Sentencia CP-57-17 — Registro 11950
Resumen
En primera instancia se condena al imputado por los delitos de robo y evasión, se declaar sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."El recurso no es de recibo. El recurrente al desarrollar el presente recurso de casación, establece como norma constitucional infringida el artículo 90 Constitucional refiriéndose al Derecho fundamental del debido proceso, sin embargo, se refiere en el desarrollo del mismo, a la violación del principio de in dubio pro reo, argumentando que de no existir en el proceso, prueba de cargo que ponga en evidencia la responsabilidad penal del acusado o no puede precisarse su participación en el evento delictivo, por existir duda razonable, la misma debe favorecer al imputado por el mencionado principio in dubio pro reo. El censor fundamenta su argumentación, al afirmar que el testigo de cargo Jesús María Rivera, al ingresar a la sala de juicio, tuvo una visión general de la misma, no obstante, al ser interrogado sobre la persona del imputado, en tres ocasiones señaló no verle en dicha sala. Al respecto, el Tribunal Sentenciador, al realizar la valoración de la prueba evacuada en el proceso concede toda credibilidad al testimonio del señor Jesús María Rivera, por haber apreciado que la misma fue rendida con claridad y coherencia, por haber declarado sobre lo que percibió con sus sentidos pues vivió personalmente los hechos, mencionando que la persona que participó en el hecho del cual fue víctima, es el señor Carlos Humberto Chinchilla. Pese a que el testigo no había podido señalar al imputado en la sala, el Tribunal Sentenciador considera que tal circunstancia no resta credibilidad al testimonio, pues el testigo afirmó conocer al procesado desde niño. Además de la declaración del señor Jesús Rivera, se evacuó en juicio el testimonio de Jorge Armando Rivera Monroy, quien según su dicho no presenció los hechos, pero afirma que, de conformidad por lo que le expusiera el ofendido, la persona que participó en los hechos es Carlos Humberto Chinchilla a quien identificó en la sala de juicios. Este testimonio también resultó creíble para los juzgadores, por no haber encontrado contradicciones en su dicho, afirmando el Tribunal de Sentencia que dicha declaración sirve para confirmar cómo sucedieron los hechos, así como la fecha, hora y lugar donde ocurrieron los mismos. En cuanto al resto de medios probatorios de cargo, el sentenciador les concede valor probatorio para arribar a su conclusión, considerando que los medios de prueba son coincidentes con el testimonio del ofendido. Encuentra esta Sala, que la incorporación de los medios de prueba, su evacuación y final valoración de los mismos por parte del Tribunal sentenciador, se ha desarrollado en absoluto respecto al conjunto de reglas esenciales que sustentan el proceso penal, por ende la resolución definitiva ha sido resultado de tal observancia, explicando suficientemente el sentenciador haber encontrado coherencia y credibilidad en la prueba de cargo, que le llevó en definitiva a alcanzar el nivel de certeza sobre la existencia del hecho criminal y de la participación del procesado en el mismo. Por lo que se desestima el motivo invocado por el recurrente..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-57-2017 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte abril del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Carlos Humberto Chinchilla, como autor del delito de Robo, en perjuicio del señor Jesús María Rivera, a la pena de cinco años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Carlos Humberto Chinchilla, como autor del delito de Evasión, en perjuicio de La Administración Pública, a la pena de cinco años de reclusión, haciendo un total de diez años de reclusión; Tercero: Condenó al señor Carlos Humberto Chinchilla, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Declaró al señor Carlos Humberto Chinchilla, responsable civilmente de los delitos por los cuales se le condena; Quinto: Sin Costas; Sexto: No procede el comiso. SON PARTES: El abogado Héctor Edgardo Rivera Portillo, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Humberto Chinchilla, como parte recurrente. II. HECHOS PROBADOS “Valorando la prueba practicada en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana critica, este tribunal declara, expresa y terminantemente, probados los hechos siguientes: PRIMERO: El domingo, cinco de febrero del año dos mil doce, a eso de las 8 de la mañana, llegó CARLOS HUMBERTO CHINCHILLA, a la pulpería del señor JESUS MARIA RIVERA, ubicada en el barrio Dolores, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, Copán, diciéndole que le regalara 2 lempiras, el señor RIVERA, se acercó en su silla de ruedas a la baranda del negocio para darle lo que le había pedido, momento que aprovechó CHINCHILLA, para arrebatarle cuatro mil lempiras que tenía en la bolsa de su camisa el señor RIVERA, retirándose inmediatamente del lugar CARLOS HUMBERTO CHINCHILLA. SEGUNDO: En la misma fecha, a eso de las cinco de la tarde, fue detenido el señor CARLOS HUMBERTO CHINCHILLA, por policías preventivos y de investigación, siendo trasladado a las celdas de la policía de investigación; al siguiente día, seis de febrero del año dos mil doce, a eso de las seis de la mañana, el señor CHINCHILLA, al ver en mal estado (con agujeros) el techo de la bartolina en que se encontraba detenido, procedió a subirse a un medio muro que cubría los sanitarios, alcanzando el techo, camino por las vigas hasta llegar a una ventana sin rejas, por la cual salió a la calle, después de saltar el muro.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Héctor Edgardo Rivera Portillo, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL MOTIVO UNICO: Violación al Principio In dubio Pro Reo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 90 de la Constitución de la República en relación al 339 y 361 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO PRIMERO: El Tribunal de sentencia transgredió el principio del In dubio pro reo, al condenar al señor CARLOS HUMBERTO CHINCHILLA, por el delito de ROBO Y EVASION, en perjuicio de JESUS MARIA RIVERA Y LA ADMINISTRACION PUBLICA, si analizamos la sentencia recurrida el tribunal basa su fallo en el aparatado PRIMERO, en la declaración del ofendido JESUS MARIA RIVERA, y con la cual adquiere certeza de culpabilidad pero omite visualizar que dicha declaración no puede ser tomada como válida porque el ofendido no logra identificar al imputado en la audiencia del juicio oral y público, o sea que no se pudo establecer la participación de mi representado en el delito de robo por el cual se le acuso, ya que quedo en duda su participación, pues no fue reconocido por el ofendido, y l testigo Jorge Armando Rivera Monroy era un testigo de referencia. SEGUNDO: Según el Maestro Peña Cabrera, prescribe el principio de Indubio Pro Reo, en el proceso no existe prueba de cargo que ponga en evidencia la responsabilidad penal del acusado, no puede precisarse el grado de participación en el evento delictivo surgiendo toda duda razonable, al respecto la misma que le favorece en aplicación del principio universal del indubio pro reo. En consecuencia, no se podrá condenar a un acusado sino cuando se le pruebe el delito que se le imputa, en caso de duda se absolverá, pues más vale dejar libre a un culpable que condenar a un inocente, dejando en el ambiente una duda metódica que quiérase o no beneficia a mi representado. TERCERO: Cuando la prueba reunida en juicio penal no resulta la absoluta certeza que el sujeto incurrido en un hecho punible, el procesado debe ser absuelto, porque la duda favorece al reo, implicando un aseguramiento a la garantía de Defensa y debido proceso que le asista a todo imputado, como sucede en el caso de autos, que cuando el testigo JESUS MARIA RIVERA, entra a la sala de juicios tira una mirada general y luego cuando se le pregunta ¿Está él en la sala? contesta no, se le pregunta nuevamente ¿puede indicar si está?, contesta tiene que estar en la granja, le vuelven a preguntar puede observar la sala si ¿se encuentra en la sala? y nuevamente el testigo contesta no, no se encuentra. O sea que la pregunta fue lanzada en varias ocasiones con la intención de que el ofendido reconociera al sospechoso y no lo reconoció y no es un hecho probado que mi representado haya participado en la comisión del delito de Robo. CUARTO: Con respecto al delito de evasión, pues la misma no ha ocurrido, pues si hay duda razonable que nuestro representado haya cometido el delito de robo, entonces no hay delito de evasión, pues el imputado Carlos Humberto Chinchilla no fue reconocido en juicio en consecuencia no puede precisarse el grado de participación en el evento delictivo, surgiendo duda razonable al respecto. QUINTO: De lo anteriormente se desprende que es indispensable y necesaria la plena prueba o sea la absoluta certeza de que se ha cometido un delito, debió de comprobarse mas allá de toda duda el supuesto delito, cabe el aforismo de que la duda absuelve, en consecuencia, mi representado debió y debe de quedar absuelto. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1) el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.), significa el derecho de todo acusado a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria para la afirmación fáctica contenida en la sentencia. SEXTO: Se ha violentado las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República y en los convenios internacionales relativos a derechos humanos de los que Honduras forma parte. Si queremos hacer realidad nuestro anhelo de tener un proceso ajustado a derecho, necesariamente debemos respetar la forma que la Constitución nos indica. Todo ello para lograr una tutela eficaz de la persona humana y de sus derechos fundamentales, debemos venerar nuestra ley fundamental y defenderla de quienes no quieran acatarla. Es la única manera de lograr la efectiva vigencia del derecho constitucional al debido proceso que toda persona tiene. No puede aceptarse que la lucha procesal sea como una guerra en la cual el “FIN JUSTIFIQUE LOS MEDIOS”, de manera que se pueda recurrir aun a las peores atrocidades con el pretexto de querer encontrar la verdad para aplicar la sentencia. Dicho lo anterior se colige que es una obligación del Estado y especialmente impartiendo justicia en un proceso penal el no escatimar esfuerzo en la búsqueda de la verdad real, para garantizar a quien lo enfrenta, un juicio justo. Lo cual solo puede ser subsanado a través del presente recurso de Casación.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Pública. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 90 de la Constitución de la República en relación con el artículo 339 y 361 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación del debido proceso. *Pretensión: Que se case la sentencia. Establece el recurrente que el Tribunal de Sentencia transgredió el principio In dubio pro reo al condenar al señor Carlos Humberto Chinchilla, ya que en la declaración del ofendido no logra identificar al imputado en la audiencia de juicio oral y público, no logro establecer la participación del acusado, dejando en duda su participación, así mismo la declaración del testigo Jorge Armando Rivera Montoya ya que era un testigo de referencia. Del Debido Proceso Legal La Garantía del debido Proceso, invocada por el recurrente, como aquella que ha inobservado el Tribunal de Sentencia, se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el debido proceso legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de Febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan Garcia, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que éste juez o jueza además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos y garantías consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte, así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- a un juez/a predeterminado por la ley; iv.- a la imparcialidad e independencia del juez/a; v.- derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vi.- a la igualdad de armas procesales; vii.- a un proceso público sin dilaciones indebidas; viii.- respeto al principio de presunción de inocencia; ix.- posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; x.- derecho a ser oído en un plazo razonable; xi.- deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xii.- el derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; xiii.- a una justicia gratuita; En fin el derecho a un debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El debido Proceso legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe de substanciarse la etapa de Juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. De la procedencia del Recurso de Casación Por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso no es de recibo. El recurrente al desarrollar el presente recurso de casación, establece como norma constitucional infringida el artículo 90 Constitucional refiriéndose al Derecho fundamental del debido proceso, sin embargo, se refiere en el desarrollo del mismo, a la violación del principio de in dubio pro reo, argumentando que de no existir en el proceso, prueba de cargo que ponga en evidencia la responsabilidad penal del acusado o no puede precisarse su participación en el evento delictivo, por existir duda razonable, la misma debe favorecer al imputado por el mencionado principio in dubio pro reo. El censor fundamenta su argumentación, al afirmar que el testigo de cargo Jesús María Rivera, al ingresar a la sala de juicio, tuvo una visión general de la misma, no obstante, al ser interrogado sobre la persona del imputado, en tres ocasiones señaló no verle en dicha sala. Al respecto, el Tribunal Sentenciador, al realizar la valoración de la prueba evacuada en el proceso concede toda credibilidad al testimonio del señor Jesús María Rivera, por haber apreciado que la misma fue rendida con claridad y coherencia, por haber declarado sobre lo que percibió con sus sentidos pues vivió personalmente los hechos, mencionando que la persona que participó en el hecho del cual fue víctima, es el señor Carlos Humberto Chinchilla. Pese a que el testigo no había podido señalar al imputado en la sala, el Tribunal Sentenciador considera que tal circunstancia no resta credibilidad al testimonio, pues el testigo afirmó conocer al procesado desde niño. Además de la declaración del señor Jesús Rivera, se evacuó en juicio el testimonio de Jorge Armando Rivera Monroy, quien según su dicho no presenció los hechos, pero afirma que, de conformidad por lo que le expusiera el ofendido, la persona que participó en los hechos es Carlos Humberto Chinchilla a quien identificó en la sala de juicios. Este testimonio también resultó creíble para los juzgadores, por no haber encontrado contradicciones en su dicho, afirmando el Tribunal de Sentencia que dicha declaración sirve para confirmar cómo sucedieron los hechos, así como la fecha, hora y lugar donde ocurrieron los mismos. En cuanto al resto de medios probatorios de cargo, el sentenciador les concede valor probatorio para arribar a su conclusión, considerando que los medios de prueba son coincidentes con el testimonio del ofendido. Encuentra esta Sala, que la incorporación de los medios de prueba, su evacuación y final valoración de los mismos por parte del Tribunal sentenciador, se ha desarrollado en absoluto respecto al conjunto de reglas esenciales que sustentan el proceso penal, por ende la resolución definitiva ha sido resultado de tal observancia, explicando suficientemente el sentenciador haber encontrado coherencia y credibilidad en la prueba de cargo, que le llevó en definitiva a alcanzar el nivel de certeza sobre la existencia del hecho criminal y de la participación del procesado en el mismo. Por lo que se desestima el motivo invocado por el recurrente. DECISION No ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su Único Motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 82, 90, 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 363 numeral 3 del Código Procesal Penal FALLA: PRIMERO: Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en único motivo interpuesto por el Abogado Héctor Edgardo Rivera Portillo, en su condición de Defensor Público del señor Carlos Humberto Chinchilla. SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-57-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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