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Sentencia CP-08-18 — Registro 13993

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba siguientes: Prueba Testifical: Que en la declaración de la testigo de referencia la señora Iris Vanessa Salinas, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma. Declaración de los menores supuestamente ofendidos tomada en la Cámara de Gesell, en la que los supuestos menores ofendidos declaran que los supuestos hechos que se le imputan al acusado se dieron desde el año dos mil quince, pero sin precisar fechas, lo que resta credibilidad a dichas declaraciones, Prueba Pericial: Dictámenes Psicológicos. Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes, evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, no se tiene una certeza al 100% de dichos resultados según dicho perito. Dos Dictámenes Físico Forenses los cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. Dictámenes Psiquiátricos. Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes para evaluar a una persona. No se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos. Los diagnósticos psiquiátricos encontrados, por tanto, no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. Los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio. Con tres Movimientos Migratorios del acusado señor Cristian René Maldonado Calderón, el de su madre Olimpia Calderón y su hermana Liliana Estela Calderón, más la constancia de la empresa de transporte interurbana Platinum, la defensa acreditó al A quo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis el acusado no se encontraba en el país; alega asimismo, que en fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla se dio cuenta que el tribunal no mantuvo la sentencia dada por escrito, ya que en estrado el tribunal consideró como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un Quebrantamiento de Forma. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de Debida Técnica Recursiva, pues a su motivo de casación por quebrantamiento de forma incorpora distintos defectos o vicios que para mayor claridad y precisión debieron haber sido argumentados en forma separada; ataca la sentencia respecto de los hechos declarados probados los que son inalterables e intangibles en casación, y en el mismo motivo de casación señala que no se valora la prueba de reproche ya circunstanciada, conforme a las reglas de la sana crítica, pero sin indicar de forma expresa clara y expresa la regla o reglas del correcto razonamiento humano -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- fueron dejadas de apreciar por el tribunal sentenciador, defectos esenciales en la técnica recursiva de casación que la ley no permite obviar, ni subsanar de oficio. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que no considera el recurrente como acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. No es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Cristhian René Maldonado Calderón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cristhian René Maldonado Calderón, una pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M.; asimismo, impuso al mismo señor Cristhian René Maldonado Calderón, la pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., las que deberá cumplir una en post de la otra; más las penas accesorias e inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, sin costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 141.1 y 32 del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Penas impuestas al señor Cristhian René Maldonado Calderón que en concurso real de delitos suman dieciocho años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a la persona responsable del delito de Agresión Sexual (Artículos 249 y 250), debería imponerse una pena de 5 a 8 años de prisión, prohibición de residencia y de aproximación a las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión. Pena de 5 a 8 años que debe ser agravada en 1/3 por la concurrencia de los numerales 1 y 2 del artículo 249 del Código Penal. Para aumentar la pena en una fracción se debe aplicar la regla del art 69.1 del Código Penal que establece: “la pena aumentada en una fracción determinada se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su limite máximo. El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate”, por lo que la pena de 5 a 8 años de prisión aumentada en 1/3 queda comprendida entre los 8 años a los 10 años, 8 meses de prisión. A la pena de Agresión Sexual se le debe aplicar también la circunstancia agravante genérica de “abuso de superioridad o de confianza”, establecida en el artículo 32.2 del Código Penal. Y de acuerdo a lo que dispone el artículo 70 inciso b) del Código Penal, si concurren una o dos agravantes y ninguna atenuante se deberá imponer al acusado una pena comprendida entre la media hasta el límite máximo. Por lo anterior la nueva pena abstracta sería la comprendida entre 9 años, 4 meses a 10 años, 8 meses de prisión. Por lo anterior, hubiese correspondido imponer al acusado la pena concreta de 9 años, 4 meses de prisión por cada una de las agresiones por las que se le condena, que en concurso real de delitos, suma la pena de 18 años, 8 meses de prisión, además, de las penas principales de suspensión de la ciudadanía, o inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos y ser funcionario o empleado público, así como asociarse para constituir partidos políticos; y, prohibición de residencia y de aproximación a los menores A. E. A. M. y D. R. M. M., como víctimas, por el doble de tiempo de la pena de prisión, lo que no representa un beneficio para el acusado Cristhian René Maldonado Calderón, en la aplicación retroactiva de la ley penal, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal. .."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-08-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M., a la pena de nueve años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., a la pena de nueve años de reclusión, penas que el señor Cristhian René Maldonado Calderón, deberá cumplir una en post de la otra; Tercero: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Cristhian René Maldonado Calderón; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Cristhian René Maldonado Calderón; Sexto: No procede decretar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Son Partes: Los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de defensores privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “UNICO: En el mes de Abril del año 2016, los menores A. E. A. M. de 10 años de edad, y D. R. M. M. de 9 años de edad, quienes residían en el Centro denominado Nuestros Pequeños Hermanos, ubicado en el kilómetro 36 carretera que conduce a Olancho, departamento de Francisco Morazán; en esa misma fecha trabajaba en dicha institución el señor Cristhian René Maldonado Calderón, como “Educador de Niños”, quien al realizar los turnos nocturnos para cuidar a los menores que residían en dicho centro, en una ocasión hizo que los niños A. E. A. M. y D. R. M. M. le tocaran su pene con sus manos, para lograr una erección del mismo.” Recurso de Casación Los recurrentes Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de Defensores Privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón, procedieron a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Motivos: en la sentencia por escrito falta parte de la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados en estrado (FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS), y la Inobservancia a las reglas de sana crítica, en relación con los medios de prueba documentales que esta defensa ofertó. Preceptos autorizantes: Los presentes motivos de casación se encuentran en el artículo 362 numeral 1 párrafo primero, y numeral 3 párrafo último del Código Procesal Penal. PRUEBA TESTIFICAL: Considerando 1.- Que en la declaración de la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma, en los siguientes puntos: a) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, DECLARÓ que la PERSONA QUE LE HABÍA DICHO POR primera VEZ DE los supuestos hechos que estaban ocurriendo, FUE LA menor P. H. delante del grupo de los demás niños que se habían perdido.- Luego al ser interrogada por esta defensa, declaró que la primera persona que le dijo de los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado, fue el supuesto menor ofendido A. E. A. M.. b) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, también declaró que al día siguiente, el supuesto menor ofendido A. E. A. M., le dijo todo lo que supuestamente nuestro representado hacía con él y los demás menores; Al ser interrogada por esta defensa, si había otro cuidador además de ella que presenciara lo dicho por el menor A. E. A. M., declaró que solo estaba ella la testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS y el supuesto menor ofendido A. E. A. M..- Y por ende no hay otra persona que pueda dar fe de lo que le dijo el supuesto menor ofendido a la testigo de referencia. c) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, declaró que luego que el supuesto menor ofendido A. E. A. M., le contó los supuestos hechos, desayunó y luego asistió a una misa general, en donde al finalizar la misma el supuesto menor ofendido A. E. A. M. corrió hacia donde estaba el director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor STEFAN JOHANNES FEUERSTEIN, con identidad No. 01-04102013-00308, para contarle lo que supuestamente nuestro representado le hacía; Extremo que esta defensa quiso probar con un auto para mejor proveer, presentando un acta notarial que se levantó ante los oficios del señor Notario JOSÉ SANTOS LÓPEZ OVIEDO, con número de Exequatur No. 1722, el día siete de junio del año en curso, en donde el notario da fe de haber tenido a su vista la agenda parroquial del año dos mil dieciséis, perteneciente al padre GILBERTO, párroco de la iglesia “Salvador del mundo”, en donde verificó que no había programada ninguna misa general o especial en fecha viernes 29 de abril de 2016, ya que la misa general en el centro “Nuestros Pequeños Hermanos” únicamente se celebra el primer miércoles de cada mes, según la entrevista que se le realizó a dicho párroco.- El A Qúo consideró impertinente el acta notarial presentada por esta defensa en el auto para mejor proveer, a pesar que el señor director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor STEFAN JOHANNES FEUERSTEIN, con identidad No. 01-04102013-00308 refirió al perito psiquiatra que él (director), se dio cuenta de los supuestos hechos después de haber terminado la supuesta misa, y dicho dictamen fue ratificado en estrado por el perito propuesto por el mismo Ministerio Público. d) la declaración de la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, se basa en algo que supuestamente le contaron; Y no porque le consta, ya que no vio, ni escuchó los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado.- Lo que si le consta es el comportamiento que tenía nuestro representado para con los menores, ya que cuando el Ministerio Público le preguntó a la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, que el mismo ente propuso, ¿Cómo era el comportamiento del señor CRISTHIAN con los menores en el centro? a lo que la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS respondió que el comportamiento de nuestro representado era como de un padre a un hijo. DECLARACIONES DE LOS SUPUESTOS MENORES OFENDIDOS: Considerando 2.- En la declaración tomada siguiendo el protocolo de la Cámara de Gesell, los supuestos menores ofendidos declararon, que los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado se dieron desde el año dos mil quince sin precisar fechas; Pero los peritos psiquiatras en su dictamen que ratificaron bajo juramento dicen que los acompañantes les refirieron, que los supuestos abusos empezaron desde el mes de noviembre del año dos mil quince.- Lo que le resta credibilidad a dichas declaraciones de los supuestos menores ofendidos, porque en la Cámara de Gesell no precisaron ninguna fecha. Esto quiere decir que el hecho de que se hayan tomado las declaraciones siguiendo el protocolo de la CÁMARA DE GESELL, no significa que lo declarado en dicha cámara sea veraz. PRUEBA PERICIAL: DICTÁMENES PSICOLÓGICOS Considerando 3.- Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes por los siguientes aspectos: a) dichas evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, tal como lo manifestó el perito propuesto por el mismo Ministerio Público el Lic. Gustavo Amador.- Por ende no se tiene una certeza al 100% de dichos resultado según dicho perito. b) Cuando esta defensa le preguntó al perito propuesto por el mismo Ministerio Público el Lic. Gustavo amador, si dichas evaluaciones podían establecer una fecha precisa en la que ocurrió un supuesto abuso, a lo que respondió que no.- que eso solo se podía establecer con un dictamen físico forense.- y que los cuales obran dos dictámenes físico forense os cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. c) El perito propuesto por el Ministerio Público el Lic. Gustavo amador, agregó además que los resultados de las evaluaciones realizadas son características de personalidad propias de cada individuo, por lo que no son ni negativos ni positivos, citando el ejemplo que “una persona puede tomar un cuchillo para delinquir o para partir un pan”, dando a entender que dependerá de cada persona convertir los rasgos de personalidad en positivos o negativos”. DICTÁMENES PSIQUIÁTRICOS Considerando 4.- Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes por los siguientes aspectos: a) En el dictamen del menor A. E. A. M., en la opinión del perito propuesto por el Ministerio Público, se necesita por lo menos un intervalo de un mes después de un hecho de esta índole, para evaluar a una persona, y diagnosticar un Trastorno de estrés postraumático, por lo que es imposible que se pueda diagnosticar desde el veintinueve de abril del año dos mil dieciséis al cuatro de mayo del mismo año, ya que solamente habían transcurrido apenas seis días desde los supuestos hechos.-tomando en cuenta que el supuesto menor ofendido no preciso ninguna fecha en la declaración tomada en la Cámara de Gesell.- b) En el dictamen del supuesto menor ofendido D. R. M. M., la perito propuesta por el Ministerio Público, deja claro que no existe daño psiquiátrico en el menor evaluado, y su relación con el supuesto delito cometido contra él, no pudo ser científicamente conectado al trastorno de adaptación diagnosticado. c) no se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos, y los diagnósticos Psiquiátricos encontrados, por tanto no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. d) los menores presentan varias condiciones de vulnerabilidades separadas y diferentes al supuesto delito, para sufrir un trastorno psiquiátrico. e) los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio, y además es riesgoso considerar cierto el relato de los hechos que han sido declarados en la Cámara de Gesell.- Condiciones como la Fantasía, comportamiento disocial, sugestionabilidad, abandono que son propias de un menor en riesgo social y que se reflejaron en los dictámenes que presentó el mismo Ministerio Público.- Todo lo anterior hace considerar que la validez de un testimonio infantil a la edad comprendida de los supuestos menores ofendidos no goza de veracidad.- CONDENA: Considerando 5.- Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, la suscrita sala cinco de los Tribunales de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, consideró tener como único hecho probado, “Que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, los menores A. E. A. M. de diez años de edad y D. R. M. M. de nueve años de edad, residían en el centro denominado NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, ubicado en el kilómetro treinta y seis que conduce a la carretera de Olancho, en esa misma fecha trabajaba en esa institución, el señor CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, como educador de niños según lo establece ya el certificado.- Quién al realizar los turnos nocturnos para cuidar los menores, en una ocasión hizo que los niños A. E. A. M. y D. R. M. M. le tocaran su pene con sus manos, para lograr una erección del mismo.- Ese es nuestro hecho probado, considera estos juzgadores que las declaraciones, las pruebas que se evacuaron por parte del Ministerio Público, la declaración de ambos menores fueron creíbles para nosotros, verdad establecer ellos verdad, como una prueba anticipada mediante el protocolo de la cámara de gessel, que fue muy amplia la escuchamos todos los que estábamos aquí presentes, principalmente estos educadores analizamos esas declaraciones de los dos menores, consideramos que la prueba fue contundente para llegar a este fallo condenatorio.- Por lo tanto póngase de pie don CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, este tribunal lo condena por el delito de los dos delitos de actos de lujuria agravados, en perjuicio de los niños A. E. A. M. y D. R. M. M., pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO, en el cual se encuentra recluido hasta el día de hoy”. Considerando 6.- Con tres movimientos migratorios entre ellos el de nuestro representado el señor CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, el de su madre OLIMPIA CALDERÓN y su hermana LILIANA ESTELA CALDERÓN, más la constancia de la empresa de transporte interurbana PLATINUM, esta defensa acredité, al A Qúo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis nuestro representado no se encontraba en el país y así mismo se hacía acompañar de su madre y su hermana en la república del Salvador.- y por ende los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado penden de declaraciones que se les resta credibilidad por haber contradicciones en las mismas.- Considerando 7.- Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, se presentó PRONTO DESPACHO para que se fijara FECHA Y HORA para la LECTURA DE LA SENTENCIA, DEL EXPEDIENTE DEMÉRITO.- Ya que el día miércoles seis de septiembre del año en curso (06-09-2017), no se le dio lectura a la misma, por faltar la firma de la Juez LESLIE GALLARDO, por estar en ese momento con incapacidad.- En estrado se nos dijo que podíamos retirar dicha sentencia por ventanilla, pero hasta esa fecha no se nos había puesto a la vista el expediente ni la sentencia en mención.- Por ello esta defensa se vio en la situación de presentar un PRONTO DESPACHO, para que se fijara la FECHA Y HORA y se le diera LECTURA a LA MISMA. Considerando 8.- Que en fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla nos dimos cuenta que el suscrito tribunal no mantuvo su palabra en la sentencia dada por escrito, ya que en estrado este tribunal considero como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Considerando 9.- Que en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, se presentó pronto despacho para que dentro de veinticuatro horas, se ordenara a quién correspondiera, se nos entregara la copia íntegra del audio de la última parte del debate, celebrado el día veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete (24-07- 2017), donde se dictó sentencia.- Y de la audiencia de la individualización de la pena, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete (23-08-2017), ya que en reiteradas ocasiones lo solicitamos (en estrado, de manera verbal y al momento de la notificación), y en todas las solicitudes se nos ha dado incompleto los audios, del expediente 13-42-2017.- Y se nos permitiera además estar presentes al momento de la grabación de los discos (cd), para indicarle a la persona encargada de hacerlo, cuales son los audios que estábamos requiriendo, para probar el quebrantamiento de forma en la sentencia por escrito. Considerando 10.- Que en vista que la copia de los audios que se nos entregaron en dos oportunidades están incompletos, y que el A Qúo no resolvió en tiempo y forma las solicitudes de PRONTO DESPACHO presentados por esta defensa, y en virtud del principio de publicidad que prima en nuestro Código Procesal Penal solicitamos a vos honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, sea escuchado el testimonio de la abogada DIANA ZAPATA, (cel. 9867-0721, para efectos de citación Bufete Núñez Velásquez) quien estuvo presente el día veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, ya que se solicitó a este tribunal se le permitiera asistir (tomar apuntes al momento del interrogatorio) al abogado BENJAMIN FRANK NÚÑEZ PORTILLO ya que el mismo es una persona con discapacidad visual (ceguera total), negándosele ese derecho por el suscrito tribunal, y así mismo la abogada DIANA ZAPATA quedo entre el público que presencio la última parte del juicio oral y público en donde se le condeno a nuestro representado, escuchando a viva vos de la señora juez LESLIE GALLARDO, que el A Qúo consideró como único hecho probado lo acontecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis.” FUNDAMENTACION Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por considerar que la sentencia recurrida omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba documental de la defensa. Único Motivo: Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba documental de la defensa. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma por faltar parte de la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados en estrados y la inobservancia a las reglas de sana crítica, en relación con los medios de prueba documentales que esta defensa siguientes Prueba Testifical: Que en la declaración de la testigo de referencia la señora Iris Vanessa Salinas, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma. Alega que El A Quo consideró impertinente el acta notarial presentada por esta defensa en el auto para mejor proveer, a pesar que el señor director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor Stefan Johannes Feuerstein, con identidad No. 01-04102013-00308 refirió al perito psiquiatra que él (director), se dio cuenta de los supuestos hechos después de haber terminado la supuesta misa, y dicho dictamen fue ratificado en estrado por el perito propuesto por el mismo Ministerio Público. Declaración de los menores supuestamente ofendidos tomada en la Cámara de Gesell, en la que los supuestos menores ofendidos declaran que los supuestos hechos que se le imputan al acusado se dieron desde el año dos mil quince sin precisar fechas, lo que resta credibilidad a dichas declaraciones, porque en la Cámara de Gesell no precisaron ninguna fecha. El hecho de que se hayan tomado las declaraciones siguiendo el protocolo de la Cámara de Gesell, no significa que lo declarado en dicha cámara sea veraz; Prueba Pericial: Dictámenes Psicológicos. Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes, evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, no se tiene una certeza al 100% de dichos resultados según dicho perito. Dos Dictámenes Físico Forenses los cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. Dictámenes Psiquiátricos. Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes para evaluar a una persona, y diagnosticar un Trastorno de estrés postraumático. En el dictamen del supuesto menor ofendido D. R. M. M., la perito propuesta por el Ministerio Público, deja claro que no existe daño psiquiátrico en el menor evaluado, y su relación con el supuesto delito cometido contra él, no pudo ser científicamente conectado al trastorno de adaptación diagnosticado. No se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos. Los diagnósticos Psiquiátricos encontrados, por tanto, no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. Los menores presentan varias condiciones de vulnerabilidades separadas y diferentes al supuesto delito, para sufrir un trastorno psiquiátrico. Los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio. Considera que la validez de un testimonio infantil a la edad comprendida de los supuestos menores ofendidos no goza de veracidad. Con Tres Movimientos Migratorios del acusado señor Cristian René Maldonado Calderón, el de su madre Olimpia Calderón y su hermana Liliana Estela Calderón, más la constancia de la empresa de transporte interurbana PLATINUM, la defensa acreditó al A quo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis el acusado no se encontraba en el país, y así mismo se hacía acompañar de su madre y su hermana en la República de El Salvador y que los supuestos hechos que se le imputan al acusado penden de declaraciones que se les resta credibilidad por haber contradicciones en las mismas.- En fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla se dio cuenta que el tribunal no mantuvo la sentencia dada por escrito, ya que en estrado el tribunal consideró como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un Quebrantamiento de Forma. Concepto General del recurso 1) El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[1] 2) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[2]. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba siguientes: Prueba Testifical: Que en la declaración de la testigo de referencia la señora Iris Vanessa Salinas, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma. Declaración de los menores supuestamente ofendidos tomada en la Cámara de Gesell, en la que los supuestos menores ofendidos declaran que los supuestos hechos que se le imputan al acusado se dieron desde el año dos mil quince, pero sin precisar fechas, lo que resta credibilidad a dichas declaraciones, Prueba Pericial: Dictámenes Psicológicos. Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes, evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, no se tiene una certeza al 100% de dichos resultados según dicho perito. Dos Dictámenes Físico Forenses los cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. Dictámenes Psiquiátricos. Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes para evaluar a una persona. No se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos. Los diagnósticos psiquiátricos encontrados, por tanto, no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. Los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio. Con tres Movimientos Migratorios del acusado señor Cristian René Maldonado Calderón, el de su madre Olimpia Calderón y su hermana Liliana Estela Calderón, más la constancia de la empresa de transporte interurbana Platinum, la defensa acreditó al A quo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis el acusado no se encontraba en el país; alega asimismo, que en fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla se dio cuenta que el tribunal no mantuvo la sentencia dada por escrito, ya que en estrado el tribunal consideró como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un Quebrantamiento de Forma. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de Debida Técnica Recursiva, pues a su motivo de casación por quebrantamiento de forma incorpora distintos defectos o vicios que para mayor claridad y precisión debieron haber sido argumentados en forma separada; ataca la sentencia respecto de los hechos declarados probados los que son inalterables e intangibles en casación, y en el mismo motivo de casación señala que no se valora la prueba de reproche ya circunstanciada, conforme a las reglas de la sana crítica, pero sin indicar de forma expresa clara y expresa la regla o reglas del correcto razonamiento humano -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- fueron dejadas de apreciar por el tribunal sentenciador, defectos esenciales en la técnica recursiva de casación que la ley no permite obviar, ni subsanar de oficio. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que no considera el recurrente como acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. No es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. DECISIÓN. La Sala declara No Ha lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de Defensores Privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Cristhian René Maldonado Calderón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cristhian René Maldonado Calderón, una pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M.; asimismo, impuso al mismo señor Cristhian René Maldonado Calderón, la pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., las que deberá cumplir una en post de la otra; más las penas accesorias e inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, sin costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 141.1 y 32 del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Penas impuestas al señor Cristhian René Maldonado Calderón que en concurso real de delitos suman dieciocho años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a la persona responsable del delito de Agresión Sexual (Artículos 249 y 250), debería imponerse una pena de 5 a 8 años de prisión, prohibición de residencia y de aproximación a las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión. Pena de 5 a 8 años que debe ser agravada en 1/3 por la concurrencia de los numerales 1 y 2 del artículo 249 del Código Penal. Para aumentar la pena en una fracción se debe aplicar la regla del art 69.1 del Código Penal que establece: “la pena aumentada en una fracción determinada se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su limite máximo. El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate”, por lo que la pena de 5 a 8 años de prisión aumentada en 1/3 queda comprendida entre los 8 años a los 10 años, 8 meses de prisión. A la pena de Agresión Sexual se le debe aplicar también la circunstancia agravante genérica de “abuso de superioridad o de confianza”, establecida en el artículo 32.2 del Código Penal. Y de acuerdo a lo que dispone el artículo 70 inciso b) del Código Penal, si concurren una o dos agravantes y ninguna atenuante se deberá imponer al acusado una pena comprendida entre la media hasta el límite máximo. Por lo anterior la nueva pena abstracta sería la comprendida entre 9 años, 4 meses a 10 años, 8 meses de prisión. Por lo anterior, hubiese correspondido imponer al acusado la pena concreta de 9 años, 4 meses de prisión por cada una de las agresiones por las que se le condena, que en concurso real de delitos, suma la pena de 18 años, 8 meses de prisión, además, de las penas principales de suspensión de la ciudadanía, o inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos y ser funcionario o empleado público, así como asociarse para constituir partidos políticos; y, prohibición de residencia y de aproximación a los menores A. E. A. M. y D. R. M. M., como víctimas, por el doble de tiempo de la pena de prisión, lo que no representa un beneficio para el acusado Cristhian René Maldonado Calderón, en la aplicación retroactiva de la ley penal, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66, 68, 373, 580.1 y 616 del Código Penal (Decreto 130-2017); y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de defensores privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón; Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio para el condenado Cristhian René Maldonado Calderón; Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condena al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M., a la pena de nueve años de reclusión; y condena al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., a la pena de nueve años de reclusión, penas que el señor Cristhian René Maldonado Calderón, deberá cumplir una en post de la otra, y que en concurso real suman dieciocho años de reclusión; y que además condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, declaró la responsabilidad civil del señor Cristhian René Maldonado Calderón, no condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Cristhian René Maldonado Calderón; ni procede decretar el comiso. Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrado Coordinador. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-08-2018.

MJCZ

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE

SALA DE LO PENAL

“CERTIFICACION El Infrascrito Secretario Actuante de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia que literalmente dice: Sentencia Tegucigalpa, Municipio Del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de mayo del año dos mil veintiuno. El Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, Coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-08-2018 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M., a la pena de nueve años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., a la pena de nueve años de reclusión, penas que el señor Cristhian René Maldonado Calderón, deberá cumplir una en post de la otra; Tercero: Condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil del señor Cristhian René Maldonado Calderón; Quinto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Cristhian René Maldonado Calderón; Sexto: No procede decretar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal de Sentencia ninguna pieza de convicción o de ejecución. Son Partes: Los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de defensores privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón, como parte recurrente; y, la Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “UNICO: En el mes de Abril del año 2016, los menores A. E. A. M. de 10 años de edad, y D. R. M. M. de 9 años de edad, quienes residían en el Centro denominado Nuestros Pequeños Hermanos, ubicado en el kilómetro 36 carretera que conduce a Olancho, departamento de Francisco Morazán; en esa misma fecha trabajaba en dicha institución el señor Cristhian René Maldonado Calderón, como “Educador de Niños”, quien al realizar los turnos nocturnos para cuidar a los menores que residían en dicho centro, en una ocasión hizo que los niños A. E. A. M. y D. R. M. M. le tocaran su pene con sus manos, para lograr una erección del mismo.” Recurso de Casación Los recurrentes Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de Defensores Privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón, procedieron a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: Motivos: en la sentencia por escrito falta parte de la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados en estrado (FECHA VEINTINUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS), y la Inobservancia a las reglas de sana crítica, en relación con los medios de prueba documentales que esta defensa ofertó. Preceptos autorizantes: Los presentes motivos de casación se encuentran en el artículo 362 numeral 1 párrafo primero, y numeral 3 párrafo último del Código Procesal Penal. PRUEBA TESTIFICAL: Considerando 1.- Que en la declaración de la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma, en los siguientes puntos: a) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, DECLARÓ que la PERSONA QUE LE HABÍA DICHO POR primera VEZ DE los supuestos hechos que estaban ocurriendo, FUE LA menor P. H. delante del grupo de los demás niños que se habían perdido.- Luego al ser interrogada por esta defensa, declaró que la primera persona que le dijo de los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado, fue el supuesto menor ofendido A. E. A. M.. b) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, también declaró que al día siguiente, el supuesto menor ofendido A. E. A. M., le dijo todo lo que supuestamente nuestro representado hacía con él y los demás menores; Al ser interrogada por esta defensa, si había otro cuidador además de ella que presenciara lo dicho por el menor A. E. A. M., declaró que solo estaba ella la testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS y el supuesto menor ofendido A. E. A. M..- Y por ende no hay otra persona que pueda dar fe de lo que le dijo el supuesto menor ofendido a la testigo de referencia. c) La testigo de referencia la señora IRIS VANESA SALINAS, declaró que luego que el supuesto menor ofendido A. E. A. M., le contó los supuestos hechos, desayunó y luego asistió a una misa general, en donde al finalizar la misma el supuesto menor ofendido A. E. A. M. corrió hacia donde estaba el director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor STEFAN JOHANNES FEUERSTEIN, con identidad No. 01-04102013-00308, para contarle lo que supuestamente nuestro representado le hacía; Extremo que esta defensa quiso probar con un auto para mejor proveer, presentando un acta notarial que se levantó ante los oficios del señor Notario JOSÉ SANTOS LÓPEZ OVIEDO, con número de Exequatur No. 1722, el día siete de junio del año en curso, en donde el notario da fe de haber tenido a su vista la agenda parroquial del año dos mil dieciséis, perteneciente al padre GILBERTO, párroco de la iglesia “Salvador del mundo”, en donde verificó que no había programada ninguna misa general o especial en fecha viernes 29 de abril de 2016, ya que la misa general en el centro “Nuestros Pequeños Hermanos” únicamente se celebra el primer miércoles de cada mes, según la entrevista que se le realizó a dicho párroco.- El A Qúo consideró impertinente el acta notarial presentada por esta defensa en el auto para mejor proveer, a pesar que el señor director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor STEFAN JOHANNES FEUERSTEIN, con identidad No. 01-04102013-00308 refirió al perito psiquiatra que él (director), se dio cuenta de los supuestos hechos después de haber terminado la supuesta misa, y dicho dictamen fue ratificado en estrado por el perito propuesto por el mismo Ministerio Público. d) la declaración de la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, se basa en algo que supuestamente le contaron; Y no porque le consta, ya que no vio, ni escuchó los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado.- Lo que si le consta es el comportamiento que tenía nuestro representado para con los menores, ya que cuando el Ministerio Público le preguntó a la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS, que el mismo ente propuso, ¿Cómo era el comportamiento del señor CRISTHIAN con los menores en el centro? a lo que la testigo de referencia la señora IRIS VANESSA SALINAS respondió que el comportamiento de nuestro representado era como de un padre a un hijo. DECLARACIONES DE LOS SUPUESTOS MENORES OFENDIDOS: Considerando 2.- En la declaración tomada siguiendo el protocolo de la Cámara de Gesell, los supuestos menores ofendidos declararon, que los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado se dieron desde el año dos mil quince sin precisar fechas; Pero los peritos psiquiatras en su dictamen que ratificaron bajo juramento dicen que los acompañantes les refirieron, que los supuestos abusos empezaron desde el mes de noviembre del año dos mil quince.- Lo que le resta credibilidad a dichas declaraciones de los supuestos menores ofendidos, porque en la Cámara de Gesell no precisaron ninguna fecha. Esto quiere decir que el hecho de que se hayan tomado las declaraciones siguiendo el protocolo de la CÁMARA DE GESELL, no significa que lo declarado en dicha cámara sea veraz. PRUEBA PERICIAL: DICTÁMENES PSICOLÓGICOS Considerando 3.- Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes por los siguientes aspectos: a) dichas evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, tal como lo manifestó el perito propuesto por el mismo Ministerio Público el Lic. Gustavo Amador.- Por ende no se tiene una certeza al 100% de dichos resultado según dicho perito. b) Cuando esta defensa le preguntó al perito propuesto por el mismo Ministerio Público el Lic. Gustavo amador, si dichas evaluaciones podían establecer una fecha precisa en la que ocurrió un supuesto abuso, a lo que respondió que no.- que eso solo se podía establecer con un dictamen físico forense.- y que los cuales obran dos dictámenes físico forense os cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. c) El perito propuesto por el Ministerio Público el Lic. Gustavo amador, agregó además que los resultados de las evaluaciones realizadas son características de personalidad propias de cada individuo, por lo que no son ni negativos ni positivos, citando el ejemplo que “una persona puede tomar un cuchillo para delinquir o para partir un pan”, dando a entender que dependerá de cada persona convertir los rasgos de personalidad en positivos o negativos”. DICTÁMENES PSIQUIÁTRICOS Considerando 4.- Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes por los siguientes aspectos: a) En el dictamen del menor A. E. A. M., en la opinión del perito propuesto por el Ministerio Público, se necesita por lo menos un intervalo de un mes después de un hecho de esta índole, para evaluar a una persona, y diagnosticar un Trastorno de estrés postraumático, por lo que es imposible que se pueda diagnosticar desde el veintinueve de abril del año dos mil dieciséis al cuatro de mayo del mismo año, ya que solamente habían transcurrido apenas seis días desde los supuestos hechos.-tomando en cuenta que el supuesto menor ofendido no preciso ninguna fecha en la declaración tomada en la Cámara de Gesell.- b) En el dictamen del supuesto menor ofendido D. R. M. M., la perito propuesta por el Ministerio Público, deja claro que no existe daño psiquiátrico en el menor evaluado, y su relación con el supuesto delito cometido contra él, no pudo ser científicamente conectado al trastorno de adaptación diagnosticado. c) no se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos, y los diagnósticos Psiquiátricos encontrados, por tanto no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. d) los menores presentan varias condiciones de vulnerabilidades separadas y diferentes al supuesto delito, para sufrir un trastorno psiquiátrico. e) los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio, y además es riesgoso considerar cierto el relato de los hechos que han sido declarados en la Cámara de Gesell.- Condiciones como la Fantasía, comportamiento disocial, sugestionabilidad, abandono que son propias de un menor en riesgo social y que se reflejaron en los dictámenes que presentó el mismo Ministerio Público.- Todo lo anterior hace considerar que la validez de un testimonio infantil a la edad comprendida de los supuestos menores ofendidos no goza de veracidad.- CONDENA: Considerando 5.- Que en fecha veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, la suscrita sala cinco de los Tribunales de Sentencia del departamento de Francisco Morazán, consideró tener como único hecho probado, “Que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis, los menores A. E. A. M. de diez años de edad y D. R. M. M. de nueve años de edad, residían en el centro denominado NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS, ubicado en el kilómetro treinta y seis que conduce a la carretera de Olancho, en esa misma fecha trabajaba en esa institución, el señor CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, como educador de niños según lo establece ya el certificado.- Quién al realizar los turnos nocturnos para cuidar los menores, en una ocasión hizo que los niños A. E. A. M. y D. R. M. M. le tocaran su pene con sus manos, para lograr una erección del mismo.- Ese es nuestro hecho probado, considera estos juzgadores que las declaraciones, las pruebas que se evacuaron por parte del Ministerio Público, la declaración de ambos menores fueron creíbles para nosotros, verdad establecer ellos verdad, como una prueba anticipada mediante el protocolo de la cámara de gessel, que fue muy amplia la escuchamos todos los que estábamos aquí presentes, principalmente estos educadores analizamos esas declaraciones de los dos menores, consideramos que la prueba fue contundente para llegar a este fallo condenatorio.- Por lo tanto póngase de pie don CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, este tribunal lo condena por el delito de los dos delitos de actos de lujuria agravados, en perjuicio de los niños A. E. A. M. y D. R. M. M., pena que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional MARCO AURELIO SOTO, en el cual se encuentra recluido hasta el día de hoy”. Considerando 6.- Con tres movimientos migratorios entre ellos el de nuestro representado el señor CRISTIAN RENÉ MALDONADO CALDERÓN, el de su madre OLIMPIA CALDERÓN y su hermana LILIANA ESTELA CALDERÓN, más la constancia de la empresa de transporte interurbana PLATINUM, esta defensa acredité, al A Qúo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis nuestro representado no se encontraba en el país y así mismo se hacía acompañar de su madre y su hermana en la república del Salvador.- y por ende los supuestos hechos que se le imputan a nuestro representado penden de declaraciones que se les resta credibilidad por haber contradicciones en las mismas.- Considerando 7.- Que en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil diecisiete, se presentó PRONTO DESPACHO para que se fijara FECHA Y HORA para la LECTURA DE LA SENTENCIA, DEL EXPEDIENTE DEMÉRITO.- Ya que el día miércoles seis de septiembre del año en curso (06-09-2017), no se le dio lectura a la misma, por faltar la firma de la Juez LESLIE GALLARDO, por estar en ese momento con incapacidad.- En estrado se nos dijo que podíamos retirar dicha sentencia por ventanilla, pero hasta esa fecha no se nos había puesto a la vista el expediente ni la sentencia en mención.- Por ello esta defensa se vio en la situación de presentar un PRONTO DESPACHO, para que se fijara la FECHA Y HORA y se le diera LECTURA a LA MISMA. Considerando 8.- Que en fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla nos dimos cuenta que el suscrito tribunal no mantuvo su palabra en la sentencia dada por escrito, ya que en estrado este tribunal considero como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. Considerando 9.- Que en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil diecisiete, se presentó pronto despacho para que dentro de veinticuatro horas, se ordenara a quién correspondiera, se nos entregara la copia íntegra del audio de la última parte del debate, celebrado el día veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete (24-07- 2017), donde se dictó sentencia.- Y de la audiencia de la individualización de la pena, celebrada el veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete (23-08-2017), ya que en reiteradas ocasiones lo solicitamos (en estrado, de manera verbal y al momento de la notificación), y en todas las solicitudes se nos ha dado incompleto los audios, del expediente 13-42-2017.- Y se nos permitiera además estar presentes al momento de la grabación de los discos (cd), para indicarle a la persona encargada de hacerlo, cuales son los audios que estábamos requiriendo, para probar el quebrantamiento de forma en la sentencia por escrito. Considerando 10.- Que en vista que la copia de los audios que se nos entregaron en dos oportunidades están incompletos, y que el A Qúo no resolvió en tiempo y forma las solicitudes de PRONTO DESPACHO presentados por esta defensa, y en virtud del principio de publicidad que prima en nuestro Código Procesal Penal solicitamos a vos honorable Sala de lo Penal de la honorable Corte Suprema de Justicia, sea escuchado el testimonio de la abogada DIANA ZAPATA, (cel. 9867-0721, para efectos de citación Bufete Núñez Velásquez) quien estuvo presente el día veinticuatro de julio del año dos mil diecisiete, ya que se solicitó a este tribunal se le permitiera asistir (tomar apuntes al momento del interrogatorio) al abogado BENJAMIN FRANK NÚÑEZ PORTILLO ya que el mismo es una persona con discapacidad visual (ceguera total), negándosele ese derecho por el suscrito tribunal, y así mismo la abogada DIANA ZAPATA quedo entre el público que presencio la última parte del juicio oral y público en donde se le condeno a nuestro representado, escuchando a viva vos de la señora juez LESLIE GALLARDO, que el A Qúo consideró como único hecho probado lo acontecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis.” FUNDAMENTACION Recurso de Casación de Quebrantamiento de Forma, por considerar que la sentencia recurrida omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba documental de la defensa. Único Motivo: Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: La sentencia omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba documental de la defensa. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el pretensor. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, ordenando su reenvío al Tribunal de Sentencia. Resumen Quebrantamiento de forma por faltar parte de la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados en estrados y la inobservancia a las reglas de sana crítica, en relación con los medios de prueba documentales que esta defensa siguientes Prueba Testifical: Que en la declaración de la testigo de referencia la señora Iris Vanessa Salinas, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma. Alega que El A Quo consideró impertinente el acta notarial presentada por esta defensa en el auto para mejor proveer, a pesar que el señor director del Centro Nuestros Pequeños Hermanos el señor Stefan Johannes Feuerstein, con identidad No. 01-04102013-00308 refirió al perito psiquiatra que él (director), se dio cuenta de los supuestos hechos después de haber terminado la supuesta misa, y dicho dictamen fue ratificado en estrado por el perito propuesto por el mismo Ministerio Público. Declaración de los menores supuestamente ofendidos tomada en la Cámara de Gesell, en la que los supuestos menores ofendidos declaran que los supuestos hechos que se le imputan al acusado se dieron desde el año dos mil quince sin precisar fechas, lo que resta credibilidad a dichas declaraciones, porque en la Cámara de Gesell no precisaron ninguna fecha. El hecho de que se hayan tomado las declaraciones siguiendo el protocolo de la Cámara de Gesell, no significa que lo declarado en dicha cámara sea veraz; Prueba Pericial: Dictámenes Psicológicos. Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes, evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, no se tiene una certeza al 100% de dichos resultados según dicho perito. Dos Dictámenes Físico Forenses los cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. Dictámenes Psiquiátricos. Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes para evaluar a una persona, y diagnosticar un Trastorno de estrés postraumático. En el dictamen del supuesto menor ofendido D. R. M. M., la perito propuesta por el Ministerio Público, deja claro que no existe daño psiquiátrico en el menor evaluado, y su relación con el supuesto delito cometido contra él, no pudo ser científicamente conectado al trastorno de adaptación diagnosticado. No se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos. Los diagnósticos Psiquiátricos encontrados, por tanto, no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. Los menores presentan varias condiciones de vulnerabilidades separadas y diferentes al supuesto delito, para sufrir un trastorno psiquiátrico. Los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio. Considera que la validez de un testimonio infantil a la edad comprendida de los supuestos menores ofendidos no goza de veracidad. Con Tres Movimientos Migratorios del acusado señor Cristian René Maldonado Calderón, el de su madre Olimpia Calderón y su hermana Liliana Estela Calderón, más la constancia de la empresa de transporte interurbana PLATINUM, la defensa acreditó al A quo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis el acusado no se encontraba en el país, y así mismo se hacía acompañar de su madre y su hermana en la República de El Salvador y que los supuestos hechos que se le imputan al acusado penden de declaraciones que se les resta credibilidad por haber contradicciones en las mismas.- En fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla se dio cuenta que el tribunal no mantuvo la sentencia dada por escrito, ya que en estrado el tribunal consideró como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un Quebrantamiento de Forma. Concepto General del recurso 1) El Jurista Español José Maria Luzón Cuesta, respecto a la falta de claridad en los hechos probados, considera que: “conforme a reiteradísima jurisprudencia, el vicio procesal se origina exclusivamente cuando la redacción de los hechos probados aparece confusa, dubitativa o imprecisa, de modo que por su insuficiencia u oscuridad, o por no expresarlos en forma conclusiva, imperativa, terminante o categórica, sino vacilante o dubitativa, puede conducir a subsunciones dubitativas alternativas, en definitiva, consecuencia de la ambigüedad del relato. Así, pues, la falta de claridad puede venir determinada por haber empleado expresiones ininteligibles u oscuras que hacen difícil la comprensión del relato o cuando incurre en omisiones que alteran su significado y dejan prácticamente sin contenido específico la narración de los hechos; se produce, pues, cuando lo narrado es incomprensible, por su mala redacción, oscuridad, ambigüedad o imprecisión, y también cuando por omisión de elementos o circunstancias importantes, se impide conocer la verdadera realidad de lo ocurrido, con lógica consecuencia de que falta base fáctica para determinar si los hechos son o no constitutivos de infracción penal, la participación concreta de los acusados, la concurrencia de circunstancias modificativas, o el contenido de los correspondientes pronunciamientos civiles. Por consiguiente no basta para apreciar el defecto procesal que la narración se ofrezca oscura o ininteligible en alguna de sus partes, o en términos de ambigüedad o imprecisión que haga difícil su comprensión, sino que es necesario que tales defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados, provocando una laguna o vacío en la descripción histórica de los mismos, que determina una falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica, de forma que no puede orientar, dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir que resulta inadecuada para servir de argumentación lógica al fallo, y ello porque la “quaestio facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o quaestio iuris”[3] 2) Esta Sala de lo Penal, reitera que todo problema de inobservancia de las normas del correcto entendimiento humano constituye una violación a las reglas de la sana crítica. Las reglas a las que nos referimos son las de la experiencia, la psicología y la lógica. Las máximas de la experiencia se refieren al conocimiento que un hombre común tiene sobre alguna circunstancia de la vida, para lo cual debe partirse de la condición de hombre común que tiene el juzgador, por lo que el límite de éstos son los conocimientos técnicos especializados. Las de la psicología se relacionan con conocimientos básicos y no con las reglas elaboradas de la ciencia. Las reglas de la lógica exigen que el ejercicio intelectivo del juzgador debe guardar coherencia (concordancia entre sus elementos) y derivación (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad). La coherencia manda la aplicación de los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido. Asimismo, la derivación, a la obligatoriedad que la sentencia resulte congruente (las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar adecuada correlación entre ellas), verdadera (el razonamiento debe derivar de elementos auténticos) y suficiente (los elementos base de las conclusiones valorativas deben ser aptos para producir razonablemente un convencimiento cierto del suceso que se juzga). La regla 1ógica de derivación requiere que la motivación deba respetar el principio de razón suficiente, por el cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando". Debe ser concordante, es decir que, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente al elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Se afirma que la derivación es una exigencia de la razón suficiente, porque se entiende que el razonamiento de los jueces de sentencia, ha de estar constituido por deducciones razonables originadas de las pruebas. Por el Principio de razón suficiente se entiende “que no se produce ningún hecho, sin que haya una razón suficiente para que sea así y no de otro modo”[4]. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: El recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; el recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciará el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; La precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal es del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la Justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la Tutela Cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. En el presente caso el recurrente fundamenta su motivo único de casación por quebrantamiento de forma en que la sentencia recurrida omite parte de los hechos estimados aprobados en juicio; e inobservancia a las reglas de sana crítica en la valoración de la prueba siguientes: Prueba Testifical: Que en la declaración de la testigo de referencia la señora Iris Vanessa Salinas, propuesta por el Ministerio Público carece de veracidad por contradecirse la misma. Declaración de los menores supuestamente ofendidos tomada en la Cámara de Gesell, en la que los supuestos menores ofendidos declaran que los supuestos hechos que se le imputan al acusado se dieron desde el año dos mil quince, pero sin precisar fechas, lo que resta credibilidad a dichas declaraciones, Prueba Pericial: Dictámenes Psicológicos. Los dictámenes psicológicos de ambos menores no son contundentes, evaluaciones admiten no solo uno sino hasta dos márgenes de error, no se tiene una certeza al 100% de dichos resultados según dicho perito. Dos Dictámenes Físico Forenses los cuales establecen que no se les encontró a las evaluados ningún tipo de laceraciones, ni fluidos en sus partes genitales. Dictámenes Psiquiátricos. Los dictámenes psiquiátricos de los supuestos menores ofendidos no son contundentes para evaluar a una persona. No se encontró relación directa entre los supuestos hechos acaecidos. Los diagnósticos psiquiátricos encontrados, por tanto, no hay daño o repercusiones psiquiátricas en los menores por supuesto abuso. Los menores presentan múltiples condiciones particulares y generales, que vuelve dudoso su testimonio. Con tres Movimientos Migratorios del acusado señor Cristian René Maldonado Calderón, el de su madre Olimpia Calderón y su hermana Liliana Estela Calderón, más la constancia de la empresa de transporte interurbana Platinum, la defensa acreditó al A quo que en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis el acusado no se encontraba en el país; alega asimismo, que en fecha doce de octubre del año dos mil diecisiete, procedimos a notificarnos de la sentencia, y al leerla se dio cuenta que el tribunal no mantuvo la sentencia dada por escrito, ya que en estrado el tribunal consideró como único hecho probado lo acaecido en fecha veintinueve de abril del año dos mil dieciséis y esta fecha no se consignó en la sentencia por escrito, llevando todo esto a un Quebrantamiento de Forma. Esta Sala observa que el recurrente infringe el principio de Debida Técnica Recursiva, pues a su motivo de casación por quebrantamiento de forma incorpora distintos defectos o vicios que para mayor claridad y precisión debieron haber sido argumentados en forma separada; ataca la sentencia respecto de los hechos declarados probados los que son inalterables e intangibles en casación, y en el mismo motivo de casación señala que no se valora la prueba de reproche ya circunstanciada, conforme a las reglas de la sana crítica, pero sin indicar de forma expresa clara y expresa la regla o reglas del correcto razonamiento humano -de la lógica, psicología o máximas de la experiencia- fueron dejadas de apreciar por el tribunal sentenciador, defectos esenciales en la técnica recursiva de casación que la ley no permite obviar, ni subsanar de oficio. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que no considera el recurrente como acreditado con la prueba evacuada, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. No es procedente hacer un reexamen de la prueba como se ha solicitado, el recurso debió señalar las razones que tuvo el tribunal y porqué éstas no son compatibles con lo preceptuado con los principios de la sana crítica y el recto razonamiento humano.- Como se ha señalado, el recurrente presenta queja sobre la valoración, no porque plantee una mala construcción del razonamiento judicial, sino porque no está de acuerdo con ella al ser disonante con su pretensión, alegato que no es propio para un recurso de casación. DECISIÓN. La Sala declara No Ha lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocados por los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de Defensores Privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el CP Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando la decisión judicial tomada en la sentencia que se impugna se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o limite objetivo extraordinario, según corresponda, y luego de ello conforme al límite subjetivo. Empero uno no es preferente sobre el otro, se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (limite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (limite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y aun así en suma sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Limite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Limite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Limite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable al acusado Cristhian René Maldonado Calderón, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Cristhian René Maldonado Calderón, una pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M.; asimismo, impuso al mismo señor Cristhian René Maldonado Calderón, la pena de nueve años de reclusión, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., las que deberá cumplir una en post de la otra; más las penas accesorias e inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, sin costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 141.1 y 32 del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Penas impuestas al señor Cristhian René Maldonado Calderón que en concurso real de delitos suman dieciocho años de reclusión. Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a la persona responsable del delito de Agresión Sexual (Artículos 249 y 250), debería imponerse una pena de 5 a 8 años de prisión, prohibición de residencia y de aproximación a las víctimas por el doble de tiempo de la pena de prisión. Pena de 5 a 8 años que debe ser agravada en 1/3 por la concurrencia de los numerales 1 y 2 del artículo 249 del Código Penal. Para aumentar la pena en una fracción se debe aplicar la regla del art 69.1 del Código Penal que establece: “la pena aumentada en una fracción determinada se forma partiendo de la cifra máxima señalada en la ley para el delito de que se trate aumentando la fracción correspondiente, constituyendo la suma resultante su limite máximo. El límite mínimo de la pena aumentada en una fracción determinada será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate”, por lo que la pena de 5 a 8 años de prisión aumentada en 1/3 queda comprendida entre los 8 años a los 10 años, 8 meses de prisión. A la pena de Agresión Sexual se le debe aplicar también la circunstancia agravante genérica de “abuso de superioridad o de confianza”, establecida en el artículo 32.2 del Código Penal. Y de acuerdo a lo que dispone el artículo 70 inciso b) del Código Penal, si concurren una o dos agravantes y ninguna atenuante se deberá imponer al acusado una pena comprendida entre la media hasta el límite máximo. Por lo anterior la nueva pena abstracta sería la comprendida entre 9 años, 4 meses a 10 años, 8 meses de prisión. Por lo anterior, hubiese correspondido imponer al acusado la pena concreta de 9 años, 4 meses de prisión por cada una de las agresiones por las que se le condena, que en concurso real de delitos, suma la pena de 18 años, 8 meses de prisión, además, de las penas principales de suspensión de la ciudadanía, o inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo, para optar a cargos públicos y ser funcionario o empleado público, así como asociarse para constituir partidos políticos; y, prohibición de residencia y de aproximación a los menores A. E. A. M. y D. R. M. M., como víctimas, por el doble de tiempo de la pena de prisión, lo que no representa un beneficio para el acusado Cristhian René Maldonado Calderón, en la aplicación retroactiva de la ley penal, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66, 68, 373, 580.1 y 616 del Código Penal (Decreto 130-2017); y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma, invocado por los Abogados Benjamín Frank Núñez Portillo y Elvin Yovani Barrera Martínez, en su condición de defensores privados del señor Cristhian René Maldonado Calderón; Segundo: Declara la No procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, por no representar un beneficio para el condenado Cristhian René Maldonado Calderón; Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual condena al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor A. E. A. M., a la pena de nueve años de reclusión; y condena al señor Cristhian René Maldonado Calderón, como autor del delito de Actos de lujuria Agravados, en perjuicio del menor D. R. M. M., a la pena de nueve años de reclusión, penas que el señor Cristhian René Maldonado Calderón, deberá cumplir una en post de la otra, y que en concurso real suman dieciocho años de reclusión; y que además condenó al señor Cristhian René Maldonado Calderón, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal, declaró la responsabilidad civil del señor Cristhian René Maldonado Calderón, no condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Cristhian René Maldonado Calderón; ni procede decretar el comiso. Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. Firmas y Sello. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrado Coordinador. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Firma y Sello. MICHELLE ALESSANDRA IZAGUIRRE COLINDES. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de marzo del dos mil veintidos. Certificación de sentencia dictada el veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con número de ingreso SP-08-2018. FIRMA Y SELLO.

JOSE RAMON CRUZ FERRERA

SECRETARIO ACTUANTE. SALA DE LO PENAL

[1] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 140.

[2] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005

[3] “El Recurso de Casación”. 2da Edición 2000. José María Luzón Cuesta. Fiscal del Tribunal Supremo. Editorial Colex. Página 140.

[4] LOS PRINCIPIOS LOGICOS. CAPITULO II DE LA LOGICA, RENE GUENON, CURSO DE FILOSOFIA, REVISTA SCIENCE SACRÉE NUMERO 7, 2005