Sentencia CP-88-17 — Registro 11965
Resumen
En primera instancia se absuelve a los imputados por los delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, se declara sin lugar el recuros de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."A efecto de determinar si el juzgador de instancia dejó de considerar prueba de valor decisivo o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. Un examen detenido de los medios de prueba, confrontados con las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que las pruebas fueron excluidas por el tribunal de sentencia según se aprecia por las siguientes razones: En lo que respecta al “Auto Judicial emitido a los 8 días del mes de agosto del año 2014, por Yimy Daniel Chirinos, en su condición de Juez del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía el cual en su parte de dispositiva decreta con lugar la solicitud de autorización judicial para la práctica de inspección y registro de las siguientes viviendas: vivienda número uno en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, casa ubicada en el fondo del callejón frente a la casa color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra ubicada la entrada del callejón y un patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido de bloques sin pintar, vivienda número dos en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada al fondo del callejón, frente a la casa de color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra ubicado la entrada del callejón y el patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido con bloques sin pintar, vivienda número tres en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada, construida de madera sin pintar algo deteriorada por el tiempo, de dos plantas y con láminas de zinc, misma que a su lado lateral izquierdo se encuentra ubicada la vivienda número uno, por la parte frontal se encuentra el callejón que conduce hacia la salida y se encuentra ubicada la vivienda número dos.” “El Acta de allanamiento que realizo Fernando Pérez Bustillo en su condición de juez ejecutor, nombrado por el susodicho juzgado, hace referencia que el nueve de agosto llegaron al barrio La Loma, una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Gálvez Ponce, a ejecutar un allanamiento en la vivienda número uno, la cual está ubicada al lado lateral izquierdo, al fondo del callejón y que la vivienda presentaba las siguientes características: construida de madera de color verde, semi deteriorada por el tiempo y uso, de dos plantas, esta presenta en su fachada un acceso por una puerta principal construida de madera y una ventana ubicada en la parte lateral derecha.” “El Acta de allanamiento que realizo Alexander Palma Hernández en su condición de juez ejecutor, hace referencia que el nueve de agosto llegaron a barrio La Loma, una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Gálvez Ponce, a ejecutar un allanamiento en la vivienda número dos, la cual está ubicada por la entrada de un callejón ubicado en la parte lateral derecha, cerca de la calle principal que conduce a French Harbour y que la vivienda presentaba las siguientes características: construida de madera sin pintar, semi deteriorada por el tiempo y uso, de una sola planta, esta presenta en su fachada de acceso por la puerta principal construida de madera y una ventana ubicada en la parte lateral derecha.” Según “El Acta de Inspección Ocular, que realizó Udi aguilera, de fecha 9 de agosto de 2014,en la diligencia seguida en contra de Chereni Michel Miralda Bodden, refiere que se practicó requisa a una casa de dos plantas, con techo de lámina de zinc, se inspecciono solamente la vivienda de abajo…con fachada de color anaranjada pálido. Asimismo Udi Aguilera en el acta de inspección ocular de fecha 9 de agosto de 2014, en la diligencia seguida en contra de Hollan Lincoln Bodden Castillo y Nery Francisco Casildo Bodden, refiere que se practicó requisa a casa construida de dos plantas, hecha de madera pintada de color verde y con techo de lámina de zinc, se inspecciono solamente la vivienda de abajo.” Resolviendo el tribunal que de la simple contrastación entre el auto judicial y las actas de allanamiento y actas de inspección se constató la diferencia que existe entre las viviendas descritas e individualizadas en las actas de allanamiento y actas de inspección, por lo consiguiente apreciamos que las viviendas que se contaba con autorización judicial para ingresar y registrar son diferentes a las viviendas allanadas por miembros de la policía nacional.” Inviolabilidad del Domicilio tiene unas excepciones muy bien determinadas, que facultan la entrada en el mismo a las autoridades policiales o de investigación. Estos casos son el consentimiento del titular del domicilio, la existencia de un flagrante delito que se esté cometiendo dentro del domicilio y una resolución judicial motivada que autorice la entrada y registro de una vivienda. El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias presenten, accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga, inequívocamente, que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental; la sentencia explica las razones del tribunal para no valor probatorio a los medios de pruebas, de tal suerte que dicha prueba si fue admitida y evacuada legalmente por el tribunal de sentencia, más sin embargo excluida por motivos de ilegalidad. Por lo que la exclusión de estos medios de prueba es correcta por parte del Juzgador de instancia y no tiene por qué ser apreciada en el proceso de valoración de la prueba. Por las razones antes expuestas, es improcedente el motivo de casación invocado..."
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En Nombre Del Estado De Honduras La sentencia en el Recurso de Casación SP-88-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la Sentencia de fecha veinticinco (25) de octubre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual; Primero: Absolvió por falta de pruebas al justiciable Nery Francisco Casildo, ya identificado en el preámbulo de esta sentencia, como autor responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud humana; Segundo: Absolvió por falta de pruebas a la justiciable Sandra Maribel Valle Vigil, ya identificada en el preámbulo de esta sentencia, como autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud humana; Tercero: absolvió por falta de pruebas a la justiciable Chereni Michell Miralda Bodden, ya identificada en el preámbulo de esta sentencia, como autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud humana; Cuarto: absolvió por falta de pruebas al justiciable Holland Lincoln Bodden Castillo, ya identificada en el preámbulo de esta sentencia, como autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud humana; Quinto: absolvió por falta de pruebas al justiciable Gabriel Rodríguez Blanco, ya identificada en el preámbulo de esta sentencia, como autora responsable penalmente de un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, en perjuicio de la salud humana; Sexto: No condenó en costas al Ministerio Publico; Séptimo: Decretó la destrucción de una bolsa de papel trazo, color café, firmada y sellada, cerrada con cinta adhesiva color café, viñetada con los datos de los acusados Sandra Maribel Valle Vigil y Gabriel Rodríguez Blanco, conteniendo en su interior un zapato izquierdo, color negro, un pañal desechable, color blanco, marca Baby Sec y una tableta de droga crack con peso de 24 gramos; y una bolsa plástica transparente, firmada y sellada, cerrada con cinta adhesiva color café, viñetada con los datos del caso Nery Francisco Casildo y Hollan Lincoln Bodden Castillo, conteniendo en su interior dos botes plásticos, color azul, uno conteniendo 18 envoltorios de papel aluminio y el otro conteniendo 18 envoltorios de papel aluminio y 38 piedrecitas de droga crack, con un peso total de 2,96 gramos. SON PARTES: La abogada, Yessenia María Márquez Lobo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y la abogada Kerlly Yareth Yánez Woods, en su condición de defensora pública, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS “El Tribunal valorando conjuntamente las pruebas practicadas en el juicio de conformidad a las reglas de la sana critica, declara expresa y terminantemente probado el siguiente hecho: Primero: A partir del tres de agosto de 2014, a las 13:00 horas, se dio inicio a una serie de vigilancias en el barrio La Loma de French Harbour, Roatán, Islas de la Bahía que duraron hasta el siete de agosto de 2014, en las que se apreciaron acercamiento de personas a una mujer determinada con el mote de China, con la cual hubo intercambio de manos. Segundo: A raíz de tales vigilancias la Fiscalía de Roatán, Islas de la Bahía solicito del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía autorización judicial de tres viviendas, el cual autorizo el ingreso y registro de las siguientes viviendas: vivienda número uno en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, casa ubicada en el fondo del callejón, frente a la casa de color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra se encuentra ubicada la entrada del callejón y un patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido de bloques sin pintar; vivienda número dos en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada al fondo del callejón, frente a la casa color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra ubicado la entrada al callejón y el patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido con bloques sin pintar, vivienda número tres en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada construida de madera sin pintar algo deteriorada por el tiempo, de dos plantas y con lamina de zinc, misma que a su lado lateral izquierdo se encuentra ubicada la vivienda número uno, por la parte frontal se encuentra el callejón que conduce hacia la salida y se encuentra ubicada la vivienda número dos. Sin embargo la autoridad policial practico el ingreso y registro de vivienda en dos casas de habitación diferentes y en la vivienda habitada por Sandra Maribel Valle Vigil y Gabriel Rodríguez Blanco realizo el ingreso y registro de la vivienda con arbitrariedad.” III. Recurso De Casación. Motivos y Argumentos. “La recurrente abogada Carmen Cecilia Andrade, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma, de la manera siguiente: Motivo de casación por quebrantamiento de forma. Motivo único: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la Litis. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Explicación del motivo. El precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, Prescribe: Artículo 202: "Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma en forma conjunta y armónica toda la prueba producida". Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyo prueba de Valor Decisivo como ser el Allanamiento realizado en las viviendas de los imputados, realizado en las viviendas denominadas como uno, dos y tres, el cual había sido autorizado por el Juzgado de Letras Departamental de Isla de la Bahía y el realizado en la morada de los señores Gabriel Rodríguez Blanco y Sandra Maribel Valle, convalidado por el mismo órgano jurisdiccional; diligencia mediante la cual el ente acusador pretendía acreditar la responsabilidad de los acusados, ya que mediante vigilancias previas se estableció que en las viviendas supra señaladas se vendía sustancias ilícitas, aspecto que fue confirmado en el momento de realizar el allanamiento y encontrar indicios relacionados con alucinógenos, ya que al ser analizados por el Laboratorio de Toxicología de la Dirección de Medicina Forense, se concluyó y confirmo esa circunstancia; asimismo se encontraron varios billetes que dieron positivos según la prueba de scanner de iones, con rastros de cocaína. El sentenciador excluyo la diligencia de Allanamiento y la considero invalida, porque a su criterio se violentaron normas esenciales de procedimiento, indicando en el apartado de Valoración de la Prueba, que de la simple contrastación entre el Auto Judicial y las actas de allanamiento y las actas de inspección, se constató la diferencia que existe entre las viviendas descritas e individualizadas en dicho Auto y las viviendas individualizadas en las actas de allanamiento y actas de inspección, por lo consiguiente aprecian que las viviendas que se contaba con autorización judicial para ingresar y registrar son diferentes a las viviendas allanadas por miembros de la Policía Nacional y respecto al ingreso de la casa de habitación de los señores Sandra Maribel Valle y Gabriel Rodríguez Blanco, señala el Juzgador que el Ministerio Publico pretendió examinar el acta de autorización de ingreso y registro de la vivienda, la cual no fue examinada en Juicio, porque no se justificó su introducción por lectura autorizada, de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 4 del Código Procesal Penal y tampoco fue admitida en juicio, tal autorización por los titulares del derecho, es decir por los señores Sandra Maribel Valle y Gabriel Rodríguez y/o dos testigos, desligados por completo del órgano policial, con la cual ese consentimiento no pudo determinarse, indicando que carece de valor y eficacia probatoria. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer en primer lugar que el artículo 212 del Código Procesal Penal, establece los requisitos en que se habrá de practicar el allanamiento de morada, señalando que solo podrá efectuarse previa orden escrita del órgano jurisdiccional competente, como ocurrió en el presente caso, ya que como antes lo indicamos el Juzgado de Letras de Islas de la Bahía autorizo la práctica de allanamiento a las viviendas denominadas como uno, dos y tres, las que fueron individualizadas mediante vigilancias previas realizadas a las mismas, tal como de viva voz lo confirmaron los agentes policiales que participaron en dicha diligencia; al respecto el agente especial de investigación Pierson Aragón Regalado, que mediante su trabajo de identificación de estructuras criminales en el Departamento de Islas de la Bahía, con relación al tráfico de drogas y narcomenudeo, obtuvieron información de que las viviendas de los acusados vendían drogas y del uno al siete de agosto del año dos mil catorce, se realizaron vigilancias para tal fin, estableciéndose que las mismas se practicaron los días tres, cuatro, cinco, seis y siete de agosto del año dos mil catorce, indicando que en dichas viviendas se observaba entra y salir personas, realizando movimientos anormales en el sector, ya que esas personas iban con dinero en efectivo en la mano y la gente estaba afuera del callejón, por medio de señas corporales se acercaban a una persona descrita como piel trigueña, algo mulata, cuerpo delgado, corte de pelo bajo color negro y de unos treinta a treinta y cinco años de edad, esta persona su vez conducía a otros al fondo del callejón, luego esas personas salían en un lapso de cinco minutos del lugar y tras ellas venia una mujer ya descrita; lo cual fue consignado en acta y acreditado ante el Juzgado supra señalado, el que en fecha ocho de agosto del año dos mil catorce, resolvió de conformidad a lo establecido en el artículo 213 del Código Procesal Penal, mediante mandamiento judicial, autorizar la diligencia de allanamiento en las viviendas número uno, dos y tres y de acuerdo al numeral 2 de ese artículo, se consignó la indicación precisa de los lugares que serían registrados. Ahora bien, en el apartado segundo de la autorización judicial, se describen las tres viviendas que serían allanadas y se indica que las mismas están ubicadas en French Harbour , Roatán, Islas de la Bahía, en el barrio La Loma, las tres viviendas están ubicadas una cuadra después de Escuela Merino Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, indicando los agentes de investigación que las viviendas estaban contiguas y son casa de madera que no tienen un orden, lo que hay son callejones y el día de la diligencia que fue el nueve de agosto del año dos mil catorce, siendo que los agentes de investigación que participaron en la misma, ya tenían conocimiento de la forma en que se realizaban las transacciones, debido a las vigilancias previas, pero no se pudo detener al promotor, que es la persona descrita en las actas de vigilancia. Al proceder al registro de las viviendas que comenzó a las dos y cuarenta y cinco de la tarde, de acuerdo a las actas de allanamiento respectivas; en la vivienda número uno (1) cuyos propietarios fueron identificados como Nery Francisco Casildo Bodden y Holland Lincoln Bodden Castillo, se encontraban indicios relacionados con un bote de plástico de color azul, conteniendo en su interior diecinueve envoltorios de papel aluminio, conteniendo supuesta droga (Crack) y debajo de una cama se encontró otro frasco de plástico, que en su interior habían dieciocho envoltorios de papel aluminio conteniendo supuesta droga (Crack); en la vivienda numero dos (2), en la que se describe como equipo de trabajo a los agentes Alexander Palma, Vicente Sierra, Elder Paz y Udis Aguilera; se identificó a la propietaria a la señora Chereni Michell Miralda Bodden, se encontró mediante inspección un bote plástico de color azul, conteniendo en su interior quince (15) envoltorios de papel aluminio, conteniendo a su vez polvo blanco, supuesta Cocaína, un bote plástico color anaranjado con tapón blanco, conteniendo en su interior tres envoltorios de papel aluminio con supuestas piedras de crack y otro bote plástico color azul, conteniendo en su interior veintiún envoltorios de papel aluminio, con supuestas piedras de crack; a los dueños de las mismas el agente Aragón Regalado y la vivienda número tres (3) cuyo equipo de trabajo se describe a los agentes Carlos Enrique Irías Rodríguez, Pierson Aragón Regalado y Mauricio Molina; identificando como propietario al señor Alton Dale Bodden Levy, e la cual no se encontró ningún indicio que vinculara la responsabilidad del morador. Con lo antes relacionado, observamos que se dio cumplimiento a lo ordenado en el Auto de fecha ocho de agosto del año dos mil catorce y se allanaron las viviendas descritas en el mismo, diligencia procedente de vigilancias previas como ya se indicó, por ende los agentes policiales cumplimentaron las mismas con el registro a dichas moradas; sin embargo en el momento de realizar la diligencia supra referida, de acuerdo a lo expresado por el agente Pierson Aragón Regalado, se recibió información de los vecinos del lugar que en la vivienda del señor Gabriel Rodríguez Blanco y Sandra Maribel Valle Vigil, vendían droga, información que fue recibida por el agente Heriberto Martínez, por lo que se procedió a solicitar a sus moradores autorización para ingresar y hubo consentimiento para ello, participando en la diligencia además el agente Rodríguez, los agentes Carlos Enrique Irías y Udis Aguilera, encontrando mediante inspección a la vivienda supra señalada, mil doscientos veinte lempiras (L. 1,220.00) en billetes de diferentes denominaciones y dos billetes de un dólar americano; asimismo en un zapato de color negro había un pañal de niño, en el cual se encontraba envuelto un fragmento de sustancia blanquecina de supuesta droga (Crack). Es preciso señalar, no obstante a haber obtenido una autorización de ingreso a la vivienda de los señores Gabriel Rodríguez Blanco y Sandra Maribel Valle Vigil, lo que indica no hubo violación al domicilio al contar con el consentimiento respectivo, en Audiencia de Declaración de Imputado se procedió a solicitar la convalidación de ingreso y el Juez Instructor considero que se cumplía con los parámetros establecidos en el artículo 212 del Código Procesal Penal y convalido el mismo, por lo que no nos explicamos el motivo del cuestionamiento del Sentenciador, al considerar que la diligencia carece de valor y eficacia probatoria, si el ente acusador precisamente a fin de dar más validez al ingreso consentido, procedió a solicitar su convalidación. Respecto a la diligencia de Allanamiento, la Sala de lo Penal, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, mediante Sentencia SP-303-2010, de fecha 11 de junio del año 2013, hizo la siguiente consideración: "El constituyente hondureño determino la necesidad de declarar en el artículo 99 Superior la inviolabilidad del domicilio, como instrumento para la salvaguarda el derecho a la intimidad, en este especifico ámbito; El Domicilio es el espacio físico delimitado estructuralmente, bajo el dominio, uso o goce de una o más personas determinadas, destinada para realizar en él, de manera permanente o temporal, un conjunto de actos privados, generalmente emancipados de las normas sociales imperantes en el exterior, …, como consecuencia de la inviolabilidad del Domicilio, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin el consentimiento de cualquiera de las personas que lo habitan o sin que sea por cumplimiento de orden emanada de autoridad competente, es decir que como regla general el ingreso a un domicilio debe ser mediante consentimiento de sus moradores y como excepción en virtud de cumplimiento de una orden emitida por autoridad competente o cuando exista una causa de gravedad calificada, de allí la diferencia entre un ingreso y/o registro autorizado, un allanamiento como acto investigativo y un allanamiento ante un Estado de Necesidad o delito grave. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión los allanamientos en la viviendas de los imputados, cuando se realizaron bajo la egida de la normativa procesal y en consonancia con lo establecido en el artículo 99 de la Constitución de la Republica al respecto; diligencia en la cual fue encontrada evidencia que vincula la responsabilidad penal de los acusados en el proceso, ya que al ser analizados los indicios resultaron ser positivos en droga consistente en crack y cocaína y rastros de esta en los billetes que decomisados en la vivienda de los señores Gabriel Rodríguez Blanco y Sandra Maribel Valle Vigil, en consecuencia se acredita la legitimidad de la diligencia de allanamiento y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente caso. Conforme a lo expuesto se concluye que, si el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que los imputados Sandra Maribel Valle Vigil, Chereni Michell Miralda Bodden, Nery Francisco Casildo, Holland Lincoln Bodden Casildo y Gabriel Rodríguez Blanco, eran responsables del delito de Tráfico Ilícito de Drogas, cometido en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 1.- Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362, párrafo 2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la Litis. *Reclamación Ex Ante: Sin Determinar por el Recurrente. *Pretensión: Que declare con lugar el recurso de casación.. Resumen Establece la recurrente que al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el tribunal de sentencia recurrido excluyo prueba de valor decisivo como ser el allanamiento; que el sentenciador excluyo la diligencia de Allanamiento y la considero invalida, porque a su criterio se violentaron normas esenciales de procedimiento, indicando en el apartado de Valoración de la Prueba, que de la simple contrastación entre el auto judicial y las actas de allanamiento y las actas de inspección, se constató la diferencia que existe entre las viviendas descritas e individualizadas en dicho Auto y las viviendas individualizadas en las actas de allanamiento y actas de inspección, por lo consiguiente aprecian que las viviendas que se contaba con autorización judicial para ingresar y registrar son diferentes a las viviendas allanadas por miembros de la Policía Nacional y respecto al ingreso de la casa de habitación de los señores Sandra Maribel Valle y Gabriel Rodríguez Blanco, señala el Juzgador que el Ministerio Publico pretendió examinar el acta de autorización de ingreso y registro de la vivienda, la cual no fue examinada en Juicio, porque no se justificó su introducción por lectura autorizada, de conformidad a lo establecido en el artículo 311 numeral 4 del Código Procesal Penal y tampoco fue admitida en juicio, tal autorización por los titulares del derecho, es decir por los señores Sandra Maribel Valle y Gabriel Rodríguez y/o dos testigos, desligados por completo del órgano policial, con la cual ese consentimiento no pudo determinarse, indicando que carece de valor y eficacia probatoria. Lo que provoca un vicio según lo determina el pretensor. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “El recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”.[1] . En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados, Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es éste último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Crítica de la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común.[2] Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el Conocimiento Privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos el por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el Juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: Una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio; iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; La Conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; Cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. Del delito de Tráfico Ilícito de Drogas: Conviene inicialmente establecer con claridad la significación etimológica de la palabra Tráfico, en tal sentido Tráfico fuera del ámbito vehicular, ha de considerarse como el movimiento de mercancías o personas, término derivado del verbo traficar, compuesto por el léxico latino trans- que significa “de un lado para otro”. Definido como la acción de traficar, es utilizado como una definición de una acción ilegal de movimiento de bienes, especies o personas como, por ejemplo, el tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órganos o la trata de personas. En cuanto a la definición de qué se entiende por tráfico, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua lo define como “comerciar, negociar con el dinero y las mercancías”. En el artículo 1 del Convenio Único de 1961 sobre estupefacientes, en el apartado l) se dice que se entiende por tráfico ilícito “el cultivo o cualquier tráfico de estupefacientes, contrarios a las disposiciones de la presente convención”, también en el apartado m) se define lo que se entiende por importación y exportación que es “se entiende en sus respectivos sentidos, el transporte material de estupefaciente de un estado a otro o de un territorio a otro del mismo estado”. Lo importante de todas las definiciones expuestas, es que el acto de tráfico implica necesariamente un movimiento, un traslado de un lugar a otro, relacionado con el comercio, o el negocio con dinero de mercancías. Establecida la definición de tráfico, la ley penal ha definido varios tipos penales, relativos a esta acción, en el caso que nos ocupa la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, refiere en su artículo 18, el tipo penal de Trafico de Drogas, sancionando “… al que trafique con drogas, estupefacientes o sustancias controladas, será penado con reclusión de quince a veinte años y multa de un millón a cinco millones de lempiras…”. La conducta típica descrita se centra en actividades dirigidas al movimiento ilícito de drogas, con acciones directamente vinculadas al comercio, esto es a la compra y venta ilícita de este tipo de sustancias. La jurisprudencia española ha entendido que debe comprenderse por tráfico, todos los actos del ciclo económico de la droga, es decir: actos de producción, como lo son el cultivo o la fabricación, actos principales de tráfico, incluyendo dentro de ellos, la transmisión gratuita u onerosa, así como los actos de intermediación en el tráfico, actos auxiliares de tráfico como son: la posesión o tenencia y el transporte, siempre que unos y otros estuvieran pre ordenados a promover, favorecer o facilitar el consumo. Deben incluirse en este apartado los actos de fomento, incluyendo la propaganda y la formulación de ofertas (STS 154/2004 de 13 de febrero de 2004). Se exige la concurrencia de los siguientes elementos: a) Un elemento objetivo, cual es la realización de algún acto de producción, venta, permuta o cualquier forma de tráfico, transporte, tenencia con destino al tráfico o acto de fomento, propaganda o formulación de ofertas de dichas sustancias,[3] b) Que el objeto material de esas conductas sea alguna de las sustancias recogidas en la lista de los Convenios Internacionales; c) El elemento subjetivo del destino al tráfico ilícito, que en ocasiones no será obtenible por prueba directa, sino deducible del conjunto de sus acciones.[4] En este sentido, la Ley sobre Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Psicotrópicas, define los aspectos en cuanto al tipo penal de tráfico de drogas: 1. Sujeto Activo: Cualquier persona sin cualificación alguna. 2. Verbo Rector: Traficar, esto es, la acción de movilizar, mediante actos de comercio, es decir intercambio monetario. 3. Objeto del Delito: Drogas, estupefacientes o sustancias controladas. 4. Sujeto Pasivo: La Salud de la Población. Sin perjuicio de lo anterior, la definición contenida en el artículo 5 numeral 34 de la misma ley, establece como concepto de Tráfico Ilícito, “…Todo acto dirigido o emergente de las acciones de producir, fabricar, poseer dolosamente, tener en depósito, o almacenamiento, transportar, entregar, suministrar, comprar, vender, donar, introducir al país, sacar del país y/o realizar transacciones a cualquier título, de sustancias controladas, financiar actividades contrarias a las disposiciones de la presente Ley o de otras normas jurídicas…”.[5] Esta definición está redactada en consonancia con lo que establece el artículo 1 literal I) de la Convención Única de 1961 sobre estupefacientes y artículo 3 párrafos 1 y 2 de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas de Viena, 1988. Sin embargo, nótese que, en la ley especial, la definición del delito de Tráfico de Drogas, contenida en el artículo 18, se limita a la acción de Traficar, esto es comercializar, según las definiciones expuestas más arriba.[6] Pese a ello, la ley recoge como tipos penales diferenciados, las demás acciones contenidas en la definición del numeral 34 del artículo 5, de tal suerte que la siembra, plantación o cultivo, está determinada en el artículo 16; la fabricación en el artículo 17; el financiamiento en el artículo 19, hasta llegar a la sanción correspondiente a quien intencionalmente facilitare el local o los medios de transporte, aún a título gratuito, para el tráfico o consumo ilícito de sustancias estupefacientes, psicotrópicos y otras drogas peligrosas, contenida en el artículo 22 de dicha ley y establecido como el delito de Facilitación de Local o Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico de Drogas. De la Procedencia Recurso. El Recurso no es de Recibo. A efecto de determinar si el juzgador de instancia dejó de considerar prueba de valor decisivo o si por el contrario fue considerada, resuelve en base a las consideraciones siguientes: El artículo 362 preámbulo y numeral 2) del Código Procesal Penal, contiene varios vicios que requiere un análisis en forma separada. El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin explicar las razones de esa decisión o bien que se le considere ilícita sin serlo; la otra hipótesis implica que la resolución impugnada no la considere en manera alguna, importa una omisión total a determinada prueba de valor decisivo, es decir que se omite totalmente su valoración ya sea de crédito o de descrédito. El artículo 202 del Código Procesal Penal impone la obligación de valorar la prueba y el artículo 336 párrafo primero del mismo código especifica que solo se valorará aquella prueba que se halla ejecutado durante el debate, relacionado con el artículo 338 preámbulo, regla cuarta numeral 2) que manda dar valor a cada prueba en base a un razonamiento de conformidad con las reglas de la sana crítica; en suma, la observación de esta normativa es lo que podemos identificar como consideración de prueba y cuya inaplicabilidad constituye la concurrencia del motivo citado por el censor, implica pues una ignorancia total de la prueba o falta de consideración de determinada prueba de valor decisivo. Un examen detenido de los medios de prueba, confrontados con las valoraciones probatorias del juzgador de instancia efectuadas en la sentencia, revela que las pruebas fueron excluidas por el tribunal de sentencia según se aprecia por las siguientes razones: En lo que respecta al “Auto Judicial emitido a los 8 días del mes de agosto del año 2014, por Yimy Daniel Chirinos, en su condición de Juez del Juzgado de Letras Departamental de Roatán, Islas de la Bahía el cual en su parte de dispositiva decreta con lugar la solicitud de autorización judicial para la práctica de inspección y registro de las siguientes viviendas: vivienda número uno en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, casa ubicada en el fondo del callejón frente a la casa color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra ubicada la entrada del callejón y un patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido de bloques sin pintar, vivienda número dos en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada al fondo del callejón, frente a la casa de color verde, construida de material de bloques sin pintar, de una sola planta con lamina de zinc y a su lado lateral derecho se encuentra ubicado la entrada del callejón y el patio el cual conduce por un muro perimetral de material construido con bloques sin pintar, vivienda número tres en French Harbour, Roatán Islas de la Bahía, barrio La Loma ubicado una cuadra después de la escuela y Leonard Ashley Bilingual School, vivienda ubicada, construida de madera sin pintar algo deteriorada por el tiempo, de dos plantas y con láminas de zinc, misma que a su lado lateral izquierdo se encuentra ubicada la vivienda número uno, por la parte frontal se encuentra el callejón que conduce hacia la salida y se encuentra ubicada la vivienda número dos.” “El Acta de allanamiento que realizo Fernando Pérez Bustillo en su condición de juez ejecutor, nombrado por el susodicho juzgado, hace referencia que el nueve de agosto llegaron al barrio La Loma, una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Gálvez Ponce, a ejecutar un allanamiento en la vivienda número uno, la cual está ubicada al lado lateral izquierdo, al fondo del callejón y que la vivienda presentaba las siguientes características: construida de madera de color verde, semi deteriorada por el tiempo y uso, de dos plantas, esta presenta en su fachada un acceso por una puerta principal construida de madera y una ventana ubicada en la parte lateral derecha.” “El Acta de allanamiento que realizo Alexander Palma Hernández en su condición de juez ejecutor, hace referencia que el nueve de agosto llegaron a barrio La Loma, una cuadra después de la escuela Merino's Educational Center y Leonard Gálvez Ponce, a ejecutar un allanamiento en la vivienda número dos, la cual está ubicada por la entrada de un callejón ubicado en la parte lateral derecha, cerca de la calle principal que conduce a French Harbour y que la vivienda presentaba las siguientes características: construida de madera sin pintar, semi deteriorada por el tiempo y uso, de una sola planta, esta presenta en su fachada de acceso por la puerta principal construida de madera y una ventana ubicada en la parte lateral derecha.” Según “El Acta de Inspección Ocular, que realizó Udi aguilera, de fecha 9 de agosto de 2014,en la diligencia seguida en contra de Chereni Michel Miralda Bodden, refiere que se practicó requisa a una casa de dos plantas, con techo de lámina de zinc, se inspecciono solamente la vivienda de abajo…con fachada de color anaranjada pálido. Asimismo Udi Aguilera en el acta de inspección ocular de fecha 9 de agosto de 2014, en la diligencia seguida en contra de Hollan Lincoln Bodden Castillo y Nery Francisco Casildo Bodden, refiere que se practicó requisa a casa construida de dos plantas, hecha de madera pintada de color verde y con techo de lámina de zinc, se inspecciono solamente la vivienda de abajo.” Resolviendo el tribunal que de la simple contrastación entre el auto judicial y las actas de allanamiento y actas de inspección se constató la diferencia que existe entre las viviendas descritas e individualizadas en las actas de allanamiento y actas de inspección, por lo consiguiente apreciamos que las viviendas que se contaba con autorización judicial para ingresar y registrar son diferentes a las viviendas allanadas por miembros de la policía nacional.” Inviolabilidad del Domicilio tiene unas excepciones muy bien determinadas, que facultan la entrada en el mismo a las autoridades policiales o de investigación. Estos casos son el consentimiento del titular del domicilio, la existencia de un flagrante delito que se esté cometiendo dentro del domicilio y una resolución judicial motivada que autorice la entrada y registro de una vivienda. El consentimiento o la conformidad implica un estado de ánimo concreto en virtud del cual la persona interesada, ante la situación también concreta que las circunstancias presenten, accede al registro porque soporta, permite, tolera y otorga, inequívocamente, que ese acto tenga lugar. Se trata en suma de una aprobación, una aquiescencia, un asentimiento, una licencia o una venia que soslaya cualquier otra exigencia procedimental; la sentencia explica las razones del tribunal para no valor probatorio a los medios de pruebas, de tal suerte que dicha prueba si fue admitida y evacuada legalmente por el tribunal de sentencia, más sin embargo excluida por motivos de ilegalidad. Por lo que la exclusión de estos medios de prueba es correcta por parte del Juzgador de instancia y no tiene por qué ser apreciada en el proceso de valoración de la prueba. Por las razones antes expuestas, es improcedente el motivo de casación invocado. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su Único Motivo. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 362 del Código Procesal Penal.- .- Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la Abogada Carmen Cecilia Andrade, en su condición de fiscal en representación del Ministerio Público, en la causa instruida contra los señores Nery Francisco Casildo, Sandra Maribel Valle Vigil, Chereni Michell Miralda Bodden, Holland Lincoln Bodden Castillo y Gabriel Rodríguez Blanco, por el delito de Tráfico ilícito de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras; Segundo: Declara Firme y ejecutable la Sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, departamento de Atlántida. - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciséis días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-88-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Ex. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Ex. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Ex. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp.385-09, todos de la Sala de lo Penal.
[2] Al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Ex. 125-2010 de la Sala de lo Penal); De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Ex. 88-09.
[3] Al respecto ver fallo de fecha veintisiete de enero de dos mil once, ex. 322-2009 Sala de lo Penal.
[4] Martín Pallín, J. A.: Impacto social, criminológico, político y normativo del tráfico de drogas, en Delitos contra la salud pública y contrabando, Cuadernos de Derecho Judicial V/2000, Madrid 2000, pág. 43.
[5] Al respecto ver fallo de fecha cuatro días del mes de febrero de dos mil catorce, exp. 346-2010 de la Sala de lo Penal.
[6] Al respecto ver sentencia de fecha 18 de septiembre del año 2018, expediente 258-2014.