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Sentencia CP-103-18 — Registro 15651

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados por el delito de Asesinato, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y Declarando la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...En ese sentido luego de dar lectura a cada uno de los medios de prueba lícitos y resultantes del juicio, esta Sala concluye que, en la valoración de la prueba de cargo agregada y relacionada, el juzgador no ha incurrido en infracción alguna a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación, pues de la prueba de cargo el juzgador ha derivado razón y justificación suficiente para establecer un estatuto de verdad, expresando cuales son las razones que surgidas de las pruebas que determinan la decisión adoptada, indicando a su vez cual ha sido el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión, siendo que el recorrido de cada pensamiento ha quedado sustentado en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano. Por lo anterior esta Sala concluye que no procedente atacar el fallo impugnado por quebrantamiento de forma, por las razones expuestas..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"... Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, la pena de veintiocho (28) años de reclusión por cada una de las tres víctimas, que en total suman ochenta y cuatro años (84) de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, de los que cumplirá una pena de 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato (Art. 193), cuya pena es: De (20) a (25) años de prisión. Las penas deberán ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que se declaró por el tribunal de sentencia como circunstancias que modifican la responsabilidad, las agravantes: auxilio de gente armada, aprovechando la oscuridad de la noche, en la morada de las víctimas y utilizando vehículo automotor; atenuante: no contar los acusados con antecedentes penales; circunstancia que motiva a imponer la pena en su límite máximo, imponiéndose una pena de veinticinco (25) años de prisión, por cada una de las tres víctimas, que en total suman setenta y cinco (75) años de prisión, por el delito de asesinato en perjuicio de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, por disposición del artículo articulo 66 párrafo quinto del NCP 130-2017. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación..."

Legislación citada

Sentencia

Certificación

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de septiembre del año dos mil veintiuno, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García en su calidad de coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-103-2018 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, mediante la cual falló: Primero: Condenó a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, como coautores del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández a la pena de veintiocho años de reclusión, por cada una de las tres víctimas, que en total suman ochenta y cuatro años de reclusión.- Segundo: Condenó a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil de los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino.- Cuarto: No procedió condenar a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortéz Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Quinto: No se decretó el comiso. Son partes en única instancia: El Abogado Javier Reyes Arzú, en su condición de defensor privado del señor Moisés Samuel Ramos Fúnez, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Primero: En fecha 27 de septiembre del año 2012, entre las siete y media y ocho y media de la noche, se encontraban los señores Francisco Roberto Rodríguez Erazo, y miembros de su familia la señora Luisa Azucena Hernández Pineda, la joven Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, y otros, sita en la colonia Suyapa, calle principal, 20 calle, 7 avenida, frente al antiguo local de Billares Hernán, sector de Chamelecón, de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortés, cuando en ese instante, llegaron a bordo de un vehículo tipo pick up color blanco, doble cabina, varios individuos, entre ellos, Denis Brayan Ortez Ferrera, Luis Edgardo Sánchez Lino y Moisés Samuel Ramos Fúnez, quienes con armas de fuego, entre ellas, un fusil AK 47, escopeta calibre doce y arma de fuego de 9 mm, ingresaron sin previo aviso a la casa de habitación y con tales armas de fuego, le dispararon a todas las personas inicialmente mencionadas que ahí se encontraban, huyendo posteriormente todos del lugar a bordo del vehículo mencionado con rumbo desconocido; resultando así, la muerte de francisco Roberto Rodríguez Erazo, la señora Luisa Azucena Hernández Pineda, y la joven Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, cuyos cuerpos quedaron en el suelo de la vivienda, producto de los disparos recibidos.” Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos El Recurrente abogado Javier Reyes Arzú, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “Primer Motivo de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Tribunal de Sentencia con competencia territorial nacional de Tegucigalpa Francisco Morazán, en la Sentencia Condenatoria dictada contra el imputado Moisés Samuel Ramos Funez, cometió quebrantamiento de forma a la sentencia definitiva, al no observar la regla de la sana critica de la ley fundamental de lógica de la derivación específicamente el principio lógico de razón suficiente. precepto autorizante En el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva cuando ha incurrido el sentenciador en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba, veamos: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en La valoración de La prueba no se observaron las reglas de La Sana Critica.” Precepto infringido Los preceptos penales adjetivos que se invocan como infringidos por falta de aplicación, prescriben: Artículo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a La sana critica. EL órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda La prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Por su parte el párrafo primero del artículo 336 de la misma ley señala: “El Tribunal para resolver, sólo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, Las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con Las reglas de la sana critica”. Artículo 338 del Código procesal Penal que expresa: “Requisitos de la sentencia. Las sentencias se redactarán por escrito, con sujeción a las reglas siguientes: Primera: … Segunda: …Tercera: ... Cuarta: Se consignará la fundamentación del fallo de la manera siguiente: 1), 2) Valoración de la Prueba. Seguidamente, se expresarán las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según Las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio y, en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados. (Lo recalcado es mío) explicación del primer motivo de casación por quebrantamiento de forma. Honorables Magistrados, como es de su conocimiento, quien pretendo invocar un Motivo de Quebranto de Formo por haberse inobservado los reglas de la sano critica, deberá indicar claramente el Motivo establecido en la ley Procesal, el Vicio que cometió el Juez o que permitió que se formara en su actividad de valoración de coda una de las pruebas, que regla de la sana critica que fue inobservada en cada una de ellas y por una vía de demostración idónea, lo Incidencia que ha tenido ese vicio en la decisión judicial, que afecta en definitiva, el interés de las parte recurrente; consecuentemente, corresponde o lo Sala Penal uno vez planteado el recurso, realizar un juicio técnico de derecho a la sentencia definitiva promulgada por un Tribunal de Sentencia, sometiéndolo o un examen especial, que implica determinar, si está demostrado o no, el motivo y vicio denunciado; ajustándose a las exigencias moldeadas en el artículo 363 del Código Procesal Penal. En el caso que nos ocupa somos del criterio que se ha vulnerado el principio de razón suficiente, como principio lógico de la lógica misma que está constituida por las leyes fundamentales de la coherencia y lo derivación, y por los principios lógicos de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente. Entendiéndose por Derivación el que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir, de un juicio que no es derivado sino un punto de partida para otros. A su vez de La Ley de Derivación, se extrae el principio lógico de razón suficiente, por el cual todo juicio, para ser realmente verdadero, necesita de una razón suficiente, que justifique lo que en juicio se afirma o niega con la pretensión de que sea verdad. Por lo que, para acreditar el Motivo de casación invocado, nos remitiremos al contenido textual de los extractos de la sentencia donde se puede analizar no solo el vicio denunciado, sino su incidencia en el fallo condenatorio arbitrario e inhumano dictado en contra de mi poderdante Moisés Samuel Ramos Funez, ya que a sabiendas el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente del porque le otorga y le resta credibilidad a determinadas pruebas, entre estas la declaración de la de las testigos protegidos PJT 03 Y A-2013 que están confrontadas con la declaración del testigo de la defensa Ronmel Marel Mateo, cuando estos refieren el primero que se escondió en una zacatera que estaba frente a la vivienda y que vio desde afuera y que en un momento un pandillero iba entrando al cuarto el señor francisco lo saco y que de pronto uno de los pandilleros le disparo a él y que de pronto uno de los pandilleros ingresos al cuarto y se escucharon los disparos y el segundo que dice que dice. el 27 de septiembre del año dos mil doce como a eso de las siete a ocho y media de la noche yo transitaba por la vivienda del señor Roberto Rodríguez cuando de repente vi cinco individuos que ingresaron a la vivienda del señor Roberto Rodríguez la cual me quedé parado a la par del tapial de la casa del señor Roberto Rodríguez. escuche gritos dentro de la vivienda, Ambos testimonios son evidentemente contradictorios entre sí y con el testimonio del Testigo de la defensa Ronmel Marel Mateo, quien es testigo presencial y participe de los hechos, quien entre otras cosas relevantes y contundentes dijo. vengo a testiguar ya que estuve acusado por este caso hace dos años. yo fui partícipe de este caso, ya estoy sentenciado. ellos no tienen nada que ver. de los que andábamos allí solo yo estoy vivo, otros desaparecidos y otros están muertos, yo tuve que ver en eso, pero estoy pagando mi condena, ellos no tienen que ver no los conocí nunca. fue un veintisiete de septiembre andábamos en una doble cabina negro cinco personas todos están muertos dos desaparecidos y solo yo estoy vivo porque era menor de edad cuando me agarraron. evidentemente la historia que cuentan los dos testigos protegidos son totalmente diferentes y consecuentemente queda evidenciado que la explicación que da el Tribunal en la fundamentación fáctica jurídica de su sentencia es basada en una interpretación bastante subjetiva y muy alejada del principio de objetividad y lógicamente contraria a la Sana Critica al dejar de valorar la única prueba de valor decisivo en lo referente a la autoría del hecho criminoso por el cual han condenado injustamente a mi representado. El recurrente, establece en primer lugar que mi representado Moisés Samuel Ramos Funez es condenado por el tribunal de sentencia como autor de tres delitos de asesinato a la pena de 84 años de reclusión, aun cuando uno de los hechores como testigo clave confirmo que el ciudadano Moisés Samuel Ramos Funez no tuvo participación en ese hecho criminoso. Hechos probados. Único: valorando la pruebas practicadas en el acto del juicio oral de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara y expresa y terminantemente probado los hechos siguientes; primero: en fecho 27 de septiembre del año 2012 entre las siete y media y ocho media de la noche se encontraban los señores francisco Roberto Rodríguez Erazo, y miembros de su familia la señora luisa azucena Hernández pineda, la joven Daniela jazmín Rodríguez Hernández y otros, sito en la colonia Suyapa calle principal 20 calle 7 avenida frente al antiguo local de billares Hernán sector Chamelecón de la ciudad de san pedro sula departamento de cortes, cuando en ese instante llegaron a bordo de un vehículo tipo pick—up color blanco doble cabina varios individuos entre ellos Denis Bryan Ortez farrera, Luis Edgardo Sánchez lino y moisés Samuel ramos Fúnez, quienes con armas de fuego entre ellas un fusil AK 47, escopeta calibre 12 y un arma de fuego de 9mm, ingresaron sin previo aviso a la casa de habitación y con tales armas de fuego le dispararon a todas las personas inicialmente mencionadas que allí se encontraban, huyendo posteriormente todos del lugar a bordo del vehículo mencionado con rumbo desconocido resultando así la muerte de francisco Roberto Rodríguez Erazo, la señora luisa azucena Hernández pineda y la joven jazmín Rodríguez Hernández, cuyos cuerpos quedaron en el suelo de la vivienda producto de los disparos recibidos para señalar con claridad el error de la injusta sentencia el Tribunal Sentenciador solo toma en cuenta los testimonios de los dos testigos protegidos y en base a eso declara como hecho probado único el cual lo describimos en este libelo, hecho probado que dista de los criterios de valoración en vista que para poder arribar el tribunal sentenciador se hizo allegar de elementos probatorio que utilizo en forma sesgada y les dio su propia interpretación por lo que nos vemos obligado a señalar el vicio en la valoración de la prueba. En la valoración de la prueba: referente al testimonio de los dos testigos protegidos que fue incorporado por medio de lectura en contra de la protesta y oposición de la defensa dice y argumenta el tribunal. En principio las versiones de los testigos de cargo concuerdan con el lugar y momento de los hechos. Los testigos protegidos concuerdan en la descripción de la vivienda, así como la dinámica de los hechos, conforme a la vista de o perspectiva que de ello tuvieron. Es por ello que probablemente no coinciden en el número de personas que vieron ingresar a la vivienda…. Se ha hablado de que tales personas llegaron a bordo de un vehículo Mitsubishi y es casi de las mismas características que brinda el testigo Rosmel quien admite haber participado en los hechos. En general también concuerda en el número de personas aunque un testigo diga tres y otro diga cuatro pero está dentro del rango en que el testigo Rosmel también informa sobre la cantidad de personas que ingresaron a la vivienda., pero si revisamos la declaración del testigo de descargo Rosmel mateo en realidad no coincide con la declaración de los testigos protegidos ya que este da descripción del concretamente dijo color negro y esos testigos dijeron color blanco también dijo categóricamente que él fue como chofer y que en ningún momento se bajó del vehículo. No coinciden los testimonios entre sí de los testigos protegidos entre si más sin embargo el tribunal le da total credibilidad y excluye y no da valor alguno al testimonio del testigo Rosmel Mateo quien fue presencial y participe de los hechos quien enfáticamente manifestó que no entro a la vivienda porque se quedó vigilando desde el interior del vehículo Mitsubishi negro estacionado frente al portón de la vivienda. El tribunal de sentencias falla en la valoración de la prueba en el sentido de la razón suficiente, púes resulta incongruente que por una parte los testigos no tienen el conocimiento y la certeza de quienes fueron las personas que los hechos acaecidos en fecha 27 de septiembre del año 2012, porque la cuestión en debate es quienes fueron autores del hecho criminoso, como puede el tribunal dar la plena certeza de por testimonios contradictorios entre sí que mi representado tuvo participación en esos hechos de esta injusta acusación, por eso sesga las declaraciones y las acomoda a efecto de sustentar un fallo condenatorio insustentable. Es por ello por lo que, en estos supuestos, el control casacional no puede limitarse a la mera constatación formal de que dichas declaraciones son hábiles para ser valorado como prueba de cargo, sino que va más allá, verificando la racionalidad del proceso conclusivo en que se fundamenta la condena, como también sucede, por ejemplo, en los supuestos de prueba indiciaria. Ha de recordarse que el recurso de casación penal, además de su función propio de producir jurisprudencia también es unificadora de doctrina, por lo que cumple con lo dispuesto en nuestro ordenamiento jurídico de satisfacer la aplicación del derecho a la norma, como derecho fundamental de todo condenado a tener una posibilidad de que se repare la injusticia cometida en su contra; en consecuencia, pedimos que la sala de lo penal declare que en el presente caso se ha quebrantado la regla de la sana critica de la lógico de razón suficiente y el principio de derivación, en vista de que el testimonio de los testigos adolece de todos los requisitos antes expuestos, y que por tratarse de una inobservancia de una regla de la sana critica, por ser una cuestión propiamente valorativa, que incumbe al Tribunal de sentencia, esta carece de aplicabilidad por ser ilógicas sus conclusiones, y ello produce un vacío probatorio o ausencia de prueba, supuesto con el cual la condena viola no solamente colateralmente el derecho constitucional a la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales, sino que quebranto la forma del juicio que se ventilo en su contra, por lo que el control casacional, siendo facultad y obligación de la sala de lo penal debe aplicarlo para determinar que esa valoración hecha por el Tribunal de Sentencia de los testimonios de los testigos protegidos con clave CR 04 Y PJT-03, no resultan convincentes, pues de un lado no existen datos periféricos algunos de carácter corroborativo y contrariamente existen datos que restan credibilidad a dichos testimonios, por lo que dicha prueba no puede reputarse suficiente para enervar la presunción de inocencia al haberse inobservado las reglas de la sana critica de la lógica de razón suficiente y del principio lógico de derivación. A manera de reforzar nuestra invocación y en base a lo dispuesto en el artículo 19 del Código Procesal Penal, se acompañan precedentes donde ya esta Sala de lo Penal a fijado su criterio casacional, en el sentido de respetar la regla de la sana critica de la lógica, específicamente la razón suficiente y la ley de la derivación, advirtamos “...La Sala ha reiterado que en el juzgamiento de casos III.- Las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicológica) imponen al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la Lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de La prueba evacuada que permita de manera clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente.- La Sala, ha reiterado también que: “La deducción ante todo, no debe ser Lógicamente contradictoria. Por otra parte, el principio de razón suficiente nos dice que todo objeto debe tener, valga la redundancia, una razón suficiente que Lo explique. Lo que es, es por alguna razón, nada existe sin una causa o razón determinante”. (Véase sentencia 172-2010 del nueve de junio del año dos mil once). “(sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil once, recaída en el Recurso de Casación Penal con orden de ingreso en este Tribunal número S.P.60=2010) “...El Criterio de la Sala. 1) Para que una sentencia sea Legítima es imperativo que se base exclusivamente en prueba válidamente introducida al debate. Si la motivación omite La consideración de prueba decisiva introducida al debate o si se basa en elementos no introducidos formalmente como parte integral de La prueba, la sentencia es ilegítima. Si bien la estimación probatoria y las conclusiones fácticas de la sentencia están restringidas para su control casacional, si es posible el control del ejercicio intelectivo realizado por el Juez para arribar a sus conclusiones; el examen sobre las pruebas está instituido únicamente a efectos de custodiar que se cumpla La aplicación de las reglas de la sana crítica (lógica, psicología y la experiencia) en la fundamentación del fallo. 2) Dentro de Las reglas de la lógica está el principio de derivación que exige que cada pensamiento provenga de otro con el cual está relacionado, es decir, el razonamiento debe constituirse por inferencias razonables deducidas de Las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en base a ellas se vayan edificando, a cada conclusión o derivación afirmativa o negativa corresponde un elemento de convicción del cual ha de inferirse aquella. Si Las conclusiones o derivaciones extraídas no se basan en elementos probatorios formalmente incorporados o son falseados en su contenido o significado, se viola la regla de la sana crítica (lógica) Sentencia de fecha veinticinco de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación No. SP. No. 64-2008) “...esta sala de lo penal concluye que la sentencia recurrida efectivamente adolece de defectos en La fundamentación intelectiva, pues las razones invocadas por el a quo son inconsistentes e insuficientes, para formar su convicción judicial e incurre en inobservancia de la regla de la sana crítica, de la lógica, específicamente de derivación, que exige razón suficiente y fundada.- Por lo anterior, esta sala declara procedente el motivo de casación invocado, en cuanto a decretar La nulidad de la sentencia en lo conducente a los imputados...,a efecto de que se celebre para el juzgamiento de estos otro debate, con jueces diferentes a los que intervinieron en el debate y sentencia anulada parcialmente...” (sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil ocho, recaída en el Recurso de Casación No.171-06.” “Motivo por Infracción de Precepto Constitucional. Único motivo por infracción de precepto constitucional: el tribunal de sentencia con competencia territorial nacional en materia penal de Tegucigalpa, en el juicio oral y público que se adelantó contra el señor Moisés Samuel ramos Funez, por el supuesto delito de asesinato en perjuicio de luisa azucena Hernández pineda, francisco Roberto Rodríguez y Daniela jazmín Rodríguez Hernández; infringió el derecho constitucional contentivo de defensa del imputado, que afectó precisamente los principios de igualdad de armas procesales y contradicción, que son parte intrínseca del derecho a la defensa. Precepto adjetivo autorizante En el artículo 361 del Código Procesal Penal se instituye el vicio en la Sentencia Definitiva en el caso; “Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. En todos los casos en que, con arreglo a este Código, pueda interponerse recurso de casación contra una resolución judicial, será suficiente para fundamentarlo, la infracción de precepto constitucional.” precepto infringido: artículo 82 de la constitución de la república, que consigna: “el derecho de defensa es inviolable” concepto de la infracción: Cuando nos referimos al derecho de defensa, esto implica una serie de aspectos procesales inherentes a esa inviolabilidad a defenderse que existe a favor del imputado, entre esos aspectos procesales podemos citar, el derecho a la contradicción, el derecho a la igualdad de armas procesales, el derecho de audiencia, el de tutela judicial efectiva etc. Por lo que al formalizar este motivo de casación al amparo del precepto constitucional citado, se entiende que se ha vulnerado el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías, dentro del que debe constarse el derecho de defensa, al no solo basarse la sentencia recurrida en una exclusiva prueba ilícito (testimonial y documental), donde los jueces se dieron a la tarea de impedirle arbitrariamente a la defensa poder controvertirla en igualdad de armas procesales, ya que desde la admisión de esas pruebas sustrajeron los jueces de sentencia una serie de meras hipótesis, conjeturas e invenciones, que no son insuficientes, no solo para enervar el derecho constitucional de inocencia, sino el derecho de defensa que se cita como infringido. Sostenemos como parte recurrente, que desde esta perspectiva, la limitación negativa, que nos impone el Tribunal de Sentencia no es aplicable el canon expuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República y, por tanto, cabe efectuar reproche constitucional cuando la condena pronunciada altera el sustrato jurídico de la inviolabilidad al derecho de defensa, al exponer el Tribunal de Sentencia argumentos irracionales Al no evacuar un medio de prueba legalmente admitido que (a sabiendas) la oportunidad procesal de controvertir esas prueba testimoniales de los testigos protegidos con claves PJT-03 Y A-2013 que son precisamente las pruebas existentes y que se utilizaron para incriminar a mi representado, y de los cuales, se asienta la sentencia condenatoria proferida, y esto a pesar de estar conscientes los jueces de sentencia que al negarnos el derecho constitucional aludido, vulneraban el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes para la defensa de la imputado Moisés Samuel ramos Funez, obviamente en conexión con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, y ello, por habernos denegado indebidamente en el juicio oral y público, la realización y evacuación de un medio de prueba legalmente admitido como es la inspección al lugar de los hechos por parte del tribunal. Alcance de la petición del recurrente: a la honorable sala de lo penal de la honorable corte suprema de justicia, respetuosamente pido, declarar ha lugar el único motivo de casación por infracción de precepto constitucional, se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia absolutoria.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo Norma Autorizante Citada: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Critica; Concepto de la infracción: Infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de Razón Suficiente; Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202, 336, y 338 del Código Procesal Penal; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia absolutoria. Establece el recurrente que, el Tribunal de Sentencia no da razón suficiente del porqué le otorga y le resta credibilidad a determinadas pruebas, entre estas, la declaración de los testigos protegidos PJT 03 Y A-2013, que están confrontadas con la declaración del testigo de la defensa Ronmel Marel Mateo, cuando estos refieren, el primero que se escondió en una zacatera que estaba frente a la vivienda y que vio desde afuera y que en un momento un pandillero iba entrando al cuarto el señor Francisco, lo sacó y que de pronto uno de los pandilleros le disparó a él y que de pronto uno de los pandilleros ingresos al cuarto y se escucharon los disparos y el segundo dice que: El 27 de septiembre del año dos mil doce como a eso de las siete a ocho y media de la noche yo transitaba por la vivienda del señor Roberto Rodríguez cuando de repente vi cinco individuos que ingresaron a la vivienda del señor Roberto Rodríguez la cual me quedé parado a la par del tapial de la casa del señor Roberto Rodríguez. escuché gritos dentro de la vivienda… Que ambos testimonios son evidentemente contradictorios entre sí y con el testimonio del testigo de la defensa Ronmel Marel Mateo, quien es testigo presencial y partícipe de los hechos, quien entre otras cosas relevantes y contundentes dijo: vengo a atestiguar ya que estuve acusado por este caso hace dos años. Yo fui partícipe de este caso, ya estoy sentenciado. ellos no tienen nada que ver de los que andábamos allí solo yo estoy vivo, otros desaparecidos y otros están muertos, yo tuve que ver en eso, pero estoy pagando mi condena, ellos no tienen que ver, no los conocí nunca, fue un veintisiete de septiembre andábamos en una doble cabina negro cinco personas todos están muertos dos desaparecidos y solo yo estoy vivo porque era menor de edad cuando me agarraron. evidentemente la historia que cuentan los dos testigos protegidos son totalmente diferentes y consecuentemente queda evidenciado que la explicación que da el Tribunal en la fundamentación fáctica jurídica de su sentencia es basada en una interpretación bastante subjetiva y muy alejada del principio de objetividad y lógicamente contraria a la sana crítica al dejar de valorar la única prueba de valor decisivo en lo referente a la autoría del hecho criminoso por el cual han condenado injustamente a mi representado. Que el tribunal le da total credibilidad y excluye y no da valor alguno al testimonio del testigo Rosmel Mateo, quien fue presencial y partícipe de los hechos, quien enfáticamente manifestó que no entró a la vivienda porque se quedó vigilando desde el interior del vehículo Mitsubishi negro estacionado frente al portón de la vivienda. Del delito de Asesinato Interpretando la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este Tribunal de Sentencia afirma que la vida (Art. 3) y la dignidad humana (Art. 1), junto con los derechos asociados de integridad corporal (Art. 3) y la libertad (Art.3), respectivamente, constituyen los derechos primarios por excelencia, de los que derivan las tres generaciones de derechos humanos reconocidos posteriormente. La vida también constituye un derecho de primera categoría para la Constitución de la República, (art 65) para la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 4.1) y para el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 6.1), que en resumen la declaran como derecho inherente a la persona humana de carácter inviolable. Con el afán de proteger este derecho el legislador nacional ha previsto en el Título I del Libro Segundo del Código Penal, un conjunto de delitos que protegen la vida y la integridad corporal, entre éstos, en el Capítulo I, el delito de Asesinato. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento. De este modo se identifican como elementos objetivos del tipo penal los siguientes: 1. Sujeto Activo: puede ser cualquier persona; 2. Sujeto Pasivo: podrá ser cualquier persona diferente a: a. Los ascendientes o descendientes del sujeto activo, ya que de lo contrario podría configurarse otro tipo de delito (Parricidio o Infanticidio); b. Los jefes de Estado o jefes de Gobierno extranjeros que se encuentren en Honduras en visita oficial, porque ello podría constituir un delito contra el Derecho de Gentes; c. Diferente al presidente de un poder del Estado de Honduras, porque daría paso al delito de Magnicidio; 3. Objeto material del delito, es la vida de la persona como bien jurídico protegido, por cuanto el sujeto pasivo debe ser un ser humano ya nacido y que, además, aunque parezca obvio, que se encuentre vivo al momento de sufrir el delito; 4. Conducta criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es matar, que dicho de otra manera implica privar de la vida; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso el tipo penal determina que debe llevarse a cabo mediante una de las cuatro formas descritas en el tipo penal, siendo éstas: Alevosía, Premeditación Conocida, mediante la producción de grandes estragos o con ensañamiento. Como elemento subjetivo el tipo penal de Asesinato requiere el dolo específico de matar (Animus Necandi), de carácter directo o eventual, conformado por el conocimiento del sujeto activo de que la conducta desplegada puede producir o producirá la muerte de otra persona y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el resultado como propósito perseguido o aceptar el resultado como consecuencia aceptada; adicionalmente el delito requiere que el sujeto activo tenga conocimiento de la modalidad criminosa (alevosía, premeditación, mediante ensañamiento o grandes estragos) y que quiera procurarla y/o aprovecharse de ésta. Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de Asesinato, las siguientes: 1. Según su Estructura: a. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otro delito (homicidio), al que se agregan otros elementos para constituirse en un tipo penal distinto; b. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: dar muerte; 2. Según su Contenido; a. Tipo Penal de resultado: que exige el cambio en el mundo físico traducido en la muerte de una persona; b. Tipo de Conducta Instantánea: al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; c. Tipo Penal de Acción: porque describe un modelo de comportamiento comisivo; d. Tipo Penal cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta prohibida de matar se desprende con claridad; 3. Según el Sujeto Activo: a. Unisubjetivo: al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; b. Tipo Penal Común: ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: a. Tipo Penal Mono-ofensivo: al proteger un único bien jurídico, el cual es la vida independiente; b. Tipo Penal de lesión: al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado al traducirse la conducta humana en la muerte de una persona De la Alevosía La alevosía, conforme lo conceptualiza el artículo 27.2 del Código Penal, es cuando el sujeto activo realiza un delito en contra de la vida y la integridad corporal, empleando medios, modos o formas en la ejecución que tiendan directa y especialmente a asegurarla, sin riesgo para el agresor de la defensa que pudiese ofrecer la persona ofendida.- Es importante resaltar dos puntos: Primero: que para la existencia de la alevosía no se requiere que el delito sea de carácter consumado, basta que el sujeto activo haya pretendido realizar la acción alevosa para que la circunstancia pueda ser considerada existente. Segundo: Para la existencia de la alevosía no es suficiente con la concurrencia objetiva de una situación de indefensión, sino que es preciso, además, el ánimo por parte del sujeto activo de buscar y aprovecharse de esa situación.- Del concepto se derivan tres clases de alevosía: 1. La Alevosía Proditoria, conocida también como aleve o traicionera, existe en los casos en donde la agresión del sujeto activo precede de una trampa, emboscada, celada o apostamiento, actuando el autor sobre seguro y a traición, por tanto, adicionalmente requiere un ámbito previo de premeditación. 2. Alevosía Sorpresiva, conocida también como súbita o inopinada, se presenta cuando la agresión del sujeto activo es de forma sorpresiva, repentina e inesperadamente, de forma fulgurante e imprevista por el sujeto pasivo (ex improvissu), no permitiendo al sujeto pasivo reaccionar mucho menos evitar la agresión; típicamente la alevosía sorpresiva se presenta cuando el sujeto pasivo se encuentra de espaldas a su agresor, pero también puede presentarse cuando éste se encuentre de frente, a la vista, procurando el sujeto activo no revelar sus intenciones hasta cuando proceda a la ejecución del ataque procurando la suerte que el acto improvisto le dé la ventaja; y 3. Alevosía de Prevalimiento, llamada con los nombres de desvalimiento o indefensión, que se presenta cuando el sujeto activo aprovecha una situación especial de indefensión o desamparo del sujeto pasivo que le impide defenderse, así por ejemplo los casos en donde la víctima se encuentre dormida, embriagada, esposada, retenida en una celda, etc.- En este tipo de alevosía, el estado de indefensión no es provocado por el sujeto activo, quien al visualizarlo lo aprovecha para ejecutar su ataque.[1] De la Premeditación La premeditación es el estado intelectivo que se caracteriza por la frialdad de ánimo en el autor y la persistencia en la resolución delictiva, por cuanto éste contempla la posibilidad de realizar el delito y persiste con dicha idea por un tiempo claramente diferenciado, es así que la idea del delito no nace en el momento en que éste es ejecutado, sino que de él se tiene una idea preconcebida y acariciada; debe tenerse en cuenta, que la premeditación no implica planeamiento, aunque el planeamiento siempre es característica intrínseca de la premeditación, ya que una persona puede concebir la idea de ejecutar el delito, tenerlo presente en su mente como algo deseable y realizarlo al momento en que circunstancialmente identifica un momento como el ideal para hacerlo, sin que medie planificación; al contrario, cuando la persona se plantea el modo o la forma de ejecutar el delito, ejecutándolo de esa manera, implica planeamiento y por ende premeditación.[2] La premeditación se compone de tres elementos: 1. Elemento Cronológico: Que implica una dilatación de tiempo entre la resolución delictiva y su ejecución; no existe un parámetro de tiempo determinado, más si requiere que entre el momento de la decisión delictiva y el momento de la ejecución de la conducta que busca su materialización exista una disolución temporal que permita apreciar los demás elementos de la premeditación; 2. Elemento Ideológico: Consistente en la persistencia en la resolución delictiva, en la cual el sujeto activo no solo haya ideado el acometimiento del delito, sino que persista en la idea de su ejecución, representándose formas, medios, instrumentos o momentos para su materialización, ejecutando la conducta como decisión razonada, para lograr un resultado contemplado y deseado; y 3. Elemento Psicológico: Frialdad de ánimo del sujeto activo, pues el delito no se comete por el estado de ánimo surgido del momento, sino como consecuencia de una más o menos larga contemplación reflexiva, teniendo la oportunidad de considerar todas las variables que pueden presentarse tanto en la ejecución del delito como posterior a éste, sin que el posible reproche social, el riesgo de sanción penal y principalmente el daño a la vida de terceros le desanime en su plan delictivo. De la procedencia del Único Motivo. El motivo no es de recibo. Esta Sala observa que, en el presente caso, el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma, en que el fallo recurrido incurre en el vicio de forma al no observar las reglas de la sana crítica en su ley lógica de la derivación, en la valoración de la prueba consistente en las declaraciones de los testigos protegidos PJT 03 y A-2013. Esta Sala aprecia que la sentencia recurrida contiene motivos lógicos, coherentes y suficientes para otorgar plena credibilidad a las declaraciones de los testigos protegidos PJT 03 y A-2013 introducidas mediante lectura autorizada, quienes son contestes al declarar que, el día 27 de septiembre del 2012 aproximadamente entre 7:30 a 8:00 pm llegaron cinco individuos con armas grandes y pequeñas, en una camioneta tipo paila, ingresaron a la vivienda del señor Roberto Rodríguez, identificando los agresores con los nombres de Deny Bryan Ortez Ferrera alias misionero, Luis Edgardo Sánchez Lino alias la sombra, Moisés Samuel Ramos alias el flaco, Rosmel Mateo Moreno alias gato seco, y otro con el alias de la sombra voladora; que estas personas pertenecen a una pandilla de la misma colonia ( Suyapa, Chamelecón) realizando disparos en contra de la humanidad de Luis Azucena Hernández, Francisco Rodríguez, Daniel Yasmín Rodríguez, causándoles la muerte. Lo anterior es congruente con: el resultado de la prueba pericial de Levantamiento de Cadáver No 1978-2012, 1977-2012 y 1979-2012 de los occisos Francisco Roberto Rodríguez, Luisa Azucena Hernández Pineda y Daniel Yasmín Rodríguez; Dictamen de autopsia 2555-2012, realizada por el Doctor Darwin Armas, de fecha 28 de septiembre de 2021, en donde se indica que, el cadáver de Francisco Rodríguez Erazo, donde establece que, su cuerpo presentó siete heridas por proyectil de arma de fuego, dispuestas así: 1- En región maxilar inferior izquierdo con trayecto de adelante hacia atrás que le que le produjo herida en piel, laceración de tejido celular subcutáneo, fractura del maxilar inferir izquierdo, fractura de piezas dentales, fractura de huesos del cráneo, la explotación del ojo izquierdo, más un hematoma epicráneo universal ( hemorragia del cuero cabelludo y sobre los huesos del cráneo) laceración de las meninges, y laceración del cerebro con hemorragia cerebral, 2- Herida en el cuadrante superior izquierdo del abdomen, herida en la región supra clavicular derecha del tórax, 3- Herida en el cuadrante superior derecho del abdomen con trayecto de adelante hacia atrás, 4- Herida en región lateral derecha del tórax, con trayecto de atrás hacia adelante, 5- Otra entrada en el hombro izquierdo con trayecto de adelante hacia atrás, 6- Otra herida ubicada en la región lateral derecha del tórax, con trayecto de atrás hacia adelante, 7- Lesión ubicada en la falange proximal del tercer dedo de la mano izquierda de atrás hacia adelante; Dictamen de autopsia 2553-12, realizado por el médico Eduardo Contreras en fecha 28 de septiembre de 2012, donde se indica que en el cadáver de Luisa Azucena Hernández Pineda, se encontraron cinco heridas distribuidas de la siguiente forma: 1- En la región nasal izquierda, con trayecto de izquierda a derecha que le produjo laceración de nariz, fractura de huesos de la nariz, arteria carótida común derecha, 2- Otra en la región izquierda mara (malar) con trayecto de izquierda a derecha, 3- Otra lesión ubicada en la región izquierda de abdomen (mesogastrio) con trayecto de adelante hacia atrás, 4- Otra lesión ubicada en la región izquierda de abdomen (hipocondrio) con trayecto de izquierda hacia derecha, 5- Herida en la región derecha del tórax (clavicular) con trayecto de arriba hacia abajo; Autopsia 2554-12 realizada por el Doctor Eduardo Enrique Contreras de fecha 28 de septiembre de 20121, dictamen en el cual se establece, que en el cadáver de Daniela Yasmín Rodríguez, se encontraron: 1- Herida en la región superior izquierda de la espalda (supra escapular) con trayecto de atrás hacia adelante, 2- Herida en la región izquierda de la espalda (escapular) con trayecto de izquierda a derecha, 3- Herida en la región derecha de la espalda (lumbar) con trayecto de atrás hacia adelante, 4- Herida ubicada en la región externa del antebrazo izquierdo con trayecto de atrás hacia adelante; en el Acta de inspección ocular 1792-12 y el álbum fotográfico se establece que el día 27 de septiembre del año 2012 se notificó de la existencia de un reconocimiento cadavérico a realizarse en la colonia Suyapa, calle principal 20 calle, 7 avenida, frente antiguo local de billares Hernán, sector Chamelecón de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en dicha acta se hace una descripción siguiente: “se aprecia en el interior de la vivienda inicialmente a la entrada de uno de los dormitorios los cuerpos de dos personas uno al lado derecho que pertenece al sexo femenino y otro de sexo masculino que se encuentran en posición decúbito dorsal sobre un piso de tierra, al lado izquierdo de la entrada principal se observa un cuerpo se observa un cuarto utilizado como dormitorio, se aprecia en el interior el cuerpo de una persona del sexo femenino, el que se encontró en posición decúbito ventral sobre abundante lago hemático, lugar exacto donde perdieron la vida en forma violenta Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández.” El a quo concede valor probatorio a los testigos de cargo indicando que la versión que dan los testigos concuerda con el lugar y la descripción de la vivienda, así como que en la dinámica de los hechos, conforme a la vista o perspectiva que de ello tuvieron, aun y cuando no coincidan en la totalidad de las personas que observaron ingresar a la vivienda (testigo protegido PJT 03 identifica tres agresores y el testigo protegido A- 2013 identifica cinco agresores.) que coinciden en las personas armadas con armas pequeña y otras largas, entraron a la vivienda y que los acusados participaron en los hechos como autores. Es importante recordar que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto, mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento.[3] Esta Sala considera que las razones vertidas por el juzgador para restar credibilidad a lo declarado en juicio por parte del testigo de descargo señor Rosmel Marel Mateo Argueta, quien declaró que él estuvo acusado por los mismos hechos cuando era menor de edad, que él fue partícipe de ese caso y que está sentenciado, que los imputados no tienen que ver, que de los que andaban solo él está vivo, otros desaparecidos, que por eso hacen que paguen justos por pecadores, que fue un 27 de septiembre, andaba en un doble cabina negro, cinco personas, la casa era en una entrada principal, por un pasaje, habían unos billares antes, ahí por la casa a mano derecha, enfrente está lleno de casas, había casas de dos plantas, un montarral, cuartos, una pulpería, que estacionaron frente a la casa y el portón estaba abierto, que era el conductor del vehículo, que andaban escopeta 9mm y un fusil. El juzgador realizó su valoración en que, aun y cuando el testigo de descargo haya excluido a los acusados del lugar y momento de los hechos, existen frente a éste, dos testigos de cargo, se desprende esa fuerte vinculación entre los miembros que los hacen actuar en conjunto, justificando sus acciones y compartiendo sus actividades, es decir hay cierto sentido de permanencia, que pudiera influir en el testigo para tratar de excluir personas que en efecto participaron, toda vez que ya él se encuentra cumpliendo pena por el hecho. El delito de Asesinato, protege la vida independiente como bien jurídico protegido y está tipificado en el artículo 117 del Código Penal que indica que “es reo de asesinato quien de muerte a una persona”, ejecutando el hecho mediante alevosía, premeditación conocida, causando grandes estragos o con ensañamiento, De la simple lectura del factum declarado por el juzgador se desprende que quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo son los imputados Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, apreciándose del mismo que sí concurren los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Asesinato. Se acreditó que los acusados son las personas que el día de los hechos provocaron la muerte violenta de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, a consecuencia de haberle ocasionado con alevosía múltiples heridas con arma de fuego. En su Manual de Derecho Procesal Penal, Cafferata Nores reflexiona que, “La sana crítica racional establece la libertad de convencimiento de los jueces, pero exige a éstos que las conclusiones a que lleguen sean el fruto razonado de las pruebas en que se las apoye (y puedan mostrarse y explicarse como tal). Y esa libertad acordada a los jueces del juicio incluye las facultades, primero, de seleccionar y descartar, y después conceder o restar mayor o menor eficacia conviccional a las pruebas en que fundan la sentencia. Pero esta no puede ser ni una atribución de ejercicio arbitrario, ni un pretexto o mecanismo para resolver de acuerdo a su íntima convicción, voluntarismo o favoritismo.”[4] En ese sentido luego de dar lectura a cada uno de los medios de prueba lícitos y resultantes del juicio, esta Sala concluye que, en la valoración de la prueba de cargo agregada y relacionada, el juzgador no ha incurrido en infracción alguna a las reglas de la sana crítica, de la lógica, en su postulado de derivación, pues de la prueba de cargo el juzgador ha derivado razón y justificación suficiente para establecer un estatuto de verdad, expresando cuales son las razones que surgidas de las pruebas que determinan la decisión adoptada, indicando a su vez cual ha sido el camino deductivo seguido para llegar a esa conclusión, siendo que el recorrido de cada pensamiento ha quedado sustentado en los principios de la lógica, la experiencia común, la psicología y el recto entendimiento humano. Por lo anterior esta Sala concluye que no procedente atacar el fallo impugnado por quebrantamiento de forma, por las razones expuestas. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; Esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[5]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del Órgano Jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer uso de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Único Motivo Norma Autorizante: 361 del Código Procesal Penal; Normas que se denuncian infringidas: Art. 82 de la Constitución de la República; Concepto de la infracción: Violación al derecho fundamental de defensa; Motivo: Violación al derecho de defensa; Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; Pretensión: Se anule la sentencia recurrida y se dicte sentencia absolutoria. Establece el recurrente que, se ha vulnerado el derecho constitucional a un proceso con todas las garantías, dentro del que debe constarse el derecho de defensa, al no solo basarse la sentencia recurrida en una exclusiva prueba ilícito (testimonial y documental), donde los jueces se dieron a la tarea de impedirle arbitrariamente a la defensa poder controvertirla en igualdad de armas procesales, ya que desde la admisión de esas pruebas sustrajeron los jueces de sentencia una serie de meras hipótesis, conjeturas e invenciones, que son insuficientes, no solo para enervar el derecho constitucional de inocencia, sino el derecho de defensa que se cita como infringido. Sostiene, como parte recurrente, que desde esta perspectiva, la limitación negativa que impone el Tribunal de Sentencia no es aplicable el canon expuesto en el artículo 82 de la Constitución de la República y, por tanto, cabe efectuar reproche constitucional cuando la condena pronunciada altera el sustrato jurídico de la inviolabilidad al derecho de defensa, al exponer el Tribunal de Sentencia argumentos irracionales, al no evacuar un medio de prueba legalmente admitido que (a sabiendas) la oportunidad procesal de controvertir esas prueba testimoniales de los testigos protegidos con claves PJT-03 y A-2013 que son precisamente las pruebas existentes y que se utilizaron para incriminar a mi representado, y de los cuales se asienta la sentencia condenatoria proferida y esto a pesar de estar conscientes los jueces de sentencia que al negarnos el derecho constitucional aludido, vulneraban el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes para la defensa del imputado Moisés Samuel Ramos Funez, obviamente en conexión con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la tutela judicial efectiva, y ello, por habernos denegado indebidamente en el juicio oral y público, la realización y evacuación de un medio de prueba legalmente admitido como es la inspección al lugar de los hechos por parte del tribunal. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes, provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provoca indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos, la parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. En relación al derecho de defensa, la Sala de lo Penal en sentencia de fecha 02 de noviembre del 2011, en el expediente SP 342-09, ha señalado que: “... uno de los requisitos constitucionales del proceso penal, lo constituye el derecho de defensa como presupuesto básico para todo pronunciamiento en materia penal, plasmado en principio como un instrumento de reacción del individuo frente a la acción punitiva del Estado, erigiéndose como el poder de oposición a la acción y por lo tanto, constituye uno de los elementos esenciales del moderno proceso penal, en ese sentido, al garantizar la carta magna que el derecho de defensa es inviolable, lleva implícito que la instancia penal deba permitir a toda persona que interviene en juicio, los medios efectivos y necesarios para la concreción de la defensa en juicio, de tal forma que la normativa procesal reguladora del debate público deba comprender la observación de tal derecho en cada una de las circunstancias o incidencias que se presenten durante el juicio, como una manifestación del denominado derecho al debido proceso que “supone un conjunto de auto limitaciones constitucionales y legales que el Estado se impone a sí mismo, para racionalizar dentro de los marcos infranqueables de la dignidad humana, el ejercicio del ius puniendi, que se logra con el establecimiento de una serie de garantías mínimas, que son el escudo protector del ciudadano frente a la arbitrariedad del funcionario o a la omnipotencia del Estado” Véase Pavón Gómez Germán. De la Casación y la Revisión Penal. 2ª edición. Doctrina y Ley. 2003. Colombia. P 48 y 49.”. Además, esta Sala de lo Penal ha establecido que: “…el derecho de defensa se lesiona, verbigracia, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna…” (Ver fallo de la Sala de lo Penal de fecha 22 de septiembre del 2011, contenido en el expediente SP 390-09). El derecho de defensa está definido en términos generales desde el ámbito penal, como la oportunidad que tiene la parte acusadora y la parte imputada de amparar, proteger y accionar a favor de sus propios intereses subjetivos. El derecho de defensa es una reacción a la acción penal del Estado, vincula a las partes litigantes en contienda, quienes deberán enmarcar sus actuaciones con respeto de este derecho, en especial la encargada de sostener la acción acusadora, entretanto que el órgano jurisdiccional, reclamada su intervención, velará estrictamente por su cumplimiento, potencializando su ejercicio y sancionando su inobservancia. El derecho general a la defensa está compuesto por varias garantías como ser: intimación, imputación, audiencia, contradicción, motivación, doble instancia y el libre ejercicio de la defensa material y la defensa técnica letrada. Así las cosas, el derecho de defensa es una reacción a la acción penal y se ejerce desde el momento en que se adquiere la calidad de imputado, definido por el artículo 101 del Código Procesal Penal como la persona a la que se atribuye participación en la comisión de un delito o falta por parte de los órganos encargados de la persecución penal, llámese Policía Nacional, Ministerio Público o Procuraduría General de la República en su caso, con independencia de que se encuentre privada de su libertad o en el ejercicio de ésta. La calidad de imputado comienza a partir de la intimación, (artículo 84 último párrafo de la Constitución de la República y artículos 101, 282.6 y 287.1 del Código Procesal Penal), que se produce cuando a la persona se le informa por parte del Estado sobre los hechos delictivos en los que se le considera partícipe. La intimación viabiliza el ejercicio de la defensa -técnica y material- y por ello constituye un deber para los órganos persecutores a cumplir cuando la persona sindicada es llamada a responder por el hecho delictivo, como producto de una citación a declarar o en el acto de la aprehensión, pero además la intimación es un derecho, que posibilita que cualquier persona que tenga conocimiento de estar siendo inculpada de la comisión de un delito comparezca voluntariamente (artículo 276 del Código Procesal Penal) ante el órgano persecutor (Policía, Ministerio Público, Procuraduría General de la República u Órgano Jurisdiccional), para ser informada de manera clara y sencilla sobre los hechos que se consideran delito (artículo 101.11 segundo párrafo del Código Procesal Penal). En el caso López Álvarez vs Honduras, la Corte IDH, mediante sentencia del 01 de febrero de 2006, determinó: “149.- El artículo 8.2.b de la Convención Americana ordena a las autoridades judiciales competentes notificar al inculpado la acusación formulada en su contra, sus razones y los delitos o faltas por las cuales se le pretende atribuir responsabilidad. Para que este derecho opere en plenitud y satisfaga los fines que le son inherentes, es necesario que esa notificación ocurra antes de que el inculpado rinda su primera declaración. Esta garantía es esencial para el ejercicio efectivo del derecho a la defensa.”. (En el mismo sentido, véase la sentencia de la Corte IDH de fecha 07 de septiembre de 2004, en el caso Tibi vs Ecuador). Como consecuencia de la intimación nace la relación jurídica procesal, dando paso a que la ahora persona imputada pueda ejercer el conjunto de derechos procesales que reconocen las normas constitucionales y las normas procesales. En este punto es importante aclarar que no implica, que previo al acto de intimación al sospechoso, no le asista derecho alguno ya que ello no es así, éste por su condición humana comparte con las demás personas los derechos reconocidos en la Constitución y las leyes, (inviolabilidad del domicilio, de las comunicaciones, de la libertad ambulatoria, etc.), empero, es a partir de la intimación que la persona adquiere la calidad de imputada y con ella un conjunto de derechos particulares que se ejercen con ocasión del proceso penal (artículo 15 y 101 Código Procesal Penal), por ello en el acto de intimación el Estado tiene la obligación adicional de informar a la persona imputada el conjunto de derechos que le asisten en el proceso penal, posibilitando al mismo tiempo su ejercicio material, puesto que informar sobre derechos sin permitir su ejercicio comporta burlar a la dignidad humana. Componen el derecho de defensa, el derecho de conocer el contenido de la acusación, primero, eventualmente, como la razón por la cual se aprehende a la persona y justificante de la privación de la libertad, aun cuando sea momentánea, después como el fundamento para la presentación de una acción penal (hechos del requerimiento fiscal) que convierten a la persona en imputado y finalmente como el fundamento para someter a la persona acusada a un juicio oral y público. Ahora bien, en la primera etapa del proceso los hechos pueden ser modificados, ampliados o desistidos por la parte actora (en caso de ampliación que constituya nuevo delito, conllevaría a la celebración de una nueva audiencia de declaración de imputado); situación que se mantiene así hasta el final de la etapa intermedia (formalización de la acusación), a partir de lo cual el ente acusador fija los hechos por los cuales deberá juzgarse a la persona acusada y de los cuales podrá defenderse, ello conlleva: Imposibilidad de mutación de dichos hechos dado que de ocurrir implicaría violación al derecho de defensa, pues la persona imputada no tendría oportunidad de prepararse, proponer prueba y presentar alegatos respecto a los hechos mutados en pleno debate. La construcción del proceso penal gravita en torno a posibilitar el ejercicio de la defensa, por ello se dispone que en la etapa intermedia se celebre una audiencia preliminar en donde se fijen los hechos que serán objeto de juzgamiento en la etapa de debate (artículo 301 del Código Procesal Penal); el espacio en la audiencia de debate para que las partes puedan examinar el proceso y poder sanear cualquier vicio que imposibilite la celebración del debate (artículo 316 del Código Procesal Penal); la oportunidad de las partes, en particular de la persona acusada, de proponer toda la prueba que tenga a bien a efecto de controvertir la acusación y de poder hacer valer su propia teoría del caso (artículo 317 del Código Procesal Penal); el tiempo legal para la preparación de la defensa, disponiendo la ley procesal de que el debate no podrá celebrarse antes de 10 días (artículo 318 del Código Procesal Penal) y la propia celebración de la audiencia de debate en donde se materializa el contradictorio y la presentación de la prueba (artículo 312 del Código Procesal Penal); y, la obligación del tribunal de sentencia de emitir una decisión final que tenga correspondencia a dicha acusación (principio de correlación de la sentencia con la acusación, artículo 337 del Código Procesal Penal), pues, de nuevo, la consideración de los jueces sentenciadores de hechos distintos imposibilitaría a la persona acusada de defenderse de ellos (tiempo de preparación para la defensa, proposición de pruebas, presentación de argumentos de defensa, etc.). Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones. Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se vulnera a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al Tribunal de Sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana crítica; no puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. De la procedencia del único motivo. el único motivo no es de recibo. En el escrito de interposición el recurrente afirma que se da la infracción al derecho de defensa, con ocasión de que el tribunal de sentencia ordenase la introducción de la declaración testifical por lectura de los testigos protegidos PJT 03 y A-2013, (f. 305 vuelto), que son precisamente las pruebas existentes y que se utilizaron para incriminar a su representado, y de los cuales, se asienta la sentencia condenatoria proferida, y esto a pesar de estar conscientes los jueces de sentencia que al negar el derecho constitucional aludido, vulneraban el derecho al uso de los medios de prueba pertinentes para la defensa de la imputado Moisés Samuel Ramos Funez, obviamente en conexión con el derecho a un proceso con todas las garantías y a la Tutela Judicial efectiva, y ello, por habernos denegado indebidamente en el juicio oral y público, la realización y evacuación de un medio de prueba legalmente admitido como es la inspección al lugar de los hechos por parte del tribunal. Arguye de igual manera que, el a quo no dio la oportunidad de que la defensa técnica realizara un verdadero contra examen porque no existió igualdad de armas. Respecto a la alegada violación, es de considerar que el presente caso inició mediante la presentación de Requerimiento Fiscal en fecha 30 de diciembre 2013 (F. 1-4) en contra del señor Samuel Moisés Ramos Funes y otros, por suponerlos responsables, a título de autores, de un delito consumado de Asesinato, en perjuicio de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez Erazo y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández; producto de tal acción, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: 1) En audiencia de prueba anticipada de fecha nueve de diciembre del año 2013 (f. 54 ), bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la defensa, quien ejerció la representación legal del acusado, se tomó la deposición del testigo protegido PJT-03; 2. En audiencia de prueba anticipada de fecha doce de diciembre del año dos mil trece (f. 76 ), bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública, quien ejerció la representación legal del acusado, se tomó la deposición del testigo protegido A-2013; 3. Audiencia de debate, celebrada en fecha treinta de noviembre de dos mil quince (f. 241), en donde, según el acta respectiva, la defensa solicitó se admitiera el medio de prueba inspección al lugar de los hechos con la pretensión probatoria referente a determinar huellas, rastros y las características del lugar, posición geográfica, para determinar posición distancia de los testigos, (f.241) resolviendo el a quo que, admite bajo reserva esa inspección para garantizar el derecho de defensa del imputado por ser pertinente conocer el testimonio si acuden los testigos al juicio; 4. Obra en las diligencias que en fecha 17 de noviembre del 2015 y 15 de enero del 2016, que el a quo ordenó la publicación de edictos durante tres días, en los diarios La Prensa y La Tribuna a los testigos protegidos A-2013 y PJT-03; 5. No se presentó ningún incidente relacionado con la incorporación de los testigos protegidos A-2013 y PJT-03, al momento de desarrollar sus alegatos de cierre (F.307 v), en resumen, la defensa no hizo denuncia u oposición por la incorporación mediante lectura autorizada de la prueba anticipada de los testigos A-2013 y PJT-03. Siendo hasta el momento de presentar el recurso de casación que alega que la admisión de los testigos le ha causado al acusado violación al derecho de defensa y al estado de inocencia, denuncia que no es atendible, en razón de lo siguiente: Siendo un defecto de forma, el recurrente ha debido señalar en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal). Considera esta Sala de casación que la declaración testifical de los testigos protegidos A-2013 y PJT-03, incorporada por lectura no es violatoria de los derechos de defensa y estado de inocencia del imputado, pues tal y como se ha establecido en la presente resolución no se trata de testigos anónimos, sino bajo la modalidad de testigo protegido, asimismo dicha declaración puede ser corroborada con otros medios de prueba evacuados en la audiencia de juicio oral y público, bajo el respeto irrestricto de principios esenciales del proceso como ser de oralidad, inmediación y contradicción; La prueba de cargo propuesto por el Ministerio Público, de incorporación por lectura autorizada de las declaraciones rendidas en la audiencia inicial de los testigos protegidos A-2013 y PJT-03, bajo el procedimiento especial de prueba anticipada, es un medio de prueba legalmente admitido y evacuado en la audiencia de juicio oral y público, verificándose que son testigos presenciales de los hechos, que son contestes entre sí. Prueba que ha sido incluida en el proceso de valoración del juicio por considerar el tribunal de sentencia que no se vulnera el derecho fundamental y convencional a la inviolabilidad de la defensa, por lo que la prueba testifical se torna ilícita. Al respecto, esta Sala considera que los argumentos esgrimidos por el tribunal de instancia para valorar lo declarado por los testigos protegidos A-2013 y PJT-03 rendidas bajo el procedimiento de prueba anticipada, no son apreciables en casación, en virtud de que la valoración de las declaraciones de testigos protegidos no infringe el derecho fundamental de defensa, ni la reglas que rigen el Debido Proceso, pues al momento de su evacuación y procedimiento de prueba anticipada, se han observado los derechos y garantías procesales a los acusados, propias del sistema acusatorio contenidas en los principios de inmediación y contradicción al haber sido recibidas en presencia de las partes procesales, en presencia de un juez de garantías, con la finalidad de proteger la fuente de la prueba en atención al peligro inminente de los testigos, y habiéndose acreditado en sala de juicio el cumplimiento de los requisitos, entre ellos, haberse llevado a cabo sin éxito las diligencias de búsqueda, localización y citación de dichos testigos protegidos para que comparecieran a rendir declaración, por lo que el tribunal resuelve incorporarlas al juicio por medio de lectura con fundamento en lo dispuesto en el artículo 311.1 del Código Procesal Penal, se aprecia que la prueba de testigos protegidos de mérito, no se opone a lo dispuesto en las disposiciones que regulan el derecho de defensa contenido en el artículo 82 de la Constitución de la República. De la misma forma, el recurrente considera violentado el derecho de defensa, por habérsele denegado indebidamente en el juicio oral y público, por parte del a quo la realización y evacuación de un medio de prueba legalmente admitido como es la inspección al lugar de los hechos. La defensa señala que el rechazo al medio de prueba constituye una violación al derecho a la defensa, al impedir al acusado contar con los medios de prueba adecuados para sustentar la teoría del caso; pretensión probatoria expuesta por la parte en la audiencia de proposición de prueba: determinar huellas, rastros y las características del lugar, posición geográfica para determinar posición y distancia de los testigos, ya que hay dos testigos protegidos en calidad de prueba anticipada y ambos presentan inconsistencias (F 241 v ). Prescribe el artículo 317 del Código Procesal Penal que el tribunal solo rechazará los medios de prueba, entre otras razones, cuando sean manifiestamente impertinentes, inútiles o desproporcionados en relación a la finalidad probatoria pretendida: a. El medio de prueba es impertinente cuando de manera manifiesta resulta no estar vinculado, directa o indirectamente, con ninguno de los aspectos de la acusación; ergo es pertinente cuando se relaciona directa o indirectamente con el thema decidendi; b. El medio de prueba es inútil cuando éste, atendiendo su naturaleza, no podrá aportar de manera idónea el elemento probatorio pretendido con su presentación; es decir es la inadecuación entre el medio de prueba propuesto y el elemento probatorio prometido; Por tanto, el medio de prueba es útil cuando su naturaleza promete develar el elemento probatorio prometido; y c. El medio de prueba es desproporcionado cuando el elemento probatorio pretendido será aportado por otros medios de prueba que ya han sido admitidos; la desproporcionalidad implica sobreabundancia de medios de prueba destinados a aportar un idéntico elemento probatorio; para evaluar este criterio el Tribunal de Sentencia debe ser prudente, dado que será la complejidad de cada caso lo que aconsejará si es necesario o no, la admisión de muchos o de un solo medio de prueba relacionado con un elemento probatorio particular.- Entonces el medio de prueba es proporcional cuando prometer aportar un elemento probatorio distinto al resto de la prueba o cuando promete reforzar la existencia un elemento probatorio en unión con otros medios de prueba, que por su complejidad determine aconsejable su admisión.[6] El artículo 203 del Código Procesal Penal, prevé actuaciones de ejecución inmediata para la constatación del delito, en la que se destaca el medio de prueba inspección, dejando la posibilidad de la proposición de dicho medio de prueba y expone: “… El juez, a petición de fiscal o de las partes, podrá constituirse en el lugar de los hechos para efectuar las inspecciones oculares que estime oportuna.” El Tribunal atendiendo la reposición de la defensa admite bajo reserva el medio de prueba, para garantizar el derecho de defensa del imputado es pertinente conocer el testimonio si acuden los testigos al juicio para conocer estos aspectos, en ese sentido deja en reserva esa situación, entonces bajo esos términos se podría admitir esos medios de prueba (F 242). Esta Sala de lo Penal ha revisado el contenido del medio de prueba propuesto por la Defensa Privada, así como su presentación en la audiencia celebrada en fecha treinta de noviembre de dos mil quince, en particular la exposición de pretensiones probatorias que en ese momento expuso el ofertante, para poder hacer revisión sobre la legalidad de la decisión adoptada por el Tribunal de Sentencia al haber rechazado el medios de prueba antes descrito, concluyendo que la decisión del a quo es conforme a lo que disponen los artículos 198 y 199 del Código Procesal Penal. Es importante anotar que la revisión hecha por el Tribunal de Casación respecto a la legalidad sobre el juicio de admisión de los medios de prueba in comento, se realiza conforme a la información que hasta el momento tenía en su poder el Tribunal de Sentencia (Ex Ante), misma que se basaba únicamente en el contenido del auto de apertura a juicio y en lo que las partes expusieron en la audiencia de proposición de prueba, audiencia de fecha 30 de noviembre del año dos mil quince, audiencia de fecha 15 de enero de dos mil dieciséis; audiencia de debate oral y público de fecha 27 de abril del año 2016. De este modo: Inspección al lugar de los hechos, que tiene como pretensión servir de respaldo de restarle credibilidad a la declaración de los testigos protegidos, cuyos testimonios constan en prueba anticipada; este medio de prueba fue rechazado por el Tribunal de Sentencia por desproporcional dado que se propuso el acta de inspección ocular 1792-12 (folio 68-73) de fecha 27 de septiembre del año 2012 y álbum fotográfico (folios 93-122), el Tribunal de Sentencia realizó un correcto juicio de admisibilidad de los medios de prueba cuestionados, procurando respetar el Principio de Igualdad ante la ley (folio 282 v), y de allí que incluso se accediera parcialmente al recurso de reposición interpuesto por la defensa en contra de la decisión primaria de la oferta probatoria; el casacionista deberá entonces demostrar que la prueba inadmitida supera el juicio de admisibilidad legal (útil, pertinente y proporcional) y además demostrar que si hubiese sido objeto de evacuación el medio de prueba, habría tenido incidencia en la parte dispositiva de la sentencia, evacuándose en juicio prueba precisa para sustentar la teoría del caso. El derecho de defensa se lesiona, cuando se imposibilita al acusado la oportunidad durante la totalidad del proceso, de defenderse de los cargos, o para demostrar su versión de los hechos, el acceso irrestricto a las pruebas de cargo, el derecho a hacer uso de todos los recursos legales o razonables de defensa sin sanción o censura alguna, lo cual no sucede en el caso. En consecuencia, de lo anterior, se declara sin lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Decisión Se declara no ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. Se declara no ha lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su único motivo. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En la tramitación del recurso de casación ninguna de las partes presentó escrito complementario dando a conocer su criterio respecto a la procedencia o no de la aplicación retroactiva del NCP 130-2017, por lo que en base al artículo 624.3 de ese cuerpo legal corresponderá en el presente caso a la Sala de lo Penal realizar la ponderación de oficio. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, la pena de veintiocho (28) años de reclusión por cada una de las tres víctimas, que en total suman ochenta y cuatro años (84) de reclusión por el delito de Asesinato en perjuicio de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, de los que cumplirá una pena de 30 años por disposición del artículo 35 del CP 144-83. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de Asesinato (Art. 193), cuya pena es: De (20) a (25) años de prisión. Las penas deberán ser individualizadas siguiendo las reglas del artículo 70 NCP, teniendo en cuenta que se declaró por el tribunal de sentencia como circunstancias que modifican la responsabilidad, las agravantes: auxilio de gente armada, aprovechando la oscuridad de la noche, en la morada de las víctimas y utilizando vehículo automotor; atenuante: no contar los acusados con antecedentes penales; circunstancia que motiva a imponer la pena en su límite máximo, imponiéndose una pena de veinticinco (25) años de prisión, por cada una de las tres víctimas, que en total suman setenta y cinco (75) años de prisión, por el delito de asesinato en perjuicio de Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández, de los cuales cumpliría una pena de 40 años en aplicación al límite objetivo extraordinario, en caso de que cualquiera de las penas individualizadas supere los 20 años de prisión, por disposición del artículo articulo 66 párrafo quinto del NCP 130-2017. La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que en el caso particular el Código Penal 130-2017 prevé sanciones más gravosas que las impuestas a los señores Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. por lo que no es procedente la aplicación retroactiva de la primera codificación. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma y por Infracción de Precepto Constitucional en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Javier Reyes Arzú, defensor privado, en la causa instruida contra los procesados Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino, como coautores del delito de Asesinato, en perjuicio de los señores Luisa Azucena Hernández Pineda, Francisco Roberto Rodríguez y Daniela Yasmín Rodríguez Hernández -Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por las conductas reprochadas a los ahora condenados Moisés Samuel Ramos Fúnez, Deny Bryan Ortez Ferrera y Luis Edgardo Sánchez Lino. Como consecuencia de lo anterior los beneficios penitenciarios deberán de ser otorgados conforme las disposiciones del Código Penal 144-83. Tercero: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticinco de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal. -Y MANDA: Que la secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. - Firmas y Sello. - Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. Jose Olivio Rodriguez Vasquez. Magistrado. - Rafael Bustillo Romero. Magistrado. -Firma y Sello. – Michelle Alessandra Izaguirre Colindres -Receptora Adscrita. Secretaria General.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha once de noviembre de dos mil veintidós. Certificación de la sentencia dictada el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 103-2018.

JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA

Secretario Sala de lo Penal

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[1]Ver al respecto CP 129-2015 y CP 157-2015, Sentencias de la Sala Penal Corte Suprema de Justicia.

[2] Ver al respecto Sentencia de la Sala de lo Penal del 27de mayo de 2014, en Expediente 057-2012.

[3] Ver S.P. 373-2014 de fecha diez de octubre del año dos mil dieciocho.

[4] Manual de Derecho Procesal Penal, Cafferata Nores José I. y otros, Universidad Nacional de Córdoba, pág. 714.

[5] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.

[6] Al respecto ver sentencia Exp. 072-2018.