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Sentencia CP-03-17 — Registro 12424

Resumen

En primera instancia se absolvió a la imputada por el delito de Posesión para el Tráfico de Drogas Marihuana, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL MOTIVO ES DE RECIBO. Para esta Sala de lo Penal resulta de importancia hacer un breve estudio de la motivación de la sentencia recurrida, ya que, además de la trascendencia constitucional y procesal que sobre ella se exige (puesto que constituye una garantía para las partes el conocer las razones que determinan la resolución judicial para poder controlar la misma a través del recurso legalmente previsto), dentro del derecho a obtener una sentencia de fondo fundada en derecho congruente, se impone la obligación de los tribunales de pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, siempre y cuando concurran los requisitos procesales necesarios, y en el caso de no pronunciarse sobre el fondo por no cumplirse esos requisitos formales o presupuestos procesales, debe dictarse una resolución motivada y fundada en derecho con respecto a su inadmisión o desestimación. Al respecto, consideramos sobre el deber de motivar, que la sentencia que ponga fin al proceso debe estar fundada en derecho, exponiendo razonablemente el contenido del fallo; en consecuencia, la falta de motivación conlleva afectación grave al proceso, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al mismo derecho de defensa, puesto que mal se defendería quien desconoce las razones en que se habría basado el juzgador, si esas razones sólo se encuentran en su conciencia y no se integran en la resolución. Este Tribunal de Casación consciente de la importancia y trascendencia de la motivación de la sentencia penal, encuentra indispensable efectuar una revisión exhaustiva de las razones y motivos que tomó en consideración el Aquo para el dictado de una sentencia absolutoria a favor de la señora Agustina Caballero y determinar con ello si se cumplen con los lineamientos de una motivación expresa, clara, completa, legítima y respetuosa de la sana crítica. En primer lugar observamos que los hechos probados relatan que se realizaron allanamientos a la casa de habitación de la imputada Agustina Caballero, en la cual encontraron, en la sala de dicha vivienda, una bolsa plástica conteniendo 272.20 gramos de hierba seca que resultó ser marihuana en una cantidad no compatible con el consumo personal inmediato; en ese mismo allanamiento y en el solar de la referida acusada, encontraron un arma de fuego de fabricación casera. Tales hechos probados fueron el sustento de una sentencia absolutoria, pero que a todas luces se contradice con las acciones adjudicadas a la acusada a quien le encuentran droga y una arma de fabricación casera; los hechos probados sin duda alguna son el resultado de una motivación fáctica insuficiente y que se demuestra en la valoración probatoria. En el apartado “Valoración de la Prueba” de la sentencia recurrida, el A-quo efectúa una motivación descriptiva, es decir enlista las pruebas evacuadas en el juicio, iniciando por la declaración de testigos, entre ellos; Jaime Leonel Quintanilla Alvarenga y Delbin Agenor Pacheco Ruiz, consignando lo que ambos testigos manifestaron en el debate y las preguntas a las que fueron sometidos por las partes; en este primer apartado nada refiere el juzgador sobre la valoración intelectiva que les otorga a ambos testigos. Continuando con el listado de pruebas (motivación descriptiva), el A-quo establece la prueba documental que se evacuó en el debate, entre ellas: acta de lectura de derechos, autorización de ingreso a la vivienda, acta de registro de una vivienda, acta de decomiso de una bolsa negra conteniendo hierba seca marihuana y álbum fotográfico, de las cuales se tomó la tarea de establecer qué contenía cada prueba y el resultado obtenido en las mismas, sin determinar qué valor probatorio les concedía. Por último, señala el juzgador la prueba pericial referente al dictamen de toxicología y al dictamen de balística; mencionando también los elementos decomisados y que constituyen elementos de convicción, como la bolsa plástica conteniendo hierba seca marihuana y el arma de fuego de fabricación artesanal, sin determinar igualmente la valoración intelectiva que les concede a estas pruebas periciales. Luego encontramos la fundamentación jurídica de la sentencia y encontramos en ésta un apartado denominado MOTIVACIÓN, en la cual el juzgador erróneamente establece que conforme los artículos 141 y 339 del Código Procesal Penal, 89 de la Constitución de la República, considera que no hay pruebas suficientes para condenar a la imputada. Establece que no fue posible apreciar en la audiencia de debate que la imputada Agustina Caballero presentara características físicas y sobre todo tener agilidad mental suficiente para estimar que es capaz de traficar con drogas y menos para el manejo de armas de fuego; señala que los policías Jaime Leonel Quintanilla Alvarenga y Darwing Agenor Pachecho Ruiz, mencionaron a otra persona de nombre Francisco Castañeda (hijo de la acusada), denunciado por estos mismos hechos, a quien los testigos le allanaron la casa y no encontraron objetos o sustancia alguna que lo vinculara penalmente. Así las cosas, concluye el sentenciador, se dan los elementos objetivos de los tipos penales ya indicados, pero no los elementos subjetivos para estimar a la señora Agustina Castañeda penalmente responsable por las infracciones en mención. Esta Sala de Casación estima que, aunque el sentenciador tenga razón al establecer que no existe el elemento subjetivo para considerar responsable de los delitos acusados contra la señora Agustina Castañeda, no es posible extraer con base en qué medios de prueba llegó a esas conclusiones, pues si bien hace un pequeño razonamiento de las declaraciones de los policías, nada refiere al resto de prueba documental y pericial, mismas que merecen también determinar el valor probatorio que les concede y si con ellas se llega a la conclusión de absolución para la acusada; resultando por tanto una escasa motivación por parte del juzgador que no permite inferir cual fue la motivación intelectiva que le otorgó a cada medio de prueba evacuado, ni tampoco el razonamiento que consideró para decretar una sentencia absolutoria a favor de la acusada. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican, tal como ocurre en la sentencia recurrida. En el caso subjudice se presenta la insuficiencia, pues no es posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales con los que resuelve. Sobre el hecho, se observa el vicio cuando consigna en la valoración de la prueba cierta prueba, pero omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucede al decir que los testigos de cargo mencionaron a otra persona, pero sin concluir que les otorgaba credibilidad o sin son contestes o no, sin exponer en qué sentido han sido concordantes o no con el resto de prueba. Para esta Sala de lo Penal se estima la infracción porque se hace una referencia superficial a la prueba y la simple relación de actuaciones en el proceso; razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación, ordenando la nulidad del juicio celebrado y mandando realizar un nuevo juicio. Esta Sala de lo Penal se abstendrá de resolver los motivos de casación por infracción de ley interpuestos por el ente acusador, toda vez que ha prosperado el motivo de casación por quebrantamiento de forma, con los efectos legales correspondientes. FUERTE LLAMADO DE ATENCIÓN Se hace una fuerte de llamado de atención al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, para que en próximos fallos cuiden con mucho celo, las motivaciones que deben realizar de cada medio de prueba evacuado durante el juicio, pues resulta inconcebible que a más de 18 años de entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, en el cual se establecía como innovación y obligación la motivación de los resoluciones judiciales, tengamos todavía fallos que adolezcan de este requisito indispensable y fundamental de la sentencia penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de las Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veintiuno, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, José Olivio Rodríguez Vásquez y Miguel Alberto Pineda Valle por ausencia justificada de Rafael Bustillo Romero, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP 03-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua, mediante la cual falló; Primero: Absolvió a la señora Agustina Caballero, del delito de Posesión para el Tráfico de Drogas Marihuana, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras. Segundo: Absolvió a la señora Agustina Caballero, del delito de Posesión Ilegal de Arma de Fuego de Prohibida, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Tercero: Se declaró el comiso de: 1) Una bolsa plástica color negro conteniendo doscientos setenta y dos punto veinte gramos (272.20g) de hierba seca marihuana; 2) Un arma de fuego de fabricación casera o artesanal, diseñada para disparar municiones de calibre 20 Gauge; lo anterior a efecto de que ambos objetos -en etapa de ejecución- sean destruidos, o en todo caso aquel órgano jurisdiccional proceda conforme a derecho corresponda. Cuarto: No se declaró la responsabilidad civil de la señora Agustina Caballero, ni de costas procesales respectivamente. Interpuso el recurso de casación por infracción de ley y quebrantamiento de forma, la Abogada Juana Josefina Rugama en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en la única instancia: La Abogada Diana Elizabeth Rodríguez, en su calidad de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Dinabel López Durón y José Roberto Izaguirre Santos, defensores públicos de la imputada, como parte recurrida. Hechos Probados “PRIMERO: En horas de la mañana (10:30 AM), del día domingo ocho (8) de diciembre del año dos mil trece (2013), luego de una denuncia por persona no identificada en estas diligencias, Agentes de la Policía Nacional de lucha contra el Narcotráfico, que dijeron practicaban allanamientos en aquel lugar, ingresaron a la casa de habitación de la señora AGUSTINA CABALLERO, situada en la aldea El Rodeo, jurisdicción del Municipio de El Rosario, Departamento de Comayagua y en una esquina de la sala encontraron una bolsa plástica color negro, conteniendo doscientos setenta y dos punto veinte (272.20g) gramos de hierba seca, que resultó ser marihuana positivo, en cantidad total no compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. fuego de fabricación casera o artesanal la cual está diseñada para disparar munición de calibre 20 Gauge, y su mecanismo de acción es sencillo, presentando buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo. DECLARACIÓN DE IMPUTADA. La señora AGUSTINA CABALLERO, en su condición de procesada, libre de juramento y sin coacción alguna, declaro: En mi casa no encontraron nada. A preguntas del Ministerio Público contestó: de la fecha, ya ni me acuerdo; me dijeron los Policías que alguien me denunció, pero ellos entraron a mi casa y no encontraron nada; a mi mis hijos me sostienen y yo nunca he tenido marihuana y tampoco he tenido problemas con la justicia; A preguntas de la Defensa contestó: yo no sabía que en mi casa estaba esa mochila y esa arma de fuego; quien trabaja en mi casa es mi hijo Daniel.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Infracción de Ley MOTIVOS DE CASACIÓN Al proceder a la exposición de los siguientes motivos se estima de trascendencia transcribir las verdades intangibles plasmadas por el juzgador en el cuadro fáctico de la sentencia, lo cual se realiza a continuación: PRIMERO: En horas de la mañana (10:30 am.) del día domingo ocho (8) de diciembre del año dos mil trece (2013), luego de una denuncia por persona no identificada en estas diligencia, Agentes de la Policía Nacional de la Lucha Contra el Narcotráfico, que dijeron practicaban allanamientos en aquel lugar, ingresaron a la casa de habitación de la señora AGUSTINA CABALLERO situada en la aldea El Rodeo, jurisdicción del Municipio del Rosario Departamento de Comayagua y en una esquina de la sala encontraron una bolsa plástica color negro, conteniendo doscientos setenta y dos puntos veinte (272.20g) gramos de hierba seca, que resultó ser marihuana positivo, en cantidad total no compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato. SEGUNDO: En el curso de la señalada intervención los mismos agentes de Policía, en el solar de la casa de la referida AGUSTINA CABALLERO y a inmediaciones de unas matas de huerta, encontraron un arma de fuego de fabricación casera o artesanal la cual está diseñada para dispara municiones de calibre 20 gauge y su mecanismo de acción es sencillo, presentando buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo. A LOS MOTIVOS POR INFRACCION DE LEY PRIMER MOTIVO: “Falta de Aplicación del artículo 18 en relación con el 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 18: “El que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras” Y el artículo 5 numeral 34: Tráfico Ilícito: Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas.” Para que el delito en cuestión se estructure basta que él sujeto activo realice cualquiera de los verbos rectores que señala la norma especial, que en el caso de mérito se traduce en que la conducta de la señora AGUSTINA CABALLERO se enmarca en un delito de Tráfico de Drogas, ya que del hecho probado se desprende “que en la casa de habitación de la encausada en una esquina de la sala encontraron una bolsa plástica color negro conteniendo en su interior doscientos setenta y dos puntos veinte (272.20) gramos de hierba seca que resulto ser marihuana, en cantidad total no compatible con la dosis considerada como consumo personal inmediato.” La acción descrita en el Factum evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar a la enjuiciada quienes consideran que en el caso sub judice éste tipo penal quedó desplazado de su función punitiva al dictar un fallo absolutorio, únicamente por considerar el juzgador como lo dejo plasmado en el apartado de fundamentación jurídica:” que no fue posible apreciar en la audiencia del juicio o debate, que en la persona de doña AGUSTINA CABALLERO presentara características físicas y sobre todo tener agilidad mental suficiente para estimar que es capaz de traficar con drogas...” Como consecuencia la conducta del Tráfico Ilícito de Drogas, exige para su configuración, que se produzca una situación concreta y efectiva de acuerdo a los verbos rectores indicados en el tipo especial, por tanto debe de resolverse desde esa óptica jurídica. Para los efectos del artículo 363 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público expresa que la interpretación pretendida del precepto penal relacionado, está orientada a que la procesada, AGUSTINA CABALLERO es responsable del delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS. Así las cosas se afirma que el sentenciador al haber dictado un fallo absolutorio, ha producido en consecuencia la infracción del precepto penal contenido en el artículo 18 en relación con el 5 numeral 34 de la Ley Sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas. Con los argumentos anteriormente expuestos se deja en evidencia que el Honorable Tribunal de Sentencia de Siguatepeque Departamento de Comayagua, dejó de aplicar el artículo 18 Ley Sobre Uso Indebido de Drogas y Tráfico Ilícito de Sustancias Psicotrópicas en relación con el artículo 5 de la referida ley. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” “MOTIVO SEGUNDO: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICIÓN DEL MOTIVO: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: Artículo 332A: Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, estableciendo en el acápite de la fundamentación jurídica: “...Considera el tribunal que es constitutivo de la infracción penal de posesión de una arma de fuego de fabricación artesanal, por el calibre de la munición que es capaz de disparar se considera permitida la munición o cartuchos) por tratarse de armas defensivas y deportivas, hasta (308) pulgadas de calibre, no obstante lo anterior, a criterio de estos juzgadores no resulta plenamente acreditada la personal participación que se dijo de la señora AGUSTINA CABALLERO en estos hechos delatados y enjuiciados en la presente causa.” Quedó plenamente acreditada que la hoy imputada, fue detenida por las autoridades competentes y que a ésta se le decomiso un arma de fabricación casera, por tanto queda demostrado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es la imputada AGUSTINA CABALLERO, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud de que se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estípula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A-quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que la imputada fue encontrada en posesión de un arma prohibida, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por ende debe de considerarla un arma de guerra; por tanto, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “MOTIVO UNICO: “Adolecer la sentencia proferida de motivación fáctica insuficiente”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 3, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El artículo 141 del Código Procesal Penal ordena la Motivación de las resoluciones judiciales, y precisamente en los párrafos segundo, tercero y cuarto dicen: “Los actos y las sentencias tanto interlocutorias como definitivas, contendrán bajo pena de nulidad, una clara y precisa motivación, la designación del tribunal que lo dicta, el lugar, fecha y la resolución respectiva. La motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y, en su caso las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. La motivación de las sentencias se hará de conformidad con lo establecido en el artículo 338 de este cuerpo legal, en sus respectivos casos” Siendo que la motivación puede ser de hecho y de derecho, así como de forma absoluta o parcial, del estudio de los antecedes observamos que el vicio que presenta la sentencia que hoy se impugna, contiene un vicio grave que atenta la motivación que debe observarse en todo fallo, el cual se produjo en el apartado de valoración probatoria de la misma, al realizar el juzgador un análisis meramente descriptivo de la prueba sin acompañarse de valoración alguna a la conclusión, lo que limita la posibilidad de verificar la corrección del razonamiento que determina la absolución de la imputada AGUSTINA CABALLERO respecto a los delitos a ellas atribuido, para lo cual observamos lo establecido por el sentenciador respecto a la deposición de los agentes de Policial, JAIME LEONEL QUINTANILLA ALVARENGA Y DELBIN AGENOR PACHECO, así como a la prueba documental, consistente en las Acta de Lectura de derechos. Autorización de ingreso a la vivienda, Acta de decomiso de una bolsa negra conteniendo hierba seca marihuana y un arma de fuego tipo escopeta de fabricación casera; Álbum fotográfico, donde se describe el lugar del hallazgo así como la evidencia encontrada ya mencionada. Como prueba pericial en la cual la hierba decomisada resulto ser marihuana y que no es compatible la cantidad decomisada para el Consumo personal inmediato. Un dictamen balística donde se establece que el arma de fuego de fabricación casera o artesanal esta diseñada para disparar municiones de calibre 20 gauge y presenta buen estado de funcionamiento mecánico y operativo. Y con otros medios de prueba como ser: Una bolsa plástica negra conteniendo hierba seca Marihuana, así como un arma de fabricación artesanal tipo escopeta, con los cuales el sentenciador “considera que no hay pruebas suficientes para condenar a la imputada, dictara sentencia absolutoria, asimismo será absuelta en caso de duda razonable. Procediendo a dictar un fallo absolutorio”; como se puede observar el juzgador se limitó a enunciar estas probanzas, por lo que se cumplió con el requerimiento de valoración fáctica, pero parcialmente porque se efectuó de manera descriptiva, no intelectiva ya que no emitió pronunciamiento alguno respecto del valor que las probanzas le merecen, dado no explica de forma detallada el porque no tiene responsabilidad la señora AGUSTINA CABALLERO, y sólo indica que” En el caso que nos ocupa en opinión de estos juzgadores, en amparo de los principios de oralidad, publicidad e inmediación que rigen al sistema acusatorio y que le son vinculantes a los tribunales especialmente en materia penal, no fue posible apreciar en la audiencia de juicio o debate que la persona de doña AGUSTINA CABALLERO presentara características físicas y sobre todo tener agilidad mental suficiente para estimar que es capaz de traficar con drogas y menos para el manejo de armas de fuego cualquiera que sea la clase... Así las cosas y a juicio de este Tribunal de Sentencia, es que si bien es cierto se dan los elementos objetivos de los tipos penales ya indicados, no es menos cierto que se den los elementos subjetivos para estimar que la expresada AGUSTINA CASTAÑEDA es penalmente responsable de las infracciones en mención.” Ante lo expresado por el juzgador, no es suficiente pues su apreciación se vuelve subjetiva porque lo manifestado por el no se demostró con ninguna probanza en juicio y siendo que la labor jurisdiccional en referencia exige la necesaria valoración conjunta y armónica de toda la prueba producida con arreglo a las reglas de la Sana Crítica, además de que el fallo debe de contar con la motivación necesaria para que las partes intervinientes comprendan las razones de su decisión, por lo que el vicio in procedendo nos lleva a desconocer objetivamente como el A-quo ha formado su convicción dictando un fallo absolutorio. Los argumentos antes señalados nos conducen a afirmar que en el caso subjudice, se hace patente la motivación insuficiente en que incurrió el juzgador y que se ve reflejada en la valoración de la prueba, al haber omitido señalar cual es la apreciación de las mismas, las razones o motivos que lo llevaron a determinada conclusión sobre cada una de las pruebas introducidas al debate, así como si las mismas lo conducen al hecho investigado, ya sea estableciendo una conclusión afirmativa o negativa, limitándose a realizar un resumen meramente descriptivo de la probanza incorporada. En lo que respecta a la motivación, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha establecido: “Que en el ámbito del Derecho Procesal la motivación puede ser definida como: “la exposición de las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión.” Esto es, la exteriorización del porqué de las conclusiones de hecho y de derecho que el Tribunal afirma para arribar a la solución del caso. El instrumento jurídico utilizado para que el poder actúe racionalmente y dentro de unos límites es la motivación, que representa el signo más importante y típico de «racionalización» de la función judicial. La motivación es justificación, exposición de las razones que el órgano judicial ha dado para demostrar que su decisión es correcta o aceptable y constituye así una exigencia del Estado de Derecho, en cuanto modelo de Estado enemigo de la arbitrariedad del poder. Una sociedad moderna, donde los individuos no se conforman con una apelación a la autoridad, sino que exigen razones, la justificación o motivación de las decisiones tiende a verse, no ya como una exigencia técnica, sino como el fundamento mismo de la legitimidad de los jueces. Entendida como instrumento para evitar la arbitrariedad del poder, la motivación adquiere, además, una particular importancia merced a la evolución que ha conocido el Estado de Derecho en el constitucionalismo, un modelo de Estado que encuentra su legitimidad (externa) en la protección de los individuos y sus derechos, y que, al consagrar esos derechos en el nivel jurídico más alto, la Constitución, condiciona también la legitimidad (interna) de los actos del poder a la protección de esos derechos. La motivación cobra entonces una dimensión político-jurídica, de tutela de los derechos. La exigencia de la motivación de la resolución judicial, constituye una forma de rendir cuentas del ejercicio de la potestad jurisdiccional, no sólo a las partes directamente interesadas en el conflicto, sino a un auditorio más amplio, integrado por diversos círculos de la sociedad. De este modo, es un eficaz instrumento preventivo frente al riesgo de la actuación arbitraria del órgano judicial. Al conocer las razones por las que tomó su decisión, la parte perjudicada con el fallo, estará en condiciones para intentar rebatirlas al recurrirlo, haciendo uso de los remedios procesales que la ley ofrece. Una motivación lógica de la sentencia debe responder entre otras características a las que demanda la coherencia, de ahí que la motivación deberá estar constituida por un conjunto de razonamientos armónicos entre sí, y para ello deberá ser: a) Congruente: las afirmaciones, deducciones y conclusiones deben guardar relación y concordancia entre ellas, b) No Contradictoria: Que no se empleen en la motivación juicios contradictorios que se anulen entre sí, y c) Inequívoca: los elementos del raciocinio no deben dejar dudas sobre su alcance y significado y sobre las conclusiones respectivas”[1] Es evidente que el Tribunal sentenciador a olvidado que: “las sentencias son la forma de comunicación entre el Juez(a) y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado, finalmente la sentencia concluye un conflicto surgido de la inobservancia de la ley, pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas (condenatoria y absolutoria) que le han presentado las partes[2]”. Como el vicio ha ocurrido en el acto de dictar sentencia, ha resultado imposible plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo.” Esta Sala de lo Penal observa, que el único motivo de casación por quebrantamiento de forma alegado por el recurrente, es de vital importancia para la logicidad y coherencia de la sentencia penal, resultando indispensable resolverlo en primera instancia. Fundamentación Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El juicio penal debe su legalidad al respeto de las formalidades establecidas en la ley, para que el proceso pueda desembocar en una sentencia válida, pero además a las formalidades exigidas en la redacción de la sentencia misma; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que la norma procesal ordena (Inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (Inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal. Esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. Único Motivo Norma autorizante: artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma procesal que se denuncia infringida: artículo 141 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: adolecer la sentencia de motivación fáctica insuficiente Reclamación ex-ante: el vicio ocurrió en el acto de sentenciar, por lo que resulta imposible plantear el reclamo correspondiente. Pretensión: sin determinar por la censora. Explicó la recurrente que conforme el artículo 141 del Código Procesal Penal, la motivación de las sentencias debe observarse en todo el fallo, pues el juzgador realizó un análisis meramente descriptivo de la prueba sin acompañar de valoración alguna a la conclusión, lo que limita la posibilidad de verificar la corrección del razonamiento que determina la absolución de la imputada. de la motivación de la sentencia penal[3]. El artículo 141 del Código Procesal Penal señala que la motivación es la expresión de los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa una resolución judicial, y en el caso particular de las sentencias, de las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido. El artículo citado establece como antagónico al concepto de motivación la simple relación de las actuaciones que se hayan realizado en el proceso, la mención de los requerimientos o petitorias formuladas por las partes o sus apoderados legales o la cita o transcripción de preceptos legales. Ampliando lo anterior, la Sala de lo Penal hace eco al Código Iberoamericano de Ética Judicial, el que en su capítulo III de la parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales. Señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión, indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el juez ejerza un poder discrecional, recalca que el juez debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho. a) En materia de hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto. b) En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe señalar porqué una norma legal debe regir un caso concreto; añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los jueces que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el código referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen la motivación debe observar las siguientes características: expresa, clara, completa, legítima y respetuosa de la sana crítica. Ahora bien, ordena el artículo 141 del Código Procesal Penal, que las sentencias deberán ser debidamente motivadas, redactadas conforme lo establece el artículo 338 del mismo cuerpo legal, así pues la falta de una motivación completa se traduce en el vicio in procedendo insuficiente motivación y la falta de una motivación clara, se traduce en el vicio in procedendo de carencia de motivación, provocando ambas situaciones la nulidad de la sentencia. Es importante recordar que las sentencias son la forma de comunicación entre el juez y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también la sentencia es la forma como el juez defiende la validez y vigencia del derecho objetivo, aplicando éste al caso concreto que es disputado; finalmente la sentencia concluye con un conflicto surgido de la inobservancia de la ley pronunciándose sobre las pretensiones antagónicas –condenatoria y absolutoria- que le han presentado las partes. Con lo expresado es posible derivar cuándo existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuándo tales motivaciones son totalmente carentes: A) Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: se presenta en los casos en que los juzgadores hacen un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no sea posible con la lectura de la sentencia, retomar los pasos seguidos por los juzgadores, develar sus razonamientos y análisis, que desembocaron en los pronunciamientos del fallo; son ejemplos de este vicio cuando se hace una descripción de los medios de prueba, mas no se consigna el proceso de valoración intelectivo, cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del porqué éstas están vinculadas al caso concreto y del porqué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables. La insuficiencia de motivación también se presenta cuando los juzgadores, en la individualización de la pena concretan, no justifican la necesidad de la aplicación de la pena a imponer y su extensión (Art. 2-D del Código Penal). B) Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la sentencia no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir es la total omisión de fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del porqué los juzgadores tomaron la decisión final, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario. De la procedencia del recurso. El motivo es de recibo. Para esta Sala de lo Penal resulta de importancia hacer un breve estudio de la motivación de la sentencia recurrida, ya que, además de la trascendencia constitucional y procesal que sobre ella se exige (puesto que constituye una garantía para las partes el conocer las razones que determinan la resolución judicial para poder controlar la misma a través del recurso legalmente previsto), dentro del derecho a obtener una sentencia de fondo fundada en derecho congruente, se impone la obligación de los tribunales de pronunciarse sobre el fondo del asunto planteado, siempre y cuando concurran los requisitos procesales necesarios, y en el caso de no pronunciarse sobre el fondo por no cumplirse esos requisitos formales o presupuestos procesales, debe dictarse una resolución motivada y fundada en derecho con respecto a su inadmisión o desestimación. Al respecto, consideramos sobre el deber de motivar, que la sentencia que ponga fin al proceso debe estar fundada en derecho, exponiendo razonablemente el contenido del fallo; en consecuencia, la falta de motivación conlleva afectación grave al proceso, violentando el derecho a la tutela judicial efectiva, al debido proceso y al mismo derecho de defensa, puesto que mal se defendería quien desconoce las razones en que se habría basado el juzgador, si esas razones sólo se encuentran en su conciencia y no se integran en la resolución. Este Tribunal de Casación consciente de la importancia y trascendencia de la motivación de la sentencia penal, encuentra indispensable efectuar una revisión exhaustiva de las razones y motivos que tomó en consideración el Aquo para el dictado de una sentencia absolutoria a favor de la señora Agustina Caballero y determinar con ello si se cumplen con los lineamientos de una motivación expresa, clara, completa, legítima y respetuosa de la sana crítica. En primer lugar observamos que los hechos probados relatan que se realizaron allanamientos a la casa de habitación de la imputada Agustina Caballero, en la cual encontraron, en la sala de dicha vivienda, una bolsa plástica conteniendo 272.20 gramos de hierba seca que resultó ser marihuana en una cantidad no compatible con el consumo personal inmediato; en ese mismo allanamiento y en el solar de la referida acusada, encontraron un arma de fuego de fabricación casera. Tales hechos probados fueron el sustento de una sentencia absolutoria, pero que a todas luces se contradice con las acciones adjudicadas a la acusada a quien le encuentran droga y una arma de fabricación casera; los hechos probados sin duda alguna son el resultado de una motivación fáctica insuficiente y que se demuestra en la valoración probatoria. En el apartado “Valoración de la Prueba” de la sentencia recurrida, el A-quo efectúa una motivación descriptiva, es decir enlista las pruebas evacuadas en el juicio, iniciando por la declaración de testigos, entre ellos; Jaime Leonel Quintanilla Alvarenga y Delbin Agenor Pacheco Ruiz, consignando lo que ambos testigos manifestaron en el debate y las preguntas a las que fueron sometidos por las partes; en este primer apartado nada refiere el juzgador sobre la valoración intelectiva que les otorga a ambos testigos. Continuando con el listado de pruebas (motivación descriptiva), el A-quo establece la prueba documental que se evacuó en el debate, entre ellas: acta de lectura de derechos, autorización de ingreso a la vivienda, acta de registro de una vivienda, acta de decomiso de una bolsa negra conteniendo hierba seca marihuana y álbum fotográfico, de las cuales se tomó la tarea de establecer qué contenía cada prueba y el resultado obtenido en las mismas, sin determinar qué valor probatorio les concedía. Por último, señala el juzgador la prueba pericial referente al dictamen de toxicología y al dictamen de balística; mencionando también los elementos decomisados y que constituyen elementos de convicción, como la bolsa plástica conteniendo hierba seca marihuana y el arma de fuego de fabricación artesanal, sin determinar igualmente la valoración intelectiva que les concede a estas pruebas periciales. Luego encontramos la fundamentación jurídica de la sentencia y encontramos en ésta un apartado denominado motivación, en la cual el juzgador erróneamente establece que conforme los artículos 141 y 339 del Código Procesal Penal, 89 de la Constitución de la República, considera que no hay pruebas suficientes para condenar a la imputada. Establece que no fue posible apreciar en la audiencia de debate que la imputada Agustina Caballero presentara características físicas y sobre todo tener agilidad mental suficiente para estimar que es capaz de traficar con drogas y menos para el manejo de armas de fuego; señala que los policías Jaime Leonel Quintanilla Alvarenga y Darwing Agenor Pachecho Ruiz, mencionaron a otra persona de nombre Francisco Castañeda (hijo de la acusada), denunciado por estos mismos hechos, a quien los testigos le allanaron la casa y no encontraron objetos o sustancia alguna que lo vinculara penalmente. Así las cosas, concluye el sentenciador, se dan los elementos objetivos de los tipos penales ya indicados, pero no los elementos subjetivos para estimar a la señora Agustina Castañeda penalmente responsable por las infracciones en mención. Esta Sala de Casación estima que, aunque el sentenciador tenga razón al establecer que no existe el elemento subjetivo para considerar responsable de los delitos acusados contra la señora Agustina Castañeda, no es posible extraer con base en qué medios de prueba llegó a esas conclusiones, pues si bien hace un pequeño razonamiento de las declaraciones de los policías, nada refiere al resto de prueba documental y pericial, mismas que merecen también determinar el valor probatorio que les concede y si con ellas se llega a la conclusión de absolución para la acusada; resultando por tanto una escasa motivación por parte del juzgador que no permite inferir cual fue la motivación intelectiva que le otorgó a cada medio de prueba evacuado, ni tampoco el razonamiento que consideró para decretar una sentencia absolutoria a favor de la acusada. Partiendo de que en este vicio no se refiere a una omisión absoluta de razones de hecho o de derecho que debe portar la sentencia, la motivación insuficiente se dirigirá a la consignación de argumentos de prueba o exposición de razones jurídicas que no alcancen a justificar el hecho reconocido en la resolución o las leyes que se aplican, tal como ocurre en la sentencia recurrida. En el caso subjudice se presenta la insuficiencia, pues no es posible deducir o inferir el proceso racional que llevó al Tribunal de Sentencia a considerar como probados los hechos establecidos, o a aplicar los preceptos penales con los que resuelve. Sobre el hecho, se observa el vicio cuando consigna en la valoración de la prueba cierta prueba, pero omite el indicar por qué esa probanza convence al juzgador, como sucede al decir que los testigos de cargo mencionaron a otra persona, pero sin concluir que les otorgaba credibilidad o sin son contestes o no, sin exponer en qué sentido han sido concordantes o no con el resto de prueba. Para esta Sala de lo Penal se estima la infracción porque se hace una referencia superficial a la prueba y la simple relación de actuaciones en el proceso; razones suficientes para declarar con lugar el presente recurso de casación, ordenando la nulidad del juicio celebrado y mandando realizar un nuevo juicio. Esta Sala de lo Penal se abstendrá de resolver los motivos de casación por infracción de ley interpuestos por el ente acusador, toda vez que ha prosperado el motivo de casación por quebrantamiento de forma, con los efectos legales correspondientes. Fuerte Llamado de Atención Se hace una fuerte de llamado de atención al Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, para que en próximos fallos cuiden con mucho celo, las motivaciones que deben realizar de cada medio de prueba evacuado durante el juicio, pues resulta inconcebible que a más de 18 años de entrar en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, en el cual se establecía como innovación y obligación la motivación de los resoluciones judiciales, tengamos todavía fallos que adolezcan de este requisito indispensable y fundamental de la sentencia penal. Decisión Se declara ha lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 141, 338, 359, 362, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Juana Josefina Rugama, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra la señora Agustina Caballero, a quien se le absolvió por los delitos de Posesión para el Tráfico de Drogas en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras y por Portación Ilegal de Armas de Fuego Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. Segundo: Casa la sentencia. Tercero: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, Departamento de Comayagua. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un Tribunal de Sentencia distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMA Y SELLO. Alma Consuelo Guzmán García Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-03-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia d diez de junio de 2010, recaída en el Recurso de Casación Penal No.259-08.

[2] Sentencia de fecha 16 de mayo del año 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No. SP-240-2011.

[3] Vid Sentencia de Casación Penal N° 214-2010, dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en fecha 18 de octubre de 2012