Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-75-17 — Registro 13094

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio simple y Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... DEL PRINCIPIO DE DEBIDA TÉCNICA EN EL RECURSO DE CASACIÓN PENAL. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÒN

La infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA que la sentencia que literalmente dice: “SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún (21) días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian. EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS. La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP 75-2017 por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma interpuestos contra la sentencia de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual Primero: Condenó al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, como autor del delito de Homicidio Simple, en perjuicio del señor Wilmer David Lagos Pavón a la pena principal de quince años de reclusión. más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal - Segundo: Condenó al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal, haciendo un total de dieciocho años de reclusión,.- Tercero: Condenó al señor Víctor Ramón Ramos Pavón, como autor del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena principal de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se le declara la responsabilidad civil de los señores Carlos Gómez Martínez Alvarado y Víctor Ramón Ramos Pavón a la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito.- Quinto: No procede a los señores Carlos Gómez Martínez Alvarado y Víctor Ramón Ramos Pavón condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Sexto: Se decretó el comiso de la siguientes armas de fuego: Un arma de fuego tipo revolver calibre 38, marca Amscor con serie A1242298. 2.- Un arma de fuego tipo escopeta calibre 12, marca escort serie 295440. 3.- Un arma de revolver con serie 27235, con empuñadura de madera color café. Dichas evidencias se encuentran en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público. Asimismo, se ordenó la devolución a su dueño Un arma de fuego tipo pistola calibre 10mm marca Colt con empuñadura de hule color gris serie DS19664 con ocho cartuchos, por haber sido presentada constancia de que dicha arma se encuentra registrada a nombre de Rafael Ávila Servellón. Dicha evidencia se encuentra en el Almacén de Evidencias del Ministerio Público.- Séptimo: Absolvió al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, del delito de Daños en perjuicio de la señora Andrea Masiel Navas Espinal por el que fue acusado.- Octavo: Absolvió al señor Víctor Ramón Ramos Pavón, del delito de Daños en perjuicio de la señora Andrea Masiel Navas Espinal por el que fue acusado.- Noveno: Absolvió al señor Bairon Adalid Juárez Juárez, de los delitos de Daños y Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la señora Andrea Masiel Navas Espinal y La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente por los delitos que fue acusado.- Décimo: Absolvió al señor Jorge Efraín García Aranda, de los delitos de Daños y Portación Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la señora Andrea Masiel Navas Espinal y La Seguridad Interior del Estado de Honduras respectivamente por los delitos que fue acusado. SON PARTES: La Abogada Linda Evelyn Cruz Vásquez, en su condición de Defensora Privada de los señores Carlos Gómez Martínez Alvarado, Bairon Adalid Juárez Juárez, Jorge Efraín García Aranda y Víctor Ramón Ramos Pavón, como parte recurrente recurrida # 1; El Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, en su condición de Acusador Privado en representación de la señora Andrea Masiel Navas Espinal, como parte recurrente recurrida #2 y La Abogada Marina Audely Varela, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS. PRIMERO: El día diez de Octubre del año 2013 como a eso de las 9:50 de la mañana los señores CARLOS GOMEZ MARTINEZ ALVARADO, JORGE EFRAIN GARCIA y VICTOR RAMON RAMOS se encontraban prestando sus servicios como Guardias de Seguridad en el portón principal de la Segunda etapa de la Residencial El Trapiche 2, lugar donde habitaba la señora ANDREA MASIEL NAVAS ESPINAL quien además tenía en dicha Residencial un negocio de máquinas tragamonedas, no obstante ésta se abstenía de pagar el servicio de vigilancia que operaba en dicha residencial. SEGUNDO: En ese momento llego a supervisar a dichos guardias de seguridad el señor BAIRON ADALID JUÁREZ quien es el jefe de seguridad y en el instante en que empleados del negocio de la señora Andrea Misael se disponían a ingresar a la residencial conduciendo un vehículo tipo pick up color blanco, se les indicó que esperaran un momento y al permanecer algún tiempo en espera, causó molestia al conductor de dicho vehículo, quien procedió a atravesar el vehículo en referencia obstruyendo el paso vehicular en ambas vías del portón principal, impidiendo el paso tanto de los vehículos que entraban como de los que salían de dicha residencial, lo cual ocasionó la alarma de los guardias de seguridad, procediendo el guardia VICTOR RAMON RAMOS a disparar en las llantas traseras de dicho vehículo con el arma de fuego tipo escopeta calibre 12 color negro marca Escora serie 295440 de la cual no poseía ningún permiso extendido por la autoridad correspondiente, por lo que las personas que se conducían en dicho vehículo procedieron a llamar a sus otros compañeros de trabajo que andaban cercanos a la zona, llegando como a eso de las diez y minutos de la mañana el joven WILMER DAVID LAGOS y un acompañante en un vehículo Mitsubishi color rojo, quienes se bajaron a indagar sobre lo que estaba sucediendo teniendo un cruce de palabras con el guardia CARLOS GOMEZ quien se encontraba afuera del portón principal de dicha residencial quien procedió a disparar en contra de WILMER DAVID LAGOS utilizando el arma de fuego tipo revolver calibre 38, serie A1242298 de la cual no poseía ningún permiso legal extendido por autoridad competente y no obstante de que WILMER trató de cubrirse en la parte de atrás del vehículo, fue herido en la región pectoral derecha, siendo auxiliado por sus compañeros quienes con el fin de salvarle la vida lo trasladaron al Hospital Escuela en donde WILMER DAVID LAGOS falleció como consecuencia del disparo recibido por acumulo de sangre en el tórax.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS. La recurrente # 1 Abogada Linda Evelyn Cruz Vásquez, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma; El recurrente #2 Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “SE INTERPONE RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL Se fundamenta en el artículo 360 del Código Procesal Penal: “Casación por Infracción de Ley o de Doctrina Legal. Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo” PRIMERO: La sentencia del Tribunal de Sentencia, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis, al condenar a mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de WILMER DAVID LAGOS PAVON, por su falta de aplicación, violenta el artículo 24 numeral 1 del Código Penal.- No se debe subsumir la conducta de mi representado en el artículo 116 del Código Penal, que contiene el delito de HOMICIDIO SIMPLE porque de pleno derecho la conducta de mi representado se justifica y se subsume en la causal de LEGITIMA DEFENSA, contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal; “Artículo 24.- Se halla exento de responsabilidad penal: 1) Quien obra en defensa de su persona o derechos, o de la persona o derechos de otro, siempre que concurran las circunstancias siguientes: a) Agresión ilegítima; b) Necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y c) Falta de provocación suficiente por parte del que se defiende” (el subrayado en color negro es mío). SEGUNDO: Con estudio de las pruebas evacuadas en juicio, se afirma que la conducta de mi representado cumple con las tres circunstancias necesarias para acreditar la legítima defensa: A).- AGRESION ILEGITIMA: El Ministerio público no aporto en juicio que el señor WILMER DAVID LAGOS PAVON tenía la facultad de agredir legítimamente a mi representado, por lo tanto al no existir prueba de cargo que rompa el estado de inocencia de mi representado se debe concluir que la agresión por parte del fallecido debe ser considerada ilegitima.- Agresión ilegitima que se acredita con lectura del testimonio de mi representado y demás imputados: a.- Testimonio del imputado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, que en parte, dice:” …ese día estábamos trabajando cuando el caballero no le sé el nombre él iba en contra vía andaba en un carro mi compañero Víctor Ramos le dijo que quitara el carro que estaba atrasando el trafico él le dijo que solo recibía órdenes de su jefe vino el compañero no sé qué le dijo se camiseo….” A la pregunta del Ministerio Publico: “usted dice que esa persona se camiseo que significa eso” el imputado responde: “cuando él iba para donde mí él se sacó pistola en mano el andaba armado y lo hice en mi defensa propia”.- A la pregunta del Ministerio Publico: ”usted dice que él se camiseo, entendemos que se camiseo el arma se la saco o se la guardo” el imputado responde: “se iba sacando de la cintura la pistola”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “usted sabe que arma andaba el” el imputado responde: “era una nueve porque yo la mire”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “el día de los hechos quienes hicieron uso del arma de fuego” el imputado responde: “todos teníamos que actuar teníamos que defendernos estábamos defendiendo un derecho”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “esa persona que usted le dice el muerto como resulto herido ese día” el imputado responde: “ahí hubo un enfrentamiento hubo una balacera no le puedo decir quien fue o si yo fui”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “quienes protagonizaron la balacera” el imputado responde: “nosotros tuvimos que actuar porque ellos iban pistola en mano ahí era una defensa para nosotros”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “cuando usted dispara, usted dice que andaba una 38 a quien le dispara” el imputado responde: “yo dispare pero no hice a pagarle al varón”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “cuando llegan los policías los requieren a ustedes, que paso con los permisos de esas armas de fuego”.- A la pregunta de la Acusación Privada: “qué tipo de agresión fue esa” el imputado responde: “iba a quitarle el arma a mi jefe y después se me abalanzo a mí con arma en mano, iba sacando el arma tengo que defenderme”.- A la pregunta de la Acusación Privada: “quien se le abalanzó” el imputado responde: “El finado”. b.- Testimonio del imputado JORGE EFRAIN GARCIA ARANDA, quien informa en parte de su declaración: “... nosotros estábamos trabajando como guardias de seguridad en el Trapiche.... vino el barón del Frontier se tiro contra vía cuando miro que el otro muchacho le cerro el portón ello que hizo cruzo el carro para que no pasaran los demás carros, nosotros es cierto si disparamos pero disparamos en salvamos…” A la pregunta del Ministerio Publico: “quienes” el imputado responde: “el que amenazo el patrón de nosotros a Bairon Adalid está afuera él lo tiene en una esquita entonces se camisio, cuando él se camiseo fue cuando mi compañero Carlos Gómez le disparo, fue en defensa propia” .- A la pregunta de la defensa: “que temió usted que le podían hacer cuando hizo esos tiros” el imputado responde: “bueno lo que nosotros salvamos en ese momento fue al patrón, porque el patrón al llegar ellos bajarse del carro y salieron para donde nosotros hallaron al patrón a fuera entonces vinieron ellos agarraron al patrón y les dijo aquí están dijo a camisiarse atrás fue cuando el otro compañero el chaparro Carlos Gómez vino y le dijo hey compa entonces vino tenia a mi jefe ahí le dijo y vos que hijo de tantas entonces fue cuando Carlos le pego el disparo al varón ahí” c.- Testimonio del imputado BAIRON ADALID JUAREZ JUAREZ, que en parte de su declaración manifiesta:”... El caso del Carlos Gómez él se aboco a mí se camisio nuestro guardia apunto con el arma y le disparo porque él se camisio iba a dispararme a mí no sé qué motivo hubo”.- A la pregunta del Ministerio Publico:” …vio usted si estas personas llegaron armadas a ese lugar” el imputado responde: “a mí no me quedo tiempo, pero el muchacho que me quiso disparar se camisio y usted sabe que cuando una persona hace ese gesto es porque algo lleva, nadie va hacer un gesto así porque yo he sido militar y esto nombra amenaza mala suerte para el muchacho que el guardia actuó de esa manera”.- A la pregunta del Ministerio Publico:” vio usted si esa persona saco un arma de fuego” el imputado responde:” no la mire que la saco pero sí hizo, esa acción” d.- Testimonio del imputado VÍCTOR RAMÓN RAMOS PAVÓN, que en parte de su declaración también afirma:”... llego un carro doble cabina rojo Mitsubishi como con diez personas de los mismos compañeros de trabajo violentamente nosotros pensamos que eran asaltantes de la manera que se bajaron violentamente y directamente fueron iban encima del patrón la manera que iban enfrente del nosotros pensamos que lo iban asesinar.., cundo miraron al hombre que se dice a camisiar y a sacar pistola entonces los compañeros empezaron a defenderlo ellos pensaron que nos iban a terminar a nosotros….”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “a quienes vio usted armados” el imputado responde: “ahí el que andaba armado el muchacho el finado andaba armado”- A la pregunta del Ministerio Publico: “usted le vio el arma” el imputado responde: “andaba armado”.- A la pregunta del Ministerio Público: “qué tipo de arma portaba” el imputado responde:”9mm”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “la saco el en algún momento” el imputado responde: “a sacarla iba cuando se dio vuelta porque él le cayó encima al patrón se dio vuelta y en lo que se dio vuelta dice a sacar la pistola”.- A la pregunta del Ministerio Publico: “cuantas de esas personas andaban armadas” el imputado responde: “no le puedo decir porque caminaban camiseadas las pistolas” b).- NECESIDAD RACIONAL DEL MEDIO EMPLEADO PARA IMPEDIRLA O REPELERLA.- El arma de fuego que utilizo mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ para defenderse de la agresión ilegitima, es proporcional al arma de fuego que pretendió utilizar el señor WILMER DAVID LAGOS PAVON, puesto que los dos armas son equivalentes para causar la muerte (bien jurídico protegido: La vida). La utilización del arma de fuego es un medio racional para repeler una agresión con otra arma de fuego. C).- FALTA DE PROVOCACION SUFICIENTE POR PARTE DE QUIEN SE DEFIENDE.- Mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ de ninguna forma provoco la agresión ilegitima de WILMER DAVID LAGOS PAVON, tal como se acredito con la información de todos demás imputados TERCERO: Los testigos de cargo del Ministerio Publico, no son suficiente prueba para acreditar la responsabilidad penal de mi representado, ya que ni siquiera son testigos presenciales que puedan determinar a mi representado como autor del delito de homicidio (aunque es irrelevante puesto que mi representado ha admitido que es su autor pero con justificación).- Léase sus testimonios: a.- El testimonio de la testigo ANDREA MASIEL NAVAS ESPINAL, que en parte de su declaración manifiesta:”.. .cuando empezó el tiroteo en ese entonces yo estaba embarazada tenía tres meses y medio a 4 de embarazo yo como pude corrí mi asiento y me logre meter donde están los frenos en cuanto el tiroteo paso yo solo escuche que como que le habían dado a alguien yo me levante del asiento y me quede como recostada para mirar que pasaba y solo mire que dos muchachos a alguien en la paila del Mitsubishi….yo Salí del carro hasta que mi esposo llego...” b.- El testimonio del testigo LUIS ALBERTO VIDEA VELASQUEZ, que en parte de su declaración, a la pregunta del Ministerio Publico: “usted vio quien le disparo a Wilmer” el testigo responde: “yo estaba en la parte trasera”- CUARTO: Tampoco el Ministerio Publico ha probado el dolo o intención de dar muerte, como elemento subjetivo del tipo penal homicidio.- De conformidad al artículo 13 del Código Penal.- “ El delito puede ser realizado por acción o por omisión u necesariamente debe ser doloso o culposo. El delito es doloso cuando el resultado responde a la intención que se tuvo al ejecutarlo o cuando el autor sabe, o está obligado a saber, que como consecuencia de la acción u omisión existe la posibilidad de que se produzca un efecto dañoso constitutivo de delito, no obstante, lo cual ejecuta el hecho y acepta, por ende, las consecuencias que del mismo se derivan…”.- Mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ en ningún momento tuvo intención de dar muerte al señor WILMER DAVID LAGOS PAVON, como se desprende: a.- Con la declaración de mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ y de los otros imputados, se ha acreditado que en ningún momento tuvo intención de dar muerte al señor WILMER DAVID LAGOS PAVON. b.- Con el informe médico-forense se acredita la existencia de un solo disparo en la humanidad del occiso. - Debe valorarse que el revolver en posesión de mi representado tenía por lo menos seis proyectiles. e.- La intención de mi representado era defender a su jefe Bairon Adalid Juárez Juárez, de la agresión ilegitima del occiso Wilmer David Lagos Pavón y no de darle muerte. d.- Falta de dolo que también se acredita con la conducta posterior de mi representado que pudiendo huir de la escena de los hechos se quedó en la misma para enfrentar su responsabilidad, tal como se acredita con información del testigo URSULO VÁSQUEZ CRUZ, que en condición de policía preventivo llego al lugar de los hechos, y que en parte de su declaración manifiesta: “cuando hablamos con ellos les pedimos que nos entregaran el arma la entregaron no hubo ninguna oposición” y con la información del imputado JORGE EFRAIN GARCIA ARANDA, quien informa en parte de su declaración:”.., a la pregunta de la Defensa: “que hicieron ustedes cuando llego la policía” el imputado responde: “nosotros nos quedamos ahí”. QUINTO: La sentencia del Tribunal de Sentencia, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis, tampoco debe condenar a mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, ya que para que la conducta de mi representado se subsuma en este tipo legal, contenido en el artículo 332-B del Código Penal (portación ilegal de arma comercial), necesariamente debe relacionarse con el contenido del artículo 13 del Código Penal que relaciona el dolo.- Mi representado no puede ser autor de este delito. Porque al ejercer su trabajo como guardia de seguridad al servicio de una empresa, y al no estar a cargo de la parte administrativa de la misma, en consecuencia, no puede estar informado si el arma que se le entrega tiene o no permiso de portación, por lo que su conducta carece del dolo necesario que lo obliga a saber que comete un delito al portar un arma sin permiso. Léase el testimonio del imputado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, que en parte, dice: “no le podría decir los permisos los andaba mi jefe el tiene el permiso para las armas” SEXTO: El Ministerio Publico no ha destruido el estado o garantía de presunción de inocencia de mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, contenida en el artículo 89 de la Constitución de la República y en el artículo 2 del Código Procesal Penal, por lo siguiente: a.- Mi representado ha acreditado que actuó en condición de legítima defensa en la muerte del señor WILMER DAVID LAGOS PAVON. b.- El Ministerio Publico no ha acreditado el dolo en la muerte del señor WILMER DAVID LAGOS PAVON ni en la imputación del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL. SEPTIMO: Por lo anterior manifestado solicito que se revoque la sentencia recurrida y se dicte una nueva sentencia, en el sentido que se falle que la conducta de mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, como autor de la muerte del señor WILMER DAVID LAGOS PAVON, se justifica y se subsume en la causal legal de LEGITIMA DEFENSA, contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, y que su conducta no se subsume en el tipo penal de homicidio (artículo 116 del Código Penal) porque no actuó con dolo de dar muerte, y que también por falta de dolo tampoco es autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, ya que tampoco sabía si su arma de fuego tenía o no permiso de portación. OCTAVO: La sentencia del Tribunal de Sentencia, de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis, no debe condenar a mi representado VICTOR RAMON RAMOS PAVON, por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, porque la conducta de mi representado no se subsume en este tipo legal, contenido en el artículo 332-B del Código Penal (portación ilegal de arma comercial).- El tipo penal de portación ilegal de arma comercial necesariamente debe relacionarse con el contenido del artículo 13 del Código Penal que relaciona el dolo.- Mi representado no puede ser autor de este delito, porque al ejercer su trabajo como guardia de seguridad al servicio de una empresa, y al no estar a cargo de la parte administrativa de la misma no puede estar informado si el arma que se le entrega tiene o no permiso de portación, por lo que su conducta carece del dolo necesario que lo obliga a saber que comete un delito al portar una arma sin permiso (al dolo le falta el elemento del conocimiento). NOVENO: Por lo anterior manifestado solicito que se revoque la sentencia recurrida y se dicte una nueva sentencia, en el sentido que se falle que la conducta de mi representado VICTOR RAMON RAMOS PAVON, por falta de dolo no es autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS.” IV.- Continúa manifestando la recurrente en su “RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Se fundamente en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal: “Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El recurso de casación por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de alguno de los vicios siguientes: 1)… 2)…. 3)… si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;” SANA CRITICA: Fórmula que emplea el legislador para la valoración de muchos medios de prueba. En virtud de ella se deja la apreciación según su arbitrio, a los jueces y tribunales, pero sin que pueda ser manifiestamente equivocada, arbitraria, absurda o irracional. En derecho procesal se designa así el medio de apreciación de las pruebas más difundido en la doctrina y ordenamientos modernos. Se opone al sistema de las pruebas legales o tasadas y, en cierto modo, es coincidente con el sistema de las libres convicciones. Las reglas de la sana crítica son, ante todo, las reglas del correcto entendimiento humano. En ellas interfieren las reglas de la lógica, con las reglas de la experiencia del juez. Unas y otras contribuyen, de igual manera, a que el magistrado pueda analizar la prueba (ya sea de testigos, de peritos, de inspección judicial, de confesión en los casos en que no es lisa y llana), con arreglo a la sana razón y aun conocimiento experimental de las cosas. El juez que debe decidir con arreglo a la sana crítica, no es libre de razonar a voluntad, discrecionalmente, arbitrariamente. La sana crítica es la Unión de la lógica y de la experiencia, sin excesivas abstracciones de orden intelectual, pero también sin olvidar esos preceptos que los filósofos llaman de higiene mental, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento. PRIMERO: Se interpone “RECURSO DE CASACIÓN POR UEBRANTAMIENTO DE FORMA en contra de la sentencia del Tribunal de Sentencia de fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil dieciséis, por lo siguiente: a.- Condena a mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ por el delito de HOMICIDIO SIMPLE en perjuicio de WILMER DAVID LAGOS PAVON, sin valorar la información de los testigos JORGE EFRAIN GARCÍA ARANDA, BAIRON ADALID JUAREZ JUAREZ, VÍCTOR RAMÓN RAMOS PAVÓN, que han acreditado que su conducta se subsume en la causal legal de LEGITIMA DEFENSA, contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal. b.- El Tribunal de Sentencia tampoco ha valorado debidamente que el Ministerio Publico no ha acreditado el dolo o intención de dar muerte por parte de mi representado y tampoco ha probado el dolo en la portación de arma de fuego por parte de mi representado CARLOS GOMEZ MARTÍNEZ, de conformidad al artículo 13 del Código Penal. c.- El Tribunal de Sentencia tampoco ha valorado debidamente que el Ministerio Publico no ha acreditado el dolo en la portación de arma de fuego por parte de mi representado VICTOR RAMON RAMOS PAVON, de conformidad al artículo 13 del Código Penal. SEGUNDO: Por lo anterior manifestado solicito que se revoque la sentencia recurrida y se dicte una nueva sentencia, por no observar el Tribunal de Sentencia las reglas de la sana crítica en la valoración de las pruebas, que en su aplicación determinan que mis representados conservan su estado de inocencia, solicitando en consecuencia que: a.- Se falle que la conducta de mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, como autor de la muerte del señor WILMER DAVID LAGOS PAVON, se justifica y se subsume en la causal legal de LEGITIMA DEFENSA, contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal, y que además su conducta no se subsume en el tipo penal de homicidio (artículo 116 del Código Penal) porque no actuó con dolo de dar muerte.- Que también por falta de dolo mi representado CARLOS GOMEZ MARTINEZ, tampoco es autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, ya que tampoco sabía si su arma de fuego tenía o no permiso de portación. b.- Que se falle que la conducta de mi representado VICTOR RAMON RAMOS PAVON, por falta de dolo no es autor del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL, ya que tampoco sabía si su arma de fuego tenía o no permiso de portación.”V.-“El Recurrente abogado Luis Ramón Romero Ochoa, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma de la manera siguiente: DESARROLLO DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMERO: CASACION POR INFRACCION DE LEY: Motivo único: Violación por falta de la aplicación del artículo 254 del Código Penal en relación con los artículos 31, 32 y 35 de esa misma norma. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DE MOTIVO: De la dogmática de la norma penal en la presente causa ha sido posible establecer durante todo el proceso y en la evacuación de los medios probatorios que se encuentran establecidos en el acta de juicio oral y público que esta acusación probo que fue víctima del delito de daños por parte de los acusados, debido a que el día 10 de octubre del año dos mil trece, aproximadamente a las 9:50 AM, mi representada la señora ANDREA MASIEL NAVAS ESPINAL se transportaba en su vehículo marca Porshe, modelo Cayenne, tipo Camioneta, en compañía de uno de sus empleados a inmediación de la residencial El Trapiche número dos, lugar donde se encentraban domiciliadas sus oficinas observando que cruzado en la calzada se encontraba un vehículo color blanco el cual tenía la llanta ponchada, dicho vehículo era utilizado por uno de sus colaboradores, cuando se acercó a la escena del crimen en su vehículo hablo con Jonathan Bejarano, quien ya estaba ahí y era otro de sus colaboradores y le consultó sobre la situación de lo acontecido quien le manifestó que uno de los guardias de seguridad de PARTNER que se encontraba en el portón le realizo un escopetazo a las llantas del vehículo antes descrito (atravesado), en ese mismo instante llego un vehículo pick up marca Mitsubishi color rojo en el cual venían otros de sus colaboradores minutos después observo cuando BAYRON ADALID JUAREZ JUAREZ levanto u mano y realizo una señal a los guardias comenzando el tiroteo de los guardias hacia los empleados de mi representada y el vehículo de su propiedad en el cual ella se encontraba a bordo, en ese entonces mi representada se encontraba en el primer trimestre de su estado de gestación (embarazo) y se cubrió agachándose entre el asiento y el tablero de su vehículo y cuando estaba cubierta logro observar que sus empleados subían a alguien al pick up de color rojo para brindarle asistencia médica, siendo notificada la policía, antes de que estos (la Policía) se hicieran presentes los guardias comenzaron a recoger los casquillos alterando la escena del crimen, todo lo cual se acredito en la audiencia de juicio oral público con la declaración de mi representada, la declaración del testigo Luis Alberto Videa Velásquez, las cotizaciones de reparación de daños del vehículo propiedad de mi representada, las actas de decomiso de armas a cada uno de los acusados, el acta de levantamiento cadavérico y acta de recolección de indicios; “donde se hizo constar y se detalla que en el vehículo descrito en el acta de levantamiento cadavérico e identificado como vehículo número 1, marca Porshe, tipo camioneta, modelo Cayenne, existe un orificio aparentemente de entrada en la parte trasera del vidrio del lado izquierdo,….. que en la cabecera del asiento trasero del lado derecho presente un orificio y en la parte trasera de ese mismo lado derecho el vidrio presenta rozones apreciando en medio del vidrio y de su lata una bala deformada, la cual se levantó para posteriormente ser embalada y remitida al laboratorio correspondiente………” (ver folio 21 de la sentencia). Así mismo con la prueba presentada como descargo consistente en las declaraciones de los imputados CARLOS GOMEZ MARTINEZ, JORGE GARCIA, BAYRON ADALID JUAREZ JUAREZ Y VICTOR RAMOS quienes resultan contradictorios entre si con la narración de los hechos. Estos medios probatorios antes descritos sustentan y prueban la tesis de esta acusación sobre la existencia del tipo penal de Daños establecido en el artículo 254 del Código Penal, el cual no fue aplicado por los Juzgadores, estableciéndose la violación por falta de aplicación del tipo penal en el cual se fundamenta el motivo de infracción de ley antes indicado.” VI.- Continúa manifestando el recurrente en su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma “SEGUNDO: RECURSO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA: Primer Motivo: que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el título IV del libro Segundo del Código Procesal Penal o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo; Segundo Motivo: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, de conformidad con los artículos 202 y 236 del Código Procesal Penal. Tercer Motivo: La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 del Código Procesal Penal numerales dos, tres y seis. EXPOSICION DEL PRIMER MOTIVO: El Tribunal de sentencias, en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis durante la audiencia proposición de Medios de prueba, a pesar de haber interpuesto el recurso respectivo este rechazo indebidamente los medios de prueba consistentes en inspección judicial por parte del Tribunal al vehículo marca Porshe, tipo camioneta, modelo Cayenne, propiedad de mi representada. La pretensión probatoria era acreditar los daños a dicho automotor los cuales fueron ocasionados por los imputados quienes eran las únicas personas armadas el día de los hechos en la escena del crimen. De igual forma fue rechazado por parte del Tribunal de sentencias la prueba consistente en la declaración testifical de uno de los empleados quien ese día se encontraba en el lugar de los hechos y la escena del crimen por lo que es evidente que se rechazó un testigo presencial que acreditaría la tesis de la acusación, el testigo rechazado fue el señor JORGE ANTONIO VALLADARES RIVERA. EXPOSICION DEL SEGUNDO MOTIVO: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídica, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica, de conformidad con los artículos 202 y 236 del Código Procesal Penal. Entendemos por sana crítica; el conjunto de normas de criterios de los jueces, basados en la pauta de lógica, la experiencia común y la psicología también del sentido común; que concluyen con lo que es el conocimiento humano. Las reglas de la sana critica entonces son un método intelectivo que nuestro Código Procesal Penal impone a los jueces para establecer una verdad material, misma que se encuentra compuesta con los principios fundamentales del intelecto humano base del conocimiento racional e instrumento de la certeza que concluyen con una verdad lógica ontológica, teleológica acompañada de las reglas empíricas denominadas las máximas de la experiencia. La sana critica reconoce un límite que es el respeto a la coherencia, todo esto sin afectación del principio lógico de razón suficiente que será el límite del juez; estableciéndose un silogismo como forma de razonamiento construido en base a varias primicias o una sola si fuese el caso para poder llegar a una conclusión, en consecuencia los hechos estimados probados deben necesariamente ser consecuencia del fallo establecido por el Juzgador, en virtud de la prueba evacuada durante el juicio, en la causa de mérito el tribunal falto a esta construcción intelectiva pues de los dos hechos probados se puede derivar que los acusados realizaron las acciones en las cuales se basó la acusación ya que los sitúa en su función de guardias de seguridad en los indicios de tiempo, espacio y lugar en el momento en que acontece el hecho delictivo, señalándolos como responsables de la comisión de los delitos de Homicidio, portación ilegal de armas y daños respectivamente, contrario con la valoración probatoria y en consecuencia con el fallo emitido. Esta apreciación se acredita cuando el tribunal en su valoración conjunta establece que el indicio de móvil se ha acreditado por no aceptar una relación comercial de prestación de servicios de vigilancia (ver página 13) al analizar declaración de representada ANDREA MASIEL NAVAS ESPINAL, pues su declaración tiene que ser tomada en cuenta en todo su contexto, no solo en cierta parte ya que entonces no hay una prueba que puede acreditar como probados los hechos estimados probados en la sentencia; es así que han sido tomado en cuenta por parte del tribunal las declaraciones de los acusados los cuales han indicado a través de sus declaraciones y de otros medios de prueba como son las actas de decomiso que los mismos portaban armas de fuego que fueron utilizadas en el hecho y que consecuentemente se establece un nexo causal en el cual el resultado es la muerte de Wilmer David Lagos Pavón provocada por CARLOS ADALID GOMEZ MARTINEZ; pero a su vez se acredito la participación y las acciones de Bayron Adalid Juárez Juárez, Jorge García y Víctor Ramón Ramos al provocar con la utilización de sus armas daños materiales a la propiedad de mi representada respecto a su vehículo automotor. Consecuentemente es posible establecer una contradicción entre lo registrado en el acta de juicio, la sentencia su fallo y la aplicación de las reglas de la sana crítica, en esta aplicación errónea el tribunal absolvió de forma incorrecta a los acusados lo cual se probó con la declaración del imputado JORGE EFRAIN GARCIA ARANDA (folio 8 del acta, renglón 10 de arriba hacia abajo) en el cual el expreso “NOSOTROS ES CIERTO SI DISPARAMOS”, y más adelante en su declaración al ser interrogado por el Fiscal del Ministerio Publico el declaro que “EL DISPARO, Y QUE CASI TODOS SUS COMPAÑEROS PRESENTES DISPARARON” (ver página 10 renglón 25 de abajo hacia arriba). Así mismo con respecto a la declaración del señor BAYRON ADALID JUAREZ JUAREZ quien manifestó ser el Gerente Propietario de la empresa PARTNER SEGURIDAD a pregunta del Ministerio Publico sobre la situación Legal de su empresa el mismo estableció que “ la misma era legal pero que hacía dos semanas había comprado las armas” (ver folio l7 acta renglón 19 de abajo hacia arriba); Otra contradicción es su declaración es que él dice que el día de los hechos a pregunta de esta parte actora sobre donde se encontraba en el momento en que sucedieron los hechos él se encontraba en Gobernación y Justicia los se contradice con todos los testigos e imputados y sobre todo con la prueba audio visual evacuada en el juicio donde aparece vistiendo camisa roja y pantalón negro, manifestación que resulta contradictoria y valorada incorrectamente por el Tribunal, Así mismo en su declaración el acusado se saca y se pone dentro de la escena en diferentes ocasiones lo cual es contradictorio en su declaración, por lo que no es posible poder acreditar los hechos estimados probados en la sentencia. EXPOSICION DEL TERCER MOTIVO: La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, según el artículo 337 del Código Procesal Penal, este motivo se prueba con la simple lectura del numeral DECIMO de la PARTE RESOLUTIVA de la sentencia donde se absuelve del delito de DAÑOS en perjuicio de ANDREA MASIEL NAVAS ESPINAL al señor CARLOS GOMEZ MARTINEZ ALVARADO, siendo esto contradictorio con el artículo 337 del Código Procesal Penal ya que LA SENTENCIA ABSUELVE de un delito por el que no se estaba acusando, que no verso en la formalización de acusación, ni en la contestación de cargos, ni en el auto de apertura a juicio y tampoco en las conclusiones expuestas por las partes en la audiencia de debate, razón por la cual es incongruente con lo versado en el juicio dicho fallo.” FUNDAMENTACION JURIDICA. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: A. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; CErrónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; B. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; C. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y D. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente número uno Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 24 numeral 1 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que case la sentencia. Establece la recurrente que la conducta de su representado se subsume en la causa legal de legítima defensa contenida en el artículo 24 numeral 1 del Código Penal y que su conducta no se subsume en el tipo penal de homicidio (art.116 del Código Penal) porque no actuó con dolo de dar muerte y que por falta de dolo tampoco es autor del delito de portación ilegal de arma comercial. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[1]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. El recurso no es de recibo. En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. La Recurrente, iniciando el desarrollo de su libelo, señala que, para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley se debe de tener, la declaración de hechos probados de la sentencia, como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe de estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. Extrañamente el Recurrente no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, valorando los medios de prueba de descargo y de cargo, insistiendo que ésta fue insuficiente para probar los delitos por los cuales fueron condenados los acusados; con ello el Recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una modificación de los hechos declarados probados a efecto de desvincular a sus representados de los delitos, algo prohibido por la ley como se ha explicado. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porque el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la participación del acusado Carlos Gómez Martínez en el delito de homicidio en perjuicio de Wilmer David Lagos Pavón. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes:1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria.2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6.La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 del Código Procesal Penal.

Concepto de la Infracción: Inobservancia de la sana critica en la valoración de la prueba. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el Tribunal de Sentencia condena a su representado señor Carlos Gómez Martínez por el delito de homicidio simple sin valorar la información de los testigos de descargo de Jorge Efraín García, Bairon Adalid Juárez Juárez, Víctor Ramón Ramos Pavón, estableciendo con éstos que su conducta se subsume en la causa legal de legítima defensa (art. 24.1 del Código Penal); estableciendo en su deposición que no se estableció el dolo o la intención de matar de conformidad al artículo 13 del Código Penal, así que no se estableció el dolo en la portación ilegal de arma de fuego por parte de su representado. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La Sana Crítica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales: 1) Reglas de la Experiencia común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. A. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. B. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o C. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la Derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. De la Procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. Esta Sala de Casación observa, que la recurrente incurrió en inadecuada técnica recursiva, puesto que denuncia como motivo de casación la inobservancia de las reglas de la sana crítica, pero obvia señalar cual regla –lógica, psicología, experiencia común-considera violentada, además que debió señalar cuáles son esos razonamientos erróneos del Sentenciador y explicar por qué se transgreden las reglas del recto entendimiento humano. En su argumento también yerra la censora, al realizar alegatos de instancia en cuanto a la calificación judicial propias de otro recurso de casación. Ahora bien, esta Sala de lo Penal también ha establecido como criterio jurisprudencial, que debe observarse el control de convencionalidad, mediante el cual, obliga a todos los Tribunales de la República a observar y acatar las resoluciones y mandatos que haya plasmado la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus sentencias, en el caso subjúdice lo referente al derecho de las personas procesadas penalmente, de recurrir el fallo ante un Juez o Tribunal Superior, por lo que, a pesar de las inconsistencias del recurso, se procederá a revisar los juicios de valor del A-quo y determinar si los mismos fueron conformados o no, en base a las reglas de la sana crítica. En ese sentido este Tribunal de Casación en respeto a ese control de convencionalidad, efectuará una revisión general de la sentencia recurrida para determinar si la misma fue conformada de acuerdo a lo regulado en el artículo 338 del Código Procesal Penal, y si el juzgador efectuó un adecuado juicio de valor respecto de las pruebas que fueron evacuadas en el debate o juicio oral. En el apartado “Valoración Conjunta de la Prueba”, el Sentenciador valora las declaraciones de los testigos de descargo, quienes entre otras cosas manifestaron lo siguiente: a) Carlos Gómez Martínez: “Cuando el occiso se dirigió donde él, sacó la pistola que andaba y él lo hizo en defensa propia, manifestó que esas personas llegaron a agredirlos, que su jefe iba a ser perjudicado, dijo que a éste le iban a quitar el arma, que después contra él se le abalanzó con el arma en la mano, la cual tenía en la mano derecha y que él tenía que defenderse, mencionando que al momento de los disparos allí estaba su jefe, quién estaba pegado al portón por el muro, pidiéndoles que no se metieran en problemas”; b) Jorge Efraín García Aranda: “Del vehículo blanco solo vio a 2 personas, al parecer no andaban armados, pero al llegar cree que si andaban armados, el que amenazó a su patrón Bairon estaba afuera se camiseo y Carlos Gómez disparó en defensa propia, cuando le dispara a esa persona estaba a 1 o 2 metros de distancia de su jefe, el testigo vio a la persona cuando se camiseo”; c) Bairon Adalid Juárez Juárez: “Esta persona se camiseo y el guardia le apuntó con el arma y le disparó porque él se camiseo iba a dispararle a él, que no sabe qué motivo hubo y que la ley sabrá”; d) Víctor Ramón Ramos: “Ellos defendieron a su jefe de que no fuera perecer, uno sabe si la persona que se le acerca va a perecer, se acercaron 6 personas, sabe que ellos caminan armados, además en su declaración estableció que procedió a disparar en las llantas del vehículo color blanco, ponchando sus llantas traseras”; estas declaraciones el Tribunal sentenciador las consideró como no coherentes ni coincidentes unas con otras, denotando que se pretendió crear una estrategia para favorecer al imputado Carlos Gómez Martínez, declaraciones éstas que no fueron corroboradas por otra prueba, al contrario fueron desvirtuadas por las pruebas de cargo, como es la reproducción de dos de los dos videos, en la que se puede acreditar el día y lugar del hecho, así como la dinámica en que los mismos se desencadenaron, estableciendo que se pudo observar claramente que el occiso (Wilmer David Lagos) no portaba arma de fuego, que si hubo un intercambio de palabras, que eran reclamos por parte de Wilmer pudiendo observarse que en ese instante el guardia Carlos Gómez comenzó a disparar reiteradamente en contra de Wilmer y que este corrió a protegerse detrás del vehículo color blanco, y que Carlos Gómez lo buscaba y continuaba disparando en su contra, también se observa que Wilmer en ningún momento se acercó a Bairon y menos a atacarlo, puesto que éste se encontraba en la garita la cual estaba en la esquina opuesta al que estaba Carlos Gómez y tampoco se abalanzó en contra de Carlos con arma en mano como éste lo aseveró, sino todo lo contrario al intercambio de palabras Carlos procedió a dispararle de frente saliendo herido Wilmer en ese momento. Con las declaraciones testificales de Ursulo Vásquez Cruz, quién es Policía, el Tribunal le dio su valoración estableciendo que se acredita que la autoridad llegó con posterioridad a los hechos, en donde se le informó que una persona resultó herida y que había sido trasladada al Hospital Escuela, así que relató que procedió a requerir a cada uno de los imputados a quién se le decomisó armas de fuego, lo cual se confirma con las actas de decomiso ( F44,51,53,55) y actas de registro personal (F43,50,52,54), mismas que se le practicaron a los señores: Carlos Gómez Martínez, encontrándosele y decomisándole un arma de fuego tipo revolver, calibre38 con n° de serie A1242298 color negro; Víctor Ramón Ramos Pavón, encontrándosele y decomisándole un arma de fuego (escopeta) calibre 12 color negra, maraca Escora con serie 295440; Bairon Adalid Juárez, encontrándosele y decomisándole un arma de fuego (pistola) tipo escuadra calibre 10mm con serie DS19664 color negro y plateado y ocho proyectiles sin detonar; Jorge Efraín García Aranda, encontrándosele y decomisándole un arma de fuego tipo revolver color plateado con empuñadura de madera color café con serie 27235, todos estos medios de prueba se corroboran con las evidencias que fueron decomisadas a cada uno de los acusados, mereciendo en su conjunto entero valor probatorio. Las declaraciones de Jonathan Luis Bejarano (incorporada mediante lectura autorizada) y Luis Alberto Videa Velásquez; quienes establecen el día y la hora en que sucedieron los hechos, porqué motivos sucedieron los hechos, y además la participación que tuvieron cada uno de los imputados además el Tribunal en su valoración establece que éstas se complementan con las actas de registro y las actas de decomiso estableciendo que Víctor Ramón Ramos y Carlos Gómez Martínez, acreditando que estos portaban armas de fuego, describiendo la escopeta y el revolver que cada uno de ellos portaban; con las Constancias del Registro Nacional de Armas, también se acreditó que dichas armas de fuego; escopeta calibre 12, marca Escort, color negro, serie 295440 que fue decomisa a Víctor Ramos y el revólver calibre 38 serie A1242298, color negro, decomisada al señor Carlos Gómez, ambas carecían de permiso extendido por autoridad competente, estableciendo además el imputado Bairon Juárez, jefe de seguridad, indicando él que por un olvido no realizó el registro de las armas que portaban los señores Carlos Gómez Martínez y Víctor Ramón Ramos. Con estos medios probatorios el Tribunal establece que se relaciona de manera coherente y armónica, mereciendo pleno valor probatorio las declaraciones testificales, así como la prueba documental y los videos junto con las actas de decomiso, pudiendo comprobar toda la prueba conjunta de manera complementaria la dinámica de los hechos, los disparos realizados por Carlos Gómez en contra de Wilmer David Lagos, así como el disparo realizado por Víctor Ramos al vehículo color blanco tipo pick up. Para establecer la muerte violenta de Wilmer Davis Lagos se presentaron como pruebas el acta de levantamiento cadavérico y recolección de indicios; Dictamen de Autopsia AT-1861-13 (incorporada por lectura) realizada al señor Wilmer Adalid Lagos Pavón; estableciendo la causa de la muerte: herida de proyectil de arma de fuego con laceración cardiaca hemotorax (acumulo de sangre en la cavidad torácica; manera de muerte: homicida desde el punto de vista legal; en la valoración el tribunal se acredita la muerte violenta del señor Wilmer Lagos como producto de una herida provocada por arma de fuego, ejecutada el 10 de octubre de 2013, quién falleció como consecuencia de dicho disparo por hemotorax (acumulo de sangre en la cavidad toráxica), así mismo se establece que se recolectaron indicios de balas, de revestimiento, bala deformada , seis casquillos de metal con gris, todos de calibre desconocidos, no obstante dichos indicios no fueron analizados por el laboratorio balístico, tampoco existió un dictamen balístico que determinara los casquillos o revestimientos de bala encontrados pertenecientes a las armas de fuego que portaban los acusados Carlos Gómez y Víctor Ramón, estos durante la declaración no negaron haber disparado sus armas de fuego, el primero contra Wilmer David Lagos sólo que había actuado en legítima defensa de su jefe Bairon Juárez. De igual manera tampoco fue negado por Víctor Ramón Ramos que el disparó a las llantas del vehículo tipo pick up, color blanco; estableciendo además en la valoración que tanto el acta de levantamiento cadavérico y recolección de indicios por personal técnico, así como el dictamen de autopsia por personal médico merecen entero valor por ser pruebas científicas. En consecuencia, esta Sala es del parecer que las pruebas evacuadas resultan congruentes, concordantes, inequívocas y además suficientes para quebrantar el estado de inocencia y que la decisión del a quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana critica, por lo que debe desestimarse este motivo de casación. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1.Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2.Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal.En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurrente número dos Recurso de Casación por Infracción de Ley. Interpuesto por el Acusador Privado. Único Motivo. Precepto autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal; Normas sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 254 en relación con los artículos 31,32 y 35 del Código Penal. Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que case la sentencia. Establece el recurrente en su exposición casacional que hubo falta de aplicación del artículo 254 del Código Penal, referente a daños, por parte del tribunal sentenciador, ya que con los medios probatorios establecidos en el acta de juicio oral y público se probó que su representada fue víctima del delito de daños. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[2]. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Acusador Privado. Único Motivo. El recurso no es de recibo. En virtud que esta Sala de lo Penal ya ha explicado en qué consiste el Principio de Debida Técnica Recursiva, se hace evidente la inadecuada técnica de la censora al momento de argumentar y desarrollar su impugnación, lo que vuelve el presente recurso falto de claridad y precisión, haciendo difícil que se pueda dar una respuesta concreta a los cuestionamientos de la recurrente. El Recurrente, iniciando el desarrollo de su libelo, señala que, de acurdo a los medios probatorios establecidos en el acta de juicio oral y público se probó que su representada fue víctima del delito de daños, estableciendo una narración propia y no de la declaración de los hechos probados, en ese sentido para efectos del Recurso de Casación por Infracción de Ley se debe de tener, la declaración de hechos probados de la sentencia, como una verdad irrebatible y que es sobre su base que debe de estudiarse si existió o no una correcta aplicación de la ley sustantiva, ello explicado de igual forma por esta Sala de lo Penal al definir el Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados Ut Supra. Extrañamente el recurrente no tuvo presente lo expresado por el mismo, y al pasar a desarrollar sus argumentos recursivos desconoce lo fijado en los hechos probados, narrando hechos distintos a los hechos declarados probados en la sentencia; con ello el recurrente erróneamente pretendió que esta Sala de lo Penal hiciese una modificación de los hechos declarados probados, algo prohibido por la ley como se ha explicado. Esta Sala de lo Penal observa que, en el presente caso, el motivo de casación por infracción de ley sustantiva invocado por el recurrente carece de claridad y precisión, ya que el recurrente no expone de forma clara, porqué el precepto penal que refiere como infringido, no está de acuerdo con los hechos que se declararon probados en la sentencia y como ya se dijo, centra su alegato en cuestionar la valoración de la prueba y no la infracción a la norma sustantiva en relación al cuadro fáctico, pues no basta únicamente con plantear el alegato en abstracto, sino que para que esta pueda admitirse y analizarse jurídicamente , es preciso que el mismo este dotado de suficientes argumentos válidos y razonamientos fundados en la teoría del delito como esencia misma del derecho penal. Por otra parte, esta Sala de lo Penal observa que el hecho declarado probado por el juzgador ha sido relatado cronológicamente, derivado de la prueba directa e indiciaria legalmente incorporada al juicio, con el que el a quo ha logrado formar la certeza de su convicción judicial acerca de la no participación de los acusados en el delito de daños. Por lo expuesto esta sala de lo Penal, declara sin lugar el motivo de casación invocado por la recurrente. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el Tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo.3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica;4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; y, 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Acusador Privado. Primer Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Excluyo o dejo de considerar alguna prueba de valor decisivo. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal sentenciador en la audiencia de proposición de medios de prueba rechazo indebidamente los medios de prueba consistentes en inspección judicial por parte del Tribunal al vehículo marca Porshe, tipo camioneta, modelo cayenne, propiedad de su representada. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo. Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige -para la configuración del vicio- que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su primer motivo. El recurso no es de recibo. Establece el recurrente que el Tribunal de sentencias, en la audiencia de proposición de medios de pruebas rechazo indebidamente inspección judicial al vehículo propiedad de su representada señora Andrea Masiel Navas Espinal, de igual forma fue rechazado por parte del Tribunal de sentencias la declaración testifical de Jorge Antonio Valladares Rivera quien es uno de los empleados que se encontraba en el lugar de los hechos. Lo alegado es improcedente, pues se aprecia que en la realización de la audiencia de proposición de pruebas (F 308) se admitieron como medios de prueba las siguientes: Fiscalía: Testifical: 1) Andrea Masiel Navas Espinal; 2) Jonathan Luis Bejarano; 3) Luis Alberto Videa Velásquez); 4) Úrsulo Vásquez Cruz; Documental: 1) 4 constancias del Registro Nacional de Armas; 2) 4 actas de registro personal; 3) 4 actas de decomiso o secuestro de objetos; 4) un acta de levantamiento cadavérico y recolección de indicios número 1680-2013; 5) dos actas de decomiso; 6) 3 cotizaciones números 11001-A,34587 y 34588; Pericial: 1) Dictamen de autopsia número AT-1861-13; Evidencia: 1) Un arma de fuego tipo revolver calibre 38, serie A1242298; 2) 2 CD de las imágenes de la cámara de seguridad. Acusación Privada: Testifical: además de las mencionadas en común con la fiscalía, están: declaración de Jorge Valladares Rivera; Documental: 1) autorización otorgada por su representada para ejercer la acción penal; 2) constancia emitida por LAMA MOTORS. Defensa Privada: No tuvo pruebas. Como se puede observar en el acta de audiencia de proposición de pruebas en cuanto a la acusación privada se le admitió la prueba testifical consistente en la declaración del señor Jorge Valladares Rivera; y no se admitió la inspección judicial al vehículo marca Porshe, tipo caminoneta, modelo Cayenne, propiedad de la señora Andrea Masiel Navas Espinal. En fecha 22 de junio de 2016 se realizó juicio oral y público en el que se después de haberse evacuado la prueba del Ministerio Público, se le cede la palabra a la acusación privada (página 34 del acta de juicio oral y público), para que informe en cuanto a su testigo Jorge Valladares Rivera, manifestando el mismo acusador privado, lo siguiente: “ No ha comparecido y no lo hemos podido ubicar, por lo que renunciamos a dicho testigo consideramos que no es adecuado para el proceso ya que no se cuenta con la presencia de él”; por lo que la misma al no haberse evacuado, el Tribunal no hace valoración del mismo; en cuanto a la inspección judicial, la misma no fue admitida en la audiencia de proposición de pruebas. Es imperativo señalar que, para valorar el vicio denunciado, han de considerarse algunos presupuestos esenciales. Es decir, existe exclusión de un medio de prueba de valor decisivo cuando: 1. Habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la Audiencia de Debate, el tribunal de Sentencia, sin ningún razonamiento le niegue valor o lo refute como ilícito; 2. Cuando a pesar de haber sido admitido y reproducido en juicio, el Tribunal de Sentencia no hace ninguna alusión al mismo en la valoración de la prueba. 2. El medio de prueba admitido y evacuado ha de estar provisto de un valor relevante, es decir de un valor decisivo que indica directamente en la convicción del Tribunal, bien sea acreditando el hecho y la participación del acusado en el mismo o bien negando la existencia del hecho o excluyendo la participación del acusado. De lo anterior, debe considerarse en principio que el medio de prueba ha debido ser en principio legalmente admitido, considerando las reglas de admisión contenidas en el artículo 199 del Código Procesal Penal. En el caso examinado por esta Sala consta que el medio de prueba denominado testifical al no presentarse el testigo y no poder ser localizado, la acusación privada renunció a dicho medio de prueba y en cuanto a la no admisión de la inspección judicial, el Tribunal estableció las razones por las cuales no fue admitido responden precisamente a lo que señala precisamente el tercer párrafo del artículo 199 del Código Procesal Penal. De esta forma los razonamientos expuestos por el juzgador para no admitir el medio de prueba, que ahora alega excluido la defensa, son válidos y apegados a lo que señala la norma procesal. En base a lo que se ha expuesto, esta Sala encuentra que no existe el vicio denunciado por el censor de la sentencia, en consecuencia, declara no ha lugar el recurso planteado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Acusador Privado. Segundo Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 202 y 236 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente en su exposición en el presente motivo establece que existe contradicción entre lo registrado en el acta de juicio, en el fallo de la sentencia y aplicación de las reglas de la sana crítica, por lo que existe una errónea aplicación por parte del tribunal al absolver de forma incorrecta a los imputados; estableciendo además contradicciones en la declaración de uno de los imputados, atacando los hechos estimados probados en la sentencia. DEL Principio de Debida Técnica en el Recurso de Casación Penal. Este Tribunal de Casación viene sosteniendo reiteradamente que “el Principio de Debida Técnica” se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso” (Véase Germán Pabón Gómez. De la Casación y la Revisión Penal. Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley. P. 144). Este principio aparece recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “En lo que respecta a la Casación en el Fondo, deberá citar, concretamente, en forma clara y precisa, los preceptos legales que considere infringidos, el sentido en que lo hubieren sido, y expresará, también concretamente, la aplicación o interpretación que pretende…” No se trata de una simple rigidez de la naturaleza del recurso impuesta por un formalismo procesal sin sentido, antes bien, la norma pretende orientar al censor de tal forma que su reproche recursivo se encause dentro de los parámetros establecidos en la normativa procesal con el propósito de precisar mediante este instrumento la falencia del vicio de juicio o de la actividad procesal que agravia al justiciable, convirtiéndose las exigencias del recurso en garantía procesal del reclamo que se intenta, en tanto estos pretenden allanar el camino a la respuesta jurisdiccional mediante el planteamiento de un recurso claro y preciso que importe la aprehensión del recurso ante el Tribunal de Casación a efectos de favorecer la respuesta más congruente ante el recurso, por ello esta sala de lo penal ha venido reiterando que el principio de debida técnica requiere observarse en los siguientes sentidos: a) Elegir con puntualidad la causal. b) No salirse ni desbordarse con sus alegaciones, de los extremos y contenidos conceptuales o valorativos, o ámbitos propios de la causal elegida. c) Elaborar planteamientos con claridad y precisión. (En ese mismo sentido sentencia 24 de agosto de 2010 SP 273-08; Sentencia 28 de octubre de 2010 SP 199-09; Sentencia 18 de enero 2011 SP 351-09). Aun intentando la sala abordar el estudio desde la explicación del censor, no puede colegirse la infracción pretendida, de manera que la falta de claridad y precisión no permite a la Sala de lo Penal arribar al estudio deseado que hubiese permitido un recurso interpuesto observando los requisitos de ley[3]. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su segundo motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente establece como concepto de la infracción: “Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o si en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica” y en la que en su desarrollo casacional además de hacer alegatos de instancia, establece que existe contradicción entre lo registrado en el acta del juicio, la sentencia y la aplicación de las reglas de la sana crítica, haciendo sus propias valoraciones de algunos medios probatorios, además de atacar los hechos estimados probados en la sentencia. El censor en su exposición del segundo motivo hace uso de la mala técnica recursiva, pues desconoce la naturaleza del Recurso Extraordinario de Casación y de la debida técnica que se requiere observar para su planteamiento. Como se ha establecido antes, “el principio de debida técnica”, se desprende de los requisitos formales para la interposición del recurso, “los que constituyen los mínimos requerimientos que debe contener la demanda de casación a efectos de ser tenida como un verdadero juicio técnico de impugnación, valorativo y preciso”[4]. Este principio está recogido en el artículo 363 del Código Procesal Penal, con los requisitos obligatorios propios del rigor del recurso extraordinario de casación, estableciendo imperativamente que “El recurrente deberá indicar separadamente cada motivo” y “Tratándose de casación en la forma, deberá también, de manera clara y precisa, exponer los hechos constitutivos de cada uno de los motivos y el reclamo que haya realizado en su oportunidad, para subsanarlos”. Por otro lado y como ya se ha establecido antes, a pesar de los yerros del recurrente, en respeto a la Tutela Judicial Efectiva y control de convencionalidad, no podría rechazarse Ad Portas del conocimiento del Recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del Recurso planteado; El único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el/la Censor/a, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). En el presente caso, el impetrante funda su reclamo en los artículos 202 y 236 del Código Procesal Penal, y en su desarrollo menciona dos vicios al mismo tiempo utiliza como fundamento en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal; de manera que falta a la técnica procesal, en vista que de conformidad con el artículo 363 el recurrente deberá indicar separadamente cada motivo, en los que funda su recurso; solo hace mención de los mismos y no los desarrolla, no establece cuál de las reglas fueron dejadas de observar por parte del ente juzgador, no obstante de la lectura del recurso, se comprueba que el recurrente hace sus propias alegaciones confundiendo su planteamiento de tal forma que no es posible para esta Sala comprender cuál es el sentido de su denuncia o la naturaleza de la vía recursiva que pretende hacer valer, lo que impide a esta Sala dar respuesta al motivo planteado, por lo que se hace imposible para esta sala de lo Penal poder pronunciarse ya que el motivo presentado es vacío de contenido, por lo que debe de ser desestimado. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Acusador Privado. Tercer Motivo. Norma Autorizante: Artículo 362 numeral 6 del Código Procesal Penal. Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículo 337 del Código Procesal Penal. Concepto de la Infracción: Incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes. Reclamación Ex Ante: Sin determinar por la pretensora. Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal sentenciador que de la simple lectura en el numeral décimo de la parte resolutiva de la sentencia donde se absuelve del delito de daños al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, ya que se absuelve por un delito por el que no se estaba acusando, que no verso en la formalización de la acusación, ni en la contestación de cargos, ni en el auto de apertura a juicio y tampoco en las conclusiones expuestas por las partes, por lo que es incongruente con lo versado en el fallo. Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. El Proceso Penal vigente se basa en el Principio Acusatorio donde la acción penal (pública o privada) es ejercida por un sujeto procesal distinto al que Juzga, al que le deviene la tarea de definir los hechos constitutivos de delitos, individualizar a las personas que considere responsable y sostener en el proceso tales aseveraciones a través de la prueba recabada en una fase de investigación previa, en contra posición el Juzgador se ve obligado a respetar los extremos objetivos y subjetivos contemplados y señalados por el ente acusador. El Principio Acusatorio da paso al Derecho de Defensa, permitiendo que el imputado sea intimado de los hechos que se le atribuyen con suficiente antelación que le permitan controvertirlos, incluso aportando prueba para ello, así pues nace la contradicción entre partes con posiciones e intereses subjetivos antagónicos: por una parte el acusador expone claramente el contenido de la acción penal de manera previa, obligado a probar su teoría, y por otra parte el imputado quien tiene el derecho a que le sea oída su respuesta a la acusación, de defenderse de la misma, lo cual solo es posible si puede conocer la totalidad de su contenido de manera previa; El destinatario de lo que acontece en la duela jurídica es el Juzgador a quien corresponde decidir sobre la procedencia de la acción penal conforme al mérito probado, viéndose vinculado a la acusación a la que tendrá como límite máximo la expectativa punitiva planteada, no pudiendo sobrepasar la misma o apreciar hechos o circunstancias distintas a las presentadas en ella, a ello se le conoce como Principio de Congruencia de la Sentencia con la Acusación. (Ver Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 11 días de agosto del año 2009 contenida en el Expediente 322-2007). El Principio de Congruencia exige una debida vinculación entre la sentencia que emita el Tribunal de Sentencia tras celebrarse la audiencia de debate y el contenido de la acusación, fijado en la audiencia de formalización de cargos celebrada durante la etapa intermedia del proceso penal, que prohíbe al Juzgador distraerse de los elementos objetivos y subjetivos de la acusación: 1. Elemento Objetivo: Prohíbe al juzgador incorporar en la sentencia hechos punibles no derivados de la formalización de la acusación, ya que de hacerlo incidiría en el derecho de defensa del imputado, quien podría resultar condenado por hecho punible del que no ha tenido oportunidad de defenderse, al no haber sido previamente oído, al no haberse podido oponer y al no haber tenido la oportunidad de ofrecer prueba de descargo; 2. Elemento Subjetivo: Prohíbe al Juzgador extender el ius puniendi contra persona o personas distintas determinadas en la formalización de la acusación. En resumen el sentido del Principio de Congruencia de la Sentencia con la acusación es permitir que la persona imputada conocer oportunamente el alcance y el contenido de la acusación que le permita ejercer defensa de ésta y no ser condenada por hechos de los que nunca se le dio oportunidad ser oída, por ello el objeto del proceso no puede ser alterado por el Tribunal de forma que se configure un delito diferente al que fue objeto de debate procesal; El derecho a ser informado de la acusación exige su conocimiento completo, con el objeto de evitar un proceso penal inquisitivo.(Ver Sentencia de fecha 20 de junio de 2012 en expediente 308-2009 y de fecha 18 días del mes de octubre de 2012, en expediente 065-2010).-Con todo, no debe de entenderse que el Juzgador se encuentra atado al contenido de la acusación, tal cual que su respuesta solo pueda ser positiva o negativa a lo planteado en la acusación, el Principio de Congruencia, no limita al Tribunal de Sentencia a calificar los hechos contenidos en la acusación de una manera diferente, siempre que: 1. El nuevo delito o falta calificado se desprenda de los hechos intimados en la formalización de la acusación y que hayan sido probados en el debate; 2. En el factum declarado probado no se incluyan hechos o circunstancias diferentes a las que se fijaron en la formalización de la acusación, pues son estos hechos y circunstancias los que fueron objeto probanza y de contradictorio en el debate; y 3. El delito apreciado por el Tribunal de Sentencia no supere las expectativas punitivas del ente acusador, por tanto, no podría reprochar penalmente un delito más grave, más si uno de igual o menor gravedad o incluso una falta. Ahora bien, como regla general el principio de Congruencia vincula la sentencia con el contenido de la formalización de cargos realizada en la audiencia preliminar de la etapa intermedia del proceso, en donde el acusador estatal o privado debe de calificar los hechos acusados en una de las figuras penales vigentes, pudiendo realizar calificaciones alternativas y subsidiarias en caso de prever que la definición dependerá del resultado del debate (Art. 301.3 del Código Procesal Penal).- Como excepción el artículo 337 del Código Procesal Penal advierte que además de la formalización de cargos, la sentencia podría verse vinculada con el auto de apertura a juicio, con la ampliación de la acusación o con las conclusiones de las partes en el debate, en los casos y formas siguientes: Hechos fijados en el Auto de Apertura a Juicio: La Fase intermedia del Proceso es una etapa crítica sobre las conclusiones de la investigación preparatoria, tiene por objeto el control concreto y previo sobre la validez formal y la seriedad material de la acusación. Lo que se busca con esta etapa procesal es racionalizar la administración de justicia, evitando someter inútilmente a un ciudadano a los rigores del juicio oral. La etapa intermedia se compone por: Formalización de la acusación, Contestación de Cargos y Auto de Apertura a juicio.- El Juez o Jueza de Letras, siempre a la sombra del principio indubio pro accusatione, evaluara si la acusación presentada en la audiencia preliminar tienen apariencia de poder sustentarse en la audiencia de debate, lo cual se conoce como presupuesto objetivo material, pero además verificará si dentro de la acusación se individualiza la persona o personas a las que se le atribuye los hechos imputados, lo cual se denomina presupuesto subjetivo material; Es muy importante resaltar que el Juez de la Etapa Intermedia no le corresponde examina la calificación jurídica de la acusación, de hecho el Código Procesal Penal no determina que en el auto de apertura a juicio deba existir por parte del Juzgador una calificación penal de los hechos que contienen la acusación, ya que su tarea exclusiva es verificar la existencia de los presupuestos objetivos y subjetivos antes explicados (Art. 302 del Código Procesal Penal).- En caso de que la acusación no supere el examen del Juez/a de la etapa intermedia, dictara un sobreseimiento provisional o definitivo, el cual puede afectar total o parcialmente el contenido de la formalización de la acusación; En caso de una afectación parcial (sea porque se dictó sobreseimiento provisional o definitivo a favor de uno de los imputados o en relación a uno de los delitos por estar sustentados en un hecho especifico que se prevé no podrá ser sustentado en juicio), el debate se celebrará sobre los aspectos de la acusación que si superaron el examen de los presupuestos objetivos y subjetivos, los que deberán de ser definidos en el auto de apertura a juicio y por ello en estos casos la sentencia, además de la formalización de cargos, también estaría vinculada con el auto de apertura a juicio. Ampliación de la Acusación: Determina el artículo 321 del Código Procesal Penal que la parte actora, durante el juicio, podrá solicitar que se consideren en el debate circunstancias o hechos antes no conocidos, distintos a los fijados en la formalización de la acusación, con el fin de: Modificar la calificación jurídica de los hechos fijados en la formalización de la acusación; y Modificar la pena del delito calificado en la formalización de la acusación. - Para tal modificación, se requiere: i.- Se trate de hechos nuevos o de hechos antes no conocidos; y ii.- Que los hechos no se encuentren mencionados en la formalización de la acusación. - Señala el precepto legal que, reunidos los requisitos mencionados, el defensor tendrá derecho a solicitar la suspensión del debate, al amparo del artículo 312.7 del Código Procesal Penal, para efectos de ajustar la teoría de la defensa a los nuevos hechos, pudiendo inclusive proponer nuevos medios de prueba o solicitar que el imputado sea escuchado nuevamente respecto a la ampliación o modificación. Finalmente la norma procesal señala que no constituye ampliación de la acusación: i.- La corrección de errores materiales; ii.- La inclusión de circunstancias que no modifiquen la calificación jurídica del delito o la pena que pudiese ser impuesta; y iii.- La Introducción de hechos nuevos, ya que sean independientes o conexos con los fijados en la formalización de la acusación, que puedan constituir delitos diferentes; En estos casos dispone el Código de Rito que se deberá de proceder por aparte respecto a estos nuevos hechos, en un proceso penal diferente, ello en aras de garantizar el derecho de defensa. Las Conclusiones del Debate: En una inclusión reciente, por reforma al artículo 337 del Código Procesal Penal, el legislador dispuso que las conclusiones de las partes en la audiencia del debate vinculaban al Tribunal de Sentencia respecto a las decisiones que deba tomar en la sentencia. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar; Además es de tener en cuenta que lo señalado en las conclusiones no puede ser objeto de ulterior contradictorio, mucho menos de prueba o contra prueba, pues con esta actuación se da por finalizada la audiencia de debate. Por lo anterior el derecho de defensa no permite como admisible la modificación de la acusación por parte del Ministerio Público que conlleve un agravamiento de la situación jurídica por la que se había estado defendiendo el acusado/a, mucho menos la imputación de nuevos delitos o la inclusión en la acción penal de personas distintas al imputado, pues si no es permisible en la ampliación de la acusación que se hace al inicio del debate, mucho menos podría serlo en la etapa de conclusiones. Por lo anterior se considerará vinculante para el Tribunal: La renuncia de la acción penal por parte del Ministerio Público, la que conforme al artículo 44 del Código Procesal Penal favorecería no solo a la persona imputada sino a todos los involucrados en la acción penal; La modificación (sin que sea permisible la inclusión) de las calificaciones penales, siempre que no implique modificación de los hechos imputados; y El planteamiento de calificaciones de delitos alternativos sobre los mismos hechos que fueron objeto de debate, en base a la especialidad o subsidiariedad entre unos y otros. No será vinculante el allanamiento por la representación legal del acusado/a sobre los hechos objeto de imputación, pues deberá ser precisamente definido por el mérito de la prueba, más si puede ser objeto de valoración la aceptación de los hechos que haga el acusado/a en su última intervención previo a declarar cerrado el debate, valoración que se realizará de manera conjunta con la prueba evacuada. En conclusión, la sentencia estaría vinculada no sólo con la formalización de cargos, sino además con el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos realizada en la audiencia de debate y/o con las conclusiones hechas en la audiencia de debate, siempre que se ajuste a lo señalado en este apartado. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su tercer motivo. El recurso no es de recibo. El artículo 337 del Código Procesal Penal manda que la Sentencia no podrá resolver cuestiones de hecho y de derecho diferentes a aquellas que las partes hayan planteado durante la formalización y contestación de cargos, el auto de apertura a juicio, la ampliación de cargos durante el debate y las conclusiones. - La Congruencia entonces es la adecuación de la sentencia a todo aquello que haya sido objeto de debate en donde se les da respuesta; por tanto, abra Incongruencia cuando no exista identidad entre lo decidido por el Tribunal de Sentencia en el fallo judicial y lo debatido en la audiencia de juicio. En este sentido, en la audiencia preliminar (F238 a F241) el Ministerio Público y el acusador privados formalizo la acusación contra el señor Carlos Gómez Martínez, por los delitos de homicidio y portación ilegal de armas, en perjuicio de Wilmer David lagos Pavón y la seguridad interior del Estado de Honduras; contra los señores Bairon Adalid Juárez Juárez, Víctor Ramón Ramos Pavón y Jorge Efraín García Aranda por los delitos de daños y portación ilegal de armas, en perjuicio de Andrea Maciel Navas Espinal, contestando la defensa en contra de la formalización de cargos hechos por el Ministerio Público y la acusación privada, por esos mismos delitos. En el auto de apertura a juicio (F242 a F248) en su parte dispositiva se decreta auto de apertura a juicio en el proceso penal respecto al imputado Carlos Gómez Martínez Alvarado por hechos constitutivos de los delitos de homicidio y portación ilegal de armas, en perjuicio de Wilmer David Lagos Pavón y la seguridad interior del Estado de Honduras; y contra los imputados Bairon Adalid Juárez Juárez, Jorge Efraín García Aranda y Víctor Ramón Ramos Pavón por el delito de daños en perjuicio de Andrea Maciel Navas Espinal y por el delito de portación ilegal de armas en perjuicio de la seguridad interior del Estado de Honduras. En fecha veintidós de junio de dos mil dieciséis se llevó a cabo juicio oral y público, sin que el Ministerio Público ni la defensa privada hicieran uso de la ampliación de cargos, pero si en la conclusión del debate la defensa privada en su exposición, en la página 41 del acta de juicio oral y público, solicita que: “ se condene a los señores Bairon Adalid Juárez Juarez, Jorge Efraín García Aranda, Víctor Ramón Ramos Pavón y Carlos Gómez Martínez por el delito de daños según lo establece el artículo 254 el cual con lleva una pena de 3 a 5 años de reclusión y …”. Es importante advertir que las conclusiones son el último acto procesal que realizan los/as apoderados/as legales de las partes en el proceso penal previo a la decisión de fondo, en el cual dan a conocer sus pretensiones basadas en la actividad probatoria que ha tenido lugar, por lo que en ese sentido la defensa privada al solicitar se condene al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado por el delito de daños, ha manifestado su pretensión lo cual hace vinculante la sentencia, pues debe dársele respuesta a todo aquello que haya sido objeto del debate, estableciendo así una identidad entre lo decidido por el Tribunal de Sentencia en el fallo judicial (numeral decimo de la parte resolutiva) y lo debatido en la audiencia del juicio. Por lo que no existe una incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes, por lo que se desestima este motivo de casación. DECISIÓN: Desestimar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el recurrente número uno. Desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el recurrente número uno. Desestimar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, interpuesto por el recurrente número dos. desestimar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por el recurrente número dos. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente CASO. - A.- Principio de Legalidad. El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser "scripta", "stricta", "certa", "praevia" y "válida", de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, esto se le llama el Principio De Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. El problema ocurre cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el Juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibido una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben de ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley sólo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe de aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos de que ésta tenga el estado de firme, siempre que la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena. - Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrara en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano/a pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; No es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; Que el Juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; Ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de Ponderación de la Norma Más Favorable en el Código Penal 130-2017. Tal y como manda el Principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017, se juzgaran conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo Código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicaran éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El Órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): Determinación de la pena concreta conforme CP-144-83; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; Determinación de la pena concreta conforme CP-130-2017; Circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme CP-144-83 con la pena abstracta conforme CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada del CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o Si la sanción impuesta conforme el CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por el Tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el Caso Concreto En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, se impuso al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, las sanciones por dos delitos, a saber: i) Quince (15) años de reclusión por el delito de homicidio simple, ii) Tres (3) años de reclusión por el delito de portación ilegal de arma comercial. En suma, la pena concreta impuesta al acusado es de dieciocho (18) años de reclusión como pena principal; y al señor Víctor Ramón Ramos Pavón una pena de tres (3) años de reclusión por el delito de portación ilegal de arma comercial. Conforme las disposiciones del Código Penal 130-2017, a la persona responsable del delito de homicidio (Art.192), debe imponérsele una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y por el delito de tenencia o porte ilegal de arma comercial de arma de fuego (Art.580), debe imponérsele una pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas, la cual se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quién porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización (párrafo segundo art. 580), cuya pena abstracta seria de cuatro (4) años a cinco (5) años cuatro (4) meses de prisión y localización permanente de hasta dos (2) años, si se trata de armas o municiones permitidas. Al no tener circunstancias agravantes ni atenuantes conforme a la nueva legislación las penas que se aplicarían al señor Carlos Gómez Martínez Alvarado por el delito de homicidio a la pena de quince (15) años y por el delito de tenencia o portación ilegal de armas de fuego la pena a imponer sería de cuatro (4) años de prisión y localización permanente de un (1) año y para el señor Víctor Ramón Ramos Pavón a la pena de cuatro (4) años de prisión por el delito de tenencia o porte ilegal de arma comercial y localización permanente de un (1) año. A partir de lo anterior es posible determinar que la pena impuesta al acusado Carlos Gómez Martínez Alvarado conforme el CP-144-83 al ser de quince (15) años de prisión por el delito de Homicidio simple y tres (3) años por el delito de Portación Ilegal de Arma comercial, y al señor Víctor Ramón Ramos Pavón, condenado a una pena de tres(3) años de reclusión por el delito de portación ilegal de arma comercial, resulta en general menos gravosa que la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-130-2017 que prevé una pena para el señor Carlos Gómez Martínez Alvarado, por el delito de homicidio una pena de quince (15) años y una pena de cuatro (4) años de prisión por el delito de tenencia o porte ilegal de arma comercial y localización permanente de un (1) año; por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360,362 del Código Procesal Penal Casación FALLA: Primero Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por la Abogada Linda Evelyn Cruz Vásquez, en su condición de defensora privada de los imputados Carlos Gómez Martínez, Bairon Adalid Juárez Juárez, Jorge Efraín García Aranda y Víctor Ramón Ramos Pavón, como recurrente número uno. Segundo: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo y el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus tres motivos, interpuesto por el Abogado Luis Ramón Romero Ochoa, en su condición de acusador privado en representación de la señora Andrea Maciel Navas Espinal, como recurrente número dos. Tercero: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017. Cuarto: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.FIRMA Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. FIRMA Y SELLLO MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de abril del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este tribunal No. SP-75-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

21 de 37

[1] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012

[2] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012

[3] VID Sentencia de Casación Penal SP 41-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 08 de marzo del 2012

[4] Véase German Pabón Gómez, De la Casación y la revisión Penal, Colombia 2003. Ediciones Doctrina y Ley.P.144.