Sentencia CP-570-16 — Registro 13947
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera isntancia que lo condena por el delito de homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."EL RECURSO ES DE RECIBO. La defensa pública delata la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, ello en virtud de considerar que la sentencia de condena se sustenta básicamente en la declaración del testigo protegido A, la cual fue incorporada por lectura autorizada al debate. Considera que este medio de prueba no es suficiente para acreditar que el acusado José Josué Álvarez Espinal, sin causa justificada, les causó la muerte a los señores Marvin Alfredo Reyes y Juan Carlos Moreno Bock, mediante disparos de arma de fuego. Sobre este aspecto cita como referencia en su recurso la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kostovski Vs. Países Bajos; así como también la jurisprudencia vinculante para el Estado de Honduras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norin Catriman y otros vs Chile. Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 29 de mayo de 2014, párrafos 247, 251 y 252. Es necesario examinar por parte de la Sala de lo Penal, lo que ha establecido dicho tribunal respecto al derecho de defensa y su vulneración mediante el dictado de condena basado de manera decisiva en la declaración de un único testigo de identidad reservada: “247. Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada. 251… b) En cambio, la condena penal del señor Pichún Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del Fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido N° 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto. La sentencia hizo además referencia a una carta sobre supuestas amenazas firmada por el señor Pichún, pero sin fecha, y a un cheque firmado por el administrador del Fundo Nancahue a la orden del acusado. También mencionó una declaración testimonial en la que se señaló que la Coordinadora Arauco Malleco es una organización de hecho, de carácter terrorista y que Pichún pertenecía a ella, sin un análisis de su incidencia en la configuración del tipo penal. 252. Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao.” Al remitirnos a la sentencia ahora impugnada, se desglosan como medios de prueba de cargo los siguientes: 1. Declaración del testigo protegido A, incorporada mediante lectura autorizada al debate. 2. Álbum fotográfico ratificado por el técnico Marvin Fernando Sierra Vásquez, realizado en la escena del crimen. 3. Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios número 63-2013, de fecha 11 de mayo de 2013, ratificado en juicio por el técnico Marvin Fernando Sierra Vásquez. 4. Acta de levantamiento cadavérico de fecha 11 de mayo de 2013, practicada al occiso Marvin Alfredo Reyes, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate. 5. Acta de levantamiento cadavérico de fecha 11 de mayo de 2013, practicada al occiso Juan Carlos Moreno Bock, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate. La Sala de lo Penal identifica que no existe punto de contraste entre el supuesto fáctico por el cual la Corte IDH determinó la violación al derecho de la defensa a interrogar testigos en el caso Norin Catriman y otros vs Chile, en la sentencia de fecha 29 de mayo de 2014, y el caso que hoy nos ocupa; pues estimó la Corte en aquél caso que existió la violación a dicho derecho contra el señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, al haberse emitido un fallo de condena en su contra, contando únicamente el sentenciador con la declaración de un testigo de identidad reservada. Idéntica circunstancia se reproduce en el caso bajo examen, pues el tribunal de sentencia de Choluteca y Valle se fundamentó en grado decisivo en la declaración del testigo protegido A para dictar su fallo de condena, y aún y cuando se evacuaron otros medios de prueba de carácter documental como ser los antes descritos, estos no hubiesen bastado para lograr la condena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva 02-82 del 24 de septiembre de 1982, establece que mediante la ratificación de un tratado sobre derechos humanos los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Asimismo, la Corte IDH, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, establece lo siguiente: “…124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.” La Sala de lo Penal en aras de lograr la concreción jurisdiccional de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en el caso bajo estudio, considera el menoscabo al derecho de defensa a interrogar testigos al dictarse una sentencia de condena basado de manera fundamental o decisiva en la declaración de un testigo de identidad protegida la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate, ya que en el presente caso el sentenciador no contaba con mayor prueba corroborativa para acreditar más allá del hecho, la imputación de autoría en los delitos de homicidio contra del acusado. Por todo lo anterior, es procedente declarar ha lugar el recurso...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte(2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 570-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de diciembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual falló: Primero: Condenar al señor José Josué Álvarez Espinal, alias “Coyotío” como autor del delito de homicidio, en perjuicio de Marvin Alfredo Reyes, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiendo cumplir dicha pena de reclusión en la Penitenciaría Nacional de Choluteca, departamento de Choluteca, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Segundo: Condenar al señor José Josué Álvarez Espinal, alias “Coyotío” como autor del delito de homicidio, en perjuicio de Juan Carlos Moreno Bock, a la pena de quince (15) años de reclusión, debiendo cumplir dicha pena de reclusión en la Penitenciaría Nacional de Choluteca, departamento de Choluteca, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Tercero: Condenar al señor José Josué Álvarez Espinal, alias “Coyotío” a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Declarar procedente la responsabilidad civil del señor José Josué Álvarez Espinal, alias “Coyotío”, la cual deberá ser fijada en su oportunidad en la fase de ejecución de la pena. Quinto: Exonerar al señor José Josué Álvarez Espinal, alias “Coyotío”, del pago de costas procesales, personales y gastos ocasionados por el juicio. Sexto: Se decreta el comiso de diez (10) casquillos color amarillo, calibre desconocido y dos (2) balas color amarillo de calibre desconocido que actualmente se encuentran en el almacén de evidencias del Ministerio Público de la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, las que deberán ser puestas a la orden del Juzgado de Ejecución una ver firme la sentencia. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado José Hernán Lagos Corea, en su condición de defensor público. Son partes en única instancia: Los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, defensores públicos, como recurrentes; y, la Abogada Marina Audely Varela, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Analizados y valorados los distintos medios probatorios utilizados por las partes procésales durante la audiencia de debate, este Tribunal declara probado lo siguiente: PRIMERO: Que el día once de mayo del año dos mil trece, siendo las doce con quince minutos de la madrugada, en el establecimiento denominado Cool Bar, ubicado frente a la gasolinera Puma Roady, en el barrio Los Fuertes de ésta ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca, se escucharon primero cinco y después siete disparos dentro del baño del establecimiento, SEGUNDO: Seguidamente del interior del baño salió únicamente el señor JOSE JOSUE ALVAREZ ESPINAL, alías “Coyotío” quien vestía una camisa roja, tipo polo y pantalón negro, limpiándose sangre del rostro, de sus manos y del arma de fuego que portaba, bajó las escaleras del establecimiento Cool Bar, abordó un vehículo Frontier doble cabina negro, marchándose con rumbo desconocido. TERCERO: Fueron encontrados en el interior del baño del establecimiento Cool Bar el cuerpo sin vida de Marvin Alfredo Reyes con un orificio de bordes irregulares y estrellados en la región parietal derecha, un orificio en región clavicular izquierda, con bordes irregulares, un orificio a nivel de región clavicular derecha y otro orificio en la región isquiática izquierda; y el cuerpo sin vida de Juan Carlos Moreno Bock con un orificio en región frontal, un orificio en región xifoidea, un orificio en la región clavicular derecha y un orificio a nivel de línea axilar izquierda, estableciendo el dictamen de la médico forense que la causa de muerte de ambas personas fue por heridas provocadas por disparos de arma de fuego.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado José Hernán Lagos Corea, defensor público, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “INDICACIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE PRECEPTO CONSTITUCIONAL ÚNICO: Infracción de los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 (DERECHO DE DEFENSA y DEBIDO PROCESO), en relación con los artículos 16 de la misma Constitución de la República; 8.2.f de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 del Código Procesal Penal. Autoriza la interposición de este recurso el artículo 361 del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas constitucionales y legales que se denuncian como infringidas por el Tribunal de juicio disponen, entre otras cosas, que: 1) El derecho de defensa es inviolable; 2) Ninguna persona podrá ser condenada ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los Tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el Código Procesal Penal; 3) Durante el proceso, toda persona inculpada de delito tiene derecho, en plena igualdad, a interrogar a los testigos presentes en el tribunal. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra del señor JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL por el delito de HOMICIDIO en perjuicio de MARVIN ALFREDO REYES y JUAN CARLOS MORENO BOCK infringe gravemente los fundamentales derechos de defensa y del debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional. TERCERO: En la audiencia de juicio oral se introdujo, por lectura, la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A, rendida en audiencia previa, prueba básica con la que el Juzgador declaró que el acusado JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL, sin causa justificada, les causó la muerte a los señores MARVIN ALFREDO REYES y JUAN CARLOS MORENO BUCK mediante disparos de arma de fuego. CUARTO: El vicio que denunciamos se produce, porque los hechos antes referidos no están respaldados por suficiente prueba que los acredite ya que, la prueba de cargo está limitada, decisivamente, a la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A, dicha insuficiencia probatoria se produce, porque la mencionada declaración no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden, con la agravante de ser un testigo protegido (oculto y con identidad reservada) y su no comparecencia a la audiencia de debate le impidieron a la defensa el ejercicio de un verdadero contra interrogatorio respecto a los hechos denunciados, como también a posibles intereses ilegítimos del declarante, no pudiendo por tanto ejercer plenamente un completo contradictorio, que le permitiera al inculpado examinar al testigo en igualdad de condiciones que las que detenta el ente acusador; pero la no comparecencia del decisivo testigo de cargo y el desconocimiento de su identidad por parte del imputado lo dejó, a él y a su defensa, en un claro desequilibrio procesal, violatorio del derecho de defensa del acusado JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL. QUINTO: En las condiciones antes referidas la decisión de condena del Juzgador quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso reconocidos al señor JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL, porque lo declarado probado en el fallo impugnado está sustentado en un medio de prueba en cuya evacuación no se observaron plenamente los principios de contradicción e inmediación, infringiendo el derecho de defensa y el debido proceso del referido imputado, ya que, como reiteradamente lo hemos dicho, la prueba básica en la que se sustenta el fallo de condena es la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A (oculto y con identidad reservada), misma que no cuenta con corroboradores periféricos que la respalden y por tanto insuficiente para justificar, válidamente, un fallo de condena. SEXTO: La decisión impugnada, en las condiciones antes referidas, también es violatoria de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de la jurisprudencia que sobre el mismo ha sentado la Corte Interamericana de Derechos Humanos quien, al igual que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en relación al valor probatorio de testigos con identidad reservada, reiteradamente han resuelto que: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución… b)…, la condena penal del señor Pichón Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido Nº 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto… Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación al derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.h de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao”. Caso Norín Catríman y otros Vs. Chile, Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, parr. 247, 251 y 252[1]. “...este Tribunal considera que tanto el contenido como la amplitud de las preguntas formuladas por la defensa fue restringido considerablemente por la decisión del Tribunal de mantener en anonimato la identidad del declarante. En tanto que la defensa desconozca la identidad de la persona que pretende cuestionar se encuentra imposibilitada para conocer particularidades del testigo que le permitirían demostrar que el dicho de él o ella no es confiable, es hostil o se encuentra viciado de prejuicios”. Caso KOSTOVSKI Vs PAISES BAJOS, Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Pleno). Sentencia Final, 20 de noviembre de 1989, párr. 42. SÉPTIMO: La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con lo resuelto respecto a la protección de testigos no pretende que se les niegue la misma, pues en el caso señalado, declara que es deber estatal garantizar los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de quienes declaran en el proceso penal, lo que justifica la adopción de medidas de protección, pero ello no debe traducirse en un menoscabo al derecho de defensa de los imputados. En el caso de mérito, al igual que en el de el señor Pascual Huentequeo Pichón Paillalao, se violentó lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio del señor JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL, porque a él se le condenó con base en la declaración del TESTIGO PROTEGIDO A (oculto y con identidad reservada) frente a quien, por esa condición de protegido y su no comparecencia al juicio, la defensa no tuvo la oportunidad de realizarle un verdadero contradictorio y, si bien en la audiencia de juicio oral se evacuaron otros medios de prueba propuestos por el ente acusador, pero los mismos no aportan datos respecto a los posibles autores o partícipes de los hechos ilícitos investigados y por tanto no corroboran el dicho del decisivo testigo protegido, en tales condiciones el fallo de condena claramente quebranta los fundamentales derechos de defensa y debido proceso del imputado y como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Norín Catrimán y otros Vs. Chile. Reparación y Costas. Sentencia de 29 de mayo de 2014, una condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, por lo que siendo ese el caso, lo que legítimamente corresponde, y en armonía con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es el dictado de un fallo absolutorio a favor del señor JOSÉ JOSUÉ ÁLVAREZ ESPINAL.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[2] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 82 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: infracción al derecho de defensa y al debido proceso. *Pretensión: resolver conforme a derecho. La defensa pública arguye la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, ello en virtud de considerar que la sentencia de condena se sustenta básicamente en la declaración del testigo protegido A, la cual fue incorporada por lectura autorizada al debate. Considera que este medio de prueba no es suficiente para acreditar que el acusado José Josué Álvarez Espinal, sin causa justificada, les causó la muerte a los señores Marvin Alfredo Reyes y Juan Carlos Moreno Bock, mediante disparos de arma de fuego. Sobre este aspecto cita la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norin Catriman y otros vs Chile. Reparaciones y Costas. De fecha 29 de mayo de 2014, párrafos 247, 251 y 252, la cual considera debió ser aplicada por el tribunal de instancia. Del debido proceso La garantía del debido proceso, invocada por el pretensor como aquella que ha inobservado el tribunal de sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza). La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El principio del debido proceso más que garantizar el respeto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados principios procesales o principios informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: I. Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; II. Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; III. A un juez predeterminado por la ley; IV. A la imparcialidad e independencia del juez; V. Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; VI. A la igualdad de armas procesales; VII. A un proceso público sin dilaciones indebidas; VIII. Respeto al principio de presunción de inocencia; IX. Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; X. Derecho a ser oído en un plazo razonable; XI. Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; XII. El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; XIII. A una justicia gratuita; en fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Del derecho a la defensa. Una de las posibles consecuencias de la inobservancia a un debido proceso es la violación al derecho de defensa, al crearse un desbalance de oportunidad entre las partes provocado por el órgano jurisdiccional. La inobservancia de las normas procesales penales provocan indefensión cuando el órgano jurisdiccional niega el espacio de petición, cuando no procura la contradicción o cuando rechaza pretensiones basados en criterios contrarios a la legalidad, mermando así la oportunidad de sustento de la teoría del caso que presenta una de las partes, con la indefectible consecuencia de un fallo contrario a sus intereses. Es importante señalar que el derecho de defensa no es exclusivo de la persona imputada, pues le asiste a cada una de las partes, dado que cada una de ellas acuden al proceso penal en defensa de intereses subjetivos: La parte acusadora en defensa de los intereses de la víctima, el Ministerio Público en defensa de los intereses sociales, la Procuraduría General de la República en defensa de los intereses del Estado como persona jurídica y el acusado en defensa de los intereses individuales; como consecuencia cualquiera de las partes podrá alegar violación al derecho de defensa cuando el órgano jurisdiccional reduzca su participación procesal a un mero acompañamiento sin oportunidad de peticionar, controvertir y obtener resoluciones favorables conforme a un debido proceso legal. De la procedencia del recurso. El recurso es de recibo. La defensa pública delata la infracción al derecho de defensa y al debido proceso, ello en virtud de considerar que la sentencia de condena se sustenta básicamente en la declaración del testigo protegido A, la cual fue incorporada por lectura autorizada al debate. Considera que este medio de prueba no es suficiente para acreditar que el acusado José Josué Álvarez Espinal, sin causa justificada, les causó la muerte a los señores Marvin Alfredo Reyes y Juan Carlos Moreno Bock, mediante disparos de arma de fuego. Sobre este aspecto cita como referencia en su recurso la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kostovski Vs. Países Bajos; así como también la jurisprudencia vinculante para el Estado de Honduras, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Norin Catriman y otros vs Chile. Reparaciones y Costas. Sentencia de fecha 29 de mayo de 2014, párrafos 247, 251 y 252. Es necesario examinar por parte de la Sala de lo Penal, lo que ha establecido dicho tribunal respecto al derecho de defensa y su vulneración mediante el dictado de condena basado de manera decisiva en la declaración de un único testigo de identidad reservada: “247. Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada. 251… b) En cambio, la condena penal del señor Pichún Paillalao como autor del delito de amenaza de incendio terrorista en perjuicio del administrador y dueños del Fundo Nancahue estuvo fundada en grado decisivo en la declaración de un testigo de identidad reservada (el “testigo protegido N° 1”), pues si bien se hace referencia a otros medios de prueba, éstos por sí solos no hubiesen bastado para llegar a la condena, ya que las otras tres personas que rindieron testimonio solo tenían un conocimiento indirecto. La sentencia hizo además referencia a una carta sobre supuestas amenazas firmada por el señor Pichún, pero sin fecha, y a un cheque firmado por el administrador del Fundo Nancahue a la orden del acusado. También mencionó una declaración testimonial en la que se señaló que la Coordinadora Arauco Malleco es una organización de hecho, de carácter terrorista y que Pichún pertenecía a ella, sin un análisis de su incidencia en la configuración del tipo penal. 252. Por las razones expuestas, la Corte concluye que para determinar la condena se otorgó valor decisivo a la declaración de un testigo de identidad reservada, lo que constituye una violación del derecho de la defensa a interrogar testigos, consagrado en el artículo 8.2.f de la Convención, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio del señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao.” Al remitirnos a la sentencia ahora impugnada, se desglosan como medios de prueba de cargo los siguientes: 1. Declaración del testigo protegido A, incorporada mediante lectura autorizada al debate. 2. Álbum fotográfico ratificado por el técnico Marvin Fernando Sierra Vásquez, realizado en la escena del crimen. 3. Acta de levantamiento de cadáver y recolección de indicios número 63-2013, de fecha 11 de mayo de 2013, ratificado en juicio por el técnico Marvin Fernando Sierra Vásquez. 4. Acta de levantamiento cadavérico de fecha 11 de mayo de 2013, practicada al occiso Marvin Alfredo Reyes, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate. 5. Acta de levantamiento cadavérico de fecha 11 de mayo de 2013, practicada al occiso Juan Carlos Moreno Bock, la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate. La Sala de lo Penal identifica que no existe punto de contraste entre el supuesto fáctico por el cual la Corte IDH determinó la violación al derecho de la defensa a interrogar testigos en el caso Norin Catriman y otros vs Chile, en la sentencia de fecha 29 de mayo de 2014, y el caso que hoy nos ocupa; pues estimó la Corte en aquél caso que existió la violación a dicho derecho contra el señor Pascual Huentequeo Pichún Paillalao, al haberse emitido un fallo de condena en su contra, contando únicamente el sentenciador con la declaración de un testigo de identidad reservada. Idéntica circunstancia se reproduce en el caso bajo examen, pues el tribunal de sentencia de Choluteca y Valle se fundamentó en grado decisivo en la declaración del testigo protegido A para dictar su fallo de condena, y aún y cuando se evacuaron otros medios de prueba de carácter documental como ser los antes descritos, estos no hubiesen bastado para lograr la condena. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en opinión consultiva 02-82 del 24 de septiembre de 1982, establece que mediante la ratificación de un tratado sobre derechos humanos los Estados se someten a un orden legal dentro del cual ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con otros Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción. Asimismo, la Corte IDH, en el caso Almonacid Arellano vs. Chile, establece lo siguiente: “…124. La Corte es consciente que los jueces y Tribunales internos están sujetos al imperio de la Ley y, por ello, están obligados a aplicar disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.” La Sala de lo Penal en aras de lograr la concreción jurisdiccional de la garantía del debido proceso y del derecho de defensa en el caso bajo estudio, considera el menoscabo al derecho de defensa a interrogar testigos al dictarse una sentencia de condena basado de manera fundamental o decisiva en la declaración de un testigo de identidad protegida la cual fue incorporada mediante lectura autorizada al debate, ya que en el presente caso el sentenciador no contaba con mayor prueba corroborativa para acreditar más allá del hecho, la imputación de autoría en los delitos de homicidio contra del acusado. Por todo lo anterior, es procedente declarar ha lugar el recurso. DECISIÓN Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;360, 361y 363 del Código Procesal Penal,FALLA:1) Declara HA LUGAR el recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa pública; 2) Declara la nulidad de la sentencia de fecha quince de diciembre de dos quince, proferida por el tribunal de sentencia de Choluteca y Valle, y del debate que la pronunció; Y MANDA: 1) Que se repita el debate con jueces distintos a los que participaron en el anulado; 2) Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-570-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El presente caso se refiere a alegadas violaciones en perjuicio de ocho presuntas víctimas relacionadas con su procesamiento y condena penal por delitos de carácter terrorista respecto a la República de Chile, En los procesos penales contra los señores Norín Catríman, Pichún Paillalao y Ancalaf Llaupe se reservó la identidad de determinados testigos.
[2]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.