Sentencia CP-10-18 — Registro 14257
Resumen
En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Violación Especial, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación, y declara la no procedencia de la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal contenida en el Decreto 130-2017.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la Procedencia Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que la fiscalía presento a juicio la prueba El Tribunal incorpora mediante lectura autorizada la declaración en audiencia inicial rendida por el joven R. J. C. D., a la que le da total validez de fecha 17 de julio de 2007, con lo que se violenta el artículo 200 del Código Procesal Penal, por ser prueba ilícita al no cumplir con los requisitos de la norma penal siguientes: 1) La audiencia inicial no fue incorporada como prueba anticipada, como dice el fallo; 2) La Declaración hecha por el menor R. D. en Audiencia Inicial fue tomada en fecha 17 de Junio del 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de Agosto del 2007, por lo que no el Tribunal de sentencia no debió darle valor probatorio. Esta Sala considera que, en el presente caso, la declaración rendida por el menor R. J. C. D., es admitida bajo el procedimiento especial de Prueba anticipada (Folio 35 vuelto), declaración que se incorporada en la audiencia de Debate o de Juicio Oral y Público, como medios de prueba documental, en aplicación de que dispone el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, siendo en consecuencia evacuados por medio de lectura autorizada. Por otra parte, consta en el acta de debate que se ha evacuado prueba de cargo testifical y pericial de evaluación médica y psicológica al menor R. J. C. D., la que corrobora el hecho de haber sido objeto de agresión sexual de que fue objeto vía anal llevada cabo por el acusado Felipe Santiago Cáceres Zambrano, mediando fuerza e intimidación el día 24 de agosto del año 2007, entre 11 y 11.30 de la mañana, que no le fue posible corroborar en la audiencia de juicio oral y público a causa de su fallecimiento, sin que ese hecho haya sido puesto en duda o controvertido en el proceso por ninguno de los sujetos procesales. Esta Sala considera que, si bien la declaración rendida por el menor R. D. en Audiencia Inicial fechada el 17 de junio del 2007 y los hechos se produjeron el 23 y 24 de agosto del 2007, defecto o error material del juez de la epata preparatoria, que no consta haya sido alegado ante el juez de la audiencia inicial con el propósito de someterlo a enmienda o subsanación, por lo que el vicio o defecto de forma en la fecha de la audiencia inicial se considera aceptado o consentido tácitamente. Por todo lo anterior, al haber incorporado la prueba anticipada de declaración del menor F. S. C. Z. rendida en la audiencia inicial, el juzgador no se ha valorado prueba ilícita, tampoco se ha producido indefensión pues la defensa ha tenido conocimiento previo de la declaración del menor ofendido rendida en la audiencia inicial como prueba anticipada, sin haber opuesto ni interpuesto recurso alguno contra su admisión, ni dejado constancia de reserva de casación por defecto de forma. Por lo anterior, esta Sala desestima el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
“…Ponderación en el caso concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Felipe Santiago Cáceres Zambrano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, la pena de 15 años de reclusión, como autor del delito de Violación Agravada, en perjuicio del menor R. J. C. D. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni comiso alguno por el delito cometido. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano como persona responsable del delito de Violación Agravada le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 9 a 13 años de prisión correspondiente al delito de Violación, aumentada en un 1/3 por las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia e intimidación y 2) Por ser la víctima menor de catorce años al momento del delito, por lo que la pena abstracta a imponer sería la comprendida en el rango de 13 a 17 años, 4 meses de prisión. (Artículo 249.1 y 2). Por tanto, NO PROCEDE la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, en virtud de quedar la pena impuesta de 15 años de reclusión dentro del rango de la pena que le correspondería cumplir, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal…”
Legislación citada
- Código Penal, art. 615 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia de fecha veintinueve de abril del dos mil veintiuno, recaída en el expediente con registro SP 10-2018, que literalmente dice: “Sentencia. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras. La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-10-2018 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio del menor R. J. C. D. M. a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano.- Tercero: No procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Cuarto: No procedió declara el comiso. Son Partes: El Abogado Jorge Alberto Cárdenas Torres, en su condición de defensor privado del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados. “UNICO: El veinticuatro de agosto del 2007, entre las once y once y treinta de la mañana, se encontraba el menor R. J. C. D. M., de once años de edad en aquel momento, en la Residencial Honduras de Tegucigalpa, fue a comprar unos huevos, cuando al pasar frente a una caseta de vigilancia que manejaba el señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, éste lo tomó del brazo y lo metió al interior de la misma, lo tiró sobre una cama, le amarró las manos, le tapó la boca, le bajó el pantalón y luego de ello procedió a penetrarlo vía anal.”RECURSO DE CASACIÓN: El Recurrente Abogado Jorge Alberto Cárdenas Torres, en su condición de Defensor Privado del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER Y ÚNICO MOTIVO: Por valorar el Juzgador prueba de valor decisivo mediante Lectura autorizada al momento de dictar el fallo. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en la última parte del numeral 2 del artículo 362 Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO El Tribunal Sentenciador baso su decisión de condena en el Testimonio brindado por el menor J. C. D. mediante lectura autorizado de fecha diecisiete de Julio del año 2007 (ver audiencia Inicial) quien expuso: Ese día yo iba a comprar unos huevos y don Felipe me agarro a la fuerza y me metió a la caseta y me do que le diera dinero me tapo la cara y me amarro las manos y me violó. Pregunta del Ministerio Publico expresa que el Señor Felipe Cáceres cuidaba en una caseta con un machete y pistola y que el día que lo agarró a la fuerza fue el 23 de agosto y que ese día iba a comprar huevos luego al ingresar a la caseta me baja el pantalón y abuso de mi me penetro el pene en el ano, el 24 sucedió lo mismo iba comprar huevos porque no habían en mi pulpería y me pido 500 lempiras y se los di luego al llegar a casa la tía le dio una pastilla porque no podía hacer y que nunca sangro. Declaración que versa a folio 35 vuelto al 36 vuelto de la audiencia inicial de fecha 17 de Julio del año 2007 y los hechos fueron el 24 de agosto del año 2007. Por su parte el Testigo de la defensa GUSTAVO ADOLFO GARCIA sostiene que en las fechas 20 al 27 de agosto del año 2007 estuvo en la Residencial Honduras realizando labores de albañilería con un horario de 7:00 a.m. a 4:00 pm. que allí en una pulpería de Nora Canales (Abuela del Menor) miro al menor J. C. cuando llego el día 24 de agosto a comprar semitas y una coca cola, y el Señor Víctor Manuel León Ojiva declara que el 23 de agosto del año 2007 inició un trabajo con el Señor Felipe Cáceres de hacer un zanjo porque se rompió un tubo de agua potable en casa del Señor Felipe en la Colonia Villanueva y que luego fueron a la ferretería a comprar un tubo de PVC y pegamento e hicieron el trabajo y él se fue para su casa como las dos de la tarde pero aclaramos que según el Tribunal los dos testigos lo ubican con la misma fechas y en lugar distinto pero si leemos ambas declaraciones el Señor Gustavo el en ningún momento dice haber estado con don Felipe el 23 y 24 de agosto de 2007 el expresa claramente que el se encontraba trabajando frente a casa de Nora Canales entre el 20 y 27 de agosto y que no recuerda haber visto llegar al lugar a Felipe Cáceres y que el Joven (victima) el lo observo que esa fechas se encontraba en su casa de habitación y que nunca lo vio salir de ella por lo tanto el nunca dice que estuvo con Don Felipe y el testigo Victor Oliva el si expresa que el 23 de agosto estuvo de ocho a dos de la tarde trabajando con Don Felipe y si los hechos fueron a las once de la mañana es imposible que se encontrara allí y esta versión es concatenada con la factura de la ferretería donde se encuentra firmada y sellada por el vendedor de la misma la cual no merece ninguna duda. HECHOS PROBADOS El Tribunal de sentencia que dictó el fallo que por este acto se recurre estableció como hecho probado lo siguiente: UNICO: El 24 de agosto de 2007 entre las once y media de la mañana se encontraba el menor R. J. C. D. M. de once años de edad, en aquel momento, en la Residencia Honduras de Tegucigalpa, fue a comprar unos huevos cuando al pasar frente a una caseta de vigilancia que manejaba el Señor Santiago Cáceres Zambrano este lo tomo del brazo y lo metió al interior de la mismo lo tiro sobre la cama lo amarro de las manos, le tapó la boca, le bajo el pantalón y luego de ello procedió a penetrarlo vía anal. PRUEBA TORAL CON QUE EL ORGANO SENTENCIADOR INTENTA JUSTIFICAR EL HECHO PROBADO ANTES CITADO: El Tribunal recurrido justifica el hecho incorporado mediante lectura autorizada como probado en el siguiente medio de prueba: La declaración en audiencia inicial del Testigo R. J. C. D. incorporada en el debate mediante lectura autorizada expresa: Que ese día iba a comprar huevos y don Felipe lo agarro por la fuerza y lo metió y le dijo que le diera dinero lo amarro le tapo cara y lo violo. Al ser interrogado contesto que tenía once años de edad, que vivía con la abuela en Residencial Honduras que iba a comprar huevos y para ello tiene que pasar por la caseta de Don Felipe que es vigilante y había otro vigilante que solo le dicen Zúniga. Don Felipe andaba con el machete, pistola y cuchillo y recuerda que el día de los hechos fueron un 23 de agosto y no recuerda la hora y luego le preguntaron qué entiende por violación y contesto no entiende yo solo sé que me penetro con el pene en el ano luego de ello se fue a comprar huevos se vino y lo volvió a agarra el 24 de agosto de 2007 volvió a suceder lo mismo cuando iba a comprar huevos porque no había y que le tiene miedo a Don Felipe porque ese día le puso la pistola y lo amenazo de matarlo si contaba y le dio quinientos lempiras que se los dio en la caseta, que no grito porque no podía tenía la boca tapada y luego la tía le dio una pastilla porque no podía hacer y no recuerda si sangró y que le agarro el dinero a la abuela y le dijo que se le había caído y se lo dio a don Felipe. Que está en cuarto grado que vive con su abuela que lo tratan bien y que ese día le robo los quinientos lempiras a la abuela y que regreso a la casa a las 11:30 que don Felipe es malo enojado y le gusta regañar a los niños diciéndoles tontos. Que la persona que lo ataco tiene barba pelo colocho la nariz un poco larga los dientes no sabe cómo son y no tiene más que agregar. VEAMOS AHORA EN QUE CONSISTE LA VIOLACIÓN POR PARTE DEL SENTENCIADO AL MOMENTO DE EMITIR EL FALLO DÁNDOLE VALOR PROBATORIO A LA AUDIENCIA INICIAL DE FECHA 17 DE JULIO DEL 2007 EL CUAL SE INCORPORA MEDIANTE LECTURA AUTORIZADA. El Tribunal de Sentencia recurrido para declarar la culpabilidad del Señor Felipe Santiago Cáceres le da total validez a la declaración del menor R. J. C. D.Z practicada en audiencia inicial de fecha 17 de julio de 2007 e incorporado al debate mediante lectura autorizada (Leer audiencia inicial folio 35 vuelto al 36 vuelto del expediente de mérito). Señores Magistrados si analizamos el Testimonio rendido por el menor R. J. C. D. nos damos cuenta que el Tribunal admitió y le dio valor probatorio a dicha declaración violentando el artículo 200 del Codigo Procesal Penal al admitir una prueba ilícita por no cumplir con los requisitos de la norma penal y digo esto por las siguientes razones 1) En primer lugar esta audiencia inicial nunca fue incorporada como prueba anticipada tal como lo dice el Tribunal en su fallo. 2) La Declaración hecha por el menor R. D. en Audiencia Inicial fue tomada en fecha 17 de Junio del 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de Agosto del 2007 como pudo el Tribunal de sentencia darle valor probatorio a dicha declaración si fue ‘practicado 36 DÍAS ANTES de que ocurrieron los hechos que se estaban investigando por lo tanto esa prueba se convierte en prueba ilícita y no debió el órgano recurrido darle valor probatorio por emitir su fallo (Ver Audiencia Inicial) si dicha declaración fue practicada fecha antes de los hechos el sentenciador debió absolver a mi representado por falta de prueba. En conclusión Señores Magistrados esta defensa aprecia o considera que el actuar de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa Departamento de Francisco Morazán al momento de fallar o dictar la resolución condenatoria que por este acto se recurre ha violentado lo que establece el artículo 362 numeral 2 y el articulo 200 del Código Procesal Penal lo cual le impone la necesidad al sentenciador que en su fallo deviene obligado a motivar o explicar adecuada y convincentemente todos y cada una de las conclusiones a los que arribe estándole prohibido en esta actividad transgredir la ley admitiendo medios de prueba practicados antes de los hechos que se investigan sin analizar la experiencia común y el recto entendimiento humano condenando a mi representado con una prueba que considera la defensa es ilícita porque se practicó 36 días antes de que ocurrieran los hechos (ver audiencia inicial). A la vez esta defensa considera que con lo actuado por el órgano jurisdiccional recurrido se ha transgredido la ley de tercero excluidos que es una de las reglas de la sana critica debido a que esta ley se viola cuando el tribunal da valor probatorio a la declaración del Menor practicada en audiencia inicial en fecha 17 de julio de 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de agosto de 2007 como pudo el Tribunal valorar esta prueba y es claro que el sentenciador violento la ley sin utilizar la lógica donde una sentencia se afirma que el imputado es culpable cuando el elemento de prueba con que el sentenciador sustento el fallo fue admitido en forma ilícita porque si los hechos fueron el 23 y 24 de agosto de 2007 el Tribunal en ningún momento debió darle valor probatorio para emitir su fallo si dicha declaración del menor R. D. fue tomado en fecha 17 de Julio del mismo año.”. Fundamentación. Casación de Quebrantamiento de forma. La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Único Motivo: Normas Autorizantes: Artículo 362.2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: La sentencia se basa en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen. Quebrantamiento de forma por valorar el juzgador prueba de valor decisivo mediante lectura autorizada al momento de dictar el fallo. El Tribunal Sentenciador basó su decisión de condena en el testimonio brindado por el menor J. C. D. mediante lectura autorizado de fecha diecisiete de julio del año 2007 (ver audiencia inicial). Sin embargo, los testigos de la defensa señores Gustavo Adolfo Garcia y Víctor Manuel León Ojiva ubican al acusado Felipe Santiago Cáceres Zambrano en las mismas fechas en lugar distinto. El señor Gustavo expresa que se encontraba trabajando frente a casa de Nora Canales entre el 20 y 27 de agosto y que no recuerda haber visto llegar al lugar a Felipe Cáceres, y que al joven (víctima) lo observó que esas fechas se encontraba en su casa de habitación y que no lo vio salir. Y el testigo Víctor Oliva expresa que el 23 de agosto estuvo de ocho a dos de la tarde trabajando con don Felipe y si los hechos fueron a las once de la mañana es imposible que se encontrara allí, versión que se concatena con la factura de la ferretería firmada y sellada por el vendedor. El Tribunal incorpora mediante lectura autorizada la declaración en audiencia inicial rendida por el joven R. J. C. D., a la que le da total validez de fecha 17 de julio de 2007, con lo que se violenta el artículo 200 del Código Procesal Penal, por ser prueba ilícita al no cumplir con los requisitos de la norma penal siguientes: 1) La audiencia inicial no fue incorporada como prueba anticipada, como dice el fallo; 2) La Declaración hecha por el menor R. D. en Audiencia Inicial fue tomada en fecha 17 de Junio del 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de Agosto del 2007, por lo que el Tribunal de Sentencia no debió darle valor probatorio, por lo que esa prueba se convierte en prueba ilícita, por este acto que se recurre ha violentado lo que establece el artículo 362 numeral 2 y el articulo 200 del Código Procesal Penal que impone la necesidad de motivar las conclusiones, por lo que la sentencia ha transgredido la ley de tercero excluido que es una de las reglas de la sana crítica, de la lógica. Concepto General del recurso. “Contiene en realidad dos vicios formales que justifican la casación al amparo de este precepto, cuando el fallo de la sentencia recurrida, cuyo examen realizaremos separadamente: a) Se bese en medios o elementos probatorios n o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo; o b) Excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. a) Cuando el pronunciamiento, normalmente condenatorio, traiga causa en afirmaciones fácticas agregadas al relato de hechos probados, que están basados en medios o elementos probatorios incorporados ilegalmente al juicio (aunque haya constancia de ellos en las actuaciones) o incorporadas por medio su lectura de forma irregular, con infracción de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo del Código, relativas al juicio oral y que por lo tanto, este material probatorio haya sido tenido en cuenta la sentencia impugnada, cuando no debía haberlo sido, al no ser valorable a efectos incriminatorios, de la CSJ deberá casar la sentencia y estimar el recurso de casación amparado en este motivo. Es esta una vía indirecta de ataque a los hechos probados que podrá comportar la declaración de nulidad, y consiguiente suspensión en el reenvió, de aquellos que están fundados en una actividad probatoria ilegitima, al provenir de actos realizados de un modo irregular. En cierto sentido, se solapa con el recurso de casación por infracción del precepto constitucional, específicamente cuando se invoque la conculcación de la presunción de inocencia, pues esta es un principio de rango constitucional de carácter procesal, cuyo ámbito de aplicación circunscribe a que la culpabilidad de los procesados resulte debidamente demostrada a través de la prueba practicada en el juicio oral. b) Este motivo de impugnación resulta operativo cuando en la sentencia recurrida se excluya indebidamente una prueba (por considerarla ilícita sin serlo, por ejemplo) o no se considere (omitiéndose toda referencia a ella), siendo decisiva para decretar la absolución o la condena del imputado. Esta posibilidad impugnatoria conlleva la revisión de los hechos probados, pues la exclusión indebida o la no consideración de una prueba trascendental tiene obligada proyección en el relato histórico de la sentencia combatida. Si la exclusión de la prueba ha tenido lugar en la sentencia de forma correcta o el medio de prueba ha sido valorado por el tribunal de instancia, aunque lo fuera desacertadamente, en y en otro caso habrá de rechazar el motivo, sin perjuicio que la apreciación errónea de la prueba pueda dar lugar a la articulación de un recurso amparado en el numeral siguiente, si en su ponderación no se observaron las reglas de la sana critica”.[1]Concepto específico: El Tribunal incorpora mediante lectura autorizada la declaración en audiencia inicial rendida por el joven R. J. C. D., a la que le da total validez de fecha 17 de julio de 2007, con lo que se violenta el artículo 200 del Código Procesal Penal, por ser prueba ilícita al no cumplir con los requisitos de la norma penal siguientes: 1) La audiencia inicial no fue incorporada como prueba anticipada, como dice el fallo; 2) La Declaración hecha por el menor R. D. en Audiencia Inicial fue tomada en fecha 17 de Junio del 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de Agosto del 2007, por lo que no el Tribunal de Sentencia no debió darle valor probatorio. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. Esta Sala observa que el recurrente basa su primer motivo de casación por quebrantamiento de forma en que resolución se fundamenta en medios o elementos probados no incorporados legalmente al juicio. Alega concretamente que la fiscalía presento a juicio la prueba El Tribunal incorpora mediante lectura autorizada la declaración en audiencia inicial rendida por el joven R. J. C. D., a la que le da total validez de fecha 17 de julio de 2007, con lo que se violenta el artículo 200 del Código Procesal Penal, por ser prueba ilícita al no cumplir con los requisitos de la norma penal siguientes: 1) La audiencia inicial no fue incorporada como prueba anticipada, como dice el fallo; 2) La Declaración hecha por el menor R. D. en Audiencia Inicial fue tomada en fecha 17 de Junio del 2007 y si los hechos fueron el 23 y 24 de Agosto del 2007, por lo que no el Tribunal de sentencia no debió darle valor probatorio. Esta Sala considera que, en el presente caso, la declaración rendida por el menor R. J. C. D., es admitida bajo el procedimiento especial de Prueba anticipada (Folio 35 vuelto), declaración que se incorporada en la audiencia de Debate o de Juicio Oral y Público, como medios de prueba documental, en aplicación de que dispone el artículo 311.2 del Código Procesal Penal, siendo en consecuencia evacuados por medio de lectura autorizada. Por otra parte, consta en el acta de debate que se ha evacuado prueba de cargo testifical y pericial de evaluación médica y psicológica al menor R. J. C. D., la que corrobora el hecho de haber sido objeto de agresión sexual de que fue objeto vía anal llevada cabo por el acusado Felipe Santiago Cáceres Zambrano, mediando fuerza e intimidación el día 24 de agosto del año 2007, entre 11 y 11.30 de la mañana, que no le fue posible corroborar en la audiencia de juicio oral y público a causa de su fallecimiento, sin que ese hecho haya sido puesto en duda o controvertido en el proceso por ninguno de los sujetos procesales. Esta Sala considera que, si bien la declaración rendida por el menor R. D. en Audiencia Inicial fechada el 17 de junio del 2007 y los hechos se produjeron el 23 y 24 de agosto del 2007, defecto o error material del juez de la epata preparatoria, que no consta haya sido alegado ante el juez de la audiencia inicial con el propósito de someterlo a enmienda o subsanación, por lo que el vicio o defecto de forma en la fecha de la audiencia inicial se considera aceptado o consentido tácitamente. Por todo lo anterior, al haber incorporado la prueba anticipada de declaración del menor F. S. C. Z. rendida en la audiencia inicial, el juzgador no se ha valorado prueba ilícita, tampoco se ha producido indefensión pues la defensa ha tenido conocimiento previo de la declaración del menor ofendido rendida en la audiencia inicial como prueba anticipada, sin haber opuesto ni interpuesto recurso alguno contra su admisión, ni dejado constancia de reserva de casación por defecto de forma. Por lo anterior, esta Sala desestima el motivo de casación por quebrantamiento de forma invocado por el recurrente. DECISIÓN: la Sala declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Jorge Alberto Cárdenas Torres, en su condición de Defensor Privado del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017. Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Felipe Santiago Cáceres Zambrano, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, la pena de 15 años de reclusión, como autor del delito de Violación Agravada, en perjuicio del menor R. J. C. D. M., y las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, se le declaró la civilmente responsable, sin condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio, ni comiso alguno por el delito cometido. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano como persona responsable del delito de Violación Agravada le correspondería ser sancionado penalmente con la pena de 9 a 13 años de prisión correspondiente al delito de Violación, aumentada en un 1/3 por las circunstancias siguientes: 1) Empleo de violencia e intimidación y 2) Por ser la víctima menor de catorce años al momento del delito, por lo que la pena abstracta a imponer sería la comprendida en el rango de 13 a 17 años, 4 meses de prisión. (Artículo 249.1 y 2). Por tanto, no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio a favor del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, en virtud de quedar la pena impuesta de 15 años de reclusión dentro del rango de la pena que le correspondería cumplir, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362.2 del Código Procesal Penal. 516 y 564 del Código Penal vigente. FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por el Abogado Jorge Alberto Cárdenas Torres, en su condición de defensor privado del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, en la causa en que se le condenó como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio del menor R. J. C. D. M.; Segundo: no procede la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal contenida en el Decreto 130-2017, por no representar un beneficio a favor del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano; Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha nueve de agosto del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, la que condenó al señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, como autor del delito de Violación Especial, en perjuicio del menor R. J. C. D. M. a la pena de quince años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, declaró la responsabilidad civil del señor Felipe Santiago Cáceres Zambrano, no procedió condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, ni procedió declara el comiso. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. Firmas y Sello. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA COORDINADORA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Certificación de la resolución dictada el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, recaída en el expediente SP 10-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
Secretario Actuante
Sala de lo Penal
[1] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 119 y 120.,