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Sentencia CP-89-17 — Registro 11226

Resumen

En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de Robo, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El Recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el recurrente funda su motivo de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, concretamente de la regla lógica de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, en su característica de suficiencia, en la valoración de las pruebas de cargo, consistentes en los medios de pruebas siguientes: declaración de la testigo: M. R. P. C., cuando en uno de los segmentos de su manifestación dice "el me asaltó" y más adelante refiere "me quitó el teléfono y se fue", lo señaló en la audiencia, es decir si lo reconoce como la persona que le dañó, además de reconocer el teléfono en sala de juicio; Dictamen psicológico ratificado por el Licenciado Jonatán Antonio Gonzales Gallegos, el cual refleja que M. R. P., presenta trauma de conflicto sexual reciente, con una inteligencia límite que presenta dificultad o lentitud en el aprendizaje y adquisición de competencias, cuya gran limitación es la pobreza de pensamiento abstracto, con una capacidad intelectual del 72% lo cual nos muestra la razón del porqué de lo menuda en su declaración, pues no es normal ese porcentaje a su edad, cabe mencionar que si bien la prueba psicológica señala que la entrevistada muestra trauma de conflicto sexual reciente, esto no suplanta lo que no nos pudo decir un ADN en cuanto  al abuso sexual, aunque si ayuda, pues de hecho de acuerdo a lo que ha dicho y lo que hemos extraído de su testimonio, estuvo a punto de ser abusada sexualmente, lo cual puede corresponder a lo que refleja el examen; Dictamen de evaluación física, ratificado por el perito oficial Vashny Orellana; dicho documento al ser examinado, no se vislumbra en él circunstancia alguna que nos haga dudar de la información que contiene. Es así que del mismo se desprende que la evaluada no presenta evidencia física de abuso sexual en sus órganos genitales; esta circunstancia encaja con la escasa información respecto a esta supuesta agresión sexual que refiere la señora M. R. P. que fue objeto. La señora P., escasamente dijo, venia del Bohío como a la una y treinta de la mañana, "él no me habló, cuando acordé me había agarrado, hizo las cosas que iba a hacer"…"el cometió el error de agarrarme a la fuerza, me quiso violar allí"... Como podemos ver en este segmento de su testimonio, no se ve claramente un asalto sexual, antes bien se vislumbra un conato nada más: "me agarró a la fuerza, me violó pues"…me tiro, me golpeó y me llevó el teléfono, el me arrastró caí debajo y tras eso el me agarró y me llevó para abajo, el solo hizo lo que hacen cuando van a usar una mujer, no me sacó del todo la ropa interior, "me quiso violar", me puso boca abajo y después boca arriba, cuando me quitó el teléfono me tiró y fue cuando caí sobre una piedra y allí me descompuse el brazo; Acta de registro y un Acta de decomiso que practicó el policía militar Olman Alfredo, en fecha sábado 10 de octubre del año 2015, siendo las 01:40 a.m. al momento de realizar el registro a Marden Wilfredo Benítez Mateo, con identidad 1301-1992-00507, se le encontró en la bolsa del pantalón, lado derecho, un teléfono celular marca Posh, color blanco y negro con Imei 35770032685128. Consecuentemente en opinión de esta Sala de lo Penal, el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia es atinado, no apreciando que se hayan infringido las reglas de la sana crítica...."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-89-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha trece de enero (13) de enero de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Lempira, mediante la cual; Primero: Absolvió al señor Marden Wilfredo Benítez Mateo, del delito de Violación, en perjuicio de la señora M. R. P..- Segundo: Condenó al señor Marden Wilfredo Benítez Mateo, como autor del delito de Robo, en perjuicio de la señora M. R. P. a la pena principal de seis años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Se le declaró la responsabilidad civil del señor Marden Wilfredo Benítez Mateo por el delito cometido.- Cuarto: No procedió condenar al señor Marden Wilfredo Benítez Mateo en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: El Abogado Edgar Tulio Escobar Pérez, en su condición de defensor privado del señor Marden Wilfredo Benítez Mateo, como parte recurrente y la Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando las pruebas practicadas en juicio, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Primero.- El día sábado diez de octubre del año dos mil quince, en las proximidades de la Escuela Normal Mista Justicia y Libertad en la ciudad de Gracias Lempira, colonia San Cristóbal, a eso de la una y treinta minutos de la madrugada Marden Wilfredo Benítez Mateo arrebató a m. r. p. C. su teléfono celular marca Posh, color blanco y negro, Imei 35770032685128. Segundo. - El día sábado diez de octubre del año dos mil quince, sobre el boulevard Marco Tulio Rodríguez en la ciudad de Gracias, a eso de la una y cuarenta minutos de la madrugada Marden Wilfredo Benitez Mateo fue detenido por la Policía Militar y se le fue decomisado un celular, marca Posh, color blanco y negro, Imei 35770032685128, propiedad de M. R. P. Calderón.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos. El Recurrente Abogado Edgar Tulio Escobar Pérez, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: Reccurso de Casación por quebramiento de forma. Motivo primero: haber incurrido el sentenciador en inobservancia a las reglas de la sana crítica. Precepto autorizante: el presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del código procesal penal. Explicación del motivo. -la norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en formando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”. Por su parte el artículo 336 de mismo cuerpo legal señala: “El Tribunal, para resolver, solo tendrá en cuenta las pruebas que se hayan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica”. De igual forma el artículo 338 del referido código regula la forma de estructurar la sentencia, ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba. Seguidamente, se expresaran las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las Practicadas en juicio y en su caso el razonamiento utilizado para obtener conclusiones por presunción a partir de los indicios, igualmente declarados probados” (lo resaltado es nuestro).- (“….justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en juicio...”), aparece la característica, exigida por ellas, denominada, según Fernando de la Rua (la casación penal el recurso de casación penal en el nuevo código procesal penal de la nación), como derivada, según la cual la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando” Nuestro reclamo recae precisamente en lo que establece el tribunal sentenciador en el acápite valoración de la prueba en su numerales primero y segundo en cuanto a la valoración de los testigos establece lo siguiente: primero: “….del testigo “M. R. P. C.. quien fue poco colaboradora en su testimonio, con frases cortadas que nos dificulta que nos quiso decir, tanto que ni siquiera fechas refiere, pero como la prueba se valora en su conjunto con el resto de la prueba descubrimos la fecha y lugar; sin embargo, haciendo un gran esfuerzo en el testimonio de la ofendida y el resto de la prueba, se determina que fue en fecha diez de octubre, a la una y treinta de la madrugada por una quebrada oscura que el acusado le quito su celular, que ella salió corriendo descalza “para que le diera el teléfono porque lo ocupaba” Segundo: “…la declaración de Olman Alfredo Canales, policía Militar, la cual se introdujo mediante Lectura, no aporta elementos al juicio, no le consta como sucedieron los hechos, con ninguno de estos testimonio se determina si mi representado participo en la comisión del delito que se le acusa, por lo que lo que declararon ambos testigos son totalmente falsos, con el único fin de perjudicar a mi representado .- El mismo tribunal establece que no hace falta acreditar la preexistencia de la cosa objeto del delito con documentación.- Tercero.- Que la ofendida manifiesta Me agarro a la fuerza, me violo pues, me tiro, me golpeo y me llevo el teléfono, el me arrastro caí debajo y tras eso Elmer agarro y me llevo para abajo, no me saco del todo la ropa interior, me quiso violar, me puso boca abajo y después boca arriba, cuando me quito el teléfono me tiro y fue cuando casi sobre una piedra y allí me descompuse el brazo. Si vemos que las supuestas lesiones que describe la señora M. R. \P., no se ven reflejadas en el dictamen realizado por el médico forense 8 horas después de la supuesta agresión que fue víctima: que el dictamen pericial que ratifico Norma Hernández Aguilar. No da margen para poner en duda lo que contiene; y en hay ninguna llamada que se allá hecho en fecha diez de octubre del año dos mil quince a la una y treinta de la mañana aproximadamente. Lo que nos lleva a concluir con un simple análisis de las pruebas que no es posible que sí ocurrió todo el accionar que describe la señora M. R. P., como es posible que siempre sostuvo su celular en la mano después de ser arrastrada, violentada, golpeada, tirada a la quebrada. Es imposible que tuviera dicho celular siempre en su mano, es más ni el dictamen médico establece las supuestas lesiones por lo tanto ella miente. Voto particular disidente; El ministerio Publico en aras de acreditar la existencia de aquel hecho y la participación del encausado en el mismo, únicamente evacuo los medios de prueba entre otros el testimonio de la ofendida la señora M. R. P., un dictamen médico practicado por el perito Basny José Orellana a la ofendida y un dictamen del vaciado telefónico practicado por Norman José Hernández al teléfono decomisado al acusado; en el interrogatorio que le realizaron las partes a la ofendida, esta dijo entre otras cosas, que ese día venia de una fiesta en el bohío y cuando se dirigía a su casa frente a la normal le salió un individuo que no lo conocía y la tomo por la fuerza y la tiro a la quebrada junto a unas piedras, le bajo la ropa interior y la penetro y posteriormente le llevo el celular, antes de que ocurriera esto dice que hizo unas llamadas a su hija para que le abriera el portón a la cual no le contesto, lo intento por dos veces; el dictamen médico practicado a la ofendida horas más tarde del incidente narrado por ella misma, el médico establece en su dictamen que no encontró ninguna lesión genital que nos demuestre que haya habido relación sexual anormal, únicamente encontró dos escoriaciones secas en el codo y en la pierna; y el vaciado telefónico practicado por el técnico Norman José Hernández Aguilar al teléfono celular decomisado al acusado y que supuestamente era de la ofendida, en dicho vaciado se encontró información en la memoria interna de dicho teléfono, hasta el seis de octubre del dos mil quince; haciendo un análisis de cada uno de estos medios de prueba, este juzgador llega a la siguiente conclusión, el relato narrado por la ofendida no coincide en lo con el dictamen médico ni mucho menos con el vaciado telefónico, esto denota que la testigo mintió tanto al momento de interponer la denuncia como en la declaración rendida en juicio oral y público, puesto que dio a conocer circunstancias incongruentes con los demás medios de prueba, a raíz de esta incongruencia los juzgadores acertadamente y por unanimidad de votos se absolvió por el delito de violación, no así por el delito de Robo que se condenó por mayoría de votos, sosteniendo este juzgador que sin la ofendida mintió al momento de decir que el señor Marden Wilfredo Benítez Mateo la tomo a la fuerza y la violo, también se entiende que mintió en relación al robo de su celular, porque atendiendo el criterio de la Corte Suprema de Justicia, el que miente en poco miente en todo, en otras palabras no se le puede creer en una parte y en otra si, por lo que sustento mi criterio en lo que dice el artículo 339 del código Procesal Penal, “ si el tribunal considera que no hay prueba suficiente para condenar al imputado, dictara sentencia absolutoria; asimismo, será absuelto en caso de duda razonable; por otro lado la ofendida manifestó que reconocía el celular que se le ponía a la vista en ese momento y que lo conocía porque lo que es de uno lo conoce, sin más preámbulo, además le pregunto la defensa si tenía factura de la compra de ese aparato, ella dijo que no, que la había destruido, pero si hay duda porque no preguntan en las oficinas de Tigo donde lo compre, esta respuesta le llamo la atención a este juzgador, en el sentido de que el ministerio público se quedó corto en la investigación acerca de la procedencia de esa evidencia, por lo tanto este juzgador sigue con la duda que si ese aparato objeto del robo pertenece a la ofendida o no, estas razones son las que median a este juzgador para no estar convencido de haberse cometido una acción delictiva tipificada como robo. Por lo que finalmente concluyó que son dos la razones por las cual no di mi voto para que se condenara al acusado; uno por qué no creo en el testimonio de la ofendida, por las incongruencias que existen en su declaración y los demás medios de prueba ya señalados; y número dos, por insuficiencia probatoria, el Ministerio Publico se quedó únicamente con la declaración de la ofendida ,no fue más allá de lo que ella misma dijo, al no tener la factura del celular era de ella o no o si en efecto lo portaba el día de los hechos, nada de eso se hizo, por lo tanto existe una insuficiencia probatoria. Cuarto: Analizando lo anterior puedo decir, que el ministerio Publico con la prueba aportada en juicio no pudo probar ni la existencia del delito ni mucho menos la participación del acusado, ya que con la poca y pobre prueba allegada al juicio no fue suficiente para quebrantar el estado de inocencia que gozaba el acusado; por lo que en amparo al artículo 339 del Código Procesal Penal, me opongo a que se dicte una sentencia condenatoria, por la insuficiencia probatoria. Quinto: por lo anteriormente relacionado, considero que al señor Marden Wilfredo Benítez mateo, no se le debió condenar por el delito de robo, en perjuicio de m. r. p. c. Pues no existen pruebas suficientes para hacerlo, de acuerdo a lo que establece el artículo 339 del Código Procesal Penal, por el contrario, se debió de dictar sentencia absolutoria por el delito que fue acusado, por una parte y por la otra el testimonio de la ofendida no es creíble por la inconsistencia con otras pruebas evacuadas en juicio. En consecuencia, el Tribunal sentenciador ha violentado las reglas de la sana critica específicamente la lógica en su postulado de la derivación ya que con pruebas presentadas en el juicio oral y público el Tribunal no puede derivar la culpabilidad de representado en los hechos a el acusado.- Las reglas de la sana crítica (lógica, experiencia, psicológica) imponen al juez la obligación de externar conclusiones coherentes y razonables, la lógica en su postulado de derivación implica que las conclusiones sean tomadas de derivaciones de la prueba evacuada que permita de manera clara y certera una afirmación de culpabilidad o de absolución respetando el principio de razón suficiente, razón por lo cual es procedente anular el presente juicio y llevar a cabo un nuevo debate donde el nuevo sentenciador sí observe correctamente las reglas de la sana crítica, además De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 202 del Código Procesal Penal, citado como infringido el Órgano Jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida en juicio, sin embargo las testigos de cargo dicen una cosa, o sea se contradicen entre sí.- para ello, la motivación debe ser “concordante”: a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, también debe de ser verdadera, esto es basada en elementos probatorios que efectivamente conforman el andamiaje probatorio del juicio y cuyo contenido sustente la inferencia extraída de el por el sentenciador y por lo tanto también se requiere que el juicio valorativo intelectivamente de la probanza efectuada por el juzgador sea suficiente, esto es, constituida por elementos aptos para producir un razonamiento cierto o probable de un hecho. de tal suerte, y como lo sostiene la ley de la Razón Suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra u otras pruebas. Resulta, que la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave que atenta con las reglas de la sana crítica a observarse en la valoración de la prueba, y que se convierte, en consecuencia, en la violación de los Artículos mencionados, no existe ninguna vinculación de la prueba testifical con otras pruebas que nos lleven a inferir que el hoy acusado cometió semejante delito.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362, párrafo 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Falta de observación de las reglas de la sana critica en la valoración probatoria. *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente. *Pretensión: Que declare con lugar el recurso de casación. Resumen Establece la recurrente que el a quo, en la sentencia vulnera la regla lógica de la Derivación en su apartado de suficiencia, el reclamo recae precisamente en lo que establece el tribunal sentenciador en el acápite valoración de la prueba en su numerales primero y segundo en cuanto a la valoración de los testigos establece lo siguiente: Primero: “... del testigo M. R. P. C.. quien fue poco colaboradora en su testimonio, con frases cortadas que nos dificulta que nos quiso decir, tanto que ni siquiera fechas refiere, pero como la prueba se valora en su conjunto con el resto de la prueba descubrimos la fecha y lugar; sin embargo, haciendo un gran esfuerzo en el testimonio de la ofendida y el resto de la prueba, se determina que fue en fecha diez de octubre, a la una y treinta de la madrugada por una quebrada oscura que el acusado le quito su celular, que ella salió corriendo descalza “para que le diera el teléfono porque lo ocupaba” Segundo: “…la declaración de Olman Alfredo Canales, policía Militar, la cual se introdujo mediante Lectura, no aporta elementos al juicio, no le consta como sucedieron los hechos, con ninguno de estos testimonio se determina si su representado participo en la comisión del delito que se le acusa, por lo que lo que declararon ambos testigos son totalmente falsos, con el único fin de perjudicar a su representado. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”.[1] En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados, Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica la psicología y la experiencia común.[2] Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el CONOCIMIENTO PRIVADO del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; La Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; Cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del tipo penal de Robo. Dando respuesta a la pretensora es importante señalar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: Ius Utendi (posesión), Ius Fruendi (usufructo) y Ius Abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de Robo, definido en el artículo 217 del Código Penal el cual indica que “comete el delito de robo quien se apodera de bienes muebles ajenos, los animales incluidos, empleando violencia o intimidación en las personas o fuerza en las cosas. Se equipara a la violencia contra las personas el hecho de arrebatar por sorpresa a la víctima la cosa que lleva consigo o el uso de medios que debiliten o anulen su resistencia”, así las cosas constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1. Sujeto Activo puede ser cualquier persona, a excepción del titular del derecho real; 2. Sujeto Pasivo podrá ser cualquier persona que esté en el uso, goce o dominio del objeto del delito; 3. Objeto material del delito es el “bien mueble ajeno”, entendiéndose como bien mueble lo señalado por el artículo 601 Código Penal, los animales incluidos como indica el artículo 217 del Código Penal y por “ajeno”, determina que ese bien mueble no es propio del sujeto activo, ni tampoco es objeto de accesión u ocupación en los términos de los artículos 634 y 660 del Código Civil respectivamente; 4. Conducta criminosa es la de apoderarse es decir poner bajo su poder y disposición la cosa mueble ajena, ya sea directamente o a través de un tercero que cumple la función de instrumento; 5. Modalidad criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, está prevista de tres maneras: a) Ejerciendo violencia en contra de una persona (vis absoluta); b) Provocando intimidación en contra de una persona (vis compulsiva), entendiéndose como intimidación provocar en otro un estado mental de miedo ante la incertidumbre de poder sufrir un daño real (no imaginario) en el ámbito personal o material; c) Empleado fuerza en las cosas que puede ser el mismo bien mueble ajeno que se busca apoderar o a otro bien mueble o inmueble que le protege, le contiene, al que se le une, al que lo fija a un lugar, al que lo sostiene, etc. Por otra parte constituyen elementos subjetivos del tipo el dolo y el ánimo de lucro: 1. El dolo conformado por el conocimiento del apoderamiento del bien mueble ajeno, del conocimiento de que el acto provoca violencia o intimidación en las cosas o fuerza en las cosas y de la voluntad de querer realizar la acción y conseguir el propósito; 2. El ánimo de lucro que implica la intención final del sujeto activo de incrementar su patrimonio en perjuicio del decrecimiento del patrimonio de otro; El incremento patrimonial puede acontecer cuando el sujeto activo se apodera de un bien mueble para hacerlo suyo o para adquirir a través de él una ganancia por su comercialización o cuando el sujeto activo se apodera del bien mueble para efectos de usarlo de manera temporal o para regalarlo a otra persona, viéndose así beneficiado al no tener que acudir a su propio patrimonio. Es oportuno indicar que, como consecuencia del elemento subjetivo, el delito de Robo para que pueda considerarse consumado debe existir disponibilidad del sujeto activo sobre el objeto mueble, ya que solo así puede darse por cumplidos los elementos del tipo penal. Por lo anterior, este Tribunal de Casación explicó: “… La Sala de lo Penal, partiendo de que el núcleo de la acción descrita en el tipo penal de Robo es el “apoderamiento”, entiende que, ello implica que el sujeto activo debe haberse apoderado de la cosa mueble, debiéndose entender para ese apoderamiento que el ofendido sea desapoderado de la cosa mueble para la efectiva lesión del bien jurídico tutelado, ahora bien, para considerar su plena consumación es necesario que concurra la “disponibilidad” del autor sobre la cosa mueble desapoderada a la víctima, siendo necesario para ello que, además del apoderamiento material (apropiarse de la cosa mueble), se pueda tener disponibilidad de los bienes robados, lo cual sólo sucede cuando el autor logra colocar la cosa mueble aunque sea de manera momentánea en orden o condición beneficiosa para considerar lo que hará con los bienes, es decir, actos de disponibilidad de dominio, enajenar, poseerla, regalarla, etc. La disponibilidad del autor, para que vaya más allá del apoderamiento material requerirá la disponibilidad aludida en la cual el sujeto pasivo ya no debe tener ningún dominio de la cosa, pudiendo resultar la disponibilidad de manera momentánea o de manera permanente situación que se deberá definir en cada caso concreto de conformidad a los hechos acaecidos. Justamente la doctrina al explicar la teoría de la disponibilidad, para determinar cuándo concurre la misma, considera el caso del ladrón que es capturado in fraganti o es perseguido ininterrumpidamente por la fuerza pública o particulares siendo capturado, manteniéndose la tesis de que, en estos casos no habrá disponibilidad, no obstante haber existido apoderamiento material…”.[3] La Tesis de la Disponibilidad constituye doctrina legal al haber sido considerada por la Sala de lo Penal.[4] Entonces son las características del tipo penal de Robo: 1. Según su Estructura: i) Tipo Penal Especial al contener elementos propios del tipo penal básico de hurto, al que se suma una modalidad particular de su ejecución (Violencia o intimidación en las personas o fuerzas en las cosas); ii) Tipo Penal Simple al describir un único modelo de comportamiento (Apoderarse); 2. Según su Contenido; i) Tipo Penal de resultado que exige el cambio en el mundo físico, éste realizado mediante el desplazamiento, posesión y finalmente disposición del bien objeto del delito por parte del sujeto activo; ii) Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii) Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv) Tipo Penal Cerrado ya que el supuesto de hecho y sus tres modalidades criminosas están determinadas con precisión, de tal forma que la conducta prohibida se desprende con precisión del tipo penal; 3. Según el Sujeto Activo: i) Uni-subjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii) Tipo Penal Común ya que no exige que el sujeto activo tenga una condición especial o cualidad personal; y 4. Según el Bien Jurídico Tutelado: i) Tipo Penal Mono-ofensivo, al proteger un único bien jurídico, el cual es la Propiedad de los bienes muebles; ii) Tipo Penal de lesión al significar un menoscabo del bien jurídico tutelado- Agravantes de la Pena del Delito de Robo Dispone el Artículo 218 del Código Penal que al culpable de robo será castigado con cinco (5) a nueve (9) años de reclusión, pena que será incrementada en un tercio (1/3) cuando concurran cualquiera de las circunstancias previstas en los artículos 219 y 255 del mismo cuerpo legal. Es importante aclarar que el artículo 219 inicia señalando “Las penas señaladas en el artículo anterior se aumentaran…”, siendo el artículo que le antecede el 218-F que tipifica el fraude por simulación de robo de vehículo, más sin embargo en realidad al artículo que se refiere el 219 es el 218 que tipifica el delito de robo, pues los artículos 218-A al 218-F, fueron adicionados posteriormente mediante decreto No. 125-2003. El Artículo 219 del Código Penal prevé tres circunstancias que agravan la pena del delito de Robo, a saber: 1. Agravante por Lugar: ejecutar el hecho en lugar despoblado; 2. Agravante por el número de coautores: Ejecutar el hecho en coautoría donde participen como mínimo cuatro personas, es decir en cuadrilla; y 3. Agravante Compuesta: que requiere la concurrencia de elementos específicos de ofensividad, lugar y modus operandi: a. Ofensividad: portando armas el sujeto activo, entendiéndose como arma cualquier objeto que sirva como instrumento ofensivo; b. Lugar: El sujeto activo deberá realizar el delito de robo en alguno de estos lugares: en casa habitada, oficina pública, edificio destinado a culto religioso, Centro Docente, Centro Cultural, establecimiento comercial, establecimiento bancario, establecimiento de asistencia social; c. Modus Operandi: El sujeto activo además debe realizar el acto realizando cualquiera de las acciones siguientes: i. Empleado ganzúas; ii. Empleando llave falsa en cerraduras, debiendo entenderse como falta la verdadera sustraída al propietario; iii. Fracturando armarios, cajas fuertes u otra clase de muebles u objetos sellados o cerrados, aun cuando tal fractura sea en lugar distinto a donde se encontraban originalmente; iv. Fracturando puertas; v. Fracturando Ventanas vi. Mediante escalamiento; vii. Rompiendo paredes; viii. Rompiendo pavimentos; ix. Rompiendo suelos; x. Rompiendo techos; La agravante del artículo 219.3 del Código Penal es compuesta, como ya se dijo, por lo que para su consideración requiere que se cumplan necesariamente las tres circunstancias descritas, es decir: 1) El uso de arma; 2) Además que la ejecución del hecho sea en los lugares determinados taxativamente en la agravante, y 3) Y además que el delito sea realizado por algunas de las formas enumeradas.- A contrario sensu, de no observarse alguna de las tres circunstancias exigidas, no podrá considerarse el delito de robo como agravado en base a dicho numeral 3 del artículo 219. También se considerará delito de robo como agravado cuando concurran algunas de las circunstancias previstas del artículo 225: 1. Por empleado doméstico o interviniendo grave abuso de confianza; 2. Aprovechándose de una calamidad pública o privada o de un peligro común; 3. De noche, o si, para ejecutarlo, el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación; 4. Con la cooperación de dos o más personas o por una sola que se finja agente de la autoridad, o empleado de un servicio público; 5. En el equipaje de los viajeros, en cualquier especie de vehículos, en las estaciones, muelles, hoteles, o en establecimientos en que se sirva alimentos o bebidas; 6. En casas destinadas al culto o al uso de ornato público o cuando recayere sobre monumentos funerarios; y, 7. En objetos de valor científico, artístico o cultural que se hallaren en museos u otros establecimientos públicos o que perteneciere al patrimonio histórico nacional, aun cuando hubieren permanecido ocultos o sin descubrir. De la procedencia del recurso. El Recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el recurrente funda su motivo de casación por quebrantamiento de forma en la violación de las reglas de la sana crítica, concretamente de la regla lógica de la derivación integrado por el principio de la razón suficiente, en su característica de suficiencia, en la valoración de las pruebas de cargo, consistentes en los medios de pruebas siguientes: declaración de la testigo: M. R. P. C., cuando en uno de los segmentos de su manifestación dice "el me asaltó" y más adelante refiere "me quitó el teléfono y se fue", lo señaló en la audiencia, es decir si lo reconoce como la persona que le dañó, además de reconocer el teléfono en sala de juicio; Dictamen psicológico ratificado por el Licenciado Jonatán Antonio Gonzales Gallegos, el cual refleja que M. R. P., presenta trauma de conflicto sexual reciente, con una inteligencia límite que presenta dificultad o lentitud en el aprendizaje y adquisición de competencias, cuya gran limitación es la pobreza de pensamiento abstracto, con una capacidad intelectual del 72% lo cual nos muestra la razón del porqué de lo menuda en su declaración, pues no es normal ese porcentaje a su edad, cabe mencionar que si bien la prueba psicológica señala que la entrevistada muestra trauma de conflicto sexual reciente, esto no suplanta lo que no nos pudo decir un ADN en cuanto al abuso sexual, aunque si ayuda, pues de hecho de acuerdo a lo que ha dicho y lo que hemos extraído de su testimonio, estuvo a punto de ser abusada sexualmente, lo cual puede corresponder a lo que refleja el examen; Dictamen de evaluación física, ratificado por el perito oficial Vashny Orellana; dicho documento al ser examinado, no se vislumbra en él circunstancia alguna que nos haga dudar de la información que contiene. Es así que del mismo se desprende que la evaluada no presenta evidencia física de abuso sexual en sus órganos genitales; esta circunstancia encaja con la escasa información respecto a esta supuesta agresión sexual que refiere la señora M. R. P. que fue objeto. La señora P., escasamente dijo, venia del Bohío como a la una y treinta de la mañana, "él no me habló, cuando acordé me había agarrado, hizo las cosas que iba a hacer"…"el cometió el error de agarrarme a la fuerza, me quiso violar allí"... Como podemos ver en este segmento de su testimonio, no se ve claramente un asalto sexual, antes bien se vislumbra un conato nada más: "me agarró a la fuerza, me violó pues"…me tiro, me golpeó y me llevó el teléfono, el me arrastró caí debajo y tras eso el me agarró y me llevó para abajo, el solo hizo lo que hacen cuando van a usar una mujer, no me sacó del todo la ropa interior, "me quiso violar", me puso boca abajo y después boca arriba, cuando me quitó el teléfono me tiró y fue cuando caí sobre una piedra y allí me descompuse el brazo; Acta de registro y un Acta de decomiso que practicó el policía militar Olman Alfredo, en fecha sábado 10 de octubre del año 2015, siendo las 01:40 a.m. al momento de realizar el registro a Marden Wilfredo Benítez Mateo, con identidad 1301-1992-00507, se le encontró en la bolsa del pantalón, lado derecho, un teléfono celular marca Posh, color blanco y negro con Imei 35770032685128. Consecuentemente en opinión de esta Sala de lo Penal, el razonamiento empleado por el Juzgador de instancia es atinado, no apreciando que se hayan infringido las reglas de la sana crítica. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Abogado Edgar Tulio Escobar Pérez, en su condición de defensor privado, en la causa instruida contra el señor Marden Wilfredo Benítez Mateo, por el delito de Robo, en perjuicio de M. R. P.. Segundo: Segundo: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha trece de enero del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Lempira. - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-89-2017. FIRMA Y SELLO.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL

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[1] Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Ex. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Ex. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Ex. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp.385-09, todos de la Sala de lo Penal.

[2] Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Ex. 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Ex. 88-09.

[3] Ver sentencia de fecha 27 de julio del 2010, emitida en el expediente 263-2008.

[4] Al respecto ver los fallos de fecha 15 de junio de 2007 en el exp 224-2006, sentencia de fecha 20 de junio de 2007 en exp 249-2005, sentencia de fecha 27 de julio del 2010 en exp 263-2008 y sentencia de fecha 07 de agosto de 2013 emitida en el expediente 192-2011.