Sentencia CP-78-17 — Registro 11959
Resumen
En primera instancia se absuelve a las imputadas por el delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. En el caso sometido a estudio la recurrente considera que el A quo excluyó indebidamente los dictámenes toxicológicos números 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-747-2; el Dictamen 0804-956-QT-747-1, contiene: 1.- Un paquete plástico transparente sellado con tape café, conteniendo polvo blanco perla (cocaína) peso neto: 1,005 gramos (un mil cinco gramos) perteneciente a Rachel Lauvourne Wesley Salomon.. 2.- Un paquete plástico transparente sellado con tape café, conteniendo polvo blanco perla (cocaína) peso neto: 998 gramos (novecientos noventa y ocho gramos) perteneciente a Rachel Lauvourne Wesley Salomon; Dictamen 0804-956-QT-747-1, contiene: 1.- Una envoltura de plástico transparente en cuyo interior envolturas de papel periódico y dentro de estas una envoltura con tape café conteniendo polvo blanco perla. Peso neto: 1,035 gramos (unos mil treinta y cinco gramos) perteneciente a Liza Kay Dilbert. 2.- Una envoltura de plástico transparente en cuyo interior envolturas de papel periódico y dentro de estas una envoltura con tape café conteniendo polvo blanco perla. Peso neto: 969 gramos (novecientos sesenta y nueve gramos) perteneciente a Liza Kay Dilbert y que de acuerdo al análisis realizado se concluyó que es cocaína clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico, la cantidad total decomisada no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato. Los argumentos de la censora no son correctos, pues el tribunal sentenciador en ningún momento excluyó o no consideró el dictamen al que se refiere, pues el numeral primero del acápite “Fundamentación Jurídica”, establece las razones de hecho y de derecho que motivaron separar del legajo probatorio la pericia cuestionada por la recurrente y decretó la nulidad de la misma. Argumentó el A quo conforme al artículo 200 del Código Procesal Penal, que estableció la nulidad de los dictámenes periciales 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-747-2 al haberse vulnerado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en Convenios Internacionales, considerando el acto ineficaz al encontrarse la causa ya bajo tutela judicial efectiva al momento en que se ordenó el estudio de la evidencia encontrada, debiendo el tribunal corroborar el estado de inocencia de las acusadas. Significa que antes del requerimiento fiscal, el Ministerio Público es el titular técnico jurídico de la investigación, y se le permite la realización de toda diligencia dirigida al establecimiento de la verdad; pero una vez que el expediente esté judicializado, toda diligencia probatoria debe ser puesta bajo control jurisdiccional, y del conocimiento de la parte contraria, para que ésta tenga derecho a intervenir y tutelar los derechos de su representado. En la presente causa el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 16 de abril de 2008 (F1-F3); por su parte el dictamen toxicológico fue emitido en fecha 18 de abril de 2008 (F54 y F55), sin embargo la solicitud de realización del análisis toxicológico no se encuentra en el expediente judicial; de lo que se deduce que la parte defensora no tuvo el conocimiento al que se refiere la norma adjetiva y por ende fue privada de la más mínima intervención, al no tener la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa. Ante tal situación el sentenciador consideró que existía una violación al debido proceso y al derecho de defensa, por lo que declaró la nulidad de dicho medio de prueba, pues se violentaron normas de carácter fundamental. Tal como lo argumentó el juzgador en la fundamentación jurídica del fallo, el artículo 200 del Código Procesal Penal establece que carecerán de eficacia probatoria aquellos actos que vulneran garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; sin embargo consideramos importante recalcar el último párrafo de ese artículo, al establecer “ sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”, estas últimas líneas del artículo 200 del Código Procesal Penal, han pasado inadvertidos en muchas oportunidades por parte del encargado de la persecución penal, pues hemos visto infinidad de juicios en los que, por utilizar pruebas prohibidas o ilícitas, muchos procesos han quedado en la impunidad, precisamente porque no se toman los correctivos necesarios para impedir que en próximas investigaciones se cometan los mismos yerros, por lo que se hace un enérgico llamado de atención al Ministerio Público, para que en los casos que corresponda, de fiel cumplimiento a ese mandato del legislador. Concluye esta Sala de lo Penal, que el Tribunal sentenciador no excluyó indebidamente el dictamen pericial que alega la recurrente, pues expresó de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta sala comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-78-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Rachel Lauvorle Wesley Salomón, del delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras.- Segundo: Absolvió a la señora Liza Kay Dilbert, del delito de Tráfico Ilícito de Estupefacientes, en perjuicio de La Salud Pública del Estado de Honduras.- Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada Yessenia María Márquez Lobo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y el Abogado Allan Leonel Reyes Portillo, en su condición de defensor privado de los señores Rachel Lauvorle Wesley Salomón y Liza Kay Dilbert, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Este Tribunal de Sentencia como resultado de la valoración de las pruebas evacuadas durante el debate, conforme a las reglas de la sana crítica razonada, declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: Que en fecha quince de abril del dos mil ocho, siendo aproximadamente las ocho y cuarenta de la mañana, mientras las señoras RACHEL WESLEY SALOMON y LISA KAY DILBERT disponían abordar una aeronave con destino a una ciudad de Estados Unidos de Norte América, y pasar por las cámaras de rayos X, agentes de la seguridad del aeropuerto Ramón Villeda Morales, detectaron que ambas mujeres llevaban un objeto voluminoso a la altura del abdomen, y al hacerles el correspondiente registro corporal por personas encomendadas para tal efecto y del mismo sexo femenino, se detectó que tanto RACHEL como LISA llevaban amarrado con cinta adhesiva dos paquetes cada uno conteniendo polvo blanco, por lo que ambas fueron detenidas y puestas a la orden de autoridad competente.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Kenia Dayana Cerna, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. 1. POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: UNICO MOTIVO: Haber Excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO El Precepto penal adjetivo que se invoca como infringido por falta de aplicación, prescribe: Articulo 202: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida” (lo resaltado es nuestro). Al examinar la sentencia censurada así como las probanzas que sirvieron de fundamento, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO como ser los Dictámenes de toxicología Número 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-747-2, realizados por la Perito OSIRIS MARGARITA CHESSMAN; en el cual se concluyó lo siguiente: 1- Dictamen Número 0804-956-QT-747-1; Análisis de indicios decomisados a RACHEL WESLEY SALOMON; divididos en 1A con un peso de mil cinco gramos (1005 gm) y 1B, con un peso de novecientos noventa y ocho gramos (998gm); es Cocaína Clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico, dicha cantidad no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato. 2.- 1- Dictamen Número 0804-956-QT-747-2 Análisis de indicios decomisados a LIZA KAY DILBERT; divididos en 2A con peso de mil treinta y cinco gramos (1035 gm) y 2B con un peso de novecientos sesenta y nueve gramos (969gm), es Cocaína Clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico, esa cantidad no es compatible con la dosis considerada personal inmediato para consumo. El sentenciador excluyó esa prueba y la consideró ilícita, porque a su criterio se vulneraron las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en Convenios Internacionales de los que Honduras forme parte, considerando el acto ineficaz al encontrarse la causa ya judicializada, en el momento que se ordenó el análisis de la evidencia decomisada a las imputadas, indicando que debió realizarse bajo control jurisdiccional y por ende decreta la nulidad de los dictámenes suprareferidos y en ese sentido no se acreditaría la existencia del delito, por el cual fueron se les incoó proceso a las señoras RACHEL LAUVORLE WESLEY SALOMON y LISA KAY DILBERT. Ante el cuestionamiento del sentenciador debemos establecer que el artículo 273 del Código Procesal Penal, en los numerales 3 y 4, legitima al Ministerio Público para realizar pericias en todos los campos de la Criminalística y de la Medicina Forense; asimismo para adoptar las medidas urgentes y necesarias para preservar los elementos de prueba susceptibles de perderse y para la realización de esas diligencias, el mismo artículo señala que no se necesita autorización judicial, salvo cuando pueda afectarse un derecho garantizado por la Constitución de la República y de los Tratados Internacionales de los que Honduras forma parte. En el presente caso, en fecha quince de abril del año dos mil ocho, y como a las ocho con treinta minutos de la mañana, mientras agentes de seguridad del Aeropuerto Ramón Villeda Morales de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes realizaban inspección, observaron que la pasajera RACHEL WESLEY SALOMON, quien se viajaría en el vuelo 390 de la Aerolínea TACA, hacia la ciudad de Miami Estados Unidos, llevaba el abdomen abultado y se negó a la revisión, indicando que había sido recientemente operada y que por prescripción médica tenía que ir fajada, pero al ser llevada para realizarle inspección con agentes de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico, se le encontró un paquete que al ser pasado por rayos X, arrojó colores verde y azul de detección de droga, al mismo tiempo fue requerida para revisión su acompañante, la señora LIZA KAY DILBERT, a quien se le encontró también un paquete en las mismas condiciones, por lo que ambas fueron puestos a la orden de autoridad competente a efectos de continuar con el respectivo procedimiento. A las señoras RACHEL LAUVORLE WESLEY SALOMON y LISA KAY DILKVERT, se les presentó Requerimiento Fiscal en fecha dieciséis (16) de Abril del año dos mil ocho y es en esa misma fecha que la evidencia decomisada a las acusadas es remitida al Laboratorio de Toxicología, cuyo oficio como bien lo señaló el Fiscal de la causa fue remitido al Doctor Lempira Escobar, en su condición de Director Regional de Medicina Forense de la ciudad de San Pedro Sula; aspecto que fue corroborado con la intervención de la Perito OSIRIS MARGARITA CHESMAN, quien elaborara el análisis de los indicios remitidos, expresando que los mismos fueron recibidos el dieciocho de abril del año dos mil ocho y los dictámenes respectivos fueron elaborados el día dieciocho (18) de abril de ese mismo año; señalando además la Perito que fueron recibidos dos paquetes para ambas acusadas, los cuales fueron divididos en A y otro B, los cuales resultaron ser Cocaína Clorhidrato y que el peso total de los mismos, desde el punto de vista toxicológico, excedía de la cantidad considerada para consumo personal Inmediato. Y como antes lo expresamos, la evidencia suprareferida fue enviada para análisis el mismo día que fue presentado el Requerimiento Fiscal y por ende en ese momento estamos en la etapa preparatoria del proceso, en el cual el Ente Fiscal se encontraba legitimado para realizar esa diligencia, es decir no necesitaba autorización judicial como lo estableció el Juzgador, ya que quien practica la pericia es un Perito Oficial del Ministerio Público, por ende no requería juramentación en esa etapa del proceso y en ningún momento se violentaron derechos fundamentales a las acusadas, ya que como parte de las primeras diligencias que realiza el Fiscal, consideradas como urgentes y necesarias, el mismo día que se presenta el Requerimiento Fiscal, poniendo a la orden las detenidas, también se remitió la supuesta droga para su análisis y determinar la pureza de la misma, circunstancia que aclaró el Fiscal que compareció al Debate, aunado a ello, los señalados dictámenes fueron presentados en Audiencia Inicial y efectivamente es en ésta Audiencia que la Defensa haría uso del contradictorio no antes, porque no hay otra audiencia de evacuación de prueba previa a la Inicial y después en Debate, por lo que como ya lo indicamos, no se violentó ningún derecho a las imputadas con la realización de los dictámenes por la propia legitimación del ente acusador y por ende no era necesario proceder de conformidad a lo establecido en el artículo 242 del Código Procesal Penal en ese momento. Así las cosas, resulta evidente el grave error de hecho en que incurrió el Tribunal sentenciador al excluir en toda su dimensión los dictámenes de Toxicología practicados a la supuesta droga decomisada a las acusadas, los cuales acreditaban la existencia del delito de Tráfico de Drogas, al resultar que la misma era Cocaína y que no era compatible con la cantidad considerada para consumo personal inmediato, diligencia que como ya lo indicamos cumplía con los presupuestos procesales para su admisión y valoración en juicio, en consecuencia se acredita la legitimidad de la misma y por ende al suponer un rechazo expreso en los extremos descritos en el fallo antes señalado se excluyó su valor probatorio que es decisivo en el presente proceso Conforme a lo expuesto se concluye, que si el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, recurrido hubiere apreciado la prueba citada, inequívocamente habrían determinado que las imputadas RACHEL WESLEY SALOMON y LIZA KAY DILBERT, eran responsables del delito de TRAFICO DE DROGAS, cometido en perjuicio de LA SALUD DE LA POBLACION DEL ESTADO DE HONDURAS, como se ha dejado demostrado. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador incurrió en grave error al excluir los dictámenes de toxicología números 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-742-2 practicados a la droga (cocaína) con un peso de 1,035 gm y 969 gm, respectivamente, ya que la consideró ilícita porque al momento de ordenarse el análisis la causa ya se encontraba judicializada y por ende necesitaba autorización judicial, estableciendo la recurrente que en ese momento se encontraba en la etapa preparatoria del proceso y el cual se encontraba legitimado y no necesitaba autorización judicial para ordenar dicha diligencia. De la exclusión de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido Proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la Ley (Art. 199 del Código Procesal Penal), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del Código Procesal Penal) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se “… excluya […] alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. En el caso sometido a estudio la recurrente considera que el A quo excluyó indebidamente los dictámenes toxicológicos números 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-747-2; el Dictamen 0804-956-QT-747-1, contiene: 1.- Un paquete plástico transparente sellado con tape café, conteniendo polvo blanco perla (cocaína) peso neto: 1,005 gramos (un mil cinco gramos) perteneciente a Rachel Lauvourne Wesley Salomon.. 2.- Un paquete plástico transparente sellado con tape café, conteniendo polvo blanco perla (cocaína) peso neto: 998 gramos (novecientos noventa y ocho gramos) perteneciente a Rachel Lauvourne Wesley Salomon; Dictamen 0804-956-QT-747-1, contiene: 1.- Una envoltura de plástico transparente en cuyo interior envolturas de papel periódico y dentro de estas una envoltura con tape café conteniendo polvo blanco perla. Peso neto: 1,035 gramos (unos mil treinta y cinco gramos) perteneciente a Liza Kay Dilbert. 2.- Una envoltura de plástico transparente en cuyo interior envolturas de papel periódico y dentro de estas una envoltura con tape café conteniendo polvo blanco perla. Peso neto: 969 gramos (novecientos sesenta y nueve gramos) perteneciente a Liza Kay Dilbert y que de acuerdo al análisis realizado se concluyó que es cocaína clorhidrato y desde el punto de vista toxicológico, la cantidad total decomisada no es compatible con la dosis considerada para consumo personal inmediato. Los argumentos de la censora no son correctos, pues el tribunal sentenciador en ningún momento excluyó o no consideró el dictamen al que se refiere, pues el numeral primero del acápite “Fundamentación Jurídica”, establece las razones de hecho y de derecho que motivaron separar del legajo probatorio la pericia cuestionada por la recurrente y decretó la nulidad de la misma. Argumentó el A quo conforme al artículo 200 del Código Procesal Penal, que estableció la nulidad de los dictámenes periciales 0804-956-QT-747-1 y 0804-956-QT-747-2 al haberse vulnerado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en Convenios Internacionales, considerando el acto ineficaz al encontrarse la causa ya bajo tutela judicial efectiva al momento en que se ordenó el estudio de la evidencia encontrada, debiendo el tribunal corroborar el estado de inocencia de las acusadas. Significa que antes del requerimiento fiscal, el Ministerio Público es el titular técnico jurídico de la investigación, y se le permite la realización de toda diligencia dirigida al establecimiento de la verdad; pero una vez que el expediente esté judicializado, toda diligencia probatoria debe ser puesta bajo control jurisdiccional, y del conocimiento de la parte contraria, para que ésta tenga derecho a intervenir y tutelar los derechos de su representado. En la presente causa el requerimiento fiscal fue presentado en fecha 16 de abril de 2008 (F1-F3); por su parte el dictamen toxicológico fue emitido en fecha 18 de abril de 2008 (F54 y F55), sin embargo la solicitud de realización del análisis toxicológico no se encuentra en el expediente judicial; de lo que se deduce que la parte defensora no tuvo el conocimiento al que se refiere la norma adjetiva y por ende fue privada de la más mínima intervención, al no tener la oportunidad de conocer el nombre del perito y por ende no pudo presentar cualquier tipo de oposición, lo que indudablemente trajo como consecuencia la disminución del derecho de defensa. Ante tal situación el sentenciador consideró que existía una violación al debido proceso y al derecho de defensa, por lo que declaró la nulidad de dicho medio de prueba, pues se violentaron normas de carácter fundamental. Tal como lo argumentó el juzgador en la fundamentación jurídica del fallo, el artículo 200 del Código Procesal Penal establece que carecerán de eficacia probatoria aquellos actos que vulneran garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos; sin embargo consideramos importante recalcar el último párrafo de ese artículo, al establecer “ sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir quien obtuvo ilícitamente la información”, estas últimas líneas del artículo 200 del Código Procesal Penal, han pasado inadvertidos en muchas oportunidades por parte del encargado de la persecución penal, pues hemos visto infinidad de juicios en los que, por utilizar pruebas prohibidas o ilícitas, muchos procesos han quedado en la impunidad, precisamente porque no se toman los correctivos necesarios para impedir que en próximas investigaciones se cometan los mismos yerros, por lo que se hace un enérgico llamado de atención al Ministerio Público, para que en los casos que corresponda, de fiel cumplimiento a ese mandato del legislador. Concluye esta Sala de lo Penal, que el Tribunal sentenciador no excluyó indebidamente el dictamen pericial que alega la recurrente, pues expresó de manera detallada los fundamentos de hecho y de derecho que utilizó para separarlos del legajo probatorio, argumentos que esta sala comparte, teniendo en consecuencia, razones suficientes para desestimar el presente motivo de casación. DECISION: No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 363 numeral 3 del Código Procesal Penal FALLA: Primero: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en único motivo interpuesto por la Abogada Kenia Dayana Cerna, en su condición de fiscal del Ministerio Público. Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-78-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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