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Sentencia CP-73-17 — Registro 11497

Resumen

En primera instancia se Absolvió al imputado por los delitos de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; y se condenó como coautor del delito de Extorsión Continuada. Resolviendo en segunda instancia HA Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO. EL RECURSO ES DE RECIBO. Esta Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse, o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Argumenta el censor, que la sentencia impugnada ha violentado la norma sustantiva contenida en el artículo 222 del Código Penal, referente al Tipo Penal de Extorsión, por considerar que los hechos declarados probados no se ajustan al ámbito situacional de la norma enunciada, indica que el Tribunal de Sentencia, erróneamente tituló al tipo penal de Extorsión Continuada, ya que los hechos declarados probados hacen un relato unitario, ya que no se relaciona ningún plan, no individualizándose las supuestas fechas, momentos precisos o modos del hecho en que se realizaron las supuestas entregas del dinero del testigo protegido anteriores a su captura. En el caso de análisis el hecho probado reporta que: “Los señores Francisco Ramón Martínez Guillén Y Edwin Ramos Perdomo, desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, exigían y recibían del Testigo Protegido la cantidad de dos mil quinientos lempiras mensuales, bajo intimidación que, de no entregarlos, le causarían la muerte. El Testigo Protegido se presentó en fecha 18 de julio del 2014 ante las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y señaló las viviendas donde se refugiaban las personas que le exigían las cantidades de dinero y fue así que en fecha 30 de julio del mismo año 2014, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en el sector de la Rivera Hernández, de San Pedro Sula, logrando la captura de los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo.” Se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce a la perfección cada elemento del tipo y se satisface la semántica exigida en artículo 222 del Código Penal, que tipifica el delito de Extorsión, del que tuvieron participación los acusados en su condición de coautores; resolviendo lo planteado por el censor, contrario al criterio del Tribunal de Sentencia, considera esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal, más no se fundamenta en lo contenido en el artículo 37 del Código Penal. En conclusión, debe declararse ha lugar el recurso, en el sentido de que no se ajustan los hechos probados a un delito continuado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La sentencia en el Recurso de Casación en el Recurso de Casación SP-73-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha dieciséis de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor Francisco Ramón Martínez Guillén, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: Condenó al señor Francisco Ramón Martínez Guillén, como coautor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido PJTP1410, a la pena principal de veinticinco años de reclusión; Tercero: Condenó al señor Francisco Ramón Martínez Guillén, al pago de una multa de ochenta y tres punto tres salarios mínimos, a favor del Estado de Honduras, por la comisión del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido PJTP1410; Cuarto: Absolvió al señor Edwin Ramos Perdomo, del delito de Asociación Ilícita, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras; Quinto: Condenó al señor Edwin Ramos Perdomo, como coautor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido PJTP1410, a la pena principal de veinticinco años de reclusión; Sexto: Condenó al señor Edwin Ramos Perdomo, al pago de una multa de ochenta y tres punto tres salarios mínimos, a favor del Estado de Honduras, por la comisión del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido PJTP1410; Séptimo: Condenó a los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Octavo: Se declaró a los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo, civilmente responsables; Noveno: No condenó en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Décimo: Se ordenó la devolución de un celular marca Blue color negro y verde, portador de dos imei numeración 351771057996598 y 351771058401598, a quien acredite su legitima propiedad. Son Partes: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Mario Reiniery Amador Espinal, en su condición de defensores públicos de los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo, como parte recurrente y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos Probados: “Único: Los señores Francisco Ramón Martínez Guillén Y Edwin Ramos Perdomo, desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, exigían y recibían del Testigo Protegido la cantidad de dos mil quinientos lempiras mensuales, bajo intimidación que, de no entregarlos, le causarían la muerte. El Testigo Protegido se presentó en fecha 18 de julio del 2014 ante las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión, y señaló las viviendas donde se refugiaban las personas que le exigían las cantidades de dinero y fue así que en fecha 30 de julio del mismo año 2014, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en el sector de la Rivera Hernández, de San Pedro Sula, logrando la captura de los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La recurrente Abogada Gloria Evelin Banegas, procedió a formalizar su recurso de casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “Expresión del motivo de casación. Motivo único: Por infracción de ley sustantiva como ser la aplicación Indebida de los artículos 222 y 37 del Código Penal vigente. Precepto autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición del motivo La norma sustantiva infringida son los artículos 222 y 37 del Código Penal vigente que establecen: Artículo 222 “Incurrirá en reclusión de Tres a nueve años: 1) Quien, mediante violencia o amenazas, obligare a alguien a hacer o dejar de hacer alguna cosa, a fin de obtener para sí o para otros un provecho justo”. Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36”. - Artículos que ha aplicado erróneamente el Tribunal de Sentencias en el presente caso al no subsumirse los mismos a la declaración del Único hecho probado. EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: “Único: Los señores Francisco Ramón Martinez Guillen Y Edwin Ramos Perdomo, desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, exigían y recibían del testigo Protegido la cantidad dos mil quinientos lempiras mensuales, bajo intimidación que, de no entregarlos, le causarían la muerte. El Testigo Protegido se presentó en fecha 18 de julio de 2014 ante las oficinas de la Fuerza Nacional Anti Extorsión y señaló las viviendas donde se refugiaban las personas que le exigían las cantidades de dinero y fue así que en fecha 30 de julio del mismo año 2014, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en el sector de la Rivera Hernández, San Pedro Sula, logrando la captura de los señores Francisco Ramón Martinez Guillen Y Edwin Ramos Perdomo. Primero: Al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el Tribunal aplico indebidamente los artículos 222 y 37 del Código Penal como constitutivo del delito de Extorsión Continuada a título de autores, donde la pena aplicada fue agravada por considerar que se trataba de un delito continuado, por lo que si confrontamos el hecho declarado probado con el contenido de los artículos 222 y 37 párrafo primero del Código Penal, los cuales describen el delito de Extorsión continuada, donde podemos observar que no aparecen en aquellos los elementos que conforman dicha figura, no narrándose en la referida declaración del único hecho probado por una parte que al momento de dárseles captura a los imputados en la vivienda allanada número dos donde los testigos de cargo agentes de investigación declararon que dichas personas no estaban haciendo nada al momento de ser capturados, decomisándosele supuestamente a Francisco Ramón únicamente un celular, donde la persona que efectuó el vaciado telefónico manifestó en juicio que el imei no se analizó, por tanto no se acreditó que el teléfono pertenecía a Francisco Ramón; y por otra parte en lo referente a lo continuado, es decir a la entrega de dinero por extorsión no se determinó e individualizó los supuestos momentos anteriores y modos precisos, solamente indicando que había sido desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, ni si dichos hechos fueron en cumplimiento de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), por ende no observarse que nada de eso se halla declarado en el único hecho probado único, siendo así no procedía la condena por Extorsión ni el agravamiento de la pena de dicho delito como Continuado e impuesta a nuestros representados por las razones antes indicadas, debiendo para tal efecto haberse absuelto a los mismos por dicho delito continuado, considerando que al habérseles condenado se estaría aplicando indebidamente los preceptos penales antes señalados.” “Segundo: De esta forma el delito continuado según la doctrina ha sido una institución imprecisa en la definición de sus elementos, con frecuentes contradicciones valorativas, en su aplicación práctica y una indefinición de un fundamento material uniforme que sirva para explicar suficientemente el fenómeno, que por lo mismo ha permitido que bajo los mismos fundamentos, unas veces se aminore la pena que habría correspondido de sancionar independientemente cada una de las acciones típicas y en otras se exaspere, siendo válido preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto sea forzado o derechamente vulnerado el principio de legalidad aplicando sanciones que no están previamente asignadas a una determinada conducta, o por el contrario, en los casos que se aminora, si recoge este injusto adecuadamente el desvalor de acción de tas acciones seriadas surgiendo la interrogante si acaso la unidad de dolo que algunas exigen constituye un factor que aumenta el reproche penal del autor, o si lo morigera o si aquello resulta indiferente al lado de la necesidad de reconocer una figura que tiene “vida propia” independientemente de su tratamiento punitivo. Dicho lo anterior consideramos que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el hecho ocurrido con el tipo penal de Extorsión Continuada a título de autores en perjuicio de Testigo Protegido PJTP1410, aplicándolo en forma indebida, por lo que el conjunto del relato factico en este caso y que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, este debió haber sido un fallo absolutorio por lo cual el razonamiento del Tribunal de Sentencias no posee las características idóneas objetivamente para producir el resultado de un delito de Extorsión Continuada porque las normas legales sustantivas vulneradas efectivamente en este caso los artículos 222 y 37 no se enmarcan dentro del único hecho probado redactado por el Tribunal Sentenciador como se dijo antes no se narran en la respectiva declaración del hecho Probado que demostrara por una parte la comisión del delito de Extorsión y por otra que se tratara de continuado en base a un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), ni vigilancia, no determinándose e individualizando las supuestas fechas del mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce referidas, es decir los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero anteriores a la captura del 30 de julio de 2014.” “Tercero: Siendo así consideramos que el Tribunal Sentenciador en ningún momento debió llegar a la convicción de manifestar en la fundamentación jurídica y ser más claro en el hecho declarado probado o que lo condujera a la absoluta certeza de condenar y agravar por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido PJTP1410, recordemos que el factum del fallo en el presente caso se debió orientar a dictar una sentencia absolutoria contenida en el artículo 339 del Código procesal Penal, de tal manera que la calificación de los hechos declarados probados deben de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que los acusados hayan cometido el delito de Extorsión Continuada, por lo que en este caso se produce una incongruencia entre el hecho estimado y declarado probado con el fallo como delito de Extorsión Continuada por el cual se acusaba, lo anterior queda evidenciado con las mismas pruebas de cargo testificales rendidas en juicio oral y público, por lo que de lo antes manifestado pretendemos que se anule la sentencia de mérito y se absuelva a nuestros representados los señores Francisco Ramón Martínez Guillen y Edwin Ramos Perdomo, por considerar que no concurre la existencia del delito agravado, debiendo para tal efecto como se dijo antes haberlos absuelto de toda responsabilidad, en vista que los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la audiencia de juicio oral y público quedo establecido por una parte que no se les encontró haciendo nada al momento de su captura decomisándole a uno de ellos únicamente un celular, y por otra la no existencias de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), ni la individualización de los supuestos momentos anteriores a la captura de estos donde se dijo que se les había entregado dinero por estar extorsionando al testigo protegido PJTP1410. Es así que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al haberse aplicado indebidamente el artículo 222 de extorsión y el 37 como continuado y la consumación del mismo, sino que se debió haber absuelto de toda responsabilidad a mis representados.- De lo anterior se concluye que la conducta narrada en el único hecho probado por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Extorsión Continuada como erróneamente se interpretó y aplico, sino que simplemente se debió absolver, por consiguiente haberse condenado indebidamente a los señores Francisco Ramón Martínez Guillen y Edwin Ramos Perdomo. Interpretación pretendida Pretendemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, analizando el único hecho probado en el fallo recurrido y en base a lo dispuesto en las normas penales como los son los artículos 37 y 222 del Código Penal, anule la sentencia recurrida en el entendido que en ningún momento los imputados cometieron Extorsión Continuada.” Fundamentación Jurídica. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley Como lo ha reiterado esta Sala de lo Penal, por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, solo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de casación por infracción de ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esa tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto a los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (Hechos Probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que sí corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Conforme lo regula el artículo 360 del Código Procesal Penal, el objeto de la Infracción en un recurso de casación por infracción de ley puede recaer en tres aspectos: a) Precepto Penal de Carácter Sustantivo, es decir normas penales en sentido estricto, como son las que determinan delitos, faltas, estados peligrosos, penas, medidas de seguridad, eximentes de responsabilidad penal, formas de intervención en el delito, grados de realización del delito, circunstancias agravantes o atenuantes, reglas relativas a la responsabilidad civil etc., es decir aquellas que conforman el derecho penal material o sustantivo. b) Norma Extrapenal, referente a aquellas que pertenecen al derecho penal sustantivo, que no se encuentran en el Código Penal o leyes penales especiales, pero que deben ser observadas para la aplicación de la ley penal, por ejemplo, las leyes penales en blanco, que son aquellas que señalando la pena aplicable al delito, omiten establecer todo o parte de la conducta punible y para poder completarla se remite a otra norma, bien sea penal o no. c) Principio de Doctrina Legal, debemos entender por doctrina, de conformidad al párrafo segundo del artículo 360 del Código Procesal Penal, “…la reconocida como tal por la Corte Suprema de Justicia, por medio de tres sentencias conformes sobre un mismo asunto”. Otra circunstancia que considerar al momento de plantear un recurso de casación, son las diferentes especies del Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal, las cuales son: a) Violación o Falta de Aplicación, consistente en la falta de aplicación de la ley o doctrinas legales que correspondan o se ajusten a los hechos probados que enuncia la sentencia. Es la omisión de parte del juzgador, en cuanto a la cita o aplicación de la norma aplicable al caso y que justifica legalmente los hechos probados de la sentencia. b) Aplicación Indebida, consiste precisamente en la invocación hecha por el juzgador, de leyes o doctrinas legales ajenas a la verdad concebida en los hechos probados de la sentencia, de tal suerte que se aprecia la incongruencia en el factum de la resolución y la norma que se le asigna. c) Interpretación Errónea, consistente en que citando la sentencia la ley correspondiente, se aplica otorgándole un sentido distinto al que tiene. Recurso de casación por infracción de ley, interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 222 en relación con el artículo 37 del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación indebida del precepto penal sustantivo. *Reclamación Ex Ante: No ha podido reclamar su subsanación por efectuarse en el propio acto de sentenciar. *Pretensión: Que se declare con lugar el recurso de mérito. Resumen Establece el recurrente que al analizar el contenido del único hecho probado se observa que el tribunal aplicó indebidamente los artículos 222 y 37 del Código Penal como constitutivo del delito de Extorsión continuada a título de autores, donde la pena aplicada fue agravada por considerar que se trataba de un delito continuado, por lo que si confrontamos el hecho declarado probado con el contenido de los artículos 222 y 37 párrafo primero del Código Penal, los cuales describen el delito de Extorsión continuada, donde podemos observar que no aparecen en aquellos los elementos que conforman dicha figura, no narrándose en la referida declaración del único hecho probado por una parte que al momento de dárseles captura a los imputados en la vivienda allanada número dos donde los testigos de cargo agentes de investigación declararon que dichas personas no estaban haciendo nada al momento de ser capturados, decomisándosele supuestamente a Francisco Ramón únicamente un celular, donde la persona que efectuó el vaciado telefónico manifestó en juicio que el imei no se analizó, por tanto no se acreditó que el teléfono pertenecía a Francisco Ramón; y por otra parte en lo referente a lo continuado, es decir a la entrega de dinero por extorsión no se determinó ni individualizó los supuestos momentos anteriores y modos precisos, solamente indicando que había sido desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, ni si dichos hechos fueron en cumplimiento de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), por ende no observarse que nada de eso se halla declarado en el hecho probado único, siendo así no procedía la condena por Extorsión ni el agravamiento de la pena de dicho delito como continuado e impuesta a nuestros representados por las razones antes indicadas. Del tipo penal de extorsión. Bajo el Título VII del Libro Segundo del Código Penal, el legislador ha creado tipos penales cuyo objeto es la defensa del bien jurídico, propiedad y sus diversas relaciones jurídicas con las personas: ius utendi (posesión), ius fruendi (usufructo) y ius abutendi (dominio). Entre los delitos contemplados encontramos el de extorsión, contenido en el Decreto Legislativo No. 016-2012, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 32, 798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación, siendo el que resulta aplicable al hecho enjuiciado en virtud del principio de retroactividad de la ley penal, el cual expresa lo siguiente: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero(a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considera un delito de crimen organizado.”. De este tipo penal se distinguen como elementos objetivos los siguientes: a) Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, sin necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de amenaza, intimidación o violencia; b) Sujeto Pasivo: Puede ser cualquier persona, ya sea esta natural, jurídica o asociaciones sin personalidad. c) Objeto material del delito: Es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto; d) Conducta Criminosa: Centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar” al sujeto pasivo a que realice o a que omita un acto o negocio jurídico con vicio de consentimiento; se entiende por acto o negocio jurídico: *Acto, la conducta comisiva u omisiva, que se pretende obtener de parte del sujeto pasivo y que se agota en un solo momento con o sin trascendencia jurídica, más si patrimonial; como por ejemplo cuando se obliga a romper documentos que den fe de obligaciones o de crédito o se obliga a estampar la firma en un documento en blanco. *Negocio jurídico, consistente en la celebración de un contrato, típico o atípico, con trascendencia jurídica y con efectos patrimoniales. e) Modalidad Criminosa: Entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en este caso es mediante amenazas, intimidación o violencia. La violencia es la ejercida en contra de las personas, a quienes se les obliga a observar un acto o suscribir un negocio jurídico o a omitir un acto o negocio jurídico. La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre promedio) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Por su parte, la amenaza puede ser directamente al sujeto pasivo o a un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo. Tal amenaza puede formularse mediante: * Lenguaje hablado o lenguaje de señas; *Por representaciones o dramatizaciones; *De manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; *Por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. f) Punibilidad: El delito de extorsión esta conminado con dos penas principales: una pena de reclusión de 15 a 20 años, y una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto. Al responsable del delito de extorsión además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de reclusión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Como elementos subjetivos del tipo penal de Extorsión se requiere de dolo: conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; y adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo.[1] Características del Tipo Penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a) Según su Estructura: i. Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii. Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: tratar de obligar; b) Según su Contenido: i. Tipo Penal de mera actividad pues no se requiere un cambio en el mundo físico apreciable fenoménicamente, sino que basta con que el sujeto activo realice la violencia, la amenaza o exigencia en procura de obtener un beneficio patrimonial injusto, sin la necesidad de que efectivamente se consiga. ii. Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii. Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv. Tipo Penal Cerrado: porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c) Según el Sujeto Activo: i. Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii. Tipo Penal Simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d) Según el Bien Jurídico Tutelado: i. Tipo Penal Pluriofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii. Tipo Penal de Peligro pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. Del delito Continuado. Entre los concursos de delitos encontramos el denominado Delito Continuado, consignado en el artículo 37 del Código Penal, que crea la ficción legal considerándolo como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que encuadran en una misma tipificación y que protegen el bien jurídico de la propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que sea en respuesta a un plan preconcebido o aprovechando identificas o similares circunstancias de ejecución.[2] La pena única a imponer será el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos cometidos contra la propiedad, advirtiendo la misma norma que la figura del delito continuado no será aplicable a los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad sea menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta. Como requisitos podemos señalar: 1) Unidad de Bien Jurídico Protegido: Los delitos cometidos deben ser de aquellos que protegen el bien jurídico propiedad; 2) Unidad de Tipo Penal: Los delitos cometidos deberán responder a un mismo tipo penal; 3) Unidad de Sujeto Activo: Implica que en los diversos delitos, siempre deberá figurar el mismo sujeto activo; 4) Unidad o Pluralidad de Sujetos Pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podrán realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; 5) Unidad de fin: en virtud de la cual se exige que el sujeto activo actúe con dolo en todos los delitos cometidos; 6) Diversidad de Conducta Humana, la cual podrá realizarse mediante acciones u omisiones; 7) Diversidad en el comportamiento delictivo: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podrá participar en ellos de manera diversa: como autor, autor mediato, coautor, cómplice, cómplice necesario o inductor. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. Esta Sala de lo Penal, tratándose del motivo invocado por el recurrente, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia, su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley debe estructurarse, o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Argumenta el censor, que la sentencia impugnada ha violentado la norma sustantiva contenida en el artículo 222 del Código Penal, referente al Tipo Penal de Extorsión, por considerar que los hechos declarados probados no se ajustan al ámbito situacional de la norma enunciada, indica que el Tribunal de Sentencia, erróneamente tituló al tipo penal de Extorsión Continuada, ya que los hechos declarados probados hacen un relato unitario, ya que no se relaciona ningún plan, no individualizándose las supuestas fechas, momentos precisos o modos del hecho en que se realizaron las supuestas entregas del dinero del testigo protegido anteriores a su captura. En el caso de análisis el hecho probado reporta que: “Los señores Francisco Ramón Martínez Guillén Y Edwin Ramos Perdomo, desde el mes de febrero del año dos mil trece al mes de julio del año dos mil catorce, exigían y recibían del Testigo Protegido la cantidad de dos mil quinientos lempiras mensuales, bajo intimidación que, de no entregarlos, le causarían la muerte. El Testigo Protegido se presentó en fecha 18 de julio del 2014 ante las oficinas de la Fuerza Nacional Antiextorsión, y señaló las viviendas donde se refugiaban las personas que le exigían las cantidades de dinero y fue así que en fecha 30 de julio del mismo año 2014, se realizaron allanamientos en tres viviendas ubicadas en el sector de la Rivera Hernández, de San Pedro Sula, logrando la captura de los señores Francisco Ramón Martínez Guillén y Edwin Ramos Perdomo.” Se determina por lo anteriormente descrito, que se reproduce a la perfección cada elemento del tipo y se satisface la semántica exigida en artículo 222 del Código Penal, que tipifica el delito de Extorsión, del que tuvieron participación los acusados en su condición de coautores; resolviendo lo planteado por el censor, contrario al criterio del Tribunal de Sentencia, considera esta Sala de lo Penal que los hechos declarados probados se subsumen en el tipo penal, más no se fundamenta en lo contenido en el artículo 37 del Código Penal. En conclusión, debe declararse ha lugar el recurso, en el sentido de que no se ajustan los hechos probados a un delito continuado. Decisión. Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su único motivo interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 360, 363 y 369 del Código Procesal Penal, Falla: Primero: Declara Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción Ley, en su único motivo, interpuesto por la Abogada Gloris Evelin Banegas, en su condición de defensora pública de los señores Francisco Ramón Martinez y Edwin Ramos Perdomo. Segundo: Casa la sentencia de fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, únicamente con relación a los numerales segundo, tercero, quinto y sexto de la parte resolutiva; en consecuencia, revoca dichos numerales, quedando incólume sus demás numerales primero, cuarto, séptimo, octavo, noveno, decimo, décimo primero y décimo segundo. Tercero: Se debe condenar y se condena a los señores Francisco Ramón Martinez y Edwin Ramos Perdomo, de generales conocidas en autos, como coautores responsables de un delito consumado de Extorsión en perjuicio de Testigo Protegido PJTP1410, a las penas principales de quince (15) años de reclusión, más una multa de cincuenta (50) salarios mínimos - Y MANDA: Que la Secretaria del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-73-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Al respecto ver el fallo de fecha 07 de mayo del 2018, en el ex. 490-2014.

[2] Ver Sentencia de Casación Penal SP 09-2010 dictada por la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia en fecha 23 de agosto del 2012