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Sentencia CP-566-16 — Registro 13944

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por los delitos de Robo Agravado Continuado,Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El primer motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que, la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y cuestiona que a partir de la fundamentación probatoria no puede concluirse un dictado de condena. Estos argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del primer motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada

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Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia conociendo del Recurso de Casación SP 566-2016 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, mediante la cual falló: Primero: Condenó al señor Melqui Porfirio Martínez Moreira, como autor del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de los señores Marlen Yamali Romero Portillo, Mirza Alejandra Alvarado Rosa, Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores, a la pena de once años y siete meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Segundo: Condenó al señor Melqui Porfirio Martínez Moreira, como autor del delito de Posesión Ilegal de Armas de Fuego Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de tres años de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Condenó al señor Jorge Antonio Torres Villeda, como autor del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de Marlen Yamali Romero Portillo, Mirza Alejandra Alvarado Rosa, Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores, a la pena de once años y siete meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Condenó al señor Marlon Josué Villeda Hernández, como cómplice simple del delito de Robo Agravado Continuado, en perjuicio de Marlen Yamali Romero Portillo, Mirza Alejandra Alvarado Rosa, Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores, a la pena de siete años y diez meses de reclusión, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Quinto: No procede condenar en costas a los señores Melqui Porfirio Martínez Moreira, Marlon Josué Villeda Hernández y Jorge Antonio Torres Villeda; Sexto: Declaró a los señores Melqui Porfirio Martínez Moreira, Marlon Josué Villeda Hernández y Jorge Antonio Torres Villeda, civilmente responsables de los daños y perjuicios ocasionados por el delito por el que se les condena; Séptimo: Decretó el comiso de un arma de fuego, tipo pistola, marca Star, calibre 45mm, pavón borroso, cacha de madera color café, serie ilegible, conteniendo un cargador con seis proyectiles, decomisada al señor Melqui Porfirio Martínez Moreira, y se ordena la devolución de un teléfono color negro, marca Alcatel, serie 011802006500140, con su respectivo chip, una camisa blanca con el logotipo de la Selección Nacional de Honduras y un pantalón de hombre marca Búfalo, color azul, talla 28 a las personas que acrediten ser sus legítimos propietarios. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Ley, el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, actuando en su condición de defensor privado de los señores Jorge Antonio Torres Villeda, Melqui Porfirio Martínez Moreira y Marlon Josué Villeda Hernández. Son partes en única instancia: El Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, actuando en su condición de defensor privado de los señores Jorge Antonio Torres Villeda, Melqui Porfirio Martínez Moreira y Marlon Josué Villeda Hernández.; y, la Abogada Marina Audely Valera, fiscal del Ministerio Público, como recurrida. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando la prueba practicada en juicio, este tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: PRIMERO: En fecha 13 de junio del año 2011, a eso de las 8:30 de la noche, las jóvenes MARLEN YAMALÍ ROMERO PORTILLO, MIRSA ALEJANDRA ALVARADO ROSA y MABEL MORENO, transitaban por la calle que conduce al hospital de Occidente, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, estacionándose cerca de ellas un vehículo, tipo turismo, color blanco, el cual era conducido por el señor JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, de dicho automóvil se bajó del asiento delantero del pasajero (lado derecho) el señor MELQUI PORFIRIO MARTINEZ MOREIRA, quien portaba un arma de fuego, se dirigió, apuntando dicha arma de fuego, primero hacia MABEL MORENO, exigiendo que le entregara sus pertenencias, a la que no le quitó nada, porque no portaba nada; luego se dirigió a la joven MARLEN YAMALI ROMERO PORTILLO, a quien despojó de un teléfono celular, luego apuntó su arma de fuego hacia MIRZA ALEJANDRA ALVARADO ROSA, a quien también despojó de otro teléfono celular, mientras esto sucedía MARLON JOSUE VILLEDA HERNANDEZ, quien se encontraba en el asiento de atrás del vehículo le gritaba a MELQUI PORFIRIO MARTÍNEZ MOREIRA, que se apurara, después MELQUI PORFIRIO MARTÍNEZ MOREIRA, se subió al vehículo, conduciéndolo JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, por la misma calle. SEGUNDO: En esa misma fecha 13 de junio del año 2011, a eso de las diez de la noche caminaban por la carretera Internacional, por el sector conocido la vuelta de Nataren, los jóvenes ERICK RENE BENITEZ y GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES, procedentes del Colegio Santo Domingo Savio, cuando se paró el mismo vehículo que, subía la cuesta de la vuelta de Nataren, el cual era conducido por JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, bajándose del lado del pasajero MELQUI PORFIRIO MARTINEZ MOREIRA, quien apuntándoles con un arma de fuego, despojó a GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES, de un teléfono celular y después a ERICK RENE BENITEZ, también de un teléfono celular; cuando MELQUI PORFIRIO MARTINEZ MOREIRA, con un arma de fuego apuntaba a GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES y a ERICK RENE BENITEZ, desde el vehículo le gritaba tanto MARLON JOSUÉ VILLEDA HERNANDEZ, que estaba sentado en la parte de atrás del vehículo, y JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, quien estaba en el asiento del conductor, que les quitara los celulares, si se oponían que los matara; después que MELQUI PORFIRIO MARTINEZ MOREIRA, despojara de sus celulares a GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES y a ERICK RENE BENITES, se subió al vehículo y JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, giró el mismo conduciendo con rumbo al bulevar Jorge Bueso Arias.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS La parte recurrente, Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley de la manera siguiente: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY O DE DOCTRINA LEGAL-PRIMER MOTIVO: No haber observado el Juzgador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 360 del Código Procesal Penal, siendo este el fundamento legal. “Habrá lugar al Recurso de Casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dado los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma Jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo” Para los efectos de este motivo se citan como infringidos los Artículos 198 y 202 del Código Procesal Penal. “Artículo 198 del Código Procesal Penal, preceptúa: “La finalidad de los medios de prueba es el esclarecimiento de la verdad de los hechos y sus circunstancias, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de este Código; 202. “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana critica El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. ANTECEDENTES DE LA CAUSA: PRIMERO: En el requerimiento Fiscal presentado por el ente acusador Ministerio Público, desde ese momento falta a la objetividad atribuyendo el delito de Robo Agravado Continuado a todos mis representados y a Marlon Josué Villeda Hernández y Melquin Porfirio Martínez, se les atribuye también el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras, cuando que lo que resulté es que ese delito únicamente lo comete supuestamente uno de mis defendidos Melquin Porfirio Martínez, lo que demuestra que antes de presentarse los requerimientos, no se hacen las investigaciones necesarias para responsabilizar a personas.- SEGUNDO: Al evacuarse la audiencia inicial, al rendir su testimonio las supuestas víctimas MARLEN ROMERO PORTILLO, MIRZA ALEJANDRA ALVARADO ROSA. ERIC RENE BENITEZ y GABRIELA ALEJANDRA ROMERO PORTILLO, estas si bien señalan a tres personas, entre sus deposiciones se encuentran discordancias, pues Marlen Alejandra Romero Portillo, por un lado dice que vio a uno el que le quito el celular que se dice es mi defendido Melquin Portillo y a su compañera también la despojo de su celular, al igual Erick René Benítez, dice que quien lo despojo de su celular es Melquin y dice no haber podido reconocer a las dos personas que se quedaron en el vehículo, porque estaba oscuro, Gabriela Anahí Posadas Flores, dice haber sido Melqui quien le puso la pistola que solo uno se bajó del vehículo, y Mirza Alejandra Alvarado Rosa se contradice con los demás testigos pues dice que se bajaron 2 Melqui y el otro le decía que se apurara a quitarle el celular. Quedando evidenciado que si era de noche no podría reconocerse a ninguna persona si estaba oscuro y de haber sido posible sobre quien recae la acción es a Melquin y no a todos los imputados. Por lo que no es de derecho que a dos se les imponga una pena como autores y únicamente a uno como Cómplice Simple, pues en nuestro ordenamiento jurídico existen las figuras de encubridores, cómplices simples y cómplices necesarios.- No lográndose individualizar en esta audiencia quien es el portador de las armas que se dicen encontradas en el vehículo, pero para el Ministerio Público las tres personas son responsables de la portación ilegal, por el hecho de andar en el carro, siendo imprescindible probar que las armas no han sido registradas, por lo que hasta ese momento no se había probado esa posesión ilegal. Pero el Juez A-quo decretó el auto de prisión (hoy auto de formal procesamiento) en contra de tres imputados por los dos delitos de Robo Agravado Continuado y Portación ilegal de Armas. Lo anterior puede aceptarse en virtud de que en la etapa en que se encontraba la causa (audiencia inicial) únicamente se necesita un mínimo indicio de participación. Tal como lo señala el Artículo 294 del Código Procesal Penal. Pero en cuanto a la calificación del delito debe tomarse en cuenta muchos factores y en el presente caso se califica el delito de Robo Agravado Continuado y Posesión Ilegal de Armas, cuando que no se ha demostrado debidamente la participación que tuvo cada uno, pues si aparte de Melqui, andaban dos personas más, estas deben ser plenamente identificadas lo cual no ocurre en el caso de autos7 y de ser cierto que las dos personas que se dice andaban en el vehículo, no se sabe si estos prestaban alguna colaboración voluntaria en los hechos o si andaban contra su voluntad ante la persona que se bajaba con pistola en mano (Melqui Porfirio).- Por ello considera esta defensa que la calificación hecha en forma generalizada, causó agravios a mis clientes. TERCERO: Cabe señalar que durante el término de los sesenta días que otorga la ley para que antes de la celebración de la audiencia preliminar, el ente acusador aporte elementos probatorios para poder formalizar la acusación, no aportó ningún nuevo medio probatorio, y así llegada la audiencia preliminar que señala el Artículo 300 del Código Procesal, sin más elementos probatorios formalizó la acusación basándose en la prueba de la audiencia inicial, cuando que haya solo se necesita un mínimo indicio probatorio, pero para llegarse a formalizar la acusación, debe existir plena prueba no solo del hecho sino de la participación de cada uno de los imputados. LO CUAL NO SE HIZO. - EXPLICACION DEL MOTIVO. 1°. - Al llevarse a cabo el debate Fiscalía contó en un inicio, con la presencia de dos testigos MARLEN YAMALI ROMERO PORTILLO, (víctima) esta responsabiliza a Melqui de ser la persona que se bajó del vehículo con arma en mano y el despojo del celular y haberse bajado otro del vehículo a apurarlo, que solo uno andaba arma y al chofer no lo vieron. Ante las preguntas del Fiscal, se contradice y dice que el otro que se bajó también andaba arma. Cuando que ya había dicho que solo uno Melqui. Indica que había poca luz, un farol. Esta testigo no aporta nada nuevo pues su testimonio es idéntico al testimonio rendido en la audiencia inicial, contradiciendo su dicho en la audiencia inicial con la que rinde ante el tribunal. También se evacua al testigo ERICK, que es el mismo ERIC RENE BENITEZ, (victima) dice que estaba poco iluminado, que se baja a asaltar solo una persona y señala a Melqui, los demás metían presión. Y relata que no se bajó nadie más, contradiciéndose con lo dicho par la testigo anterior quién primero dice ser uno refiriéndose a Melqui y después ante las preguntas cautelosas del Fiscal, menciona bajarse otro. SIENDO SUS TESTIMONIO CONTRADICTORIO Y CARENTE DE VERDAD. Ante las preguntas de esta defensa entra en contradicciones y demuestra que ha sido manipulada para declarar.- Declaró También GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES, (victima dice no reconocer a la persona que la asaltó, cuando que en la audiencia inicial responsabiliza a Melqui, quien la asaltó despojándola del celular con pistola en mano, reconociéndolo por la camisa, en el tribunal mostrándole la evidencia (camisa) dice no haberla visto físicamente.- Como se podrá observarse el ente acusador, en la vista inicial conté con el testimonio de las victimas quienes si bien entraron en contradicciones, arrojaron un mínimo inicio para dictarse el auto de formal procesamiento. Y SIN MAS PRUEBAS QUE LAS MISMAS DE LA INICIAL, FUERON UTILIZADAS EN EL DEBATE. ESTAS DECLARACIONES MERMAN AQUEL MINIMO INDICIO. Dejando al descubierto una duda en cuanto al grado de participación de cada uno los partícipes de los hechos.- 2º.- Con las demás pruebas evacuadas por el Ministerio Publico, se demuestra el decomisó de celulares y de dos armas de fuego, no se demostró con ello de que todos los encausados hayan tenido participación activa en los hechos, las dos armas que se dicen una que supuestamente es la que portaba Melqui, porque la otra estaba en el vehículo en un bolsa, estaba modificada, pudiéndose hacer un disparo apretando el gatillo de forma manual, si se aprieta el gatillo no dispara, esto estableció el testigo WALTER AGUILERA, al ratificar el acta de decomiso estableció que las armas no se pudieron individualizar porque ninguna de ellos guiso hacerse acreedor. Pero en la sentencia recurrida se responsabiliza a Melqui por ser la persona que se ha señalado ser quien salía con arma en mano del vehículo que se describe. - En cuanto a la ratificación que se hicieron de las actas Policiales, estos agentes policiales WALTER AQUILERA y OSCAR QUINTANILLA, estos entraron en contradicciones justificando que por el tiempo no recuerdan al realizarse preguntas tanto de la Fiscalía como de esta defensa. Al continuarse el debate después de una suspensión se evacuó el testimonio de la testigo MIRZA ALEJANDRA ALVARADO ROSA, esta relata que quien le puso la pistola a si amiga Mabel luego a ella y después a Yamali fue Melqui y los muchachos de adentro del vehículo lo apuraban, los vidrios del vehículo iban poco abiertos. Como se podrá observar no se presentaron nuevos elementos probatorios y según el ente acusador los hechos fueron vistos por otras personas y porque no fueron presentados otros testimonios sino únicamente de las víctimas. 3°. - Al formular sus conclusiones la Fiscalía, todo se enfoca en que el partícipe de los asaltos es Melqui Porfirio Martínez Moreira, con arma en mano, y responsabiliza a los otros dos imputados bajo la figura de coautores, sin hacer una exposición de la participación de estos, lo cual es necesario y no involucrarlas en una misma figura pues el coactor tiene su función para caer en la misma pena. La Fiscalía no probó la participación de estos dos imputados. Solo por el hecho de que andaban en el mismo vehículo, cuando como repito, no se sabe bajo que circunstancias andaban estos, en forma voluntaria u obligada ante una persona que anda arma. - (EJEMPLO) Pongámonos en el caso de que una persona anda en su vehículo, lo abordan personas que anclan en actos ilícitos, y es obligado a que los conduzca a determinados lugares bajo una amenaza. Quien lo haría, creo que todos preservarnos la vida y lo haríamos. El hecho que se haya dicho en forma contradictoria que otro del vehículo apuraba a Melqui, esta versión no es creíble. Pues en cuanto se dice que se bajó uno, después se dice que se bajó otro a apurarlo.- Repito en nuestro ordenamiento jurídico existen las figuras de Encubrimiento, Cómplice Simple y Cómplice Necesario así como el de coactor cada una de estas figuras tienen una función, y en el caso de autos no se ha probado la función de estos, y mal se ha hecho en condenar a dos de los imputados por el mismo delito cuando que la responsabilidad más a caído en uno, puesto que Jorge Antonio Torres Villeda nunca se dijo que se haya bajado del vehículo siempre se dijo que estuvo dentro de él, es más Jorge no ha sido debidamente identificado, para ser exactos quien aparece identificado es Melquin únicamente Marlon Josué Villeda Hernández, de quien se dice se bajaba a apurar a Melqui se le impone una pena como Cómplice Simple, y cabe preguntarse ¿porque no se aplica la misma sanción a Jorge Antonio Torres, si este nunca aparece haber tenido una participación directa más que conducir su vehículo?. 4º.- Al formular conclusiones esta defensa alegó que el ente acusador, no logró demostrar fehacientemente, los hechos ni los partícipes de los mismos, y que la prueba documental consistente en actas, estas están viciadas en su elaboración violando el procedimiento y producen nulidad por no haberse hecho con las formalidades cte. ley, lo cual la Fiscalía pretendió justificar bajo argumentos no validos jurídicamente. Es más, el Fiscal en sus conclusiones pretende hacer creer, haber probado que las armas ambas estaban en buen estado de funcionamiento, con ello le quita validez a la ratificación hecha por el que hizo el levantamiento del acta, donde se indicó que una de las armas estaba modificada y no estaba en buen estado de funcionamiento. 5°- En la declaración de HECHOS PROBADOS, por el Tribunal de Sentencia. En el hecho PRIMERO. Se responsabiliza a MELQUIN PORFIRIO MARTINEZ MOREIRA, de ser el autor de haber pretendido despojar de sus pertenencias a Mabel Moreno, a quien no le quito nada, porque no portaba nada. Luego despojo de su celular a Marlen Yamali Romero Portillo, luego apuntó con su arma hacia Mirza Alejandra Alvarado Rosa, a quien también despojo de su celular, mientras que Marlon Josué Villeda, le gritaba a Melqui que se apurara. Con ese hecho probado, demuestra haberle dado total validez y credibilidad a las declaraciones de las víctimas, quienes entraron en contradicciones.- En el SEGUNDO HECHO PROBADO, siempre se responsabiliza a MELQUI, corno el autor de que con arma en mano, despojo de su celular a ERICK RENE BENITEZ y a GABRIELA ANAHI POSADAS FLORES, y que desde el vehículo le gritaba tanto Marlon Josué Villeda que estaba sentado en la parte de alias del vehículo y Jorge Antonio Torres, quien estaba en el asiento del conductor, le gritaban a Melqui que se apurara. Esta versión no es creíble en su totalidad, puesto que en la vista inicial únicamente se estableció que quien apresuraba a Melqui era el otro que resultaría ser Marlon y no Jorque Antonio Torres Villeda. Como se podrá observar en los autos se decía que se había bajado Melqui y después se decía que se bajó otro sin ser identificado. En este hecho probado no se dice que otro además de Melqui se haya bajado del vehículo y siempre se dijo que el conductor estuvo dentro del misma. El hecho que se diga que Jorge se responsabilizó ser el dueño del vehículo, (según versión de los agentes policiales) esto no indica que se haya hecho responsable de los hechos. - 6º.- En la Valoración de la prueba, el Tribunal sentenciador, da total criterio a las declaraciones de las víctimas, quienes en la audiencia inicial entraron en contradicciones corno también en el debate. Que más bien deja ver que las víctimas fueron inducidas a declarar de una forma diferente a como se realizaron los hechos. También en la valoración de la prueba, da criterio a las actas que fueron ratificadas, a pesar que estas fueron elaboradas sin los requisitos que establece la ley. - 7°.- En la FUNDAMENTACION JURIDICA, se atribuye igual participación de los hechos a los tres imputados, se dice que se apoderaron de varios bienes muebles ajenos consistentes en celulares. Cuando que quien se apoderó de esos celulares según testimonios fue Melqui. RESULTANDO EXISTIR UN DESCONTRASTE ENTRE LOS HECHOS PROBADOS CON LA VALORACION DE LA PRUEBA. ESTO ES MOTIVO DE NULIDAD QUE SIN NECESIDAD DE RECURRIR A LA CASACION EN LA FORMA. PUEDE DECLARARSE DE OFICIO. - Después se indica que, a MARLON, su proceder es de COMPLICE SIMPLE, por lo que cabe preguntarse. ¿Cómo puede ser que según se desprende lo actuado en los autos, que si se bajó otro quien apresuró a Melquin, se indica lógicamente a Marlon calificando su actuar corno Cómplice Simple? ¿Porque se califica diferentemente a Jorge Antonio Torres Villeda, si este no tuvo más participación que conducir su vehículo?, y no se ha probado que este lo haya hecho voluntariamente o bajo alguna amenaza, tal como se explicó en el ejemplo. El Tribunal de Sentencia, no hizo en su fundamentación jurídica, la participación que tiene un encubridor, un cómplice simple o un cómplice necesario, un autor o un coautor, para poder entender su proceder en su resolución definitiva Creo que la Sentencia recurrida carece de motivación, lo cual es motivo de nulidad.-” “SEGUNDO MOTIVO: “Infracción por Aplicación Indebida del Artículo 32 del Código Penal” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo casación se encuentra comprendida en el Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPLICACION DEL MOTIVO: UNICO: Como se podrá observar en los hechos probados suprindicados, se han dejado establecidas las circunstancias que nos muestran claramente el lugar o espacio donde se ejecutaron los hechos, la dinámica a través del cual se desarrollaron los mismos, así como que en tales hechos participó la persona del imputado JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, (quien creo no está debidamente identificado en los autos) de quien se dice que conducía el vehículo que transportaba a los otros dos imputados MELQUI PORFIRIO MARTINEZ y MARLON JOSUE VILLEDA HERNANDEZ, y siendo que es la persona que únicamente conducía el vehículo, considera esta defensa que su participación sería la de complicidad simple, al tenor del artículo 33 del Código Penal. Por lo que de no producirse una NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA o una SENTENCIA ABSOLUTORIA, lo que procedería seria la aplicación de una Complicidad Simple., tal como se ha hecho con el imputado Marlon Josué Villeda Hernández. Salvo Mejor criterio de la Sala de lo Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los hechos probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como principio de intangibilidad de los hechos probados. 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la doctrina legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso. b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis. c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal. d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. En conclusión, a través del Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia, o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley. Primer Motivo. *Precepto autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: artículos 198 y 202 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: no haber observado el sentenciador las reglas de la sana crítica; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Explica en su primer motivo que la fiscalía contó con la presencia de dos testigos Marlen Yamali Romero Portillo y Erick René Benítez, los cuales se contradijeron en sus testimonios. También contó con la declaración de Gabriela Anahí Posadas Flores, y la demás prueba que fue la misma utilizada en la audiencia inicial. Con todo ello considera se demuestra el decomiso de celulares y dos armas de fuego más no la participación de los encausados en los hechos. Seguidamente, expone las conclusiones tanto de la fiscalía del Ministerio Público como de la defensa. Concluye existe un contraste entre los hechos probados de la sentencia con la valoración de la prueba. De la procedencia del primer motivo El primer motivo no es de recibo. Establece el precepto autorizante citado por el recurrente que habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido una norma penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo que deba ser observada para la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo. Por esa razón, el recurso interpuesto obliga a respetar el relato de hechos probados en la sentencia recurrida, pues en estos casos se discuten problemas de aplicación de la norma jurídica y tales problemas han de plantearse y resolverse sobre unos hechos predeterminados, que han de ser fijados al efecto por el tribunal de instancia. El recurso de casación por infracción de ley se articula a partir de las precisiones fácticas que haya establecido el Tribunal de instancia, por no constituir una apelación ni una revisión de prueba. Se trata, en todo caso, de un recurso de carácter sustantivo penal cuyo objeto exclusivo es el enfoque jurídico que, a unos hechos dados, ya inalterables, se pretende aplicar, en discordancia con el sentenciador. La técnica de la casación penal exige que en los recursos de esta naturaleza, se guarde el más absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia recurrida, ya que el ámbito propio de este recurso queda limitado al control de juricidad, o sea, que lo único que en él se puede discutir es si la subsunción que de los hechos hubiese hecho el Tribunal de instancia en el precepto penal de derecho sustantivo aplicado es o no correcta jurídicamente, de modo que, la tesis del recurrente no puede salirse del contenido del hecho probado. En el caso presente, el recurrente se aparta totalmente de la base fáctica de la sentencia y cuestiona que a partir de la fundamentación probatoria no puede concluirse un dictado de condena. Estos argumentos no respetan en manera alguna la premisa mayor o fundamental de la resolución que ha de calificarse técnicamente en su tipicidad o atipicidad y que necesita de la indudable sumisión de las partes. Por estas razones, lo procedente es la denegatoria del primer motivo, pues ha sido interpuesto en abierta discordancia y oposición con lo afirmado en los hechos probados de la sentencia impugnada. Recurso de Casación por Infracción de Ley. Segundo Motivo. *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículo 32 del Código Penal. *Concepto de la Infracción: aplicación indebida; y, *Pretensión: Declarar ha lugar el recurso. Partiendo de los hechos probados de la sentencia, argumenta el recurrente que no se muestra el lugar o espacio físico donde se ejecutaron los hechos, la dinámica a través del cual se desarrollaron los mismos y la participación en ellos del acusado Jorge Antonio Torres Villeda, de quien se dice únicamente que conducía el vehículo; esta circunstancia arguye la defensa conlleva que su participación sea de complicidad conforme al artículo 33 del Código Penal y no de autoría conforme al artículo 32 del mismo texto legal. De la coautoría Para dar respuesta al recurrente es importante señalar los grados de intervención en el delito que señala nuestro Código Penal, en especial la coautoría, siguiendo la doctrina legal sentada por este Tribunal de Justicia en las sentencias: de fecha 12 de diciembre de 2016 del expediente SP 402-2013; de fecha 12 de diciembre de 2016, del expediente SP 513-2014; de fecha 12 de enero de 2016, del expediente 025-2013; de fecha 22 de septiembre de 2015, del expediente 229-2014; de fecha 19 de mayo 2015 del expediente SP 365-2012; de fecha 10 de febrero de 2015 del expediente SP 235-2012; entre otros. Fernando Velásquez Velásquez (Velásquez Velásquez, Fernando, en Derecho Penal Parte General de Editorial Temis S.A., Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1997. Pág. 614) explica que el concurso de personas en el hecho punible estudia el grado de intervención en el delito, bajo la diferenciación de la autoría y participación; en la autoría se estudia la autoría inmediata o material, autoría mediata, la coautoría y la coautoría sucesiva; en cambio, en el tema de los partícipes se estudia al cómplice, al cómplice necesario y al inductor. Ahora bien, el legislador hondureño regula la intervención en el delito de manera diferente al trato que le da la doctrina, estableciendo en el Código Penal que son participantes del delito los autores y los cómplices: a. Se consideran autores, según indica el artículo 32 del Código Penal: el autor inmediato o material, la coautoría, autoría sucesiva, la autoría mediata por fuerza en el instrumento (no incluye la autoría mediata por error del instrumento), el inductor y el cómplice necesario, y; b. Son cómplices, conforme el artículo 33 del Código Penal del mismo cuerpo legal, los que, no siendo autores, cooperan en la ejecución del hecho delictivo por un acto anterior a éste o simultaneo con éste; de esta manera el legislador penal de manera muy propia redacta el artículo 32 del Código Penal al advertir que se consideran autores los enumerados en la norma, ya que, en estricto apego a la ciencia penal, el inductor y el cómplice necesario no son autores sino participes. Son muchas las teorías que explican y desarrollan lo relativo al concurso de personas en el hecho punible, entre estas esta la Teoría Objetivo-Subjetiva o Mixta, basada en el dominio del hecho como elemento diferenciador entre el autor y los partícipes, Esta teoría fue propuesta por Welzel, y “… está profundamente vinculada al concepto ontológico (finalista) de la acción (idea del dominio final del acto) y al concepto personal de lo injusto para la acción dolosa...” (Sentencia de la Sala de lo Penal del expediente SP 349-09 del 17 de enero de 2013). Esta Teoría ha sido la que ha acogido esta Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, por ser la que más se ajusta a la normativa penal sustantiva vigente, (Ver Sent. de la Sala de lo Penal en Exp 376-09 del 11/04/2011, en 057-2010 del 11/04/2012, en Exp 349-09 del 17/01/2013, entre otras). Siguiendo la Teoría Objetivo-Subjetiva, es autor aquel que tiene dominio del hecho, es decir aquella persona que tiene el poder de decidir el cuándo, dónde y cómo del hecho, la persona que desencadena el curso causal del delito y que lo puede detener en cualquier momento. El hecho objeto de dominio estará definido por el legislador en la construcción de los tipos penales como delito (Teoría Formal Objetiva), del que la persona quiere hacer suyo (Teoría Subjetiva), convirtiéndolo en autor. Cuando son varios los ejecutores, tendrán la calidad de autores quienes compartan ese poder o potestad, aun cuando no lo sea en la misma medida o en los mismos tiempos, así podemos diferenciar las clases de dominio (Eugenio Raúl Zaffaroni (2000). Derecho Penal Particular General. Buenos Aires: Sociedad Anónima Editora, pág. 742): a. Dominio de la acción: que es la que posee la persona cuando realiza directamente la acción constitutiva de delito, conocido como autoría directa o material; b. Dominio funcional: cuando varias personas poseen el dominio a causa de una división ejecutiva del hecho, así por ejemplo la coautoría; c. Dominio de la voluntad: se presenta cuando una persona tiene dominio sobre la voluntad de otra, como ocurre en la autoría mediata o la inducción. En el caso particular de la coautoría se presenta cuando dos o más personas, en base a un acuerdo común, llevan a cabo un hecho de manera mancomunada, mediante una distribución objetiva de funciones para su realización, de modo que existe un co-dominio, en donde cada coautor domina todo el suceso en unión a los otros coautores. En la coautoría todos son autores, por consiguiente, cada uno de los que realicen el delito deberá de tener las características típicas exigidas para ser autor del delito y así responder por las acciones ejecutadas en conjunto y las ejecutadas por los demás que formen parte del acuerdo común. Existen dos tipos de coautoría: coautoría por co-dominio material del hecho y la coautoría por co-dominio funcional del hecho o división de tareas: a. Coautoría por co-dominio material del hecho, que se presenta cuando cada uno de los coautores realiza de manera completa la acción en una ejecución conjunta del hecho para asegurar el resultado; ejemplo: varias personas disparan a la vez en contra de una misma persona, quien muere por un disparo; y b. Coautoría por co-dominio funcional del hecho o división tareas, en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debiendo responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca. (En sentencia de la Sala de lo Penal del expediente 069-2009 de fecha 10 de junio de 2010). Son requisitos para que se presente la coautoría el acuerdo común y la aportación de un hecho objetivo en la fase de ejecución del delito: a. Acuerdo común (pactum sceleris): Es la reunión de voluntades en un dolo común en donde cada coautor se compromete con los demás de realizar una tarea en la realización del hecho, es pues el acuerdo común es el nexo subjetivo que les une; El acuerdo puede ser expreso o tácito: i. El acuerdo es expreso cuando los coautores externan su aprobación en participar en el hecho delictivo, siendo aceptado por el resto; y ii. El acuerdo es tácito cuando, sin haber acuerdo expreso previo, el coautor colabora con la ejecución de una tarea en la realización del acto delictivo, siendo aceptada y aprovechada dicha colaboración por el resto de los coautores para alcanzar la empresa delictiva. b. Aporte objetivo: En los casos de co-dominio funcional del hecho el coautor debe de aportar una contribución objetiva a la empresa delictiva, de tal manera que sea producto de la división del trabajo entre todos los intervinientes, dando vida a un plan general, por ello no se requiere que cada coautor realice totalmente la acción típica, pues las contribuciones concretadas por cada uno pueden imputarse a todos en virtud del acuerdo suscrito. Esta aportación objetiva individual se considera hecha de manera total o completa cuando se trata de un co-dominio material del hecho, donde todos los coautores realizan la totalidad de la acción delictiva para asegurar el resultado; y c. Aportación en la fase de ejecución: La aportación del coautor deberá de realizarse en el momento o en los momentos de la ejecución del iter criminis, es decir al momento de la realización del tipo penal. Los coautores deben de sujetarse a las conductas que abarquen el acuerdo, que es el vínculo que uno las acciones u omisiones individuales, de modo que en caso de que uno de ellos realice alguna acción típica fuera de dicho acuerdo, responderá como su autor directo sin que se extienda dicho reproche a los otros; entonces cualquier acción individual de alguno de los coautores que no haya sido acordada como parte del cronograma delictivo o al menos no se haya sido representada su realización como posible (artículo 13 del CP: dolo eventual), solo le será imputable a la persona que la ejecuto sin que se pueda comunicar esta responsabilidad a los demás coautores; la responsabilidad de cada autor se limita al hecho acordado y a los hechos representados como posibles y asumidos como necesarios, los excesos cometidos por alguno de ellos de motu proprio fuera del plan pre concebido solo serán imputables individualmente a quien los cometió. De la procedencia del segundo motivo El segundo motivo no es de recibo. El recurrente razona a partir de la fundamentación fáctica de la sentencia, la imposibilidad de imputar al señor Jorge Antonio Torres, el delito de robo agravado continuado a título de autor, pues arguye que éste se limitó a conducir el vehículo en el que se transportaban los otros dos imputados Melqui Porfirio Martínez y Josué Villeda Hernández, lo cual conlleva a ser cómplice de las acciones antijurídicas según lo regulado en el artículo 33 del Código Penal. Los hechos probados de la sentencia establecen que en fecha 13 de junio de 2011, a eso de las 8:30 de la noche, las jóvenes Marlen Yamalí Romero Portillo, Mirsa Alejandra Alvarado Rosa y Mabel Moreno, transitaban por la calle que conduce al hospital de Occidente, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, estacionándose cerca de ellas un vehículo, tipo turismo, color blanco, el cual era conducido por el señor Jorge Antonio Torres Villeda, de dicho automóvil se bajó del asiento delantero del pasajero (lado derecho) el señor Melqui Porfirio Martínez Moreira, quien portaba un arma de fuego, se dirigió, apuntando dicha arma de fuego, primero hacia Mabel Moreno, exigiendo que le entregara sus pertenencias, a la que no le quitó nada, porque no portaba nada; luego se dirigió a la joven Marlen Yamalí Romero Portillo, a quien despojó de un teléfono celular, luego apuntó su arma de fuego hacia Mirza Alejandra Alvarado Rosa, a quien también despojó de otro teléfono celular, mientras esto sucedía Marlon Josué Villeda Hernández, quien se encontraba en el asiento de atrás del vehículo le gritaba a Melqui Porfirio Martínez Moreira, que se apurara, después Melqui Porfirio Martínez Moreira, se subió al vehículo, conduciéndolo JORGE ANTONIO TORRES VILLEDA, por la misma calle. Segundo: En esa misma fecha 13 de junio de 2011, a eso de las diez de la noche caminaban por la carretera Internacional, por el sector conocido la vuelta de Nataren, los jóvenes Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores, procedentes del Colegio Santo Domingo Savio, cuando se paró el mismo vehículo que subía la cuesta de la vuelta de Nataren, el cual era conducido por Jorge Antonio Torres Villeda, bajándose del lado del pasajero Melqui Porfirio Martínez Moreira, quien apuntándoles con un arma de fuego, despojó a Gabriela Anahí Posadas Flores, de un teléfono celular y después a Erick René Benítez, también de un teléfono celular; cuando Melqui Porfirio Martínez Moreira, con un arma de fuego apuntaba a Gabriela Anahí Posadas Flores y a Erick René Benítez, desde el vehículo le gritaba tanto Marlon Josué Villeda Hernández, que estaba sentado en la parte de atrás del vehículo, y Jorge Antonio Torres Villeda, quien estaba en el asiento del conductor, que les quitara los celulares, si se oponían que los matara; después que Melqui Porfirio Martínez Moreira, despojara de sus celulares a Gabriela Anahí Posadas Flores y a Erick Rene Benítez, se subió al vehículo y Jorge Antonio Torres Villeda, giró el mismo conduciendo con rumbo al bulevar Jorge Bueso Arias. La Sala de lo Penal ha referido con anterioridad a través de su jurisprudencia que en donde existe una división funcional de roles entre los coautores, cada uno de ellos realizando tareas distintas, pero que en suma tiene como objetivo la ejecución del delito, debe responder cada uno de ellos por las acciones individuales que constituyan delito, que sean parte del acuerdo previo y por el resultado final de la ejecución del hecho, lo que recibe el nombre de Teoría de la Imputación Reciproca (sentencia de la Sala de lo Penal del Expediente SP 069-2009 de fecha diez de junio de dos mil diez). De los hechos probados de la sentencia se deduce claramente que existía un acuerdo previo de voluntades entre los señores Jorge Antonio Torres Villeda, Marlon Josué Villeda Hernández y Melqui Porfirio Martínez Moreira, para ejecutar los delitos de robo contra los señores Marlen Yamali Romero Portillo, Mirza Alejandra Alvarado Rosa, Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores; pues estos eligieron el medio de transporte que utilizarían para su resolución delictiva, el cual se trataba de un vehículo tipo turismo, color blanco, conducido por el acusado Torres Villeda; eligieron el instrumento del delito, un arma de fuego tipo pistola, marca Star, calibre 45mm, utilizada por Melqui Yamali Romero Portillo, empleado para intimidar a los ofendidos; seleccionaron el lugar y el momento preciso para la realización del delito, se estacionaron cerca de las ofendidas Yamalí Romero Portillo, Mirsa Alejandra Alvarado Rosa y Mabel Moreno, por la calle que conduce al hospital de Occidente, de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán; así como los diferentes roles que desempeñarían cada uno de los acusados. Todas estas circunstancias narradas en los hechos probados de la sentencia, devela con claridad el mutuo acuerdo que era parte de un plan global unitario. Además de ello, el acusado Torres Villeda, tomó parte en la realización material de la parte objetiva del tipo, cuya causación del resultado fue precisamente despojar de sus celulares a los ofendidos Erick René Benítez y Gabriela Anahí Posadas Flores, pues según narra el hecho probado segundo de la sentencia, entretanto Melqui Porfirio Martínez, apuntaba con arma de fuego a Erick Benítez y Mirsa Alvarado, para despojarlos de sus pertenencias, el acusado Torres Villeda le gritaba a su compañero de resolución delictiva, que si se oponían a entregarles sus pertenencias, que no dudara en matarlos. El tipo penal de robo estipula dentro de su parte objetiva como una de sus modalidades criminosas la intimidación, ergo podemos afirmar que las expresiones proferidas por el acusado Torres Villeda tuvieron un efecto intimidatorio de entidad psicológica suficiente sobre los ofendidos Erick y Mirsa, que permitieron la realización del tipo. Por tal razón, el motivo segundo es improcedente. DECISIÓN No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en sus dos motivos interpuesto por el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 361, 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA: 1) Declara NO HA LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado Sergio Antonio Reyes Mejía, en su condición de defensor privado de los señores Jorge Antonio Torres Villeda, Melqui Porfirio Martínez Moreira y Marlon Josué Villeda Hernández; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia condenatoria de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán. Y MANDA: Con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-566-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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