Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CP-67-17 — Registro 11496

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de una menor. Resolviendo en segunda instancia Sin Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El recurrente hace una exposición confusa, pues de inicio dirige su ataque contra la decisión judicial que declara sin lugar el incidente de nulidad planteado en la audiencia de debate, pero luego traslada tal reclamo al acto mismo que se considera vicioso; aunado a ello, hace referencia a disposiciones de una ley derogada (Código de Procedimientos Penales). Lo anotado tiene importancia significativa para poder entender que acto es el que debe de ser revisado en casación y si es al Código Procesal Penal que pretende referenciar: 1. Al señalarse que la resolución judicial donde se declara sin lugar la nulidad como el acto viciado y al artículo 90 de la Constitución de la República como la norma transgredida, la Sala de lo Penal tendría como aspecto de impugnación a dilucidar si el a quo observó el debido proceso incidental, a la sombra de las regulaciones que hace el Código Procesal Penal, desde la interposición de éste hasta su resolución; 2. Al establecerse que el aspecto impugnado es la supuesta evaluación de la menor ofendida en las pruebas periciales, sin la presencia de la defensa contrariando normas constitucionales y normas legales, correspondería a la Sala de lo Penal hacer estudio de las circunstancias; Sin embargo para que esto fuese así el recurrente debía de señalar concretamente las normas de la Constitución y de la Ley en que se funda y explicar porque considera ilegitima la actuación pericial. El conflicto con que se encuentran estos Jueces de Casación, es que el recurrente hace ambos planteamientos en su motivo, cuando uno y otro son incompatibles, pues se trata de vicios totalmente diferentes como se ha explicado. En su caso y de tener que interpretar cual era la intención del recurrente, se tendría que tomar en consideración la norma constitucional que se ha citado como infringida, por lo que tendría más sentido interpretar que el motivo de la impugnación es el primero explicado: aparente violación del debido proceso incidental. El dilema anterior: tener esta Sala de lo Penal que hacer interpretaciones sobre qué es lo que el recurrente quiso expresar en su motivo, es una clara evidencia de que el Recurso adolece de defectos importantes de planteamiento por haberse faltado a las normas que gobiernan la debida técnica recursiva. Así las cosas, e interpretando que el objeto de la impugnación es una violación al debido proceso incidental, la Sala de lo Penal encuentra con una nueva dificultad: el motivo es deficiente a falta de datos, pues el recurrente no se tomó la tarea de plantear aspectos básicos como: i.- norma procesal que se vio transgredida y que se tradujo en la violación al debido proceso incidental; ii.- Tipo de violación cometida por el aquo: falta de aplicación, indebida aplicación o aplicación de manera distinta a como manda el legislador; iii.- Acto procesal en donde consta el vicio y como este se materializo; y iv.- Como resulto afectada la parte dispositiva de la sentencia como consecuencia del vicio; v.- Pretensión del motivo, pues el recurrente se limita a señalar que solicita que se declare ha lugar el recurso, sin establecer cual a su parecer debe de ser la resolución de casación para purgar el vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El motivo único fue planteado por el recurrente de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar. Plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, más omite establecer aspectos básicos como cual regla fue la infringida, en qué consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido; básicamente se ha denunciado violación de reglas de la sana critica, pero no se señala que reglas son las que se violentaron. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y para ello se requiere esencialmente señalar que regla de la sana critica es la que se ha transgredido. Contrario a ello, el censor se ocupó de formular argumentaciones ajenas al recurso; se dio la tarea en analizar la prueba, confundiendo la única instancia con una segunda instancia; por último, al explorar este tipo de recurso, su técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos, no es la de dictar una sentencia absolutoria como es lo solicitado por el recurrente, pues la finalidad del Recurso por Quebrantamiento de Forma, es la nulidad de la sentencia viciada y del proceso en que se dictó, provocando la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 67-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del años dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Edilberto López Amador, como autor responsable penalmente del delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña G. N. R. L. a la pena principal de siete años, seis meses de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Edilberto López Amador como consecuencia de la condena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo que dure la condena. TERCERO: No procede la condena del señor Edilberto López Amador en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Ni decretar comiso alguno. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del señor Edilberto López Amador. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Rony Javier Rodríguez Flores, actuando en su condición de defensor privado del señor Edilberto López Amador. Son partes en única instancia: El Abogado Rony Javier Rodríguez Flores, defensor privado en su condición de recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Arevalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “PRIMERO: En fecha veintinueve (29) de mayo del año dos mil doce (2012), siendo aproximadamente la una de la tarde (1:00 p.m.), se encontraba la menor en ese entonces de once (11) años de edad G. N. R. L., en su casa de habitación ubicada en la Colonia San Francisco, Sector las Posas de Comayagüela, Francisco Morazán, cuando llegó el Señor EDILBERTO LÓPEZ AMADOR, y aprovechando que la niña G. estaba sola ingresó al interior de su casa, procedió a tomarla, le subió la blusa, le bajó su ropa interior, le acarició sus senos, su vulva y le besaba su boca; al llegar su madre María del Carmen Reyes del trabajo, la niña G. le contó lo que le había sucedido por lo que ésta procedió a interponer la denuncia; posteriormente, fue detenido y puesto a la orden de las autoridades competentes.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Rony Javier Rodríguez Flores, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Haber incurrido este Honorable Tribunal de Sentencias en violación al derecho Constitucional. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION Los preceptos Constitucionales que se invocan como infringidos prescriben: Artículo: 90 de la Constitución de la República del debido proceso que dicen Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades derechos y garantías que la ley establece. Por su parte los artículos 166 numeral 7 del Código de Procedimientos Penales Casos de Nulidad Procedimentales. Serán nulos los actos procedimentales realizados. Con violación de los derechos y libertades fundamentales de la persona, Consagrados por la Constitución de la República, los tratados internacionales de los cuales Honduras forman parte y demás leyes en relación con el artículo 242 del Código de Procedimientos Penales en su párrafo tercero. Una vez investido judicialmente, el perito procederá a cumplir el encargo recibido. Pondrá en conocimiento de quien lo designó, la fecha en que procederá a realizar las actuaciones propias de la pericia. La autoridad que lo nombro, la comunicara a las partes para que puedan presenciar su práctica, salvo el caso en que esa presencia carezca de utilidad procesal o el perito justifique que podría perjudicar gravemente el buen éxito de aquella. Es sobre este punto en particular (no se citó a la defensa para la práctica de la evaluación de la menor por parte de la perito Psicóloga) que existe el vicio que da lugar a la violación de la Garantía Constitucional del DEBIDO PROCESO, vicio que la defensa ha protestado el día del celebración del Juicio Oral y Público. Resulta que la defensa solicitó que se nombrara consultora Técnica a la Psicóloga Licenciada Digna Nohemí Coello para que pueda consultar a los peritos como lo establece el artículo 124 del Código de Procedimientos Penales en su párrafo tercero: El Consultor Técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer observaciones. No podrá emitir dictámenes, Los peritos hacer constar las observaciones formuladas por el consultor técnico. En los debates podrá acompañar a quien asista, interrogar directamente a los peritos o traductores y elaborar conclusiones sobre la prueba pericial, siempre bajo la dirección de quien lo haya propuesto. Que al momento de la fase de incidentes del Juicio Oral y Público la defensa interpuso incidente de nulidad solicitando la exclusión de los medios de prueba periciales presentados por el Ministerio Público ya que no se citó a la fecha de evaluación a la defensa para que estuviera presente con la Consultora Técnica en la práctica de la evaluación de la menor G. N. R. L. por la Perito Psicóloga la Licenciada ANA CRISTINA HUETE. Por lo que el Tribunal declaro sin lugar el incidente porque al consultar los antecedentes a folio 261 al 263 se establece la audiencia de proposición de los medios de prueba en esta acta la Defensa presenta a la Licenciada Digna Nohemí Coello y establece que la misma participara como parte del staff de la defensa en su condición de consultor técnico. Asimismo ese Tribunal integrado en ese momento por las abogadas JEANNETTE ELIZABETH PADGETT, ROSAMINDA VELASQUEZ y DELIA VILLATORO estableció en resolver lo siguiente: En caso de la Defensa se admite como consultora Técnica Licenciada Digna Nohemí Coello para que pueda consultar a los peritos, los consultara en el momento del contradictorio. Está claro que en ningún momento ha solicitado por parte de la Defensa que la Consultora Técnica estuviera presente en el momento del desarrollo de la pericia. El artículo 242 establece en su último párrafo que es la autoridad que nombro el perito quien debe de comunicar la presencia para la práctica de la prueba; sin embargo al haber estado presente el día de la juramentación del perito se debió consultar por estas partes cuando iba a realizar la prueba esta es una situación en caso de considerar necesario que estuviera presente el consultor técnico; pero si nos vamos a lo establecido para la figura del consultor técnico en nuestro Código Procesal Penal establece que el mismo podrá interrogar a los peritos en el momento en que se está evacuando la pericia que es el momento del contradictorio en el juicio oral y público. Se han equivocado los momentos procesales sobre esto ya hay una garantía Constitucional establecida y este Tribunal declara sin lugar el incidente presentado. Por lo que la defensa interpuso recurso de Reposición en base al artículo 352 por considerar que se ha violentado el artículo 82 del derecho a la defensa y el artículo 90 del debido proceso en virtud de considerar que el artículo 124 en su párrafo tercero dice claramente que el Consultor Técnico podrá presenciar las operaciones periciales y hacer las observaciones, deberá hacer las consultas y observaciones. Al momento de ser admitida claramente dice consultar a los peritos está hablando en términos generales, no me está limitando exclusivamente o solamente para que venga a interrogar al perito. Por lo tanto siendo que es un derecho que tenemos de acuerdo al artículo 82 del derecho de defensa que pueda estar presente la figura del consultor no se estableció solo para interrogar a los peritos. Al momento que se nombró al perito no estábamos presentes ni el Ministerio Publico. Pero se citó a las parte y no se citó a la Defensa para que pudiera llevar al Consultor Técnico y presentarlo para que se evacuara la pericia e hiciera las observaciones que considerara pertinentes. Por lo que consideramos que es una prueba ilícita. Por lo que el Tribunal resolvió sobre el recurso de reposición interpuesto: Según establecen los mismos argumentos que interpuso en el incidente sin embargo este Tribunal va a ampliar su resolución en el sentido de que si bien es cierto el artículo 124 establece que el consultor técnico puede presenciar las operaciones periciales eso si puede es una situación facultativa, esta misma facultad no fue solicitada en la audiencia de proposición de medios de probatorios por parte de la defensa para lo cual debió explicar y solicitar que su consultor técnico esté presente en el momento que se desarrolle la pericia también solicitando que esté presente al momento de interrogar al perito. La resolución que hizo la sala en su momento fue establecer conforme al folio 263 lo siguiente: En el caso de la Defensa se admite la consultora técnica Licenciada Noemí Coello para que pueda consultar a los peritos no está establecido que debe de participar o presenciar las pericias en el momento de su realización si no ha solicitado eso y otro Tribunal no resolvió esa parte este Tribunal no puede venir a incluir situaciones. Por lo que este Tribunal resuelve declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto. Por lo que el Tribunal ha desconocido el artículo 14 y 101 numeral 10 del Código de Procedimientos Penales que dicen: articulo 14 Inviolabilidad del derecho a la defensa. El derecho de defensa es inviolable. El imputado y su defensor tienen derecho a estar presentes en los actos del proceso que incorporen elementos de prueba y a formular las peticiones y observaciones que consideren oportunas. Artículo 101 Las personas imputadas y sus derechos. Se considerara imputada toda persona a quien en virtud de querella o por requerimiento Fiscal se atribuya participación en la comisión de un delito o falta ante los órganos encargados de la persecución penal ya se encuentre detenido o en libertad o que haya sido privada cautelarmente de libertad en virtud de aprehensión detención o prisión preventivas como tal a partir de ese momento podrá ejercer todos los derechos que la Constitución de la República, los tratados internacionales y este código le reconocen desde el primer acto del procedimiento hasta su finalización. A toda persona imputada se le garantiza su defensa. Tendrá derecho en consecuencia a 10.- a estar presente con su defensor en todos los actos que impliquen elementos de prueba. Ya el 154 del Código de Procedimientos Penales establece en sus primeros párrafos. Las partes en un proceso así como los testigos y peritos serán citados y emplazados personalmente por el receptor del órgano jurisdiccional y en su defecto por el empleado a quien se le asigne esa función. Por lo que el Tribunal debió citar y emplazar a la defensa para la práctica de la evaluación Psicológica de la menor G. N. R. L. para que ejerciera o no su derecho a estar presentes en dicha evaluación. En la sentencia dictada por el A quo en el acápite de la VALORACION DE LA PRUEBA el Juez a quo prueba pericial dictamen de evaluación Psicológica a folios 289 al 290 manifiesta que respalda el diagnóstico Psiquiátrico porque este Tribunal considera que los dictámenes Psicológico son para este caso una herramienta vinculante en cuanto a reforzar la credibilidad de los dichos de la menor. El debido proceso se encuentra regulado en la Constitución de La República en su artículo 90 que en su primer párrafo establece: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”, dentro del cual se enmarcan una serie de principios con la finalidad de asegurar que el enjuiciamiento criminal en un sistema democrático, será y es por naturaleza propia sometido a una serie de procedimientos y principios que tutelan los derechos fundamentales de los enjuiciados, para tener la certeza de que se concluirá con una sentencia fundada en respeto a los principio que exige el marco constitucional. Esto tiene relación con el ideal garantista para juzgar inherente al debido proceso, pues, no sólo requiere la intervención de un órgano jurisdiccional con independencia e imparcialidad objetiva, sino también una instancia ante la cual las partes puedan debatir sus diferencias en un plano de igualdad de condiciones, por eso es la exigencia constitucional de que el juzgamiento se realice con las formalidades, derechos y garantías establecidas en la Ley. PETICION A la Honorable Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia Pido: Admitir el presente Recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional contra la sentencia condenatoria de fecha veintisiete de septiembre del año dos mil dieciséis, emitida por el Tribunal A-quo, en contra del señor EDILBERTO LOPEZ AMADOR una vez que se ha cumplido con todos los prendimientos que manda la ley se declare HA LUGAR el mismo.” “UNICO MOTIVO: Haber incurrido este Honorable Tribunal de Sentencias en falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida.- Por su parte el artículo 336 primer párrafo del Código Procesal Penal, especifica que: “El Tribunal para resolver solo tendrá en cuenta las pruebas que se hallan ejecutado durante el debate, las que serán apreciadas en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana crítica.- Así como también el artículo 338, el cual regula la forma de estructurar la sentencia. Ordena al Juez sentenciador: “Valoración de la prueba.” Seguidamente se expresan las pruebas tenidas en cuenta para declarar probados esos hechos, justificando, según las reglas de la sana crítica, el valor que se les haya dado a las practicadas durante el juicio, y en su caso, el razonamiento utilizado para obtener conclusión por presunción a partir de indicios, igualmente declarados probados.” Los hechos probados de una sentencia penal (Que constituye la verdad a que el tribunal cree haber arribado), están sustentados en el acervo probatorio que se plasma en la fundamentación probatoria.- La fundamentación probatoria se divide en las frase descriptivas e intelectivas, en la primera, el Tribunal describe cada una de las pruebas que dan sustento a su decisión; en la segunda El Juzgador debe explicar porque un medio probatorio le merece fe y otro no, y además, porque un elemento de prueba u otro le llevan a una conclusión determinada.- Sobre esta segunda operación es que recae el reproche del Recurso de Casación por violación de las reglas de la sana critica de acuerdo con el motivo planteado, de tal suerte que la violación de esas reglas que corrigen el correcto entendimiento humano, constituye un problema de fundamentación de la sentencia.- Por ello el Legislador en el artículo 338 del Código Procesal Penal, ubica dentro de la fundamentación del fallo (regla cuarta), la valoración de la prueba.- Las Reglas de la Sana crítica entonces constituye la especie dentro del género conocido como fundamentación. En el sistema de la sana crítica racional, que implementa nuestro sistema procesal penal, en cuanto a la valoración de la prueba, impera la plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoles a que las conclusiones a las que arriben sean el fruto razonado de las pruebas en que las apoye. - En este sistema el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene sus límites las cuales son las normas que gobiernan el pensamiento humano. - En la sana crítica racional el juzgado logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa, valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principio de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común. Dentro de las Reglas de la lógica, a loas que debe sujetarse el juzgador en la valoración de las pruebas según lo exigen los artículos 202, 336, reafirmado también por el artículo 338 sección cuarta numeral dos “(... justificando según las reglas de la sana crítica, el valor que se haya dado a las practicadas en el juicio.. . )”. Aparece la característica exigida por ellas, denominadas según Fernando de la Rua (La Casación Penal), como derivadas, según la cual la motivación debe respetar el principio de razón suficiente para lo cual “El razonamiento debe estar constituido por inferencias racionales deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ella se hayan determinado.” Para ello, la motivación debe ser concordante, o sea a cada conclusión afirmada o denegada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella. Resulta Honorables jueces del Tribunal de Sentencias la sentencia que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene un vicio grave, que atenta contra las reglas de la sana crítica; ya que basta con observar la valoración de la prueba, para darnos cuenta de la materialización del vicio objeto del presente Recurso de Casación; pero previo a pesar a la exposición de este vicio es necesario recordar a este Honorable Tribunal, que la defensa del señor EDILBERTO LOPEZ AMADOR, en el momento en que se celebrara el correspondiente debate oral y público, era de la postura de que no existía prueba suficiente para condenar a su representado, ya que en las declaraciones testificales de cargo, presentados por la fiscalía del Ministerio Publico eran contradictorias entre sí, razón por la cual solicitó se decretara a favor del mismo sentencia absolutoria, por existir una tremenda extremada duda razonable en la presente causa. Recordemos Honorable Tribunal de Sentencias y con el respeto que se merecen, que para dictar una sentencia condenatoria el Juzgador deberá tener no la verdad, sino el grado de certeza que le brinde la prueba aportadas al juicio y si no se cuenta con las mismas, el juzgador puede agenciarse de una serie de indicios que le den ese grado de certeza; pero en el caso que nos ocupa y utilizando las reglas de la lógica, la psicología y la experiencia común, las cuales gobiernan el pensamiento humano, considero de que si este Honorable Tribunal, hubiese valorado la prueba de una mejor manera, conforme a las reglas de la sana crítica, se hubiese decretado una sentencia absolutoria por existir efectivamente la duda razonable, si mi defendido cometió o no efectivamente el delito de actos de lujuria agravados, por el cuales fue condenado, ya que no se puede tener como pruebas fehacientes para una sentencia condenatoria las simples declaraciones testificales de los parientes de la ahora ofendida, ya que se tenía a la mano por parte de la fiscalía junto con sus órganos auxiliares, incluida la policía, una riqueza de pruebas, que se detallaran posteriormente, que la misma podía presentar y no las presentó, situación que es ajena a mi representado, ya que el mismo no tiene la culpa de ese tipo de debilidades; es por tal razón que considero que debió decretarse sentencia absolutoria por exigir duda razonable tal como lo especifica el artículo 339 del Código Procesal Penal, en el momento del debate oral y público, como una mejor aplicación desde luego de las reglas de la sana crítica. INDICACION Antes de pasar a la exposición de este vicio, resulta necesario manifestar, que ese Tribunal A-quo, tiene el grado de certeza de que mi representado el señor EDILBERTO LOPEZ AMADOR, cometió el delito de actos de lujuria agravado, en perjuicio de la menor G. N. R. L., tomando como base, tal y como se manifiesta en la sentencia impugnada, las declaraciones de Testigo ofendida G. N. R. L. y las señoras MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ y MARIA GUADALUPE GONZALES, así como también la prueba documental consistente en acta de certificación de nacimiento número 0801-2000-22510. Dictámenes Periciales Psicológico y Psiquiátrico Observemos ahora la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica que hace este Honorable Tribunal, en la sentencia que se impugna y de qué manera fortalece la misma a los denominados hechos probados: En el acápite primero, el Tribunal a-quo se limita a hacer una descripción taxativa de los medios de prueba evacuados en el juicio oral y público, de los cuales arribó de una manera errónea a tener el grado de certeza para decretar una injusta sentencia condenatoria, en perjuicio de mi defendido. En el acápite segundo este Honorable Tribunal atribuye o da valor probatorio total a las declaraciones de la testigo ofendida G. N. R. L. y las señora MARIA DEL CARMEN REYES y MARIA GUADALUPE GONZALES, en el sentido de que mi representado y la menor G. N. R. L., en fecha veintinueve de mayo del año 2012 siendo aproximadamente la una de la tarde se encontraba la menor en ese entonces de once 11 años de edad G. N. R. L. en su casa de habitación ubicada en la colonia San Francisco Sector las Posas de Comayagüela Francisco Morazán propiedad de la señora MARIA GUADALUPE GONZALES, pues así lo dicen los testigos anteriormente referidos; declaraciones que según el Tribunal A-quo, considera objetivamente confiable las declaraciones de la víctima y de los testigos periféricos; ahora si hacemos un recordatorio y nos remitimos al acta de audiencia del debate oral y público, observaremos en las declaraciones, de los testigos de cargo señora MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ, madre de la menor que cuando llego ese día 29 de mayo del 2012 del trabajo ella estaba nerviosa y no había hecho nada en la casa. Ese día le pregunto porque estaba nerviosa ella no dijo nada y le dije que me tenía que decir que era lo que pasaba vino ella y me dijo que el señor EDILBERTO la estaba tocando entonces le pregunte que le tocaba ella me dijo que los pechos, entonces le pregunte que si solo eso le tocaba y me dijo que sí. Al día siguiente 30 de mayo ella llego al trabajo con mi suegra venia de la escuela estaba en sexto grado llego a la casa donde trabajo y entonces me dijo que ese señor no solo le tocaba los pechos también le tocaba sus partes íntimas y se las besaba le bajaba el pantalón y le besaba los pechos y que le decía que no dijera nada. que el Tribunal A-quo en el acápite de la valoración de la prueba Testigo MARIA DEL CARMEN REYES LOPEZ DICE QUE DECLARA que el día treinta de marzo del 2012 cuando llego de su trabajo a su casa observo que su hija estaba nerviosa y que ella le pregunto lo que le pasaba y no le quería decir nada que ella insistió hasta que al final le conto que ese señor Edilberto llegaba cuando ella se iba a trabajar y no estaba que cuando solo estaban los niños y ella y no había nadie que entraba y que se subía a su cuarto y se acercaba a ella y le tocaba sus pechos y su parte íntima y se las besaba. Basta con observar en la sección del acta del juicio oral y público que esto es totalmente contradictorio ya que fue el día 29 de mayo por la noche que llegó la señora María del Carmen Reyes López de su trabajo y que la miró nerviosa y le preguntó qué le pasaba y que su hija le dijo que ese señor EDILBERTO LOPEZ la tocaba pero que solo le tocaba los pechos y que al día siguiente 30 de mayo llegó a su trabajo su suegra con la menor a decirle que también le tocaba su vulva y la besaba el cuello y la boca. Donde se puede ver claramente que no es cierto lo establecido por el A quo para tenerlo corno un hecho probado ya que si aplicamos la reglas de la saña Crítica la experiencia observamos que ya hay una duda porque a su mamá le dijo el 29 de mayo día en que ocurrieron los hechos que solo le tocaba los pechos y que la mamá le pregunto si solo eso y su hija le dijo que si pero al día siguiente 30 de mayo llega su hija con la suegra doña MARIA GUADALUPE GONZALES a su trabajo a decirle que también le tocaba su parte y se la besaba por sentido común sabemos que hay algo raro lo que ayer aseguró hoy es otra cosa. El Tribunal A-quo en el acápite de la valoración de la prueba Testigo MARIA GUADALUPE GONZALES Manifiesta que el señor Edilberto López era amigo de su esposo cuando este vivía pero que él se quedó siendo amigo suyo y de los de su casa y llegaba de visita que ella ya tenía sospecha de que el molestaba a la niña y que llegaba a la casa por razones de trabajo que el 29 de mayo del año 2012 ella llegó de sorpresa a su casa y subió al segundo piso y le tocó la puerta en donde estaba la niña y se sorprendió porque fue Edilberto quien le abrió la puerta y le preguntó a él que hacia allí refiere que él no le contestó nada y se salió y se sentó en una banca a un ladito de la puerta expresa fue hacia adentro y vio que la niña estaba allí toda nerviosa llorando y le preguntó qué estaba haciendo y que porque estaba sola con él ella no le dijo nada sino que salió corriendo y se fue a su cuarto él se fue de allí luego ella fue donde estaba la niña y le preguntó si Edilberto le había hecho algo pero que la niña no le dijo nada y se había puesto a llorar sospeche que le pasaba algo pero mejor que le dijera a su mamá al día siguiente la niña le conto todo a la mamá. Al hacer una comparación con el acta del Juicio Oral y Público en la declaración que rindió la señora MARIA GUADALUPE GONZALES de inmediato encontramos que lo tenido por el A quo como hecho probado en la valoración de las pruebas no se sabe de donde salieron ya que no están ni en el acta ni en las grabaciones magnetofónicas al hacer comparaciones de las declaraciones en el acta del Juicio Oral y Público nunca manifestó que había subido al segundo piso tampoco que ella ya sospechara de don EDILBERTO tampoco que llegó de sorpresa a su casa cuando lo que declaró en el acta de Juicio Oral y Público fue que entró a la casa mía yo venía de Hondutel cuando vino la mamá verificó todo lo que estaba pasando. Le dije a la mamá que solo lo mire a él en ningún momento miré que la tocó. Ella le cuenta primero a la mamá y al día siguiente día me cuenta que la estaba manoseando tocando las chiches. Al hacer un análisis de la declaración en el acta de juicio Oral y Público de la testigo ofendida G. N. R. L. al momento de ser pregunta por la defensa ¿Quién sospechaba de lo que te sucedía? respondió La suegra de mi mamá ¿Por qué sospechaba? Respondió porque ella lo miraba muy cercano a mí porque él llegaba a la casa cuando ella no estaba ¿Desde cuándo tenía esa sospecha? Respondió desde el 2011 al hacer una comparación con la declaración de la señora MARIA GUADALUPE GONZALES en el acta de Juicio Oral y Público se le pregunta a la señora MARIA GUADALUPE GONZALES ¿Usted sospechaba de lo que le sucedía a la menor G. N. R. L.? Respondió Ese día que conté si porque la vi llorando pero anteriormente yo le tenía gran confianza a él para que no hiciera nada él ¿Que conducta tenía el señor EDILBERTO anteriormente? Respondió bien tranquilo nunca me falto el respeto a mi ni a mi hija e hijos. Cuando se le pregunta a la madre de la menor G. N. R. L. que si sospechaba de algo del señor EDILBERTO LOPEZ no nunca solo esa vez ¿Cómo era la conducta de don EDILBERTO durante el tiempo que lo conoció? Respondió yo lo conocí como una persona respetuosa tranquila nunca me imaginé que iba a hacer eso por lo que al aplicar las Reglas de la sana crítica el principio General de la LOGICA de acuerdo al principio propio de esta el principio de identidad que establece cuando en un juicio el concepto sujeto es idéntico total o parcialmente al concepto predicado el juicio es necesariamente verdadero. Al llevarlo a la aplicación de este caso observamos que el concepto sujeto don EDILBERTO que conlleva quien es el cómo es su conducta que en este caso se ha dicho que es tranquilo respetuoso que nunca se imaginaron eso que se le ha tenido gran confianza que siempre ha respetado a sus hijas e hijos no concuerda con lo que dice la menor G. N. R. L. que le hacía don EDILBERTO y que dice que la señora MARIA GUADALUPE GONZALES ya sospechaba desde el 2011 de acuerdo al principio de contradicción de la Lógica que dice Dos juicios opuestos entre si contradictoriamente no pueden ambos ser verdaderos encontramos dos juicios contradictorios entre si el que afirma que don EDILBERTO es una persona tranquila respetuosa a la que se le tiene gran confianza y otro que dice que el ejecutó un acto que no es conforme a su manera de actuar no pueden ambos ser verdaderos para que el señor EDILBERTO FUERA UN ABUZADOR DE NIÑOS tendría que tener un historial o una tendencia a este tipo de actos pero es la misma suegra de la madre de la menor que dice que siempre respeto a ella y a sus hijas e hijos en catorce años de conocerlo la madre de la menor dice en su declaración que lo conoce de toda la vida que él siempre ha llegado a la casa que ha tenido amistad con él que si sospechaba de él manifestando no nunca solo esa vez entonces cual es la verdad la señora MARIA GUADALUPE GONZALES no dice que sospechara de EDILBERTO antes de eso entonces por que la menor G. N. R. L. manifestó esto ¿Cómo es que la señora MARIA GUADALUPE GONZALES sabía que don EDILBERTO LOPEZ llegaba a la casa si ella no estaba en la casa? ¿Por qué razón tendría que sospechar la testigo MARIA GUADALUPE GONZALES del señor EDILBERTO LOPEZ porque lo mirara muy cercana a ella? Si supuestamente el señor EDILBERTO había sido respetuoso con las hijas e hijos de doña MARIA GUADALUPE GONZALES. Solo hay una respuesta uno de los dos juicios es falso la regla de la experiencia común nos ayuda a resolver este problema el sentido común nos dice que alguien miente y que esta mentira no tiene sustento., dejando una tremenda duda. no observamos por qué tiene que atribuírsele por este Tribunal una fuerza probatoria, no existió prueba científica para fortalecer los dichos de la menor G. N. R. L. ya que el dictamen Psiquiátrico presentado por el Doctor JOSE FERNANDO MEDINA RIERA el Ministerio Publico renuncio a dicho medio de prueba ya que el Doctor no podía ratificarlo pues se encontraba de vacaciones y no podía llegar al juicio tal como consta en el acta de Juicio Oral y Público. El dictamen de evaluación física practicado a la menor G. N. R. L. en fecha 31 de mayo del año 2012 de los hallazgos se establece área bulbar tiene himen integro sin rupturas no permite el paso de dos dedos del evaluador presenta secreción blanquecina por la mala higiene área anal pliegues conservados sin evidencia externa de lesiones área extra genital y para genital sin evidencia de lesiones clínicamente sin evidencia de enfermedades de transmisión sexual liberatoriamente no se detectó presciencia de semen ni espermatozoides. El dictamen de la Licenciada ANA CRISTINA HUETE perito Psicóloga que evaluó a la menor G. N. R. L. en fecha 18 de noviembre del año 2013 de dicha evaluación se concluye Diagnostico: Personalidad en formación en etapa de la niñez con núcleos ansiosos capacidad intelectual del 100 por ciento NORMAL a los hechos acontecidos el veintinueve de mayo del año 2012 también la ofendida experimenta miedo y deseo de no salir de la casa donde reside así como aislarse de las demás personas. Al ser objeto de contradictorio por parte de la Consultora Técnica Licenciada en Psicología Digna Nohemí Coello quien en su conclusión establece que el informe esta pobre en relación a la información que pudiéramos encontrar se refiere a que las pruebas solamente fueron dos con las cuales si se maneja casa, árbol y persona donde si trabajamos cada uno de los aspectos. De igual manera considera que se pudo haber hecho más de soporte para encontrar alguna información más en la parte emocional de la niña porque me comentaba que solo se maneja la parte de personalidad. En la parte relacionada de la a némesis que ya lo comparte el C110 es igual que cualquier documento que tenemos la base para plasmar es información y en este libro no hay una información que le diga hay un diagnostico con núcleos ansiosos por que los núcleos ansiosos en niños que están en proceso de adolescencia y pre adolescencia es normal hay situaciones por eso se llama adolescencia porque se adolece no comprende lo que está pasando igual con la formación de su cuerpo como la formación de lo que sucede en el medio. Recordemos Honorable Tribunal de Sentencias, que para que exista una sentencia condenatoria a base de indicios o prueba indiciaría, debe de existir una pluralidad de los mismos, ya sean directos o sea entre indicios anfibológicos o contingentes, los cuales una vez unidos o concatenados, otorguen el grado de convicción o certeza suficiente para que el Tribunal considere de que se ha enervado o vulnerado el estado de inocencia de un imputado; pero en este caso en particular, el Tribunal A-quo no distingue o hace alusión alguna a que indicios tomó como base para decretar una sentencia condenatoria, o al menos indicar jurisprudencialmente si condenó a base de indicios de capacidad física. indicios de capacidad moral, indicios relativos al móvil, indicios de oportunidad, indicios de manifestación, indicios de huellas materiales o el modus operandi, recordemos que la prueba testifical es solamente un indicio que por sí solo no es racional; si no que tiene que concatenarse con otros, para de esa forma llegar de un hecho desconocido a un hecho conocido; como ejemplo de esa concatenación podemos mencionar el dictamen Psiquiátrico, El dictamen Psicológico y el dictamen Físico que se le practica a la ofendida el cual no se hizo todo debió de hacerse y no se hizo, para poder enervar un estado de inocencia, ya que nos queda una tremenda duda si de la evacuación de esos medios de pruebas se hubiese salido a la luz la inocencia de mi defendido, ya que el Ministerio Publico no solo está obligado a investigar lo inculpe o incrimine a un imputado, sino también lo que le favorece. Denunciar a una persona por actos de lujuria, no bastan declaraciones testificales, ya que la misma debe ser determinada por especialistas, a través de la realización de evaluaciones en la cual se determinen, ya que el Tribunal A-quo no tiene la certeza si la menor G. N. R. L., había sido objeto de actos de lujuria por parte del señor EDILBERO LOPEZ nos estamos valiendo de presunciones las cuales no tienen ningún valor jurídico, ya que existen en la actualidad la logística para determinar todas y cada una de estas situaciones y dar al Tribunal una mejor certeza para decretar el mismo una sentencia condenatoria. Ya que según se desprende de la prueba aportada al juicio, no había razón para que el tribunal realizara un juicio supuestamente lógico con tan poca prueba o que indicios sirvieron para sindicar al mismo como culpable del delito de actos de lujuria agravados, más bien apare de no existir prueba para enervar el estado de inocencia, también se deja entrever la duda razonable con semejantes contradicciones entre los testigos de cargo con el supuesto ofendido, así como también la no concordancia de las pruebas con la sentencia que se impugna mediante el presente recurso. ya que lo pertinente y conforme a derecho era, decretar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido, por existir duda razonable en lo que manifestaron los testigos de cargo. Para culminar Honorable Tribunal de Sentencias, me permito manifestar lo siguiente: Que mediante la prueba aportada, el Juzgador a de reconstruir el hecho litigioso partiendo de información proporcionada, por el material probatorio disponible, pero como se dijo anteriormente, no basta con una simple y dudosa prueba testifical, para llegar de un hecho desconocido a uno conocido y dictar una sentencia condenatoria en base a la misma; esta defensa entiende que en principio, la prueba, en sentido procesal estricto, y por tanto la única valorable y utilizable para fundamentar la convicción del Juzgador, es la que se practica en el momento del juicio oral y público, pero también entiende, que se necesita un conglomerado o una abundancia probatoria, para obtener un mayor grado de convicción o certeza y poder de esa forma enervar un estado de inocencia, estado de inocencia este que exige como requisito para ser vulnerado, se traspasen las fronteras de la duda razonable y en el caso que nos ocupa consideramos, que esas fronteras (duda razonable) no han sido traspasadas, ya que las mismas se encuentran latentes con las declaraciones contradictorias de los testigos de cargos, en que el Tribunal una vez valorada y razonadas conforme a las reglas de las sana crítica, las cuales gobiernan el pensamiento humano, les da un valor total para fundamentar una injusta sentencia condenatoria. De haber valorado el Honorable Tribunal de una mejor forma, la poca prueba aportada al juicio y de haber hecho un análisis conforme a las reglas de la sana crítica, aplicando correctamente las reglas de la lógica, la Psicología y la experiencia común, hubiese llegado el mismo a la conclusión de dictar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido, en vista de que no se aportaron más elementos o medio de prueba y existe una duda razonable si mi defendido cometió o no el delito por los cuales fue condenado en debate oral y público, en el cual se presentó únicamente prueba testifical; consideramos que el A-quo no fue capaz de formar su convicción con ese grado de Certeza máxima posible al ser humano; consideramos también que el A-quo se encontró en ese momento ante una aporía en sentido estricto y ya la jurisprudencia nos indica, que cuando el juzgado no es capaz de encontrar el camino hacia la verdad; o, talvez mejor, tiene ante si dos caminos, sin razón decisiva para optar por uno o por otro, sin embargo, a de elegir, no cabe abstenerse de juzgar por no tener claro el caso (prohibido de non liquet). Pesa sobre el Juez el aprevio que expresaba contundentemente carnelutti (sbaglia ma decidi); arriesgáte a equivocarte Juez pero decide; recordemos también Honorable Tribunal que como regla de juicio, la afirmación interina de inocencia obliga a optar, en caso de duda, por la solución ms favorable al acusado (in dubio pro reo) y a no condenarlo, sino con base en el convencimiento más allá de toda duda razonable de su culpabilidad fundado en pruebas regularmente obtenidas e introducidas en el proceso; recordemos que este principio (in dubio, pro reo), no debe reducirse a lo meramente procesal o restarle atención al mismo, ya que cuenta o es consecuencia del carácter de estado de derecho y que tiene jerarquía constitucional; razón por la cual y por todo lo anteriormente manifestado, es que recalcamos que debe haberse efectuado una adecuada valoración de la prueba de forma conjunta y armónica, como lo exige la normativa procesal en sus artículos 202, 336, 338 del Código Procesal Penal, y respetando lo que especifica el artículo 339 del mismo cuerpo legal, se hubiese llegado a decretar una sentencia absolutoria a favor de mi defendido, por existir grandes niveles de duda razonable en la prueba aportada a juicio; y al no decretar dicha sentencia el A-quo, materializa el agravio que produce la sentencia cuestionada y como el vicio a ocurrido en el acto de dictar sentencia, a resultado imposible, plantear el reclamo correspondiente para subsanarlo, razón por la cual, nos vemos en la obligación de interponer el presente Recurso de Casación, por quebrantamiento de forma, para que sea la Honorable Corte Suprema de Justicia la que una vez analizado el presente recurso, previo al trámite de la ley correspondiente, decrete Sentencia Absolutoria.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 82 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 124, 166.7, 242 párrafo tercero del Código de Procedimientos penales. *Concepto de la infracción: Violación del derecho fundamental a un debido proceso judicial. *Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Declarar a lugar el motivo de casación. El recurrente inicia su planteamiento haciendo cita del contenido del artículo 90 de la Constitución de la República, la cual se señala como infringida por el Tribunal de Sentencia al declarar sin lugar el incidente de nulidad planteado solicitando la exclusión de los medios de prueba periciales presentados por el Ministerio Público, al no ser citado a la fecha de evaluación de la menor ofendida G. N. R. L., por lo cual considera la existencia de un vicio que da lugar a la violación de la garantía constitucional del debido proceso, para luego considerar violentado el derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Del Derecho Fundamental a un Debido Proceso Judicial La Garantía del debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). -La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- a una justicia gratuita; ii.- respeto al principio de presunción de inocencia; iii.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; iv.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; v.- a un juez/a predeterminado por la ley; vi.- a la imparcialidad del juez/a; vii.- a la independencia del juez/a; viii.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; ix.- a la igualdad de armas procesales; x.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; xi.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xiii.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiv.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó:“67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. Con conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la Procedencia del Recurso. El recurso No es de Recibo. El recurrente hace una exposición confusa, pues de inicio dirige su ataque contra la decisión judicial que declara sin lugar el incidente de nulidad planteado en la audiencia de debate, pero luego traslada tal reclamo al acto mismo que se considera vicioso; aunado a ello, hace referencia a disposiciones de una ley derogada (Código de Procedimientos Penales). Lo anotado tiene importancia significativa para poder entender que acto es el que debe de ser revisado en casación y si es al Código Procesal Penal que pretende referenciar: 1. Al señalarse que la resolución judicial donde se declara sin lugar la nulidad como el acto viciado y al artículo 90 de la Constitución de la República como la norma transgredida, la Sala de lo Penal tendría como aspecto de impugnación a dilucidar si el a quo observó el debido proceso incidental, a la sombra de las regulaciones que hace el Código Procesal Penal, desde la interposición de éste hasta su resolución; 2. Al establecerse que el aspecto impugnado es la supuesta evaluación de la menor ofendida en las pruebas periciales, sin la presencia de la defensa contrariando normas constitucionales y normas legales, correspondería a la Sala de lo Penal hacer estudio de las circunstancias; Sin embargo para que esto fuese así el recurrente debía de señalar concretamente las normas de la Constitución y de la Ley en que se funda y explicar porque considera ilegitima la actuación pericial. El conflicto con que se encuentran estos Jueces de Casación, es que el recurrente hace ambos planteamientos en su motivo, cuando uno y otro son incompatibles, pues se trata de vicios totalmente diferentes como se ha explicado. En su caso y de tener que interpretar cual era la intención del recurrente, se tendría que tomar en consideración la norma constitucional que se ha citado como infringida, por lo que tendría más sentido interpretar que el motivo de la impugnación es el primero explicado: aparente violación del debido proceso incidental. El dilema anterior: tener esta Sala de lo Penal que hacer interpretaciones sobre qué es lo que el recurrente quiso expresar en su motivo, es una clara evidencia de que el Recurso adolece de defectos importantes de planteamiento por haberse faltado a las normas que gobiernan la debida técnica recursiva. Así las cosas, e interpretando que el objeto de la impugnación es una violación al debido proceso incidental, la Sala de lo Penal encuentra con una nueva dificultad: el motivo es deficiente a falta de datos, pues el recurrente no se tomó la tarea de plantear aspectos básicos como: i.- norma procesal que se vio transgredida y que se tradujo en la violación al debido proceso incidental; ii.- Tipo de violación cometida por el aquo: falta de aplicación, indebida aplicación o aplicación de manera distinta a como manda el legislador; iii.- Acto procesal en donde consta el vicio y como este se materializo; y iv.- Como resulto afectada la parte dispositiva de la sentencia como consecuencia del vicio; v.- Pretensión del motivo, pues el recurrente se limita a señalar que solicita que se declare ha lugar el recurso, sin establecer cual a su parecer debe de ser la resolución de casación para purgar el vicio. En conclusión, la Sala de lo Penal se encuentra imposibilitada de hacer un pronunciamiento de fondo para resolver el objeto de impugnación, dado que ésta no fue debidamente definida por el recurrente, esto por una deficiente técnica recursiva. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículos 202, 336, 338 y 339 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción expuesto: Falta de observación de las reglas de la sana crítica en la valoración de la prueba; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Imposibilidad dado que el vicio está contenido en la sentencia definitiva; *Pretensión: Decretar sentencia absolutoria. Denuncia el recurrente, violación a las reglas de la sana crítica, cuestionando la prueba evacuada en audiencia de debate, realizando un análisis a criterio propio y de manera imprecisa para luego solicitar una sentencia absolutoria. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El motivo único fue planteado por el recurrente de manera defectuosa, lo que obliga a ser declarado sin lugar. Plantea al inicio que existe una violación a las reglas de la sana critica por el Tribunal de Sentencia, más omite establecer aspectos básicos como cual regla fue la infringida, en qué consistió la infracción, cual es el razonamiento judicial que contiene la infracción y como ésta repercute en lo decidido; básicamente se ha denunciado violación de reglas de la sana critica, pero no se señala que reglas son las que se violentaron. En el Proceso Penal no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que esto debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no puede provocar un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este Tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. No es de olvidar que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al Acusador Privado, a la Defensa, etc., e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y para ello se requiere esencialmente señalar que regla de la sana critica es la que se ha transgredido. Contrario a ello, el censor se ocupó de formular argumentaciones ajenas al recurso; se dio la tarea en analizar la prueba, confundiendo la única instancia con una segunda instancia; por último, al explorar este tipo de recurso, su técnica, principios y contenido de sus conceptos básicos, no es la de dictar una sentencia absolutoria como es lo solicitado por el recurrente, pues la finalidad del Recurso por Quebrantamiento de Forma, es la nulidad de la sentencia viciada y del proceso en que se dictó, provocando la realización de un nuevo juicio en el cual se pueden corregir los vicios encontrados. V. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo; recursos interpuestos por el Abogado Rony Javier Rodríguez Flores, actuando en su condición de defensor privado del señor Edilberto López Amador. Tercero: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veintisiete de septiembre del años dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Edilberto López Amador por los delitos de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de la niña G. N. R. L.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-67-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

30 de 30

[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.