Sentencia CP-113-18 — Registro 14003
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; en otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Conforme al acta de audiencia de debate y al audio del CD del debate y en revisión al defecto denunciado por el recurrente, la Sala de lo Penal ha podido constatar que la audiencia de debate en el presente caso se dio la apertura el 30 de mayo de 2017, dándose la primera suspensión a solicitud del Ministerio Público, para que se citará por edictos a los testigos H. A. L. C., Martha Noelia Laínez y Pina Ramos, fijando como nueva fecha para continuación del debate para el día viernes 02 de junio de 2017, a la 01:30 p.m., (2 días), la cual se hizo y en la que se evacuó el dictamen médico, realizado por el Doctor César Amílcar Villeda Landaverry, se evacuó la prueba documental del acta de nacimiento del menor ofendido y la lectura de las declaraciones de H. A. L. C., Martha Noelia Laínez y Pina Ramos; El Tribunal suspende la audiencia y se reanuda para el 09 de junio de 2017, a las 10:30 a.m., en la que la defensa privada solicita se reprograme la audiencia de debate para otro día, ya que en estos días está en una atención médica en Tegucigalpa, por lo que no puede ese día, estableciendo el Tribunal la reprogramación para el lunes 12 de junio de 2017, a las 02:30 p.m. (10 días), en las que se evacuaron los medios de prueba de la defensa como las declaraciones testificales de Allan Eduardo Enríquez, Eduardo Alfredo Santos; suspendiendo por tercera vez la audiencia de debate para el día martes 19 de junio de 2017 (7 días), en la que se citó para conclusiones tanto para el Ministerio Público y la defensa privada; una vez concluidas las conclusiones de las partes el Tribunal de Sentencia citó para el día viernes 23 de junio de 2017 (4 días) a las 02:00 p.m., para dar a conocer la decisión. Una vez concluida la decisión por parte del Tribunal de Sentencia, se convocó a las partes para el martes 25 de julio de 2017, a las 02:00 p.m. (15 días), para la individualización de la pena. La anterior relación de actuaciones procesales permite a esta Sala de lo Penal señalar que la audiencia de debate se celebró en cuatro (4) sesiones, haciendo un total de 23 días, tiempo que excede de aquel que señala el artículo 312 del Código Procesal Penal, por lo que la decisión tomada por unanimidad del Tribunal de Sentencia fue contraria a la legalidad procesal, constatándose así la existencia de un vicio desde la perspectiva de forma. - Ahora bien, siendo la consecuencia del recurso por forma la declaratoria de la unidad del defecto procesal, que en este caso sería la celebración de la audiencia de debate y la consecuente sentencia, es condición determinar que el defecto no haya sido subsanado como consecuencia de las actuaciones del propio recurrente; para tales efectos toma en consideración este tribunal de casación que el 30 de mayo de 2017, el Ministerio Público solicitó suspensión por no estar presente los testigos de cargo, señalando la continuación del debate para el 02 de junio de 2017, misma en la que quedó acreditado que la defensa no presentó oposición a tal petición, igual ocurrió con las fechas de suspensión del 12 al 19 de junio de 2017; y del 19 al 23 de junio de 2017; es mas el defensor privado en la suspensión de fecha 02 de junio de 2017, quedó acreditado que el Tribunal de Sentencia fijó para el 09 de junio de 2017, la continuación del debate, a lo que la defensa privada solicitó que se reprogramara para otro día, estableciendo el Tribunal la fecha para el 12 de junio de 2017, contribuyendo en este caso la defensa privada también a la suspensión del debate, quedando acreditada que la defensa privada consintió y no realizó observación en contra, mucho menos impugnación, dándose la subsanación del acto viciado como consecuencia, conforme lo dispone el artículo 170.1 del Código Procesal Penal; subsanación que se afincó más como consecuencia del consentimiento tácito de la defensa privada, regulado en el artículo 170.2 del Código de rito, cuando al abrirse las diferentes sesiones del debate éste no realizó ninguna observación sobre el tiempo pasado, aceptando la reanudación de la audiencia en las condiciones señaladas; subsanándose así el defecto y surtiendo las actuaciones los efectos de ley. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala como condición de interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma que el recurrente exprese los reclamos planteados en la instancia en contra del vicio que funda el recurso, a efecto de descartar que se haya concretado su subsanación como consecuencia de su acción/omisión; como ocurre en el presente caso en donde el abogado defensor privado, no impugnó la decisión de suspender la audiencia de debate para reanudarlas en distinta fechas y además el consentimiento tácito de éste al no realizar ningún reparo en la reanudación de la audiencia de debate en la fecha señalada..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.5 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de José de Jesús Cáceres Banegas que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José de Jesús Cáceres Banegas, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Violación Especial en perjuicio de la menor M. L. B. B.. Conforme las disposiciones del nuevo Código Penal 130-2017, el delito de Violación (Art.249), se penaliza de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. De acuerdo a la declaración de los hechos probados en el numeral segundo establece: “Durante el tiempo en que el menor H. A. L. C., estuvo en el mencionado laboratorio, en ese mismo lugar, el señor José Ricardo Ramírez Gonzáles, lo accedió carnalmente por el ano, en reiteradas ocasiones, en diferentes fechas”, Acción que se enmarca en un concurso ideal, y en la que establece que las penas anteriores se deben aumentar en 1/3 según el artículo 67 del NCP, quedando un nuevo margen de pena de trece (13) a diecisiete años cuatro meses (17años 4 meses) de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor José de Jesús Cáceres Banegas se le condenó por el delito de violación especial a la pena de 15 años de reclusión con el antiguo Código Penal, pero al revisar la nueva normativa penal y por tratarse de un delito de violación en concurso ideal contra un menor de 14 años, la pena aumenta en 1/3, quedando una pena mínima de 13 años de reclusión y una máxima de 17 años 4 meses, por lo que la pena impuesta al acusado se encuentra dentro de los límites establecidos para este tipo de delitos, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del decreto 130-2017 conforme lo regulado en el artículo 616 de esa nueva normativa penal..."
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 113-2018, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a un (01) día del mes diciembre del año dos mil veintiuno (2021), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, en su calidad de Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 113-2018 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor José Ricardo Ramírez González, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio del menor H. A. L. C., a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor José Ricardo Ramírez González, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró al señor José Ricardo Ramírez González, responsable civilmente del delito por el cual es condenado; Cuarto: No procede condenar en costas, al señor José Ricardo Ramírez González; Quinto: No procede el comiso. SON PARTES: El Abogado Sergio Antonio Reyes, en su condición de defensor privado del señor José Ricardo Ramírez González, como parte recurrente y la Abogada Karen Lizeth Martínez, en su fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: PRIMERO: El menor H. A. L. C., cuando tenía doce años, después del 3 de abril de 2010, entró al trabajar, al laboratorio dental del señor José Ricardo Ramírez González, el cual está ubicado en el municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque; en dicho laboratorio estuvo H. A., dos año y medio aproximadamente. SEGUNDO: Durante el tiempo en que el menor H. A. L. C., estuvo en el mencionado laboratorio, en ese mismo lugar, el señor José Ricardo Ramírez González, lo accedió carnalmente por el ano, en reiteradas ocasiones, en diferentes fechas.” RECURSO DE CASACIÓN, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Sergio Antonio Reyes Mejía, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: EXPOSICION DE MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL.- PRIMERO MOTIVO: Que se basa en la aplicación indebida del Artículo 140 del Código Penal, que preceptúa: “El acceso carnal con persona de uno u otro sexo mediante violencia o amenaza de ocasionarle al sujeto pasivo, al cónyuge de éste o compañero de hogar, o a uno de sus parientes dentro del cuarto (4°.) grado de consanguinidad, segundo (2do) de afinidad un perjuicio grave o inminente” Para efectos de este artículo se entenderá por acceso carnal, el que se tenga por vía vaginal, anal o bucal. Se sancionará con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión. Y son casos especiales de violación el acceso carnal, cuando sin mediar violencia o amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: Tales casos serán sancionados con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión y son los siguientes: 1) Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad. - PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Que establece que: Habrá lugar al recurso de casación por infracción de Ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. EXPLICACION DEL MOTIVO: El Tribunal se Sentencia declaró como HECHOS PROBADOS, los siguientes: PRIMERO: “El menor H. A. L. C., cuando tenía doce años, después del 23 de Abril del 2010, entró a trabajar, al laboratorio dental del señor José Ricardo Ramírez Gonzales, en dicho laboratorio estuvo dos años y medio aproximadamente.- En este hecho se falta a la verdad, porque está demostrado de que dicho menor no entró a trabajar sino a aprender el oficio.- SEGUNDO: Que durante el tiempo en que el menor H. A. L. C., estuvo en el mencionado laboratorio, en ese mismo lugar, el señor José Ricardo Ramírez Gonzales, lo accedió carnalmente por el ano, en reiteradas ocasiones.- ESTOS HECHOS PROBADOS POR EL TRIBUNAL DE SENTENCIA, dice basarse a la declaración del ofendido H. A. L. C., rendida en la audiencia inicial, la que fue introducida por lectura autorizada en el debate, ante la imposibilidad de reproducir la misma en la audiencia de debate, a pesar de haberse hecho la publicación de edictos para que el ofendido compareciera al debate. Cabe señalar que la Fiscalía previno previamente esta introducción por lectura, porque sabía que el ofendido solo hizo la denuncia o provocó la misma por medio de su madre, y se fue para Estados Unidos de Norte América. En su versión establece que su familia se dio cuenta porque le vieron un mensaje, que los demás mensajes los borraba porque el imputado se lo decía y que le tenían un apodo de Excelsa. En esta declaración se puede observar que el ofendido falta a la verdad y entre sus dichos lo que establece es duda sobre la existencia de los hechos. Además de que esta valoración el tribunal lo ha hecho SIN TENER LA INMEDIACION. sobre dicho testimonio.- También el Tribunal Sentenciador, dice hacer valoración al dictamen, realizado y ratificado en el debate por el doctor Cesar Amilcar Villeda Landaverry, quien afirma haber tenido relaciones sexuales contra su voluntad, al examen genital ano con borramiento de pliegues en todo el contorno del ano, que puede ser compatible al roce y penetración de cuerpo romo (pene erecto) Y si se revisa el testimonio o ratificación del dictamen de dicho médico CESAR AMILCAR VILLEDA LANDAVERRY, estableció que lo que presenta el ofendido no necesariamente se deba a penetración de un pene, sino por diarrea, por un trozo de madera, un tuvo. Y ESTABLECE CLARAMENTE QUE NO HA EXISTIDO PENETRACION A LA FUERZA. El Tribunal Sentenciador valora el testimonio de la señora MARTHA NEHELIA LAINEZ CARCAMO, la cual también introdujo por lectura, así como el dictamen pericial psicológico forense de la doctora PINA RAMOS, la cual carece de valor probatorio, ya que la evaluación se practicó en fecha 27 de Septiembre del 2012, cuando ya mi representado se encontraba detenido y había rendido su declaración de imputado, el perito no se juramentó ni compareció su abogado defensor ni el imputado en total violación del Artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal, que preceptúa: A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho, en consecuencia, a: 10) A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba. Pero el Tribunal complaciendo siempre las peticiones de la Fiscalía, abusándose de los casos excepcionales en que se puede introducir mediante lectura dichos medios de prueba, lo permite violando el debido proceso y lo peor le da un valor jurídico para privar de la libertad a una persona. Cuando que nuestra constitución lo permite siempre que se haga conforme a los casos permitidos por ley. LO CUAL ES VIOLATORIO A LOS PRINCIPIOS DE INMEDIÁCION, DE CONTRADICCION, A LA IGUALDAD DE LOS INTERVINIENTES EN EL PROCESO Y A LA LEALTAD CON LA JUSTICIA. - El Tribunal describe el testimonio de los testigos de descargo, los cuales dejan establecido la falsedad del testimonio del supuesto ofendido, que lo que pueden arrojar en su valoración jurídica es la duda. Pero el tribunal no les da un valor de imparcialidad sino que la consideró inútil.- LO QUE SE PROBO EN EL DEBATE PRIMERO: En el Debate que dio su inicio en fecha treinta de mayo del presente año (2017), se probó lo siguiente: El doctor JOSE AMILCAR VILLEDA LANDAVERRY, al cual el tribunal le dio valor jurídico para fundamentar su fallo condenatorio, este estableció en su testimonio: Que ratifica el dictamen y al ser sometido al principio del contradictorio, dice que hay Hiperemia (enrojecimiento en el ano) por penetración constante, dice que ese enrojecimiento no es necesariamente por penetración de un pene, sino, por un trozo de madera, un tubo, dice que se lo dijo al fiscal, y establece que no ha existido penetración a la fuerza. En este reconocimiento dice el médico que no estaba presente ningún defensor, solamente la mamá del menor.- SEGUNDO: Se introdujo por lectura los testimonios del supuesto ofendido EVER AMOS LAINEZ CARCAMO, (quien en su testimonio deja ver que se produce faltando a la verdad) MARTA NOHELIA LAINEZ (madre del ofendido), quien establece que en el mensaje lo trataban como mujer (que ella escuchó rumores que él es Gay y que lo van a sacar del país porque tiene miedo) en su demás relato deja duda en la veracidad de los hechos) y de la psicóloga PINA RAMOS, (el cual fue evacuado sin la intervención del defensor del imputado, cuando ya la causa estaba judicializada, y fue introducida por lectura violatoriamente, pero aun así se puede observar que según su evaluación el supuesto ofendido tiene problemas de actitud personal).- TERCERO: Por parte de la Defensa se evacuo al testigo ALLAN EDUARDO ENRIQUEZ, este testigo dentro de su testimonio relata: Que trabaja desde hace catorce años con el señor Ricardo (el imputado) que ha Ever (el supuesto ofendido) lo conoció cuando llegó allí a aprender el oficio,(no era trabajador como se indica en el Requerimiento Fiscal) que Ever tenía una actitud no grata, el tenía orientación homosexual, él llegaba solo a chatear y les hacía pregunta extrañas a ellos “como si un hombre podía salir embarazado” que “como se iniciaba una relación” también decía que el no tenía novia “que no le gustaban las mujeres” que allí pasaban y que eran cinco los que pasaban allí, y nunca tuvieron una discusión con Ricardo (el imputado) que nunca pasaba nadie solo, siempre pasaban en el local que trabajaban era un local pequeño de dos piezas y que don Ricardo aparte de ser un jefe ha sido una persona muy respetuosa y nunca les ha faltado el respeto, que Ever llegaba de 2 a 4 de la tarde; después se fue de allí a un taller mecánico y regresó a la clínica, nunca vio una actitud sospechosa entre Ever y don Ricardo, siempre pasaban todos juntos y nunca vio nada. Que el piensa que Ever acusa a don Ricardo, porque quería declararse homosexual o gay; porque quería irse para los Estados Unidos y lo logró y lo hace por dinero. Y finalmente que nunca vio o escuchó a don Ricardo, amenazar a Ever. EN OTRAS PALABRAS, ESTABLECE QUE EL SUPUESTO OFENDIDO LO OUE QUERIA ERA OBTENER DINERO PARA IRSE Y LA FORMA ERA BUSCAR PERJUDICAR A ALGUIEN PARA OBTENER DINERO. El Testigo EDUARDO ALFREDO SANTOS, relató: Que sobre trece años a trabajado con don Ricardo, que hoy por su experiencia desarrolla un trabajo moderno de mecánica dental, que a través de la Iglesia donde asisten, Ever le pidió a don Ricardo que le diera la oportunidad de ver como se realizaba el trabajo (no era un trabajador como ya se ha establecido) en lo demás su testimonio es idéntico al anterior testigo. Demostrándose con esta prueba que el testimonio del supuesto ofendido no puede ser creíble y no por el hecho de que se diga que tenga tendencias de homosexualidad. Sino porque la prueba pericial no es contundente sino contradictoria con la prueba testifical. No existiendo una concordancia ni relación entre una y otra que sea concatenadamente relacionadas. CUARTO; En el debate rindió su testimonio mi defendido JOSE RICARDO RAMIREZ, quien niega los hechos que se le imputan, porque es casado, tiene hijos e hijas y no les gustaría que les ocurriera algo semejante. Que ama y respeta a Dios. (En los testimonios que constan en este debate queda establecido que mi defendido pertenece y asiste a una Iglesia como al igual que sus trabajadores).- Esta defensa considera que este motivo de casación es de recibo.” “SEGUNDO MOTIVO: Que se basa en la no aplicación del Artículo 339 del Código Procesal Penal que preceptúa: Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable.- EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Como podrá Observarse, en todo el debate no existen pruebas fehacientes, que dejen sin lugar a dudas la comisión del delito de Violación Especial, pues entre las pruebas periciales y testificales, no se establece que realmente se haya cometido el delito acusado por parte de mi representado José Ricardo Gonzales, el médico Cesar Amílcar Villeda, no estableció que lo que presenta el supuesto ofendido sea producto de una penetración de pene; con el medio de prueba de la Psicóloga, no arroja mérito para establecer el delito, más bien deja ver la conducta de inadactibidad o estabilidad y de personalidad del supuesto ofendido Ever; y con las declaraciones testificales de esta defensa señores ALLAN EDUARDO ENRIQUEZ, EDUARDO ALFREDO SANTOS Y DEL PROPIO IMPUTADO, se demuestra que no ha existido tal delito ni la participación del imputado en la comisión del mismo.- POR LO QUE ESTA DEFENSA CONSIDERA QUE ESTE MOTIVO TAMBIEN ES DE RECIBO.” Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma: EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. PRIMER MOTIVO: Que se basa en medios de prueba o elementos probatorios incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Titulo IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: Que se basa en medios o elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Artículo 311 numeral 2 que preceptúa “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral”. En relación al Artículo 311 numeral 2 “Las Lecturas Autorizadas Los testimonios o pericias practicas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible su reproducción en el acto del juicio oral” nos remitimos a los medios de prueba testimoniales de el ofendido EVER AMOS LAINEZ CARCAMO, MARTHA NOHELIA LAINEZ y el dictamen Psicológico de la Licenciada RINA ARELY RAMOS, en virtud de que en la audiencia de debate no se hicieron presentes, donde no existió participación de la defensa para interrogar, por lo que se violentan los principios de CONTRADICCION E INMEDICION, que rigen el proceso penal. La imposibilidad o dificultad para su comparecía al debate no fueron debidamente justificadas. - INCORPORANDOSE MEDIANTE LECTURA, Violentándose derechos y garantías otorgadas por nuestra Constitución de la República en su Artículo 90 que se refieren al debido proceso y con violación al Artículo 101 párrafo 10 de la Ley Adjetiva que señala: “A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho en consecuencia A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba...” La defensa no pudo interrogar a los testigos en el debate para hace valer el principio de contradicción y el tribunal no tuvo la inmediación para valorar su testimonio y fallar conforme a ese principio. - En cuanto al dictamen Psicológico de la Licenciada RINA ARELY RAMOS, se realizó cuando la causa ya estaba judicializada, por lo que debió de evacuarse con la asistencia del defensor del imputado. Al no haberse hecho así se violentó el artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal. - Por lo que considera esta defensa que es de Recibo este motivo de casación. Que se basa en medios o elementos probatorios incorporados por lectura, en violación de las normas. Considero que, aunque la ley habla de incorporación mediante lecturas que podrán ser incorporadas excepcionalmente, esta no es la regla porque hay excepciones y esas excepciones deben ser debidamente probadas y no aplicarlas antojadizamente. - También infringe los Artículos 12 que se refiere A LA LEALTAD PARA CON LA JUSTICIA. Los Juzgados y demás tribunales en el proceso penal actuarán con absoluta lealtad a la justicia. La infracción dolosa de esta disposición, especialmente en los casos de ocultación de pruebas o la presentación de pruebas falsas, será sancionado con suspensión del ejercicio profesional. A consideración de esta defensa, el ente acusador prefirió no llevar a los estados estos medios incorporados mediante lectura, pretendiendo ocultar la evacuación de estos medios probatorios porque eran decisivos al someterlos ante el Tribunal de Sentencias, al ser evacuados mediante los Principios de Contradicción e Inmediación que regulan el debido proceso.” “SEGUNDO MOTIVO: La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público. - PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 362 numeral 5 del Código Procesal Penal. - También se invoca como infringido por falta de aplicación, como ser los artículos 312, 313 que mandan: El debate podrá realizarse en una o varias sesiones que, para todos los efectos se tendrán como una sola audiencia... El Tribunal de Sentencia podrá suspender el debate por un plazo máximo de quince días cuando 1).... 2).... 3) no comparezcan los testigos o peritos. Artículo 313 Reanudación. Nueva Sustanciación del debate. Si la audiencia no se reanuda el día... o, en su caso dentro del plazo establecido, la sustanciación del juicio DEBERÁ DE INICIARSE DE NUEVO. Artículo 318 señalamiento de fecha y hora para el debate. Dentro de... fijará la fecha y la hora en que iniciará el juicio oral y público. Dicha fecha deberá estar comprendida entre los diez (10) y los treinta (30) días siguientes. Excepcionalmente el Tribunal podrá prorrogar este plazo por auto motivado, hasta por quince (15) días. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es de dejar claro, que este Recurso de Casación, consiste en señalar que el Tribunal sobrepaso dichos términos en el caso del señalamiento de la Audiencia para el Debate fue iniciado el 30/5/2017, posteriormente se dieron suspensiones las cuales el Tribunal de Sentencia en su inició advirtió que no se suspendería y que era responsabilidad de las partes llevar sus medios probatorios. PERO LOS QUINCE DIAS que la ley ordena Concluyeron y aun así el Juicio continuo hasta el diez de agosto del 2017, en que se dictó Sentencia, la cual adolece de ese vicio. Por lo que la hace nula. Sobre este punto ya existen un número considerable en el Tribunal de Sentencia de esta ciudad de Santa Rosa de Copán. - Esta defensa considera que este motivo de casación es de recibo.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 140 del Código Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida de la norma sustantiva. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Que es de recibo. Establece el recurrente, en cuanto a la explicación de este motivo casacional, lo siguiente: 1. Cuestiona el hecho probado de la sentencia, estableciendo que el sentenciador faltó a la verdad, al establecer que quedó demostrado que el menor (víctima) ingresó al laboratorio (lugar donde ocurrieron los hechos) a trabajar, cuando lo correcto es que el menor llega a aprender un oficio (hecho primero) y en cuanto al hecho segundo no acceso carnalmente al menor en reiteradas ocasiones. 2. Establece que existió infracción al principio de inmediación, ya que el juzgador otorgó valor probatorio a la declaración rendida por el ofendido en audiencia inicial, la cual fue introducida al debate mediante lectura; en cuyo testimonio el ofendido faltó a la verdad y de éste únicamente se establecen dudas sobre la existencia de los hechos. 3. Establece que la valoración del dictamen de evaluación física, en la que se afirma el examen genital ano con borramiento de pliegues en todo el contorno del ano, que puede ser compatible al roce y penetración de cuerpo romo (pene erecto), estableciendo el recurrente que lo que presenta el ofendido no necesariamente se deba a penetración de un pene, sino por diarrea, por un trozo de madera, un tubo. 4. Existió violación al artículo 101 numeral 10 del Código Procesal, ya que el perito no se juramentó ni compareció su Abogado defensor ni el imputado. 5. El recurrente establece lo que se probó en el debate, y transcribe las declaraciones incorporadas tanto de cargo y de descargo, sin establecer su pretensión. Del Sistema de Impugnación Penal Recurso es la actuación procesal mediante la cual, la parte a la que una resolución judicial impugnable causa agravios, provoca que el mismo u otro tribunal previamente asignado, revise lo actuado, a fin de enmendar o confirmar lo recurrido, pudiendo quedar en suspenso o no, lo ordenado mientras esto ocurre. El artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que toda “persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley”.- Se concluye a partir de lo anterior, que los recursos son interpuestos en contra de la parte dispositiva o resolutiva y no contra la fundamentación jurídica, ya que solo la parte dispositiva causa un agravio efectivo, lo que no impide atacar la motivación o fundamentación jurídica como medio de controlar la parte dispositiva, todo ello a instancia de parte. Los recursos abren un paréntesis dentro del curso procedimental; paréntesis ciertamente regido por reglas particulares, sin perjuicio de que en ciertos casos ese procedimiento pueda continuar, a reserva de los efectos que pueda producir sobre la decisión de la impugnación recursiva. En la legislación hondureña, el derecho a que una resolución judicial sea examinada por dos órganos jurisdiccionales distintos y jerárquicamente dispuestos en el organigrama judicial es recogido por el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, esto en relación con el artículo 310 de la Constitución Política, referente a la garantía de doble instancia. En particular, el Código Procesal Penal (CPP) realiza un tratamiento unitario y sistemático del sistema de recursos, dedicando el Libro Tercero para ello, bajo el epígrafe “De los Recursos”, clasificándolos en: 1) Recurso de Reposición; 2) Recurso de Apelación; 3) Recurso de Casación; 4) Recurso de hecho o de queja. Son características de los recursos: Recurso abierto, cuando la ley procesal no establece un abanico de resoluciones impugnables y cerrado cuando así lo hace. En el sistema penal hondureño, los recursos de apelación y casación son cerrados, dado que la ley procesal señala taxativamente las resoluciones susceptibles a estos recursos, siendo el recurso de reposición el único de carácter abierto o libre, pudiendo ser interpuesto en contra de cualquier resolución judicial, salvo las sentencias definitivas. Recursos ordinarios y extraordinarios: Los primeros, cuando pueden fundamentarse en cualquier motivo de impugnación y los segundos, cuando la ley fija supuestos de impugnación. El CPP establece como recurso ordinario el de reposición, apelación y casación por infracción de precepto constitucional, siendo el recurso extraordinario el de casación por infracción de ley, infracción de doctrina legal y quebrantamiento de la forma procesal. Devolutivos y No Devolutivos: Atendiendo a si el conocimiento del recurso corresponde al mismo órgano que dictó o no la resolución impugnada, se distingue los recursos devolutivos, cuando el recurso ha de ser conocido por un órgano distinto al que emitió la resolución atacada por el recurso y los no devolutivos cuando el recurso es conocido por el mismo órgano judicial que profirió la resolución. En el CPP regla como recurso no devolutivo el de reposición y recursos devolutivos el de apelación y casación. Los recursos, por el efecto pueden ser devolutivos, suspensivos, extensivo y restrictivo. - Por efectos de la apelación debe entenderse los resultados que se producen en cuanto a la competencia del juez que dictó la resolución impugnada: i.- Devolutivo, como ya se dijo, responde a que el recurso interpuesto debe ser conocido y resuelto por otro tribunal previamente establecido; ii.- Suspensivo, determina la imposibilidad de ejecutar la resolución judicial recurrida mientras se sustancie el recurso, suspendiendo la competencia del tribunal sobre lo resuelto, mientras no haya un pronunciamiento sobre la impugnación, siendo este efecto -la excepción- en el sistema de impugnación hondureño, pues la regla general es el efecto no suspensivo, es decir que el recurso no paraliza la ejecución de la resolución impugnada. Es una de esas excepciones: los recursos interpuestos en contra de una resolución definitiva; iii.- Extensivo, ocasiona que la resolución favorable de un recurso interpuesto por uno de los procesados favorece a los demás, aun cuando aquellos no hayan promovido la impugnación, siempre que se encuentren en iguales circunstancias; se justifica por la necesidad de evitar resoluciones contradictorias, máxime si se trata de un mismo caso, dado el Principio de Igualdad. (Art. 349 CPP); iv.- Restrictivo, el cual establece que la resolución desfavorable en un recurso interpuesto por el ente acusador en contra de uno de los procesados, no se extiende a los demás, aun cuando se encuentren en iguales circunstancias. En el sistema procesal hondureño, se regula expresamente el efecto suspensivo y extensivo, debiendo derivarse -por efecto negativo- lo referente al efecto devolutivo y restrictivo. En conclusión, los recursos se interponen en contra de una resolución que aún no goza de inmutabilidad (firme y con efecto de cosa juzgada), de manera que el proceso continúa en un estadio diferente, bajo la mismas reglas de acción que motivaron su inicio; su esencia responde en definitiva a tres pilares: que se trate de una resolución no firme, cuya protesta (impugnación) pueda ser presentada por una o todas las partes procesales y la revisión de la resolución recurrida con la oportunidad de proceder a su anulación o modificación. De la Debida Técnica Recursiva de Casación El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penales sustantivas y normas procesales y, por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos, en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente debe observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y Quebrantamiento de Forma (el recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten, a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de rango constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante doctrina legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (cita de precepto autorizante, norma infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Claramente el Recurso de Casación por Infracción de Ley, de acuerdo a la normativa procesal penal procede; “cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma de carácter sustantivo, que deba ser observado para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. La Sala de lo Penal, ha reiterado que cuando se conoce un Recurso de Casación por Infracción de Ley, se trata precisamente de examinar si en la descripción de los hechos probados establecida por el Tribunal de instancia se determina de manera correcta un iuditio de subsunción del hecho en el derecho, ya que el objetivo preciso del Recurso por Infracción de Ley, es el relato de hechos probados en la sentencia que deben ser descritos en el fallo de manera clara y precisa conteniendo un relato fáctico que permita adecuarlos a una hipótesis normativa. Debiéndose respetar los hechos probados, pues el principio de intangibilidad de los hechos fijados en la sentencia limita el control jurídico de la casación al vedar entrar a la reconstrucción histórica de los hechos acaecidos los cuales son fijados en la sentencia recurrida, procediendo sólo revisar y corregir la aplicación del derecho sustantivo. El impetrante en Casación por Infracción de Ley, debe precisamente manifestar el vicio iudicando que se considera cometido por el tribunal sentenciador al momento de adecuar los hechos con el derecho en la infracción de normas sustantivas penales o doctrina legal, ya sea por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea. Por otra parte, esta Sala observa que el recurrente reprocha la fundamentación probatoria del fallo impugnado, concretamente las pruebas, además cuestiona derechos fundamentales como el derecho de defensa, violación de los principios de inmediación, de contradicción, a la igualdad de los intervinientes en el proceso y a la lealtad con la justica, todo ello resultando completamente ajeno a la causal invocada, tornando el recurso carente de claridad y precisión. Esta Sala reitera que, por la vía de Infracción de Ley, que es el cauce invocado por el censor, no es procedente conocer de los alegatos fundados en defectos de forma que radican en la valoración errónea de la prueba, en tanto que los mismos han debido ser canalizados a través de un motivo de casación por Quebrantamiento de Forma. La defectuosa técnica de casación utilizada por el recurrente hace imposible el análisis objetivo de subsunción del tipo penal, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que éste pueda admitirse y analizarse jurídicamente, es preciso que el mismo esté dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito, como esencia misma del derecho penal. Extrañamente, el recurrente no tuvo presente lo expresado por él mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, atacando la suficiencia acreditativa de los medios de prueba. El recurrente al apelar a la revalorización de los medios de prueba, se desmarca de los principios que rigen el recurso interpuesto y que él mismo expuso al inicio del libelo, por lo que debe ser declarado sin lugar. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 339 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Insuficiencia de pruebas para condenar al imputado. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: El motivo es de recibo. Establece el recurrente en su explicación motivacional, que no existen pruebas suficientes que dejen sin lugar la comisión del delito de violación especial, pues entre las pruebas periciales y testificales, no se establece que se haya cometido el delito a la cual se atribuye a su representado José Ricardo Ramírez Gonzáles. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Argumenta el recurrente que el juzgador no aplicó el artículo 339 del Código Procesal Penal, que versa sobre la resolución que refiere: “Si el Tribunal considera que no hay pruebas suficientes para condenar al imputado, dictará sentencia absolutoria; así mismo será absuelto en caso de duda razonable”, sigue manifestando el recurrente en su exposición casacional que en todo el debate no existen pruebas suficientes, que dejen sin lugar a dudas la comisión del delito de violación especial, pues entre las pruebas periciales y testificales, no se establece que realmente se haya cometido el delito acusado por parte de su representado José Ricardo Ramírez Gonzáles. Esta Sala de lo Penal, observa que la norma indicada como vulnerada por el motivo de casación, es una norma de naturaleza típicamente procesal y no una norma material o de derecho penal sustantivo. El recurrente equivoca la vía recursiva, pues al no tratarse de una norma penal o de carácter sustantiva, impide o hace imposible a esta Sala emitir pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Por lo expuesto, lo procedente es desestimar el motivo de casación invocado por el recurrente. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código, o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal. Artículo 101 numeral 10 del Código Procesal penal. Concepto de la infracción: Lecturas Autorizadas: Que se basa en medios o elementos probatorios incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el artículo 311 numeral 2. Las personas imputadas y sus derechos: numeral 10 “A estar presente, con su defensor, en todos los actos que impliquen elementos de prueba, salvo en los casos en que el presente Código disponga lo contrario”. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Sin determinar por el pretensor. Establece el recurrente que se violentó el artículo 311 numeral 2, en cuanto a los medios de prueba testimoniales del ofendido H. A. L. C., Martha Nohelia Laínez y el dictamen psicológico, en virtud de que en la audiencia de debate no se hicieron presentes, donde no existió participación de la defensa para interrogar, por lo que se violenta los principios de contradicción e inmediación, que rigen el proceso penal. Establece además el recurrente, que se violentó el artículo 101 numeral 10 del Código Procesal penal, en cuanto al dictamen psicológico de la Licenciada Rina Arely Ramos, que se realizó cuando la causa ya estaba judicializada, por lo que debió de evacuarse con la asistencia del defensor del imputado. De la Oralidad en el Proceso Penal y la Introducción de prueba por Lectura como su Excepción. Es oportuno establecer que uno de los principios rectores del proceso penal es la oralidad, derivado del artículo 94 de la Constitución de la República el que determina que “A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio…”, pues el ser oído implica una comunicación oral; también en los mismos términos se pronuncian los artículos 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. La importancia de la oralidad está reflejada en su insistente regulación procesal, misma que comienza en el artículo 1 del Código Procesal Penal, más sin embargo, es el artículo 4 que señala que esta forma de comunicación será la regla general en el proceso, salvo en los casos que expresamente se determine lo contrario; especifica la norma procesal en el artículo 310 que “las declaraciones del imputado, de los testigos y peritos y las demás intervenciones que se produzcan durante el debate, así como, las resoluciones o sentencia que dicte el respectivo tribunal, serán orales…” sin perjuicio de que el registro de estas actuaciones pueda ser por escrito. El Principio de Oralidad implica entonces que el proceso penal se regirá bajo una estructura predominantemente a base de audiencias, donde los sujetos y actores del proceso se comunicaran entre sí a través de la palabra hablada como regla general, principio que adquiere más relevancia en la fase de juicio ya que posibilita que otros principios rectores sean igualmente observados, ello a causa de su interdependencia, como ser: la inmediación (Art. 306), la contradicción (Art. 4CPP), la concentración (Art. 306 y 312 CPP) y la publicidad (Art. 308CPP).- Ahora bien y como sucede normalmente en el derecho, este Principio no es de carácter absoluto, el Código de Rito en el artículo 311 advierte que existen circunstancias, taxativamente enunciadas, que autorizan incorporar por lectura algunas actuaciones que normalmente deben realizarse en la audiencia de debate oralmente, estas circunstancias son especialísimas, constituyen la excepción al principio de oralidad y deben ser debidamente justificadas y motivadas por el Tribunal de Sentencia; entre estas circunstancias tenemos la prevista en el numeral 2 del artículo 311. Señala el segundo numeral que se podrán incorporar por su lectura: “Los testimonios o pericias practicadas durante la etapa preparatoria, cuando sea imposible o extraordinariamente difícil su reproducción en el acto del juicio oral.”. - Partiendo de la norma se puede determinar que son requisitos para la incorporación de lectura de una declaración testifical o pericia rendida en la etapa preparatoria: 1. Que figure como medio de prueba a reproducir en la audiencia de debate, ya sea por haber sido admitido como tal en la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 CPP) o en la etapa de Incidentes de la audiencia de debate cuando así proceda (Art. 320 CPP); 2. Que el Testigo o el Perito no pueda ser habido a la audiencia de debate por: a. Imposibilidad, entendiéndose como tal la incapacidad sobrevenida y permanente del testigo de dar a conocer lo que sabía de los hechos, esto por muerte o por enfermedad incapacitante; b. Extraordinaria dificultad que acontece cuando el testigo pudiendo externar lo que sabe de los hechos, no es posible hacerlo llegar a la audiencia de debate el día en que se previó su comparecencia o durante un término no mayor de quince días, como es en los casos de que el testigo se encuentre fuera del país o no pueda ser localizado dentro del territorio nacional aun cuando se hayan realizado diligencias para ello; y 3. Que el testigo haya rendido su declaración o que la pericia haya sido practicada en la Etapa Preparatoria (Art. 264 CPP) del proceso penal. La valoración de la declaración introducida por lectura o del dictamen introducido por lectura deberá ser conforme a las reglas de la sana crítica (Art. 202 CPP), con especial cuidado a los aspectos que hayan podido limitar las garantías de contradicción e inmediación; viéndose obligado el Tribunal de Sentencia, de manera ineludible, a hacer un examen riguroso de dicho de medio de prueba, pues a la postre se trata de una conversión de un medio de prueba testifical o pericial por uno documental. Las partes podrán recurrir la sentencia que valore un medio de prueba introducido por lectura a la audiencia de debate: 1. Mediante la presentación del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma al amparo del artículo 362.2 del Código Procesal Penal, alegando la introducción indebida por lectura del medio de prueba en violación a alguna de las reglas contenidas en el artículo 311 del mismo Código; y/o 2. Mediante la presentación del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma al amparo del artículo 362.3 del Código Procesal Penal, alegando una inadecuada valoración del medio de prueba introducido por lectura, colisionando con la regla contenida en el artículo 202 del código indicado. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo Se ha constatado en la foliada judicial, que fue introducida la declaración del menor perjudicado H. A. L. C. y de la señora Martha Nohelia Laínez (madre del menor) en la audiencia inicial de fecha once (11) de octubre de dos mil doce (2012), según folio 10 a folio 14, constatándose a Folio 11, que la declaración del menor H. A. L. C., fue realizada con las formalidades de prueba anticipada; ambas declaraciones fueron sometidas a contradictorio tanto del Ministerio Público como de la defensa privada. En la audiencia de proposición de pruebas (F81), el Ministerio Público propuso como prueba testifical, la declaración de la víctima H. A. L. y la declaración de la señora Martha Nohelia Laínez Cárcamo; se propuso como prueba pericial el dictamen de evaluación psicológica, la cual sería ratificada por la Licenciada Pina Arely Ramos Jiménez, la cual fue practica al ofendido (F26 a F27), las que fueron admitidas y no fueron objetadas por parte de la defensa privada. En la audiencia de juicio oral y público (F112 a F118), en la etapa incidental el Ministerio Público solicitó de manera condicional, en caso de que no se pueda hacer posible su declaración en la presente audiencia de debate del menor H. A. L., en vista de que ésta fue realizada con las formalidades de prueba anticipada en el Juzgado de Letras de Ocotepeque; estableciendo la defensa que no tiene objeciones a lo solicitado por el Ministerio Público, resolviendo su admisión por unanimidad por parte del Tribunal de Sentencia. Aconteció en el debate (F113), que el Tribunal de Sentencia solicita a la Secretaría que informe con respecto a los testigos, si fueron citados; informando que los testigos H. A. L. C., Martha Nohelia Laínez y Pina Ramos, fueron citados y no se encontraban, solicitando la fiscalía que siendo que era el único domicilio con que contaba el Ministerio Público para ser citados, que se cite por edictos para poder dar con la ubicación de los mismos; admitiendo el Tribunal de Sentencia la solicitud del Ministerio Público, en el sentido de que el joven H. A. L., M. N. L. y P. R., sean citados por edictos en aplicación del artículo 157 del Código Procesal Penal, la secretaría deberá liberar los oficios correspondientes por dos medios de comunicación por tres días, suspendiendo el debate. Una vez reanudado el debate, la Secretaría informa al Tribunal de Sentencia que se libraron edictos para que estas personas se presentaran y los mismo no comparecieron, ordenando el Tribunal con base en el artículo 311 numeral 2 del Código Procesal Penal se introduzca por lectura las declaraciones de H. A. L. C., Martha Nohelia Laínez y Pina Ramos, estableciendo además que no hubo oposición por parte de la defensa privada, procediendo seguidamente a dar lectura de las declaraciones testificales, así como el dictamen psicológico practicado al ofendido. Las diligencias enumeradas comprobaron que era extraordinariamente difícil la localización de los testigos H. A. L. C., Martha Nohelia Laínez y Pina Ramos (Art. 311.2 C.P.P.), resolviendo de manera correcta el Tribunal de Sentencia al introducir por lectura las declaraciones hechas por éstos en la audiencia inicial y, misma que se desarrolla en la etapa preparatoria del proceso penal. Las declaraciones de los testigos H. A. L. C., Martha Nohelia Laínez y Pina Ramos, revisten de esencialidad, pues en el primero se trata del perjudicado y testigo presencial estableciendo como sucedieron los hechos, así como la declaración de la madre del menor Martha Nohelia Laínez, y del dictamen pericial psicológico forense realizado por la Licenciada Pina Ramos, por lo que era necesario allegar sus declaraciones a la audiencia de debate, esto con independencia a la valoración que debía hacerse de las mismas conforme a las reglas de la sana crítica, lo cual no puede ser objeto de revisión por esta Corte de Casación a través de este motivo, tal y como lo limita el artículo 350 del Código Procesal Penal. En ese sentido, lo anterior son razones suficientes para declarar sin lugar el primer motivo de casación. En cuanto a lo alegado por el recurrente al establecer que se violentó el artículo 101 numeral 10 del Código Procesal Penal, en cuanto al dictamen psicológico de la Licenciada Rina Arely Ramos, se realizó cuando la causa ya estaba judicializada, por lo que debió evacuarse con la asistencia del defensor del imputado, en este sentido el recurrente solo mencionó este alegato en este motivo casacional sin explicarlo y desarrollarlo, sin establecer cuáles fueron los agravios, derechos o garantías que se vulneraron, motivo que debió desarrollarlo en otro motivo casacional, por lo que la sala de lo Penal no puede pronunciarse sobre este aspecto. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. Norma autorizante: Artículo 362 del Código Procesal Penal. Norma que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 5 en relación con los artículos 312,313 y 318 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Inobservancia de las reglas establecidas en el presente código para la realización del juicio oral y público. Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Es de recibo. Establece el recurrente que el Tribunal sobrepasó los términos en el caso del señalamiento de la audiencia del debate, el que fue iniciado el 30/05/2017, posteriormente se dieron suspensiones, estableciendo que los quince (15) días que la ley ordena y en la que concluyó la misma y aun así el juicio continuó hasta el 10 de agosto de 2017, en que se dictó sentencia, lo cual adolece de ese vicio, por lo que la hace nula. De las Reglas para la Realización del Juicio Es importante señalar, que el Código Procesal Penal en el Título IV de su Libro Tercero señala como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate por lo que la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. La sentencia debe ser el resultado de la celebración de un debate en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la sentencia se convierte en un fruto viciado; estas reglas esenciales son los principios informadores de la fase de juicio y que se agrupan en el Principio del Debido Proceso: defensa, presunción de inocencia, contradicción, inmediación, oralidad, concentración y publicidad. (Al respecto, ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 30 de noviembre del 2011, en Exp. 318-2010). Ahora bien, siguiendo el reclamo formulado, corresponde centrarnos en la Garantía de Concentración que dicta que la sustanciación del proceso sea en el menor número de actos y a su vez en el menor tiempo posible entre cada uno de los actos, constituyendo todo el proceso en una unidad, para efectiva justicia en un plazo razonable (Art. 8 del Código Procesal Penal). La Garantía de Concentración debe observarse durante todo el proceso penal (Art. 20, 143 último párrafo, 160 y 161 del Código Procesal Penal), pero ella adquiere una relevancia significativa en la etapa de juicio (Art. 306, 312 y 313 del Código Procesal Penal), en especial en la continuidad que debe existir en las diferentes audiencias que conformen el debate, entre éste y el fallo, y entre el fallo y la emisión de la sentencia; la garantía de concentración permite la viabilidad de la inmediación, (Razón por lo cual el artículo 312 del Código Procesal Penal dispone en numerus clausus las causas por las cuales de manera excepcional podrá suspenderse una audiencia de debate por un máximo de 15 días) y una respuesta pronta a los justiciables. Conforme a las normas procesales vigentes para el año dos mil trece, la etapa de juicio debía sustanciarse observando los siguientes plazos legales: Recibidos que eran las diligencias de parte del Juzgado de Letras, y personadas las partes, el Tribunal de Sentencia las debía emplazar para que procedan a examinar las diligencias por diez días hábiles, y siempre dentro de dicho plazo, a solicitar audiencia de saneamiento, audiencia que debía celebrarse dentro de los cinco días (Art. 316 CPP); En caso de que ninguna de las partes presentase solicitud de audiencia de saneamiento o habiéndose celebrado esta y resuelto lo planteado, el Tribunal de Sentencia procedería a fijar audiencia de proposición de medios de prueba, a celebrarse dentro de los diez días hábiles siguientes (Art. 317 CPP), resolviendo lo relativo a la admisión de medios de prueba en la misma audiencia o por escrito dentro de los tres días siguientes. Firme que sea Esta última resolución el Tribunal de Sentencia emitiría resolución citando a las partes para la celebración de la audiencia de debate, en una fecha que no podía ser antes de diez días ni después de treinta días, todos ellos hábiles (Art. 318 CPP), siendo importante mencionar que la prÁctica forense nos enseña que dichos términos por lo general no podían ser observados por los Tribunales de Sentencia como consecuencia de una muy saturada agenda, señalando fecha para debate en las fechas disponibles, llegando a casos en donde el señalamiento de la audiencia de debate se realizaba (y aun hoy es así) para dentro de muchos meses, constituyéndose esto en una imposibilidad material justificable siempre que sea, como se indicó, por la alta demanda de audiencias de debate pendientes de celebrar. Una vez cerrado el debate, el artículo 335 del Código Procesal Penal, manda que los miembros del Tribunal se reunirán de manera privada a efecto de realizar la deliberación, en un acto continuo y que no puede ser interrumpido, salvo por fuerza mayor o causa fortuita; Habiendo llegado los Jueces de Sentencia a un acuerdo -por unanimidad o por mayoría- respecto a los puntos de la acusación, procederán a instalar audiencia en donde darán a conocer a las personas acusadas y a los Abogados de las partes las decisiones tomadas. Si el fallo solo tiene pronunciamientos absolutorios, ordena el artículo 340 que el Tribunal de Sentencia en ese mismo acto deberá dar a conocer la sentencia respectiva o, por causa de complejidad, dentro de los cinco días hábiles siguientes; entre tanto, si se trata de un pronunciamiento de culpabilidad, señalan los artículos 342 y 343 del Código Procesal Penal, se continuará con la segunda fase consistente en la audiencia de determinación de la pena concreta a celebrarse en un plazo no mayor de 30 días (ello conforme a las normas vigentes en aquel tiempo) y al término de ésta, los jueces de sentencia debían reunirse nuevamente a efecto de deliberar sobre las circunstancias previstas en el artículo 69 del Código Penal, dictando de manera posterior la sentencia ya sea en esa misma fecha o, igualmente, dentro de los 5 días hábiles siguientes, en caso de complejidad. Los efectos de la inobservancia del Principio de Concentración serán particulares a depender del momento procesal en que se produzca, pues la dilación indebida en irrespeto de los plazos legales entre el debate y la deliberación produce el mismo efecto señalado por la ley procesal para los casos de suspensión de la audiencia de debate por un término mayor a los quince días: la nulidad del debate por disolución de la inmediación (Artículo 312 y 313 del Código Procesal Penal); empero si el quebrantamiento se encuentra por dilación en el señalamiento de la audiencia de debate o en el pronunciamiento de la sentencia después de la deliberación y notificación de decisión, en donde no existe ofensa a la inmediación, tiene como consecuencia la deducción de responsabilidad a los funcionarios judiciales cuando por acción u omisión injustificable hayan dado a lugar el incumplimiento de los plazos legales o un plazo razonable de juzgamiento, pues su nulidad en estos casos solo produciría más dilación en dar respuesta a lo debatido. De la Nulidad de Actos Procesales El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso.- Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina defecto de construcción, cuyo remedio puede constituir en la subsanación del defecto o la nulidad de lo actuado. La Nulidad es “… una clase de sanción procesal, por la que se elimina un acto por la inobservancia de un requisito modal extrínseco, relativo a su estructura exterior. Se define también, como una sanción procesal por la cual se declara invalido un acto procesal, privándolo de sus efectos, por haber sido cumplido sin observar los requisitos esenciales exigidos por la ley. Por su parte, la sanción procesal, es la privación al acto de los efectos producidos o que debía producir. Esta prevista en la ley procesal para eliminar los actos viciados.” (Moncada Godoy, Ricky, en Cuaderno De Estudio Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”: Los Recursos.- Proyecto de Fortalecimiento, del Poder Judicial de Honduras, Corte Suprema de Justicia de Honduras y Agencia Española de Cooperación Internacional.- Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2001.- Pág. 65.). La nulidad se rige bajo tres principios: 1. Principio de Taxatividad (Pas De Nuilite Sans Texte: No hay nulidad sin texto), el cual constituye el aspecto formal de la nulidad y determina que solo puede declararse la nulidad por aquellos vicios que la ley procesal haya previsto como remedio (Art. 165 Código Procesal Penal). Son causas que generan la nulidad, las preceptuadas en los artículos 15 tercer párrafo, 90, 125, 138, 141 segundo párrafo, 159, 166, 192 tercer párrafo, 212 segundo párrafo, 221 sexto párrafo, 289 y 369 del Código Procesal Penal. 2. Principio de Trascendencia (Pas De Nullite Sans Grief), el cual constituye el aspecto material de la nulidad, y que determina que solo podrá declararse la nulidad cuando exista un perjuicio verdadero y concreto producido por el vicio procesal; en consecuencia, solo podrá plantear la nulidad la parte procesal afectada por el vicio denunciado, debiendo ésta especificar el perjuicio generado (Art. 9 y 167 Código Procesal Penal). Cuando expresamente lo autorice la ley procesal, la nulidad podrá igualmente ser promovida por el propio órgano jurisdiccional (Art. 168 Código Procesal Penal); y 3. Principio de Preclusión: La declaratoria de nulidad solo podrá decretarse cuando la parte interesada la haya opuesto en el momento procesal oportuno determinados por el artículo 167 del Código Procesal Penal, caso contrario se declarará precluido el derecho; la ley procesal prohíbe expresamente la declaratoria de nulidad cuando estas tengan como efecto retrotraer el proceso a estadios ya superados (Art. 170 segundo párrafo del Código Procesal Penal). El Órgano Jurisdiccional deberá determinar expresamente cual es el acto o los actos procesales que son afectados por la nulidad, declarando además el efecto de ésta, en los términos del artículo 169 del Código Procesal Penal: 1. Total: Carecerá de efecto la totalidad del acto procesal, cuando el vicio comprometa sus requisitos esenciales; 2. Parcial: Carecerá de valor parcial, cuando el vicio comprometa solo una parte de sus efectos, quedando subsistentes aquellos a los cuales el vicio no se haya extendido; y 3. Dependencia: La nulidad se extenderá no solo al acto procesal que contenga el vicio, sino a todos aquellos que fueron realizado posteriormente y que tengan una existencia existencialista con aquel Los vicios que generen actos nulos deberán ser declarados así, a petición de cualquiera de las partes, de tercero responsable civilmente o de oficio por parte del Órgano Jurisdiccional, lo cual deberá ser resuelto en audiencia, celebrada dentro de los tres días hábiles siguientes a la denuncia de la existencia del vicio, donde se escucharán a las partes del proceso y donde el órgano jurisdiccional resolverá en auto motivado lo concerniente (Art. 167 Código Procesal Penal), salvo en los casos de recurso de casación por quebrantamiento de forma, en donde la pretensión sea la nulidad.- Con todo, los vicios que generen actos nulos, no serán declarados así cuando haya sido subsanado o haya sido saneado: 1. Un acto procesal, aun cuando adolezca vicio en el procedimiento, se considerará subsanado, y por tanto generador de efectos: a. Por aplicación del Principio de Protección: (Propriam Turpitudinem Allegans non est Audiendus): Cuando el vicio denunciado haya sido provocado por la parte que la solicitó por cuanto nadie puede beneficiarse de su propio mal accionar (Art. 167 cuarto párrafo del Código Procesal Penal); b. Por aplicación del Principio de Preclusión: Cuando las partes, habiendo sido notificadas del acto procesal defectuoso, dejasen precluir el plazo para la interposición del incidente de nulidad (Art. 170.1 del Código Procesal Penal; c. Por aplicación del Principio de Convalidación; Cuando las partes hayan aceptado los efectos del acto viciado de nulidad, ya sea expresamente mediante una manifestación en ese sentido, o tácitamente cuando se aprovechen del acto probatorio viciado o hayan no hayan denunciado su existencia en el momento procesal oportuno (Art. 170.2 del Código Procesal Penal); d. Por aplicación del Principio de Instrumentalidad de las Formas; Señala que aun cuando exista un vicio que sea sancionado con nulidad por la norma procesal y que haya producido un perjuicio material, el acto procesal seguirá siendo válido cuando se haya conseguido alcanzar el fin que perseguía, siempre que ello no haya causado indefensión a alguna de las partes (Art. 170.3 del Código Procesal Penal); 2. Finalmente, el acto con vicio de nulidad se considerará saneado y por reestablecida su validez, por efecto del Principio de Saneamiento, que se genera cuando el órgano jurisdiccional, purga el vicio mediante la renovación del acto con efectos retroactivos, rectificando el error en que se haya incurrido o cumpliendo con el acto omitido, siempre que en ningún caso implique retrotraer el proceso a estadios ya precluidos (Art. 171 del Código Procesal Penal). Por mandato procesal “Los jueces y magistrados adoptarán las providencias que sean precisas para corregir las irregularidades que adviertan en los procesos, a fin de impedir la nulidad de las actuaciones […]” (Art. 9 del Código Procesal Penal), por ello ante un acto procesal defectuoso procurarán primero su saneamiento y solo cuando ello no fuese posible y descartándose que se encuentre ya subsanado, procederán a decretar su nulidad, siempre que concurran los presupuestos procesales para ello. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo En jurisprudencia sentada por esta sala mediante los fallos Exp. 107-2008 de fecha 15 de diciembre del 2008, Exp. 320-2005 de fecha 06 de septiembre del 2006 y Exp 405-2007 de fecha 16 de noviembre del 2009, se ha señalado que la mera inobservancia de los plazos judiciales si bien constituye una violación al debido proceso, no es fundamento para anular una sentencia, porque resultaría la sanción procesal en una contribución a la dilación que se está denunciado; en otras palabras la solución a la violación sería más bien una contribución más al problema. Conforme al acta de audiencia de debate y al audio del CD del debate y en revisión al defecto denunciado por el recurrente, la Sala de lo Penal ha podido constatar que la audiencia de debate en el presente caso se dio la apertura el 30 de mayo de 2017, dándose la primera suspensión a solicitud del Ministerio Público, para que se citará por edictos a los testigos H. A. L. C., Martha Noelia Laínez y Pina Ramos, fijando como nueva fecha para continuación del debate para el día viernes 02 de junio de 2017, a la 01:30 p.m., (2 días), la cual se hizo y en la que se evacuó el dictamen médico, realizado por el Doctor César Amílcar Villeda Landaverry, se evacuó la prueba documental del acta de nacimiento del menor ofendido y la lectura de las declaraciones de H. A. L. C., Martha Noelia Laínez y Pina Ramos; El Tribunal suspende la audiencia y se reanuda para el 09 de junio de 2017, a las 10:30 a.m., en la que la defensa privada solicita se reprograme la audiencia de debate para otro día, ya que en estos días está en una atención médica en Tegucigalpa, por lo que no puede ese día, estableciendo el Tribunal la reprogramación para el lunes 12 de junio de 2017, a las 02:30 p.m. (10 días), en las que se evacuaron los medios de prueba de la defensa como las declaraciones testificales de Allan Eduardo Enríquez, Eduardo Alfredo Santos; suspendiendo por tercera vez la audiencia de debate para el día martes 19 de junio de 2017 (7 días), en la que se citó para conclusiones tanto para el Ministerio Público y la defensa privada; una vez concluidas las conclusiones de las partes el Tribunal de Sentencia citó para el día viernes 23 de junio de 2017 (4 días) a las 02:00 p.m., para dar a conocer la decisión. Una vez concluida la decisión por parte del Tribunal de Sentencia, se convocó a las partes para el martes 25 de julio de 2017, a las 02:00 p.m. (15 días), para la individualización de la pena. La anterior relación de actuaciones procesales permite a esta Sala de lo Penal señalar que la audiencia de debate se celebró en cuatro (4) sesiones, haciendo un total de 23 días, tiempo que excede de aquel que señala el artículo 312 del Código Procesal Penal, por lo que la decisión tomada por unanimidad del Tribunal de Sentencia fue contraria a la legalidad procesal, constatándose así la existencia de un vicio desde la perspectiva de forma. - Ahora bien, siendo la consecuencia del recurso por forma la declaratoria de la unidad del defecto procesal, que en este caso sería la celebración de la audiencia de debate y la consecuente sentencia, es condición determinar que el defecto no haya sido subsanado como consecuencia de las actuaciones del propio recurrente; para tales efectos toma en consideración este tribunal de casación que el 30 de mayo de 2017, el Ministerio Público solicitó suspensión por no estar presente los testigos de cargo, señalando la continuación del debate para el 02 de junio de 2017, misma en la que quedó acreditado que la defensa no presentó oposición a tal petición, igual ocurrió con las fechas de suspensión del 12 al 19 de junio de 2017; y del 19 al 23 de junio de 2017; es mas el defensor privado en la suspensión de fecha 02 de junio de 2017, quedó acreditado que el Tribunal de Sentencia fijó para el 09 de junio de 2017, la continuación del debate, a lo que la defensa privada solicitó que se reprogramara para otro día, estableciendo el Tribunal la fecha para el 12 de junio de 2017, contribuyendo en este caso la defensa privada también a la suspensión del debate, quedando acreditada que la defensa privada consintió y no realizó observación en contra, mucho menos impugnación, dándose la subsanación del acto viciado como consecuencia, conforme lo dispone el artículo 170.1 del Código Procesal Penal; subsanación que se afincó más como consecuencia del consentimiento tácito de la defensa privada, regulado en el artículo 170.2 del Código de rito, cuando al abrirse las diferentes sesiones del debate éste no realizó ninguna observación sobre el tiempo pasado, aceptando la reanudación de la audiencia en las condiciones señaladas; subsanándose así el defecto y surtiendo las actuaciones los efectos de ley. El artículo 363 del Código Procesal Penal señala como condición de interposición del recurso de casación por quebrantamiento de forma que el recurrente exprese los reclamos planteados en la instancia en contra del vicio que funda el recurso, a efecto de descartar que se haya concretado su subsanación como consecuencia de su acción/omisión; como ocurre en el presente caso en donde el abogado defensor privado, no impugnó la decisión de suspender la audiencia de debate para reanudarlas en distinta fechas y además el consentimiento tácito de éste al no realizar ningún reparo en la reanudación de la audiencia de debate en la fecha señalada. DECISIÓN. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de esta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Escrito Complementario No fue presentado ante la única instancia escrito por parte de la defensa pública de José de Jesús Cáceres Banegas que expusiera cuál es su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo cuerpo normativo penal, tal y como lo señala el artículo 624 del Código Penal 130-2017; Tampoco el Ministerio Público hizo pronunciamiento sobre el respecto, por lo que la Sala de lo Penal se ve obligada a realizar el análisis de oficio tal y como prevé el numeral 3 de la misma norma citada, en relación al acusado señalado. D. Ponderación en el caso concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor José de Jesús Cáceres Banegas, la pena de 15 años de reclusión por un delito de Violación Especial en perjuicio de la menor M. L. B. B.. Conforme las disposiciones del nuevo Código Penal 130-2017, el delito de Violación (Art.249), se penaliza de nueve (9) a trece (13) años, prohibición de residencia y aproximación a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión. De acuerdo a la declaración de los hechos probados en el numeral segundo establece: “Durante el tiempo en que el menor H. A. L. C., estuvo en el mencionado laboratorio, en ese mismo lugar, el señor José Ricardo Ramírez Gonzáles, lo accedió carnalmente por el ano, en reiteradas ocasiones, en diferentes fechas”, Acción que se enmarca en un concurso ideal, y en la que establece que las penas anteriores se deben aumentar en 1/3 según el artículo 67 del NCP, quedando un nuevo margen de pena de trece (13) a diecisiete años cuatro meses (17años 4 meses) de prisión. En el caso sometido a juzgamiento se establece que al señor José de Jesús Cáceres Banegas se le condenó por el delito de violación especial a la pena de 15 años de reclusión con el antiguo Código Penal, pero al revisar la nueva normativa penal y por tratarse de un delito de violación en concurso ideal contra un menor de 14 años, la pena aumenta en 1/3, quedando una pena mínima de 13 años de reclusión y una máxima de 17 años 4 meses, por lo que la pena impuesta al acusado se encuentra dentro de los límites establecidos para este tipo de delitos, por lo que no es procedente la aplicación retroactiva del decreto 130-2017 conforme lo regulado en el artículo 616 de esa nueva normativa penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 202, 338, 359, 360, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal; 140 del Código Penal. Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos y por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos interpuesto por el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, en su condición de defensor privado del señor José Ricardo Ramírez Gonzáles, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio del menor H. A. L. C.. Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha diez de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Y manda: Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Lety Emelda Posadas Rodríguez. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el uno de diciembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 113-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
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