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Sentencia CP-02-18 — Registro 13085

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Extorsión, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...

De la procedencia recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO.Congruente con lo resuelto en el motivo anterior, esta Sala considera que los hechos declarados probados no se configuran en el tipo penal de Extorsión en grado de ejecución de tentativa en perjuicio del testigo protegido AD373 dado que el bien jurídico protegido, en este caso la suma de dinero exigida por el sujeto pasivo, para no causar un mal al ofendido o su familia, ya ha salido de la esfera de protección del sujeto pasivo, mediando intimidación o amenaza. La detención de los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid por parte de agentes de policía, se produce al estar ya Yesica Yaneth Avila Barahona en posesión material del paquete simulado de dinero injustamente obtenido, aun y cuando no haya tenido el tiempo, ni oportunidad de lucrase. Y al haber recibido Brayan Joel Barahona Madrid con anterioridad el dinero exigido para no causar un mal al ofendido a algún miembro de su familia. El tipo penal no exige para su consumación que el sujeto activo se haya lucrado con el bien injustamente obtenido, sino que basta que el acusado se haya apoderado, aunque haya sido por breves instantes, del bien con el fin de lucrarse. La consumación se produce cuando se realiza integralmente la conducta tipificada por la ley penal[1]. En este caso esta Sala considera que el hecho declarado probado no cumple con el contenido del artículo 15 del Código Penal, que literalmente dice: “Artículo 15. Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. En el presente caso, los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid han realizado todos los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación legal del delito de Extorsión, cuando el delito ya estaba plenamente consumado. Por lo que, en el presente caso, la sentencia recurrida no incurre en vicio de fondo que de lugar a casación por infracción de ley, por falta de aplicación del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal, en relación al 15 del mismo cuerpo legal..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DE LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Yesica Yaneth Avila Barahona, la pena de quince años de reclusión y Multa de Cincuenta salarios mínimos por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AD373; y al acusado Brayan Joel Barahona Madrid,también la pena quince años de reclusión y Multa de Cincuenta salarios mínimos por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AD373, más las penas accesorias impuestas a los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid de inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, son costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 222 reformado del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a las personas responsables del delito de Extorsión se les sanciona con una pena abstracta de 10 a 15 años de prisión y Multa de 500 a 1000 días con la agravante especifica de haberse cometidos los hechos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, que aumenta la pena abstracta anterior en 1/3. (Artículos 373 y 374.1 del Código Penal), quedando la nueva pena abstracta del delito de Extorsión Agravada en 15 a 20 años de prisión y Multa de 1000 a 1,333.33 días. Por lo que la pena impuesta a los acusados se encuentra comprendida en el rango de la pena a imponer la que no representa un beneficio para los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, en aplicación retroactiva de la ley penal, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veinte y uno. El pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Alma Consuelo Guzmán García, coordinadora, José Olivio Rodríguez Vásquez y Rafael Bustillo Romero, ha pronunciado, En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-02-2018 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó a la señora Yesika Yaneth Ávila Barahona, como autora del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AD373, a la pena de quince años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos; Segundo: Condenó al señor Brayan Joel Barahona Madrid, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AD373, a la pena de quince años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos; Tercero: Condenó a los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid; Quinto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio a los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid; Sexto: Se ordenó la devolución de dos billetes de cien lempiras con series BX71588147 y PX6117163 y del teléfono celular, marca Mobile, color negro que fue presentado como evidencia a quien demuestre ser su legítimo propietario. Son Partes: Los Abogados Gladys Lamar Ortíz y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de defensores públicos de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, como parte recurrente; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “PRIMERO: Que el día veintiocho de agosto del dos mil quince siendo aproximadamente las ocho y treinta de la tarde, el testigo protegido AD-373 interpone una denuncia ante la fuerza nacional antiextorsión, manifestando que desde hacía seis meses personas que se hacían pasar como miembros de la organización de los Benjamín le hacían amenazas, que debía pagar la cantidad de cinco mil lempiras semanales o de lo contrario le quitarían la vida a él o alguno de sus familiares que en varias ocasiones hizo entrega de la cantidad requerida. SEGUNDO: Ante tal denuncia los agentes de la fuerza nacional antiextorsión FUSINA, asesoraron al testigo protegido para hacer una entrega controlada misma que fue realizada el veintinueve de agosto dos mil dieciséis. fecha en que habían citado al testigo protegido para hacer la entrega en la colonia Prados Universitarios hasta donde se trasladan tres equipos de vigilancia de la Fuerza Antiextorsión quienes observaron que llego una persona del sexo masculino a quien le dan seguimiento, y observan que el testigo protegido entrega el sobre con el dinero que habían seriado a una persona de sexo masculino a quien le dan seguimiento hasta la aldea Suyapa, donde la persona de sexo masculino entrega el paquete a otra persona de sexo femenino, siendo detenida de inmediato, manifestando llamarse Yesica Yaneth Ávila Barahona, la cual es detenida de manera inmediata. TERCERO: En fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis fue detenido el joven B. J. B. M. a quien el testigo protegido AD373 reconoció como una de las personas que llegó a su negocio a exigir el pago de los cinco mil lempiras bajo la advertencia de que si no lo hacía le quitaría la vida. De igual manera, dicho testigo protegido AD373 reconoce a este imputado, manifestando que era la persona que lo llamada por teléfono haciéndole las mismas advertencias.” RECURSO DE CASACIÓN La recurrente Abogada Thania Bethel Henríquez, en su condición de defensora pública de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 222 del Código Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 párrafo primero del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO Por una parte la norma sustantiva infringida es el artículo 222 del Código Penal vigente que establece: “Incurrirá en reclusión de quince (15) veinte (20) años: 1) Quien mediante violencia o amenazas obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho justo………2……3………”. Y siendo que los hechos probados son la base de la sentencia; de ellos se desprenden. los acontecimientos que han sido considerados como probados por parte del tribunal Sentenciador. De ahí que en toda sentencia debe haber una correspondencia entre las descripciones fácticas establecidas en los hechos probados y la tipificación penal que finalmente es dictada en el fallo. Declarando para tal efecto como probados los siguientes hechos: “PRIMERO: El día veintiocho de agosto del dos mil quince siendo aproximadamente las ocho y treinta de la tarde, el testigo protegido AD373, interpone denuncia ante la fuerza nacional antiextorsión, manifestando que desde hacía seis meses personas que se hacían pasar como miembros de la organización de los Benjamín le hacía amenazas, que debía pagar la cantidad de cinco mil lempiras semanales o de lo contrario le quitarían la vida a o alguno de sus familiares y que en varias ocasiones hizo entrega de la cantidad requerida.- SEGUNDO: Ante tal denuncia los agentes de la fuerza nacional antiextorsión FUSINA, asesoraron al testigo protegido para hacer entrega controlada, misma que fue realizada el veintinueve de agosto del dos mil dieciséis, fecha en que habían citado al testigo la entrega en la Colonia Prados Universitarios hasta donde se trasladan tres equipos de vigilancia de la Fuerza Antiextorsión quienes observaron que llegó una persona del sexo masculino a quien le dan seguimiento y observaron que el testigo protegido entrega el sobre con el dinero que habían seriado a una persona de sexo masculino a quien le dan seguimiento hasta la aldea de Suyapa, donde la persona del paquete a otra persona de sexo femenino siendo detenida de inmediata Manifestando llamarse YESIKA YANETH AVIALA BARAHONA, la cual es detenida de manera inmediata.- TERCERO: En fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis fue detenido el joven B. J. B. M., a quien el testigo protegido AD373 reconoció como una de las personas que llega a su negocio a exigir el pago de los cinco mil lempiras bajo la advertencia de que si no lo hacía le quitaría la vida. De igual manera, dicho testigo protegido AD373 reconoce a este imputado manifestando que era la persona que lo llamaba por teléfono haciéndole las mismas advertencias.” Al analizar el contenido de estos hechos probados el Tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado de EXTORSION como se puede apreciar del conjunto del relato fáctico que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, se desprende en los tres hechos Probados que en la ejecución del supuesto delito de Extorsión contra mis representados en ningún momento se hizo efectivo el pago del dinero exigido por los acusados, lo anterior por la oportuna denuncia e intervención de los agentes de la fuerza nacional antiextorsión FUSINA, ya que fue detenida en forma inmediata, tal y como consta en el hecho probado Segundo antes descrito. Es allí según nuestro criterio, el hecho de no parecer encajar la condena por un delito consumado por parte de los imputados YANETH AVIALA BARAHONA Y BRAYAN JOEL BARAHONA MADRID, en el supuesto acto delictivo de Extorsión que se les imputa como autores, pues al examinar estos tres hechos probados antes trascritos nos encontramos que nuestros representados fueron injustamente condenados por el delito de EXTORSION, siendo lo correcto por Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, en vista que es necesario precisar los distintos elementos del tipo penal de Extorsión quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí ó para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) hacer o dejar de hacer alguna cosa, 2)… 3)..., siendo así existe una discusión doctrinaria respecto a que bien protege este tipo penal, pero lo cierto es que nuestro Código Penal lo regula como los delitos que protegen la propiedad de las personas, y por ello es que considera que el móvil o propósito de la acción es el lucro… Lo cual no ocurre en el caso Subjudice, ya que como bien quedo establecido nuestros representados fueron capturados sin que se hiciera efectivo el lucro por la oportuna intervención de los miembros de la Policía Nacional, en tal sentido el patrimonio de testigo ofendido AD373 no fue puesto en peligro. Basados en lo anterior, el Tribunal Sentenciador incurrió en un error al pretender condenar a nuestros representados YESIKA YANETH AVIALA BARAHONA Y BRAYAN JOEL BARAHONA MADRID, por un supuesto delito consumado de Extorsión, tomando en consideración que en los hechos declarados probados no existen elementos subjetivos que puedan subsumirse en una acción u omisión que lesione o ponga en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. INTERPRETACION PRETENDIDA Con el presente motivo de casación pretendemos, que al no existir una correcta aplicación de la norma penal sustantiva (artículo 222 del Código Penal) en relación a los hechos declarados como probados, se someta a control de logicidad de la Honorable Sala penal de la Corte Suprema de Justicia, a efecto de declarar con lugar el primer motivo de casación antes relacionado, declarándose la aplicación indebida del artículo 222 del Código Penal, no abarcándole a mis representados la reforma de marzo de 2017 en vista de haberse cometido dicho delito en el año de 2015.” “EXPRESION DEL SEGUNDO MOTIVO DE CASACION SEGUNDO MOTIVO: Haber incurrido el tribunal Sentenciador en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 15 en relación con el 222 del Código Penal. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO De acuerdo a nuestra jurisprudencia para que un recurso de casación por infracción de ley prospere “es necesario que las defectuosidades se hallen en conexión con los condicionamientos determinantes de la calificación penal asignada a los hechos probados”, provocando una laguna o vacio en la descripción histórica de los mismos, que determina un falta de premisa fáctica para formular la calificación jurídica de forma que no pueda orientar dentro del silogismo en que la sentencia queda estructurada, el pronunciamiento condenatorio o absolutorio, es decir, que resulta inadecuada de servir para argumentación lógica al fallo, y por ello porque la “quaestío facti” debe servir de apoyo y sustento a la calificación jurídica o “quaestio iuris”. Resulta que el Tribunal Sentenciador no aplico el articulo 222 en relación con el 15 del Código penal, en vista que los hechos probados fueron calificados por el Tribunal como constitutivo de delito de EXTORSION en perjuicio del ofendido AD373. Al analizar los hechos declarados probados en el fallo impugnado, a la luz de las exigencias antes señaladas y con absoluto respeto al principio de legalidad, fácilmente puede apreciarse que en el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configura el delito de Extorsión, pues en el no se atribuye a los imputados el apoderamiento de bienes propiedad del ofendido AD373, por la intervención de los agentes anti-extorsión al ser capturados en la Colonia Nueva Suyapa por la denuncia interpuesta por el testigo. Es importante recalcar que este delito no es de mera actividad sino de resultado, lo cual viene determinado por el animo de lucro y que se requiere obtener para si o cualquier organización el dinero, bienes o servicios.- En ese sentido haber interrumpido esa consumación o esa consumación o ese aprovechamiento de dinero después de la entrega controlada recomendada por los agentes anti- extorsión con el ofendido, hace que el delito quede en su Grado de Ejecución de Tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente, en ese sentido la interposición de la denuncia y en la captura de los imputados YESIKA YANETH AVIALA BARAHONA Y BRAYAN JOEL BARAHONA MADRID son aspectos que se salen del conocimiento y control de nuestros representados, no dependen de ellos. INTERPRETACIÓN PRETENDIDA Con este segundo motivo de casación pretendemos que al existir una falta de aplicación de la norma penal sustantiva (artículo 15 Código Penal) en relación a lo declarado como hechos probados, se someta a control de logicidad por la Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, a efecto de que declare con lugar el recurso de merito, corrigiendo el error dictando una sentencia condenatoria para nuestros representados YESIKA YANETH AVIALA BARAHONA Y BRAYAN JOEL BARAHONA MADRID por el delito de Extorsión en su Grado de Ejecución de Tentativa, conforme a nuestro derecho penal vigente al cual no le abarca la reforma de marzo de 2017 en vista que este delito se cometió en el año 2015.” Fundamentación Recurso de Casación de infracción de ley, por aplicación indebida del precepto Contenido en el artículo 222 del Código Penal. Primero Motivo Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Aplicación indebida del artículo 222. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen Infracción por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal, que establece: “Incurrirá en reclusión de quince (15) veinte (20) años: 1) Quien mediante violencia o amenazas obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho justo …2 …3…”. En los hechos probados el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado de Extorsión, dado que en ningún momento se hizo efectivo el pago del dinero exigido por los acusados, lo anterior por la oportuna denuncia e intervención de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión Fusina, ya que Yesica Yaneth Avila Barahona fue detenida en forma inmediata, tal y como consta en el hecho probado Segundo antes descrito. El hecho de no parecer encajar la condena por un delito consumado por parte de los imputados Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, en el supuesto acto delictivo de Extorsión que se les imputa siendo lo correcto por Extorsión en su grado de ejecución de Tentativa. El Código Penal regula los delitos que protegen la propiedad de las personas, y por ello considera que el móvil o propósito de la acción es el lucro… lo que no ocurre en el caso subjudice, ya que los acusados fueron capturados sin que se hiciera efectivo el lucro por la oportuna intervención de los miembros de la Policía Nacional, por lo que el patrimonio del testigo ofendido AD373 no fue puesto en peligro. Concepto general del Recurso Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…”. De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: 1) Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2) Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a) Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b) Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c) Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d) Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e) Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal.- Es importante anotar que, debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Concepto Específico El hecho probado no encaja en un delito consumado por parte de los imputados Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, en el supuesto acto delictivo de Extorsión que se les imputa, siendo lo correcto por Extorsión en su grado de ejecución de Tentativa. El Código Penal regula la Extorsión como uno de los delitos que protegen la propiedad de las personas, en que el móvil o propósito de la acción es el lucro… lo que no ocurre en el caso subjudice, ya que los acusados fueron capturados sin que se hiciera efectivo el lucro por la oportuna intervención de los miembros de la Policía Nacional, por lo que el patrimonio del testigo ofendido AD373 no fue puesto en peligro. De la procedencia del recurso. el recurso no es de recibo. Alega el recurrente que la infracción de ley se produce por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal, que establece: “Incurrirá en reclusión de quince (15) veinte (20) años: 1) Quien mediante violencia o amenazas obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho justo …2 … 3 …”. Aprecia que los hechos probados el Tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba o no el tipo penal acusado de Extorsión, dado que en ningún momento se hizo efectivo el pago del dinero exigido por los acusados, lo anterior por la oportuna denuncia e intervención de los agentes de la Fuerza Nacional Antiextorsión (Fusina), ya que Yesica Yaneth Avila Barahona fue detenida en forma inmediata, tal y como consta en el hecho probado Segundo antes descrito. Asegura que el hecho probado no encaja en un delito consumado de los imputados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, en el supuesto acto delictivo de Extorsión que se les imputa, siendo lo correcto por Extorsión en su grado de ejecución de Tentativa, pues quedó establecido que la imputada Yesica Yaneth Avila Barahona fue capturada momentos después de haberse realizado una entrega controlada por el ofendido, con auxilio de la policía, por lo que aprecia que el patrimonio del testigo protegido AD373 no fue puesto en peligro. Y por estimar que en el hecho declarado probado no aparecen elementos subjetivos que puedan subsumirse en una acción u omisión que lesione o ponga en peligro efectivo un bien jurídico protegido por la ley penal. Esta Sala considera que el artículo 222 del Código Penal que tipifica y sanciona el delito de Extorsión, literalmente dice: “Comete el delito de extorsión quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes y otros servicios obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar hacer alguna cosa; 2) ...; 3) ...”. El Tribunal de Sentencia declara terminantemente probado que: “Primero: Que el día veintiocho de agosto del dos mil quince siendo aproximadamente las ocho y treinta de la tarde, el testigo protegido AD-373 interpone una denuncia ante la fuerza nacional antiextorsión, manifestando que desde hacía seis meses personas que se hacían pasar como miembros de la organización de los Benjamín le hacían amenazas, que debía pagar la cantidad de cinco mil lempiras semanales o de lo contrario le quitarían la vida a él o alguno de sus familiares que en varias ocasiones hizo entrega de la cantidad requerida. Segundo: Ante tal denuncia los agentes de la fuerza nacional antiextorsión Fusina, asesoraron al testigo protegido para hacer una entrega controlada misma que fue realizada el veintinueve de agosto dos mil dieciséis. fecha en que habían citado al testigo protegido para hacer la entrega en la colonia Prados Universitarios hasta donde se trasladan tres equipos de vigilancia de la Fuerza Antiextorsión quienes observaron que llego una persona del sexo masculino a quien le dan seguimiento, y observan que el testigo protegido entrega el sobre con el dinero que habían seriado a una persona de sexo masculino a quien le dan seguimiento hasta la aldea Suyapa, donde la persona de sexo masculino entrega el paquete a otra persona de sexo femenino, siendo detenida de inmediato, manifestando llamarse Yesica Yaneth Ávila Barahona, la cual es detenida de manera inmediata. Tercero: En fecha dieciocho de febrero del dos mil dieciséis fue detenido el joven B. J. B. M. a quien el testigo protegido AD373 reconoció como una de las personas que llegó a su negocio a exigir el pago de los cinco mil lempiras bajo la advertencia de que si no lo hacía le quitaría la vida. De igual manera, dicho testigo protegido AD373 reconoce a este imputado, manifestando que era la persona que lo llamada por teléfono haciéndole las mismas advertencias.” Los hechos declarados probados se configuran perfectamente en un delito consumando de Extorsión en perjuicio del testigo protegido AD373, dado que el bien jurídico protegido, en este caso paquete con dinero, sale completamente de la esfera de protección del sujeto pasivo, mediando actos propios de intimidación o amenaza de sufrir un mal para el ofendido o su familia, plasmados en diversas llamadas telefónicas extorsivas hechas desde un teléfono celular y recibidas por el testigo protegido, por parte de personas que se identifican como miembros de la estructura criminal denominada Los Benjamín, que ordenan bajo amenaza al testigo desplazarse a lugar determinado y hacer entrega a un miembro de la organización, la suma de cinco mil lempiras semanales, siendo detenida la acusada Yesica Yaneth Ávila Barahona, de manera inmediata por parte de agentes de policía, y el señor B. J. B. M. meses más tarde, siendo reconocido por el testigo protegido AD373 como una de las personas que llegó a su negocio a exigir el pago de los cinco mil lempiras semanales bajo la amenaza de que de no hacerlo le quitaría la vida a él a o algún miembro de su familia, dinero que ha logrado despojar al testigo protegido AD373, con fines de lucro a favor de la organización delictiva denominada Benjamín. El tipo penal de extorsión no exige para su consumación que el sujeto activo o un tercero se haya lucrado en forma efectiva, sino que basta que la acusada esté en posesión y se haya apoderado, aunque fuera solo por breves instantes del bien, en este caso del paquete simulado de dinero, con fines de lucro para sí o a favor de un tercero, aún y cuando no se hayan beneficiado. El delito de extorsión atribuido a los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid es consumando, en virtud de que la acción desplegada por estos y descrita en en el hecho declarado probado se ajusta al contenido del artículo 14 del Código Penal, que literalmente dice: “Artículo 14. El delito es consumado cuando en él concurren todos los elementos de su tipificación legal”. Por lo que, en el presente caso, la sentencia recurrida no incurre en vicio de fondo que de lugar a casación por infracción de ley, por aplicación indebida del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal. Recurso de Casación por infracción de ley, por falta de aplicación del artículo 15 del Código Penal en relación con el artículo 222 del Código Penal. Segundo Motivo de Casación Normas autorizantes: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Concepto de la infracción: Falta de aplicación del artículo 15 del Código Penal en relación con el artículo 222 del Código Penal. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Se decrete la nulidad de la sentencia, dictando de inmediato la sentencia de fondo que en derecho corresponda. Resumen Haber incurrido el tribunal sentenciador en una falta de aplicación del precepto penal establecido en el artículo 15 en relación con el 222 del Código Penal, en vista que los hechos probados fueron calificados por el tribunal como constitutivo de delito de extorsión en perjuicio del ofendido AD373. En el referido cuadro fáctico no concurre el elemento subjetivo que configura el delito de Extorsión, pues en él no se atribuye a los imputados el apoderamiento de bienes propiedad del ofendido AD373, por la intervención de los agentes anti-extorsión al ser capturados en la Colonia Nueva Suyapa por la denuncia interpuesta por el testigo. Este delito no es de mera actividad sino de resultado, lo cual viene determinado por el ánimo de lucro y que se requiere obtener para sí o cualquier organización el dinero, bienes o servicios. Al haber interrumpido esa consumación o aprovechamiento de dinero después de la entrega controlada por los agentes anti- extorsión con el ofendido, hace que el delito quede en su grado de ejecución de tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. Concepto General del Recurso A través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el tribunal de instancia. A diferencia del tradicional recurso de apelación, propio del anterior sistema, que provoca un nuevo examen del caso por parte del tribunal revisor, tanto bajo el aspecto fáctico como jurídico, el de casación por infracción de ley únicamente admite la posibilidad de que el Tribunal de Casación realice un nuevo examen del objeto procesal bajo el segundo aspecto, o sea una revisión jurídica de los hechos declarados probados. A la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. El artículo 360 del Código Procesal Penal establece, que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal. De acuerdo a lo previsto en el artículo 338 del Código Procesal Penal, la sentencia se construye como un silogismo, en que la premisa menor, está integrada por el relato de hechos probados, la mayor por los fundamentos de derecho, y la conclusión, por el fallo. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invocan las norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Concepto especifico Al haber interrumpido esa consumación o aprovechamiento de dinero después de la entrega controlada por los agentes anti- extorsión con el ofendido, hace que el delito quede en su grado de ejecución de tentativa, al respecto el artículo 15 del Código Penal establece que hay tentativa cuando se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente. De la procedencia recurso. el recurso no es de recibo.Congruente con lo resuelto en el motivo anterior, esta Sala considera que los hechos declarados probados no se configuran en el tipo penal de Extorsión en grado de ejecución de tentativa en perjuicio del testigo protegido AD373 dado que el bien jurídico protegido, en este caso la suma de dinero exigida por el sujeto pasivo, para no causar un mal al ofendido o su familia, ya ha salido de la esfera de protección del sujeto pasivo, mediando intimidación o amenaza. La detención de los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid por parte de agentes de policía, se produce al estar ya Yesica Yaneth Avila Barahona en posesión material del paquete simulado de dinero injustamente obtenido, aun y cuando no haya tenido el tiempo, ni oportunidad de lucrase. Y al haber recibido Brayan Joel Barahona Madrid con anterioridad el dinero exigido para no causar un mal al ofendido a algún miembro de su familia. El tipo penal no exige para su consumación que el sujeto activo se haya lucrado con el bien injustamente obtenido, sino que basta que el acusado se haya apoderado, aunque haya sido por breves instantes, del bien con el fin de lucrarse. La consumación se produce cuando se realiza integralmente la conducta tipificada por la ley penal[1]. En este caso esta Sala considera que el hecho declarado probado no cumple con el contenido del artículo 15 del Código Penal, que literalmente dice: “Artículo 15. Hay tentativa cuando, con la intención de cometer un delito determinado, se realizan actos inequívocos de ejecución y no se consuma por causas ajenas a la voluntad del agente”. En el presente caso, los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid han realizado todos los elementos objetivos y subjetivos de la tipificación legal del delito de Extorsión, cuando el delito ya estaba plenamente consumado. Por lo que, en el presente caso, la sentencia recurrida no incurre en vicio de fondo que de lugar a casación por infracción de ley, por falta de aplicación del precepto contenido en el artículo 222 del Código Penal, en relación al 15 del mismo cuerpo legal. DECISIÓN. La Sala declara No ha lugar los dos motivos de casación por infracción de ley sustantiva, invocados por el recurrente. De la procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal Decreto 130-2017. A. Principio de Legalidad. El principio de legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post fáctum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos de retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1.Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2.Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 3. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es in malam partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia, aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuándo es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento, debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable). En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i. Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii. En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas en su totalidad, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B. Reglas de Ponderación de la norma más favorable en el Código Penal Decreto 130-2017 Tal y como manda el Principio de Identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgarán conforme a las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP). Corresponde a cada tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no, del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017. Cuando en la decisión judicial de la sentencia que se impugna, se aprecie un concurso real (Art. 66 en relación con los párrafos 8 y 9 del artículo 616 NCP) se procederá conforme a las siguientes reglas generales: a. La ponderación deberá realizarse, primero conforme al límite objetivo ordinario o límite objetivo extraordinario, según corresponda, y después conforme al límite subjetivo. Sin embargo, uno no es preferente sobre el otro, por lo que se aplicará el límite que sea menor; b.- La ponderación deberá realizarse, primero en consideración a las penas de manera global y solo cuando se constate que no sobrepasan los límites respectivos se procederá a realizar una comparación individual de cada pena. Cuando entre en acción el límite objetivo (ordinario o extraordinario), se deberá realizar una comparación global entre la suma de las penas impuestas conforme al CP-144-83 y los límites del concurso real que regula el CP-130-2017, siguiendo los siguientes pasos: a.- Se restará del concurso las penas de los delitos que hayan sido despenalizados; y b.- Si con las penas restantes la condena sobrepasa el límite objetivo (ordinario o extraordinario según sea el caso), la pena a cumplir será dicho límite. Para hacer efectivo el límite subjetivo, se multiplicará por tres la pena más alta impuesta, determinando si ésta sobrepasa o no los 30 años (límite objetivo ordinario) o los 40 años cuando corresponda (límite objetivo extraordinario): a. Si el resultado de la multiplicación sobrepasa los 30 años o 40 años, la pena se adecuará a dicho límite; b. Si el resultado de la multiplicación no sobrepasa los 30 o 40 años, se procederá a realizar la comparación de las penas de manera individual, conforme las siguientes reglas: i. Hacer la comparación individual de las penas conforme a las reglas de las penas no concursadas. ii. Si no existe modificación de penas y éstas, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste. iii. Si existe modificación de penas a la baja y, aun así, en suma, sobrepasan el límite subjetivo, se aplicará éste; iv. Si existe modificación de las penas a la baja y no sobrepasa el límite subjetivo, se cumplirán las penas conforme a su modificación a la baja, de manera íntegra. Recordemos que los límites de cumplimiento de pena que impone el artículo 66 cuando se trate de varias penas impuestas en concurso real: i. Límite Subjetivo: El máximo de la pena acumulada no podrá superar el triple de la pena más grave impuesta; ii. Límite Objetivo Ordinario: El total de las penas no podrá exceder de 30 años; iii. Límite Objetivo Extraordinario: El total de las penas no podrá exceder de 40 años, cuando una de las penas exceda de 20 años. Se exceptúa de lo anterior, es decir que dichos límites no se observarán, cuando uno de los delitos tenga como pena máxima la prisión a perpetuidad. C. Ponderación en el caso concreto. En defecto de solicitud expresa de parte interesada respecto de la aplicación retroactiva de la ley penal, en lo que fuere favorable a los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 624 del Código Penal vigente (Decreto 130-2017) en forma oficiosa esta Sala resuelve: En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso a la acusada Yesica Yaneth Avila Barahona, la pena de quince años de reclusión y Multa de Cincuenta salarios mínimos por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AD373; y al acusado Brayan Joel Barahona Madrid,también la pena quince años de reclusión y Multa de Cincuenta salarios mínimos por el delito de Extorsión en perjuicio del Testigo Protegido AD373, más las penas accesorias impuestas a los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid de inhabilitación absoluta e interdicción civil, responsabilidad civil proveniente de delito por el que se le condena, son costas procesales, personales ni gastos del juicio, con fundamento en el artículo 222 reformado del Código Penal (Decreto No. 144-1987). Conforme las disposiciones del Código Penal (Decreto No. 130-2017), a las personas responsables del delito de Extorsión se les sanciona con una pena abstracta de 10 a 15 años de prisión y Multa de 500 a 1000 días con la agravante especifica de haberse cometidos los hechos en el ámbito de un grupo delictivo organizado, que aumenta la pena abstracta anterior en 1/3. (Artículos 373 y 374.1 del Código Penal), quedando la nueva pena abstracta del delito de Extorsión Agravada en 15 a 20 años de prisión y Multa de 1000 a 1,333.33 días. Por lo que la pena impuesta a los acusados se encuentra comprendida en el rango de la pena a imponer la que no representa un beneficio para los acusados Yesica Yaneth Avila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, en aplicación retroactiva de la ley penal, conforme dispone el artículo 616 del Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 360 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara No ha Lugar el Recurso de Casación por infracción de ley sustantiva en sus dos motivos, interpuesto por los Gladys Lamar Ortíz y Arnaldo Alcides García Alvarado, en su condición de Defensores Públicos de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid; Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017 por no representar un beneficio a favor de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid; Tercero: declara Firme y Ejecutable la sentencia impugnada de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante se condena a la señora Yesika Yaneth Ávila Barahona, como autora del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AD373, a la pena de quince años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos; se condena al señor Brayan Joel Barahona Madrid, como autor del delito de Extorsión, en perjuicio del Testigo Protegido AD373, a la pena de quince años de reclusión, más una multa de cincuenta salarios mínimos; se condena a los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; se declara la responsabilidad civil de los señores Yesika Yaneth Ávila Barahona y Brayan Joel Barahona Madrid, no se les condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, y se ordena la devolución de dos billetes de cien lempiras con series BX71588147 y PX6117163 y del teléfono celular, marca Mobile, color negro que fue presentado como evidencia a quien demuestre ser su legítimo propietario; Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada Coordinadora. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de julio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintinueve de abril del año dos mil veintiuno, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-02-2018.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] René Suazo lagos. Lecciones de Derecho Penal I. 11ava. Edición. 2010. Página 169.