Sentencia CP-96-17 — Registro 11227
Resumen
Se declara con lugar el recurso de cascaión interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia que absuelve a los imputados por el delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO. El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que: “el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor J. O. H. L., se encuentran despenalizados por los decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prórrogas sucesivas”. Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, el mismo ha establecido: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que el día 12 de mayo del año 2014, a eso de las siete con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido M 33-2014, se encontraba en un negocio ubicado en el barrio el Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando llegó J. O. H. L. acompañado de un menor de edad, sacándose de su cintura el joven J. O., un arma de fuego que portaba tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, encañonando al testigo protegido y lo despojó de una cadena de plateada y un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, dándose a la fuga. Inmediatamente el ofendido interpuso la denuncia correspondiente. Segundo. Ese mismo día como a eso de las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, atendiendo la denuncia interpuesta por el testigo protegido, acudieron a la Colonia El Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, observando a una persona de similares características a las que había dado el testigo protegido de su agresor, quien al percatarse de la presencia policial, salió en veloz carrera, ingresando a una casa de habitación, ubicada en la misma colonia, calle principal, vivienda número 420, donde la policía le persiguió, logrando ingresar y encontrando en un mismo cuarto a los señores Arnold Norberto Prudencio Mendoza, propietario de la vivienda, así como a J. O. H. L., que venía huyendo de la policía y a los jóvenes C. G. S. L. y B. C. W. F. y un menor de edad. Acto seguido los agentes de la policía practicaron un registro en la casa de habitación, encontrando que en el mismo cuarto donde estaban los jóvenes, un arma de fuego tipo pistola color plateado, calibre 45, marca Llama serie A06 129, con la cual el joven J. O. H. L., encañonó al testigo protegido, misma que presentaba buen estado de funcionamiento y cerca de la pared había un arma de fabricación casera tipo chimba, calibre 20 Gaugel, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, así como una cadena plateada.” Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. O. F. L., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por J. O. F. L., es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley” ... 4. Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado J. O. F. L., en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado J. O. F. L., fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto en amparo AP-SCO-241, 351, 365, Y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera la Sala Constitucional en el Amparo penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. “Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estadio lo que se pretendería es motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación. con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente..."
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, fue encontrado en posesión un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por estas razones declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación en el Recurso de Casación SP-96-2017 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Condenó al señor J. O. H. L., como autor del delito de Robo simple, en perjuicio del Testigo Protegido M 33-2014 a la pena principal de seis años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Segundo: Declaró la responsabilidad civil del señor J. O. H. L., derivada por el delito que se le condena.- Tercero: Absolvió al señor J. O. H. L., del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Cuarto: Condenó al señor Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años, seis meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Quinto: Declaró la responsabilidad civil del señor Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, derivada del delito por el que se le condena.- Sexto: Absolvió al señor Cristhian Geovany Sandoval Lara, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Séptimo: Absolvió al señor Bramly Chalmer Williams Fúnez, del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Prohibida en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Octavo: No condenó a los señores J. O. H. L. y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Noveno: Se puso a disposición de ese Tribunal las siguientes piezas de convicción: a) Un arma de fuego color plateado, marca llama, calibre 45 auto, serie A06129, con su respectivo cargador, conteniendo tres proyectiles que en su base se lee 45 auto, b) Un arma de fuego de fabricación casera tipo chimba, con las características de una escopeta, de madera y tubos y c) Una cadena plateada, procede declarara el comiso de las armas de fuego anteriormente descritas, así mismo se ordena la devolución de una cadena plateada, a la persona que acredite ser su legítimo propietario. Interpuso recurso de casación el Abogado Rubén Adolfo Reyes Gámez, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Son partes en la única instancia: La Abogada Ilse Adela Fuentes, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Dinabel López Durón y Mario Reiniery Amador, en su condición de defensores públicos de los señores J. O. H. L. y Arnold Nolberto Prudencio Mendoza, como parte recurrida. Hechos Probados de la instancia “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que el día 12 de mayo del año 2014, a eso de las siete con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido M 33-2014, se encontraba en un negocio ubicado en el barrio el Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando llegó J. O. H. L. acompañado de un menor de edad, sacándose de su cintura el joven J. O., un arma de fuego que portaba tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, encañonando al testigo protegido y lo despojó de una cadena de plateada y un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, dándose a la fuga. Inmediatamente el ofendido interpuso la denuncia correspondiente. Segundo. Ese mismo día como a eso de las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, atendiendo la denuncia interpuesta por el testigo protegido, acudieron a la Colonia El Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, observando a una persona de similares características a las que había dado el testigo protegido de su agresor, quien al percatarse de la presencia policial, salió en veloz carrera, ingresando a una casa de habitación, ubicada en la misma colonia, calle principal, vivienda número 420, donde la policía le persiguió, logrando ingresar y encontrando en un mismo cuarto a los señores Arnold Norberto Prudencio Mendoza, propietario de la vivienda, así como a J. O. H. L., que venía huyendo de la policía y a los jóvenes C. G. S. L. Y B. Ch. W. F. Y Un Menor De Edad. Acto seguido los agentes de la policía practicaron un registro en la casa de habitación, encontrando que en el mismo cuarto donde estaban los jóvenes, un arma de fuego tipo pistola color plateado, calibre 45, marca Llama serie A06 129, con la cual el joven J. O. H. L. encañonó al testigo protegido, misma que presentaba buen estado de funcionamiento y cerca de la pared había un arma de fabricación casera tipo chimba, calibre 20 Gaugel, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, así como una cadena plateada.” Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos El Recurrente Abogado Rubén Adolfo Reyes Gámez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: Exposición de los motivos de casación por infracción de ley primer motivo Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto autorizante: artículo 360 del código procesal penal. Exposición del motivo: el a quo en la sentencia en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “primero: que el día 12 de mayo del año 2014, a eso de las siete con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido m 33-2014, se encontraba en un negocio ubicado en el barrio el Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando llegó J. O. H. L. acompañado de un menor de edad, sacándose de su cintura el joven J. O. un arma de fuego que portaba tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06 129, encañonando al testigo protegido y lo despojó de una cadena de plateada y un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, dándose a la fuga. Inmediatamente el ofendido interpuso la denuncia correspondiente. SEGUNDO: Ese mismo día como a eso de las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, atendiendo la denuncia interpuesta por el testigo protegido, acudieron a la Colonia El Mixto de la ciudad de La Lima Cortés, observando a una persona de similares características a las que había dado el testigo protegido de su agresor, quien al percatarse de la presencia policial, salió en veloz carrera, ingresando a una casa de habitación, ubicada en la misma colonia, calle principal, vivienda número 420, donde la policía le persiguió, logrando ingresar y encontrando en un mismo cuarto a los señores Arnold Norberto Prudencio Mendoza, propietario de la vivienda, así como a J. O. H. L. que venía huyendo de la policía y a los jóvenes C. G. S. L. y B. C. W. F. y un menor de edad. Acto seguido los agentes de la policía practicaron un registro en la casa de habitación, encontrando que en el mismo cuarto donde estaban los jóvenes , un arma de fuego tipo pistola color plateado, calibre 45, marca Llama serie A06 129, con la cual el joven J. O. H. L. encañonó al testigo protegido, misma que presentaba buen estado de funcionamiento y cerca de la pared había un arma de fabricación casera tipo chimba, calibre 20 Gaugel, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, así como una cadena plateada. El artículo 332-B del Código Penal establece que: “Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. En relación al ilícito de Portación Ilegal de Armas Realizado Por J. O. H. L.: Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido como una verdad incuestionable que el imputado J. O. H. L., fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, indicando además en el factum, que dicha arma de fuego fue la que utilizó el acusado J. O. para encañonar al testigo protegido clave 33-2014 para asaltarlo; siendo evidente que la declaración de los hechos probados, describe los elementos objetivos y subjetivos del artículo señalado como infringido, es decir que, éstos sin permiso de la autoridad competente, transportaban y poseían, armas de fuego y pese a ello dictó una sentencia absolutoria por este delito. Dentro de la estructura de la sentencia, se encuentra el apartado de fundamentación jurídica, donde el juzgador expresa los preceptos o doctrinas legales aplicables al caso y los fundamentos legales de la calificación de los hechos probados; en el caso de mérito, el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor J. O. H. L. se encuentran despenalizados por los Decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prorrogas sucesivas, desconociendo que el espíritu de éstas normas, es legalizar la tenencia de armas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de acudir durante un periodo de tiempo a inscribir las mismas, pero debe analizarse sí existe voluntad del sujeto activo para legalizar esta tenencia, y en el caso in examiné, se desprende del factum, que la intención por parte del ahora imputado no era acudir a la autoridad competente a registrar las armas de fuego con la cual fue detenido, dado que la misma fue utilizada para encañonar y asaltar al testigo protegido; de ahí que lo expresado en este apartado de fundamentación jurídica, en nada respalda lo afirmado en el cuadro fáctico, por tanto debió dictarse una sentencia condenatoria tal y como lo peticionó el ente fiscal. Por lo antes expresado, al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues J. O. H. L., fue detenido con un arma de fuego tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo de la cual no portaba el permiso de la autoridad correspondiente, lo que constituye una vulneración a la norma citada como infringida. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo...”[1]; y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado. Por lo antes expuesto la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. Haciendo la observación que en lo que respecta a la condena impuesta al imputado J. O. H. L. por el delito de robo simple en perjuicio de Testigo Protegido M 33-20 14, quede incólume. en relación al ilícito de Portación Ilegal De Armas Realizado por Arnold Norberto Prudencio Mendoza: Primer Motivo: Infracción de Ley por Aplicación Indebida del artículo 332-B del Código Penal, en relación con los artículos 7 y 27 de la ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo: Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido por establecido que en la casa del acusado Arnold Norberto Prudencio Mendoza fue encontrada un arma de fuego de fabricación casera, tipo chimba, calibre 20 Gaugel, la cual presenta buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, en razón de ello, emite sentencia condenatoria imponiéndole una pena de tres (3) años con seis (6) meses de reclusión. Sin embargo, el A quo subsumió el actuar antes descrito en el artículo 332-B del Código Penal, que regula el delito de Portación Ilegal de Armas de naturaleza Comercial, que al respecto establece: “Quien sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivo y otros materiales relacionados con ellas”... de la norma supra indicada advertimos, que el primer elemento típico que exige, es “quien sin permiso de la autoridad competente”, permiso que está regulado en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas y en el que nos describe las armas permitidas prescribiendo lo siguiente: “Para los efectos de esta ley, se consideran permitidas de conformidad con reglamentación al efecto, las armas defensivas y deportivas siguientes: 1) Armas de puño o cortas: Los revólveres y pistolas semiautomáticas hasta punto cuarenta y cinco pulgadas (45) u once punto cinco milímetros (11.5) de calibre. 2) Las armas de hombro o largas: Fusiles y cabinas de acción mecánica semiautomática, hasta punto trescientas ocho pulgadas de calibre (308), y 3) Escopetas de acción mecánica el que nos describe las armas permitidas 10, doce (12), dieciséis (16), veinte (20) y punto cuatrocientos diez (410), siempre que el cañón no sea menor de cuarenta y seis centímetros o dieciocho pulgadas. Al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por Aplicación Indebida, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues un arma de fabricación casera (chimba) no se considera como de uso personal defensivo, ni deportiva, ni comercial, en virtud que este tipo de arma se excluye de la nómina establecida en el artículo 7 de la Ley de Control de Armas. Otro aspecto de vital importancia, es que la acción por la cual el encausado fue llevado a juicio se circunscribió a la penalización de la posesión del objeto en sí denominado comúnmente como “chimba”, (con apariencia de escopeta), independientemente del tipo de munición que sea utilizada para su percusión, misma que jamás podría ser objeto de un registro legal por parte del Estado, consecuentemente tampoco resulta factible la obtención de permiso emitido por autoridad competente, ni autorizada su fabricación, ni tenencia, circunstancia que imposibilita que se pueda tornar de carácter comercial. Extremo que es admitido por el propio Tribunal en el apartado de fundamentación jurídica cuando indica en relación al arma tipo chimba decomisada al enjuiciado” ... si bien es cierto, la Ley Especial considera como un arma prohibida y que por su naturaleza no es susceptible de inscripción en el Registro balístico, ciertamente instrumento como el decomisado, jamás puede equipararse al tipo de armas que refiere la normal como armas prohibidas. (Refiriéndose al artículo (332 B). Atendiendo las citadas argumentaciones, es que estima el Ministerio Público, que el precepto penal sustantivo aplicado por el ente jurisdiccional no tiene vigencia en la decisión del caso subjudice, por ende, solicita que se case la sentencia cuestionada a través de esta vía impugnativa.” Segundo Motivo: Infracción de Ley, por Falta de Aplicación del Artículo 332-A del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del Motivo: El precepto penal de orden sustantivo que se cita como infringido textualmente dice: “Artículo 332-A: “Fabricación y Tráfico de material de guerra, armas y municiones. La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47, en cualquiera de sus modelos será sancionada con pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (Lps. 5,000.00) a diez mil (Lps.10,000.00) lempiras por cada arma incautada.” El Juzgador realiza su fundamentación jurídica orientada a sustentar la parte conclusiva de su fallo, procurando explicar por qué el tipo que se adecua al hecho único declarado como probado, es el contenido en el artículo 332-B del Código Penal, es así que en el citado apartado establece “Para estos juzgadores, no es posible encuadrar la conducta del imputado en el artículo 332 A del Código Penal, pues si bien es cierto la ley especial la considera como un arma prohibida y que por su naturaleza no es susceptible su inscripción en el registro balístico, ciertamente el instrumento como el decomisado jamás puede equiparase al tipo de armas que refiere el mencionado artículo, pues la experiencia común nos indica que se trata de instrumentos con mecanismos rudimentarios, que únicamente permiten un disparó a la vez; inclusive, con menor capacidad de lesividad que cualquier arma de fuego permitida por nuestro ordenamiento jurídico… acción esta que se subsume en el tipo penal antes aludido por las consideraciones siguientes: a)La máxima de la experiencia nos han demostrado que las armas de fabricación casera percuten proyectiles de los que la ley de control de armas. Municiones, explosivos y otros similares considera como permitidos. B) tal como lo expresamos en el numeral primero de este apartado, las armas artesanales no pueden considerarse armas de guerra, básicamente por su mecanismo rudimentario, ya que sólo permite un disparo a la vez, sumado a lo anterior dichas armas artesanales (chimbas), se caracterizan por que cuentan con una limitada capacidad lesiva, al grado que estos instrumentos con apariencia de arma de fuego tienen una menor capacidad de almacenamiento de proyectiles que las mismas armas permitidas por nuestro ordenamiento jurídico.” Cabe mencionar que dicha arma por la munición utilizada no se puede considerar de guerra, sin embargo, el uso de la munición comercial hace subsumible en el tipo penal por el cual se le declaró culpable.” Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que el hecho de poseer un arma de fuego artesanal (chimba) no es una conducta constitutiva del ilícito penal de Portación Ilegal de Armas de Guerra, por lo que se ve obligado a acudir a sus meras apreciaciones, en la sección del fallo que corresponde a explicar los fundamentos jurídicos en que sustenta su decisión. Del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, los cuales fueron transcritos en el motivo que antecede, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” (ver sentencia SP-248-2010 de 17 de Febrero de 2013) y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: a. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; b. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Primer Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, Municiones, Explosivos y otros similares. *Concepto de la infracción: Falta de aplicación del precepto penal sustantivo. *Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación por infracción de ley. Resumen El motivo de casación por infracción de ley interpuesto por la recurrente denuncia que el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor J. O. H. L., se encuentran despenalizados por los Decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prorrogas sucesivas, desconociendo que el espíritu de estas normas es legalizar la tenencia de armas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de acudir durante un periodo de tiempo a inscribir las mismas, pero debe analizarse sí existe voluntad del sujeto activo para legalizar esta tenencia, y en el caso in examiné, se desprende del factum, que la intención por parte del ahora imputado no era acudir a la autoridad competente a registrar las armas de fuego con la cual fue detenido, dado que la misma fue utilizada para encañonar y asaltar al testigo protegido; de ahí que lo expresado en este apartado de fundamentación jurídica, en nada respalda lo afirmado en el cuadro fáctico, por tanto debió dictarse una sentencia condenatoria tal y como lo peticionó el ente fiscal. Por lo antes expresado, al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de casación, pues Jefryn Oquelí Hernández Lara, fue detenido con un arma de fuego tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo de la cual no portaba el permiso de la autoridad correspondiente, lo que constituye una vulneración a la norma citada como infringida. y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuestos, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado. Delito de Portación Ilegal de Armas (art 332B Código Penal). La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como armas de fuego a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante Ley de Armas), reconoce el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; pero además la ley era especifica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que hiciere del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual termino (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirá en el delito la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Del Decreto Legislativo N° 184-2013. El artículo 98 de la Constitución de la República dispone que: “Ninguna persona podrá ser detenida, arrestada o presa por obligaciones que no provengan de delito o falta.”; disposición constitucional que es armónica con lo preceptuado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 15.1 establece que: “Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho nacional o internacional……”. Por ello toda ley debe ser tridimensional: debe ser positiva, debe ser válida y debe ser eficaz; la validez de una norma puede ser formal y material: i) Hay validez formal cuando la ley ha sido creada mediante el procedimiento legislativo correspondiente; ii) Hay validez material cuando la ley está vinculada a un ámbito material de regulación, sin lo cual no puede considerarse obligatoria (la obligatoria observancia de los ciudadanos en cumplirla y la obligatoria reacción de la autoridad de imponer las consecuencias legales a aquellos que la incumplan). Tratándose de los artículos 332-A y 332-B del Código Penal hoy vigente, su positividad ha sido suspendida temporalmente en varias ocasiones por el legislador, como consecuencia de la aprobación de Decretos Legislativos, en los que usando términos como “Veda” o “Amnistía” el legislador concede términos de gracia para que las personas particulares pudiesen hacer registro de armas comerciales y entrega de armas prohibidas; este es el caso del decreto 184-2013, el cual en su artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de veda o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. El motivo de casación por infracción de ley, interpuesto por el recurrente, denuncia que: “el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, ha establecido que los hechos ejecutados por el señor J. O. H. L., se encuentran despenalizados por los decretos 184-2013, cuya vigencia fue ampliada mediante prórrogas sucesivas”. Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, el mismo ha establecido: “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero: Que el día 12 de mayo del año 2014, a eso de las siete con treinta minutos de la mañana, el testigo protegido M 33-2014, se encontraba en un negocio ubicado en el barrio el Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, cuando llegó J. O. H. L. acompañado de un menor de edad, sacándose de su cintura el joven J. O., un arma de fuego que portaba tipo pistola, color plateado, calibre 45, marca Llama, serie A06129, encañonando al testigo protegido y lo despojó de una cadena de plateada y un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy, dándose a la fuga. Inmediatamente el ofendido interpuso la denuncia correspondiente. Segundo. Ese mismo día como a eso de las cuatro con treinta minutos de la tarde, agentes de la Policía Nacional Preventiva, atendiendo la denuncia interpuesta por el testigo protegido, acudieron a la Colonia El Mixto de la ciudad de La Lima, Cortés, observando a una persona de similares características a las que había dado el testigo protegido de su agresor, quien al percatarse de la presencia policial, salió en veloz carrera, ingresando a una casa de habitación, ubicada en la misma colonia, calle principal, vivienda número 420, donde la policía le persiguió, logrando ingresar y encontrando en un mismo cuarto a los señores Arnold Norberto Prudencio Mendoza, propietario de la vivienda, así como a J. O. H. L., que venía huyendo de la policía y a los jóvenes C. G. S. L. y B. C. W. F. y un menor de edad. Acto seguido los agentes de la policía practicaron un registro en la casa de habitación, encontrando que en el mismo cuarto donde estaban los jóvenes, un arma de fuego tipo pistola color plateado, calibre 45, marca Llama serie A06 129, con la cual el joven J. O. H. L., encañonó al testigo protegido, misma que presentaba buen estado de funcionamiento y cerca de la pared había un arma de fabricación casera tipo chimba, calibre 20 Gaugel, la cual presentaba buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, así como una cadena plateada.” Del análisis de los hechos fijados por el tribunal, quedó plenamente acreditada la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado J. O. F. L., quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al portar un arma de fuego de naturaleza comercial, en buen estado de funcionamiento, sin contar el permiso expedido por la autoridad competente, el cual se subsume en la normativa penal del artículo 332-B del Código Penal, en virtud de las razones que enunciamos a continuación: 1. Del relato fáctico se evidencia la ejecución de la acción por parte del imputado y que constituye el ilícito de Portación Ilegal de Arma Comercial, por el cual fue acusado por el Ministerio Público. 2. El sentenciador decide que la norma aplicable a los hechos plasmados en el factum, y que claramente describen el ilícito perpetrado por J. O. F. L., es el decreto 184-13. La decisión del sentenciador, además, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1: “Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la ley” ... 4. Como ha sido señalado, el relato fáctico evidencia la responsabilidad como autor del acusado J. O. F. L., en el delito por el cual fue acusado y que al tenor de lo establecido en el Artículo 332-B del Código Penal, dicha conducta es constitutiva del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial. 5. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el a quo ha incurrido en el vicio por falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, dado que el imputado J. O. F. L., fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, en perfecto estado de funcionamiento, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por el juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. La Sala Constitucional en relación a esto en amparo AP-SCO-241, 351, 365, Y 370-2015, en el considerando número diez de la sentencia establece: “Que la Sala de lo Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el despenalizar los artículos correlativos del Código Penal: a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda” por parte del estado, lo que se pretendía era motivar efectivamente a la ciudadanía a que hiciera efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el estado de obtener control del parque de arma de fuego circulante en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y la seguridad como valor constitucional fundante del estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el estado de Honduras...” De igual manera la Sala Constitucional en el Amparo penal 1104-14, en su Considerando número catorce establece: “Que en resumen la Sala Constitucional entiende que el espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos del Código Penal. “Pues de haber sido esa la finalidad de la creación del Decreto 184-2013, así hubiese quedado plasmado”; observando la Sala más bien que la puesta de la referida veda por parte del Estadio lo que se pretendería es motivar efectivamente a la ciudadanía a que haga efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación. con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de derecho, mas no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras, por lo que declara con lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Recurso de Casación por Infracción de Ley interpuesto por el Ministerio Público. Segundo Motivo. *Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332 A del Código Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación del precepto penal sustantivo. *Pretensión: Que se declare ha lugar el recurso de casación por infracción de ley. Resumen El motivo de casación por infracción de ley interpuesto por el recurrente denuncia que del análisis del precepto en referencia, conforme los hechos fijados por el Tribunal, quedó plenamente acreditado la existencia de un hecho típico donde el sujeto activo es el imputado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, quien tomó parte directa en la ejecución del hecho al poseer un artefacto de fabricación casera prohibido por la ley, el cual se subsume en la normativa penal del articulo 332 A del Código Penal, en virtud que como hemos indicado en el primer motivo planteado, se trata de armas para las cuales el Estado no prevé una posibilidad de registrar y por ende legalizar. En ese sentido debemos indicar, que la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado en relación a que: “sólo se podrán poseer y o/ portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que deberán tener las características que estipula el artículo 7 y 9 de la Ley de Armas” y como hemos venido arguyendo, las armas de fuego de fabricación artesanal (chimbas) no se ajustan a tales parámetros y llevan implícito un riesgo mayor al no poseer controles estatales. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-A, dado que el imputado fue encontrado portando un arma, en este caso de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y por considerarla un arma de guerra; por ende, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” De la Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). Se ha podido constatar por parte de esta Sala de lo Penal, la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues, en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B. Sin embargo, tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, en los fallos No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, fijando doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, exceptuando las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida, los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y, además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, transportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala que debe entenderse o cuales son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben de considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semi automática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y, son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal. Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita. Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al campo del derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven en nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras. La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”. El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; por consiguiente, debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en las Adquisiciones de Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación; además a la Convención Sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo Sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción; la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrial (mediante el uso de mecanismos automático o semi automático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanal (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de uso personal: El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo, al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), siendo éste el ámbito situacional que sanciona el legislador y al que debemos ceñirnos. Señala el tipo penal en cuestión: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas. Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo, al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (armas automáticas), 2 (armas de fabricación casera o artesanal) y 5 (armas de fantasía) del artículo 8 de la Ley de Armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: *Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; *Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; *Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: *No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o *Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. La sanción a imponer a las personas responsables será de tres (3) a seis (6) años. Tratamiento Penal a las Armas de Fabricación Casera o Artesanal. El delito de portación ilegal de armas es un delito de mera actividad, permanente y de peligro abstracto que atenta contra la Seguridad Interior del Estado como bien jurídico tutelado por la ley penal, basta para su consumación la posesión, no en el sentido jurídico de propiedad, sino en el material de disponibilidad.[2] Al revisar las exigencias objetivas que contiene el referido tipo penal, aparece que: “quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre, o venda armas de fuego y municiones de uso personal…”. Las armas de fabricación casera o artesanal, son precisamente armas de fuego, al estar diseñadas para lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora. Su fabricación es prohibida o ilícita, dado que no se permite la producción, tenencia y comercialización de este tipo de armas; es por ello que están catalogadas como armas prohibidas (Artículo 7.1 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones. Explosivos y otros similares). Se consideran armas de fabricación casera tanto aquellas fabricadas a partir de componentes no destinados para su elaboración, como aquellas de fabricación industrial a la cual se le agregan componentes ajenos no fabricados para tal fin. Normalmente las armas de fabricación casera se diseñan para accionar cartuchería fabricada industrialmente, por lo que el proyectil (objeto que se proyecta), son balas industriales, la mayoría de veces de comercio lícito. Se insiste en que un arma de fabricación artesanal es considerada prohibida, y por ende, su portación será siempre sin contar con el permiso de autoridad alguna y entra claramente en las que pueden considerarse de uso personal, pues, quienes fabrican o recurren a la portación de las chimbas, utilizan o portan una arma que perfectamente se puede considerar y de hecho se convierte y es utilizada como de “uso personal” con la cual efectivamente se pueden cometer hechos ilícitos, representando la sola portación ilegal un peligro real para el bien jurídico, requiriendo el tipo subjetivo el animus detinendi, no siendo necesario un animus domini; así es suficiente con que la relación entre el arma y el sujeto activo del delito permita la disponibilidad de la misma, permita, en definitiva, a voluntad de quien la porta su utilización conforme al destino o función objetiva que le es inherente Se ha insistido por parte de esta Sala de lo Penal, que las armas de fabricación casera, no pueden ser sancionadas mediante la aplicación del artículo 332-A del Código Penal, al no ser éstas armas de guerra, pues su potencial destructivo, si bien es real, no puede entenderse similar, ni ser considerado de guerra, entonces son armas de uso personal confeccionadas artesanalmente, cuyo comercio es de carácter ilícito, encontrándose tipificadas en el artículo 332-B tanto su fabricación, almacenaje, tenencia, transporte, uso, importación, exportación, adquisición y venta, dado que de éstas no es posible obtener permiso de autoridad competente para realizar tales conductas. Al referirse el artículo 332-B del Código Penal, al término armas de uso personal si pueden considerarse comprendidas las chimbas y sancionarse el caso concreto que corresponda con la sanción predeterminada en dicha norma. Esta Sala de lo Penal considera que no obstante que en la ley penal vigente no menciona de forma expresa que constituya delito la fabricación y posesión de chimbas, lo cierto es que este tipo de armas se ajusta perfectamente al concepto general de arma de fuego dispuesto en la Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, y a su vez dicha definición debe articularse con lo dispuesto en alguno de los artículos 332-A y 332- B del Código Penal, eso en razón al tipo de mecanismo, calibre, poder destructivo y demás características particulares que tenga el arma de fabricación no industrial, casera o artesanal de que se trate. Esta Sala de lo Penal estima que el principio de Favor Rei, opera en el presente caso, no para generar impunidad por la tenencia prohibida de armas caseras, denominadas chimbas, pues la intención del legislador ha sido el de penalizar la portación, uso, fabricación, y demás actividades ilícitas vinculadas, de todo tipo de armas de fuego, incluyendo las de fabricación casera o artesanal, con las cuales también se pone en peligro la seguridad interior del Estado de Honduras, y de su población en general, pues con ellas, personas particulares, así como miembros de organizaciones criminales cometen toda clase de delitos que por la gravedad deben ser sancionada penalmente, conforme a las líneas interpretativas establecidas en casación. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El Ministerio Público expone en su recurso que el Tribunal de Sentencia ha incurrido en un vicio por falta de aplicación del artículo 332-A del Código Penal, dado que el imputado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, fue encontrado en posesión un arma de fabricación casera, sin contar con el permiso de la autoridad competente por ser prohibida y considerada un arma de guerra, pero esta Sala de Casación ya ha establecido que el arma de fuego que portaba el acusado no reúne las especificaciones y características propias de las armas de guerra o de combate que establece el artículo del Código Penal citado anteriormente, esto debido a que la naturaleza de elaboración artesanal no permite considerarla como arma de guerra, su potencial destructivo si bien es real, no puede entenderse equivalente ni ser considerado como de guerra, ya que este último posee un diseño de alto impacto destructivo e implicará el uso de tecnología para la manufacturación de sus piezas y ensamblaje industrial de las mismas, o bien, la implementación de herramientas utilizadas manualmente para su manufactura, lo cual no es propio de nuestra realidad ni del caso que nos ocupa, ya que las armas caseras usualmente se construyen de manera rudimentaria y para el uso de proyectiles de tipo comercial de menor impacto y alcance en comparación a las armas de guerra. Por estas razones, no puede atenderse positivamente el argumento recursivo del Ministerio Público. Sin perjuicio de lo anterior, en aplicación del principio de subsidiariedad que resuelve los casos de concurso de leyes (Artículo 2-A numeral 2 del Código Penal), se advierte que los hechos declarados probados se subsumen en un tipo penal que tiene igualmente como fin la protección de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, ya que al confrontar los hechos declarados probados de la sentencia con el contenido del artículo 332-B del Código Penal, se concluye que existe identidad entre uno y otro, pues el primero reproduce el ámbito situacional previsto en el segundo, encuadrándose con los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal. Por lo anterior, no cabe duda de que el acusado es responsable penalmente de un delito de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, pues portaba al momento de su captura, un arma de fuego de fabricación casera o artesanal con la morfología de una pistola de asalto; tal conducta, como ha explicado previamente la Sala de lo Penal, representa un peligro para la seguridad general o de la comunidad, en tanto que siendo un instrumento apto para herir o incluso matar, o para causar la afectación de un bien jurídico protegido por la norma penal, ha estado en posesión del acusado Arnold Norberto Prudencio Mendoza, al margen de la fiscalización que sobre las armas de fuego debe ejercer el Estado de Honduras; de ahí que el comportamiento del procesado merezca el reproche penal previsto en el artículo 332-B del Código Penal. Por estas razones declara sin lugar el motivo de casación invocado por el recurrente. Decisión Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal en su primer motivo, interpuesto por el Ministerio Público. No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 338, 359, 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal. Falla: Primero: Declara Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley, en su primer motivo interpuesto por el Ministerio Público; Segundo: Declara No Ha Lugar el recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal en su segundo motivo, interpuesto por el Ministerio Público. Tercero: Casa la sentencia de fecha cinco de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en consecuencia: Revoca el numeral tercero de la parte resolutiva, en el siguiente sentido: Se debe condenar y se condena al señor J. O. H. L., de generales conocidas en autos, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndole la pena principal de tres (03) años de reclusión; asimismo, se condena al señor J. O. H. L., a las penas accesorias de Interdicción Civil e Inhabilitación Especial, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena principal; quedando incólume la sentencia en sus demás numerales. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al párrafo primero del artículo 385 del Código Procesal Penal en relación al pronunciamiento condenatorio emitido y, librar copia certificada de la presente resolución a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, para el debido registro del antecedente penal del señor J. O. H. L., (Artículo 06 del Código Procesal Penal). Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. FIRMA Y SELLO. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-96-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
28 de 28
[1] Sentencia de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No.S.P.248-2010.
[2] Vid Sentencia de Casación Penal SP 328-2016 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 31 de octubre de 2019. Sentencia de Casación Penal SP 473-2015 dictada por la Sala de lo Penal en fecha veintiocho de julio del año dos mil dieciséis.