Sentencia CP-63-17 — Registro 11448
Resumen
En primera instancia se condena al imputado como autor de los delitos de Violación Especial y Actos de Lujuria, se declara sin lugar el recurso interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: No Definida
..."El planteamiento del recurso adolece de defectos de forma que niegan la razón al recurrente, debiendo ser declarado sin lugar el recurso. El planteamiento erra al no dirigir sus argumentaciones recursivas para demostrar la existencia del vicio denunciado; respecto a una indebida valoración probatoria, el recurrente procede a atacar a las declaraciones testificales de las menores A. N. y D. M. ambas de apellido R. C., acusando sus testimonios de inconsistentes, no poseer concordancia, falta de verosimilitud, de haber acomodado sus testimonios en perjuicio del acusado y continuó de igual manera cuestionando los demás medios probatorios, concluyendo a su criterio, que el a quo generó una sentencia condenatoria sin suficiente fuerza probatoria, lo anterior, constituye un alegato de primera instancia y no de única instancia, pues con éste, el recurrente lo que pide es que la Sala de lo Penal, sin contar con la inmediación, recalifique la valoración probatoria asignada por el a-quo a dichas declaraciones, negándoles credibilidad, siendo esto una conclusión no coherente ni derivada de principios lógicos. El recurrente, olvida que lo revisable en casación es la legalidad de lo resuelto y dentro de ello que los argumentos judiciales sean construidos conforme a las reglas de la sana crítica, ergo, en su caso, se debió señalar cual o cuales fueron las valoraciones intelectivas que consideraba viciadas, pero aún más importante: demostrar por qué dichas valoraciones inobservaron las reglas de la sana crítica mediante la confrontación debida entre unas y otras, pero en su lugar el recurrente hace su valoración privada de los medios de prueba solicitando que sea ésta la que sea tomada como válida. En otras palabras, las alegaciones de las supuestas vulneraciones de las reglas de la sana crítica han sido planteadas sin vincular las críticas expresadas con ninguno de los razonamientos que prestan apoyo a la sentencia; era exigido del recurrente, una fundamentación esquemática, formulada en forma apodíctica, que demostrase la existencia del vicio alegado, pero ante su incumplimiento no es posible para esta Sala de lo Penal hacer auditoría sobre la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la sana critica..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Es evidente para esta Sala de lo Penal que el recurrente no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del recurso. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo pueden ser alegados, como motivo de impugnación, los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; contrario a ello el recurrente en sus motivos primero y segundo ataca medios de prueba e induciendo a este Tribunal de Casación a revalorar la prueba, aun cuando ello implicaría desconocer los hechos declarados probados. La interposición del recurso de casación por infracción de ley basado en el cuestionamiento de prueba es contraria a lo estipulado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, por lo que deben ser declarados sin lugar los motivos señalados. .."
Jerarquía: Reiterativa
...". EL RECURSO NO ES DE RECIBO. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; por ende la recurrente al alegar la violación del Principio de Derivación por falta de Razón Suficiente asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el presente caso el recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; En otras palabras, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. En su desarrollo, de lo que se ocupa el recurrente es de exponer cuales fueron a su criterio los hechos que se acreditaron con la prueba y que sirven de descargo al acusado, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 63-2017, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Juan Manuel Galeano Pagoada, como autor responsable del delito consumado de Actos de Lujuria, en perjuicio de D. M. R. C. a la pena principal de tres años, nueve meses de reclusión. SEGUNDO: Condenó al señor Juan Manuel Galeano Pagoada, como autor responsable penalmente del delito de Violación Especial, en perjuicio de la menor D. M. R. C. a la pena principal de quince años, nueve meses de reclusión. TERCERO: Imponer al condenado como penas accesorias la inhabilitación especial por el delito de actos de lujuria y la inhabilitación absoluta por el delito de violación especial e interdicción civil por ambos delitos por el tiempo que dure la pena principal. CUARTO: Se declara la responsabilidad civil del señor Juan Manuel Galeano Pagoada.- QUINTO: Absolvió de responsabilidad penal, por falta de prueba suficiente, al justiciable Juan Manuel Galeano Pagoada, por otro delito de violación especial y 3 delitos de actos de lujuria agravados en perjuicio de D. M. R. C.. SEXTO: Absolvió de toda responsabilidad penal por tratarse de un hecho atípico, al señor Juan Manuel Galeano Pagoada, por un delito de Actos de Lujuria Agravados, en perjuicio de A. N. R. C. SEXTO: Absolvió de responsabilidad penal, por falta de prueba suficiente, al justiciable Juan Manuel Galeano Pagoada, por tres delitos de Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de A. N. R. C. SEPTIMO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Ni decretar comiso alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, por Infracción de Ley y por Quebrantamiento de Forma el Abogado Oscar Alexander Luna, actuando en su condición de defensor privado del señor Juan Manuel Galeano Pagoada. Son partes en única instancia: El Abogado Oscar Alexander Luna, defensor privado en su condición de recurrente; y la Abogada Ela Paredes Bromfield, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrida. Hechos Probados de la Instancia “I.- D. M. R. C. titular la tarjeta de identidad número: 0101-1995-03190, nació el 28 de septiembre del año 1995 y A. N. R. C. titular de la tarjeta de identidad número: 0101-1994-02766, nació el 23 de julio del año 1994; Ambas niñas nacieron en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, y son hijas de Juan Álvaro Rodríguez Baltodano e Iris Rosario Córdova Varela. II.- Durante los años 2000 al 2010 las hermanas R. C. vivían con sus progenitores en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, y viajaban al menos una vez cada año con su madre, entre los meses de junio y agosto durante sus vacaciones escolares, porque estudiaban en el sistema bilingüe, a la ciudad de La Ceiba a visitar a su abuelo materno Gabino Córdova, a su tío José Francisco Córdova Varela y la esposa de éste la señora Pamela Vinicia Galeano Pagoada; durante esas visitas conocieron a Juan Manuel Galeano Pagoada, hermano de Pamela Vinicia Galeano Pagoada. III.- Juan Manuel Galeano Pagoada titular de la tarjeta de identidad número: 0101-1983-01806, nació el 9 de julio de 1983, y tenía una relación estrecha con su cuñado José Francisco Córdova; y una vez que José Francisco Córdova y su esposa se pasaron a vivir al edificio de 3 niveles propiedad del señor Gabino Córdova, ubicado contiguo al Hospital Euro-Honduras de La Ceiba Atlántida, Juan Galeano visitaba con frecuencia dicho edificio y por la cercanía y confianza con la familia Córdova, tenía libre acceso a todos los niveles y áreas del referido edificio, inclusive pernoctaba en el edificio, así mismo colaboraba con el cuidado y aseo personal del señor Gabino Córdova durante el padecimiento físico de éste. IV.- Un día entre los meses de junio y agosto del año 2003, Juan Manuel Galeano Pagoada, llegó hasta una habitación del segundo nivel del edificio que era habitado por su hermana y el esposo, donde se encontraba sola D. M. R. C., en ese entonces de 8 años de edad, le dijo a la niña que se desvistiera, acto seguido le tocó los senos y las nalgas con el propósito de obtener placer sexual. V.- Entre los meses de Junio y Agosto, en horas de la mañana del año 2006, durante la visita de las hermanas R. C. a casa de su tío José Francisco Cordova, Juan Manuel Galeano Pagoada, aprovechó que la señora Iris Córdova no se encontraba en la casa, llegó hasta el dormitorio donde D. M. R. C. se encontraba sola, en ese entonces de 10 años de edad, quien aun no se había levantado; tocó la puerta, ella abrió la puerta, Juan ingresó a la habitación, cerró la puerta, le dijo a D. que se desvistiera y que se acostara sobre la cama, él se quitó su ropa y le introdujo su pene en la vulva de la niña por un tiempo corto, porque observó que ésta sangraba. VI.- Entre el mes de junio y agosto del año 2008, en horas de la noche, Juan Manuel Galeano Pagoada, llegó al negocio de su cuñado que funcionaba en el primer nivel del edificio supra mencionado, donde estaba la niña A. N. R. C., quien para esa fecha tenía 14 años de edad, y se encontraba sola utilizando la computadora. Juan Galeano se ubicó en otra computadora y le mostró a la niña fotografías de uno de sus viajes al extranjero; acto seguido le tocó las piernas e introdujo sus manos en la camisa de la niña y le manoseó los senos, para obtener placer sexual y luego le mostró fotografías de mujeres desnudas.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos El recurrente Abogado Oscar Alexander Luna, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL- Infracción del Artículo 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación invocado como infringido está comprendido en el artículo 361 del código procesal penal, para los efectos de de este motivo se cita como infringido el artículo constitucional siguiente: Artículo 89 constitucional: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. EXPOSICION DEL MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL. PRIMERO: Considerando que el Tribunal Sentenciador deberá resolver conforme a los elementos probatorios incorporados en el juicio pronunciando la responsabilidad penal o no del Imputado conforme lo ordena la Constitución y la ley penal adjetiva amparándose en irrestricto respeto a estas normas jurídicas, sobre todo procurando que ese estado de inocencia se mantenga Incólume como sistema de protección contra el poder punitivo del estado, por consiguiente siempre que no se pruebe lo contrario para enervar el estado de Inocencia contenido en el Artículo 89 constitucional intimado al 2 del Código Procesal Penal deberá preservarse, en la presenta causa fueron declarados probados hechos que se contrarían con la prueba evacuada acorde a los lineamientos contenidos en la Ley penal adjetiva en vista que el Tribunal Sentenciador declara comprobados hechos de forma sesgada con testimonios inconsistentes y no como consecuencia o producto de los medios de prueba en su contexto general legalmente incorporados en juicio, al señor Juan Manuel Galeano Paguada se le acuso de ser responsable a titulo de Autor Material de cuatro (4) delitos de Actos de Lujuria Agravados y dos (2) delitos de Violación especial en perjuicio de D. M. R. C. y cuatro (4) delitos de actos de lujuria agravados en perjuicio de A. N. R. C. conforme a la formalización que efectuó el Ministerio Publico al inicio del juicio oral y público, vulnerando su estado de inocencia prácticamente con los testimonios de las supuestas víctimas quienes no poseyeron concordancia con respecto a los hechos atribuidos incurriendo en falta de verosimilitud desde un punto de vista lógico jurídico, supuestas agraviadas que acomodaron sus testimonios en perjuicio de mi representado ya que no fueron contestes con respecto a indicar con precisión sin dejar lugar a dudas de los periodos de tiempo que fueron objeto de agresiones (año, mes, día), si bien es cierto indican las supuestas víctimas que estas acciones perpetradas por el inculpado procedían del año 2,000 cuando A. N. tenía 6 años de edad y D. M. tenia 5, resulta curioso que transcurrió más de una década sin que denunciaran absolutamente nada pesar que no vivían cerca del agresor por consiguiente tuvieron todos los momentos propicios para delatar a sus padres que estaban siendo víctimas o fueron víctimas de abusos sexuales, entre los hechos declarados probados no se estableció que fueran amenazadas, intimidadas o amedrentadas ninguna de las hermanas R. C. por mi representado, la norma penal en el artículo 140 no exige este presupuesto por razón de la edad pero significa un factor influyente que se eslabona a los testimonios resultando en falta de concordancia, precisándose en la declaración de D. M. habla sobre este asunto hasta el año 2011, supuestamente con una persona que le impartía clases sobre las agresiones sexuales de las que aparentemente fue objeto (página 16 del acta de debate, renglón 61), lo antedicho contraría lo expuesto por su madre quien expreso que D. “había hecho una cartita a un compañero explicándole todo lo que había sucedido” (pag. 14 acta de debate, renglón 39), constituyendo la forma como obtiene noticia la madre (Iris Córdova) de las supuestas víctimas de la situación de D. ya que del colegio donde estudiaba se le comunicó, Iris Córdova al revelarse esta situación consultó a su otra hija A. N. (pág. 15, renglón 13-16) que si sabía algo respondiendo que había sucedido con su hermana y agregando al tener noticia está que por “no hablar” siendo racional que A. “tenía conocimiento sobre las supuestas agresiones”, no obstante a pesar de sufrir la misma adversidad durante más de 10 años resulta extraño que ninguna de ellas contó a la otra sobre estas experiencias irregulares hecho que hubiese sido coherente entre hermanas que provienen de un hogar integrado como señala la Trabajadora Social Silvia Estela Reyes en su apartado VIII párrafo primero del dictamen social visible a folio 242, al declarar la señora Iris Córdova señalo que “sospecho hasta de su esposo” situación que no es descabellada por sin número de casos que se han presentado donde el padre biológico abusa de sus hijos (pág. 14, reglón 42, 43) constituyendo un dato relevante en vista que el padre de las supuestas agraviadas D. y M. R. C. de nombre Juan Álvaro Rodríguez Baltodano nunca participo en el proceso de enjuiciamiento de Juan Manuel Galeano Paguada circunstancia extraña cuando lo natural era que se involucrara en el proceso, las supuestas ofendidas, como también Iris Córdova, Pamela Vinicia Galeano, Juan Manuel Galeano y Vivian Aureliano Cano, quienes fueron concordantes en su manifestaciones puntualmente con respecto que la familia R. C. procedía de Tegucigalpa para el periodo de vacaciones escolares que corresponde a las escuelas bilingües que comprende entre los meses de junio y agosto parcialmente, tal como declaró probado el a-quo en su hecho segundo, en los testimonios de Pamela Vinjcia Galeano, Vivian Aureliano Cano y del inculpado a quienes el a-quo no les dios valor probatorio deduciendo subjetivamente que faltaban a la verdad pero que contrariamente para declarar ciertos de los hechos probados validaron algunas manifestaciones de estos, los antedichos testigos e inculpado subrayaron que hubo un periodo que las menores “no visitaron la ciudad de la ceiba” coincidiendo que fue en el año 2006, porque Pamela Vjnicia Galeano precisé que dio a luz a su hijo en esa época, por consiguiente D. y A. R. C. no acompañaron a su madre (Iris Córdova) porque había dado a luz su cuñada Pamela Galeano (pág. 12, renglón 9, 10, 11, 12) coetáneo con lo expresado por Vivian Aureliano Cano quien laboro para el señor José Francisco Córdova (tío de las ofendidas) ultimo quien poseía un negocio de venta de mercadería en un edificio ubicado contiguo al Hospital Euro-Honduras en barrio el Centro de la ciudad de La Ceiba, Atlántida, dividido en 3 niveles, especifico que incluso en un viaje a Tegucigalpa fueron José Francisco Córdova, Claudia Marisela Castillo (esposa) y el inculpado a recoger un premio que había ganado en el programa “abriendo brecha” (páq. 13, renglón 7, 8, 9, 10, 11, 12) hecho que no fue controvertido, el citado edificio estaba distribuido la 1 planta local comercial y que servía de morada a Pamela y José Francisco antes del año 2006 (pag.12, acta de debate, renglón 31, 32, 33), 2 planta habitada por el señor Gabino Córdova (padre de José Francisco e Iris Córdova), y 3 planta habitada el hermano de José Francisco Córdova (cuñado de Pamela) y familia, esta tercer planta posteriormente fue ocupada por Pamela y José Francisco (pág. 12 acta de debate, renglón 52), durante su periodos de visita Iris Córdova junto a sus hijas no permanentemente se hospedaban en el referido edificio que habitaba su hermano ya que en ocasiones lo hacían en una casa de habitación que poseía el señor Gabino Córdova en la colonia el “Sauce” (pág. 14 acta de debate, renglón 58, 59), representándose que efectivamente no acudían puntualmente al edificio que era frecuentado por el inculpado quien ayudaba a su novia de nombre Mayra Meraz (pág. 6, acta de debate, renglón 11) la que brindaba los servicios de auxilio que ocupaba el señor Gabino Córdova abuelo de las supuestas ofendidas quien por una enfermedad no podía valerse por sí mismo, lo antedicho fue validado por todos los testigos quienes expresaron que hubo otra persona de nombre Olga Marina (pag. 12 acta de debate, renglón 58, 59); Conforme a lo testificado por el inculpado esté laboro con su cuñado quien poseía un negocio en la primera planta del edificio supra indicado por un periodo de tiempo llegando a conocer a las menores cuando poseía 17 años de edad en el año 2000, sin embargo señalo que él tenía su morada en la casa de habitación de sus padres en el barrio Independencia, aunadamente a colaborar con su novia Mayra en cuidar a Gabino Córdova no fue controvertido su manifestación de que se quedaba durmiendo en el edificio cuando ella (Mayra Meraz, pág. acta de debate, renglón 2, 3, 4) en el año 2003 nació el hijo del inculpado marchándose posteriormente ilegalmente a los Estados Unidos de donde regreso deportado entre finales del 2006 e inicios del 2007 según expresó (Pág. 4 acta de debate, reglón 47-52) concordando con lo manifestado por la madre de las supuestas ofendidas Iris Córdova (pág. 15 acta de debate, reglón 24, 26) quien indico que efectivamente Juan Manuel Galeano salió fuera del país, circunstancia aceptada por el a-quo en su V (quinto) apartado de valoración descriptiva e intelectiva de la prueba pero antagónicamente establece el a-quo que para los episodios de agresión si estaba en el país, se sobreentiende que mi representado retorna al país hasta el año 2009 proveniente de Europa marchándose a la república de España en al año 2011 hechos que concuerdan con lo manifestado por Iris Córdova (madre ofendidas) consecuentemente no es posible que para los años indicados por el a-quo 2006 y 2010 Juan Manuel Galeano haya estado en el país, siendo extraordinario que en un década las supuestas víctimas no denunciaran las agresiones, entre ellas no se comentaran absolutamente nada y que sus padre no hayan detectado indicios que algo sucedía en los viajes que frecuentaban a la ciudad de La ceiba, Atlántida, trascendiendo sus testimonios en poco probables al grado que hasta para precisar datos cronológicos fueron imprecisas las supuestas ofendidas estimando que con el transcurso del tiempo podían archivar recuerdos de manera coherente. SEGUNDO: Considerando que el estado de inocencia se devasta en irrestricto complimiento de las garantías de un debido proceso en juicio corresponde al sujeto llamado al tribunal por hechos criminales en apariencia demandados por el Ministerio Publico considerarse inocente mientras no se demuestre incuestionablemente la comisión del delito y participación del inculpado, en el desarrollo del juicio se incorporaron los testimonios anteriormente descritos interesando al suscrito abordar los de las supuestas ofendidas D. M. y A. N. ambas R. C. cuya versión de los hechos versus al testimonio del inculpado a quien el a-quo no le dio credibilidad no concuerdan, manifestaron que estas agresiones ocurrieron cuando visitaban la ciudad de La Ceiba comprendiéndose que fueron todos los años que acudieron pero en uso del sentido común “como podía satisfacerles venir a esta ciudad cuando había una persona que les causaba daño o que podría ocasionárselo” sin que se lo comunicaran a sus padres, resulta que en el año 2011 cuando A. N. tiene 17 años de edad y D. M. 16 años de edad está ultima rompe el silencio sobre las agresiones pero jamás se estableció que conllevó a que lo hiciera en vista que testimonio visible en la pág. 16 y 17 del acta de debate no exteriorizo si cállese por alguna circunstancia adversa y no había denunciado los hechos supuestamente cometidos por mi representado, resulta importante considerar que para que haya certeza inculpatoria debe aplicarse criterios por parte del a-quo que definan la reconstrucción de la verdad histórica que se recrea en los hechos declarados probados, los delitos atribuidos a mi representado tienen como soporte solamente los testimonios de las supuestas agraviadas que se encuentran contenidos en el Titulo II, capítulo I, Delitos contra la libertad sexual conforme lo dispone el código penal en sus artículos 140 # 1 y 141, concibiéndose que es la palabra de D. M. y A. N. contra la del inculpado Juan Manuel Galeano Paguada, se desarrollaron situaciones en el juicio que hacen inferir que los hechos no pudieron ocurrir como lo imputó el Ministerio Publico, en la evacuación de la prueba pericial como ser dictamen 479-2011 visible de folios 234-236 efectuado en fecha 04 de abril del 2011 por el médico René Orlando Banegas a A. N. R. C. concluyo que poseía un “himen íntegro sin ruptura”, incluyendo en los datos brindados por la evaluada en ese momento con 16 años de edad en el apartado “HISTORIA MEDICO LEGAL relata la evaluada que a la edad de 6 años mientras se encontraba en su casa de habitación, bañándose entro un familiar del esposo de su tía materna, quien le toco sus genitales, no le hizo otra cosa, con los años hasta la fecha la acaricia las piernas sobre la ropa y el abdomen, niega que haya sido abusada sexualmente” y dictamen # 320-2011 visible a folios 237-239 de fecha 15 de marzo del 2011 efectuado por el médico René Orlando Banegas concluye en idénticas circunstancias que D. M. R. C. que poseía un “himen integro sin ruptura”, ciñendo en los datos brindados por la evaluada en ese momento con 15 años de edad en el apartado “Historia Medico legal, relata la evaluada que a la edad de 6 años (extraña coincidencia con su hermana, misma edad las agresiones), un familiar de su tío materno, le tocaba sus partes intimas bajo la ropa, esto sucedía una vez por año cuando visitaba la familia que vive en Ceiba, la tocaba y besaba en la boca, fue hasta la edad de 12 años, cuando se encontraron de nuevo en la casa de un familiar y este la obligo a entrar en un dormitorio, le guito su pantalón y blúmer a la fuerza y él se desnudo me metió el pene en la vagina, me dolió luego vi que le salía un liquido blanco por el pene, siempre me amenazo para que no lo comentara con alguien, actualmente a la edad de 15 años, solo me tocaba sobre la ropa y me besaba en la boca ………si hubo eyaculación……. actividad de la paciente tras la agresión no uso paño sanitario (contrario a lo indicado en juicio que se limpio en el baño), lo antedicho es transcripción de parte del dictamen del médico evaluador cuya información consignada en su pericia tiene origen en lo testificado por la supuestas agraviadas al momento de su evaluación que contrasta totalmente con sus testimonios brindados en juicio consignados en las páginas 16, 17 y 18 del acta de debate pero que en conclusión determinaba que ambas jóvenes aún eran señoritas a pesar de pretender justificar que poseen extrañamente ambas hermanas himen elástico que había permitido la introducción de dos dedos del evaluador pero que continuaban siendo señoritas sin muestra de acceso carnal o penetración, inconsistencias como las predichas marcaron el destino de Juan Manuel Galeano quien conforme lo preceptuado en el artículo 339 del código procesal penal tuvo que ser absuelto pero no ocurrió, entre las pruebas de descargo fue importante el dictamen numero 2016010101000106 de fecha 08 de febrero del 2016 realizado por el Dr. Cesar Dávila quien efectuó una medición del miembro viril de Juan Manuel Galeano Paguada estableciéndose que este poseía un pene fuera de los rangos normales para América latina que son de 7 a 9 centímetros en flacidez y en erección de 13.5 a 15.5 centímetros, precisando que el pene del imputado flácido media 13 centímetros con circunferencia de 10 centímetros y que en erección media 16.5 centímetros y circunferencia 11.5 centímetros sin alcanzar erección plena constituyendo un miembro viril fuera de los parámetros normales visible a folios 218, 219 y 220, valorando que del análisis de las evaluaciones reseñadas conforme el hecho probado contenido en el numeral V (5) de la sentencia con las proporciones del miembro viril de Juan Manuel Galeano a la edad de 10 años que supuestamente poseía D. M. R. C. para el año 2006 era imposible que tuviera sus órganos sexuales desarrollados consecuentemente que soportara la penetración de un pene de las dimensiones antedichas va que hubiera sido desgarrada sufriendo lesiones de aran magnitud, si efectivamente la hubiera violado mi representado dicha situación hubiera sido comprobada ya que no hubiera podido ocultar por razón de los daños que generaría como el sangrado inminente de grandes proporciones, la supuesta ofendida D. M. R. apunto en su relato al evaluador DR. René Orlando Banegas que este acontecimiento ocurrió a la edad de 12 años estimando que la predicha evaluación fue efectuada el 10 de febrero del 2011, cronológicamente correspondería al año 2008 cuando fue víctima de abuso sexual del inculpado y no en el año 2006 como estableció el a-quo en su apartado V (5) de los hechos probados, esta circunstancia relatada anteriormente contrasta significativamente con lo testificado por D. M. y A. N. en juicio, no obstante estos datos sumamente relevantes no fueron considerados, examinados y juzgados objetivamente por el tribunal sentenciador que ampara su inicua decisión solo en las declaraciones de estas dos jóvenes y en aspectos que tampoco se examinaron profundamente como apuntamos, siendo importante expresar que en los casos de violación generalmente no hay testigos pero en este caso contábamos con dos hermanas que aparentemente habían sufrido los mismos perjuicios ocasionados por el mismos sujeto pero no fue objeto de revelación entre estas o denuncia ante su padres o persona de confianza por más de 10 años, estas premisas el a-quo rio las valida caso contrario a los dictamen social realizado a D. M. en la entrevista que se le hizo la madre de ella Iris Cordova en folio 24lmanifesto “que pregunto a sus hijas si Juancho les había hecho daño respondiéndole que no, afirmando que nunca vio nada que la hiciera sospechar” situación extraña cuando se trata de abusos los cuales pueden ser identificados por cambios de comportamiento, discrepando por ejemplo en lo establecido en el apartado VII del estudio social determina la evaluadora Silvia Estela Reyes “D. se encuentra estudiando........ Lleva un rendimiento normal, joven respetuosa, cariñosa, independiente y responsable, Dictamen Psiquiátrico efectuado por el Dr. José Luis Cruz Flores DEMS-DMF-201 1-02-085 consigna en su apartado de Historia Psiquiátrica Legal relatada por D. M. R. C. “a la edad de 12 años el inculpado la obligo a ver videos pornográficos y la abuso sexualmente en dos ocasiones” repitiendo idéntica historia a los establecido en el dictamen de evaluación física realizado por el Dr. Rene Orlando Banegas, concordando con respecto a su edad (12 años) que definitivamente ya es propicia para recordar, solicitar auxilio, oponerse y denunciar, pero no aconteció ni hubo cambios de comportamientos de personalidad en ella que era lo natural refiriendo el siquiatra que la encontraba en el apartado denominado “Examen Mental, que se encontraba conservado” adicionando en su “diagnostico encuentro de distimia (Es un tipo de depresión en el cual los estados de ánimo de una persona están regularmente bajos, sin embargo, los síntomas no son tan graves como con la depresión mayor y es hereditario, las personas que tienen familiares con depresión o distimia, tienen mayor probabilidad de sufrirla y que suele presentarse en la adolescencia) visible a folios 243-245 relacionado a la respuesta que dio el perito en el acta de debate es significativo establecer que “la distimia es un tipo de depresión y se ocupa de un año de seguimiento para diagnosticarla”, sin embargo él (perito) en una entrevista logra hacerlo (contrariedad)” (pág. 9, renglón 14, 15); Dictamen Sicológico que DEMS-DMF-2011-02-070 practicado a D. M. R. C. únicamente diagnostica en su apartado y “personalidad en formación en la etapa de la adolescencia con núcleos ansiosos”; Dictamen siquiátrico 2015-0501-0201-241 (visible a folios 246-248) efectuada a Juan Manuel Galeano Paguada por el Dr. Alfredo Leonardo Sosa manifestando el antedicho evaluador en sus conclusiones que mi representado tiene problemas de consumo de alcohol y sustancia (marihuana) respondiendo en juicio que en el no encontraba trastorno, que no encuentra en su caso cuadro sicótico en Juan Manuel Galeano (pág. 9 acta de debate, renglón 42, 43, 55, 56), Dictamen Sicológico numero 2015-0101-0202-0091 realizado por Luis A. Reconco a Juan Manuel Galeano Paguada (folios 249-251) que concluye que refleja baja capacidad de insigth que no es más que la baja capacidad de autoanálisis sobre situaciones cotidianas y búsqueda de soluciones, esta capacidad vendría a dificultar sus dinámicas en las relaciones interpersonales que vendrían a crear un sentimiento de rechazo de este ambiente o generando conflictos con el sexo opuesto, pero importa destacar las palabras del perito “podría”, “vendría” relacionado a lo consignado en el acta de debate(pág. 10, renglón 22-26) el perito evaluador en su dictamen determina problemas sicosexuales, sin embargo en juicio inicia manifestó elementos que no correspondieron a su técnica pericial sobre la cual debía dirigirse el interrogatorio que se desnaturaliza el a-quo indagando sobre la insatisfacción de la dinámica sicosexual del inculpado elemento que el tribunal sentenciador prepondero en su inicua sentencia condenatoria sin valorar que el perito estableció que este tipo de problemas corresponde a muchos factores como inclinaciones sexuales, deseos sexuales o parafilias citando ejemplos de esta ultima como la zoofilia, necrofilia, pedofilia, pero esta tipo de trastorno es considerado como un comportamiento sexual inusual o anormal que es mayormente practicado en hombres siendo otros ejemplos de parafilia 1) exhibicionismo, 2) vouyerismo, 3) sadismo sexual 4) masoquismos sexual, 5) froteurismo, 6) fetichismo tipificados en el DSM-IV para diagnostico clínico de James Morrison, apuntando el citado perito Luis Alberto Reconco a renglones 45, 46, 47 de la página 10 del acta de debate que “que no se podía constatar si padecía de una parafilia el inculpado estos apuntes formulados son valiosos para el suscrito recurrente los que no fueron apreciados favorablemente para concluir que ese estado de inocencia no podía ser enervado con la referida prueba la cual destellaba incertidumbre con respecto a la responsabilidad penal atribuida vía sentencia por el a-quo ya que las dudas eran patentes con las contradicciones precisadas líneas atrás de lassupuestas agraviadas cuyo narración de los hechos resultaba inadmisible debiendo el a-quo mantener indemne ese estado de inocencia menoscabado con la supra indicada sentencia en la que únicamente se valoró los pernicioso desplazando los juicios de valores que deben aplicarse para adoptar una decisión de esta naturaleza consecuentemente estimamos que los extractos que contiene la valorización de los elementos probatorios no conlievó a devastar el estado de inocencia que protege nuestra constitución tomando en cuenta que para llegar a ese grado de certeza que ocupa el Tribunal Sentenciador se debe Probar ya que cualquier margen de duda se traduce en Absolución siendo concordante con las normas jurídicas citadas al inicio los que deben de ser explícitos en sus razonamientos para arribar a una declaraci6n de culpabilidad, razonando que fue una resolución prejuiciada suponiendo a priori la responsabilidad del inculpado al no ceñirse el a-quo a esta disposición jurídica de orden constitucional como es el artículo 89, contraviniendo otras normas como el artículo 1 “Ninguna persona podrá ser condenada a una pena o sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme……. después de haberse Probado los hechos en juicio oral y público llevado acabo conforme los principios establecidos en la constitución de la república, tratados con estricto apego a los derechos del imputado”; Articulo 2 del código procesal penal “Todo imputado será considerado nocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente de conformidad con las normas de este código del Código Procesal Penal; Articulo 8 Inciso de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos “Toda persona inculpada de un delito, tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”; Articulo 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos “Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se• presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público que se haya asegurado todas las garantías necesarias para su defensa ya que se observará al estudio de lo ampliamente expuesto los elementos probatorios generaban dudas por consiguiente eran favorables, para Juan Manuel Galeano Paguada al señalársele sobre todo como autor del delito de Violación Especial en perjuicio de D. M. R. C. siendo condenado prácticamente por las declaraciones de las ofendidas quienes al tenor de las incongruencias precisadas quedo patentizado que lo denunciado en el presente motivo no reunía ese requisito de precisión, pertinencia y concordancia para enervar ese estado de inocencia que la norma exige ya que no constituía prueba suficiente, consecuentemente constituyendo motivo para someter a Control casacional la presente causa con la pretensión que se verifique los juicios esgrimidos sobre la prueba de cargo legalmente obtenida e incorporada y la incoherencia de la sentencia con la prueba encaminando el motivo casacional a obtener una conclusión de la Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal vinculada al recurso interpuesto para garantizar el resguardo de la prerrogativa infringida en el entendido que la sentencia condenatoria vulnera el citado artículo 89 Constitucional. APLICACIÓN PRETENDIDA: Considerando lo anteriormente expuesto es de interés someter a esta Honorable Corte Suprema de Justicia en la Sala de lo Penal el estudio del precepto infringido al caso concreto entiéndase los yerros del A-quo que generaron una sentencia condenatoria sin suficiente fuerza probatoria (concluyente) en contravención a la tutela judicial efectiva que deben procurar los Tribunales resolviendo en concordancia a los preceptos jurídicos constitucionales (art. 89 Const.), penales sustantivos y penales adjetivos que se han invocado en los apartados que preceden, siendo conducente que se declare Con Lugar el motivo de Casación por haberse Vulnerado el derecho al Estado de Inocencia que el Tribunal Sentenciador obligatoriamente debía resguardar pero que no realizo desestimando los argumentos esgrimidos en el juicio por la defensa omitiendo la obligatoriedad de resolver acorde al artículo 339 del Código Procesal Penal que ordena en caso de duda la Absolución siendo procedente que esta sala declare con lugar el motivo absolviendo a mis representados de cualquier responsabilidad penal. RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCION DE LEY: PRIMER MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY: Aplicación indebida de norma penal sustantiva armonizado al artículo 32 y 140 del Código Penal, el cual prevé lo relativo a participación a titulo de autor y delito de violación. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 360 párrafo primero del código Procesal Penal, por concurrir error In Iudicando en la sentencia que se recurre, cuyo contenido de la citada norma literalmente expresa “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. EXPOSICIÓN DE MOTIVO PRIMERO: Los hechos declarados probados que sirvieron de motivación para dictar sentencia condenatoria, es precisamente la vinculación directa que según declaraciones de las supuestas ofendidas relacionan a mi representado Juan Manuel Galeano Paguada en la comisión del delito de VIOLACION a titulo de Autor material, dicha declaración de responsabilidad es discordante con la prueba examinada en juicio ya que al ser sometidos al contradictorio la ofendida se comprobó que en la Imputación formulada por el Ministerio Publico surgieron una serie de inconsistencia que no eran concordantes con la prueba y pericial por no haberse comprobado de forma incuestionable que el inculpado haya accedido carnalmente via vaginal a la ofendida D. M. R. C. en vista que la única prueba vinculante es su inconsistente testimonio que valora el a-quo absteniéndose de pronunciarse adecuadamente sobre el valor decisivo del resto del material probatorio de descargo y pericial que evidenciaba incertidumbre con respecto a los hechos denunciados hasta el año 2011 después de una década de aparentemente estar ambas ofendidas siendo víctimas de agresiones sexuales en sus visitas a la ciudad de la Ceiba restando credibilidad a sus declaraciones que fueron incongruentes con los datos proporcionados a los peritos que examinaron sobre todo a D. M. R. C. consecuente no eran incriminatorias, se infiere que fue una imputación con premeditación o móvil espurio por disputas familiares sobre los bienes del señor Gabino Cordova (Q. D. D. G.) padre de José Francisco e Iris Cordova (madre de las ofendidas), incumbe destacar que el artículo 140 del código penal párrafo segundo como ley sustantiva establece que se sancionará “son casos especiales de violación el acceso carnal con persona de uno u otro sexo cuando sin mediar violencia, amenaza, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes sancionado con pena de quince (15) a veinte (20) años de reclusión.1) cuando la víctima sea menor de catorce (14) años....”, siendo notable que en la acción atribuida al vincularla con el tipo penal deben concurrir todos los elementos objetivos o descriptivos estimando que el verbo rector “será el acceso carnal” fraternizado posteriormente con la antijuricidad para que la manifestación de voluntad se comprenda en el reproche que lesiona un bien jurídicamente protegido como en el caso preciso que es la “libertad sexual” de la cual fue aparentemente objeto D. M. R. C. para que posteriormente comprobados los elementos antedichos se proceda al estudio de los elementos subjetivos que constituyen el Dolo o la Culpa siempre interrelacionando el material probatorio entendiéndose que debe ser congruente no contraponiéndose entre ellos que de forma inequívoca inculpe a los responsables, es Imprescindible que para que una acción se penalice debe encuadrarse en el ordenamiento jurídico de lo contrario al no demostrar tales extremos no se podría declarar la responsabilidad penal de un individuo evaluando la prueba desarrollada en juicio el a-quo conforme a las reglas de la sana critica racional debió Absolver por la contrariedad que se evidencio en juicio, No obstante el a-quo aplica indebidamente la citada norma sin haberse comprobado indubitablemente que el Imputado Juan Manuel Galeano Paguada haya tenido acceso carnal con la supuesta ofendida por las negaciones entre testimonios siendo de trascendental importancia su estado físico evaluado por el Dr. René Orlando Banegas conforme el dictamen 320-2011 efectuado el 15 de marzo del 2011 donde claramente se expone lo que relato la supuesta víctima de violación indicando que la agresión ocurrió a cuando tenía 12 años de edad en pleno inicio de adolescencia razonando que esos hechos que ella imputó a mi representado acontecieron en el año 2008 y no el año 2006 como equívocamente fijó el a-quo en su valoración intelectiva apartado tercero párrafo ultimo previo al mismo se efectúa por una afirmación de concordancia entre los testimonios de cargo y descargo habiéndose examinado y contra examinado los mismos como apunta el tribunal sentenciador en el párrafo 2, 3, 4 de la pagina 9 de la sentencia, pero despoja posteriormente de credibilidad los testimonios del inculpado Juan Manuel Galeano Paguada, Pamela Vinicia Galeano José María Cárcamo, Vivian Aureliano Cano (testigo de cargo) expresando que se le otorga total validez a los testimonios de Iris Córdova, D. M., A. N. ambas R. C. constituyendo una afirmación incompatible, en la causa que se recurre nunca hubo evidencia física que innegablemente determinará que hubo penetración o acceso carnal a D. M. por parte del inculpado, en su testimonio visible a página 16 del acta de debate, renglones 23-27 D. M. exteriorizo lo siguiente “talvéz como a los 10 años (contradictorio al relatado a los peritos al externar que fue abusada a los 12 años de edad) sus padres habían salido, se había despertado tarde, escucho que alguien toco la puerta y pensó que era su mama que regresó, pero era Juancho cerró la puerta con llave pidió que me desvistiera, esa vez si abuso sexualmente de mi” bajo esa premisa considerando que era una niña sumado a las proporciones del miembro viril del inculpado definitivamente hubiese generado un desgarro que improbablemente iba a ocultarse, a renglón 48 al 51 de la página 16 del acta de debate a interrogatorio del Ministerio Publico respondió “cuando Juan Manuel abuso de mi fue en la casa de mi tío, en el tercer nivel del edificio, me pregunto si tenía mi periodo porque podía quedar embarazada, introdujo su pene y dijo estas sangrando puede ser peligroso y se fue”, en los renglones 17 y 18 de la pagina 17 del acta de debate a preguntas de la defensa respondió “me acostó en una cama, me quito el pantalón, la cama no se mancho de sangre” pero si se estaba levantando D. de dormir como es que le quito el pantalón? al análisis de esta manifestación que contrastan definitivamente con su primera revelación, sumado a que en el caso que hubiera sangrado si la acostó en una cama tenía que generarse evidencia física pero nunca se comprobó siendo interesante que en el relato al Médico Forense René Orlando Banegas (folio 237) denuncio que “Juancho la obligo a entrar a un dormitorio, le quito su pantalón y su blúmer a la fuerza y él se desnudo, me metió el pene en la vagina, me dolió, luego vi que le salía un liquido blanco por el pene” contrariándose nuevamente al señalar que Juan Manuel Galeano Paguada ingreso a la habitación donde ella estaba porque abrió la puerta al escuchar que la tocaban, a folio 242 relató a la Trabajadora social que el inculpado “le quito su pantalón y ropa interior y la acostó en la cama, el se quito su pantalón y abrió su piernas y le introdujo su pene al ratito se fue porque dijo que podía quedar embarazada, le decía que no le contara a nadie lo sucedido, agrega D. que recuerda que cuando se cambio estaba sangrando”, pero curioso resulta que a la fecha de la evaluación visible a folio 237-239 tiene “himen integro, sin ruptura” comprendiendo que es una señorita, arguye el perito que posee himen elástico que permitió el paso de dos dedos pero que definitivamente no se puede comparar con un pene en erección con las proporciones consignadas en el dictamen del Médico Forense Cesar Alejandro Dávila numero 2016010101000106 visible a folios 21-223 que posee el inculpado aún cuando el médico René Orlando Banegas en página 7 del acta de debate a renglón 40-44 subrayando que todo dependerá del desarrollo de la niña que en el caso que nos incumbe se trataba de una menor que se supone cuando sucedieron los hechos contaba con “10 años de edad”, aunado esté desconoció el contenido del dictamen de antropometría de genitales externos del Dr. Cesar Dávila tratando de justificar su dictamen. SEGUNDO: Considerando que hubiese sucedido o acontecido el delito de violación mi representado hubiera desgarrado a la supuesta ofendida provocando severos daños en la vagina de D. M. la cual al día de la evaluación estaba intacta por tanto asegurar el a-quo que arribo a una verdad material e histórica de los hechos respecto al delito de Violación especial valorando el verbo recto de acceso carnal es inverosímil, recalcamos que en la causa que nos incumbe no se comprobó científicamente que Juan Manuel Galeano Paguada haya accedido carnalmente (sexual) a la supuesta ofendida contra su voluntad obviamente no se colige que el imputado haya mantenido relaciones sexuales, estas incongruencias dejan al descubierto las fragilidades de la Tesis Acusatoria que el Tribunal sentenciador valida, y cuya probanza utilizada en el cuadro factico de los hechos declarados probados se extrajo únicamente de los testimonios de D. M. y A. N. porque la madre Iris Córdova según declaró “nunca supo nada, ni detecto nada”, concediendo una resolución a la cual se generó buscarle sentido con valoraciones subjetivas forzando las circunstancias para enmarcarlas en el tipo penal reprochado siendo incierto que el imputado haya tenido acceso carnal con la ofendida consiguientemente no se puede responsabilizar del delito de Violación, desdichadamente el a-quo no aprecio estaos elementos fundamentales que hemos señalado concienzudamente, en los apartados tercero y cuarto de la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba donde se determino que los medios probatorios establecieron la participación del inculpado desposeyendo concordancia con la fundamentación jurídica “Condenando a Titulo de Autor a Juan Manuel Galeano Paguada sin correspondencia con las normas invocadas”, evidenciando un comportamiento antagónico en la sentencia que se recurre la que se proyecta como acéfala en los aspectos antedichos ya que resulta indispensable acreditar el acceso carnal de lo contrario estaríamos frente la ausencia de los elementos objetivos de la infracción penal reprochada los cuales al no concurrir no constituirán elementos suficientes que enerven el estado de inocencia que amparaba a mi representado; Evaluando lo anteriormente expuesto el suscrito recurrente no comparte lo resuelto por el Tribunal sentenciador que en su Sentencia definitiva estimo que nos encontrábamos ante un delito consumado acotando que el bien jurídicamente protegido había sido objeto de lesión (libertad sexual), hay que evaluar acorde a las exigencias procedimentales en la sentencia que debe ser el fruto de un escrupuloso respeto de los preceptos jurídicos y evitar cualquier intento de modificación como el “caso que nos ocupa” el que vislumbra la exclusión de lo preceptuado en el artículo 339 del Código Procesal Penal, es de lato conocimiento la intangibilidad de los hechos declarados probados en juicio, sin embargo no menos cierto es que hay imprecisión entre la norma penal sustantiva aplicada por razón de los relatos desprendidos en juicio, la defensa en todo momento arguyo que la presente causa no constituía delito de violación al no comprobarse el presupuesto que lo legítima ya que la prueba no era propicia para sostener esa teoría, prueba que no constituyo lo suficientemente concluyente para determinar que mi representado es culpable, es procedente al invocar el motivo de casación con que se acomete contra la sentencia por la aplicación indebida de la norma penal sustantiva sucesiva a los hechos declarados probados en la sentencia reñido a su correcta subsunción en la norma jurídico-penal en el sentido estricto.- Corresponde por esta vía poner en conocimiento del Tribunal supremo este tipo de disipaciones jurídicas que atañen el proceso consiguientemente la aplicación correcta de la ley imperará en un estado de derecho, como establecía Becaria, que la pena entonces, debe ser proporcional al delito efectivamente cometido como en el caso de autos, los hechos probados se consideran una verdad indiscutible y que no se pretende atacar, pero si se trata de analizar los mismos por razón de considerarse la inobservancia de la norma penal sustantiva en la errónea aplicación del citado precepto jurídico del código penal (art.-140) que estimamos no debió emplearse al caso concreto siendo procedente que se proceda a dictar una sentencia absolutoria por duda razonable, sirve de fundamento para el presente motivos lo establecidos en los artículo 3 del código civil “solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”, articulo 17” No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, articulo 18 ‘Cuando el legislador definiere expresamente las palabras para ciertas materias, se les dará en estas su significado legal” articulo 19 “el contexto de la ley servirá para ilustrar el sentido de cada una de sus partes, de manera que haya entre todas ellas la debida correspondencia y armonía”, articulo 20 “en los casos en que no pudieren aplicarse las reglas anteriores, se interpretaran los pasajes obscuros o contradictorios del modo que mas conforme parezca al espíritu general de la legislación y a la equidad natural, correlacionado al artículo 18 del código procesal penal” APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de la sentencia de desprende que la acción atribuida no puede subsumirse la conducta reprochada a mi representado por la comisión a titulo de autor directo y material de un delito consumado de violación Debiendo por tanto casar la sentencia y se dicte fallo absolviendo al señor Juan Manuela Galeano Paguada, conforme las disposiciones del artículo 339 del código procesal penal precepto aplicable al caso concreto. SEGUNDO MOTIVO DE CASACION POR INFRACCION DE LEY.- APLICACIÓN INDEBIDA DE NORMA PENAL SUSTANTIVA: Aplicación indebida del artículo 32 armonizado al artículo 141 del código penal, que prevé lo relativo a la participación a titulo de autor y el delito de actos de lujuria. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 párrafo primero del código Procesal Penal, por concurrir error In Iudicando en la sentencia que se recurre, cuyo contenido de la citada norma literalmente expresa “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo”. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando que entre los delitos inculpados a Juan Manuel Galeano Paguada se atribuyo el de actos de lujuria conforme las disposiciones del artículo 141 del código penal que se sanciona como un tipo penal contra la libertad sexual, al estudio de la sentencia el a-quo en valoración descriptiva e intelectiva de la prueba en su cuarto apartado pág. 10 a renglones 18-23 referente a D. M. R. C. extrae de su testimonio lo que estimo, sin embargo al valorar los hechos narrados en juicio por esta joven es importante indicar que ella con precisión señalo en su testimonio visible a página 16 del acta de debate lo siguiente “luego tenía 8 años de edad, estábamos en la casa de mis tíos, almorzamos, me quede en la primera planta en la computadora, lego Juancho y me dijo que quería que viera un video , me puso un video pornográfico……luego al otro día mis tíos subieron almorzar yo me quede en la computadora Juancho llego, me arrimo a una mesa e intento abusar de mi, mi tío o alguien hablo y ahí se detuvo”, situando las cosas de un punto de vista cronológico al poseer 8 años de edad D. M. exactamente por consiguiente los sucesos debieron ocurrir en el año 2004 no como afirma el a-quo en su apartado IV (4) donde responsabiliza a Juan Manuel Galeano Paguada de actos de lujuria acontecidos “un día entre los meses de junio y agosto del 2003” ya que acorde al apartado V (5) de los hechos probados el delito de Violación aconteció en el año 2006 cuando D. M. poseía 10 años de edad según la verdad a la que arribo el tribunal sentenciador, conforme esta manifestación incongruente con las respuestas a las preguntas que formulo el Ministerio Publico donde ya cambia D. M. la versión con respecto a este supuesto suceso manifestando a renglón 38-41 “en la segunda ocasión estábamos en la casa de mi tío, en el negocio, ellos Vivian en el mismo edificio , ese día comenzó a tocarme el busto, me desvistió, comenzó a tocarme las nalgas y en eso mi tío hablo y no paso nada mas, yo tenía como 8 o 9 años”, agregando posteriormente ya a su testimonio que la había desvestido constituyendo una situación trascendental como se contradice con respecto a esta circunstancia que el a-quo quien le otorga total credibilidad no examino concienzudamente cuando es evidente la incongruencia sobre que haya sido víctima de actos de lujuria propensos a la búsqueda de placer sexual por parte del inculpado, siendo discordante una manifestación con la otra erróneamente concluyendo el a-quo que esto había generado un delito de actos de lujuria, cuando durante el desarrollo del recurso de casación ha quedado al descubierto como las dos hermanas que viajaban con sus padres, que tienen solo un año de diferencia, que permanecían juntas durante los viajes en compañía de sus progenitores, durante una década (10 años) visitaron la ciudad de la Ceiba, en ocasiones ocupaban el edificio donde moraba José Francisco Córdova (tio materno de las supuestas ofendidas) o la asa de habitación propiedad de don Gabino Córdova situada en la colonia “El Sauce” no se percatara nadie de los hechos que delataron hasta el año 2011 los cuales se percibe iniciaron en el año 2000 como apunto A. N. quien fue imprecisa con falta de persistencia en sus testimonios a los que el a-quo según lo expone en la página 20 de la sentencia párrafo ultimo “la persistencia y firmeza del testimonio , las niñas mantuvieron su esencia durante el proceso, lo ratificaron en la audiencia de juzgamiento, fueron examinadas y contra examinadas…… obviamente se apreciaron algunas diferencias en sus relatos, que se infiere a su edad y madurez que tenían cuando se suscitaron los hechos y el tiempo transcurrido” afirmación incompatible con lo manifestado en sus testimonios, pero no debemos olvidar las manifestaciones de los peritos con respecto al recordar, almacenar y evocar momentos significativos como expuso precisamente el siquiatra forense José Luis Cruz Flores a página 8 del acta de debate a renglón 34. SEGUNDO: La norma aplicada que poseía vigencia en aquel momento antes de la reforma del citado artículo mediante decreto legislativo 234-2005 establecía “articulo 141 (actos lujuriosos) quien valiéndose de las condiciones o empleando los medios indicados en el artículo anterior hace victima a otra persona de actos de lujuria distintos del acceso carnal, será penado con tres (3) a cinco (5) años de reclusión” es importante determinar que no se probo en juicio que concordantemente con el apartado denominado “motivación jurídica” que Juan Manuel Galeano Paguada haya hecho victima a D. M. R. C. de actos de lujuria conforme el articulo 141 vigente hasta el año 2005 según el decreto referido ya que no estipula mas que se ejecute al “acto con violencia o intimidación” circunstancia no comprobada” y argüidas por el a-quo en su decimo segundo apartado denominado motivación jurídica de la sentencia donde exculpan a Juan Manuel Galeano Paguada por el mismo delito de actos de lujuria, en consonancia con el articulo en vigencia en ese momento histórico “requería por ejemplo el numeral 1 del art.- 140: La víctima sea menor de 14 años o mayor de 12 años”, tampoco se probo que se encontraba privada de razón o voluntad o cuando por cualquier causa no pueda oponer resistencia, consecuentemente hemos indicado anteriormente que la ley es taxativa invocando el artículo 17 del códiao civil traduciéndose que el a-quo si considero los mismos aspectos para absolver a Juan Manuel Galeano Paguada por los actos delictuosos atribuidos en perjuicio de A. N. R. C. no los aplico para los actos atribuidos en perjuicio de D. M. R. C. los que poseen idénticas condiciones, por tanto no se cumplían los presupuestos exigidos por la ley (elementos objetivos del tipo penal), articulo 1 del código penal “nadie puede ser penado por infracciones que no estén determinadas en una ley anterior a la perpetración de un delito” para que se dictara una sentencia condenatoria, valorando los elementos exigidos por la ley (el principio de legalidad dentro del cual los servidores públicos se encuentran limitados y subordinados al imperio de la ley), no obstante el criterio Indócil del a-quo que no razona la supremacía de la ley al observar su inicua sentencia para Inferir ese pensamiento antagónico razonamiento donde absuelve y condena bajo las mismas premisas, al aplicar la ley penal sustantiva debe ser bajo la observancia del respeto a los derechos y garantías que acogen al procesado basado en el principio pro homine que implica que la interpretación jurídica debe buscar el mayor beneficio para el ser humano, es decir, que debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio, que se contempla en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el a quo al unisonó yerra en su fallo que asume como una verdad Intangible a su juicio cuya interpretación insistimos errada en el referido año 2003 según el desarrollo de la audiencia juzgamiento se ha encontraba bajo el imperio de la ley aplicable en ese entonces el delito reprochado, en conclusión el suscrito discrepa con la resolución equivoca del tribunal sentenciador “artículo 3 del código civil “solo toca al legislador explicar o interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio”, articulo 17 “no podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”, por lo que a nuestro criterio es que no pueden estar interpretando la ley de la manera que perjudique al inculpado siendo nuestro criterio que se aplico indebidamente la supra indicada normal penal (art.- 141) siendo lo procedente la absolución de forma concordante a la constitución y armónicamente sobre lo solicitado por la defensa al no acreditarse el tipo penal de actos de lujuria, razón que nos lleva a interponer el presente recurso con motivo de la infracción señalada. APLICACIÓN PRETENDIDA: Del análisis de la sentencia se concluye que se ha incurrido en motivo de error In ludicando por la aplicación indebida del artículo 141 del código penal, decreto legislativo 59-1997, debiendo por tanto casar la presente sentencia declarando con lugar el motivo expuesto procediendo a dictar fallo Absolutorio a favor de Juan Manuel Galeano Paguada por el delito de Actos de Lujuria en perjuicio de D. M. R. C., sirviendo como norma aplicable al caso concreto el artículo 339 del código procesal penal. MOTIVO DE CASACION POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA.- La sentencia dictada por el A-quo incurre en “Inobservancia en la Valoración de la Prueba de las reglas de la sana critica”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 382 # 3 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: PRIMERO: Considerando la prueba desarrollada en juicio el A-quo el suscrito es del criterio que se ignoraron las reglas de la sana critica racional al momento de valorar la prueba en su conjunto que haya sido Evacuada en juicio estimando dar como probado en la sentencia que mi representado Juan Manuel Galeano Paguada fue responsable penalmente del delito de Violación Especial y Actos de Lujuria en perjuicio de D. M. R. C. infringiendo lo preceptuado en el articulo 202 del Código Procesal Penal generando un Error In Procedendo” o vicio procesal e igualmente la regla 4 numeral 2 del artículo 338 de la citada norma legal, Las reglas de la Sana Critica están integradas por principios fundamentales del intelecto humano, pilares de todo conocimiento racional e instrumento de certeza, que busca el camino hacia la verdad lógica y ontológica y por otra parte por las reglas empíricas denominadas máxima de experiencias, el sistema de valoración de la prueba le permite al Juzgador cierta libertad sobre la estimación de ella con irrestricto respeto a las reglas de la lógica, sicología y experiencia común, la sentencia que se impugna posee vicio que causa agravio ya que atropella las antedichas reglas que comprende la “Sana Critica” la que se somete o encuadra a las reglas que gobiernan el entendimiento humano para determinar cuáles juicios son verdaderos o falsos por consiguiente la motivación lógica debe poseer las características de Coherencia (no ser contradictoria o equivoca), razón suficiente (sustentarse en inferencias razonables y sucesión de conclusiones que se vayan originando) y observar las normas de la sicología y máximas de la experiencia común consecuentemente se ocupa la correcta aplicación del “Principio de Razón Suficiente” como las reglas de la experiencia de un hombre común, en concordancia a los elementos que la comprenden; Reflexionando sobre el fallo que se recurre el a-quo está en la ineludible obligación de utilizar inferencias razonables cimentando su sentencia bajo los elementos expuestos anteriormente, no obstante basa su decisión únicamente en las declaraciones de D. M. R. C. y A. N. R. E., quienes en sus testimonios no fueron contestes, verosímiles y proporcionadas con los hechos que develaron, desdichadamente el a-quo si les otorgo esas características según establece en el apartado cuarto del la Valoración descriptiva e intelectiva de la prueba, pagina 17, párrafo penúltimo “análisis intelectivo de los medios de prueba descritos”, se infiere que el tribunal sentenciador procuro darle validez a los testimonios de estas dos jóvenes a quienes a pesar de expresar en el párrafo ultimo de la pagina 20 de la referida sentencia que “obviamente habían contradicciones en sus relatos, infirieron que se debía a su edad y madurez” situación contrapuesta con respecto al juzgamiento, objetividad y credibilidad que carecieron las supuestas víctimas, sus testimonios no se adecuaban a las circunstancias que pretendieron proyectar durante el juicio siendo que fueron objeto de valoración para absolver y condenar bajo las mismas premisas al “no situar en tiempo y espacio” los acontecimientos correctamente según afirma el a-quo en su penúltimo párrafo de la pagina 22 de la sentencia donde precisamente determinan “sin embargo la versión de las niñas (mujeres al testificar en juicio) sobre esos otros episodios de agresión sexual no fueron precisas, ni terminantes, por insuficiencia probatoria procede la absolución”, esta afirmación fue declarada por el tribunal sentenciador que se contrapone definitivamente a las reglas de la sana critica, en juicio ambas ofendidas quedaron al descubierto sobre sus inconsistencias relativas al tiempo y como se suscitaron los supuestos abusos, D. M. señalo que ella fue objeto de tocamientos al tener 8 años de edad ubicándola cronológicamente en el año 2004 pero el aquo ubica estos hechos en el año 2003 según el apartado IV de los hechos probados de la sentencia, apunto que fue objeto de abuso sexual visible a renglones 23-27 del acta de debate al tener 10 años de edad ubicándola en el año 2006 cronológicamente señalando que Juancho entro “le dijo que se desvistiera esa vez y abuso sexualmente” , a renglón 17 de la página 17 del acta de debate manifestó “me acostó en una cama y me quito el pantalón”, a renglón 30 de la página 17 del acta de debate manifestó D. que sangro y se limpio sin embargo al relato que hizo al evaluador según dictamen 320-2011 realizado por el Dr. René Orlando Banegas respondió que fue abusada a los 12 años de edad y no a los 10 años como indico en juicio quedando como cierto para el a-quo esta ultima edad expresada, le do al evaluador que el agresor “la obligo a entrar a un dormitorio, le quito el pantalón y blúmer a la fuerza y el se desnudo, y le metió el pene en la vagina……. siempre me amenazo…….. no se aplico ducha vaginal, no se baño, no se cambio, no se limpio (folio 237-239), al dictamen siquiátrico forense visible a folios 243-245 refirió D. M. en el apartado de la “Historia médico legal que a la edad de 12 el (inculpado) la obligo a ver videos pornográficos y la abuso sexualmente en dos ocasiones, siendo curioso que según los testimonios de las dos ofendidas coincidieron que las computadoras se encontraban en la primera planta (acta de debate pagina 16, renglón 19 y pagina 17, renglón 45, 46) y no en el dormitorio donde pernoctaba D. M., al dictamen social visible a folio 240-242 la madre de las Ofendidas expreso que “ella le pregunto a sus hijas si Juan Manuel les había hecho algo y las niñas respondieron que no”, relato D. a la Trabajadora Social que “usando ella la computadora llego el inculpado la agarro del brazo y empezó a quitarle el pantalón y luego su blúmer, el se quito el pantalón y el calzoncillo y le dijo que se colocara en un sillón luego le introdujo su pene en la vagina le dijo que no hiciera bulla……. posteriormente al siguiente día se encontraba sola en el cuarto …..escucho que tocaban la puerta abrió pensando que era su tía Pamela y su sorpresa fue ver al inculpado (en juicio relato que abrió pensando que era su madre, renglón 24, 25, página 16 del acta de debate) quien inmediatamente entro al dormitorio le puso llave a la puerta le quito el pantalón y ropa interior y la acostó en la cama, el se quito su pantalón le abrió las piernas e Introdujo su pene al ratito se fue…. recuerda que cuando se cambio estaba sangrando (al perito René Banegas le dijo lo contrario, que no uso ducha vaginal, no se baño, no se cambio)” contrastando con lo expuesto en juicio donde exteriorizo que Juan Manuel Galeano toco la puerta del cuarto y ella abrió, al perito René Orlando Banegas le manifestó que el inculpado la “obligo a entrar a un dormitorio”, a renglón 30, 31 del acta de debate manifestó “fui al baño, me limpie pero no sabía porque sangraba”, inconsistencias que fueron identificadas por el a-quo pero que no le dieron mayor importancia para exculpar a Juan Manuel Galeano Paguada por los delitos que fue encontrado responsable penalmente, no puede considerar lo mismo la edad señalada a los peritos (12 años) justo cuando se promovió la denuncia en febrero del año 2011 época que fueron evaluadas inmediatamente en la que D. M. tenía 15 años de edad y A. N. 16 años de edad comprendiéndose que no podrían equivocarse en un dato tan importante que les habla marcado su vida, no obstante en juicio cambian la versión de los hechos procediendo acomodarlos de forma que se perjudicara al inculpado, en el dictamen Sicológico forense de fecha 18 de mayo del 2011 visible a folios 268-270, se determino por la Lic. Sayda Lorena Fuentes que D. M. R. C. haya sido en el pasado objeto de abuso sexual, sin arrojar mayores datos en su diagnostico conclusión que los siguientes: 1) personalidad en formación en la etapa de la adolescencia con núcleos ansiosos y 2) capacidad intelectual superior a Cl-125, siendo un dato importante que la perito sicóloga forense no utilizo pruebas de validación del testimonio reflexionando que los testimonios son manipulables a conveniencia de quien lo efectúa, el a-quo en la sentencia impugnada buscar darle sentido extrayendo solo apartados que realmente no reflejan el análisis exhaustivo de elenco probatorio evacuado en juicio imparcialmente visibles a pág. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la sentencia condenatoria. SEGUNDO: Considerando los criterios utilizados por el a-quo en la valoración de la prueba es importante analizar que se dio credibilidad a Iris Córdova (pag. 15 del acta de debate, renglón 24, 25, 26), D. M., A. N., P. V., José Cárcamo (pág. 11, acta de debate, renglón 38), Vivian Aureliano Cano, y Juan Manuel Galeano Paguada sobre su ausencia del país que no fue controvertida pero desdichadamente el a-quo perniciosamente asegura que para los años que indico D. M. si se encontraba en el país ubicándolo en Honduras según el párrafo primero de la pagina 22 de la sentencia, contrariándose el tribunal sentenciador en el apartado quinto de la valoración descriptiva e intelectiva de la prueba donde establecen “para el tribunal quedo acreditado que el inculpado viajaba fuera del país, al respecto es concordante la versión del acusado………,” consiguientemente al darle valor a estas afirmaciones las que fueron efectivamente expresadas en los testimonios de los participantes en juicio el tribunal sentenciador da por probado esta circunstancia pero que ulteriormente de forma contradictoria lo sitúa en Honduras rompiendo las reglas de la lógica y procedió a dar credibilidad únicamente a los testimonios de D. M. y A. N. contraponiéndose en su propia afirmación (pág. 16 acta de debate, renglón 24, 25, 26, pág. 17, renglón 12, 13), infiere el tribunal que otra tesis de la defensa fue que en sus deposiciones tanto José Cárcamo, Pamela Vinicia Galeano, Vivian Aureliano Cano exteriorizaron que en el año 2006 Iris Córdova madre de las ofendidas no viajo con ellas (pág. 12 y 13 del acta de debate) y Juan Manuel Galeano Paguada manifestó que el año 2006 no vio a D. M. y A. N. porque no se encontraba en el país, hecho que ha sido de significante controversia porque son las propias ofendidas que lo ubican en el exterior varias veces (pág. 5, acta de debate, renglón 15, 16) la antedicha tesis no se le otorga validez objetiva sobre este aspecto que no fue rebatido por la contra parte con gran empeño, pero constituye de gran relevancia que la propia madre de las victimas Iris Córdova concuerda con el testimonio del inculpado sobre el hecho que él viajaba e incluso sus propias hijas manifestaron que Juan Manuel Galeano Paguada estuvo en Estados Unidos como en Europa, predicha circunstancia fue cierta según el a-quo pero que los años indicados por D. M. si se encontraba en el país, siendo ilógico que adecuen su presencia para los espacios de tiempo que citan las supuestas ofendidas en su perjuicio porque no son concordantes sobre todo D. M. quien fue la que sufrió aparentemente abuso sexual contra su voluntad a los diez (10) de edad tiempo que ya posee capacidad para almacenar un dato revelador sobre una situación desagradable que marcaria su vida era imposible no precisar el año puntualmente pero en juicio manifestó una edad y en las entrevistas realizadas por los peritos a D. M. en el año 2011 cuando contaba con 15 años de edad les expreso que el abuso sexual sucedió a los 12 años edad periodo de tiempo de interés porque descarta la credibilidad total que le otorgo el a-quo, en juicio apuntamos que transcurrió una década cara que D. M. hablara con una persona aparentemente sobre el tema señalando que se lo manifestó a un maestro de nombre “Tym Borjas”, “contrariando esta afirmación su madre Iris Córdova que expreso que D. lo delata por medio de una “carta que envía a un compañerito” (renglón 39, pág. 14 del acta de debate), D. sostuvo que estos abusos acontecieron en Ceiba cada vez que visitaban la ciudad cuando se hospedaban en el edificio de su tío sin embargo manifestaron que en otras oportunidades se hospedaban en la casa del abuelo Gabino Córdova en la colonia el “Sauce”, relató de Iris Córdova (pág. 14 acta de debate, renglón 59), por consiguiente no era permanente que llegaban al edificio donde vivía José Francisco Córdova que si era frecuentado por Juan Manuel Galeano Paguada en vista que su hermana estaba casada con el hermano de Iris Córdova (José Francisco) hecho no controvertido, igualmente la novia de Juan Manuela Galeano Paguada llamada Mayra Meraz se encargaba de los cuidados especiales que requería el señor Gabino Córdova padre de José Francisco e Iris, se coincidió que se quedaba a ciertas veces pernoctando en el lugar quedándose con su Novia Mayra Meraz circunstancia refrendada por todos los testigos de cargo y descargo; Admitir el a-quo como una verdad incuestionable có’[i observación expuestas sobre que D. M. R. C. “fue abusada sexualmente a los 10 años de edad un día entre los meses de junio a agosto del año 2006 en el edificio que habitaba su tío José Francisco Córdova y familia”, constituye en una afirmación temeraria si examinamos la prueba concienzudamente ya que no refleja la verdad que adopta el a-quo, asiendo contradictorio a la experiencia común que ambas hermanas que visitaban junto a sus padres la ciudad de la Ceiba, se hospedaban en el edificio que habitaban varias personas entre ellas, José Francisco Córdova, Pamela Vinicia Galeano e hijos, Gabino Córdova, Mayra Meraz, José cárcamo, Vivian Aureliano Cano, y se pudiera ejecutar un acto reprobable de esta naturaleza sin que alguien evidenciara las anomalías que originan estas acciones aunado que como señalamos líneas atrás a una edad de 10 o 12 años de edad perfectamente cualquiera de las ofendidas hubiera solicitado auxilio, confesado a sus padres o tíos o autoridades de forma inmediata o mediata, pero todo siguió normal hasta que supuestamente D. M. decide hablar una década después que habían abusado sexualmente de ella (reacciones instintivas de supervivencia o protección de la integridad física). TERCERO: Valorando el lugar donde ocurrió supuestamente los hechos no era desolado y siempre había personas alrededor, D. M. en sus evaluaciones no presento lesiones paragenitales que corresponden a la superficie interna de los muslos, glúteos y parte baja del abdomen y tampoco en la parte extragenital que corresponde a los brazos, cuello, muñecas, tobillos, himen íntegro sin ruptura que no evidencia acceso carnal ya que la ley sanciona exactamente eso el acceso sin voluntad o bajo los presupuestos que transfiguran el delito en violación especial, el a-quo en total inobservancia de las reglas de la sana critica racional debió procurar que el andamiaje probatorio poseyera correspondencia entre si y no se excluyera como asombrosamente ocurrió, al inculpado se le efectuaron ciertas evaluaciones como pruebas de descargo fueron importantes a nuestro juicio pero desvaloradas por el a-quo extrayendo únicamente lo perjudicial como el dictamen número 2016010101000106 de fecha 08 de febrero del 2016 realizado por el Dr. Cesar Dávila quien efectuó una medición del miembro viril de Juan Manuel Galeano Paguada estableciéndose que este poseía un pene fuera de los rangos normales para América latina que son de 7 a 9 centímetros en flacidez y en erección de 13.5 a 15.5 centímetxros, precisando que el pene del imputado flácido media 13 centímetros con circunferencia de 10 centímetros y que en erección medía 16.5 centímetros y circunferencia 11.5 centímetros sin alcanzar erección plena constituyendo un miembro viril fuera de los parámetros normales visible a folios 218, 219 y 220 constituyendo algo fuera de serie que si realmente hubiese violado a D. M. R. C. la hubiera desgarrado; Dictamen siquiátrico 2015-0501-0201-241 (visible a folios 246-248) efectuada a Juan Manuel Galeano Paguada por el Dr. Alfredo Leonardo Sosa manifestando el antedicho evaluador en sus conclusiones que mi representado tiene problemas de consumo de alcohol y sustancia (marihuana) respondiendo en juicio que en el no encontraba trastorno, que no encuentra en su caso cuadró sicótico en Juan Manuel Galeano (pág. 9 acta de debate, renglón 42, 43, 55, 56), Dictamen Sicológico numero 2015-0101-0202-0091 realizado por Luis A. Reconco a Juan Manuel Galeano Paguada (folios 249-251) que concluye que refleja baja capacidad de insiath que no es más que la baja capacidad de autoanálisis sobre situaciones cotidianas y búsqueda de soluciones, esta capacidad vendría a dificultar sus dinámicas en las relaciones interpersonales que vendrían a crear un sentimiento de rechazo de este ambiente o generando conflictos con el sexo opuesto, pero importa destacar las palabras del perito “podría”, “vendría” relacionado a lo consignado en el acta de debate(pág. 10, renglón 22-26) el perito evaluador en su dictamen determina problemas sicosexuales, sin embargo en juicio inicia manifestó elementos que no correspondieron a su técnica pericial sobre la cual debía dirigirse el interrogatorio que se desnaturaliza el a-quo indagando sobre la insatisfacción de la dinámica sicosexual del inculpado elemento que el tribunal sentenciador prepondero en su inicua sentencia condenatoria sin valorar que el perito estableció que este tipo de problemas corresponde a muchos factores como inclinaciones sexuales. deseos sexuales o parafilias citando ejemplos de esta ultima como la zoofilia, necrofilia, pedofilia, pero esta tipo de trastorno es considerado como un comportamiento sexual inusual o anormal que es mayormente practicado en hombres siendo otros ejemplos de parafilia 1) exhibicionismo, 2) vouyerismo, 3) sadismo sexual, 4) masoquismos sexual, 5) froteurismo, 6) fetichismo tipificados en el DSM-IV para diagnostico clínico de James Morrison, apuntando el citado perito Luis Alberto Reconco a renglones 45, 46. 47 de la página 10 del acta de debate que “que no se podía constatar si padecía de una parafilia el inculpado; Pruebas que fueron validadas procediendo a declarar responsable penalmente a Juan Manuel Galeano Paguada del delito de Violación Especial y Actos de Lujuria Agravados en perjuicio de D. M. R. C. sin quedar demostrado efectivamente “Sin Lugar a dudas” la verdad histórica de los hechos mediante la reconstrucción de los mismos por medio de la prueba examinada bajo las reglas de la sana critica (verdad formal, conforme la cual la conclusión de un razonamiento será verdad en tanto sea verdad el contenido de las premisas) en el sentido que Juan Manuel Galeano Paguada haya sido la persona que ultrajo sexualmente a la ofendida en virtud que los testimonios fueron incoherentes contrariándose entre sí en aspectos relevantes, con la prueba documental y pericial, a nuestro juicio razonamos que el tribunal le dio únicamente el valor que le resultó convincente desprendido del testimonio de la ofendida y su hermana, que no se concatenan con el resto de la prueba según todas las observaciones que hemos formulado, premisas que son de suma importancia analizar de acuerdo a las máximas de la experiencia, sicología y analogía interrelacionado con la prueba documental y pericial permitiendo dejar al desnudo incongruencias significativas, decisivas, determinantes en la Valoración de la Prueba, que no fue concreta para determinarse cómo verdad absoluta al no tener correspondencia, analizando lo anteriormente expuesto con respecto a la incongruente valoración no se le puede considerar concluyente e inequívoco el fallo concretándose una efectiva contravención entre los elementos verificadores constituyendo invalidez probatoria en aplicación de las Reglas de la sana crítica como señalamos no siendo examinada bajo los principios de coherencia y razón suficiente que deben inexcusablemente utilizar para dictar una sentencia definitiva. CUARTO: Por lo antedicho concluimos que antes que el espíritu humano se encuentre en relación con el conocimiento de determinado hecho suele estar en estado de ignorancia y estando ante todas estas afirmaciones que tienen derecho a ser creídas estableciendo un principio racional que establezca el derecho a la credibilidad (prueba) respecto a la inocencia de mis representados basta la sola duda de la lesión al bien jurídicamente protegido “para evidenciar la falta de los elementos objetivos consecuente participación de los imputados en el delito por constituir duda razonable, siendo necesaria la certeza para decretar la culpabilidad”, por lo tanto si lo ordinario se presume lo extraordinario se prueba (principio ontológico) y que debe de ser un elemento lógico que lleve al sentenciador a establecer el origen inmediato como medio de convicción invocando el principio de “probatio ei qui dicit, non qui negat” (la prueba le incumbe a quien afirma no a quien niega) y estimando que toda persona sometida a un proceso goza del principio de inocencia, el cual solo puede ser enervado por la sentencia del órgano correspondiente que debe gozar y llenar varios requisitos entre estos una valoración adecuada de la prueba y en consonancia con el desarrollo de la misma asociado a lo vislumbrado en los artículos 198 y 199 del código procesal que tienen como finalidad que los medios de prueba establezcan la verdad de los hechos intimado al artículo 202 del mismo cuerpo legal, correspondiendo al tribunal sentenciador valuar apropiadamente las pruebas en su conjunto como se ha señalado y cuyo “norte” han de ser las reglas de la sana critica según la sicología, la lógica y experiencia por lo que hay que razonar el resultado ya que el nexo causal o lógico que liga el hecho mediato del inmediato ha de ser fruto de un proceso inductivo racional “no de una simple suposición” de tal modo que nadie puede ser condenado sobre la base de un proceso de inferencia que solo ofrezca simples conjeturas “es necesaria la certeza” ya que si esta falta o es “dudosa” la estructura procedimental es inútil, considerando que el propósito del proceso penal es evitar presunciones y establecer valoraciones objetivas de acuerdo a la prueba y en total congruencia evitando dictar una sentencia bajo razonamiento subjetivos, por lo que “darle merito señalando como concluyente los elementos probatorios desarrollados en juicio sobre todo los testimonios de D. M. y A. N. ambas R. C., prueba documental, pericial versus testifical y pericial de descargo, son evidentes las contradicciones tal y como ocurre en el presente caso representando un desequilibrio en la valoración de la prueba en su conjunto contraviniendo lo dispuesto en el artículo 202 del código procesal penal al no responder a las reglas del recto entendimiento humano (lógica, experiencia y sicología) incluyendo dentro de las reglas de la lógica las leyes fundamentales de la derivación que constituye que las conclusiones deben ser concordante y principio de razón suficiente, según Fernando de la Rua (La Casación Penal), la motivación debe respetar el principio de razón suficiente, para lo cual “el razonamiento debe estar constituido por inferencias razonables deducidas de las pruebas y de la sucesión de conclusiones que en virtud de ellas se vayan determinando”, para ello, la motivación debe ser “concordante”, a cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder convenientemente un elemento de convicción del cual se pueda inferir aquella, de tal suerte, y como lo sostiene la Ley de la Razón Suficiente, cada elemento probatorio debe de estar sustentado por otros elementos de pruebas, permitiendo que cada probanza sirva de soporte a otra u otras pruebas, consiguientemente se transgrede el principio Lógico de Razón Suficiente, que en la doctrina se explica adecuadamente diciendo como: “Todo debe tener un fundamento, una razón, es decir no puede tenerse algún hecho por cierto como un artículo de fe, por el contrario toda afirmación debe ser demostrada o fundamentada”, este principio exige que la prueba en que se cimente una sentencia, sólo permita arribar a una única conclusión y no a otra, adicionalmente la falta coherencia que se evidencia al aceptar que Juan Manuel Galeano Paguada viajaba fuera del país indicando circunstancias que para el a-quo quedaron probadas según el apartado V (5) pág. 21 ante penúltimo párrafo de la sentencia consignándose que había concordancia en el relato de todos los testigos, no obstante niega posteriormente la afirmación que realiza líneas atrás situando al inculpado en Honduras (casación penal 53-2009, reglas de la sana critica) siendo una de las razones por las cuales interesa al suscrito impetrante que se admita la prueba documental que se adjunta para que se evacue ya que discrepa totalmente con respecto a la forma en que se debatió este hecho en el acta de debate que conllevo a declarar la responsabilidad penal por un delito de Violación Especial en perjuicio de D. M. R. C. acaecido según el a-quo en su V apartado de los “hechos probados” en el año 2006 comprobando con los documentos adjuntos que Juan Manuel Galeano Paguada para ese año e inicios del 2007 se encontraba recluido en una correccional de la ciudad de Miami Dade, Estados Unidos de América, siendo preponderante su admisión y evacuación conforme lo dispone el párrafo ultimo del articulo 364 y 368 del código procesal penal al reunir los requisitos de admisibilidad según lo dispuesto en los artículos 198 y 199 del código procesal penal cumpliendo las formalidades que requiere la ley poseyendo la apostilla respectiva para que surta los efectos legales en Honduras de conformidad con el artículo 4 del convenio para suprimir la exigencia de legalización de los documentos públicos extranjeros, contenida en el decreto 109-2003. APLICACION PRETENDIDA: Estimando que el A-quo ha incidido en error In Procedendo por incurrir en “En Inobservancia de la reglas de la sana critica en la Valoración de la prueba” discurridas en los apartados que preceden es nuestra pretensión que se enmiende anulando el fallo recurrido (reenvió) siendo sustanciado nuevo juicio conforme a la ley penal adjetiva con Tribunal distinto al sentenciador.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 89 de la Constitución de la República. *Concepto de la infracción: Violación del estado material de inocencia. *Remedio de Subsanación o Saneamiento Presentado contra el Vicio Denunciado: Sin determinar por el censor. *Pretensión: Declarar a lugar el motivo de casación. El recurrente formuló queja, al ser declarados probados hechos que contrarían con la prueba evacuada, de forma sesgada con testimonios inconsistentes y no como consecuencia o producto de los medios de prueba en su contexto general; de su amplio desarrollo recursivo, aquejó vulneración al estado de inocencia al no poseer concordancia los testimonios de las víctimas, incurrieron en falta de verosimilitud desde un punto de vista lógico jurídico, al acomodar las supuestas agraviadas sus testimonios en perjuicio de su representado, al no ser contestes con respecto a indicar con precisión sin dejar lugar a dudas de los períodos de tiempo que fueron objetos de agresiones, para luego concluir que los apuntes formulados son valiosos para el recurrente y no apreciados favorablemente que ese estado de inocencia no podía ser enervado con la prueba.Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia En el planteamiento del recurso se señalan como violentados tres artículos de la Constitución de la República que contienen igual número de derechos fundamentales: artículo 89 que reconoce el Derecho al Estado Material de Inocencia; el artículo 90 reconoce el Derecho a un Debido Proceso y el artículo 94 reconoce el derecho al contradictorio y ser juzgado por un juez predeterminado por la ley.- Sin embargo, atendiendo el contenido de los argumentos recursivos identifica esta Sala de lo Penal que el reclamo se centra en la violación al artículo 89 de la Constitución de la República, por lo que la respuesta gravitará en cuanto al derecho fundamental que se reconoce en dicha norma. El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad. Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, este derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”.Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. El planteamiento del recurso adolece de defectos de forma que niegan la razón al recurrente, debiendo ser declarado sin lugar el recurso. El planteamiento erra al no dirigir sus argumentaciones recursivas para demostrar la existencia del vicio denunciado; respecto a una indebida valoración probatoria, el recurrente procede a atacar a las declaraciones testificales de las menores A. N. y D. M. ambas de apellido R. C., acusando sus testimonios de inconsistentes, no poseer concordancia, falta de verosimilitud, de haber acomodado sus testimonios en perjuicio del acusado y continuó de igual manera cuestionando los demás medios probatorios, concluyendo a su criterio, que el a quo generó una sentencia condenatoria sin suficiente fuerza probatoria, lo anterior, constituye un alegato de primera instancia y no de única instancia, pues con éste, el recurrente lo que pide es que la Sala de lo Penal, sin contar con la inmediación, recalifique la valoración probatoria asignada por el a-quo a dichas declaraciones, negándoles credibilidad, siendo esto una conclusión no coherente ni derivada de principios lógicos. El recurrente, olvida que lo revisable en casación es la legalidad de lo resuelto y dentro de ello que los argumentos judiciales sean construidos conforme a las reglas de la sana crítica, ergo, en su caso, se debió señalar cual o cuales fueron las valoraciones intelectivas que consideraba viciadas, pero aún más importante: demostrar por qué dichas valoraciones inobservaron las reglas de la sana crítica mediante la confrontación debida entre unas y otras, pero en su lugar el recurrente hace su valoración privada de los medios de prueba solicitando que sea ésta la que sea tomada como válida. En otras palabras, las alegaciones de las supuestas vulneraciones de las reglas de la sana crítica han sido planteadas sin vincular las críticas expresadas con ninguno de los razonamientos que prestan apoyo a la sentencia; era exigido del recurrente, una fundamentación esquemática, formulada en forma apodíctica, que demostrase la existencia del vicio alegado, pero ante su incumplimiento no es posible para esta Sala de lo Penal hacer auditoría sobre la correcta o incorrecta aplicación de las reglas de la sana critica. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer motivo. *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 32 y 140 del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen la participación en el delito a título de autor en relación al tipo penal de violación; *Pretensión: Casar la sentencia, dictándose fallo absolutorio. Señala el recurrente que los hechos probados que sirvieron de motivación para dictar sentencia condenatoria, es vinculada directamente con declaraciones de las supuestas ofendidas, la cual es discordante con la prueba examinada en juicio ya que al ser sometido al contradictorio, surgieron una serie de inconsistencias que no eran concordantes con la prueba pericial. Segundo motivo. *Norma autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 32 y 141 del Código Penal. *Concepto de la infracción: Aplicación Indebida del artículo que contienen la participación en el delito a título de autor en relación al tipo penal de actos de lujuria; *Pretensión: Casar la sentencia, dictándose fallo absolutorio. Arguye el recurrente, luego de extraer parte de la declaración de D. M. R. C., contradicciones, sin que el a quo al otorgarle credibilidad examinara concienzudamente, siendo evidente las incongruencias sobre ser víctima de actos de lujuria, siendo discordantes una declaración con la otra. Invita el recurrente a la Sala de lo Penal a realizar un análisis de la prueba de cargo para así descartar que el acusado haya tenido participación en un delito de actos de lujuria. De la procedencia del recurso. El motivo primero y segundo no es de recibo. Es evidente para esta Sala de lo Penal que el recurrente no cumplió con la tarea de investigar la naturaleza del recurso de casación previo al planteamiento del recurso. El Recurso de Casación por Infracción de Ley, como ya se ha explicado, es un recurso extraordinario debido a que solo pueden ser alegados, como motivo de impugnación, los supuestos previstos en el artículo 360 del Código Procesal Penal (ya enumerados), y siempre bajo el respeto del Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; contrario a ello el recurrente en sus motivos primero y segundo ataca medios de prueba e induciendo a este Tribunal de Casación a revalorar la prueba, aun cuando ello implicaría desconocer los hechos declarados probados. La interposición del recurso de casación por infracción de ley basado en el cuestionamiento de prueba es contraria a lo estipulado por el artículo 360 del Código Procesal Penal, por lo que deben ser declarados sin lugar los motivos señalados. Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la defensa privada. Único motivo. *Normas autorizantes citadas: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas citadas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la infracción expuesto: Inobservancia en la valoración de la prueba de las reglas de la sana crítica; *Acciones de saneamiento o subsanación del vicio denunciado: Sin determinar por el recurrente; *Pretensión: Anular el fallo recurrido. Denuncia el recurrente, violación a las reglas de la sana crítica, cuestionando la prueba evacuada en audiencia de debate, realizando un análisis a criterio propio y de manera imprecisa, menciona como regla de la sana crítica considera violentada el principio de derivación. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe darle el juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal); de este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la experiencia común, las reglas de la psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica.La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Debe tenerse presente que la sentencia se construye a partir de múltiples silogismos encadenados que constituyen el razonamiento judicial y que cada silogismo debe tener la cualidad de ser categórico, compuestos por premisas de las que se deriva una conclusión, teniendo precisamente a aquellas premisas como la razón suficiente para arribar a la conclusión; por ende la recurrente al alegar la violación del Principio de Derivación por falta de Razón Suficiente asume un alto compromiso que implica la ardua tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido, determinar la fuente de la premisa mayor, de la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica A Pari o analógica A Fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas Ut Supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar porque tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. En el presente caso el recurrente no señala cual es el argumento judicial que considera malogrado, mucho menos confronta dicho argumento judicial con las reglas de la sana crítica, explicando cómo el silogismo es violatorio del principio de derivación y como éste es relevante en la decisión tomada por el Tribunal; En otras palabras, no existe en el escrito del recurso identificación de un silogismo judicial, análisis de premisas y demostración de una mala inferencia que termine en una indebida conclusión derivada. En su desarrollo, de lo que se ocupa el recurrente es de exponer cuales fueron a su criterio los hechos que se acreditaron con la prueba y que sirven de descargo al acusado, todo a partir de una valoración personal y subjetiva. Para la Sala de lo Penal es claro que el recurrente acude al motivo referido como una forma de disfrazar la verdadera pretensión de reexamen o revalorización de la actividad probatoria (revisio de facto) como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo así que los Jueces de Casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren la prueba, extraigan conclusiones probatorias y luego las compare con aquellas a las que arribó el A-Quo, decidiendo finalmente si lo hecho por los jueces de la instancia está bien o mal a depender si coincide la valoración de la prueba hecha en única Instancia, todo ello impropio. Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas (prueba tasada), por lo que ésta debe ser asignada por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto con relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba; las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios estrictamente valorativos, pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. Es de tener presente que conforme la naturaleza del Recurso de Casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la Defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador fue construido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y en particular cuando se alegue violación al principio de derivación a causa de inexistencia de razón suficiente, dicho análisis debe ser dirigido a demostrar la inexistente conexión entre la conclusión judicial con las premisas a consecuencia de una indebida inferencia lógica. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360, 361 y 362 numeral 3 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. Segundo: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos. Tercero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de forma en su único motivo; recursos interpuestos por el Abogado Oscar Alexander Luna, actuando en su condición de defensor privado del señor Juan Manuel Galeano Pagoada. Cuarto: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Juan Manuel Galeano Pagoada por los delitos de Actos de Lujuria y Violación Agravada en perjuicio de D. M. R. C.. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de enero del dos mil veintiuno. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-63-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.