoza, Elías Mondragón, Janeth Villalta, Samuel Flores.- testigo MILTON ALEXIS MENDOZA BETANCOURT: El día 25 de octubre de] año 2015 fui propuesto para participar en una propuesto para participar en una operación que se realizaría en la ciudad de Danlí con el fin de darle captura a dos sospechosos del delito de extorsión luego de que se manejara información por parte de la Unidad Nacional Antiextorsión a cargo del compañero Jairo Velásquez, y trasladarnos hasta esta ciudad de Danlí luego de que se indagara y se realizaran diligencias de investigación ese día se realizó un operativo en un lugar denominado Billares Alejandra aquí en la ciudad de Danlí donde como eso de las 21:50 horas se logró establecer que en este establecimiento se encontraban dos personas sospechosas de haber cometido el delito de extorsión no lo que procedimos a requerir a estas personas el señor Ermes Mondragón, se encontraba dentro del establecimiento cuando fue requerido por los agentes de la FNA en compañía de agentes de investigación asignados a la DNIC en su momento y posterior mente casi acto seguido logramos identificar que una persona trataba de hacer la fuga por lo requerido en las afueras del establecimiento y que en su momento respondió al nombre de Juan Lorenzo Sánchez, posterior mente como parte de las diligencias de investigación nos pusimos en contacto con la víctima y el testigo protegido que se estaba manejando la investigación para verificar si esta persona habían sido las mismas que había realizado el cobro se procedió a ser remitidos al Ministerio Publico por el delito de extorsión.- PREGUNTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO: ¿Qué efectividad para identificar a los hechores tuvieron ese día como dieron con ellos? R/ primeramente el testigo protegido después de realizar el pago se comunicó con el investigador que estaba manejando la investigación donde se le tomo una declaración para saber de lo sucedido y se le mostraron fotografías de una banda dedicada a la extorsión que operaba tanto en Tegucigalpa y en la ciudad de Danlí y en efecto el testigo protegido lo logro identificar a estas personas y con manejo de fuentes se logró determinar de que estas personas estaban en la ciudad de Danlí fue por eso que se decidió montar el operativo en esta ciudad. (El testigo protegido manifiesta que no pudo contactar al investigador) ¿Cuándo ustedes dicen que se desplazaron a qué hora después de haber tenido conocimiento se desplazan a Danlí desde dónde venían? R/ veníamos desde la ciudad de Tegucigalpa como a eso de las siete de la noche nos desplazamos a la ciudad de Danlí. ¿A qué hora llegaron este lugar? R/ como a eso de las 21 horas y luego de hacer unas diligencias de investigación y realizar contacto con la gente para solicitar apoyo a la DNIC, pero a la ciudad llegamos como a las 21 horas. ¿Por su experiencia según la actividad que realizan qué relación le da usted de lo decomisado a las personas en los hechos que ustedes investigaban? R/ es notable que entre los decomisos de una de las personas detenidas a Juan Lorenzo Sánchez fueron el aparato telefónico tanto como la simcard que le llamarnos que es típica a la persona que se dedica a este delito ya que la persona normal lo que porta en su teléfono y su simcard pero esta persona portaba más de un teléfono y más de una simcard pero esta persona potaba más de un teléfono y más de una simcard al momento de que fue requerido por el agente de investigación. ¿Portaba un teléfono y cuantas simcard recuerda? R/ dos o más simcard sin más no recuerdo. ¿Cuándo usted dice de que tenía ya cierta información que tipo de información de llegada a resumir de que estas personas pueden estar involucradas en este tipo de actividades? R/ había investigación aparte de la relación en el caso en específico donde unas denuncias a través de giros bancarios y luego de realizar varias diligencias de investigación se logra determinar de que esta persona ya que habían sido incluso detenidos por la FNA con anterioridad por otro delito eran las personas dedicadas a l ilícito de la ext5orsión. ¿Recuerda el día que se desplazaron? R/ fue en octubre de 2014.- PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿Nos puede decir en qué fecha se le mostro el álbum fotográfico al testigo protegido? R/ el mismo 25 de octubre del 2014. ¿En qué lugar? R/ La primera vez que no fue un álbum fotográfico si no una fotografías de la investigación fue en Tegucigalpa el álbum fotográfico a la que si aparece como parte de las diligencias fue aquí en la ciudad de Danlí una hora después de la detención al testigo protegido. ¿En qué lugar serializo el registro personal? R/en el lugar de detención. ¿Dónde queda ubicado ese lugar? R/ no conozco muy bien el lugar, pero sé que queda a inmediaciones de un semáforo en la salida a trojes. ¿A qué distancia se encontraba el señor Ermes del señor juan Lorenzo al momento de practicar el registro? R/ la detención de Ermes fue dentro del establecimiento y el de juan Lorenzo fue afuera del establecimiento es casi cruzando la calle que esta frente del establecimiento billares Alejandra. ¿En qué lugar se le practicó el registro personal al señor Ermes? R/ ambos en el lugar se le practicó el lugar de donde fueron detenidos- PREGUNTAS DEL TRIBUNAL: ¿Usted nos ha mencionado sobre un agente de la DNIC usted recuerda cómo se llamaba ese compañero de la antigua DNIC? R/ no recuerdo el nombre exactamente sí sé que el compañero Velásquez participo en uno de los registros del otro compañero de la antigua DNIC no recuerdo. El perito JOSUÉ ALEXANDER SÁNCHEZ, elaboro el Teléfono Vaciado PREGUNTAS DEL MINISTERIO PÚBLICO: ¿Quiero que me aclare que significan esos números en rojo? R/ en base a la denuncia que el testigo protegido realizo y en base al informe también que el compañero investigador llevaba estudie el caso y analice los números teléfonos que el testigo manifestó que la llamaban por ende yo puse los números en rojo los números de las llamadas entrantes salientes perdidas los puse en rojo porque son los números que supuestamente llamaban al testigo protegido. ¿Estamos por valorar de que esas llamadas salientes tienen fecha pala el caso llamadas salientes eso es más que todo para aclarar en la página donde ya empiezan es en las llamadas salientes en la página 5 tiene primero de enero del 2013 en la fecha del número 89111872 está bien es fecha el siguiente número rojo más abajo es en febrero del 2013 están bien esas fechas? R/no están bien por que desafortunadamente los aparatos móviles de la índole que se le decomisaron al encausado son aparatos como comúnmente conocemos aparatos sencillos y estos aparatos una vez que se le quita la batería se restablece la fecha y la hora a la configuración del distribuidor que en este caso es la compañía amgoo entonces allí porque es como un registro que tiene el teléfono, pero no es exactamente la fecha. ¿Entonces la numero 7 el que dice mar 98111872 valoramos esa fecha 25 (¿le octubre del 2014 siempre es lo mismo? R/ No valga la aclaración en el caso de las llamadas se pierde el registro porque no configura, pero las compañías como es un mensaje (¿le texto lo mandan en fecha y hora al aparato móvil, aunque se establezcan a fecha de 5 años atrás los mensajes de texto van a caer allí si hay una contrariedad en cierta forma porque no es confiable esa fecha del 25 de octubre de 2014 con respecto a este mensaje de texto miranda? R/ efectivamente. ¿Qué es el de la víctima con el teléfono que se le decomiso? R/ realmente no puedo determinar si es el número de la víctima lo que sí puedo determinar que 98 es uno de los supuestos números que extorsionaba. PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿nos podría decir de qué fecha hasta que fecha se le solicito vaciado telefónico de dichos teléfonos? R/ extracción porque vaciados telefónicos son los que brinda la compañía telefónica entonces esto es una extracción no se me facilito fecha yo lo único que hice fue extraer la data ósea toda la información general que trae el aparato telefónico. PREGUNTAS DEL TRIBUNAL: ¿Cuál es la diferencia entre la extracción y el vaciado telefónico? R/ el vaciado telefónico consiste en lo que la compañía telefónica el registro de las llamadas que la compañía telefónica va guardando y que eso lo lleva directamente de la compañía Tigo o claro eso es un vaciado y la extracción es todo lo que extrae físicamente del aparato telefónico tanto imei número de la simcard la agenda telefónica las llamadas entrantes y salientes mensajes de texto en la cao cuando son inteligentes WhatsApp y lo que se encuentre en un aparato telefónico esa es una extracción para la aclaración.- El hecho es que los testigos son contradictorios, está claro en las declaraciones subrayadas por la suscrita esto nos hace presumir la existencia de un acuerdo previo que incluyó el cumplimiento de instrucciones dadas por el Ministerio Público a los testigos, sobre la forma y contenido de sus respuestas, sin importar si estas pudieran corresponder o no con la verdad. Los Juzgadores inobservan la inmediación de la prueba testimonial en referencia, al condenar a mí patrocinado, ignorando estas incoherencias, despreciando con ello una de las reglas que integran la sana crítica, como método obligatorio, de orden legal, impuesto a los Jueces de sentencia para la valoración de la prueba, lo que los hizo arribar a una conclusión errada acerca del valor que han debido darles a los testimonios antes transcritos. SEGUNDO: Violación a las reglas de la experiencia: Por otra parte, la valoración de los testimonios de los Testigo referenciales agentes de Investigación y Testigo Protegido AL 448, debió efectuarse en consonancia con lo que dispone el artículo 202 del Código Procesal Penal, que dice: “Artículo 202. Valoración de las pruebas. La sana crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. De la lectura del acta de juicio se desprende con claridad que no hubo otros testimonios que refuercen el relato brindado por el Testigo Protegido en Cuanto a circunstancias de modo tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos que culminaron con la Extorsión de la misma, en vista de que no hubo otros medios de prueba como la intervención telefónica, el vaciado telefónico, en vista de que el perito JOSUE ALEXANDER SÁNCHEZ, lo único que realizo fue una extracción tal y como lo aclaro al Tribunal, cabe mencionar que no se presentó el celular que supuestamente le dieron a la víctima para efectuar la extorsión, prueba que en su conjunto hubieran reforzado los dichos de los testigos de referencia y el testigo protegido. Y es aquí donde cuestionamos la violación, por parte del Tribunal Sentenciador, de las reglas de la experiencia, ya que el móvil que se refiere de los relatos testimoniales NO TIENE NINGUNA VINCULACIÓN CON MI DEFENDIDO. La experiencia del hombre y mujer común nos indican que el criminal actúa por una motivación preexistente, a lo cual suele llamársele “móvil del hecho” y es precisamente este elemento el que el Ministerio Público, no logró acreditar con relación al acusado. Cabe mencionar en este punto que, en el relato del Testigo, este menciono que lo había Extorsionado desde el 4 de agosto de 2014 y que interpuso denuncia el 13 de agosto de 2014, y es aquí donde hay que preguntarse ¿Por qué la Fuerza Nacional Anti extorsión, no solicito al ente fiscal la intervención del teléfono que le entregaron a la víctima?; ¿Por qué la Fuerza Nacional Anti extorsión, no investigo los números de cuenta de Banco Azteca, donde supuestamente depositaba la víctima? ¿Por qué la Fuerza Nacional Antiextorsión, no investigo a las personas a las cuales se les hicieron los depósitos? La pregunta que surge es si mi defendido era la persona que estaba extorsionando al testigo protegido AL-448. Los Agentes no hicieron ningún esfuerzo investigativo, ya que la denuncia fue interpuesta el 13 de agosto de 2014, el Testigo Protegido AL 448, fue muy claro al proporcionar números de cuenta en los cuales depositaba la extorsión que obviamente cuenta con nombres de a quienes les hacia los depósitos productos del ilícito asimismo, manifiesta que las llamadas telefónicas extorsivas las realizaban de los números 3143-5437 y 8765-1417, sin embargo no se realizó ninguna diligencia tendiente a investigar a nombre de quien se encontraban asignados los números de teléfono, a las compañías TIGO O CLARO, tampoco se llevó a cabo una intervención telefónica al número de teléfono al cual llamaban a la víctima. Sin embargo, no se justifica por no haber evacuado la investigación que debió realizar, en vista de que había muchas pruebas para llegar a la verdad material. El razonamiento común que surge de la experiencia, nos revela que: a) hay un móvil (El pago de extorsión); b) el teléfono (que el Testigo Protegido dicen haber recibido de parte de un hombre que se identificó como miembro de los chirizos, el 4 de agosto de 2014) y c) una conducta posterior a los hechos (la extorsión). Esas tres circunstancias no vinculan razonablemente al Señor JUAN LORENZO SÁNCHEZ, con la Extorsión del Testigo Protegido AL-448, ya que menciono que supuestamente solo lo vio una vez, y fue en Danlí el 25 de octubre de 2014, en consecuencia obligaban al Ministerio Público y al órgano investigador a agotar exhaustivamente una línea de investigación que descartara sin lugar a dudas, la posibilidad de que JUAN LORENZO SANCHEZ, hubiese sido el responsable del ilícito antes enunciado, por los cuales se juzgó y que injustamente se le atribuyó a mi defendido. En mí convicción, los jueces que optaron por la condena de mi defendido, obviaron la exigencia contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal, que los obliga a relacionar de modo racional y armónico, toda la prueba en su conjunto para formarse a partir de ello la libre convicción, apegados a las reglas de la sana crítica. Evidentemente en el caso que nos ocupa, fueron despreciadas al menos dos del conjunto de reglas que conforman la sana crítica y que están referidas a las reglas de la psicología y a las de la experiencia, tal como lo hemos expuesto anteriormente, por ende, el Tribunal violó las reglas del correcto entendimiento humano, la psicología, las máximas de la experiencia, en perjuicio de mi representado. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA: En relación a lo antes expuesto el Tribunal de Sentencia no realizó valoración alguna en cuanto a estos hechos, desconociéndose cuál fue el proceso de análisis llevado a cabo para dejar de considerar estas incongruencias en las declaraciones de los hechos es por tal razón que es procedente que se case la Sentencia recurrida. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA PARRAFO PRIMERO EN EL QUE SE ESTIPULA EL DEBIDO PROCESO EN CUAL LITERALMENTE DICE: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” (las neuritas y el subrayado es nuestro) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 90 de la Constitución de la República relacionado con el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO O SENTIDO DE LA INFRACCIÓN: PRIMERO: Aunque es entendido que el Tribunal no está obligado a realizar una valoración exhaustiva de todas las pruebas introducidas al debate, habremos de coincidir en que la motivación de la sentencia es ilegítima si el tribunal valora una prueba llevada a cabo sin las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, considerando que la finalidad del proceso es la realización de la justicia, acercándose todo cuanto fuere posible a la verdad real. Por otra parte, y en consideración al principio de inviolabilidad de la defensa y contradicción, el juzgador debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. En el caso sub judice, se aprecia que se han violentado normas procedimentales esenciales, en vista de que se juramentó al perito JOSUE ALEXANDER SÁNCHEZ, sin presencia de la defensa, el 19 de abril del año en curso, el tribunal en ningún momento cito a las partes para la juramentación de dicho perito. SEGUNDO: El referido perito presenta una extracción telefónica, de la cual se transcribió la declaración y los hallazgos encontrados en la cual el perito en sus conclusiones manifiesta partir de ello la libre convicción, apegados a las reglas de la sana crítica. Evidentemente en el caso que nos ocupa, fueron despreciadas al menos dos del conjunto de reglas que conforman la sana crítica y que están referidas a las reglas de la psicología y a las de la experiencia, tal como lo hemos expuesto anteriormente, por ende, el Tribunal violó las reglas del conecto entendimiento humano, la psicología, las máximas de la experiencia, en perjuicio de mi representado. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA: En relación a lo antes expuesto el Tribunal de Sentencia no realizó valoración alguna en cuanto a estos hechos, desconociéndose cuál fue el proceso de análisis llevado a cabo para dejar de considerar estas incongruencias en las declaraciones de los hechos es por tal razón que es procedente que se case la Sentencia recurrida. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA PARRAFO PRIMERO EN EL QUE SE ESTIPULA EL DEBIDO PROCESO EN CUAL LITERALMENTE DICE: Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” (las negritas y el subrayado es nuestro) PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 90 de la Constitución de la República relacionado con el artículo 361 del Código Procesal Penal. CONCEPTO O SENTIDO DE LA NFRACCIÓN: PRIMERO: Aunque es entendido que el Tribunal no está obligado a realizar una valoración exhaustiva de todas las pruebas introducidas al debate, habremos de coincidir en que la motivación de la sentencia es ilegítima si el tribunal valora una prueba llevada a cabo sin las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, considerando que la finalidad del proceso es la realización de la justicia, acercándose todo cuanto fuere posible a la verdad real. Por otra parte, y en consideración al principio de inviolabilidad de la defensa y contradicción, el juzgador debe servirse de las pruebas recibidas en el debate para fundamentar su fallo. En el caso subjudice, se aprecia que se han violentado normas procedimentales esenciales, en vista de que se juramentó al perito JOSUE ALEXANDER SÁNCHEZ, sin presencia de la defensa, el 19 de abril del año en curso, el tribunal en ningún momento cito a las partes para la juramentación de dicho perito. El referido perito presenta una extracción telefónica, de la cual se transcribió la declaración y los hallazgos encontrados en la cual el perito en sus conclusiones manifiesta que verifico los imei que utilizaban los aparatos decomisados a mi representado y los números de serie de cada sim card de los cuales no se pudo verificar el número que usaba cada aparato ya que las compañías deshabilitan los números telefónicos y los asignan a otras personas. Sin embargo, el testigo aclara a preguntas sobre su dictamen los siguiente: ¿Estamos por valorar de que esas llamadas salientes tienen fecha para el caso llamadas salientes eso es más que todo para aclarar en la página donde ya empiezan es en las llamadas salientes en la página 5 tiene primero de enero del 2013 en la fecha del número 89111872 está bien es fecha el siguiente número rojo más abajo es en febrero del 2013 están bien esas fechas? R/no están bien por que desafortunadamente los aparatos móviles de la índole que se le decomisaron a encausado Son aparatos como comúnmente conocemos aparatos sencillos y estos aparatos una vez que se le quita la batería se restablece la fecha y la hora a la configuración del distribuidor que en este caso es la compañía amgoo entonces allí porque es como un registro que tiene el teléfono, pero no es exactamente la fecha. ¿Entonces la numero 7 el que dice mar 98111872 valoramos esa fecha 25 de octubre del 2014 siempre es lo mismo? R/ No valga la aclaración en el caso de las llamadas se pierde el registro porque no configura, pero las compañías como es un mensaje de texto lo mandan en fecha y hora al aparato móvil, aunque se establezcan a fecha de 5 años atrás los mensajes de texto van a caer allí si hay una contrariedad en cierta forma porque no es confiable esa fecha del 25 de octubre del 2014 con respeto a este mensaje de texto miranda? R/ efectivamente. ¿Qué es el de la víctima con el teléfono que se le decomiso? R/ realmente no puedo determinar si es el número de la víctima lo que sí puedo determinar que 98 es uno de los supuestos números que extorsionaba. PREGUNTAS DE LA DEFENSA: ¿nos podría decir de qué fecha hasta que fecha se le solicito vaciado telefónico de dichos teléfonos? R/ extracción porque vaciados telefónicos son los que brinda la compañía telefónica entonces esto es una extracción no se me facilito fecha yo lo único que hice fue extraer la data ósea toda la información general que trae el aparato telefónico.- Se puede apreciar notablemente de que esta prueba realizada no es confiable, cabe mencionar que el Testigo Protegido manifiesta que dejaron un teléfono donde se comunicaba con los extorsionadores que era color negro con una franja amarillo marca ZTE, (folio 9) lo destacable es que en el acta de decomiso hecha a mi representado se le decomisa un teléfono celular marca ZTE color negro con franja amarilla con número de imei 357244044458951 (folio 10), y es aquí donde hay que preguntarse si realmente los aparatos celulares fueron los que le decomisaron a mi representado o simplemente dichos aparatos ya se encontraban en manos de los agentes a la hora de la captura. Y si mi representado era quien extorsionaba a la víctima cómo es posible que el mismo ande registrado el número 3299-6334, cuando el testigo protegido dice que el número era el 3143-5437 números diferentes en cuanto a los números 8911-1872 existen llamadas entrantes, salientes y perdidas entre ambos números quiere decir que la víctima tenía una comunicación fluida con el supuesto extorsionador o simplemente se conocen y no existe el delito de extorsión, a página 7 del dictamen existe un mensaje de texto de fecha 25 de octubre de 2014, ye! número es 9811-1872 nada que ver con el 8911-1872 ya que uno pertenece a Tigo y el otro a Claro, simplemente dicha pericia es ilegal a todas luces ya que no coinciden ch los números que dio el 13 de agosto de 2014 el testigo protegido, siendo esta una prueba de carácter ilícita según lo enmarca el artículo 200 del Código Procesal Penal, y violatoria de las garantías constitucionales. TERCERO: En Cuanto al reconocimiento fotográfico hecho por los agentes de la Fuerza Nacional Anti extorsión tal y como lo manifesté y plasme en el primer motivo de casación es totalmente improcedente en virtud de no haberse llevado a cabo con las garantías constitucionales y procesales enmarcadas en el Código Procesal Penal, ya que el Testigo Protegido AL-448, en ningún momento ratifico haber visto a mi representado, ni manifestó que fuera la persona a quien le entregaba el dinero producto de la extorsión, ni quien le entrego el teléfono celular, por tal razón el Tribunal no debió darle ningún valor probatorio. Por tal razón y al existir duda razonable y haberse violentado el debido proceso el A-quo debió como garante de la Ley y la Justicia Dictar una Sentencia Absolutoria a favor de JUAN LORENZO SANCHEZ, según lo estipula el artículo 339 del Código Procesal Penal, y a su vez haber ordenado la inmediata libertad del acusado. INTERPRETACION DE SENTENCIA FERENDA: En relación a todo lo anteriormente expuesto, esta defensa es de la convicción que la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí, Departamento del Paraíso, en fecha veinticinco de Mayo de dos mil diecisiete, mediante la cual, sus miembros, decidieron condenar a JUAN LORENZO SÁNCHEZ, como responsable del delito de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido AL 448, DEBE SER CASADA POR HABER INCURRIDO EL Tribunal sentenciador en violación del debido proceso que afectan la correcta forma de Juzgar, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la constitución de la República. La sentencia, a la que se refieren como una resolución constitutiva de infracción procesal al desconocer en la valoración de los medios de prueba las reglas de la sana crítica y además por haber dejado de considerar en la ecuación motivacional un medio de prueba de valor decisivo. El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma, es mediante el respeto de estas formalidades que se asegure el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe de subordinar su actividad, es pues éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1]En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Primer motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8.2 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos. Concepto de la infracción: violación al estado de inocencia. Pretensión: declarar con lugar el recurso, y en su lugar, dictar una sentencia absolutoria. La censora del fallo inicia la exposición de su reclamo, arguyendo que el testigo protegido “AL 448” no identificó plenamente al acusado Juan Lorenzo Sánchez, ya que declaró dentro de una cabina que contaba con protección visual, misma que no le permitió contacto visual con el acusado. Asimismo, arguye que no existe una sola prueba directa y mucho menos indicios que lleven a la conclusión de la participación criminal del acusado, el a quo no contó con suficiente prueba de signo acusatorio para dar por acreditada la comisión del hecho y la participación del acusado en él. Seguidamente, relaciona toda la declaración del testigo protegido “AL 448” y arguye que el reconocimiento al que hace referencia no debe tomarse en cuenta, ya que dicha diligencia no fue realizada ante juez competente ni contó con la presencia de un defensor, tal como establece la ley. Dicha diligencia es un acto meramente investigativo que no fue judicializado. No se practicó un reconocimiento en rueda. En conclusión, alega que el testigo no fue contundente al establecer que las fotografías que le mostraron en la Fuerza Nacional Antiextorsión, correspondan en efecto al acusado, ya que no llevaron esas fotografías al momento de juicio oral y público para que constatara tales extremos, y mucho menos se practicó un reconocimiento en rueda. Por lo anteriormente expuesto, considera la infracción al estado de inocencia. Del estado de inocencia. El principio al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Constitución de la República en su artículo 89, establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente; este principio constituye una regla de juicio, pues opera en el ámbito de la jurisdicción penal, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Artículo 66.3 del Estatuto de Roma). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El principio de inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en expediente SP 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El principio del estado de inocencia está íntimamente relacionado con el debido proceso probatorio: el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas, establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte, este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del expediente SP 312-2006, declaró que el estado de inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (artículo 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (artículo 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: “128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar, además, que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en el expediente SP 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general, corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte, a la defensa del acusado, le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá la tarea de verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica, así pues en casación se deberá examinar (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el expediente SP 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido proceso probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad; d) Debido razonamiento probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada; y e) Suficiente carga probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos. Al respecto, la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Del reconocimiento en rueda de personas y diligencias análogas. El medio de Prueba “reconocimiento” ha sido tema central en muchas sentencias emitidas por la Sala de lo Penal, (Sentencia de 2 de 2018, recaída en expediente SP 340-2014), en especial cuando éste se realiza en una audiencia al momento de la declaración de la víctima o de un testigo, o cuando el “reconocimiento” se realiza mediante fotografías como parte de la investigación preliminar. El reconocimiento en álbum fotográfico y el reconocimiento de objetos, con regularidad es confundido con las meras identificaciones o señalamientos, teniendo unas y otras diferentes exigencias procesales y, más importantes, distintas connotaciones probatorias. Ha razón del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en donde se alega violación a la regla lógica de derivación por falta de razón suficiente, sostenido en la denuncia en que se ha valorado indebidamente un “reconocimiento fotográfico”, es oportuno para esta Sala de lo Penal hacer un breve desarrollo del medio de prueba reconocimiento y su diferencia con una mera identificación o señalamiento, haciendo eco de lo ya señalado en numerosas sentencias emitidas por este Alto Tribunal. En sentencia de fecha 27 de abril de 2017, en el expediente SP 292-2013, se hizo relación que el medio de prueba antes llamado confrontación ahora reconocimiento de persona en rueda (recognitio personarum per testes), tiene por objeto la identificación física de una persona de interés para el proceso penal, la cual puede ser el imputado/a (Artículo 102 Código Procesal Penal) o un testigo (artículo 176.2 Código Procesal Penal). Esta forma de reconocimiento de personas, no es exclusiva ni excluyente, pues puede hacerse o sumarse de otros modos diversos, apelando al Principio de Libertad Probatoria (artículo 199 Código Procesal Penal), como ser mediante huellas dactilares, declaración de testigos, identificación mediante fotografías, videos, retratos hablados, etc. Muchos autores han conceptualizado que es el reconocimiento, desde el punto de vista procesal, criminalístico, etc., empero para esta Sala de lo Penal merece especial atención el concepto psicológico de la diligencia, que lo define como "juicio de identidad entre una percepción presente y pasada" (Altavilla, Enrico. Psicología Giudiziaria. Edit. Torino. 1948. Pág. 516. Citado por CAFFERATA NORES, José. La Prueba… op. cit. pág. 129), por cuanto lo esencial de la diligencia es la comparación de dos imágenes: i. La primera imagen, guardada en la memoria de recognoscente, adquirida de manera previa y accidental, y que sirve de base para la comparación; ii. La segunda imagen, captada en el momento que se realiza el medio de prueba, al ponérsele a la vista del recognoscente un grupo de personas, fotografías u objetos para que determine si dentro de éste se encuentra aquella que previamente había visto. El reconocimiento puede ser: a. Según la esfera de ejecución: propios o impropios, conocidos también como mera identificación o señalamientos. b. Según el objeto de reconocimiento: personas, cosas. c. Según el método de reconocimiento: presencial, fotografía o por medio de voz. A) Reconocimiento propio. Para que el reconocimiento tenga la categoría de medio de prueba, deberá de realizarse siguiendo estrictamente el protocolo reglado por el Código Procesal Penal que permita garantizar la certeza de la verificación. El Reconocimiento procederá en cualquiera de los siguientes casos: a. Dudosa identidad física de una persona: cuando la duda recaiga sobre la identidad de la persona acusada, el Tribunal Sentenciador deberá admitir este medio probatorio con el objeto de verificar que la persona que está siendo sometida al proceso sea la misma a la cual el Estado debe de imponer su poder punitivo. También el reconocimiento puede ser practicado cuando se tenga duda sobre la identidad de la víctima o de algún testigo (ya sea porque la persona niega ese carácter o porque quiere falsamente identificarse como tal), de modo de verificar que la persona que comparece al proceso es la misma que percibió el hecho con alguno o todos sus sentidos. b. Duda sobre la identificación nominal de una persona: existen casos donde se tenga certeza sobre la identidad física de una persona, pero se dude sobre su identidad nominal, ya sea porque se niegue a proporcionar sus datos personales, porque los proporcionados sean insuficientes, porque los datos proporcionados sean semejantes a otra u otras personas de manera tal que exista duda o porque se atribuya otros datos que no le pertenecen. El reconocimiento tendrá, entonces, por objeto la verificación, corrección o ampliación de la identidad de la persona, sea testigo, víctima o sospechoso, que sirva para distinguirlo de otras personas. c. Verificación de la información rendida: cuando se tenga duda de que una persona efectivamente vio o conoce a otra, puede realizarse el reconocimiento para este efecto. El acto permitirá al tribunal sentenciador adquirir la certeza de que una persona efectivamente conoce o vio a otra persona. Muchos casos se han dado en que testigos o víctimas sostienen haber visto a otra y conocer a otra sin que esto sea cierto. El desarrollo del medio de prueba se efectúa en dos etapas: i. Procedimiento previo; ii. ejecución: Como procedimiento previo se requiere la toma de la declaración testifical del recognociente, siguiendo las formalidades que establece el Código Procesal Penal para ese medio de prueba; En dicha declaración el testigo (sujeto activo del reconocimiento), deberá de dar razón de los hechos que ha presenciado y en particular: i. Aspectos sobre tiempo y lugar, distancia en que se encontraba de la escena, etc.; ii. Descripción física de la persona a reconocer: sexo, estatura, edad, físico, color de cabello, vestimenta, características particulares; iii. Conocimiento previo sobre sobre la persona y/o su personalidad: Si había visto antes, en que tiempo y por qué razón, señalando si tenía o tiene algún tipo de relación social o parental, si le ha visto personalmente o en imagen, etc. iv. Conocimiento posterior al hecho sobre la persona: si le ha vuelto a ver, personalmente o en imagen, porque razón y en qué circunstancias, y en su caso si se percató de alguna diferencia física. Este interrogatorio previo tiene como objetivo de que el sujeto activo describa las condiciones en que vio al individuo o a la imagen y la forma en que conserva el recuerdo, así como para valorar el resultado del reconocimiento, cotejando concordancias o discrepancias entre la persona reconocida y la descrita. Debido a que este interrogatorio es necesario en forma previa, el reconocimiento será siempre un medio probatorio compuesto, ya que requiere que antes de su práctica sea evacuado otro medio probatorio, en este caso el testifical o la declaración de la persona acusada, cuando sea éste el recognociente. También como procedimiento previo se requiere la elección de las personas que integraran la rueda como descartes. El Código de Rito ordena que las personas que acompañen a la que deba de ser identificada deben de poseer características físicas semejantes, a fin de que pueda darse al reconocimiento valor probatorio. No es posible, por consiguiente, formar la rueda con personas cuyas características físicas (y para algunos hasta sociales), sean dispares y que produzcan que la persona recognociente prescinda de su recuerdo para señalarla. Así entonces las vestimentas deben de ser de la misma clase y con características parecidas, empero no es procedente que vayan uniformadas, ya que puede provocar confusión en la persona recognociente. Vale preguntarse qué ocurre cuando la persona a reconocer posee una característica tan singular y rara dentro del medio social, como por ejemplo color de piel, de ojos o, más aún, que carezca de una pierna o de un ojo o que tenga alguna cicatriz. En estos casos el Tribunal muy difícilmente, por no decir imposible, podrá conseguir la colaboración de individuos con esas mismas características, además de que la exigencia que establece la ley se refiere a condiciones generales y estas características expuestas pasan a ser individualizantes, objeto más bien del acto procesal. El número de personas que integran la rueda es otro aspecto que debe de tenerse en cuenta: el Código Procesal Penal no determinan el número, sin embargo, atendiendo la naturaleza de la diligencia, éste no puede ser menor de cuatro ni mayor de seis, a fin de darle mayor valor probatorio al acto, en suma, entonces, el número de personas que deben de integrar la rueda, incluyendo a la persona sometida al reconocimiento, debe de ser como mínimo cinco (05) y como máximo siete (07). Hacemos especial referencia al numeral segundo del artículo 253 del Código Procesal Penal, que establece la obligación del Juez o Tribunal de tomar las previsiones para que el imputado no se desfigure, es decir, que no realice cambios a su físico que le hagan verse diferente, ello con el propósito de que la persona recognociente pueda individualizarla conforme a la imagen mental que posea. Esto, como es obvio, no quiere decir que el Tribunal evitara que el imputado se cambie de ropa, realice aseo de su persona o que haga arreglos de presentación. En el caso de que el imputado haya realizado cambios en su persona que le hagan verse en forma distinta de cómo se veía anteriormente, es recomendable de que el reconocimiento no se efectúe en forma personal, sino que se realice de otra forma si es posible, como por ejemplo por medio de fotografía o por medio de la voz. Como procedimiento de ejecución, una vez escogidas las personas que conformaran la rueda de personas, éstas serán formadas en un semicírculo o en una fila y se invitará a la persona acusada o testigo a ser reconocido que tome la posición que prefiera; esto se hace para asegurarle al sujeto pasivo del acto que no existe instrucción alguna para que el recognociente señale a una persona conforme la posición en la rueda. Una vez conformada la rueda, se hará pasar al recognociente invitándole a observar detenidamente a la rueda de personas, luego de lo cual se le preguntará que sí reconoce a la que anteriormente había descrito. Independientemente de la respuesta se habrá realizado el reconocimiento. Recuérdese que el reconocimiento no está limitado a características físicas, por lo que podrá practicarse haciéndolo hablar, caminar, modificando la posición de las personas de la rueda, etc. El Reconocimiento podrá ser: i. Negativo, cuando la persona señale a un individuo distinto al que se suponía tenía que identificar o indique que dentro del grupo esa persona no se encuentra; ii. No concluyente: Cuando la persona señale a dos o más individuos a la vez, sin poder determinar cuál de ellos es el que vio en forma previa, o cuando se señale a una persona de manera dudosa, ejemplo cuando utiliza palabras como "creo" o "me parece"; y iii. Positivo: cuando la persona señale al individuo objeto del medio de prueba, en forma categórica y determinante; en este último caso el Código Procesal Penal dispone que se le debe de preguntar al recognociente las semejanzas y diferencias observadas a la persona que identifica con relación a la cual recuerda. Reconocimiento fotográfico. Es una modalidad subsidiaria del reconocimiento de personas y se utiliza cuando existiendo algunas de las razones enumeradas para el reconocimiento personal, concurran las siguientes circunstancias: a. Cuando la persona a reconocer allá cambiado su aspecto de modo tal que se dé la imposibilidad de cotejo con la imagen que posee la persona recognociente. Por ello, el reconocimiento se realizará con una fotografía que se tenga de la persona antes de tal cambio. b. Cuando la persona a reconocer se encuentre prófuga, no se sepa el paradero o no pueda ser sometida al acto procesal (como por ejemplo casos de enfermedad); c. Cuando no se sepa aun quien es la persona responsable del delito; y d. Cuando se trate de testigos en condición de vulnerabilidad; sin embargo, aun con tal condición procederá el reconocimiento en rueda de personas cuando a solicitud de las partes el Tribunal Considere que el caso concreto aconseja realizarlo de esa manera y siempre que: i. Tratándose el testigo de una persona mayor de edad señale su aquiescencia; ii. Tratándose el testigo de un menor de edad, el profesional de la psicología considere que ello no causara perturbación en aquel. El reconocimiento fotográfico, para que constituya medio de prueba, deberá de realizarse siguiendo las formalidades antes apuntadas para el reconocimiento de personas, con las siguientes especificaciones: La fotografía de la persona a reconocer a utilizar podrá ser parte del archivo que normalmente lleva la policía o la que pertenezca a documentos personales, legalmente obtenida (como la cédula de identidad), o las llamadas fotografías artísticas de acceso público. La fotografía será presentada con otras semejantes en tamaño y ángulo de toma, dentro de un álbum donde se presenten en suma un número mínimo de 05 y máximo de 07 fotografías, incluyendo aquella de la persona que se desea reconocer. Este tipo de identificación no impedirá que posteriormente se realice un reconocimiento personal, pero en este caso el Tribunal deberá de tener en cuenta que su valor probatorio se verá afectado, por la interposición de una imagen previa al recognociente. Recuérdese que el reconocimiento, fuese de personas o fotográfico, pueda ser considerado como medio de prueba deberá de realizarse con la participación de los siguientes actores: a. El órgano de ejecución deberá ser siempre jurisdiccional. Como se indicó antes, en virtud de su carácter irreproducible; y b. Antes de practicarse la medida deberán de ser previamente notificados y citados las partes del proceso que hasta el momento se hayan identificado como tales, bajo penal de nulidad del acto. Se garantiza así el control de las partes sobre el acto procesal, ya que podrán durante el desarrollo del mismo hacer las preguntas y observaciones que estimen conveniente y solicitar que se haga constar cualquier irregularidad. De la diligencia de reconocimiento se elaborará un acta, en donde se harán constar todas las circunstancias en que se realizó la misma, incluso los nombres y lugar de citaciones de las personas que hayan participado en la rueda de personas como descartes. Finalmente, es de mencionarse que el medio de prueba, cuando no fuese realizado directamente por el Tribunal de Sentencia sino por un Tribunal distinto en etapa previa a la de Juicio, deberá de celebrarse bajo el protocolo de prueba anticipada para que pueda ser prueba de juicio, lo que exige de igual cuenta que la declaración del recognociente, cuando fuese testigo, se realice bajo el mismo esquema. Mera identificación o señalamiento mediante el uso de fotografías. En sentencia del 09 de diciembre de 2013, en el expediente 209-2011, la Sala de lo Penal explicó que ante la Noticia Criminis es responsabilidad de los Órganos estatales de Investigación, dirigidos técnicamente por el Ministerio Público, hacer las diligencias de investigación pertinentes, que componen la “investigación preliminar”, como parte de la etapa preparatoria, siendo uno de los objetivos “practicar todas las diligencias pertinentes y útiles no sólo para determinar la existencia del hecho punible sino también para establecer el grado de responsabilidad de los agentes” (Artículo 272 del Código Procesal Penal). Se comprende entonces la importancia de identificar a las personas responsables, tanto física como nominalmente; debe de tenerse presente que uno de los presupuestos más elementales que integran el proceso penal es lograr la certeza de la identidad de la persona objeto de la acusación, ya que si ella falta o es dudosa, toda la estructura procedimental se viene abajo, puesto que se puede alcanzar la convicción legítima de que un determinado hecho punible se produjo, pero ello no supondría la determinación de la identidad de quién fue en concreto la persona física que lo llevó a cabo; son los órganos públicos de persecución y los jueces y tribunales los llamados a llevar a cabo esta determinación. El Código Procesal Penal comprende una diversidad de actuaciones relativas a la identificación del inculpado desde una doble perspectiva: i. Material: individualizar al responsable del delito, como persona física y; ii. Formal: consiste en establecer los datos o circunstancias personales del presunto delincuente (edad, informes de conducta, antecedentes penales, etc.…); es en este quehacer que en ocasiones los Órganos de Investigación recurren a la exhibición de fotografías a víctimas o testigos, lo que no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación; es decir, una técnica policial apta para que, en caso de reconocimiento positivo, se abra una línea de investigación. Además, en sentencia del 27 de mayo de 2014 en el del expediente 062-2012 y de fecha 03 de noviembre en el expediente 084-2012, ambas del año 2014, la Sala de lo Penal indicó que el llamado “reconocimiento fotográfico” realizado en sede policial, mediante la exhibición de un álbum o una serie de fotografías de personas que por su modus operandi pueden ser sospechosos de haber cometido el delito que se persigue, constituye una diligencia legítima de iniciación de la investigación dirigiéndola contra la persona concreta reconocida por aquel medio o técnica generalmente utilizada en la práctica por la policía; diligencia cuyo valor es de naturaleza pre procesal por lo que no constituye por sí sola una prueba, aunque pueda traerse al juicio y con ello al contradictorio por otros medios probatorios de los procesalmente admisibles, reiterando lo señalado en la sentencia del 23 de Octubre de 2013, en el expediente 047-2013, que la exhibición de fotografías por parte de las autoridades policiales, no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación, que bajo el principio de libertad probatoria puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo recognociente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración. En resumen, podemos arribar entonces a las siguientes conclusiones: 1. El llamado reconocimiento fotográfico, realizado por la policía en el proceso de investigación, es en realidad una mera identificación o señalamiento de personas que son de interés y no constituye un verdadero reconocimiento fotográfico; 2. La diligencia de investigación de identificación o señalamiento, no constituye por sí misma medio de prueba; si bien tal diligencia, mediante el acta que le documenta, puede ser llevada a juicio, debe necesariamente estar asociada con otro medio de prueba, como ser la declaración testifical del recognociente, de los agentes de policía que realizaron tal diligencia o en última instancia de testigos que hayan presenciado la diligencia; y 3. La identificación o señalamiento fotográfico tiene un valor en el ámbito de la investigación y por ende pre procesal, el cual no se traslada al proceso penal, sino, Conditio Sine Quanon, hasta que es introducido en asociación con otro medio de prueba relacionado, que permita el debido contradictorio, el ejercicio del derecho de defensa de las partes, y la inmediación del Tribunal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Es doctrina jurisprudencial reiterada, la que establece que cuando el motivo de casación sea la infracción al estado de inocencia, es posible que la Sala de lo Penal controle tanto la licitud de la prueba practicada en la que se fundamenta el fallo, como su suficiencia para desvirtuar la presunción de inocencia y la razonabilidad de las inferencias realizadas (ver sentencia de la Sala de lo Penal recaída en el expediente SP 175/2011 de fecha 27 de junio de 2013). Por ello, a través de un motivo de casación basado en la infracción del estado de inocencia, se puede cuestionar, no solo el cumplimiento de las garantías legales y constitucionales de la prueba practicada, sino también la declaración de culpabilidad que el juzgador de instancia haya deducido de su contenido. Por tanto, el acusado tiene abierta una amplia vía impugnativa que permite a este Tribunal de Casación, la revisión íntegra, entendida en el sentido de posibilidad de acceder no sólo a las cuestiones jurídicas, sino también a las fácticas en que se fundamenta la declaración de culpabilidad. Cuando se alega infracción de este derecho al estado de inocencia, la función de esta Sala no puede consistir en realizar una nueva valoración de las pruebas practicadas en presencia del juzgador de instancia, porque a éste solo corresponde esa función valorativa, pero sí puede este tribunal verificar que, efectivamente, el tribunal a quo contó con suficiente prueba de signo acusatorio sobre la comisión del hecho y la participación en él del acusado, verificando también que esa prueba fue obtenida sin violar derechos o libertados fundamentales y sus correctas condiciones de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción, y comprobando también que en la preceptiva motivación de la sentencia se ha expresado por el juzgador el proceso de su raciocinio, que le han llevado a decidir el fallo sin infringir los criterios de la lógica y la experiencia. En cuanto al derecho del estado de inocencia, se configura en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargos válidas, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de ésta se pueda inferir razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. En el caso actual y concreto, la censora del fallo arguye que el testigo protegido de cargo “AL 448”, no identificó plenamente al acusado Juan Lorenzo Sánchez, no existe prueba suficiente para acreditar la comisión del delito y la participación del acusado en él, así como que el reconocimiento fotográfico que realizó dicho testigo en sede administrativa, no debe tomarse en cuenta para la emisión del fallo de condena porque no reúne los requisitos exigidos por la norma procesal. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal ha establecido a través de su jurisprudencia, que la exhibición de fotografías por parte de las autoridades policiales, no es propiamente una prueba, sino solo un acto de investigación, que bajo el principio de libertad probatoria puede ser incorporada al acervo probatorio mediante su ratificación en el juicio oral por parte del testigo recognociente y/o de los policías ante los cuales se practicó el reconocimiento, adquiriendo así, por contradicción de las partes e inmediación del Tribunal de Sentencia, el carácter de prueba susceptible de valoración. La defensa arguye que dicho reconocimiento fotográfico no debe tomarse en cuenta por no haber sido rendido ante juez competente; sin embargo, el documento fue ratificado en juicio oral y público por el agente de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Jairo Velásquez, sometiendo su contenido a la contradicción de las partes y a la inmediación del tribunal de sentencia, lo que le da el carácter de prueba susceptible de valoración. Asimismo, dicho agente además de ratificar el documento en cuestión, rindió también su declaración como testigo (f. 46v Tomo II), dando cuenta sobre la recepción de la denuncia, los actos de investigación y la posterior captura del acusado, sirviendo su testimonio de referencia para sostener el juicio de veracidad que realizó el sentenciador sobre el testimonio del ofendido “AL 448” (f. 97v Tomo II). También se presentó a declarar como testigo, el agente de investigación de investigación Milton Alexis Mendoza Betancourt, quien relató que luego de la captura del acusado Juan Lorenzo Sánchez, contactaron a la víctima para verificar si las personas capturadas se trataban de las mismas que habían realizado el cobro de extorsión. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal resalta que, si bien se realizó una identificación previa a la captura del acusado mediante el uso de fotografías, esto se hizo como una diligencia investigativa; luego, -siempre en sede administrativa- el testigo protegido “AL 448” identificó que las personas capturadas se trataban de las mismas que lo habían extorsionado, no tratándose este acto de un medio de prueba de reconocimiento de personas que establece el Código Procesal Penal (artículo 253), pero si constituye un acontecimiento percibido por el testigo protegido “AL 448” a través de sus sentidos, que posteriormente lo transmite al juicio oral y público a través de su declaración testifical, testimonio que ha sido reforzado en su contenido -según la intelectiva del juzgador- por la declaración testifical de Milton Alexis Mendoza Betancourt y Jairo Velásquez. Se resalta que la impetrante no puede pretender, con éxito, que el Tribunal Casacional sustituya la valoración probatoria realizada por la instancia, sobre todo, porque la prueba testifical de la cual alega resulta insuficiente para acreditar la comisión del delito y la participación del acusado en él, fue evacuada en audiencia pública con la debida realización de los principios de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad que rigen la actividad de la prueba. Al analizar el canon de racionalidad al que se ve obligado el tribunal de sentencia al valorar la prueba sometida a juicio, se resalta que el mismo es respetuoso de las reglas de la sana crítica que exige nuestro sistema de valoración probatorio (artículo 202 del Código Procesal Penal); además, reúne la virtualidad suficiente para acreditar la realización por parte del acusado, de los elementos del tipo penal de extorsión, lo que desvanece el argumento recursivo y hace decaer el motivo. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto por la defensa privada. Segundo motivo. Precepto autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 90 de la Constitución de la República. Concepto de la Infracción: violación al debido proceso. Pretensión: casar la sentencia recurrida. La censora del fallo arguye que el tribunal de sentencia violentó normas procedimentales porque en fecha el 19 de abril de 2017, juramentó al perito Josué Alexander Sánchez, sin la presencia de la defensa y sin citación alguna a las partes. Dicho perito rindió y ratificó la pericia de extracción telefónica de la cual transcribió los hallazgos encontrados, y en la cual ratificó en sus conclusiones que los imei que utilizaban los aparatos decomisados a los acusados, no permitían verificar el número de teléfono que usaba cada aparato, ello porque eran inhabilitados. Considera que la prueba pericial realizada no es confiable y seguidamente arguye que el número telefónico que portaba el acusado al momento de la captura, no es el mismo desde el cual realizaron las llamadas extorsivas al testigo protegido “Al 448”. Finalmente, arguye que el reconocimiento fotográfico hecho por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, es improcedente en virtud no haberse llevado a cabo con las garantías procesales. Del debido proceso. La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículo 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin, el derecho a un debido proceso exige la materialización del principio de legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del segundo motivo. El segundo motivo no es de recibo. Respecto a la violación al derecho a un debido proceso judicial, es de considerar que el presente caso inicio mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del Señor Juan Lorenzo Sánchez, por suponerlo responsable, a título de coautor, de un delito consumado de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido “AL-448”; producto de tal acción, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: i. Mediante auto de fecha siete (07) de abril de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de Sentencia resolvió (f. 47 Tomo II) que, por medio de la Unidad Antiextorsión, se estableciera el peritaje a los teléfonos decomisados a los acusados; juramentando para tal efecto (f. 55 Tomo II), en fecha diecinueve (19) de abril de dos mil diecisiete (2017), al perito analista Josué Alexander Sánchez Amador. ii. En audiencia de debate, celebrada en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil diecisiete (2017) (f. 70 Tomo II), en donde, según el acta respectiva, la defensa técnica del acusado no presentó ningún incidente relacionado con la juramentación de dicho perito, tampoco opuso reparo relacionado al momento en que éste compareció y ratificó su dictamen en la audiencia de juicio oral y público (f. 76 Tomo II), ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (f. 80V Tomo II). Es decir, en resumen, la defensa técnica no hizo denuncia u oposición por la juramentación del perito y la posterior realización de la pericia, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la misma le ha causado al acusado violación al debido proceso, denuncia que no es atendible en razón de lo siguiente: Por forma: Siendo un defecto de forma, la recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (artículo 363 tercer párrafo Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque la recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; además, la denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (artículo 170 Código Procesal Penal); y, Por fondo: El argumento es de carácter abstracto al no señalar cual es el perjuicio concreto causado, ya que la mera alegación de violación no es suficiente, requiriéndose comprobación material de su existencia. En el estudio de la causa, y limitada la Sala de lo Penal a lo que arroja el expediente judicial, determina que no existe materialmente el vicio alegado, pues la defensa no se vio limitada en su contradictorio por la realización de la pericia ni tampoco se alegó alguna causal de inhibición para con el perito; además, el medio de prueba se vio acompañado de otros que sirvieron para acreditación del delito y de vinculación del acusado con éste, como ser las declaraciones testificales del ofendido, de los agentes de investigación, la prueba documental y pericial que en conjunto lograron el convencimiento del tribunal de sentencia respecto a que lo planteado por el Ministerio Público en la formalización de la acusación si había acontecido, descartándose la alegada violación. En relación a los alegatos recursivos que hace en torno al reconocimiento fotográfico hecho por los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión, la Sala de lo Penal ha dado respuesta de manera previa en el primer motivo de casación por infracción de precepto constitucional, resaltando que, el documento fue ratificado en juicio oral y público por el agente de investigación de la Fuerza Nacional Antiextorsión, Jairo Velásquez, sometiendo su contenido a la contradicción de las partes y a la inmediación del tribunal de sentencia, lo que le da el carácter de prueba susceptible de valoración. El motivo decae y no es objeto de recibimiento. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez, debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (artículo 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (artículo 9 del Código Procesal Penal). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo); b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo); o, c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (artículo 171 del Código Procesal Penal), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (artículo 170 del Código Procesal Penal), o, en su caso y como remedio último, de nulidad (artículo 165 del Código Procesal Penal). El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá, además: 1. Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (artículo 363 párrafo tercero de Código Procesal Penal); 2. Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; 3. Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (artículo 362 del Código Procesal Penal), planteados como motivos para recurrir. Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (artículo 363 párrafo tercero del Código Procesal Penal) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (artículo 362 Código Procesal Penal); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objetos de impugnación (artículo 350 del Código Procesal Penal); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y, Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada. Único motivo. Precepto autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 202 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: inobservancia de las reglas de la sana crítica al valorar la prueba de cargo. Acciones de saneamiento: no determinado por el recurrente. Pretensión: casar la sentencia recurrida. La censora del fallo considera que el sentenciador infringió las reglas de la psicología y de las máximas de la experiencia al momento de valorar la prueba de cargo, ello en razón porque el sentenciador fundamenta su fallo de condena en el testimonio del testigo protegido “AL 448”, cuyo contenido resulta cuestionable al momento de contrastarlo con el resto del acervo probatorio. En relación a las reglas de la psicología, argumenta que los jueces obviaron dicha regla cuando dan credibilidad a lo declarado por el testigo protegido “AL 448” y a las declaraciones hechas por los testigos Jairo Velásquez y Milton Alexi Mendoza Betancourt. Seguidamente, transcribe literalmente el contenido de dichas declaraciones y de la ratificación que hizo en juicio oral y público del dictamen de extracción telefónica, el perito Josué Alexander Sánchez. Después arguye que los testigos son contradictorios y presumir la existencia de un acuerdo previo que incluyó instrucciones por parte del Ministerio Público. En relación a las reglas de la máxima de la experiencia, arguye que las mismas fueron vulneradas porque la prueba testifical de cargo no es corroborada con otros medios de prueba evacuados en juicio, así como que la experiencia común revela que existe un móvil, un teléfono que recibió el testigo protegido y, una posterior actuación, que no vinculan razonablemente al acusado Juan Lorenzo Sánchez, con el delito de extorsión. De las reglas de la sana crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 numeral 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el expediente 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el expediente 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el expediente 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del expediente 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva, el juzgador debe valorar la prueba conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la prueba: Íntima Convicción (propio del sistema de juzgamiento por jurados), Prueba Legal o tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de sana crítica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del expediente 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el expediente 88-09). Componen la sana crítica: 1) Reglas de la experiencia común o máximas de la experiencia: Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión, o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: I. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. II. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o, III. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porque lo considera así. 2) Las reglas de la psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y, 3) Las reglas de la lógica: La lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “lógica no formal”, llamada en el ámbito como razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la lógica informan sobre leyes universales, a saber: 1. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la ley de la coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: I. El principio de identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”, II. El principio de contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. III. El principio de tercero excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. 2. La derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: I. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; II. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. III. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. IV. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el principio de razón suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando las siguientes características: I. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; II. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; III. No Contradictoria: por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; IV. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y V. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit., pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. En lo que respecta al reclamo interpuesto, la Sala de lo Penal en reiteradas sentencias se ha pronunciado en el sentido que la no conformidad del recurrente con lo resuelto por el sentenciador no es motivo de casación, sino la violación a las reglas de la sana crítica, que analiza el iter de pensamiento del juez mediante el cual ha llegado a una conclusión de condena. Cuando se interpone el recurso de casación por quebrantamiento de forma cuyo motivo es la infracción a las reglas de la sana crítica (como es el caso que nos ocupa), el censor delimita su análisis a la fundamentación probatoria y la trascendencia que pueda tener ésta en la fundamentación fáctica y el posterior fallo; deberá identificar primeramente qué regla de la sana crítica es la infringida (ver sentencias de la Sala de lo Penal de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el expediente SP 131-2011; y de fecha 27 de junio de 2013, recaída en el expediente SP 132-2011); posteriormente, deberá identificar el silogismo judicial que considera transgrede la regla previamente identificada, segregar su premisa mayor, su premisa menor y su posterior conclusión, para después explicar y comprobar porqué la conclusión inferida de aquellas premisas, es malograda y no tiene la cualidad de ser respetuosa de nuestro sistema de valoración probatorio, siendo este precisamente el proceso de identificación, explicación y comprobación del vicio que exige una buena técnica recursiva. (Ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 2 de abril de 2019, recaída en el expediente SP 174-2015). Hoy por hoy, el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación las reglas de la sana crítica ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente, no en pocos casos, el recurrente acude a tal alegato como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal de sentencia, pretendiendo así que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el a quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única instancia, todo ello impropio en sede casacional. No existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe de ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo de los jueces de instancia y ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que esta Sala de lo Penal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En el caso actual y concreto, el recurrente primeramente alega que el sentenciador infringe las reglas de la psicología porque los testigos son contradictorios y es evidente que declararon en cumplimiento de instrucciones dadas por el Ministerio Público. A partir de lo expuesto, la Sala de lo Penal ha explicado a través de su jurisprudencia, que las reglas de la psicología, están referidas al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. En este sentido, lo que expone la recurrente como infracción a las reglas de la psicología, nada tiene que ver con una mala apreciación del juzgador en relación a la valoración del comportamiento de los testigos frente a un fenómeno natural, en este caso, la conducta extorsiva cometida en perjuicio del testigo protegido “AL 448” y las actuaciones de los agentes de investigación que participación en la captura del acusado, o bien, una mala valoración por parte del juzgador, en relación a un comportamiento social contrario a la psicología, llevado a cabo por dichos testigos. En igual término procede con la denuncia de las reglas de la experiencia, ya que denuncia su infracción basándose en argumentos que nada tienen que ver con juicios o valoraciones que el hombre común posee, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. La Sala de lo Penal no identifica en la intelectiva del juzgador el desarrollo de razonamientos que revelan ignorancia pura acerca del hecho objeto de juzgamiento. O bien, la citación de un hecho como común cuando no lo sea por obedecer a experiencias extraordinarias o estudios especializados. Tampoco afirma como común un hecho que exige demostración probatoria. Se identifica que el recurrente se ha dedicado a hacer una valoración particular y subjetiva de la prueba, en la que expresa el alcance valorativo que según él tiene cada medio probatorio de tanto de manera individual y como en su conjunto con los otros medios de prueba, lo que devela una queja sobre la valoración probatoria, no porque identifique la mala construcción de un silogismo judicial valorativo cuya formación transgreda alguna regla de la sana crítica, sino porque no está de acuerdo con ella, lo que no es propio de la única instancia en sede casacional. No puede ni debe la Sala de lo Penal, sustituir la función valorativa del juez de instancia, pues es éste quien debe realizarla con arreglo a las reglas de la sana crítica y en apago a los principios de inmediación, contradicción, oralidad y publicidad que rigen la actividad de la prueba; función que constituye un proceso directo del juzgador según los artículos 202, 336 y 338 del Código Procesal Penal. Mucho menos, podrían sustituirla las partes (entre ellos, la defensa), pues tienen vedada esa posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los jueces de instancia, por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicados por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado la defensa en beneficio de sus particulares intereses. Por lo anterior, el motivo decae y debe ser desestimado. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos, interpuesto por la Abogada Ayling v. Pérez, defensora privada del señor Juan Lorenzo Sánchez. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por interpuesto por la Abogada Ayling v. Pérez, defensora privada del señor Juan Lorenzo Sánchez. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal decreto 130-2017. La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso. A. Principio de legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2), y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Artículo 9), de igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello. Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad[2] son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir, solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento del juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: I. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. II. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar -de cada una de las leyes en conflicto temporal- los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. III. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Artículo 615, primer párrafo del Nuevo Código Penal). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva, resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, segundo párrafo Nuevo Código Penal), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Artículo 624.3 del Nuevo Código Penal). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 primer párrafo Nuevo Código Penal), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código Penal 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Artículo 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 del Nuevo Código Penal) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro; se aplicará el límite que sea menor; b. La ponderación deberá realizarse primero en consideración a las penas de manera global y sólo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos, se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el Código Penal 130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a. Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b. Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años: la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años: se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite subjetivo: el máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite objetivo ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se condenó a los señores Ermes Ariel Mondragón Espinoza y Juan Lorenzo Sánchez, a la pena principal de quince (15) años de reclusión y multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos, por ser considerados coautores responsables penalmente del delito de extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AL-448, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Asimismo, adicionalmente se condenó al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, a la pena de seis (6) años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L 50, 000.00), por ser autor responsable del delito de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, más las penas de inhabilitación absoluta e interdicción civil y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta de extorsión reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373), cuyas penas principales son: prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, que representan un marco abstracto de multa de diez mil lempiras (L 10, 000.00) a cinco millones de lempiras (L 5, 000,000.00); por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. En relación a la conducta de facilitación de medios de transporte reprochada al señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de drogas por posesión para la facilitación de su consumo (artículo 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o, ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o Preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List_-SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias Psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuando a cantidad de droga sea de especial importancia (artículo 312.5 del nuevo Código Penal), entendiéndose como tal: I. Diez mil gramos (10.000g) de marihuana; II. Mil gramos (1000g) de hachís; III. Dos mil gramos (2000g) de cocaína; IV. Dos mil gramos (2000g) de alcaloide derivado de la cocaína; V. Sesenta gramos (60g) de opio o de sus derivados; VI. Doscientos gramos (200) de droga sintética; o, VII. Cuatrocientos mililitros (400ml) cuando la droga sintética se encuentre en solución. Conforme los hechos probados, el señor Ermes Ariel Mondragón Espinoza, se encontraba en posesión de 6, 7 gramos de marihuana, considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el nuevo Código Penal con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, que representan en abstracto de dos mil lempiras (L 2, 000.00) a dos millones quinientos mil lempiras (L 2, 500,000.00). Por tanto, tampoco corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal en relación a esta conducta por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 31, 32, 68, 70 y 373 del Código Penal 130-2017; FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada del señor Juan Lorenzo Sánchez. 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por la defensa privada del señor Juan Lorenzo Sánchez. 3) Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas a los ahora condenados Juan Lorenzo Sánchez y Ermes Ariel Mondragón Espinoza. Y MANDA: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. Firma y Sello. LETY EMELDA POSADAS. SECRETARIA ACTUANTE. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 123-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Actuante

Sala de lo Penal

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[2] Roxin, Claus: Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civitas A.S., España. pág. 141.