Sentencia CP-65-17 — Registro 11954
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia que absuelve a los acusados por el delito de Tráfico de Drogas
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-65-2017 por Quebrantamiento de Forma interpuesto contra la sentencia de fecha quince de diciembre del año dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Harry Efraín Sandoval Carter, del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública.- Segundo: Absolvió a la señora Sharon Patricia Stewart, del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud Pública.- Tercero: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio al Ministerio Público.- Cuarto: No procede el comiso.- Quinto: Destrúyase a la firmeza de esta sentencia evidencia física consistente en cinco bolsas plásticas transparentes conteniendo en su interior 32 piedras, 5 piedras, 42, piedras, 48 piedras de cocaína crack, con sus respectivas cadenas de custodia con un peso total de 20.78 gramos de cocaína crack. SON PARTES: La Abogada Iris Beatriz Fonseca Matamoros, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Alba Regina Paniagua Pacheco, defensores públicos de los señores Harry Efraín Sandoval Carter y Sharon Patricia Stewart, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “Valorando la prueba practicada en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probado los hechos siguientes: 1.- En fecha 19 de Mayo del año dos mil doce, mediante resolución judicial inmotivada por parte del Juzgado de Letras departamental de Islas de la Bahía, Municipio de Roatán, se ordenó el ingreso y registro a una vivienda ubicada en el Barrio New York, a cien metros al norte de la antigua gasolinera, en una casa de habitación construida de madera, techos de lámina de zinc, del Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, en la cual residía una señora conocida como Cheruan, indicando la autorización judicial que era la única vivienda que debía de ser registrada, nombrando para dicho registro como Juez ejecutor a Nelson Avilio Hernández Pastor. 2.- En ese mismo día y en horas de doce a una de la tarde aproximadamente, Nelson Avilio Hernández con el documento de autorización judicial anteriormente aludido, en compañía de agentes de la fuerza policial cobras, oficiales de policía preventiva y de investigación criminal, se constituyeron en el sector del Barrio New York de la comunidad de Coxen Hole, Municipio de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía a la orilla de la calle pavimentada, en un callejón que conduce por el patio de varias casas, observando una vivienda de dos plantas, primera planta construida de material selecto, repellada la cual eran cuartos de alquiler, segunda planta construida de madera de tabla, techo de madera, lamina de zinc, ventanas y puertas de madera, toda esta vivienda pintada de color amarillo y blanco, sin cerco perimetral, al lado izquierdo unas gradas de madera que conducían a la segunda planta, la casa estaba rodeada a sus alrededores de otras viviendas, ingresando a dicha residencia, sin estar autorizados para su ingreso y sin concurrir ninguna circunstancia de urgencia o emergencia, procediendo de inmediato al registró del área interior de la casa en que habitaban Sharon Patricia Stewart y Harry Efraín Sandoval Carter, a quienes después del registro a la vivienda los detuvieron y pusieron a la orden del Ministerio Público.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Carmen Cecilia Andrade Padilla, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador en la valoración probatoria, Prueba de Valor Decisivo. “PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en que consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en la resolución que autoriza el allanamiento de morada realizada por el juez de Letras departamental de Islas de la Bahía el día diecinueve de mayo del dos mil doce, en la cual ordena el allanamiento, registro de la casa de habitación ubicada en el Barrio New York, a cien metros al norte de la antigua gasolinera, dicha casa está construida de madera, techos láminas de zinc, en la cual reside una señora conocida como Cheruan, se indica expresamente que es la única vivienda a ser registrada…… el motivo del allanamiento es obtener indicios o evidencias relacionados con el Tráfico de Drogas o sustancias Psicotrópicas, pues considera el juzgador que la resolución del Juez A-Quo, transgrede gravemente derechos fundamentales como es la inviolabilidad del domicilio, intimidad y normas esenciales del procedimiento que se requiere para autorizar un ingreso a una casa de habitación que constituye morada (debido proceso), al no cumplir a su criterio con, las exigencias que establece la ley para autorizar el ingreso y registro a un domicilio, considera también que como funcionarios judiciales devenimos et l obligación de tutelar derechos fundamentales y que no se cometan actos arbitrarios en la esfera judicial que de ninguna manera estarán revestidos de legalidad. Esta representante de la sociedad estima que las apreciaciones que ha efectuado el Tribunal, respecto de la autorización que considera el tribunal inmotivada por parte del Juez de Letras Seccional de Islas de la Bahía, en ordenar el allanamiento de morada y que han llevado al sentenciador a exclusión de esta probanza relevante, por cuanto vincula a los acusados con los hechos que se les atribuyen, por considerarla ilícita resultan totalmente desacertadas, por las razones que se exponen a continuación: 1.- Se evidencia de los antecedentes, primeramente que el día diecinueve de mayo del dos mil doce, el agente fiscal del Ministerio Púbico, abogada Bibian Yuleth Morales, solicitó autorización para la práctica de allanamiento de morada, en el sector conocido como Barrio NewYork, a cien metros de la antigua gasolinera en una casa de habitación de dos plantas de esta localidad de Roatán, Islas de la Bahía, propiedad de la señora conocida como Cheruam, quien supuestamente distribuye y vende droga conocida como crack al menudeo, razón por la cual se han realizado varias vigilancias estacionarias pudiéndose constatar un tránsito frecuente de personas que entran y salen de la casa de habitación antes referida, observando que en la morada no existe negocio, para el movimiento de personas en la vivienda(declaración de policías Rafael Cartagena y Eduardo Rivera), ante dicha solicitud el juez de Letras del Departamento de Islas de la Bahía redacta la resolución bajo los argumentos siguientes: como antecedentes refiere la Agente fiscal Bibian Yuleth Morales que se ha recibido un oficio dirigido a la fiscal de turno del Ministerio Público, en donde refiere que en una casa de habitación ubicada en el Barrio New York, a cien metros al norte de la antigua gasolinera, dicha casa está construida de madera, techos lámina de zinc, en la cual reside una señora conocida como Cheruan, ubicada en el Barrio New York, de ese municipio, referente a un delito de Tráfico Ilícito de Drogas, resuelve Que el allanamiento y registro de morada es un acto de de investigación sometido a control judicial en virtud que toda persona tiene derecho a la inviolabilidad del domicilio…. no obstante puede ser allanado en caso de urgencia como es el caso que nos ocupa a fin de lograr el hallazgo de indicios….. que según dispone la normativa constitucional en su artículo 99 el domicilio es inviolable a excepción de los casos de urgencia…. por lo tanto ese juzgado…. Resuelve declarar con lugar la solicitud de allanamiento, registro de la casa de habitación ubicada en el Barrio New York a cien metros al norte de la antigua gasolinera, dicha casa está construida de madera, techos lámina de zinc, en la cual reside una señora conocida como Cheruan. Se indica expresamente que es la única vivienda a ser registrada.... El motivo del allanamiento obtener indicios o evidencias relacionados con el Tráfico de drogas. 2.- En el acta de allanamiento de fecha 19 de mayo del 2012, iniciada a la una de la tarde con diez minutos, practicada, por el juez ejecutor Nelson Avilio Hernández Pastor, describe la vivienda inspeccionada detallando que observó a orilla de calle pavimentada, se aprecia un callejón que conduce, por el patio de varias casa, después se observa una vivienda de dos plantas primera planta construida de material selecto repellada la cual son cuartos de alquiler, segunda planta construida de madera tabla, techo de madera, lámina de zinc, ventanas y puertas de madera, toda esta vivienda está pintada de color amarillo y blanco no tiene cerco perimetral, está rodeada a sus alrededores por otras viviendas, dicha vivienda es propiedad de la señora Sharon Patricia Stewart, al lado izquierdo se observan una gradas de madera que conducen a la segunda planta encontrando en el piso de madera del pasillo contiguo a la puerta 32 piedras de color blanco de supuesto crack, sobre un mueble de madera ubicado en la cocina un plato color blanco y azul conteniendo 42 piedras de color blanco de supuesta crack, una hoja de metal tipo guille marca Astrat, ahí mismo se encontró cerca un bote de plástico color negro y tapón de color gris contendiendo en su interior 48 piedras de color blanco supuesto crack, por último en el cuarto en una litera de metal color negro, sobre el colchón de esta litera en la parte de abajo se encontró un plato supuestamente de porcelana color blanco y amarillo, conteniendo 5 piedras de color blanco de supuesto crack, una hoja de metal tipo guillet, marca Astra. Partiendo de lo anteriormente expresado podemos concluir, que la autorización de allanamiento y registro a la vivienda ordenada por el juez A.Quo del Juzgado seccional de Islas de la Bahía, esta revestida de legalidad, no se violentaron normas procedimentales que provocaran la nulidad de esta diligencia, primeramente porque la casa estaba debidamente identificada con las características de: casa de madera, techo de lámina de zinc, ubicada en el Barrio New York, Barrio New York a cien metros al norte de la antigua gasolinera, en la cual reside una señora conocida como Cheruan, el haberse omitido la especificación de color de las paredes no invalida la autorización, tampoco es nula la orden de allanamiento por el hecho que el juzgador haya indicado allanar una casa de madera, cuando y no haya señalado que era la misma constaba de dos plantas tal como se aprecia en la solicitud del fiscal(párrafo segundo página cuatro de la sentencia), porque precisamente sin lugar a dudas los agentes de la policía, Santos Rolando Torres Torres, Rafael Benjamín Cartagena Colindres, y Kerdin Omar León Coto junto al juez ejecutor Nelson Avilio Hernández ingresaron a la vivienda descrita en la orden de allanamiento, colocando en el acta los datos detallados en el mandato judicial, entraron a una vivienda de dos plantas la primera planta construida de material selecto repellada, consta de cuartos de alquiler, habitaciones que no fueron objeto de registro por los agentes del orden en virtud que la denuncia, y la confirmación de esta mediante las vigilancias no refería a ninguna persona que habitara en los cuartos de alquiler, sino más bien hacia las personas que conforme las vigilancias estaba realizando movimientos extraños de ingreso y salida de la casa ubicada en la segunda planta con acceso por gradas de madera, siendo esta vivienda la registrada tal como lo describe el juez ejecutor al decir: segunda planta construida de madera tabla, techo de madera, lámina de zinc, ventanas y puertas de madera, toda esta vivienda está pintada de color amarillo y blanco no tiene cerco perimetral, está rodeada a sus alrededores por otras viviendas, al lado izquierdo se observan una gradas de madera que conducen a la segunda planta, vivienda que manifiesta el juez ejecutor que pertenece a la señora Sharon Patricia Stewart, quien al momento del ingreso se identificó como propietaria del inmueble. Esta servidora no comparte lo aseverado erróneamente por el juzgador en su valoración intelectiva de la prueba cuando dice “en consecuencia la autorización judicial al no describir con detalle todos estos extremos, carece de eficacia probatoria y no permite validar el ingreso a la vivienda de los acusados al ser un acto con el cual se vulneraron derechos fundamentales de los cuales son titulares los encausados, al tratarse de dos plantas debió especificarse que planta de la casa debía allanarse o si se debían allanar las dos plantas, pero en la autorización judicial de allanamiento ni siquiera se estableció que era de dos plantas”, no se puede calificar una prueba de ilícita porque la descripción realizada por el A-Quo sobre el inmueble a ingresar no coincida con las características que fueron detallas por el juez ejecutor al momento de ingresar a la vivienda el resultado de la diligencia investigativa fue lo esperado, los investigadores no erraron en el lugar a ingresar, localizaron y entraron a la vivienda indicada, donde habitaba según la denuncia la persona conocida como CHERUAN, es en la casa de esta señora que se ingresaron todos los policías, quedando evidenciado a lo manifestado NORMA LIZETH ZUNIGA FLORES testigo de la defensa quien afirmó que ella estaba ahí, ellos estaban haciendo un cumpleaños para su madre.., la casa está ubicada en el Barrio New York, y pertenece a CHERUAM, ella siempre iba a la casa porque los conocía a los dos.... estas personas estaban ahí porque tenían un cumpleaños para la mamá de CHERUAM. En atención a los razonamientos antes expresados, se torna infundado que el juzgador considera que la resolución del juez de Letras transgrede gravemente derechos fundamentales... que no estaba revestida de legalidad, no fue arbitrario el ingreso, tenía un propósito: Buscar droga, específicamente crack, misma que fue encontrada en el piso de madera del pasillo contiguo a la puerta 32 piedras de color blanco de supuesto crack, sobre un mueble de madera ubicado en la cocina un plato color blanco y azul conteniendo 42 piedras de color blanco de supuesta crack, una hoja de metal tipo guille marca Astrat, ahí mismo se encontró cerca un bote de plástico color negro y tapón de color gris contendiendo en su interior 48 piedras de color blanco supuesto crack, por último en el cuarto en una litera de metal color negro, sobre el colchón de esta litera en la parte de abajo se encontró un plato supuestamente porcelana color blanco y amarillo, conteniendo 5 piedras de color blanco de supuesto crack, una hoja de metal tipo guillet, marca Astra, cumpliéndose así los objetivos de la diligencia investigativa solicitada por el ente acusador. En contraposición a lo supra referido por el juzgador de instancia, la Sala de lo Penal de La Corte Suprema de Justicia ha señalado en la sentencia CASACION PENAL S.P. No.165-2007 sobre el allanamiento de morada lo siguiente “Esta Sala de lo Penal, procede a resolver en base a las consideraciones siguientes: 1).- La inviolabilidad de domicilio regulada en el artículo 99 de la carta magna, desde esa norma, posibilita la restricción de ese derecho en los supuestos ahí regulados remitiéndose a la ley para los casos de restricción del mismo, ahora bien, es el propio artículo 99 de la Constitución de la República el que establece los dos casos en que puede hacerse un ingreso o registro a un domicilio, uno con el consentimiento de la persona que lo habita y el otro con autorización judicial; en el caso de autos, no cabe duda que fue mediando autorización judicial debidamente motivada observándose los requisitos de ley que se restringió el derecho a la inviolabilidad del domicilio y a la intimidad. 2).- En relación a los argumentos del censor, relativos a que se practicó un allanamiento sin la debida identificación del domicilio, arguyendo que se allanó el domicilio de otra persona, lo cierto es que quedó demostrado en juicio que se encontraron evidencias en dicho domicilio que no dejaron lugar a dudas que se trataba del lugar que habitaba la encausada y aunque se dio un error en la descripción del inmueble, éste se considera meramente material y sin trascendencia a la esfera de los derechos que tutela la norma que se supone infringida, pues se reitera que se trataba del lugar habitado por la procesada; Por otra parte resulta intrascendente precisar si el titular del dominio del inmueble allanado era el señor P. o la señora A. H., en tanto que para la fijación del domicilio no se requiere ser titular del inmueble habitado, así el domicilio de una persona es el lugar en donde tiene su residencia habitual y más teniendo los cónyuges la obligación de vivir juntos se entiende que se trata de un domicilio común de tal modo que aún si fuese cierto que se trata del inmueble propiedad del esposo de la imputada, de igual forma se trata del domicilio común y por consiguiente el de la procesada y lo que es más importante aún, se trata del mismo inmueble que siempre se pretendió allanar,(lo subrayado es nuestro), del cual incluso existe documentación orientada a la debida identificación, como ser la fotografía que obra a folio 43 Tomo 1 y que justamente sirvió de guía al juez ejecutor para cerciorarse que se trataba del mismo inmueble, tal y como lo expresó éste al momento de declarar en juicio (véase folio 2323 vuelto, Tomo VIII), sumado a la información brindada por los testigos protegidos, visible a folios 2316 vuelto, 2319 vuelto y 2322 del Tomo VIII, en consecuencia, este Tribunal de Casación, no aprecia que se halla infringido el artículo 99 de la Constitución de la República en virtud de que la restricción del derecho a la inviolabilidad del domicilio se vio limitada por una de las formas previstas y autorizadas por la propia Constitución” Fundamentado en los argumentos supradesarrollados, es innegable que la Orden de allanamiento hacia la morada de la señora que fue identificada como SHARON PATRICIA STEWART, emanada por el señor Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía y que ha sido excluida indebidamente por el Tribunal sentenciador del acervo probatorio, a pesar de ser relevante y decisiva para establecer la responsabilidad de los imputados en el delito que se le atribuye, debió ser valorada al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que la vuelven una prueba válida, cuya estimación hubiese conducido a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de TRAFICO ILICITO DE DROGAS. Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145. Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por el Ministerio Público. Único Motivo. *Norma autorizante: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 362 numeral 2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Haber excluido el sentenciador una prueba de valor decisivo en la litis. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el tribunal sentenciador, excluyó prueba de valor decisivo, consistente en la autorización judicial para realizar allanamiento de morada, en la casa de habitación de los imputados, y como consecuencia de ello el acta de allanamiento y las evidencias encontradas en la vivienda allanada, con la que se acreditaba la existencia del delito de Tráfico de Drogas y la participación de los procesados en el mismo. De conformidad con la censora, el Juez de Letras Departamental de Islas de la Bahía en fecha diecinueve de agosto de dos mil doce, ordena allanamiento mediante resolución en la que describe el domicilio a ser allanado; sin embargo tal descripción resultó insuficiente para el Tribunal de Sentencia, de tal manera que lo consideró una insuficiente descripción, excluye la orden judicial y por ende la prueba derivada del allanamiento. De la Exclusión y Falta de Consideración de Prueba con Valor Decisivo Es importante recordar que el proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el Tribunal de Sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto del principio de legalidad y del debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; éste proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (Art. 317 del CPP), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo estos admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (Art. 199 del CPP), seguidamente se celebra la audiencia de juicio en donde sólo se deben reproducir aquellos medios que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del Art. 333 del CPP) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (Art. 320 del CPP) o como auto para mejor proveer (segunda parte del Art. 333 del CPP) y finalmente como resultante del debate, el tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (Art. 202 y 338.2 del CPP), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el Tribunal de Sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el dispuesto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando la sentencia “excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”; la exclusión de prueba es distinta a la falta de consideración, de este modo: a. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega todo valor al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el Tribunal de Sentencia haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. b. Existe falta de consideración de prueba, cuando a pesar de haber sido admitida durante la etapa de juicio y reproducida en la audiencia de debate, el órgano juzgador no hace alusión alguna sobre ésta, es decir que no existe ninguna mención al medio de prueba en su sentencia. - No se trata pues de un vicio sobre el proceso de valoración del medio de prueba, sino sobre la expulsión del medio de prueba del acervo probatorio. La norma procesal además exige -para la configuración del vicio- que el medio de prueba excluido o dejado de considerar posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en Casación se efectúa conforme al método la Inclusión Hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido o no considerado a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así el medio de prueba es de carácter decisivo, por el contrario aun cuando la exclusión o la falta de consideración sea indebida, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su Único Motivo. El recurso es de recibo. Esta Sala, al realizar el análisis del reclamo realizado por el Ministerio Público, observa que en fecha 19 de mayo de dos mil doce, se presentó ante el Juez de Letras Departamental de Roatán, Departamento de Islas de la Bahía, una solicitud de autorización judicial para la práctica de allanamiento de morada, fundamentada en que en el sector conocido como barrio New York a cien metros de la antigua gasolinera, en una casa de madera de dos plantas, se presume la venta de droga al menudeo. Además, indica el ente acusador que se cuenta con información de que el mismo día de la solicitud en horas del mediodía se distribuirá droga en dicho inmueble. (Folio 16 y 17). La solicitud planteada al juez de garantías, responde a solicitud que previamente la Policía Nacional había realizado y que se encuentra visible a folio 18 del expediente; en tal solicitud, se describe el inmueble cuyo allanamiento se pide como; una casa de habitación ubicada en el Barrio New York a cien metros al norte de la antigua gasolinera, casa construida de madera, techo de láminas de zinc. Además se observa en la foliada, que se agregaron actas de declaración administrativa del policía Kerdin Omar León Coto, quien se refiere a las vigilancias realizadas en la vivienda ubicada en el Barrio New York de aquella ciudad. Siguiendo el orden de los actos procesales, el juez de garantías, mediante resolución de fecha diecinueve de mayo de dos mil doce (Folio 20), declara con lugar la solicitud de allanamiento de la casa de habitación ubicada en el Barrio New York a cien metros al norte de la antigua gasolinera, dicha casa está construida de madera, techos de lámina de zinc, indicando expresamente que es la única vivienda a ser allanada. Finalmente, en acta de allanamiento se establece que al llegar al lugar, el juez ejecutor observa una casa de dos plantas identificando la primera como edificación de material selecto, repellada la cual son cuartos de alquiler y describe la segunda planta construida de madera, techo de madera, láminas de zinc, ventanas y puertas de madera, toda la vivienda pintada de color amarillo y blanco, sin cerco perimetral. De conformidad con los argumentas desarrollados por el tribunal sentenciador, existen incongruencias e inexactitudes entre la autorización judicial extendida y la casa efectivamente allanada. Para dar respuesta al planteamiento casacional, en principio es relevante establecer que el allanamiento del domicilio es una medida de coerción procesal que suele adoptarse en el proceso penal con la finalidad de obtener el decomiso o secuestro de bienes o documentos que puedan servir como prueba en un caso concreto. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra estrechamente vinculado al derecho a la dignidad de las personas que lo habitan. Sin embargo, a pesar de que la inviolabilidad del domicilio, es un derecho fundamental del que gozan las personas, el mismo no se trata de un derecho absoluto, de modo que aunque se garantiza la inviolabilidad del mismo, podrá realizarse ingreso al mismo con consentimiento del titular del derecho o mediante resolución judicial que así lo permita. De este modo, el juez antes de autorizar cualquier entrada o registro debe ponderar si debe prevalecer este derecho fundamental o alguno de los derechos o intereses constitucionalmente protegidos que puedan oponerse, por ejemplo: derechos colectivos en riesgo o que deban ser protegidos con preferencia al domicilio. Además el mandamiento judicial, cuando se ha solicitado como una diligencia de investigación, ha de responder a que existan motivos suficientes para presumir que en un domicilio se ha cometido un ilícito o en el mismo se encuentras señales, vestigios o en definitiva evidencias del mismo; o en su caso que en tal domicilio se encuentra una persona que ha participado en el hecho delictivo investigado. Esta valoración deberá realizarla el juez de garantías apreciando todo hecho, acto o circunstancia que le proporcione el ente acusador para extraer de ellos motivos suficientes y racionales para ordenar o autorizar el allanamiento. En este sentido, queda claro entonces que lo relevante -en principio- para decidir sobre la realización de tal diligencia, es que el juez encuentre motivos suficientes de los que deduzca la posibilidad de la ocurrencia de un delito y que en el domicilio, cuyo allanamiento se pide, existen evidencias del mismo. El juez que ordene el allanamiento deberá llegar a la convicción de que el ente acusador o los órganos de investigación no pueden acceder a los elementos de prueba o evidencias con otra medida menos gravosa, y que en consecuencia la investigación solamente podrá proseguir mediante la restricción del derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. Está claro que el juez de garantía debe valorar y ponderar aspectos jurídicos de fondo, al momento de decidir si autoriza o no un allanamiento de morada; por supuesto sin desconocer los aspectos relacionados en el artículo 212 del Código Procesal Penal. Es decir, una vez que el juez de garantías ha llegado a la convicción de que: 1) Existe la posibilidad de la comisión de un delito y 2) Que en el domicilio cuyo allanamiento se pide, se está cometiendo el ilícito, existen elementos de prueba o evidencias del mismo o se encuentra el posible responsable; deberá entonces proceder a resolver la petición del ente acusador tal como lo establece el artículo 213 del Código Procesal Penal, que entre otras cosas: le manda establecer la indicación precisa del lugar o lugares que habrán de ser registrados, en este apartado es donde debe constar la dirección exacta del lugar, indicando barrio o colonia, calle o avenida o número de casa, quedando claro que atendidas las circunstancias de la realidad en diferentes municipio del país, es usual encontrar casos en que no se cuente con número de calle, avenida e incluso número de casa, por lo que deberá procederse a la descripción exacta del lugar donde se encuentre el domicilio y las características del mismo, así como la identificación o nombre de la persona que la habita. En el caso que nos ocupa, se observa identidad entre la descripción realizada por el Ministerio Público, el órgano investigador y la resolución judicial, identificando el inmueble a allanar como una casa de habitación ubicada en el Barrio New York a cien metros al norte de la antigua gasolinera, construida de madera, con techo de láminas de zinc; por otro lado, tal descripción resultó inequívoca, pues el juez ejecutor, precisamente ingresa a la vivienda pretendida. Si bien es cierto, la descripción de la vivienda, resulta más completa en el acta levantada por el juez ejecutor, la omisión de otros detalles, es de carácter meramente material, es decir no de fondo, por lo que no resulta trascendente en lo que se refiere al derecho fundamental de los procesados, puesto que la orden ampara el ingreso precisamente a la casa de habitación de los procesados y a la que en efecto ingresó el juez ejecutor legalmente nombrado para ello. Además las evidencias encontradas en el domicilio, afirmar los motivos suficientes que tuvo el juez de garantía para autorizar la diligencia. Así las cosas, encuentra esta sala penal, que en efecto el sentenciador, excluyó indebidamente un medio de prueba de valor decisivo haciendo una incorrecta aplicación o interpretación de la ley, lo que lo llevó a considerar un medio de prueba como ilícito, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole todo valor como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. En virtud de todo lo anteriormente expuesto esta Sala considera procedente el reclamo casacional realizado por la censora. DECISIÓN: Ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y 362 del Código Procesal Penal. FALLA: Primero: Declara Ha Lugar el motivo único de casación por Quebrantamiento de forma invocado por la Abogada Carmen Cecilia Andrade Padilla, en su condición de fiscal del Ministerio Público, en la causa instruida contra los acusados Harry Efraín Sandoval Carter y Sharon Patricia Stewart, a quienes se les absolvió del delito de Tráfico de Drogas, en perjuicio de La Salud de la Población del Estado de Honduras; SEGUNDO: Casa la Sentencia. TERCERO: Declara la nulidad del debate y de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil catorce, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: I. Que se repita el debate ante un tribunal distinto al que conoció el juicio anulado. II. Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-65-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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