Sentencia CP-569-16 — Registro 12422
Resumen
En primera instancia de condenó a los imputados por el delito de Extorsión continuada. Resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"...De la procedencia del recurso. EL RECURSO NO ES DE RECIBO EN SUS DOS MOTIVOS. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. En el primero de los motivos, a través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente-artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar motivos distintos, a saber, son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4.. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que las censoras del fallo no seleccionaron y explicaron con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicaron exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Nelson Javier Castro Sandoval; ya que únicamente se cuenta con la declaración de la testigo de cargo Brenda Flores, quien durante el inicio del proceso en la supuesta etapa de investigación, declaró haber sido ella quien tomó la denuncia, ella la que hizo diligencias investigativas que no existen en el expediente, manifestó ser ella la que le tomó declaración a la víctima, ser ella la que realizó la detención del acusado, y ser ella la que realizo el informe investigativo, siendo ella misma quien lo ratificara posteriormente. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria. Asimismo, en su segundo motivo, ni siquiera se seleccionó por las recurrentes alguno de los preceptos autorizantes establecidos en el artículo 362 del Código Procesal Penal, sino que se dedicaron a alegar la infracción de preceptos constitucionales los cuales deben ser denunciados, explicados y comprobados desde un recurso distinto, así como también se dedicaron a hacer alegatos propios de instancia tales como que en la audiencia de prueba anticipada, el acusado Nelson Javier Castro Sandoval, no le fue asistido un Abogado de su elección ni pudo comparecer de manera presencial a dicha audiencia. Entonces lo que vemos es que las censoras del fallo no realizan ni siquiera correctamente en el proceso de identificación del vicio, pues sus alegatos no van acordes al tipo de recurso de casación interpuesto; no seleccionaron la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denuncia el supuesto vicio, y tampoco el motivo es de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido. Por todo ello, lo procedente es desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional..."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, N.3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 569-2016 por Infracción de Precepto Constitucional y por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Nelson Javier Castro Sandoval, por el delito de Extorsión continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-1415, a la pena de veinticinco años de reclusión, más una multa de 83.33 salarios mínimos mensuales que deberán pagarse a la Tesorería General de la República. Segundo: Condenó al señor Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, por del delito de Extorsión continuada, en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-1415, a la pena de veinticinco años de reclusión, más una multa de 83.33 salarios mínimos mensuales que deberán pagarse a la Tesorería General de la República. Tercero: Condenó a los señores Nelson Javier Castro Sandoval y Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal. Cuarto: Se declara a los señores Nelson Javier Castro Sandoval y Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, civilmente responsables. Quinto: No procede el pago de costas procesales, personales, así como los gastos ocasionados por el juicio. Sexto: No procede el comiso en vista de que no fue puesta a la orden del Tribunal, pieza de convicción o de ejecución alguna. Interpuso el recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Christian Josué Fajardo, en su condición de defensor público de Kevin Evelio Zaldívar Cabrera. Interpusieron el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, apoderadas defensoras de Nelson Javier Castro Sandoval. Son partes en única instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua y José Roberto Izaguirre, defensores públicos de Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, como recurrentes; las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, defensoras privadas de Nelson Javier Castro Sandoval, también como recurrentes; y, el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, de acuerdo a los criterios de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: UNICO: En el mes de abril de dos mil catorce, varias personas, entre ellas, los señores NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL Y KEVIN EVELIO ZALDÍVAR, LLEGARON A LA CASA DE HABITACIÓN DEL TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415, situada en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, exigiéndole un pago de tres mil Lempiras (L.3,000.00) mensuales, en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo, le quitarían la vida a él y a su familia, por lo que durante los meses de mayo, junio y julio, de ese mismo año, efectuó el pago en los términos indicados por éstos, manifestándoles el testigo protegido JPTP-1415, en la última ocasión, que fue el 01 de julio de 2014, que no podía seguir entregándole esa suma de dinero por carecer de recursos económicos, frente a lo cual, lo conminaron a que abandonara su domicilio.” Recurso de Casación. Motivos y Argumentos La parte recurrente, Abogado Christian Josué Fajardo, en su condición de defensor público de Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Infracción de los artículos 82 y 89 de la Constitución de la República de Honduras, en relación con el articulo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICION DEL MOTIVO Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son primeramente el artículo 82 de la Constitución de la República de Honduras que reza: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes” El artículo 89 establece: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente” Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso F de la Convención Americana de Derechos Humanos, dispone: “Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos”: El Tribunal establece como hecho probado: UNICO: El mes de abril de dos mil catorce, varias personas, entre el/as, los señores NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL Y KEVIN EVELIO ZALDIVAR LLEGARON A LA CASA DE HABITACION DEL TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415, situada en el sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortes, exigiéndole un pago de tres mil Lempiras (L. 3,000.00) mensuales, en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo, le quitarían la vida a él y a su familia, por lo que durante los meses de mayo, junio y julo, de ese mismo año, efectuó el pago en los términos indicados por estos, manifestándoles el testigo protegido JPTP-1 415, en la última ocasión, que fue el 01 de julio de 2014, que no podía seguir entregándole esa suma de dinero por carecer de recursos económicos, frente a lo cual, lo conminaron a que abandonara su domicilio. Del anterior hecho trascrito, el Tribunal Sentenciador llegó a la convicción que mi representado es culpable del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO JPTP-1415. El derecho a un proceso con todas las garantías exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral con plenitud de garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. En nuestra normativa se establece la protección de testigos, el artículo 237 del Código Procesal Penal establece; que el órgano jurisdiccional, de oficio o por manifestación del testigo, aprecie racionalmente existe un peligro grave para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que ha de prestar, adoptará las medidas de protección que estime convenientes, las mismas puede ser que no consten los datos de identificación del testigo o que se utilice cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual ante el imputado y público. En un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa en materia de práctica de la prueba, la misma implica que los jueces y las partes se relacionen directamente con los medios de prueba, en materia testifical es muy importante, pues se puede observar la seguridad, el comportamiento, la firmeza en sus dichos, la persistencia en la incriminación y sobre todo su plena identificación para un examen de confiabilidad, parcialidad o animadversión. En nuestro caso, la modalidad de anonimato del testigo protegido ha impedido evaluar la fiabilidad de su testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias, que revelaran las posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado, la ocultación de la identidad del testigo es un obstáculo para el ejercicio del derecho a la última palabra, al no poder poner en cuestión de fiabilidad o credibilidad del testimonio, además que su declaración se llevó a cabo sin que la defensa pudiera verlo, lo que se debe garantizar es un juicio equitativo y para erigirse en prueba de cargo susceptible de enervar la presunción de inocencia. Esta modalidad de testigos protegidos o llamados “sin rostro”, radica en efecto, el déficit de defensa inherente al testigo anónimo, puesto que si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos precisamente que le permitan probar que es parcial, hostil o indigno de crédito. Un testimonio, o de cualquier otra declaración contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo sino tiene la información que le permita fiscalizar la credibilidad del autor. Con esta modalidad de testigos protegidos queda vedada la posibilidad de desarrollar un interrogatorio directo al testigo, dificulta apreciar su comportamiento durante el examen de preguntas y repreguntas, de modo que la defensa pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración. En nuestro caso, en el juicio oral y público se incorporó mediante lectura autorizada el testimonio del testigo identificado con la clave JPTP-1415, quien declaró en audiencia inicial: “Reconocía a los muchachos KEVIN SALDIVAR Y NELSON CASTRO, pues desde el mes de abril de 2014, le dijeron que tenía que pagar tres mil Lempiras (L. 3,000.00) mensuales en concepto de guerra, lo cual hizo, en los meses de mayo, junio y julio, esta última fecha, les dijo que no podía seguir pagándoles, y ellos, en respuesta le dijeron, que se atuviera a las consecuencias, que si no pagaban, le daban 24 horas para que él y su familia salieran de su casa, pues de lo contrario los matarían. Llegaron a su casa 20 personas que le dijeron lo anterior, entre ellos, Warner Demilson Meléndez, alias el gato; Alexis; Lenín; Elias; Mauricio; Josué; el Guato alías Catigre; Ovidio y Olvin. Describió físicamente a todos ellos. También índico las características de NELSON JAVIER CASTRO SANDOVAL, quien dijo, es claro, ojos zarcos, con cejas medio rajaditas, pelo parado, medio alto y flaco; Y AL SEÑOR KEVIN SALDIVAR, lo describió como trigueño, pelo parado, bembudito, se corta las cejas, poco fornidito y un poco alto. Agregó, que esto dos últimos, le cobraron tres veces el impuesto de guerra. Se evacuo como prueba testifical la declaración del agente BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ, testigo que es referencial pues solamente recibió la denuncia y narró hechos que no percibió a través de sus sentidos. Como medio documental se evacuo Informe Investigativo Final, donde se hace constar que el testigo protegido interpuso denuncia. Los hechos establecidos como probados en la sentencia condenatoria deben estar probados mediante prueba, en el presente caso solamente se cuenta con la declaración de la supuesta víctima, quien es protegido y como es sabido constituye una limitante para ejercer una verdadera defensa material y técnica, es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), establece: “Incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada, de lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido ilimitados las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en su conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga a/testimonio de identidad reservada....”.[1] Ya en nuestro caso, el testimonio del testigo protegido es de valor decisivo, pues si hacemos uso del método conocido como “supresión hipotética” al suprimirlo en mente nos varía la decisión final. Con esta única declaración el Tribunal Sentenciador llega a la certeza que mi representado es culpable del delito de extorsión continuada en perjuicio del testigo protegido JPTP-1415, medio que como ya se explicó es desproporcional, pues fue obtenido en menoscabo a los derechos del imputado. De acuerdo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), para poder erigirse en prueba de cargo la declaración del testigo anónimo debe reunir tres concretos requisitos: 1. Que el anonimato haya sido acordado por el órgano judicial en una decisión motivada en la que se hayan ponderado razonablemente los intereses en conflicto. 2. Que los déficits de defensa que genera el anonimato hayan sido compensados con medidas alternativas que permitan al acusado evaluar y, en caso, combatir la fiabilidad y credibilidad del testigo y de su testimonio. 3. Que la declaración del testigo anónimo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia. En nuestro caso la defensa está en total desventaja, pues ni comparece a juicio oral y público el testigo protegido, siendo incorporado su testimonio mediante lectura autorizada, lo que hace que los Juzgadores y las partes no puedan observarlo y en consecuencia hacer un verdadero juicio de credibilidad (objetiva y subjetiva) del testigo, además que el testimonio de dicho testigo debe necesariamente estar apoyado en probanza que acredite lo dicho, en el juicio solamente se presentó la agente de investigación Brenda Geraldina Sánchez Pérez, que es meramente referencial, por lo tanto no hay ningún medio periférico de confirmación. Es así que el acusado tiene el derecho a un proceso con todas las garantías y al haber dictado el Juzgador un dicho fallo condenatorio en esas condiciones y basado exclusivamente en el testimonio del testigo protegido e identificado con la clave JPTP-1415, mismo que es muy limitado para esta defensa, se vulnera el derecho de defensa a interrogar testigos consagrados en el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se materializa los principios de contradictorio e igualdad procesal, pues es una garantía reconocida a quienes hayan sido acusados, de examinar los testigos en su contra y a su favor bajo las mismas condiciones, con el objeto de ejercer su derecho[2]; y de presunción de inocencia, en definitiva solicitamos sea declarado ha lugar el presente recurso y que se dicte una sentencia absolutoria.” La parte recurrente, Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, apoderadas defensoras de Nelson Javier Castro Sandoval, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “RESOLUCIÓN RECURRIDA Sentencia de fecha veintitrés de mayo del año Dos mil Dieciséis, dictada por la Sala Segunda del Tribunal de Sentencia de lo Penal de San Pedro Sula, Cortes, Honduras. EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE RECURSO DE CASACION MOTIVO PRIMERO.- Contener la Sentencia de fecha veintitrés de mayo del año Dos mil Dieciséis, contradicciones evidentes entre los hechos probados en Juicio y las motivaciones fácticas y jurídicas descritas en la sentencia, y como consecuencia tal sentencia no reúne los requisitos de la fundamentación que se exponen e imponen en el artículo 338 del Código Procesal Penal, es decir NO RESULTA coherente entre los hechos probados, a través de los medios de prueba evacuados, su motivación fáctica, motivación probatoria y la motivación jurídica, conduciendo todo ello y como derivación, el no haber realizado valoración de la prueba con apego a las reglas de la sana critica, la lógica y la Experiencia.- MOTIVO SEGUNDO.- Contener la Sentencia de fecha veintitrés de mayo del año Dos mil Dieciséis, infracciones a los requisitos establecidos en nuestra Ley Procesal Penal y la Constitución de la República, concerniente a la realización de diligencias y actos que constituyan medio de prueba en contra del imputado específicamente las siguientes: - Medio de Prueba testifical consistente en la Declaración rendida como prueba anticipada por parte del supuesto TESTIGO-VICTIMA PROTEGIDO JPTP-1415, incorporada a Juicio por lectura. - Medio de prueba Documental constitutivo del Informe Investigativo Final, emitido y ratificado en juicio por la misma testigo de cargo la agente BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ PRECEPTOS AUTORIZANTES: El presente motivo primero de casación se encuentra comprendido en el artículo 338 del Código Procesal Penal y en la parte final del numeral 3 del artículo 362.1.3 del código Procesal Penal. Y previo a iniciar el desarrollo de la pretensión recursiva es importante señalar que este defecto se comete en el acto de redacción de la sentencia, de manera que no se tuvo otro momento procesal para reclamar subsanación. El presente motivo segundo de casación se encuentra comprendido en lo descrito en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 8 numeral 2, inciso f, de la Convención Americana de Derechos Humanos y relacionado con el artículo 361 del Código Procesal Penal. HECHOS PROBADOS Fueron estimados como hechos probados por el Tribunal sentenciador los siguientes: En el mes de abril del año 2014, varias personas entre ellas los imputados, llegaron a la casa de habitación del testigo protegido JTPT-1415, situada en el sector Chamelecón, San Pedro sula, Cortes, exigiéndole un pago de Lps. 3,000.00 mensuales en concepto de impuesto de guerra, bajo las advertencias que de no hacerlo le quitarían la visa a él y a su familia, por lo que durante los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año, el testigo protegido efectuó el pago en los términos indicados a los imputados, manifestándoles el ofendido el 01 de julio del 2014, que no podría seguir entregándoles esa cantidad de dinero por carecer de recursos económicos, frente lo cual lo conminaron a que abandonara su domicilio.- estos fueron los hechos que a criterio del Tribunal Sentenciador fueron probados en juicio “valorando las pruebas practicadas en el acto de juicio oral y público” y que sustentan la sentencia condenatoria emitida en contra de nuestro representado. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. MOTIVO PRIMERO: LA DECLARACIÓN DEL HECHO PROBADO NO SEA CLARA Y TERMINANTE. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.1.- VIOLACIÓN DE LA SANA CRÍTICA EN LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, INFRACCIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN. PRECEPTO AUTORIZANTE: ART. 362.3 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL. El hecho probado en su epígrafe UNICO: contiene el siguiente tramo: ““valorando las pruebas practicadas en el acto de juicio oral y público, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Fueron estimados como hechos probados por el Tribunal sentenciador los siguientes: En el mes de abril del año 2014, varias personas entre ellas los imputados, llegaron a la casa de habitación del testigo protegido JTPT-1415, situada en el sector Chamelecón, San Pedro sula, Cortes, exigiéndole un pago de Lps. 3,000.00 mensuales en concepto de impuesto de guerra, bajo las advertencias que de no hacerlo le quitarían la visa a él y a su familia, por lo que durante los meses de mayo, junio y julio de ese mismo año, el testigo protegido efectuó el pago en los términos indicados a los imputados, manifestándoles el ofendido el 01 de julio del 2014, que no podría seguir entregándoles esa cantidad de dinero por carecer de recursos económicos, frente lo cual lo conminaron a que abandonara su domicilio”” Lo anterior descrito en la sentencia que hoy se recurre, es contrario a lo realmente evacuado en Juicio, pues de la lectura simple del acta de audiencia de Juicio Oral y Público, se puede establecer que no hubo multiplicidad de pruebas a evacuar, siendo la única y exclusiva, la participación de la testigo de cargo BRENDA FLORES, quien durante el inicio del proceso en la supuesta etapa de investigación, declaro haber sido ella quien torno la denuncia, ella la que hizo diligencias investigativas (que no existen en el expediente), manifestó ser ella la que le tomó declaración a la víctima (testigo protegido JTPT-1415), ser ella la que realizo la detención de nuestro representado, y ser ella la que realizo el informe investigativo, siendo ella misma quien lo ratificara.- en todo el expediente no existe actuación alguna de otro agente, no existe diligencia alguna realizada por otro agente, no existe siquiera acta policial alguna realizada por ella u otro agente, sin embargo ella manifestó en audiencia haber tomado declaraciones de vecinos del lugar y haber realizado investigaciones, lo cual no fue corroborado documentalmente, y ante la insistencia de las preguntas de la defensa sobre la investigación del caso, solo manifestó no haber tomado declaraciones por escrito ni haber levantado actas de investigación ni antes, ni durante, ni después de la investigación del presente caso; ante lo antes expuesto estamos ante una supuesta investigación realizada unilateralmente por una agente, que no hace más que responder con evasivas, cuáles fueron los actos de investigación realizados por ella supuestamente para corroborar los dichos de la supuesta víctima; pues no es posible que con solo el dicho de una persona que no fue contradicha por las partes, y que no sustenta los dichos de que fue supuestamente objeto, se llegue a condenar a una persona, cuando lo probado en juicio fue, el testimonio de referencia de una agente de investigación, que no constato absolutamente nada de lo denunciado; la agente refiere que las personas denunciadas pertenecían a una mara denominada MS, sin embargo al ser confrontada sobre si investigo y lo constato esa información ante la sección de maras y pandillas, manifestó que no; refirió que había investigado con vecinos del lugar, sin embargo refirió ante el contradictorio no haber tomado declaraciones a nadie, ni levantado actas al respecto, a nuestro representado se le detuvo por escándalo público y al día siguiente después de haber sido liberado por ese cargo, se le acusa de extorsión.- nótese que en el expediente de mérito no existe denuncia previa a la detención de nuestro representado de un delito de extorsión, por ende no fue evacuado en juicio medio de prueba alguno cuya multiplicidad o variedad indiciaria dirimiera en el fallo condenatorio emitido por el Tribunal A quo.- considera esta defensa que la insuficiencia probatoria en el presente caso es un hecho sustancial y motivo por el cual el Tribunal A Quo, debió absolver a nuestro representado de los hechos imputados, pues esta insuficiencia probatoria y falta de corroboración de los hechos denunciados, así corno la falta de diligencias investigativas, que arrojaran indicios suficientes es sustancial para efectos de credibilidad del testimonio otorgado tanto por la agente Brenda Flores, corno la del ofendido y a la vez testigo JTPT-1415, cuya declaración fue introducida por lectura ante su ausencia (siendo este el segundo motivo de Casación que a continuación explicare), y como es bien conocido, en cuanto a testimonios se refiere, quien miente en lo poco, miente en lo mucho.- Es decir es indispensable determinar e individualizar el autor material del hecho, para consiguientemente precisar cuál es la acción con cuyo acto no se hubiera podido consumar el hecho, y que fuera realizada por los otros dos acusados, para determinar si efectivamente existe una coautoría en el hecho antijurídico consistente en extorsionar a una persona.- para determinar cuál es la acción realizada por nuestro representado que se subsume para el Tribunal sentenciador en una autoría, debió primeramente establecerse sin lugar a dudas el iter criminis del caso que nos ocupa, así como constatar los hechos referidos por la supuesta víctima y manifestados por la agente Brenda Flores, quien debió realizar una investigación del hecho denunciado, y hacer constatar esta investigación documentalmente a través de actas de investigación, toma de declaraciones de testigos, acta de seguimiento del investigado, actas de vigilancias, sereo de billetes y vigilancias contraladas etc.,--lo anterior es indispensable, máxime cuando una persona refiere haber sido víctima desde meses atrás de un hecho y solo se cuenta con la palabra del ofendido, y se carece de una denuncia previa que originara una investigación, números de teléfono desde donde se realice la supuesta extorsión, testigos de estos hechos, etc.,--para así determinar en forma certera que acto realizado por nuestro representado, comprueba y le coloca en la posición de autor de este hecho.- Y para aclarar, el motivo que se impetra, ello es que la sentencia emitida y hoy objeto de recurso, establece que se valoró la prueba evacuada en juicio, y cuál fue la prueba evacuada en juicio?, únicamente la declaración incorroborada de una persona que refiere haber sido objeto de extorsión (cuya declaración es el segundo motivo de este recurso), y la agente de investigación que refiere haber tomado esa declaración.- Y ello se agrava con la fundamentación jurídica de la sentencia que dicta un fallo condenatorio ante la insuficiencia probatoria.- Entonces la cuestión a la cual reducimos nuestra impugnación es confrontar dicha actividad con la calificación legal a que arriba el A QUO: “El tribunal Sentenciador es del criterio que se dieron los elementos de tipo como autor del delito enunciado (extorsión continuada).” Ello ya que sostenemos que dicha calificación no encuadra a la conducta que pretendió probar el ente fiscal, que más bien no existió suficiencia probatoria para demostrar los hechos imputados y corroborar los dichos del supuesto ofendido, por tanto, un supuesto convenio previo para delinquir está fuera de ser mínimamente acreditado o sostenible en el presente caso. EL JUZGADOR da como hecho probado en su sentencia, la identificación de los imputados entre ellos nuestro representado como los autores de los hechos que fundamentan la acusación, a tal efecto, REFIERE EL A QUO, QUE LOS MEDIOS PROBATORIOS dan a estos juzgadores la convicción de la participación de los imputados en los hechos por los cuales fueron juzgados. El argumento de la relación de esta apreciación descrita en la sentencia merece contradicción de la defensa por ser contrario al resultado de la evacuación de la prueba en juicio (LA CUAL FUE INEXISTENTE), donde el único supuesto Testigo presencial de los hechos, (cuya declaración se incorporó por lectura) no identifico y lo señalo a nuestro representado, como alguno de los sujetos que participaron en los hechos llevados a juicio, esto sin considerar que en la lectura de la declaración del supuesto ofendido, quien señala con un nombre y apellido a nuestro representado es el ente fiscal y no el ofendido y que al no estar presente nuestro representado en esa declaración, no fue identificado, reconocido o señalado por el ofendido como el autor de los hechos denunciados.- Así se aprecia en un primer lugar que: El Tribunal de Sentencia ha concluido con la interpretación de un medio probatorio erróneamente, transcribiendo, actos no sucedidos en audiencia que a criterio del Juez A Quo se suscitaron y que de la simple lectura del acta de la audiencia de Juicio Oral y Público.- AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS.- El vicio aquí denunciado aparece por primer momento en la sentencia, lo que impide un ejercicio recursivo previo al presente recurso de casación. RECURSO DE CASACIÓN POR QUEBRANTAMIENTO DE FORMA. SEGUNDO MOTIVO: EL PRESENTE MOTIVO SEGUNDO DE CASACIÓN SE ENCUENTRA COMPRENDIDO EN LO DESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 82, 89 Y 90 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA, RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 8 NUMERAL 2, INCISO F, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 361 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL.- Contener la Sentencia de fecha veintitrés de mayo del año Dos mil Dieciséis, infracciones a los requisitos establecidos en nuestra Ley Procesal Penal y la Constitución de la República, concerniente a la realización de diligencias y actos que constituyan medio de prueba en contra del imputado específicamente las siguientes: - Medio de Prueba testifical consistente en la Declaración rendida como prueba anticipada por parte del supuesto TESTIGO-VICTIMA PROTEGIDO JPTP-1415, incorporada a Juicio por lectura. - Medio de prueba Documental constitutivo del Informe Investigativo Final, emitido y ratificado en juicio por la misma testigo de cargo la agente BRENDA GERALDINA SANCHEZ PEREZ El presente motivo segundo de casación se encuentra comprendido en lo descrito en los artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República, relacionado con el artículo 8 numeral 2, inciso f, de la Convención Americana de Derechos Humanos y relacionado con el artículo 361 del Código Procesal Penal. - Las normas que ha criterio de esta defensa ha violentado gravemente el juzgador, son primeramente el Articulo 82 de la Constitución de la República de Honduras, que taxativamente describe: “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los Tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las Leyes”. el Artículo 89 establece: “”Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente””. Lo anterior está relacionado con lo dispuesto en el artículo 8 numeral 2, inciso f de la convención Americana de Derechos Humanos, que dispone: “”el Derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el Tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos””.- El derecho a un proceso justo con todas las garantías legales, exige, como regla general, que los medios de prueba se practiquen en el seno del juicio oral, para efectos de contradicción e inmediación de las partes en un sistema acusatorio donde rige el principio de inmediación, la exigencia es especialmente imperiosa, en materia de la práctica de la prueba, lo que implica la relación entre jueces y partes directamente con los medios de prueba, máxime, en materia testifical, pues en ese acto donde el juzgador obtiene o se forma el grado de credibilidad y firmeza de los dichos del declarante o testigo.- En el presente caso se incorpora mediante lectura el único medio de prueba que sirvió en la etapa inicial del presente caso como indicio probatorio en contra de nuestro representado, esta es la declaración que brindara el TESTIGO PROTEGIDO JTPT-1415, un ocho de julio del año 2014 a las dos y quince de la tarde (2:15), cuando nuestro representado ya se le había detenido dos días antes por un delito de escándalo público y nuevamente detenido desde el siete de julio del 2014 a las diez y treinta y cinco de la noche (10:35) por el delito que hoy nos ocupa.- una declaración tomada a una persona que se supone ofendida cuando nuestro representado ya se encontraba detenido, sin que ha este se le informara sobre su derecho a estar presente y nombrar a un abogado de su elección para que le representara por los cargos de extorsión continuada.- una declaración que el A Quo refiere haber sido tornada con un defensor estatal, pero que en la audiencia donde se le toma declaración al supuesto ofendido o testigo protegido, no se establece en que condición actúa el abogado Cristian Warren ni a quién de los imputados acusados representa; nótese que en la referida acta denominada acta de audiencia de prueba anticipada, (ver folio 25, 26) no se encuentra presente nuestro representado para ejercer su derecho de defensa, y aun y cuando él ya se encontraba habido desde el día anterior e individualizado, no fue notificado de la misma. - esta defensa interpuso el correspondiente recurso de reposición ante el A quo, ante la admisión de introducir esta declaración por lectura, aun y cuando se objetó la ilicitud de la misma, al no haber puesto en conocimiento a nuestro representado de que se realizaba prueba en su contra aun y cuando, él ya había sido detenido y ya se había presentada la acusación en su contra. - el A quo como fundamento factico jurídico, establece que al no haberse celebrado la audiencia de declaración de imputado, no se vulnero ninguna garantía procesal en su perjuicio, criterio que no comparte esta suscrita, ‘pues la ley procesal penal es clara al establecer cuáles son los momentos procesales oportunos en los cuales a un imputado se le leen sus derechos y se garantiza su participación en los actos procesales que constituyan un medio de prueba en su contra, máxime cuando un caso ya está judicializado.- Considera esta defensa que la nefasta actuación del abogado CRISTHIAN WARREN, aun y cuando el acta impugnada no describe bajo que condición actúa, es el resultado de tomar una declaración a un testigo, sin mediar sus derechos constitucionales y procesal penales, pues en una declaración que es sustancial para establecer la participación y responsabilidad de una persona, esta tiene el derecho a ejercer su defensa a través de un apoderado de su elección o del estado, que mediante el contradictorio establezca el grado de credibilidad del testimonio; lo que observamos en esta acta es la ausencia completa de una defensa que realice un acto que sea más que el de mirar o escuchar como el que realizo este abogado cuya condición se desconoce, pues de la simple lectura del acta se establece que el ente fiscal hizo preguntas sugestivas, estableciendo el nombres y apellidos que el testigo nunca menciono, y más aun al no estar presente el acusado, pues tampoco lo señalo; Considera esta defensa que el A Quo no debió darle el valor probatorio que le dio a este medio de prueba, pues en primer lugar no debió admitirlo al carecer de los requisitos que la ley establece para su realización, esto es, la presencia del acusado o mínimamente el conocimiento del acusado de que se realizarla este medio de prueba para elegir un apoderado defensor de su elección que le pudiera representar y defender conforme a derecho y no colocarlo en la indefensión en que fue colocado desde su detención.- Aunado a lo anterior, el testimonio como único medio de prueba no es suficiente conforme a la sana crítica y la experiencia, debe estar apoyado en probanza para llegar a una sentencia condenatoria, pues este testimonio debió ser corroborado con otros medios de prueba o indicios mínimos probatorios que permitieran establecer lo denunciado, lo que no existió en el presente caso,- Se ha incurrido en la infracción de violación de la sana crítica, en el principio de contradicción, en la valoración de la prueba toral del presente juicio. De acuerdo al TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS, (TEDH) para poder erigir como absoluta en prueba de cargo la declaración de un testigo debe reunir como requisito entre otros “que la declaración del testigo concurra acompañado de otros elementos probatorios, de manera que no podrá, por si sola o con un peso probatorio decisivo, enervar la presunción de inocencia””.- en el presente caso este testimonio no corroborado con otra diligencia indiciaria o probatoria, basto al A Quo para dictar un fallo condenatorio en contra de nuestro representado.- Ante las manifestaciones antes vertida considera esta defensa que no se estableció plenamente que los hechos que el supuesto ofendido refiere haber sido objeto, lo que dirime que existe un yerro en la valoración de la prueba evacuada en juicio por el A quo. En el caso que nos ocupa al no existir a su vez prueba de cargo que señale a nuestro representado como participe en la muerte de la víctima, al contrastar ambas posturas que generan certeza, surge entonces una duda razonable respecto a la responsabilidad que dicho acusado pueda tener realmente en los hechos.” Es ahí donde se cristaliza la contradicción: Se otorgo credibilidad a la versión de un testigo de cargo, solo para luego ser contradicha su versión con la de los otros testigos de la defensa, y no poder ser sustentada con otra prueba documental o pericial, que corrobore datos que deberían generar certeza y no dudas sobre los hechos en torno a los actos que fue objeto la víctima, ya que genera duda sobre la certeza de los relatos de este testigo. Por tanto, la sentencia incurre en una contradicción inconciliable. Pero esta postura debe estar reflejada en la redacción de la sentencia, debe ser transcrita conforme al testimonio real del único supuesto ofendido testigo y ante la inexistencia de otra prueba, debió dictar un fallo absolutorio, ya fuera por prueba insuficiente o duda razonable de participación de los imputados; porque ello incurre en la casual nulidad de sentencia, vía casación, por quebranto del principio de contradicción, de la sana critica en la valoración de la prueba. Por tanto, se patenta que la actividad procesal denunciada violenta el debido proceso, y en específico priva un ejercicio de defensa reconocido a la defensa técnica del imputado, como es presenciar todo medio de prueba constituido en su contra. Por tanto, genera una indefensión en relación a la prueba testifical de cargo y disminuye una oportunidad de contradicción, que podría surgir del interrogatorio. Ello genera el vicio aquí denunciado. AGOTAMIENTO DE RECURSOS PREVIOS. El vicio aquí denunciado aparece por primer momento durante el acto de Juicio Oral y Público, al ser admitida la introducción vía lectura de la prueba denominada declaración como prueba anticipada, admisión que fue objetada por esta suscrita, e impugnada vía recurso de reposición y ahora en este recurso de casación.” ue colocado desde su detención FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[3] En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de casación por infracción de precepto constitucional interpuesto por la defensa pública. Único Motivo. *Precepto Autorizante: artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas constitucionales que se denuncian infringidas: artículo 82 y 89 de la Constitución de la República, en relación con el artículo 8 numeral 2 inciso f de la Convención Americana de Derechos Humanos. *Concepto de la Infracción: infracción al derecho de defensa y al estado de inocencia. *Pretensión: resolver conforme a derecho. La Defensa Pública señala que la sentencia que ahora se impugna ha quebrantado el derecho de defensa, reconocido en el artículo 82, y el estado de inocencia, reconocido en el artículo 89, ambos de la Constitución de la Republica. Explica la Defensa Pública que ha motivado el recurso de casación el que la sentencia ha sentado un pronunciamiento inculpatorio en contra del acusado Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, por suponerlo autor penalmente responsable del delito extorsión continuada, en perjuicio del testigo protegido JPTP-1415, infringiendo claramente derechos fundamentales. El vicio se produce, según alega, porque los hechos en que se funda la declaración de responsabilidad penal está definida decisivamente por la declaración de cargo del testigo protegido JPTP-1415, la que no cuenta con elementos probatorios que le corroboren; lo anterior, según la Defensa Pública, impidió el ejercicio del derecho del acusado de poder examinar al testigo en condiciones iguales que el ente acusador y con ello dándose la violación de los principios procesales de contradicción e inmediación, y en suma el derecho a la defensa. Agrega que la condición de testigo protegido del deponente no dio la oportunidad de que la defensa técnica realizara un verdadero contra examen porque su condición de anonimato ha impedido evaluar la fiabilidad del testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado. Asimismo, para la Defensa Pública, la condena del acusado bajo la fundamentación hecha por el Tribunal de Sentencia, es contraria a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Norin Catriman y otros vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014, y va en contra de lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1989, en el caso Kostovki vs. Los Países Bajos. Del testigo protegido A. Obligatoriedad de comparecer como testigo El testigo es la persona que de manera accidental adquiere conocimiento de unos hechos determinados por conducto de sus sentidos, por encontrarse en el momento y lugar en que aquellos ocurrieron; se trata de una persona que, en la mayoría de las veces sin preverlo, presencia hechos que son de interés al derecho y que, por esa razón, es llamado para que relate lo que ha percibido, mediante su narración. Conforme al Código Procesal Penal, toda persona que sepa de un delito está obligada a atender el llamamiento judicial para participar en un proceso judicial en su condición de testigo (Artículo 226 del Código Procesal Penal); esta obligación, salvo las excepciones previstas en la ley (Artículo 227 del Código Procesal Penal), exige a las autoridades estatales a dictar las medidas pertinentes para asegurar que el/la testigo acate el llamamiento judicial, medidas que pueden ser: *Aprehensión para efectos de identificación: Durante la investigación preliminar, ante la noticia criminis y dándose la imposibilidad de distinguir entre testigos y posibles responsables entre las diferentes personas presentes en un lugar, la Policía Nacional (Artículo 175 del Código Procesal Penal) y/o el Ministerio Público (Artículo 176 del Código Procesal Penal) podrá aprehender a las personas que considere necesarias para evitar que se ausenten del lugar sin antes identificarlas plenamente, para ser llamadas como testigos; *Actualización de domicilio de los testigos: Sin perjuicio de las medidas de seguridad pertinentes, el órgano jurisdiccional o, el Ministerio Público en la etapa de investigación preliminar, podrán ordenar a los testigos a fijar su domicilio e informar con antelación cualquier cambio de éste (Artículo 238 del Código Procesal Penal); *Aprehensión por riesgo de ocultamiento o fuga: Cuando una persona trate de ocultarse o fugarse, con el fin de no participar en un proceso judicial como testigo, el órgano jurisdiccional podrá ordenar su aprehensión por hasta 24 horas, a efecto de que durante dicho tiempo se le tome la declaración testifical, la que podrá ser tomada bajo el protocolo de prueba anticipada de ser necesario; esta aprehensión podrá ordenarla el Ministerio Público por hasta 06 horas, entretanto gestiona la orden judicial (Artículo 234 del Código Procesal Penal); *Intimación por el delito de desobediencia: En todas las citaciones que realice el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional, se deberá informar al testigo, sobre su obligación de comparecer (salvo las excepciones previstas en la ley), advirtiéndole que la desatención a dicha cita sin justa causa, le hará incurrir en responsabilidad por el delito de desobediencia (Artículo 155 del Código Procesal Penal); y *Conducción Coactiva: Cuando un testigo debidamente citado y sin justificación válida, no atienda el llamamiento judicial, el órgano jurisdiccional procederá a citarlo por segunda vez, advirtiéndole que podrá ser conducido por la fuerza pública a rendir su declaración, lo cual se ordenara cuando no se atienda esta segunda citación (Artículo 233 del Código Procesal Penal). La normativa citada nos indica que la participación de una persona como testigo en un proceso judicial no cae en el ámbito discrecional de ésta, sino que es una obligación legal cuya inobservancia acarrea responsabilidad, debiendo las autoridades operadoras de justicia en el ámbito penal, dictar las medidas pertinentes para asegurar la participación del testigo en el proceso penal. B. Medidas de protección a testigos La obligación de la persona de participar en el proceso tiene al mismo tiempo aparejado la obligación del Estado de brindar la protección necesaria para repeler cualquier riesgo fundado que dicha participación le pueda acarrear (Artículo 5 Código Procesal Penal). Las medidas de protección están previstas en dos cuerpos legales distintos: i. Código Procesal Penal, bajo el control del órgano jurisdiccional competente; ii. Ley de Protección a Testigos, a cargo del director del Programa Nacional de Protección de Testigos en el Proceso Penal. El artículo 237 del Código Procesal Penal prevé una serie de medidas de protección de los testigos, siendo éste un listado ilustrativo y no excluyente de otras medidas que pueda adoptar la Policía Nacional, Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales, pero todas ellas bajo control de éstos últimos; son medidas de protección, entre otras: *Que no conste en las carpetas institucionales (llámese expediente policial), expediente del Ministerio Público y expediente judicial, el nombre, profesión u oficio, domicilio, centro de trabajo ni dato alguno del testigo. Estos datos deberán ser consignados en sobre sellado que estará bajo la custodia del titular del tribunal que conozca la causa. El testigo deberá ser identificado con una clave o número acorde con la dignidad humana y a la solemnidad del proceso penal, procurando que ésta sea la misma en todo el procedimiento (al respecto ver sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 04 de febrero de 2014, en el expediente SP 232-2011, respecto a la dignidad de las claves); *Que el testigo comparezca para la práctica de las diligencias procesales, utilizando cualquier procedimiento que imposibilite su identificación visual normal; *Que se fije como domicilio, a efecto de comunicaciones, la propia sede del órgano jurisdiccional interviniente, por cuyo conducto serán enviadas reservadamente a su destinatario; *Que la declaración de la persona sea recibida sin la asistencia de público en Sala de Juicio (Artículo 308.2 del Código Procesal Penal); o, *Que la declaración del testigo sea rendida mediante videoconferencia. Por su parte, la Ley de Protección a Testigos (Decreto legislativo No. 63-2007 del 28 de mayo de 2007), ordena que las medidas serán a favor de las personas que integren el Programa de Protección a Testigos dirigido por el Ministerio Público y, por ende, bajo el control exclusivo del Ministerio Público, el que puede solicitar el auxilio de instituciones públicas y privadas para su implementación. Entre las medidas que contempla la ley in comento están: *Medidas de protección personal: i. Alejamiento del lugar del riesgo; ii. Reubicación temporal o definitiva del testigo protegido dentro o fuera del país; iii. Cambio de identidad; iv. Modificación de rasgos físicos; *Medidas policiales: i. Alejamiento inmediato del testigo y de su grupo familiar del lugar de riesgo; ii. Vigilancia, monitoreo y patrullaje policial; iii. Medios y modalidades de comunicación policial de emergencia; y, iv. Acompañamiento del testigo por un agente policial (escolta); *Medidas penitenciarias: Medidas de protección penitenciaria; o *Medidas de protección en el proceso penal: i. Métodos de distorsión de voz o de aspecto físico y cualquier otro instrumento técnico que proteja la identidad y/o integridad física del testigo; ii.- Anonimato o resguardo de identidad y reserva de esta; iii.- Videoconferencia; y, iv.- Garantía de preferencia en la tramitación del caso en el proceso jurisdiccional, asegurando su confidencialidad. Las partes propondrán la declaración del testigo protegido, cuya identidad será revelada al órgano jurisdiccional hasta cuando éste comparezca a rendir su declaración; el órgano jurisdiccional comprobará la identidad constatando privadamente los datos de identificación proporcionados por la parte proponente en un sobre sellado (el que será abierto en ese momento), y luego de ello devolverá dicho sobre a la parte proponente para su destrucción; el sobre de datos de identificación jamás deberá ser agregado al expediente judicial. Téngase en cuenta lo ya señalado por este tribunal de casación en sentencia de fecha 18 de septiembre de 2018, en el Expediente 153-2014: “Esta Sala de Casación recuerda, que la declaración de testigos protegidos y no anónimos como lo refiere el censor, es una práctica procesal permitida en nuestra legislación según lo regula el artículo 237 del Código Procesal Penal, puesto que, si bien los testigos gozan de medidas de protección para no conocerse sus nombres, ni revelar su apariencia física por razones de seguridad personal, los jueces de sentencia si conocen esos detalles, precisamente deben cerciorarse de las generales de ley de los testigos que se encuentran en sobres sellados, por tanto, no son en ningún momento testigos anónimos, sino que protegidos debido a la existencia racional de algún peligro grave para sus personas o sus parientes...”. Las medidas que están previstas en la legislación nacional (Artículo 237 del Código Procesal Penal y Ley de Protección a Testigos en el Proceso Penal), operan bajo un sistema de numerus apertus, de modo que la autoridad estatal podrá adoptar tanto las medidas regladas contempladas en la legislación, como cualquier otra que no lo esté, pero que se identifique como necesaria en el caso concreto; en todos los casos se deberá tener presente que, cualesquiera que sean, deben implementarse dentro del marco del respeto a un debido proceso judicial, en especial a los derechos de defensa y contradicción. C. Necesidad de adopción de medidas de protección Las instituciones del Estado, al llamar a una persona como testigo, están en el deber de identificar los factores de riesgo y emitir las medidas necesaria para evitarlas; su implementación no debe obedecer a un simple miedo natural que puede tener el llamado a atestiguar por su involucramiento en un proceso judicial, sino cuando racionalmente exista un grave peligro para la persona o bienes del testigo, de su cónyuge o compañero de vida, o de un ascendiente, descendiente o hermano de cualquiera de ellos, como consecuencia del testimonio que deba prestar o ha prestado; es una medida excepcional motivada por una concreta situación. La Corte IDH en sentencia de 29 de mayo de 2014, en el caso Norin Catriman y otros vs. Chile, señaló: “243. El deber estatal de garantizar los derechos a la vida y la integridad, la libertad y la seguridad personales de quienes declaran en el proceso penal puede justificar la adopción de medidas de protección.”. Por su parte, la Sala de lo Constitucional en sentencias de fecha 19 de mayo del dos mil 2016, en el expediente 449-2015, de fecha 30 de septiembre del dos mil 2016, en el expediente 504-2015, y de fecha 30 de noviembre de dos mil 2017, en el expediente 384-2017, se ha señalado que “…con el mismo celo con que se garantizan los derechos del imputado, así habrá de actuar el Tribunal de Sentencia en relación a la persona de los testigos protegidos, recordándoles nuevamente que el derecho a la vida es inviolable, así como el respeto a la integridad física, psíquica y moral de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 65 y 68 Constitucionales, y son precisamente estos derechos entre otros los que se protegen y garantizan con la protección de testigos, en tal virtud el legislador ha previsto la figura de protección de testigos como se ha hecho alusión y que el órgano jurisdiccional no debe desconocer...”. Recomienda la Sala de lo Penal que la figura del testigo protegido sea usada con la mayor prudencia, en los casos realmente meritorios donde la amenaza a la vida propia o de los allegados de la persona que debe prestar su declaraciones o la amenaza a sus bienes, sean comprobada o al menos racionalmente previsible; y en especial, recomienda a los jueces hacer un examen particular de cada caso a efecto de evaluar la necesidad de implementar, confirmar, reformar o revocar medidas de protección a favor de testigos y peritos en el proceso penal al amparo del Código de Rito, buscando un equilibrio entre la necesidad del acusado de conocer la identidad del testigo para poder ejercer plenamente el derecho de defensa y el derecho a la protección a la vida, a la integridad corporal y a la propiedad de personas a las que el Estado obliga a comparecer como testigos en una causa criminal; por ello y aun cuando se trate de una medida de carácter excepcional, ante la duda de la procedencia o no de medidas de protección lo preferible es su implementación; todo ello independientemente de la valoración que se haga a la declaración de un testigo protegido, de conformidad a la sana crítica. D. Medidas de protección y el derecho de defensa La Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, siendo una de esas garantías igualdad plena de poder interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos (Artículo 8 CADH); agregando la Corte IDH que “187. Para que en un proceso se respeten verdaderamente las garantías judiciales protegidas en el artículo 8 de la Convención es preciso que se observen todos los requisitos que “sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho”, es decir, las “condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial”. El referido artículo 8 contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del ius puniendi del Estado buscando asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias.” (Norin Catriman y otros vs. Chile). Como se ha señalado ya, ante la presencia de fundamentos razonables que señalen la existencia de posible peligro a la vida, integridad corporal o los bienes de una persona llamada a declarar como testigo en el proceso judicial o de cualquiera de su núcleo familiar, es deber del órgano jurisdiccional el brindarle la protección, cuya necesidad justifica que se vean limitados algunos de los principios informadores del proceso penal; es claro que -en particularla medida de reserva de identidad del testigo no solo excluye el principio de publicidad respecto a ésta, sino que puede limitar en diversos grados el ejercicio del principio de contradicción y con éste el ejercicio de derecho de defensa, pues la representación legal de la persona imputada puede verse limitada de controvertir lo señalado por el testigo ante el valladar de conocer su identidad, y por ende la imposibilidad de saber sus antecedentes personales, relaciones con los demás testigos, ofendidos y acusado, y veracidad de algunos de los hechos concretos que informa en su declaración;“242.-…la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio de este derecho puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con la posible enemistad, prejuicio y confiabilidad de la persona misma del declarante, así como otras que permitan argumentar que la declaración es falsa o equivocada” (Corte IDH: Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello es obligación ineludible del Tribunal de Justicia procurar que la limitación al ejercicio de contradicción tenga como límite lo estrictamente necesario para resguardar la identidad del testigo en riesgo, velando porque los demás principios sigan incólumes, como ser el de oralidad, concentración e inmediación, y que permitan retomar el equilibrio de derechos que la limitación a la defensa haya provocado; en ese sentido, para la Corte IDH (Norin Catriman y otros vs. Chile, párrafo 246) son medidas de contrapeso a observar al momento de la deposición del testigo protegido: *Merito suficiente que justifiquen la protección del delito consistente en la reserva de identidad; *Que la autoridad judicial conozca la identidad del testigo y tenga la posibilidad de observar su comportamiento durante el interrogatorio con el objeto de que pueda formar su propia impresión sobre la confiabilidad del testigo y de su declaración; *Que la representación técnica de la persona acusada tenga una amplia oportunidad de interrogar directamente al testigo en alguna de las etapas del proceso, sobre cuestiones que no estén relacionadas con su identidad o paradero actual; lo anterior con el objeto de que la defensa pueda apreciar el comportamiento del testigo bajo interrogatorio, de modo que pueda desacreditarlo o, por lo menos, plantear dudas sobre la confiabilidad de su declaración; y *Respecto a la decisión judicial: determinar la suficiencia probatoria, identificando fuentes de información distintas a la proporcionada por el testigo protegido. Resulta ilustrativo lo que explica el procesalista español Cubillo López (Cubillo López, Ignacio Jose, en La Protección de Testigos en el Proceso Penal, Civitas /Thomson Reuters, Editorial Aranzadi, págs. 175-187), al referirse a las declaraciones rendidas por testigos durante la etapa preparatoria del proceso, señalando que tales declaraciones siguen las reglas generales en materia de prueba testifical y para que alcancen valor probatorio habrán de reproducirse en la fase de enjuiciamiento, esto es: ante el tribunal sentenciador (inmediación), con eventual asistencia de personas distintas a las partes o sus representantes (publicidad), y en la presencia del acusado, con su letrado, quien debe tener la oportunidad de interrogar al testigo (contradicción), añadiendo que “...no existe un régimen especial cuando se trata de un testigo que ha estado sujeto a medidas protectoras…de tal manera que los testigos protegidos deben comparecer al juicio, como cualquier otro, sin que su condición de tales determine una modificación del régimen ordinario de prueba, en el sentido de que pudiese considerarse que es suficiente con la declaración sumarial, liberándoles de la declaración personal en el juicio oral…el testigo protegido debe comparecer en el juicio oral para ratificar la declaración que efectuó durante la instrucción, y este testimonio será valorado…según las reglas del criterio racional…”. La situación se torna más compleja cuando en la audiencia de debate se ordena la introducción por lectura de la declaración de testigos con protección de identidad sin protocolo de prueba anticipada, pues aquí suman dos circunstancias que limitan al mínimo el ejercicio del derecho de defensa: la situación ya abordada sobre la limitación que puede presentarse para la defensa por el desconocimiento de las generales del testigo y la imposibilidad de poder examinar directamente al testigo, de ejercer contradictorio en la audiencia en donde se produce la prueba que sirve para la toma de la decisión de fondo: la audiencia de debate. La Sala de lo Penal ya había abordado antes este tema en la sentencia del tres de marzo dos mil quince en el expediente SP 106-2012, e insiste en que declarándose a una persona como testigo protegido pasa a estar bajo el resguardo del Estado, por lo que es un contrasentido que se señale en la audiencia de debate que es imposible localizar a dicho testigo o que su no comparecencia se debe a que existe riesgo en contra de su vida, de su integridad física o de sus bienes, pues se parte de que la condición de protección ha sido precisamente por dichos riesgos, y que las medidas adoptadas por el Estado debían de servir para contrarrestarlos, permitiendo que el testigo pueda comparecer al debate para informar lo que conoce; claro está que ello no puede tomarse como una fórmula matemática, pues habrá ocasiones en que el riesgo sea tal que efectivamente el testigo no pueda llegar a comparecer, pero tal circunstancias excepcionalísima debe ser compensada con la introducción por lectura de una declaración testifical tomada estrictamente bajo el protocolo de prueba anticipada, en donde se le haya dado a la defensa tanto el tiempo como la información que se tenga del caso para poder prepararse para participar en tal deposición o, en su caso, mediante la toma de la declaración por video conferencia. En cualquier caso, advierte la Corte IDH, que: “247.-… aun cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena no puede estar fundada únicamente o en grado decisivo en declaraciones realizadas por testigos de identidad reservada. De lo contrario, se podría llegar a condenar al imputado utilizando desproporcionadamente un medio probatorio que fue obtenido en detrimento de su derecho de defensa. Por tratarse de prueba obtenida en condiciones en las que los derechos del inculpado han sido limitados, las declaraciones de testigos con reserva de identidad deben tratarse con extrema precaución, ser valoradas en conjunto con el acervo probatorio, las observaciones u objeciones de la defensa y las reglas de la sana crítica. La determinación de si este tipo de pruebas ha tenido un peso decisivo en el fallo condenatorio dependerá de la existencia de otro tipo de pruebas que corrobore aquellas de tal forma que, a mayor prueba corroborativa, menor será el grado decisivo que el fallador otorga al testimonio de identidad reservada.”. (Norin Catriman y otros vs. Chile). Por ello, para la Sala de lo Penal constituye quebranto al derecho de defensa y de inocencia la sentencia condenatoria basada únicamente en una solitaria prueba testifical con reserva de identidad que además se ha introducido por lectura a la audiencia de debate sin haberse seguido el protocolo de prueba anticipada. Finalmente es de mencionar que es obligación de todo órgano jurisdiccional establecer en la valoración intelectiva de la declaración de un testigo protegido, determinar si la medida de protección ha incidido en alguna medida en el ejercicio del derecho de defensa de alguna de las partes, lo que tomará en consideración al momento de la decisión de fondo. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. En el escrito de interposición el recurrente afirma que se da la infracción al derecho de defensa y al estado de inocencia, con ocasión de que el tribunal de sentencia ordenase la introducción por lectura de la declaración de un testigo protegido, el que sirvió de base para la emisión de una sentencia condenatoria, cuyo testimonio además no se encuentra corroborado con otros medios de prueba. Arguye que, la condición de testigo protegido del deponente no dio la oportunidad de que la defensa técnica realizara un verdadero contra examen porque su condición de anonimato ha impedido evaluar la fiabilidad del testimonio, al desconocer si pudieran concurrir relaciones personales, u otras circunstancias que revelaran la posible existencia de animadversión o enemistad hacia el imputado, o si, en definitiva, existieran razones para dudar de la veracidad de lo declarado. Asimismo, para la Defensa Pública, la condena del acusado bajo la fundamentación hecha por el tribunal de sentencia, es contraria a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia Norin Catriman y otros vs. Chile, de fecha 29 de mayo de 2014, y va en contra de lo señalado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de fecha 20 de noviembre de 1989, en el caso Kostovki vs. Los Países Bajos Respecto a la alegada violación, es de considerar que el presente caso inicio mediante la presentación de requerimiento fiscal en contra del Señor Kevin Evelio Zaldívar Cabrera, por suponerlo responsable, a título de coautor, de un delito consumado de Extorsión, en concurso continuado, en perjuicio del Señor T06; producto de tal acción, se desarrolló el proceso penal, destacando lo siguiente: 1) En audiencia de declaración testifical bajo protocolo de prueba anticipada, tomada en fecha ocho de julio de dos mil catorce (F. 25), bajo control jurisdiccional y con la participación del Ministerio Público y la Defensa Pública quien ejerció la representación legal del acusado, en donde se tomó la deposición del testigo protegido T06, a quien por su seguridad, se le denominó con la clave JPTP-1415, no consta en el acta respectiva protesta por la medida de protección otorgada al testigo; 2. Audiencia de proposición de medios de prueba de fecha doce de mayo de dos mil quince (f. 166), en donde las partes hicieron su oferta de prueba, habiendo figurado como propuesta, entre otras, la declaración testifical del Señor identificado con la clave JPTP-1415, no habiendo la Defensa Pública hecho alguna protesta por la medida de protección otorgada al testigo, ni petición de cambio de medida de cara a la audiencia de debate; 3. Audiencia de debate, celebrada en fecha uno de febrero de dos mil dieciséis (f. 192), en donde, según el acta respectiva, la Defensa Pública no presentó ningún incidente relacionado con la medida de protección al testigo, ni tampoco al momento de desarrollar sus alegatos de cierre. En resumen, la Defensa Pública no hizo denuncia u oposición por la naturaleza y extensión de la medida de protección al testigo JPTP-1415, siendo hasta el momento de presentar el Recurso de Casación el momento en que alega que la medida de protección al testigo le ha causado al acusado violación al derecho de defensa y al estado de inocencia, denuncia que no es atendible, en razón de lo siguiente: *Siendo un defecto de forma, el recurrente debió haber señalado en su escrito de interposición cuales fueron las impugnaciones, y entre estas los recursos, interpuestos para subsanar el defecto que ahora se alega en casación (Artículo 363 tercer párrafo del Código Procesal Penal); es claro para esta Sala de Justicia que la omisión a tal requisito de interposición es porque el recurrente no realizó impugnación alguna en contra el defecto que ahora se alega; *La denuncia del supuesto vicio es de carácter extemporáneo, habiéndose sido subsanado por no haberse alegado en los múltiples momentos procesales en donde se tuvo la oportunidad de hacerlo (Artículo 170 del Código Procesal Penal). La Sala de lo Penal recuerda al recurrente que cuando se trata del Recurso de Casación cuya impugnación denuncia las formas procesales (como es el caso que nos ocupa), ésta únicamente puede versar sobre aquellas pretensiones que fueron planteadas al tribunal de instancia y que resolvieron en esa instancia, pero no sobre las que no fueron suscitadas y sobre las que, obviamente, no puede ni debe pronunciarse, de manera que al entablar en sede casacional esas pretensiones que fueron hurtadas al conocimiento y enjuiciamiento del órgano jurisdiccional competente, se está suscitando una cuestión nueva que, en efecto, resulta contraria a la propia naturaleza del recurso de casación y a la buena fe procesal que ha de regir la actuación de cada una de las partes intervinientes en el proceso. Por lo anterior, el motivo decae y no es de recibimiento. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio.Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor Nelson Javier Castro Sandoval. Primer Motivo.*Precepto Autorizante: 362.1 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: artículo 338 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Contradicción entre los hechos probados y las motivaciones fácticas y jurídicas de la sentencia. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio denunciado consta en la sentencia. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso, anular la sentencia recurrida y ordenar la repetición del juicio. Arguyen las censoras del fallo que lo descrito en el hecho probado de la sentencia es contrario a lo realmente evacuado en juicio, pues de la lectura del acta de la audiencia de juicio oral y público se puede establecer que no hubo multiplicidad de pruebas a evacuar, siendo la única y exclusiva, la de la testigo de cargo Brenda Flores, quien durante el inicio del proceso en la supuesta etapa de investigación, declaró haber sido ella quien tomó la denuncia, ella la que hizo diligencias investigativas que no existen en el expediente, manifestó ser ella la que le tomó declaración a la víctima, ser ella la que realizó la detención del acusado, y ser ella la que realizo el informe investigativo, siendo ella misma quien lo ratificara posteriormente; y ante las preguntas de la defensa sobre la investigación del caso, solo manifestó no haber tomado declaraciones por escrito ni haber levantado actas de investigación ni antes, ni durante, ni después de la investigación, por lo que considera estamos ante una investigación realizada unilateralmente por una agente que no hace más que responder con evasivas. Por ello, concluye la existencia de insuficiencia probatoria, razón por la cual el sentenciador debió absolver al acusado de los hechos imputados, lo que ha provocado una contradicción entre el hecho probado y las motivaciones fácticas y jurídicas de la sentencia. Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma interpuesto por la defensa privada del señor Nelson Javier Castro Sandoval. Segundo Motivo. *Precepto autorizante: no determinado por el recurrente *Normas que se denuncian infringidas: artículos 82, 89 y 90 de la Constitución de la República. *Concepto de la Infracción: la sentencia contiene infracciones a los requisitos establecidos en la ley procesal penal y la Constitución de la República. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio denunciado consta en la sentencia. *Pretensión: declarar ha lugar el recurso, anular la sentencia recurrida y ordenar la repetición del juicio. Expresan las censoras del fallo que en el presente caso se incorpora mediante lectura el único medio de prueba que sirvió en la etapa inicial del presente caso como indicio probatorio en contra del acusado Nelson Javier Castro Sandoval, siendo esta la declaración que brindara el Testigo Protegido JTPT-1415. Expresa que es una declaración tomada a una persona que se supone ofendida cuando el acusado ya se encontraba detenido, sin que a éste se le informara sobre su derecho a estar presente y nombrar a un Abogado de su elección para que le representara por los cargos de extorsión continuada. Una declaración que el A- Quo refiere haber sido tomada con un defensor estatal, pero que en la audiencia donde se le toma declaración al supuesto ofendido o testigo protegido, no se establece en qué condición actuó el abogado Cristian Warren ni a quién de los imputados acusados representa; invita la Sala de lo Penal a notar en el acta de audiencia de prueba anticipada (folio 25, 26) donde se comprueba que no se encontraba presente el acusado para ejercer su derecho de defensa, y aun y cuando ya se encontraba habido desde el día anterior en la causa. De la declaración de los hechos probados Los hechos probados son el relato histórico respeto a los acontecimientos que están siendo debatidos; es una descripción, donde el juzgador hacen un recuento cronológico, ordenado, claro y terminante de lo que aconteció, el cual es extraído a partir de la valoración de los medios probatorios reproducidos en la audiencia de debate; los hechos probados podrán ser elaborados conforme al estilo de sus redactores, pero siempre deberán determinar aspectos básicos como tiempo, lugar, identificación de las personas que participan, los hechos objeto de debate y, en su caso, el resultado del acontecimiento; es a partir de los hechos probados que el juzgador determina la norma legal aplicable al caso y de allí su imperativa importancia. Por lo anterior, el artículo 338 del Código Procesal Penal manda que los hechos probados deberán estar dispuestos en párrafos separados y numerados, con la consignación expresa y terminante de los hechos que lograron probarse en la audiencia de debate, descrito en forma clara, precisa y coherente, sin utilizar en ellos conceptos que por su exclusivo carácter jurídico puedan predeterminar el fallo que haya de dictarse. Se desprende de la citada norma que los hechos probados deben reunir los siguientes requisitos: 1. Requisitos de forma: hechos probados debidamente separados y numerados, de conformidad a la complejidad del relato y la exposición de ideas; y, 2. Requisitos de fondo: Claros: “… la falta de claridad de los hechos probados se da cuando el juzgador los redacta entre otros casos utilizando términos ambiguos, oscuros, incompletos o confusos que imposibilitan su comprensión” (Ver Sentencia de fecha 15 de Diciembre del 2010 en el Exp 377-2008). “…supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho” (Ver Sentencia de fecha 28 de Octubre del 2010 en el Exp 129-2009). a. Terminantes: “…los hechos probados se consideran no terminantes cuando se pone de manifiesto alguna indecisión de parte del Tribunal como cuando emplea algunas afirmaciones tales como “posiblemente”, “casi seguro” u otras similares que no impliquen la concreción segura del relato, en ese sentido…” (Ver Sentencia de fecha 13 de Abril del 2011, en el Exp 250-2009); y, b. Coherentes: exige armonía interna del hecho desde el punto de vista lógico, la incoherencia “…implica un relato fáctico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del fáctum de la resolución dirigido a la contradicción in términos…” (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2010 en el Exp. No. 920-2009). Siguiendo a Fernández de la Reguera[4], esta Sala de lo Penal señala que se requerirá como requisitos para declarar como faltos de claridad, terminación o coherencia los hechos probados, los siguientes: 1. Que el contexto de la narración fáctica se aprecie incomprensión de lo que se quiso manifestar debido a: Utilización de frases ininteligibles, omisiones, empleo de juicios dubitativos o por ser los hechos probados la mera descripción del resultado de las pruebas sin el acompañamiento del razonamiento del juzgador, razonamiento que no debe entenderse como valoración probatoria, sino como aquellas afirmaciones conclusivas arribadas a partir de la prueba y que reproduzcan el hecho histórico; 2. Que la falencia no permita subsumir los hechos en el ámbito situacional de la norma penal sustantiva que se ha aplicado, impidiendo determinar si los hechos son o no constitutivos de delito, determinar la clara participación del acusado en dichos hechos o si concurren circunstancias que excluyen la conducta, causas de atipicidad, causas de justificación, causas de inculpabilidad, causas de inimputabilidad o causas absolutorias de la pena, ello cuando se trate de sentencias absolutorias basadas en alguna de ellas; 3. Que esa falta de entendimiento o incomprensión provoque un vacío o laguna en el relato histórico de los hechos; 4. Que tomando únicamente como base los hechos probados, el Tribunal de Sentencia haga un relato colisionante, con afirmaciones excluyentes entre sí, de modo de no poder saber cómo ocurrió el hecho histórico; y Que el censor, en el planteamiento del motivo, identifique con acierto la sección de los hechos probados que estima como faltos de claridad, terminación o coherencia. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo en sus dos motivos. El recurso es de absoluto improcedente, como consecuencia de haber sido elaborado sin tomar en cuenta ningún rigor casacional. En el primero de los motivos, a través del precepto autorizante seleccionado por el recurrente-artículo 362.1 del Código Procesal Penal- el cual expresa que se podrá interponer recurso de casación por quebrantamiento de forma, cuando en la sentencia recurrida falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria; se pueden desarrollar motivos distintos, a saber, son los siguientes: 1. Falta de declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados. 2. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea clara. 3. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados no sea terminante. 4.. Que la declaración de los hechos que el tribunal estimó aprobados sea contradictoria. Motivos que han sido ampliamente explicados y detallados de manera precedente, en lo que consisten, en su alcance y en los efectos que conllevan para la corrección de la aplicación de la fundamentación fáctica. Sucede, en el caso actual, que las censoras del fallo no seleccionaron y explicaron con precisión ninguno de los motivos contenidos en dicho precepto, sino que se dedicaron exclusivamente a hacer alegatos propios de instancia, tales como que la prueba producida en el juicio es insuficiente para enervar el estado de inocencia del señor Nelson Javier Castro Sandoval; ya que únicamente se cuenta con la declaración de la testigo de cargo Brenda Flores, quien durante el inicio del proceso en la supuesta etapa de investigación, declaró haber sido ella quien tomó la denuncia, ella la que hizo diligencias investigativas que no existen en el expediente, manifestó ser ella la que le tomó declaración a la víctima, ser ella la que realizó la detención del acusado, y ser ella la que realizo el informe investigativo, siendo ella misma quien lo ratificara posteriormente. Entonces, lo que vemos es que sus argumentos en nada cuestionan la fundamentación fáctica de la sentencia por considerar que la misma no sea clara, terminante o contradictoria. Asimismo, en su segundo motivo, ni siquiera se seleccionó por las recurrentes alguno de los preceptos autorizantes establecidos en el artículo 362 del Código Procesal Penal, sino que se dedicaron a alegar la infracción de preceptos constitucionales los cuales deben ser denunciados, explicados y comprobados desde un recurso distinto, así como también se dedicaron a hacer alegatos propios de instancia tales como que en la audiencia de prueba anticipada, el acusado Nelson Javier Castro Sandoval, no le fue asistido un Abogado de su elección ni pudo comparecer de manera presencial a dicha audiencia. Entonces lo que vemos es que las censoras del fallo no realizan ni siquiera correctamente en el proceso de identificación del vicio, pues sus alegatos no van acordes al tipo de recurso de casación interpuesto; no seleccionaron la norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denuncia el supuesto vicio, y tampoco el motivo es de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido. Por todo ello, lo procedente es desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia con la debida técnica casacional. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la defensa pública de Kevin Evelio Zaldívar Cabrera. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada del señor Nelson Javier Castro Sandoval. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;360, 361y 363 del Código Procesal Penal, FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto por el Abogado Christian Josué Fajardo, defensor público del señor Kevin Evelio Zaldívar Cabrera; 2) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, en sus dos motivos, interpuesto por las Abogadas Nidia Elizabeth Fuentes Quesada y Miryan Ivone Palomo Núñez, apoderadas defensoras de Nelson Javier Castro Sandoval; 3) Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, proferida por el tribunal de sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-569-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITAALA DE LO PENAL
[1] Sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Noria vs Chile, Pág. 86.
[2] Ver Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú, fondo, reparaciones y costa, párrafo 154, y caso J. Vs Perú, párrafo 208.
[3]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
[4]Fernández de la Reguera, Ángel Llorente, en Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, Los Recursos; Litocom S. de R.L. de C.V.; Tegucigalpa, Honduras, Abril de 2011.- pág. 118