Sentencia CP-85-17 — Registro 11225
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor del delito de homicidio, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...."El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a ésta. Por ende el recurrente al alegar la violación del Principio de Derivación asume una ardua tarea que consiste en identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa mayor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente en algunos casos el recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia utilizando las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada. La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En principio, el tribunal sentenciador, establece de modo expreso que ha llegado a su conclusión, más allá de toda duda razonable, lo que implica que el sentenciador al examinar la prueba, alcanzó pleno conocimiento del hecho reconstruido y sometido a juicio. El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana crítica, indicando que el tribunal dio una valoración inadecuada a las declaraciones de la testigo Miriam Elizabeth Hernández Pacheco y la testigo Ángela Margarita García, cuestionando sus testimonios, señalando lo que a su criterio pueden ser contradicciones de las declaraciones y considerando que por ello no debieron considerarse ni valorarse, para fundar un fallo condenatorio. Al apreciar esta Sala las declaraciones rendidas en juicio, se logra determinar: a) La Testigo Miriam Elizabeth Hernández Pacheco, estableció que: “Recuerda que venía de la iglesia se encontró a Manuel, Gerardo y a Denis cuando ellos pasan ya solo pasan Gerardo y Manuel, va al baño y ve que estaban Gerardo y Manuel como discutiendo, metió sus hijos para adentro porque pensó que era un asalto, observó que Denis salió de una cuneta con un puñal en la mano y le infirió una herida a Manuel, luego Denis agarró con rumbo a la casa de él, Gerardo se quedó con Manuel, luego que dijo que habían fregado a Manuel, ella bajó y el muchacho estaba boca abajo y Gerardo lo puso boca arriba y ella le dijo ayudémosle, busquemos un taxi para llevarlo al hospital y Gerardo le dijo no, si este ya está hule, ya se murió.” Asimismo, a preguntas de las partes estableció “que el hecho fue en fecha navideña un 31 de diciembre, faltando cinco o diez para las doce, fue en el dos mil dos, frente al expendio donde estaban bebiendo, fue en la colonia Nueva Suyapa, …observó que Denis le pegó una herida a Manuel al lado izquierdo, estaban enfrente de la cantina,… había iluminación, …Denis sale de una cuneta, Manuel al momento que es atacado está de pie, Gerardo lo tiene del hombro, al momento que es atacado Manuel estaba de frente donde Denis salió, no escucho discusión…” Declaro que “Manuel es herido bajo la chiche en la parte izquierda, sino se equivoca fue con un cuchillo...”b) En cuanto a la declaración de la Testigo Ángela Margarita García, declaró que: “En ese tiempo no conocía del Señor, en su hogar se vendían bebidas alcohólicas, ellos andaban abrazados tomando, ellos tomaban su trago se iban y volvían, era un treinta y uno de diciembre y sólo vinieron dos veces, no había gente en el negocio y entonces al rato escuchó una bulla afuera, láminas que sonaban, estaba adentro con su esposo, salió del umbral de la puerta vio alguien tirado en el suelo, en el patio de la casa, en la calle no estaba alumbrado, solo el foco que ponen en el negocio, ella preguntó ¿Qué pasó? Vio el muchacho en el suelo… refirió que ella no vio quién mató al muchacho.” A preguntas de las partes, contestó: “Estos hechos ocurrieron en el año dos mil, … eran las doce de la noche faltaban cinco minutos para la una de la madrugada, conocía a estos muchachos vivían retirado, los conocía por su apodo, al que mataron le decían Nigua, se llamaba Manuel, los que acompañaban uno de ellos era Denis que andaba con él y su hermano Gerardo, ellos son Murillo, … después quedan comentarios, escuchaba que había sido Denis, solo el Señor sabe.”, Indicó además la testigo “ Sucedió fuera del negocio, en el patio de la casa, solo estaba prendida la candela que prenden para iluminar la acera, no escuchó ninguna discusión entre ellos… indicó que el patio es enfrente de la casa no adentro, hay una malla, frente a la malla ella le llama el patio…” En la valoración, el tribunal estima que los testimonios de cargo han sido claros y existe uniformidad en sus dichos al indicar lugar, tiempo y dinámica de los hechos, ya que se encontraban cerca del sitio del suceso, por lo que les concede credibilidad, indicando que el testimonio de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco, que es la única testigo presencial del hecho, por lo que el tribunal realizó una prudente y cuidadosa valoración de su testimonio, y luego de realizar la misma no se observó en ella duda sobre las circunstancias esenciales del hecho y la identificación del imputado como la persona que vio acercarse al señor Manuel de Jesús con cuchillo en la mano y hundírselo en el tórax, la testigo ha expuesto la forma en que lo hizo, indicó la localización de la mortal herida en lo que ha concordado con los resultados de la autopsia; en cuanto a la declaración de la señora Ángela Margarita García, la valoró el tribunal estableciendo que si bien, la misma no presenció los hechos, tuvo conocimiento de circunstancias directamente relacionadas con el mismo pues ubica al imputado Denis Alfonso en compañía de la víctima Manuel de Jesús ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas antes del hecho, también estableció que ambos eran acompañados por Gerardo, hermano del acusado, quién permaneció en la escena aun después del mortal ataque, donde fue visto por los testigos; refiriéndose a las condiciones de luminosidad del lugar, la testigo dijo que estaba encendida la candela que tienen en su negocio para iluminar la acera, lo que revela que en el lugar si había luz artificial que también hizo posible la observación por parte de las testigos. El censor muy convenientemente ha obviado aspectos trascendentales en relación a la valoración de las declaraciones testificales, el primero de ellos es que según ha definido esta Sala de lo Penal a través de su jurisprudencia, al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos, por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces, los testigos valorados conjuntamente deben brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. Es así que se desprende que el recurrente lo que demanda es una coincidencia perfecta y por tanto anormal de los testimonios, para poder hacerlos acreedores de credibilidad, lo cual si resulta contrario a las reglas de la sana critica racional. De igual manera al relacionar estos testimonios con el resto del acervo probatorio: a) Acta de levantamiento de cadáver (F28 a F34) la cual se incorporó como prueba documental realizada el uno de enero de dos mil tres, a la una y veinte de la mañana, realizada con la presencia del fiscal del Ministerio Público, el médico forense, agentes de investigación, agentes de la policía nacional preventiva, peritos de la escena del crimen, técnico de dactiloscopia, en la que se consignaron las descripción de las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima; estableciendo como causa aparente de muerte: un trauma torácico abierto por arma corto punzante; al cual el tribunal le dio valor probatorio como creíble, ya que consigna de manera real y objetiva las circunstancias relacionadas con la inspección del cadáver, la manera de muerte de la víctima y la intervención de distintas entidades relacionadas con la investigación, y que su contenido resulta coincidente con las conclusiones de la pericia de autopsia que ha determinado que la herida que provocó la muerte de la víctima fue producida por arma blanca; además coincide con otras lesiones que presentaba el cadáver como otras heridas y excoriaciones; b) Dictamen médico forense n° 2003-0801-0401-0002, realizada por la doctora Adela Elizabeth Santos Raudales y cuyo dictamen se realizó el 01 de enero de 2003, en el que se indicó una herida en el lado izquierdo del tórax de 3.5 X 1.5 cm de diámetro, trayecto de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ésta herida corto punzante provocó herida en la piel, laceración de la aorta de la arteria pulmonar, corazón y el pulmón derecho y provocó un cúmulo de sangre en el tórax, describiendo otras heridas y excoriaciones en el cuerpo de la víctima; como comentario médico legal, establece que las características de las heridas son compatibles con las producidas por arma blanca, que actúa tanto por su filo como por su longitud, estableciendo que las excoriaciones de la cara se debió cuando cayó después de recibir la herida, encontrándose alcohol en la sangre y que la manera de muerte es homicida; el tribunal le dio credibilidad al dictamen de autopsia, pues el mismo fue elaborado por un perito oficial que cuenta con la capacidad profesional y en la que se establece la muerte violenta del señor Manuel de Jesús Sosa y que la misma se debió a un cúmulo de sangre en la cavidad torácica Al examinar los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador, es posible afirmar que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, derivados directamente de la prueba vertida en juicio, sin que quede margen de duda respecto a los mismos. Se establece que los hechos probados no sólo son congruentes, sino que se desprenden directamente de los medios de prueba evacuados y la valoración de estos se han fundamentado en la probabilidad a partir del común comportamiento, apoyada en inferencias razonables, como manifestaciones de la sana critica, las máximas de la experiencia, la lógica y el sentido común, por lo que se desestima el presente motivo...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal una vez analizada la sentencia en su totalidad, pude concluir que en efecto, el sentenciador incurrió en un error material de transcripción del segundo nombre del imputado en la declaración de los hechos probados, apareciendo como Denis Alfonso Murillo López siendo su nombre correcto Denis Adolfo Murillo López tal como ha sido consignado en el preámbulo de la sentencia junto con sus generales de ley y su número de identidad siendo su número 0801-1981-01444; así mismo aparece tal error, en la valoración de la prueba, fundamentación jurídica en los numerales primero, segundo, tercero y cuarto, y no en el numeral quinto en la que aparece correcto el nombre en la constancia emitida por la unidad de antecedentes penales del Poder Judicial y en su parte resolutiva en sus numerales primero, segundo y tercero; apareciendo en el numeral quinto correctamente el nombre y apellido como Denis Adolfo Murillo López Denis, error material que no incide de manera sustancial en la decisión de la misma, puesto que la persona que está siendo juzgada en estas diligencias es el señor Denis Adolfo Murillo López. Respecto a la identificación del imputado al artículo 103 del Código Procesal Penal dispone que: “Cuando no existan dudas de que la persona imputada es en realidad la que está siendo objeto de la persecución penal, cualquier inexactitud de los datos suministrados u obtenidos de conformidad con el artículo precedente, no alterará el curso del proceso. La autoridad competente, sin embargo, en ejecución de la pena, adoptará las medidas necesarias para que aquellos se rectifiquen.” En el caso bajo examen, en ningún momento han surgido dudas en torno a la identidad del encausado; se trata pues de un caso de error de un dato relativo al segundo nombre, que no es causa de nulidad de la sentencia ni mucho menos del proceso, sino de enmienda en la fase de ejecución. En consonancia establece el artículo 142 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece. “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” Tratándose en el presente caso, de un mero error material, mismo que ha quedado evidenciado en la sentencia dictada contra el señor Denis Adolfo Murillo López, específicamente en los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, al nombrar de manera errónea al señor Denis Alfonso Murillo López, por lo que se rectifica la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Que el Tribunal de Sentencia condenó al señor Denis Adolfo Murillo López, por el delito de Homicidio en perjuicio del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fue recluido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. 2) Que el Tribunal de Sentencia condenó al señor Denis Adolfo Murillo López como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. 3) Se declara la responsabilidad civil del condenado Denis Adolfo Murillo López, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Por lo que, al constituirse el yerro del sentenciador en un error material involuntario, el mismo no conlleva reproche casacional, sino que más bien, la rectificación oficiosa conforme lo establece nuestra legislación procesal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 4 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A-Quo haya actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo denuncia que no existe ningún tipo de conexión, ni alguna participación probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de homicidio simple al señor Denis Adolfo Murillo López; pues refiere que el Ministerio Público presentó prueba para acreditar la muerte violenta del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, más no así para acreditar la participación del acusado Denis Adolfo Murillo López en tales hechos. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo las siguientes: 1. Declaración testifical de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco. 2. Declaración testifical de la señora Ángela Margarita García. 3. Acta de levantamiento de cadáver anexo la inspección de la escena del crimen. 4. Dictamen médico forense n° 2003-0801-0401-0002. Contrario a lo que expone el censor en su recurso, se ha verificado que el acervo probatorio, fue propuesto y admitido respetando los procedimientos y formalidades que la ley adjetiva señala para tales efectos, en consecuencia, fueron incorporados al proceso de modo legítimo. Por otro lado, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de autor, del acusado Denis Adolfo Murillo López en los hechos que se le imputan. Ha constatado esta sala que las declaraciones evacuadas en el acto de debate, proporcionan datos coherentes y congruentes entre sí, con la declaración de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco se estableció las circunstancias de lugar, modo y tiempo en que se desarrollaron los hechos, así como la identificación del acusado como autor de los mismos, todo ello por haber sido prueba directa y presencial. En cuanto a la prueba documental y la prueba pericial, la misma apoya y confirma la prueba testifical, en relación a la descripción de los hechos, así como el lugar hacia donde el acusado Denis Adolfo Murillo López, dirigió su acción de herir a Manuel de Jesús Sosa Cerna, es decir la herida por arma blanca que le provocó la muerte la cual fue dirigida al lado izquierdo del tórax, provocando laceración de la aorta, de la arteria pulmonar, corazón y el pulmón derecho, la cual le provocó un cúmulo de sangre en la cavidad de tórax al abdomen y tórax. Esta Sala de lo Penal reitera que se quebrantó el derecho a la presunción de inocencia, pues se comprobó lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si hay pruebas que son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, que fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. De esta forma, esta Sala encuentra racionalidad en las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificando que las mismas no han sido arbitrarias, ilógicas ni irrazonables, habiendo actuado el A-Quo con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como ha constatado la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, en razón de lo cual es procedente declarar sin lugar el recurso impetrado. .."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-85-2017 por Quebrantamiento de Forma y por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Denis Adolfo Murillo López, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, a la pena de quince años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Denis Adolfo Murillo López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró la responsabilidad civil del señor Denis Adolfo Murillo López; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: Absolvió al señor Denis Adolfo Murillo López, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna. SON PARTES: Los Abogados Eugenio Romero Ramírez y Claudia Alejandra Romero Lanza, en su condición de defensores privados del señor Denis Adolfo Murillo López, como parte recurrente y la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este tribunal de sentencia declara probados, de manera expresa y terminante, el siguiente hecho: PRIMERO: El día treinta y uno de diciembre del año dos mil dos, en horas de la noche, en la Colonia Nueva Suyapa de la ciudad de Tegucigalpa, el señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, junto con DENIS ALFONSO MURILLO LOPEZ y el hermano de este de nombre Gerardo, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, las que compraban en un negocio de venta de bebidas de dicha colonia, del que entraron y salieron en varias ocasiones. SEGUNDO: Esa misma noche, cuando faltaban diez minutos para las doce, Manuel de Jesús y Gerardo se encontraban frente al negocio antes indicado cuando empezó una discusión entre ellos, momento en el cual se aproximó al lugar DENIS ALFONSO MURILLO LOPEZ quien llevando un cuchillo en la mano se acercó a Manuel de Jesús y le introdujo el cuchillo en el lado izquierdo del tórax, provocándole una herida profunda, laceración de arterias, el pulmón derecho y el corazón, lo que le causó la muerte inmediata al señor Manuel de Jesús Sosa.”RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes, Abogados Eugenio Romero Ramírez y Claudia Alejandra Romero Lanza, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, y por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMERO: Violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. Explicación del concepto de la violación. El Tribunal sentenciador declara tener como probado el hecho de que nuestro representado fue el autor de la muerte del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, es decir que su acción fue típica con respecto al delito de homicidio simple previsto en el artículo 116 del Código Penal, aspecto este que merece objeción dado que la prueba evacuada en juicio, consistente en la declaración de dos supuestas testigos, una teóricamente presencial y la otra circunstancial, dictamen médico forense No. 2003- 0401-0002 ratificado en juicio y acta de levantamiento de cadáver anexo a inspección de escena del crimen, el cual no fue ratificado e incorporado solo como lectura; bajo ninguna circunstancia contienen información que conecte al imputado con los hechos que dieron como resultado la muerte del señor Sosa Cerna y mucho menos información que sea indubitable para darlos por ciertos al momento de valorar la prueba de cargo ofrecida por el ente fiscal. Quedó evidenciado durante el desarrollo del juicio, que los relatos de las dos supuestas testigos se contradecían entre sí en puntos determinantes, e incluso en las declaraciones de una de las testigos, -la supuesta testigo presencial-, había puntos contrarios; de todo lo cual el tribunal tuvo plena conciencia ya que ellos mismos plasmaron dichas declaraciones incongruentes en la sentencia en lo que corresponde a la valoración de la prueba, situaciones que saltan a la vista y al analizarlas, privan al fallo de razones suficientes, con lo que resultan infringidas las reglas de la sana crítica, especialmente el principio lógico de razón suficiente, considerado un principio que se desprende de la ley lógica denominada derivación, con lo cual, sin duda también aparecen violentadas en algunos apartados de la sentencia las máximas de la experiencia y las reglas de la psicología. Aduce el Tribunal en sus únicos dos hechos probados; en el primero que “el día treinta y uno de diciembre de dos mil dos, en horas de la noche, en la colonia Nueva Suyapa de la ciudad de Tegucigalpa, el señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, junto con Denis Alfonso Murillo López y el hermano de este de nombre Gerardo, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas, las que compraban en un negocio de venta de dicha colonia, del que entraron y salieron en varias ocasiones” y en el segundo hecho probado que “esa misma noche, cuando faltaban diez minutos para las doce, Manuel de Jesús y Gerardo se encontraban frente al negocio antes indicado cuando empezó una discusión entre ellos, momento en el cual se aproximó al lugar Denis Alfonso Murillo López quien llevando un cuchillo en la mano se acercó a Manuel de Jesús y ¡e introdujo el cuchillo en el lado izquierdo del tórax, provocándole una herida profunda, laceración de arterias, el pulmón derecho y el corazón, lo que le causó la muerte inmediata al Señor Manuel de Jesús Sosa “, mismos que resultan según el tribunal, pertinentes para los efectos de la resolución de fondo, pero que son hechos probados que los deduce el Tribunal, en cierta medida alterando incluso la versión de la prueba recibida en juicio por su no valoración conjunta, de las declaraciones testificales, el acta de levantamiento de cadáver y el informe médico forense. Es importante destacar que esta defensa al momento de formular conclusiones en el juicio, fue enfática al señalar las circunstancias por las cuales las declaraciones de las supuestas testigos no podían ser valoradas por el tribunal, debido a las incongruencias existentes en cada declaración y entre ambas, señalando que una de las supuestas testigos indicó claramente que desconocía como sucedieron los supuestos hechos que produjeron la muerte del señor Sosa Cerna y tampoco había visto a la persona que había atacado al hoy occiso, por lo cual no hay uniformidad en lo referente al señalamiento del imputado como la persona que atacó al señor Sosa Cerna. También señaló esta defensa las incongruencias existentes entre las supuestas testigos en cuanto a la descripción del supuesto lugar de los hechos en los cuales una relata que la iluminación era pobre y la otra asegura haber tenido buena iluminación para ver; resaltando a la vez en que a pesar de haber transcurrido catorce (14) años entre la muerte del señor Manuel de Jesús y el juicio, el Ministerio Público jamás realizó inspección alguna al supuesto lugar de los hechos, por lo cual desde ningún punto de vista se puede saber ni siquiera intuir que efectivamente existe el lugar descrito por las supuestas testigos, si la víctima residía en ese lugar, si el acusado residía o estuvo en algún momento en el lugar señalado por las supuestas testigos, así como si las mimas residían en dicho lugar; mucho menos se realizó una reconstrucción de hechos que permitiera de manera tangible ver si concordaban los relatos con los supuestos hechos y las condiciones ambientales similares en que se dieron los supuestos hechos que únicamente dos testigos de dudosa credibilidad si nos apegamos a las reglas de la lógica y la razón, aseguran con inconsistencias, haber presenciado. La única información con que se cuenta respecto al fallecido, es la poca que se encuentra en el acta de levantamiento de cadáver realizada por un perito de nombre Alex Reiniery Cruz que ni siquiera fue llevado por el ente fiscal a ratificar dicha pericia al juicio y la cual pese a la oposición de la defensa fue incorporada por lectura, lesionando así el derecho de nuestro patrocinado a un debido proceso. Dicha acta de levantamiento refiere que el cuerpo fue reconocido en las instalaciones del Hospital Escuela un primero de enero aproximadamente a las dos de la madrugada, que el cuerpo se encontraba sin pertenencias sobre una camilla hospitalaria y que no existían indicios de la escena del crimen ya que no se realizó requisa de la misma por tratarse de un reconocimiento de cadáver realizado en el Hospital Escuela; extremos que se comprueban de la simple lectura del acta que fue leída en juicio y que corre en el expediente del folio 28 al 34. El Ministerio Público ni siquiera presentó pruebas que acrediten la existencia del sujeto denominado “Gerardo” por las supuestas Testigos y mucho menos estableció una relación de parentesco con el imputado; ni siquiera presentaron pruebas de haber entrevistado alguna vez a dicha persona o verificado su existencia, ni mucho menos fue propuesto como testigo, y el “sensato” tribunal sentenciador se atreve a dar como un hecho probado la existencia y participación en escena durante los supuestos hechos de esta persona de la cual solo se conoce un nombre, “Gerardo”. El tribunal aparte de tener por hechos probados la existencia del lugar referido únicamente por dos supuestas testigos, una presencial y otra circunstancial; da como hecho probado que existió una discusión entre el hoy occiso y la supuesta persona llamada Gerardo y da por probada la intervención del imputado en ese momento para perpetrar la supuesta agresión. El tribunal saca esta terrorífica conclusión, a pesar de existir claras incongruencias entre las declaraciones de las dos supuestas testigos y en la misma declaración de la supuesta testigo presencial Miriam Hernández, la cual dijo, según los plasma el mismo tribunal en la página 4 de la sentencia en el párrafo primero renglón 5 del testimonio de la señora Hernández, que “Vio que Gerardo y Manuel estaban como discutiendo” y seguidamente en la página 5, en el párrafo segundo del testimonio, renglón 11 siempre del testimonio de la señora Hernández, que ella “No escuchó discusión” y que “del lugar donde ocurrieron los hechos ella se encontraba cerca, su casa está en alto y lo que pasó fue en la calle, abajo”. El tribunal establece tan temeraria conclusión como hecho probado, a pesar que ellos mismos en la sentencia, en la página 6, párrafo tercero, renglón 3 y párrafo cuarto, renglón 1 del testimonio de la testigo Ángela García, esta relata que “no escuchó ninguna discusión entre ellos” y “que ellos se llevaban bien, no escuchó pleito alguno o escándalo”. Esta defensa se aterra ante la valoración fuera de todo orden lógico que hace el tribunal y más aún que dicha valoración carente de sentido sea dada como un hecho probado por los jueces de sentencia de forma unánime y en total detrimento de la presunción de inocencia del imputado a quien los jueces denotan en su sentencia, haber tenido durante el juicio como presunto culpable. Siempre en la sección de “Valoración de la Prueba”, en el acápite tercero el tribunal hace en el primer párrafo una relación de lo relatado en el informe y ratificado por la médico forense Adela Santos, respecto a las lesiones encontradas en el señor Sosa Cerna al momento de la autopsia, descripciones técnicas que si bien establecen la causa de muerte, en ningún momento logran de manera científica ni empírica, relacionar a nuestro defendido con la causa y manera de muerte del hoy occiso. Tal y como lo manifestó esta defensa en las conclusiones del juicio y el mismo tribunal de sentencia los plasma en el acápite tercero de los antecedentes procesales; llama poderosamente la atención y salta a la vista una falsedad contenida en el informe médico forense que corre a folio 35 del expediente y que fue ratificada por la perito, consistente que en la parte del informe denominada “historia médico legal” (renglones 9-12 primera página), la perito hace referencia al lugar de los hechos en donde supuestamente sucedieron los pretendidos hechos, diciendo fecha, hora, local, colonia, ciudad y supuesto traslado del occiso al Hospital Escuela; datos de los cuales la perito no tiene respaldo alguno que ubiquen al cuerpo que examinó con las circunstancias por ella descritas en una grave y clara falta a la verdad y objetividad que debe primar en su informe. Al momento de ratificar su informe en el juicio, la testigo no supo justificar fehacientemente de donde obtuvo esos datos y tratando de forzar los hechos, dijo que ella se remitió al acta de levantamiento de cadáver; cuestión totalmente falsa, ya que tal y como se dijo en las conclusiones, el acta de levantamiento de cadáver (que no fue ratificada y solo fue incorporada como lectura) que corre a folios 28-34 del expediente, en ningún lugar menciona, describe, ubica o identifica el lugar donde sucedieron los hechos que le acabaron con la vida del señor Sosa Cerna, lo único que describe es que el levantamiento se realizó en un pasillo del Hospital Escuela, encontrando el cadáver sin pertenencias sobre una camilla hospitalaria y sin contar con ningún tipo de indicios ya que no se efectuaron requisas por estar en el Hospital referido. En una parte del acta denominada “datos del occiso” se hace referencia a que el domicilio del mismo era la colonia Nueva Suyapa, pero ni siquiera se consigna dirección exacta ni número de identidad del mismo, debido a que esa no es información que le conste al perito que levantó el acta, sino que son datos de referencia dados generalmente por algún familiar o acompañante del fallecido, del cual no existe referencia en dicha acta; por lo cual no consta que fuese ese su domicilio y en ningún momento puede conectarse ese lugar con los hechos que acabaron con la vida del señor Sosa Cerna. Esta defensa al revisar la sentencia dictada por el tribunal, se ha llevado la sorpresa que en el acápite tercero de la valoración de la prueba, párrafo segundo del mismo renglones 7 al 10, el tribunal plasma como ciertos hechos que aparte de falsos no fueron manifestados durante la ratificación del informe y la fase de preguntas que contestó la perito, literalmente 1 tribunal dice que “y que el lugar donde ocurrió el hecho lo pone en el dictamen porque hay un médico que hizo el levantamiento, que informó en el protocolo de levantamiento que fue en Nueva Suyapa, el arma estaba enfrente de la víctima” (lo subrayado en negritas y cursiva es nuestro). Es realmente escalofriante observar como un tribunal por unanimidad de votos emiten un fallo en total desapego a derecho, a la justicia, a la razón, basándose en circunstancias que no constan en la prueba practicada y falseando la verdad al tratar de sustentar tal barbarie. Tal como se manifestó en las conclusiones y se colige de las pruebas practicadas, no existió ninguna requisa, ni se recolectaron indicios por haberse levantado el cadáver en un pasillo del Hospital Escuela y para ser más específicos: no existe la supuesta arma homicida que el tribunal afirma faltando a la verdad en su resumen de la ratificación del informe forense. En los “Fundamentos Jurídicos”, que es el apartado de la sentencia que se utiliza para hacer la relación de los hechos tenidos por probados con la premisa normativa, es decir con los aspectos jurídicos que sustentan la resolución del caso, el Tribunal de Sentencia empieza haciendo el correspondiente análisis relativo la tipicidad objetiva y subjetiva del caso con respecto al delito de homicidio simple, llegando a la conclusión de que se satisfacen ambos elementos así como la llamada relación de causalidad entre la supuesta acción humana desplegada por nuestro representado y el resultado producido, lo cual es falso y en ningún momento pudo siquiera darse indicios de su veracidad. Es hilarante el hecho que el tribunal se explaye explicando por qué no se configura el tipo penal acusado por el Ministerio Público (Asesinato) y no hayan seguido las normas y respetados los principios que rigen la valoración probatoria. A continuación, en el numeral segundo del apartado, luego de reiterar el hecho probado que queda relacionado, esto para sustentar nuevamente la tipicidad, alude a las supuestas circunstancias y asevera que ha quedado probado que el imputado atacó al hoy occiso con la intención de quitarle la vida, cuestión totalmente falsa de la cual, con las pruebas practicadas jamás puede concluirse tan temerosa y gravosa aseveración del tribunal. Es así que en el numeral tercero y cuarto, el Tribunal establece que según su ilógico raciocinio no encontró causa de justificación que amparara al acusado y lo identifica como autor del supuesto delito de homicidio en perjuicio del señor Sosa Cerna. Llegados a este punto, queda evidenciado que el vicio que se acusa a la sentencia recurrida se origina en que, por una parte, se incurre en la llamada premisa descriptiva en una errónea fundamentación analítica o intelectiva, dado que de la prueba evacuada en el proceso no puede extraerse la conclusión que saca el Tribunal en cuanto a los hechos probados que quedan transcritos, creando con ello una especie de “artificialidad” en el manejo valorativo de las probanzas, con lo que el fallo deviene necesariamente privado de razón suficiente en su parte dispositiva. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el numeral 3) del artículo 362 del Código Procesal Penal, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna.” “SEGUNDO MOTIVO: Falta de individualización precisa del imputado Explicación del concepto de la Infracción. Como se puede apreciar en la sentencia recurrida, el tribunal no tuvo el cuidado de conocer bien el nombre del imputado ya que le llama a lo largo de la individualización del mismo, la valoración de las pruebas, la fundamentación jurídica y la parte resolutiva de dos maneras: Denis Alfonso Murillo López y Denis Adolfo Murillo López (nombre correcto). Vemos así que se al inicio de la condena se individualiza a Denis Adolfo y al final se condena a Denis Alfonso por Homicidio, se le inhabilita y se declara su responsabilidad civil y se absuelve por Asesinato a Denis Adolfo. Por lo anterior el tribunal ha violentado la forma que debe tener toda sentencia y ha errado en la plena identificación del imputado. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el numeral 4) del artículo 362 del Código Procesal Penal, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna.” IV.- Continúan manifestando los recurrentes en su: TERCER MOTIVO: Infracción al Precepto Constitucional de Presunción de Inocencia. Explicación del concepto de la Infracción. El tribunal sentenciador pese a que como parte de sus obligaciones informó al iniciar el juicio al acusado de la presunción de inocencia que le arropaba y que la Constitución de la República establece dentro de los derechos individuales en el artículo 89 y el Código Procesal Penal en su artículo 2, al realizar la gravosa y errónea valoración de las pruebas que dan como resultado hechos probados alejados de toda lógica y razón, y que sirven de fundamento para emitir una condena por homicidio simple y sentenciarle a pasar 15 valiosos años de su vida, alejado de su familia y de sus vida digna; salta de inmediato a la vista que el tribunal menciona la presunción de inocencia solamente por cumplir un requisito que la Ley exige, pero que en realidad desde el momento que se apertura el juicio nuestro defendido llegó a la sala como presunto culpable, ya que del estudio de los medios de prueba practicados y las valoraciones erróneas y nefastas hechas por los jueces de sentencia, se ve claramente que para ellos nuestro defendido era culpable y le correspondía a la defensa probar su inocencia. Es indiscutible el hecho que el razonamiento de la sentencia debe responder las preguntas acerca de ¿Qué?, ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Cómo?, ¿Por qué?, ¿Quién?, ¿Para qué?, basados en las pruebas practicadas cuyo contenido sea indubitable y bajo las reglas de valoración de la prueba; ya que es esto lo que constituye la Teoría del Caso. En el caso sometido a su jurisdicción, el tribunal sentenciador actuó y falló con total desapego a las reglas de valoración de la prueba y poco le importó el hecho tan obvio que no existía en la acusación una Teoría del Caso por no cumplirse los presupuestos normativos ni técnicos que se exigen y que da como consecuencia el no poder sostener una hipótesis verídica del caso. De lo único que se tiene certeza es que hay una persona fallecida y que su muerte no fue natural sino a consecuencia de una agresión recibida alrededor de la media noche del 31 de diciembre de 2002; respecto al lugar donde sucedió el hecho, cómo sucedió, porqué sucedió, quién lo hizo y para qué, no se tiene ninguna prueba, ni indicio racional e indubitable acerca de dichos extremos y categóricamente no puede determinarse ningún tipo de conexión entre lo poco que se conoce del caso y algún tipo de participación de nuestro defendido con dichos hechos. Y debió ser el tribunal de sentencia quien concluyera que no existían elementos que probasen ninguna participación de nuestro defendido en la muerte del hoy occiso, y respetar esa presunción de inocencia que nos cubre a todos como un derecho de cada individuo, garantizado por el imperio de la Ley en un Estado de Derecho; sin embargo esta corte negligentemente invirtió la carga de la prueba y dio por culpable al imputado y transformó y trasladó la obligación de quebrantar la presunción de inocencia que tiene el Ministerio Público, por el deber de probar la inocencia y quebrantar la presunción de culpabilidad a la defensa. Motivo de casación que se encuentra autorizado en el artículo 361 del Código Procesal Penal en relación con el artículo 89 de la Constitución de la República, vicio sobre el cual no se ha hecho reclamo previo en razón de que el mismo se produce en la propia sentencia que se impugna.” Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Primer Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación a las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establecen los recurrentes que el tribunal sentenciador vulneró las reglas de la sana crítica, especialmente el principio lógico de razón suficiente, principio que se desprende del principio de derivación, en la que quedó evidenciado durante el juicio los relatos de las dos supuestas testigos ya que se contradicen entre sí, así como con las demás pruebas de cargo. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. a. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. b. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o c. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Primer Motivo. El recurso no es de recibo. Debe de tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a ésta. Por ende el recurrente al alegar la violación del Principio de Derivación asume una ardua tarea que consiste en identificar el silogismo que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa mayor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Hoy por hoy el recurso de casación por quebrantamiento de forma planteando como motivo la violación del principio lógico de derivación ocupa un gran de porcentaje de los recursos que resuelve esta Sala de lo Penal; desafortunadamente en algunos casos el recurrente presentan como pretensión un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba, todo ello impropio en la única instancia. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que éste debe ser asignado por el juzgador de la instancia utilizando las reglas de la sana critica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello, el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada. La casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En principio, el tribunal sentenciador, establece de modo expreso que ha llegado a su conclusión, más allá de toda duda razonable, lo que implica que el sentenciador al examinar la prueba, alcanzó pleno conocimiento del hecho reconstruido y sometido a juicio. El recurrente funda su reproche recursivo en la violación de las reglas de la sana crítica, indicando que el tribunal dio una valoración inadecuada a las declaraciones de la testigo Miriam Elizabeth Hernández Pacheco y la testigo Ángela Margarita García, cuestionando sus testimonios, señalando lo que a su criterio pueden ser contradicciones de las declaraciones y considerando que por ello no debieron considerarse ni valorarse, para fundar un fallo condenatorio. Al apreciar esta Sala las declaraciones rendidas en juicio, se logra determinar: a) La Testigo Miriam Elizabeth Hernández Pacheco, estableció que: “Recuerda que venía de la iglesia se encontró a Manuel, Gerardo y a Denis cuando ellos pasan ya solo pasan Gerardo y Manuel, va al baño y ve que estaban Gerardo y Manuel como discutiendo, metió sus hijos para adentro porque pensó que era un asalto, observó que Denis salió de una cuneta con un puñal en la mano y le infirió una herida a Manuel, luego Denis agarró con rumbo a la casa de él, Gerardo se quedó con Manuel, luego que dijo que habían fregado a Manuel, ella bajó y el muchacho estaba boca abajo y Gerardo lo puso boca arriba y ella le dijo ayudémosle, busquemos un taxi para llevarlo al hospital y Gerardo le dijo no, si este ya está hule, ya se murió.” Asimismo, a preguntas de las partes estableció “que el hecho fue en fecha navideña un 31 de diciembre, faltando cinco o diez para las doce, fue en el dos mil dos, frente al expendio donde estaban bebiendo, fue en la colonia Nueva Suyapa, …observó que Denis le pegó una herida a Manuel al lado izquierdo, estaban enfrente de la cantina,… había iluminación, …Denis sale de una cuneta, Manuel al momento que es atacado está de pie, Gerardo lo tiene del hombro, al momento que es atacado Manuel estaba de frente donde Denis salió, no escucho discusión…” Declaro que “Manuel es herido bajo la chiche en la parte izquierda, sino se equivoca fue con un cuchillo...”b) En cuanto a la declaración de la Testigo Ángela Margarita García, declaró que: “En ese tiempo no conocía del Señor, en su hogar se vendían bebidas alcohólicas, ellos andaban abrazados tomando, ellos tomaban su trago se iban y volvían, era un treinta y uno de diciembre y sólo vinieron dos veces, no había gente en el negocio y entonces al rato escuchó una bulla afuera, láminas que sonaban, estaba adentro con su esposo, salió del umbral de la puerta vio alguien tirado en el suelo, en el patio de la casa, en la calle no estaba alumbrado, solo el foco que ponen en el negocio, ella preguntó ¿Qué pasó? Vio el muchacho en el suelo… refirió que ella no vio quién mató al muchacho.” A preguntas de las partes, contestó: “Estos hechos ocurrieron en el año dos mil, … eran las doce de la noche faltaban cinco minutos para la una de la madrugada, conocía a estos muchachos vivían retirado, los conocía por su apodo, al que mataron le decían Nigua, se llamaba Manuel, los que acompañaban uno de ellos era Denis que andaba con él y su hermano Gerardo, ellos son Murillo, … después quedan comentarios, escuchaba que había sido Denis, solo el Señor sabe.”, Indicó además la testigo “ Sucedió fuera del negocio, en el patio de la casa, solo estaba prendida la candela que prenden para iluminar la acera, no escuchó ninguna discusión entre ellos… indicó que el patio es enfrente de la casa no adentro, hay una malla, frente a la malla ella le llama el patio…” En la valoración, el tribunal estima que los testimonios de cargo han sido claros y existe uniformidad en sus dichos al indicar lugar, tiempo y dinámica de los hechos, ya que se encontraban cerca del sitio del suceso, por lo que les concede credibilidad, indicando que el testimonio de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco, que es la única testigo presencial del hecho, por lo que el tribunal realizó una prudente y cuidadosa valoración de su testimonio, y luego de realizar la misma no se observó en ella duda sobre las circunstancias esenciales del hecho y la identificación del imputado como la persona que vio acercarse al señor Manuel de Jesús con cuchillo en la mano y hundírselo en el tórax, la testigo ha expuesto la forma en que lo hizo, indicó la localización de la mortal herida en lo que ha concordado con los resultados de la autopsia; en cuanto a la declaración de la señora Ángela Margarita García, la valoró el tribunal estableciendo que si bien, la misma no presenció los hechos, tuvo conocimiento de circunstancias directamente relacionadas con el mismo pues ubica al imputado Denis Alfonso en compañía de la víctima Manuel de Jesús ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas antes del hecho, también estableció que ambos eran acompañados por Gerardo, hermano del acusado, quién permaneció en la escena aun después del mortal ataque, donde fue visto por los testigos; refiriéndose a las condiciones de luminosidad del lugar, la testigo dijo que estaba encendida la candela que tienen en su negocio para iluminar la acera, lo que revela que en el lugar si había luz artificial que también hizo posible la observación por parte de las testigos. El censor muy convenientemente ha obviado aspectos trascendentales en relación a la valoración de las declaraciones testificales, el primero de ellos es que según ha definido esta Sala de lo Penal a través de su jurisprudencia, al tratarse de la valoración conjunta de medios de prueba testifical, el Tribunal de Sentencia no puede limitarse a hacer una simple confrontación en espera de una coincidencia perfecta, pues nunca dos personas declararán de manera idéntica aun y cuando hayan percibido el hecho al mismo tiempo, pues los aspectos de personalidad, desarrollo intelectivo, capacidades biológicas y psicológicas, determinarán que el relato sea distinto, inclusive a veces hasta contradictorio en algunos detalles, sin que ello implique falsedad por parte de alguno de los testigos, por el contrario, partiendo de la naturaleza humana, el relato increíblemente coincidente de dos testigos debe alertar al Tribunal de Sentencia por su anormalidad. Así entonces, los testigos valorados conjuntamente deben brindar una visión amplia del hecho, con detalles informados a depender del lugar, distancia y oportunidad de percibir el hecho, pudiendo ser hasta contradictorios en aspectos periféricos, pero necesariamente coincidentes en la dinámica general y en aspectos medulares para ser ambos calificados como creíbles. Es así que se desprende que el recurrente lo que demanda es una coincidencia perfecta y por tanto anormal de los testimonios, para poder hacerlos acreedores de credibilidad, lo cual si resulta contrario a las reglas de la sana critica racional. De igual manera al relacionar estos testimonios con el resto del acervo probatorio: a) Acta de levantamiento de cadáver (F28 a F34) la cual se incorporó como prueba documental realizada el uno de enero de dos mil tres, a la una y veinte de la mañana, realizada con la presencia del fiscal del Ministerio Público, el médico forense, agentes de investigación, agentes de la policía nacional preventiva, peritos de la escena del crimen, técnico de dactiloscopia, en la que se consignaron las descripción de las lesiones encontradas en el cuerpo de la víctima; estableciendo como causa aparente de muerte: un trauma torácico abierto por arma corto punzante; al cual el tribunal le dio valor probatorio como creíble, ya que consigna de manera real y objetiva las circunstancias relacionadas con la inspección del cadáver, la manera de muerte de la víctima y la intervención de distintas entidades relacionadas con la investigación, y que su contenido resulta coincidente con las conclusiones de la pericia de autopsia que ha determinado que la herida que provocó la muerte de la víctima fue producida por arma blanca; además coincide con otras lesiones que presentaba el cadáver como otras heridas y excoriaciones; b) Dictamen médico forense n° 2003-0801-0401-0002, realizada por la doctora Adela Elizabeth Santos Raudales y cuyo dictamen se realizó el 01 de enero de 2003, en el que se indicó una herida en el lado izquierdo del tórax de 3.5 X 1.5 cm de diámetro, trayecto de adelante hacia atrás, de derecha a izquierda y de abajo hacia arriba, ésta herida corto punzante provocó herida en la piel, laceración de la aorta de la arteria pulmonar, corazón y el pulmón derecho y provocó un cúmulo de sangre en el tórax, describiendo otras heridas y excoriaciones en el cuerpo de la víctima; como comentario médico legal, establece que las características de las heridas son compatibles con las producidas por arma blanca, que actúa tanto por su filo como por su longitud, estableciendo que las excoriaciones de la cara se debió cuando cayó después de recibir la herida, encontrándose alcohol en la sangre y que la manera de muerte es homicida; el tribunal le dio credibilidad al dictamen de autopsia, pues el mismo fue elaborado por un perito oficial que cuenta con la capacidad profesional y en la que se establece la muerte violenta del señor Manuel de Jesús Sosa y que la misma se debió a un cúmulo de sangre en la cavidad torácica Al examinar los hechos declarados probados por el tribunal sentenciador, es posible afirmar que los mismos fueron conformados con claridad, precisión y coherencia, derivados directamente de la prueba vertida en juicio, sin que quede margen de duda respecto a los mismos. Se establece que los hechos probados no sólo son congruentes, sino que se desprenden directamente de los medios de prueba evacuados y la valoración de estos se han fundamentado en la probabilidad a partir del común comportamiento, apoyada en inferencias razonables, como manifestaciones de la sana critica, las máximas de la experiencia, la lógica y el sentido común, por lo que se desestima el presente motivo. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Segundo Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Error en la plena identificación del imputado. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establecen los recurrentes que en la sentencia el tribunal no tuvo cuidado al conocer bien el nombre del imputado ya que tanto en la individualización, en la valoración de las pruebas, la fundamentación jurídica y la parte resolutiva lo llamó de dos maneras; Denis Alfonso Murillo López, siendo su nombre correcto Denis Adolfo Murillo López, por lo que el tribunal ha violentado la forma que debe contener la sentencia. De la individualización precisa del imputado. La sección quinta del artículo 338 del Código Procesal Penal, señala que en la parte resolutiva de la sentencia se absolverá o se condenará a las personas imputadas, con pronunciamientos separados respecto a cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, debiéndose determinar, en caso de ser condenatoria la sentencia, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. Esa disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución, puesto que al absolver o condenar, se debe indicar claramente sobre quien se está resolviendo. Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias infracciones penales imputadas, ya que la precisión en la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen, reflejará seguridad en lo resuelto, lo que, a su vez, tornará inequívoco el contenido del fallo. Ello es así, porque al momento de la condena el juzgador debe tener total certeza de la ocurrencia del hecho y de la responsabilidad del encausado, de tal suerte que la omisión de los elementos esenciales de la causa (Entre ellos la consignación precisa del imputado), incidirá en no apreciar dicho grado de convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Segundo Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de lo Penal una vez analizada la sentencia en su totalidad, pude concluir que en efecto, el sentenciador incurrió en un error material de transcripción del segundo nombre del imputado en la declaración de los hechos probados, apareciendo como Denis Alfonso Murillo López siendo su nombre correcto Denis Adolfo Murillo López tal como ha sido consignado en el preámbulo de la sentencia junto con sus generales de ley y su número de identidad siendo su número 0801-1981-01444; así mismo aparece tal error, en la valoración de la prueba, fundamentación jurídica en los numerales primero, segundo, tercero y cuarto, y no en el numeral quinto en la que aparece correcto el nombre en la constancia emitida por la unidad de antecedentes penales del Poder Judicial y en su parte resolutiva en sus numerales primero, segundo y tercero; apareciendo en el numeral quinto correctamente el nombre y apellido como Denis Adolfo Murillo López Denis, error material que no incide de manera sustancial en la decisión de la misma, puesto que la persona que está siendo juzgada en estas diligencias es el señor Denis Adolfo Murillo López. Respecto a la identificación del imputado al artículo 103 del Código Procesal Penal dispone que: “Cuando no existan dudas de que la persona imputada es en realidad la que está siendo objeto de la persecución penal, cualquier inexactitud de los datos suministrados u obtenidos de conformidad con el artículo precedente, no alterará el curso del proceso. La autoridad competente, sin embargo, en ejecución de la pena, adoptará las medidas necesarias para que aquellos se rectifiquen.” En el caso bajo examen, en ningún momento han surgido dudas en torno a la identidad del encausado; se trata pues de un caso de error de un dato relativo al segundo nombre, que no es causa de nulidad de la sentencia ni mucho menos del proceso, sino de enmienda en la fase de ejecución. En consonancia establece el artículo 142 del Código Procesal Penal en su último párrafo establece. “Los meros errores materiales y los aritméticos o de cálculo, cuando sean manifiestos, podrán ser rectificados en cualquier momento, a petición de parte o por propia iniciativa del órgano jurisdiccional.” Tratándose en el presente caso, de un mero error material, mismo que ha quedado evidenciado en la sentencia dictada contra el señor Denis Adolfo Murillo López, específicamente en los numerales primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, al nombrar de manera errónea al señor Denis Alfonso Murillo López, por lo que se rectifica la sentencia recurrida en el sentido siguiente: 1) Que el Tribunal de Sentencia condenó al señor Denis Adolfo Murillo López, por el delito de Homicidio en perjuicio del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiéndose computar desde el día en que fue recluido por esta causa y la que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Nacional de Támara. 2) Que el Tribunal de Sentencia condenó al señor Denis Adolfo Murillo López como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario nacional. 3) Se declara la responsabilidad civil del condenado Denis Adolfo Murillo López, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. Por lo que, al constituirse el yerro del sentenciador en un error material involuntario, el mismo no conlleva reproche casacional, sino que más bien, la rectificación oficiosa conforme lo establece nuestra legislación procesal, razones suficientes para desestimar el presente recurso de casación. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos por Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la defensa privada. Motivo Único. *Norma autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículos 89 de la Constitución de la República en relación con los artículos 2 Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al estado de inocencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establecen los recurrentes que el tribunal sentenciador actuó y fallo en total desapego a las reglas de valoración de la prueba, ya que invirtió la carga de la prueba y dio por culpable al imputado Denis Adolfo Murillo López, ya que no se pudo determinar ninguna conexión entre lo poco que se conoce del caso y algún tipo de participación de nuestro defendido con dichos hechos, vulnerando de esa manera la presunción de inocencia. Del Derecho/Principio del estado material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones. Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia, tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, puede ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): 1) a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del CPP; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame a sí mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido, la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A-Quo haya actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede, en el caso actual, que el censor del fallo denuncia que no existe ningún tipo de conexión, ni alguna participación probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de homicidio simple al señor Denis Adolfo Murillo López; pues refiere que el Ministerio Público presentó prueba para acreditar la muerte violenta del señor Manuel de Jesús Sosa Cerna, más no así para acreditar la participación del acusado Denis Adolfo Murillo López en tales hechos. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo las siguientes: 1. Declaración testifical de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco. 2. Declaración testifical de la señora Ángela Margarita García. 3. Acta de levantamiento de cadáver anexo la inspección de la escena del crimen. 4. Dictamen médico forense n° 2003-0801-0401-0002. Contrario a lo que expone el censor en su recurso, se ha verificado que el acervo probatorio, fue propuesto y admitido respetando los procedimientos y formalidades que la ley adjetiva señala para tales efectos, en consecuencia, fueron incorporados al proceso de modo legítimo. Por otro lado, los anteriores medios de prueba resultaron razonablemente suficientes para acreditar la participación a título de autor, del acusado Denis Adolfo Murillo López en los hechos que se le imputan. Ha constatado esta sala que las declaraciones evacuadas en el acto de debate, proporcionan datos coherentes y congruentes entre sí, con la declaración de la señora Miriam Elizabeth Hernández Pacheco se estableció las circunstancias de lugar, modo y tiempo en que se desarrollaron los hechos, así como la identificación del acusado como autor de los mismos, todo ello por haber sido prueba directa y presencial. En cuanto a la prueba documental y la prueba pericial, la misma apoya y confirma la prueba testifical, en relación a la descripción de los hechos, así como el lugar hacia donde el acusado Denis Adolfo Murillo López, dirigió su acción de herir a Manuel de Jesús Sosa Cerna, es decir la herida por arma blanca que le provocó la muerte la cual fue dirigida al lado izquierdo del tórax, provocando laceración de la aorta, de la arteria pulmonar, corazón y el pulmón derecho, la cual le provocó un cúmulo de sangre en la cavidad de tórax al abdomen y tórax. Esta Sala de lo Penal reitera que se quebrantó el derecho a la presunción de inocencia, pues se comprobó lo siguiente: a) Si hay prueba en sentido material (prueba personal o real); b) Si hay pruebas que son de contenido incriminatorio; c) Si ha sido constitucionalmente obtenida, esto es, que fue incorporada lícitamente al juicio oral; d) Si ha sido practicada con regularidad procesal; e) Si es suficiente para enervar la presunción de inocencia; y f) Si ha sido racionalmente valorada por el tribunal sentenciador. De esta forma, esta Sala encuentra racionalidad en las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificando que las mismas no han sido arbitrarias, ilógicas ni irrazonables, habiendo actuado el A-Quo con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como ha constatado la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado, en razón de lo cual es procedente declarar sin lugar el recurso impetrado. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la Defensa Privada. No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Defensa Privada. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362 del Código Procesal Penal; FALLA: PRIMERO: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos. SEGUNDO: No Ha Lugar, el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, todos interpuestos por los Abogados Eugenio Romero Ramírez y Claudia Alejandra Romero Lanza, actuando en su condición de defensores privados de Denis Adolfo Murillo López, a quien se le condenó por el delito de Homicidio, en perjuicio de Manuel de Jesús Sosa Cerna. TERCERO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. Firma y Sello. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-85-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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