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Sentencia CP-07-18 — Registro 13992
Resumen
En primera instancia se condeno a la imputada por los delitos de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública, y por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, todos en concurso ideal, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"... De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan el derecho de Defensa y Debido Proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que los fiscales encargados de llevar las investigaciones preliminares, ignoraron líneas de investigación que tenían que realizar en cumplimiento del artículo 93 del Código Procesal Penal. Que en el Informe de auditoría Número 009/2012-UAI-ENAG realizado por LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA “UAI-ENAG” que comprende el periodo del “10 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2012” (folios 355, 356, 357, 358, 359, 360 y 361), al Departamento de Ingresos de la Tesorería de la ENAG donde la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela era la encargada, determinó que existía un faltante por la cantidad de “Dos Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco Mil Con Cincuenta y Seis Centavos” (L 2,837,565.56) y Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Dos Mil Lempiras Con Cero Centavos (L 16,352.00) en cheques. Sin embargo, la fiscal del requerimiento ocultó maliciosamente un hecho que hubiera podido resolver o identificar al verdadero o la verdadera culpable del faltante, porque identificando a quien cambió los cheques, éste sería el principal sospechoso (a) de la malversación de fondos y de la falsificación de documentos públicos, pero los fiscales no crearon la línea de investigación correspondiente. Refiere que la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela denunció que durante vacaciones se le perdió de su escritorio el libro en el cual ella anotaba las cantidades que entregaba a la Tesorería firmadas por el tesorero, hecho que denunció también al Auditor Interno de la ENAG, PM. Miguel Ángel Claros, mediante memorándum de fecha 18 de octubre del 2012, (Folio 253 el expediente de mérito) y que también explicaba que el señor Ramón Antonio Ramírez, tesorero de la institución, se había negado a firmarle el memorándum donde le informaba tal situación, libro que servía a la acusada de garantía de las cantidades que entregaba a la tesorería. Los fiscales encargados de la investigación tampoco quisieron abrir una nueva línea de investigación. Tampoco abrieron línea de investigación para comprobar si la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela reunía los requisitos del puesto para el que fue nombrada funcionalmente o sea el de Encargada de la Unidad de Ingresos de la Tesorería de la ENAG, ya que, si no reunía estos requisitos, podría sospecharse que había un propósito específico que le interesaba a la Gerente General para poder mantener los gastos de campaña en que estaba incurriendo como candidata a diputada por el Partido Nacional. En la declaración rendida por la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela ante los fiscales encargados de emitir el requerimiento contra ella, manifestó que, para ingresar a las instalaciones de la ENAG, había un vigilante en la entrada que les revisaba todos los días las carteras y las loncheras donde llevaban las comidas y al salir igualmente las revisaban. De conformidad a la auditoria los faltantes mensuales llegaron a veces a la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta Lempiras (L 449,980.00) y dividiendo esta cantidad en los días hábiles de ese mes (23 días) identificado corno el mes de mayo del año 2012, la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela tenía que haber sustraído diariamente de la ENAG durante ese mes, la cantidad de Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras (L 19, 564.00). En otros meses como octubre del 2011, tenía que haber sustraído once mil novecientos cuarenta y cinco lempiras (L 11,945.00) diarios durante 18 días hábiles, noviembre del 2011, trece mil trescientos diecinueve lempiras (L 13,319.00) diarios durante 22 días hábiles. Y en el mes de diciembre de ese mismo año la cantidad de doce mil cuatrocientos cincuenta lempiras durante 29 días hábiles. Pero la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela no sabe escribir en computadora, ni en máquina de escribir, por lo que ella no pudo haber hecho correcciones. Todos los puntos determinan una indefensión, violación al debido proceso y negación a la garantía de presunción de inocencia. Esta Sala considera que, en el presente caso, Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de Debido Proceso seguido a la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, por considerar que en la secuela del mismo se han seguido las formas previas y propias fijadas en las leyes, en observancia de la garantía de defensa. La acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela ha sido sometida a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías que componen el debido proceso, entre ellos el derecho de defensa, en que se ha generado prueba de cargo suficiente para tener por verdadera entrega de dinero, que en este caso produce prueba de carácter lícita que prueba ser utilizada por el juzgador para dictar su sentencia. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de debido proceso, entre los que se cuentan el derecho de defensa consignados..."
El Infrascrito Secretario Actuante de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia recaída en el Recurso de Casación con registro No. SP-07-2018 que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de Coordinador por Ley, Rafael Bustillo Romero y Miguel Alberto Pineda Valle, por ausencia justificada de la Magistrada Alma Consuelo Guzmán García, pronuncian, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-07-2018 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, como autora del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública, y por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, todos en concurso ideal, a la pena de nueve años de reclusión; Segundo: Condenó a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el concurso ideal de delitos por el que es condenada; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela; Quinto: Se decretó el comiso de las evidencias siguientes: 1.- Un libro color rojo con la leyenda “Libro Diario de Registro de Ingresos, Receptoría de fondos, ENAG”, que consta de 150 folios, utilizado hasta el folio No. 58; fondos recibidos diariamente por la receptoría de fondos por la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, y; 2.- a) Boletos de Manuscrito en efectivo, b) Boletos Manuscritos en cheques, c) Informe del Departamento de Ingresos, d) Reporte Diario de Ingresos, e) Boletos en Manuscrito de Efectivo, f) Informe del Departamento de Ingresos y g) Reporte Diario de Ingresos del
Departamento de Receptoría de fondos de los meses de enero a abril del año 2012.
Los cuales se encuentran en diecisiete libretas: 1.- Marzo del 2011; 2.- Abril del 2011;
3.- Mayo 2011; 4.- Junio 2011; 5.- Julio 2011; 6.- Agosto 2011; 7.- Septiembre 2011;
8.- Octubre 2011; 9.- Noviembre 2011; 10.- Diciembre 2011; 11.- Enero 2012; 12.-
Febrero del 2012: 13.- Marzo del 2012; 14.- Abril del 2012; 15.- Mayo del 2012; 16.-
Junio del 2012; 17.- Julio 2012. SON PARTES: 1) El Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, como parte recurrente; 2) La Abogada Francis Lyzbeth López Murillo, en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras, como parte recurrida; y, 3) La Abogada Marina Audely Varela Figueroa, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “UNICO: Que la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela desde el mes de enero del 2011 hasta el mes de Julio del 2012 se desempeñó como encargada del Departamento de Ingresos de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), siendo la encargada de recibir el dinero que se recibía por concepto de publicaciones, suscripciones y venta de servicios; debiendo entregar el monto total de lo recibido a la Tesorería General de la Empresa antes mencionada. Pero durante ese periodo no entregó la cantidad de Dos Millones Ochocientos Cuarenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Dos Lempiras con Noventa y Seis Centavos (L.2,847,732.96), para justificar dicha acción adulteraba manualmente las cantidades expresadas en los informes que le eran entregados por la receptora de fondos, haciendo ver que el volumen de ingresos en efectivo era menor del que realmente había recibido, presentándole a la Tesorería de dicha institución Informes que mostraban menores ingresos que había percibido la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).” RECURSO DE CASACIÓN: El recurrente Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO PRIMERO: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Constitucional. El presente motivo de Casación se encuentra Comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal y los artículos 82, 90 de la Constitución de la República. EXPLICACIÓN DE MOTIVOS
Esta defensa en el desarrollo de este recurso pretende demostrar el vicio in indicando en que ha incurrido el órgano jurisdiccional y que causa agravio al valor justicia. Para los efecto de este motivo se cita como infringido el artículo 361 del Código Procesal Penal. Se ataca la sentencia dictada por considerar que el órgano sentenciador después de valorar la prueba conforme a las Reglas de la Sana Critica, llevándolo a formar su convicción y sin valorar la prueba producida de manera conjunta y armónica, lo llevo a incurrir en un error in iudicando, al realizar una interpretación errónea de precepto procesal penal aplicable al caso penal en concreto. Es importante honorables Magistrados hacer de su conocimiento el camino tortuoso y el calvario que ha tenido que sufrir mi representada para tratar que se le hiciera justicia. Desde el momento en que se fraguo semejante injusticia se le han violentado todos sus derechos y sus garantías constitucionales, empezando por el de defensa, pasando por el debido proceso, hasta llegar a la violación de su garantía constitucional de presunción de inocencia. Tal situación resulta en vista que los fiscales encargados de llevar las investigaciones preliminares, ignoraron maliciosamente algunas líneas de investigación que obligatoriamente tenían que haberse realizado en cumplimiento de lo que establece el artículo 93 del Código Procesal Penal que a renglón seguido describe “En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Publico actuara con absoluta objetividad y velara por la correcta aplicación de las leyes penales. Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, SINO TAMBIEN LAS QUE SEAN CAUSA DE EXENCION O DE ATENUACION DE RESPONSABILIDAD AL IMPUTADO: así mismo DEBERAN FORMULAR SUS REQUERIMIENTOS CONFORME A ESE CRITERIO, AUN A FAVOR DEL IMPUTADO…” (Las letras mayúsculas y el subrayado es nuestro) y es el caso Honorables Miembros que hay cuatro eventos importantísimos que no solo fueron voluntariamente desestimados, sino que dolosamente olvidados y se refiere a lo siguiente: ERROR IN IUDICANDO POR INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA, QUE PERMITE RECURIR LA SENTENCIA INJUSTA DICTADA POR EL ORGANO SENTENCIADOR. El Sentenciador incurre en un grave error de disconformidad de sus ideas y representaciones con la naturaleza de las cosas, es una apreciación falsa de lo que ocurre; el error es una falsa idea que tenemos de algo que no resulta ser tal cual lo creernos. Para JESÚS IGNACIO GARCÍA VALENCIA, puntualiza que el error de todas maneras es un problema de conocimiento, la ideo-representación no corresponde a lo que acontece en el mundo objetivo. (Ver Jesús Ignacio García Valencia, Las Causales de Inculpabilidad, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, Santa Fe Bogotá 1194, Pág. 134) EXPLICACIÓN DE MOTIVOS PRIMERO: El Informe de auditoría Número 009/2012-UAI-ENAG realizado por LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA “UAI-ENAG” y que comprende el periodo del “10 DE MAYO DEL 2010 AL 12 DE JULIO DEL 2012” que corre a folios números 355,356,357,358,359,360 y 361 del expediente de mérito, al departamento de ingresos de la tesorería de la ENAG donde mi representada era la encargada (Que debería haberse investigado si reunía los requisitos relacionados con el perfil del puesto, posteriormente manifestare lo importante de esa situación). Este informe determino que existía un faltante por la cantidad de “DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS” (Lps. 2,837,565.56) Y DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS (Lps. 16,352.00) EN CHEQUES, este último hecho la fiscal que presento el requerimiento fiscal sorpresivamente NO LO MENCIONA (Sobre los cheques) ocultando maliciosamente este elemento QUE HUBIERA PODIDO RESOLVER O IDENTIFICAR AL VERDADERO O LA VERDADERA CULPABLE DEL FALTANTE y consecuentemente la persona, que en estos momentos debería estar guardando prisión y no mi representada ¿Porque digo esto?, porque identificando a la persona que CAMBIO ESTOS CHEQUES, ESTE O ESTA SERIA EL PRINCIPAL SOSPECHOSO (A) DE LA MALVERSACION DE FONDOS Y DE LA FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS. Los fiscales encargados del caso de mi representada CONOCIAN NO SOLO A CUANTO EQUIVALIA EL REPARO SINO QUE EL MISMO INVOLUCRABA LOS CHEQUES y lo que es peor, que los abogados que antes representaban a mi representada, solicitaron a dichos fiscales que se investigara este extremo y se insistió pero no crearon la línea de investigación correspondiente e igualmente fue solicitado por mi representada en la audiencia que tuvo con los fiscales en el Ministerio Publico, antes que ellos presentaran el requerimiento fiscal. 2).- Otro elemento enormemente importante, es el hecho que mi representada cuando fue denunciada en el Ministerio Publico, se declaró inocente y denuncio que durante estuvo de vacaciones se le perdió de su escritorio (Que no tenía llave y que nunca se lo arreglaron) el libro que ella había elaborado por consejo de un tío que es Licenciado en auditoria, en el cual anotaba las cantidades que entregaba a la tesorería y que eran firmadas por el mismo tesorero, quien acepta dicho hecho en la declaración rendida ante el tribunal competente y que consta en el expediente de mérito a folio numero 77 (Audiencia Inicial).Este hecho lo denuncio ante el Auditor Interno de la ENAG, PM. Miguel Ángel Claros, mediante memorándum de fecha 18 de octubre del 2012, (Folio 253 el expediente de mérito) y en el cual también se le explicaba que el señor Ramón Antonio Ramírez Tesorero de la misma institución, se había negado a firmarle el memorándum donde le informaba tal situación. El libro le servía de garantía a mi representada de las cantidades que entregaba a la tesorería. El caso es Honorables Miembros, que los fiscales encargados de la investigación TAMPOCO QUISIERON ABRIR UNA NUEVA LINEA DE INVESTIGACION SOBRE LA PERDIDA DEL LIBRO QUE DENUNCIO MI REPRESENTADA A PESAR DE HABER SIDO SOLICITADO POR LOS ABOGADOS QUE ANTES TENIAN LA DEFENSA DE ELLA Y QUE SE LOS SOLICITO ELLA MISMA CUANDO RINDIO DECLARACION ANTE DICHO FISCALES EN LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA. 3).- Un tercer caso, es justamente que tampoco abrieron línea de investigación en el sentido de comprobar si mi representada reunía los requisitos del puesto para el que fue nombrada funcionalmente o sea el de Encargada de la Unidad de Ingresos de la Tesorería de la ENAG, ya que si no reunía estos requisitos, podría sospecharse que había un propósito específico que le interesaba a la Gerente General para poder mantener los gastos de campaña en que estaba incurriendo como candidata a diputada por el partido nacional, porque es bastante interesante como se describen los faltantes mensualmente, es decir que las cantidades parecieran programadas. 4).- Y por último Honorables Miembros, en la declaración rendida por mi representada ante los fiscales encargados de emitir el requerimiento fiscal contra ella, manifestó que para ingresar a las instalaciones de la ENAG, había un vigilante en la entrada que les revisaba todos los días las carteras y las loncheras donde llevaban las comidas y al salir igualmente las revisaban. De conformidad a la auditoria los faltantes mensuales llegaron a veces a la cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS (Lp. 449,980.00) y dividiendo esta cantidad en los días hábiles de ese mes (23 días) identificado corno el mes de MAYO DEL AÑO 2012, mi representada tenía que haber sustraído DIARIAMENTE de la ENAG durante ese mes, la cantidad de DIECINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS (Lps. 19, 564.00). En otros meses como OCTUBRE DEL 2011, tenía que haber sustraído ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS (Lps. 11,945.00) diarios durante 18 días hábiles. NOVIEMBRE DEL 2011, TRECE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS (Lps. 13,319.00) diarios durante 22 días hábiles. Y en el mes de DICIEMBRE de ese mismo año la cantidad de DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS durante 29 días hábiles. En el año 2012, mi representada tenía que haber sustraído diariamente durante los meses que se detallan con sus días hábiles, las siguientes cantidades:
MES CANTIDAD DIAS HABILES DIARIOS
Enero Lps.110,000.00 22 Lps. 5,000.00 Febrero “341,000.00 21 “16,238.00
Marzo “379,000.00 22 “17,227.00
Abril “292,280.00 21 “13,918.00
Mayo “449,980.00 23 “19,564.00
Junio “80,000.00 21 “3,810.00
Julio “65,000.00 12 “5,417.00 Yo me pregunto Honorables Miembros, ¿Cómo haría mi representada para poder SUSTRAER DE LA ENAG todas esas cantidades de dinero diariamente?, considerando que todos los días a la entrada y a la salida le eran revisadas su cartera y su lonch era por el guardia de seguridad, aduciendo que hubiese sido diariamente, porque si fue cada 2 o 3 días o semanalmente, imagínense que cantidades tan grandes tendría que sustraer de la ENAG. Es importante señores Miembros de este tribunal mencionar, que además de lo anteriormente relatado hay dos hechos de procedimiento que realizaba nuestra representada, que tampoco el o la Fiscal asignado (a) se molestó en investigar y es que, mi representada tenía su escritorio a la par (Pegado) de la señora CEFILIA MELGAR que era la encargada del Departamento de Receptoría de Fondos, es decir que se sentaban a la par y al cierre del día ahí mismo le entregaba a mi representada los ingresos percibidos del día e igualmente ambas firmaban los libros correspondientes que garantizaban la entrega y recibo de las cantidades recaudadas en el día, posteriormente mi representada a la vista de la señora CEFILIA MELGAR hacia las boletas y anotaba en el libro las cantidades percibidas y las iba a entregar a la tesorería y en la mayor parte de los casos la acompañaba el guardia de seguridad quien a veces cargaba el libro con las cantidades adentro del mismo para entregarlas a la tesorería donde el tesorero recibía y firmaba el libro que a mi representaba le servía como comprobante del dinero recibido por el tesorero y que se lo robaron de su escritorio como se manifiesta en el numero 4) de este escrito. Además Miembros de ese Honorable Tribunal mi representada NO SABE ESCRIBIR EN COMPUTADORA NI TAMPOCO EN MAQUINA DE ESCRIBIR. Entonces no entiendo como ella hacia correcciones en computadora o a máquina de escribir. Todos estos puntos determinan una indefensión manifiesta, una violación al debido proceso y una negación a la Garantía Constitucional de Presunción de inocencia, en vista que consideramos que también el Tribunal tenía que haber ordenado diligencias en busca de la objetividad y del interés por encontrar la verdad para impartir una justicia ejemplar que llene las aspiraciones de todos los ciudadanos, PARECER DE LA DEFENSA: Es claro y evidente que de conformidad a la Doctrina penal actual, se interpretó erróneamente la aplicación de los conceptos del Delito. Para el Tribunal Sentenciador en el caso sometido a juicio oral y público, analizando el cuadro fáctico , se desprende lo siguiente: a).Existiendo y haciendo referencia que en el presente caso solo existió evidencia la cual no puede ser confiable en vista que dicha declaración a nuestro parecer carecen de todos los fundamentos legales que nos darían la garantía de no dudar ni un instante en que son cien por ciento confiables, así mismo nos encontramos que el ministerio público no quiso realizar las pruebas de descargo que acredita que la hoy imputada en ningún momento, en este caso las declaraciones el tribunal las determino como válidas y que carecían de valor probatorio, razón que no es compartida, ya que si se tienen elementos de prueba directamente relacionados con la declaración y que dan la certeza de confiablidad. Por lo que el presente recurso debe de ser declarado con lugar y anular la sentencia emitida por mayoría por el tribunal sentenciador, y absolver a mi representado de toda responsabilidad penal y dejarlo en libertad.” Fundamentación Infracción de Precepto Constitucional. Infracción de los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República de Honduras, (el Derecho de Defensa, Presunción de Inocencia y Debido Proceso), en relación con los artículos 49, 51, 52 y 60 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos. Normas Autorizantes: Artículo 361 del Código Procesal Penal. Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículos 93 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Violación a los Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República de Honduras. Reclamación Ex Ante: No reclamada con anterioridad a la interposición del recurso. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, se dicte la sentencia de fondo que corresponda de conformidad a derecho. Motivo Único. Resumen: Por haber incurrido el sentenciador en Infracción de Precepto Constitucional de los artículos 82, 90 de la Constitución de la República, error in iudicando, por interpretación errónea de precepto procesal penal y se han violentado a la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, todos sus derechos y garantías constitucionales que van desde el Derecho de Defensa, Debido Proceso hasta el de Presunción de Inocencia. Los fiscales encargados de llevar las investigaciones preliminares, ignoraron líneas de investigación que tenían que realizar en cumplimiento del artículo 93 del Código Procesal Penal, que dice: “En el ejercicio de sus funciones el Ministerio Publico actuara con absoluta objetividad y velara por la correcta aplicación de las leyes penales. Deberá investigar no solo las circunstancias que permitan comprobar la acusación, sino también las que sean causa de exención o de atenuación de responsabilidad al imputado: así mismo deberán formular sus requerimientos conforme a ese criterio, aun a favor del imputado…” 1) El Informe de auditoría Número 009/2012-UAI-ENAG realizado por LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA “UAI-ENAG” y que comprende el periodo del “10 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2012” (folios 355, 356, 357, 358, 359, 360 y 361), al Departamento de Ingresos de la Tesorería de la ENAG donde la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela era la encargada, determinó que existía un faltante por la cantidad de “Dos Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco Mil Con Cincuenta y Seis Centavos” (L 2,837,565.56) y Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Dos Mil Lempiras Con Cero Centavos (L 16,352.00) en cheques”. La fiscal del requerimiento oculta maliciosamente este último hecho, elemento que hubiera podido resolver o identificar al verdadero o la verdadera culpable del faltante, porque identificando a quien cambió los cheques, sería el principal sospechoso (a) de la malversación de fondos y de la falsificación de documentos públicos. Los Abogados que antes representaban a la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, solicitaron a los fiscales que se investigara este extremo, pero los fiscales no crearon la línea de investigación correspondiente; igualmente fue solicitado en la audiencia que tuvo con los fiscales en el Ministerio Publico, antes del requerimiento fiscal. 2) Cuando la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela fue denunciada en el Ministerio Publico, denunció que durante sus vacaciones se le perdió de su escritorio (que no tenía llave y que nunca se lo arreglaron) el libro en el cual ella anotaba las cantidades que entregaba a la Tesorería firmadas por el Tesorero, quien acepta dicho hecho en la declaración rendida ante el tribunal competente y que consta en el expediente de mérito a folio numero 77 (Audiencia Inicial). Hecho que denunció la acusada al Auditor Interno de la ENAG, PM. Miguel Ángel Claros, mediante memorándum de fecha 18 de octubre del 2012, (Folio 253 el expediente de mérito) y que también explicaba que el señor Ramón Antonio Ramírez, Tesorero de la institución, se había negado a firmarle el memorándum donde le informaba tal situación. Libro de la acusada que le servía de garantía de las cantidades que entregaba a la tesorería. Los fiscales encargados de la investigación tampoco quisieron abrir una nueva línea de investigación sobre la pérdida del libro a pesar de haber sido solicitado. 3) Tampoco abrieron línea de investigación para comprobar si la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela reunía los requisitos del puesto para el que fue nombrada funcionalmente o sea el de Encargada de la Unidad de Ingresos de la Tesorería de la ENAG, ya que si no reunía estos requisitos, podría sospecharse que había un propósito específico que le interesaba a la Gerente General para poder mantener los gastos de campaña en que estaba incurriendo como candidata a diputada por el Partido Nacional, porque es interesante como se describen los faltantes mensualmente, es decir que las cantidades parecieran programadas. 4) En la declaración rendida por la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela ante los fiscales encargados de emitir el requerimiento contra ella, manifestó que, para ingresar a las instalaciones de la ENAG, había un vigilante en la entrada que les revisaba todos los días las carteras y las loncheras donde llevaban la comida y al salir igualmente las revisaban. De conformidad con la auditoria, los faltantes mensuales llegaron a veces a la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta Lempiras (L 449,980.00) y dividiendo esta cantidad en los días hábiles de ese mes (23 días) identificado corno el mes de mayo del año 2012, la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela tenía que haber sustraído diariamente de la ENAG durante ese mes, la cantidad de Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras (L 19, 564.00). En otros meses, como octubre del 2011, tenía que haber sustraído once mil novecientos cuarenta y cinco lempiras (L 11,945.00) diarios durante 18 días hábiles, noviembre del 2011, trece mil trescientos diecinueve lempiras (L 13,319.00) diarios durante 22 días hábiles. Y en el mes de diciembre de ese mismo año la cantidad de doce mil cuatrocientos cincuenta lempiras durante 29 días hábiles. Pero la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela no sabe escribir en computadora, ni en máquina de escribir, por lo que ella no pudo haber hecho correcciones. Todos los puntos determinan una indefensión, violación al debido proceso y negación a la garantía de presunción de inocencia, pues también el Tribunal tenía que haber ordenado diligencias en busca de la objetividad y del interés por encontrar la verdad para impartir una justicia ejemplar que llene las aspiraciones de todos los ciudadanos. En el presente caso la evidencia no puede ser confiable en vista de que dicha declaración carece de los fundamentos legales que nos darían la garantía de ser confiables. El Ministerio Público no realiza las pruebas de descargo por lo que no hay la certeza de confiablidad. Concepto General del Recurso Al respecto del Recurso de Casación por Infracción del Precepto Constitucional en Honduras, el Consultor Internacional Don Jose Luis Leyva Muñóz, considera que: “Es un motivo de casación bastante amplio, por lo que será necesario que, previamente, se delimite con precisión lo que es la interpretación legal de la Constitución, si no quiere que cualquier incorrección producida en el seno del proceso se constituya en motivo de casación. Bien es cierto que la Constitución de la República de Honduras, como todas las constituciones actualmente vigentes, contiene algunos preceptos en su articulado que simplemente establecen un principio general, y que como tales, no pueden ser invocadas en este tipo de recursos. Así ocurre con la presunción de inocencia del artículo 89, o el derecho a ser juzgado por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece” del artículo 90 de la Constitución, que podrían ser interpretados como una constitucionalización de todas y cada una de las garantías procesales establecidas en el CPP, que se traduciría en una petición a la Corte Suprema para que revisara toda la prueba incorporada a la causa, convirtiendo a la casación en una segunda instancia que en la actualidad no es, al no tratarse de un recurso ordinario, sino extraordinario. Por ello, solo cabra alegar como fundamento de este recurso la infracción de aquellas normas constitucionales que tienen estrecha y directa relación con el proceso en el que son invocados. Lo habitual es que la invocación de preceptos constitucionales se dé en los supuestos de casación de fondo, es decir, por infracción de infracción de ley o de doctrina legal, pero no siempre se le dará dicho tratamiento, puesto que es posible que mediante la infracción de algún precepto constitucional, como ocurriría con la posible vulneración de la presunción de inocencia originada en una falta de motivación de la sentencia, en la aceptación de pruebas ilícitas o en el dictado de una sentencia condenatoria sin existencia de una mínima prueba de cargo que desvirtúe la presunción de inocencia, se haya producido alguna irregularidad en el desarrollo del proceso, que dará lugar a la anulación de dicho acto irregular y la correspondiente remisión de la causa al Tribunal de Sentencia para que, una vez subsanado, la continúe con arreglo a derecho. Es decir, la infracción producida a través de cualquiera de los supuestos enunciados anteriormente deberá ser invocada mediante su encuadre en cualquiera de los supuestos de casación por quebrantamiento de forma del artículo 362 CPP. Con ello se evitaría la posibilidad de que la Corte Suprema, al estimar el recurso de casación por un vicio de procedimiento que ha dado lugar a la vulneración de alguno de los derechos que la constitución reconoce a los sujetos del proceso penal, case la sentencia impugnada y dicte la que proceda con arreglo a derecho, debiendo optarse por la remisión de las actuaciones al Tribunal de Sentencia para que reponga la causa al estado que tenía cuando se cometió la falta, sustanciándola de nuevo y terminándola con arreglo a derecho”.[1] Concepto especifico La Constitución de la República en su Artículo 82 dispone que: “El derecho de defensa es inviolable…”, el que está en estrecha vinculación al derecho-garantía de un Debido Proceso, el cual garantiza que toda persona a quien se le sigue un proceso ha de ser juzgado por un tribunal competente e imparcial, con estricta observancia de sus derechos, formalidades y garantía establecidas en la ley. Deriva del derecho de defensa los sub principios de Contradicción o audiencia y de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, debe entenderse el derecho de las partes procesales, por intermedio de sus apoderados, a proponer medios de pruebas, formular alegatos o interponer impugnaciones, con los requisitos exigidos por la ley, en salvaguarda de sus respectivos derechos. Por su parte, el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra menoscabos indebidos, en los derechos procesales. Por Debido Proceso, debe entenderse que, para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona, es necesaria la superación de las etapas del proceso, de acuerdo a reglas preestablecidas, cuyo resultado será la sentencia. En materia penal, el proceso debe contener garantías mínimas que aseguren al imputado, el respeto a su dignidad como persona humana y la posibilidad cierta de ejercer su derecho de defensa. Se trata de garantizar que no se prive al imputado de la tutela de sus derechos fundamentales y que la sentencia que se dicte, con base en un proceso, sea fundada y en fiel cumplimiento de los principios supremos que se exigen en un Estado de Derecho. Se entiende que el debido proceso encierra todas las garantías necesarias para procesar justamente a una persona, las condiciones mínimas que debe garantizárseles a aquellas personas que tengan en su contra una acusación penal, tales como:1. Que el hecho motivo del proceso esté tipificado como delito o falta; 2. La prohibición de detención arbitraria, nadie puede ser detenido sin orden escrita de autoridad competente, que ninguna persona puede permanecer detenida más de veinticuatro horas sin pasar a la orden de autoridad competente; 3. Que el proceso se siga con las formas previas y propias fijadas con observancia de las garantías de defensa; 4. Que ese juicio sea realizado sin dilación ante un tribunal competente a cargo de jueces independientes e imparciales; 5. Que se trate al procesado como inocente, hasta que una sentencia firme declare lo contrario; 6. Que el juez, en un proceso justo compruebe la culpabilidad y determine la pena correspondiente; 7. Que el procesado no haya sido perseguido penalmente con anterioridad por el mismo hecho, entre otras. La Constitución de la República en su Art. 90 constitucional establece el derecho del acusado de gozar de un debido proceso, proceso justo o legal, del que deriva el derecho de defensa. Para que un proceso se considere justo, debe primar en él, el respeto absoluto al derecho de defensa, entendiendo éste como el derecho que tiene toda persona acusada de delito de comparecer en juicio y oponerse con toda eficacia a la pretensión acusatoria, además de poder presentar todas las pruebas a su favor. Y como producto del derecho de contradicción y audiencia, pueda conocer el acusado con anticipación los hechos que se le imputan, así como las pruebas de la acusación y así oponerse a las mismas, ya sea interrogando a los testigos contrarios, como haciendo observaciones sobre las pruebas. El debido proceso, engloba además del derecho de defensa, los derechos fundamentales de: presunción de inocencia, derecho a un juez independiente e imparcial, y publicidad de las actuaciones procesales, entre otros. Incluye la garantía que la causa del justiciable sea conocida por un juez independiente e imparcial, predeterminado por la ley. Para garantizar la imparcialidad del juez, pone a disposición de las partes procesales, las instituciones de la excusa y la recusación de los jueces y magistrados, las que vienen a ser un derecho. De la Procedencia del Recurso. el recurso no es de recibo. El recurrente alega que la sentencia que se impugna infringe los preceptos constitucionales que garantizan el derecho de Defensa y Debido Proceso, consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. En el presente caso, argumenta el recurrente que los fiscales encargados de llevar las investigaciones preliminares, ignoraron líneas de investigación que tenían que realizar en cumplimiento del artículo 93 del Código Procesal Penal. Que en el Informe de auditoría Número 009/2012-UAI-ENAG realizado por LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA “UAI-ENAG” que comprende el periodo del “10 de mayo del 2010 al 12 de julio del 2012” (folios 355, 356, 357, 358, 359, 360 y 361), al Departamento de Ingresos de la Tesorería de la ENAG donde la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela era la encargada, determinó que existía un faltante por la cantidad de “Dos Millones Ochocientos Treinta y Siete Mil Quinientos Sesenta y Cinco Mil Con Cincuenta y Seis Centavos” (L 2,837,565.56) y Dieciséis Mil Trescientos Cincuenta y Dos Mil Lempiras Con Cero Centavos (L 16,352.00) en cheques. Sin embargo, la fiscal del requerimiento ocultó maliciosamente un hecho que hubiera podido resolver o identificar al verdadero o la verdadera culpable del faltante, porque identificando a quien cambió los cheques, éste sería el principal sospechoso (a) de la malversación de fondos y de la falsificación de documentos públicos, pero los fiscales no crearon la línea de investigación correspondiente. Refiere que la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela denunció que durante vacaciones se le perdió de su escritorio el libro en el cual ella anotaba las cantidades que entregaba a la Tesorería firmadas por el tesorero, hecho que denunció también al Auditor Interno de la ENAG, PM. Miguel Ángel Claros, mediante memorándum de fecha 18 de octubre del 2012, (Folio 253 el expediente de mérito) y que también explicaba que el señor Ramón Antonio Ramírez, tesorero de la institución, se había negado a firmarle el memorándum donde le informaba tal situación, libro que servía a la acusada de garantía de las cantidades que entregaba a la tesorería. Los fiscales encargados de la investigación tampoco quisieron abrir una nueva línea de investigación. Tampoco abrieron línea de investigación para comprobar si la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela reunía los requisitos del puesto para el que fue nombrada funcionalmente o sea el de Encargada de la Unidad de Ingresos de la Tesorería de la ENAG, ya que, si no reunía estos requisitos, podría sospecharse que había un propósito específico que le interesaba a la Gerente General para poder mantener los gastos de campaña en que estaba incurriendo como candidata a diputada por el Partido Nacional. En la declaración rendida por la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela ante los fiscales encargados de emitir el requerimiento contra ella, manifestó que, para ingresar a las instalaciones de la ENAG, había un vigilante en la entrada que les revisaba todos los días las carteras y las loncheras donde llevaban las comidas y al salir igualmente las revisaban. De conformidad a la auditoria los faltantes mensuales llegaron a veces a la cantidad de Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Ochenta Lempiras (L 449,980.00) y dividiendo esta cantidad en los días hábiles de ese mes (23 días) identificado corno el mes de mayo del año 2012, la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela tenía que haber sustraído diariamente de la ENAG durante ese mes, la cantidad de Diecinueve Mil Quinientos Sesenta y Cuatro Lempiras (L 19, 564.00). En otros meses como octubre del 2011, tenía que haber sustraído once mil novecientos cuarenta y cinco lempiras (L 11,945.00) diarios durante 18 días hábiles, noviembre del 2011, trece mil trescientos diecinueve lempiras (L 13,319.00) diarios durante 22 días hábiles. Y en el mes de diciembre de ese mismo año la cantidad de doce mil cuatrocientos cincuenta lempiras durante 29 días hábiles. Pero la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela no sabe escribir en computadora, ni en máquina de escribir, por lo que ella no pudo haber hecho correcciones. Todos los puntos determinan una indefensión, violación al debido proceso y negación a la garantía de presunción de inocencia. Esta Sala considera que, en el presente caso, Tribunal de Sentencia de mérito no ha infringido el derecho fundamental de Debido Proceso seguido a la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, por considerar que en la secuela del mismo se han seguido las formas previas y propias fijadas en las leyes, en observancia de la garantía de defensa. La acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela ha sido sometida a juicio y juzgado habiéndose observado todos los derechos, formalidades y garantías que componen el debido proceso, entre ellos el derecho de defensa, en que se ha generado prueba de cargo suficiente para tener por verdadera entrega de dinero, que en este caso produce prueba de carácter lícita que prueba ser utilizada por el juzgador para dictar su sentencia. Por lo anterior, esta Sala concluye que la sentencia impugnada no infringe los preceptos constitucionales que garantizan los derechos fundamentales de debido proceso, entre los que se cuentan el derecho de defensa consignados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. DECISIÓN. Esta Sala declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a la acusada Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la señora, Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela la pena de nueve años de reclusión, como autora del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública, y por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, en concurso ideal, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela como persona responsable le correspondería ser sancionada penalmente con pena de entre 4 a 8 años de prisión y Multa de 300 a 500 días, e inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos de 6 a 12 años, como pena abstracta para el autor del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública. (Artículo 456.1 por alterar documento público y 458 por tener la calidad de empleada o funcionaria pública, ambas disposiciones del Código Penal Vigente); y de 4 a 6 años de prisión y Multa por igual cantidad o hasta el triple del valor malversado e inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la condena de prisión, como penas abstractas para el autor del delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública (Artículo 474 del Código Penal Vigente; y las penas accesorias que correspondan. Lo anterior, en concurso ideal de delitos de conformidad a lo dispuesto en el artículo 67 del Código Penal vigente que literalmente dice: “Hay concurso ideal cuando con una sola acción u omisión se infringen diversas disposiciones legales que no se excluyen entre si.- La apreciación del concurso ideal supone la imposición de la pena correspondiente al delito o falta que tenga señalada la pena más grave aumentada en un tercio (1/3), sin que pueda exceder de la suma de las penas concretas impuestas si se hubiere penado separadamente los delitos.” En este caso, conforme a la regla de una ponderación integral de las penas establecidas para cada uno de los delitos concursados, aun y cuando el rango máximo de la pena abstracta establecida para el delito de Malversación de Caudales Públicos es de 6 años y la pena máxima del delito de Falsificación de Documentos Públicos, de empleado o funcionario público es de 8 años de prisión, ambos infracciones penales imponen como principal la pena de Multa, en la que el delito de Malversación es de mucha mayor cuantía que la pena de Multa establecida para el Delito de Falsificación de Documento Público, conforme el Código Penal vigente (Decreto No. 130-2017). Mientras el delito de Falsificación de Documentos Público conlleva una pena de Multa de 300 a 500 días, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 53 del Código Penal Vigente establece un rango de 10 a 2000 días y cada día de multa con valor no menor de L20.00 ni mayor de L5,000.00, la pena de Multa a imponer a la acusada debería estar en el rango de los L6,000.00 a los L2,500.000.00, además de la pena principal de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos de 6 a 12 años. En tanto, por el delito de Malversación de Caudales Públicos en perjuicio de La Administración Pública, la pena de Multa va desde la igual cantidad malversada de L 2,847.732.96 hasta el triple de ese valor, es decir L8,543,198.88. Por tanto, no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 360 del Código Procesal Penal; 615.2 y 2, 624.3 y 616 1er párrafo del Código Penal Vigente (Decreto No.130-2017). FALLA: Primero: Declara No Ha Lugar el motivo único de Infracción de Precepto Constitucional invocado por el Abogado Marlon Javier Arévalo Cerna, en su condición de defensor privado de la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, en la causa en que se condenó a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, como autora del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública, y por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017; Tercero: Declara firme y ejecutable en forma plena la sentencia de fecha treinta de junio del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó a la señora Suyapa Lizeth Ochoa Oyuela, como autora del delito de Falsificación de Documentos Públicos, en perjuicio de La Fe Pública, y por el delito de Malversación de Caudales Públicos, en perjuicio de La Administración Pública, todos en concurso ideal a la pena de nueve años de reclusión, asimismo se le condenó a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Coordinador por ley. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. miguel Alberto pineda Valle Magistrado. Maria del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha diez de marzo del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-07-2018.
JOSÉ RAMÓN CRUZ FERRERA
SECRETARIO ACTUANTE
SALA DE LO PENAL
[1] Modulo Instruccional. Recurso de Casación. Consultor internacional Don José Luis Leyva Muñóz, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, España. Equipo Nacional: Abogadas Celeste Cerrato, Ana Narváez y Sonia Gálvez. Revisión del Dr. Rigoberto Cuellar Cruz, Fiscales del Ministerio Público. Páginas 31 y 32.
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