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Sentencia CP-56-17 — Registro 11223

Resumen

En primera instancia se condena a los imputados por el delito de asesinato, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."El recurso no es de recibo. Los recurrentes, fijan su reclamo casacional denunciando que el Tribunal de Sentencia, ignoró el principio de derivación de la regla de la lógica, todo ello vinculado a la sana crítica en la valoración de la prueba. Estableciendo los censores que la valoración otorgada por el A quo a la prueba de cargo, particularmente a la prueba testifical consistente en las declaraciones del Testigo Protegido D-100 y los agentes de policía Manuel Humberto Baide Perdomo y Juana Antonia Silva Chávez, no responde a las reglas de la sana crítica, encontrando la defensa una serie de contradicciones que a su criterio afectan la credibilidad de la prueba testifical de cargo, con lo que de haberse observado por el sentenciador la regla de la lógica en su principio de derivación, el resultado de la sentencia debiera haber sido la absolución de los acusado. Considerada la exposición desarrollada por la defensa de los acusados en el recurso planteado, es relevante establecer en primer término, que el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada, puesto que la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revalorización de la prueba; en consecuencia, las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En este orden de ideas, corresponde a esta Sala de lo Penal, revisar el proceso de valoración mediante el cual el sentenciador arribó a la decisión impugnada. De la revisión de los antecedentes del juicio en el que se produjo la sentencia denunciada, encuentra esta Sala que se evacuaron las pruebas de cargo siguientes: 1. Declaración de Marvin Humberto Baide Perdomo, agente de la policía nacional; de acuerdo a su testimonio, el día nueve de abril del año dos mil catorce, como a las cinco de la tarde, junto a otros compañeros, se encontraba en un levantamiento de una persona de nombre Jorge Cruz, en ese momento familiares de la víctima les proporcionaron características de dos personas, indicándoles el color de las camisas que portaban e informando la dirección hacia la que se habían dirigido. Como consecuencia se procedió a darles persecución capturando a las personas que el testigo identifica como Anuar Miranda y Manuel Miranda. Indicando el señor Baide Perdomo que los hechos sobre los que declara tuvieron lugar en el lugar conocido como brisas del rio, en los bajos de la Colonia Fortaleza, Cofradía Cortés. (folio 202 vuelto). 2. Declaración de Juana Antonia Silva Chávez, agente de la policía, quien establece que en fecha quince de enero de dos mil catorce (aunque a pregunta de la fiscalía indica que fue en fecha quince de enero de dos mil quince), fue informada por el jefe de homicidios que en la primera estación, había una persona que tenía información sobre un caso de homicidio, Establece la testigo Silva Chávez que entrevistó personalmente a la referida persona, quien le informó que no había manifestado el grado de participación de dos personas porque no habían sido detenidas, pero que tenía información que en Cofradía había una persona detenida y que estaba prófuga y que su nombre era Oscar Omar Miranda. Una vez que la testigo Silva Chávez confirmó que en efecto esta persona estaba detenida, se avocó a la fiscalía a poner en conocimiento lo que estaba pasando. Durante el interrogatorio la testigo establece que la persona que proporcionó la información reconoció al detenido por álbum fotográfico y físicamente con un porcentaje de certeza del 100%. (folio 203). 3. Declaración del testigo protegido No. D-100 (identificado en el acta de debate como “NO.-100” folio 204). De acuerdo con el testimonio evacuado en el debate, el testigo protegido estableció que cuando iba pasando por una calle, reconoció a tres personas a quienes identifica como Anuar quien portaba un arma de fuego, Manuel y Oscar. De acuerdo al interrogatorio, el testigo protegido indica que los hechos ocurrieron el día nueve de abril de dos mil catorce, en la Invasión Bajos de la Fortaleza, sector de Cofradía, a eso de la una de la tarde. En su declaración queda establecido que: “… cuando yo iba pasando por la calle pude observar a Anuar quien fue quien le disparó al occiso, Manuel quien fue quien lo golpeó y Omar… lo que pude observar que llegan lo golpean y lo matan…”. Además, a pregunta de la Fiscalía indica que escuchó tres disparos. Finalmente, de conformidad con el registro del acta del debate, en su declaración reconoce a los imputados presentes en la sala como las personas que participaron en el hecho. Siendo que el censor indica de manera clara algunas contradicciones que observa entre el testimonio del testigo protegido D-100 durante la audiencia inicial contra lo que declara durante el debate, solicita la lectura de algunos extractos del acta de audiencia inicial, específicamente a la pregunta relacionada con el tipo de arma que según el testigo portaba uno de los acusados; de acuerdo a la respuesta de la audiencia inicial el testigo protegido se refiere a una escuadra, y en debate refiere que las armas eran cuadradas, por lo que para aclarar ambas respuestas el testigo claramente refiere que no sabe de armas. Asimismo, resalta la defensa una contradicción entre la declaración de la audiencia inicial y la del debate, consistente en la afirmación sobre quien disparó contra la víctima, pues según acta de audiencia inicial el testigo protegido a pregunta de la defensa indica que no vio quien disparó, sin embargo, en su declaración en juicio oral y público afirma que Anuar lo hizo; al respecto aclara el testigo protegido D-100 que al instante del hecho se agachó y le dio miedo porque andaban armados. No obstante, ello, en ambas declaraciones la testigo afirma que vio que quien portaba el arma de fuego era la persona a la que identifica como Anuar. 4. Dictamen de autopsia No. 744-14, ratificado en el debate por la médica forense Mardi Ávila, quien establece que la causa de muerte fue una laceración cerebral. Durante el interrogatorio, la perito establece que encontró en el cuerpo una herida en la cabeza, la número dos en el tórax lateral y la número tres más abajo, concluyendo que las heridas fueron provocadas por tres disparos. Además, refiere que encontró otro tipo de lesiones consistente en escoriaciones en el lado derecho de la cara probablemente ocasionadas por una caída o cuerpo romo. Estableciendo además como hora probable de la muerte la una de la tarde, ello derivado del tanatocronodiagnóstico. 5. Acta de levantamiento de cadáver No. 540-14, ratificado por el agente técnico de inspecciones oculares, Elvin Ernesto Mendoza. El documento describe, las circunstancias del levantamiento del cuerpo de Jorge Rolando Cruz Reyes, en fecha 9 de abril de 2014, a las 16:17 horas, el lugar conocido como Invasión Bajos del Plan, colonia Fortaleza, Sector de Cofradía, San Pedro Sula Cortés. Con relación a los medios de prueba descritos, el tribunal de sentencia al realizar el análisis de los mismos, estima que la declaración rendida por Testigo Protegido D-100, narra con suficiencia, seguridad, coherencia y lógica los hechos llevados a juicio, siendo testigo presencial, no dejando lugar a dudas en cuanto a tiempo, modo y lugar de la ejecución del hecho ni de la identificación y participación de los acusados en el mismo. Concuerda esta Sala de lo Penal con el razonamiento derivado del A quo, pues la declaración del Testigo Protegido D-100 resulta coherente y congruente con los aspectos relevantes y fundamentales de la imputación, siendo constante el testimonio, en referir el día y lugar en que se desarrollaron los hechos, coherente en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron y sobre todo persistente en la identificación de los procesados así como en la individualización de la persona que portaba el arma  y de quienes agredieron a la víctima. Igual credibilidad le han merecido al A quo, los testimonios de Marvin Humberto Baide Perdomo y Juana Antonia Silva Chávez. Estos testimonios, en conjunto con la prueba pericial y documental aportada al proceso por la acusación, han constituido la base de las conclusiones del sentenciador, en otras palabras, cada una de las conclusiones desarrolladas en la sentencia denunciada, corresponde a los medios probatorios que han sido legítimamente aportados al proceso. En cuanto a la prueba aportada por las defensas de los imputados en el debate, dirigidas a ubicarlos en lugar distinto de donde se produjeron los hechos, el A quo los ha considerado como no merecedores de credibilidad, por no encontrarse sustentados por otros elementos objetivos, como sí ocurre con la prueba de cargo, en cuyo caso los testimonios se apoyan y confirman entre sí y con el resto de acervo probatorio. En este proceso intelectivo de análisis de la prueba, se encuentra que la información provista por los testimonios apoyados por la prueba pericial y documental, han resultado congruentes, concordantes y no contradictorias, con lo que la valoración de la prueba se reviste de la suficiencia necesaria para declarar enervado el estado de inocencia de los imputados, llegando por ende a un fallo condenatorio. De esta forma, los hechos declarados probados, así como la decisión condenatoria del A quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana critica..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-56-2017 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinticinco de mayo del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Anuar Taofic Miranda Miranda, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Jorge Rolando Cruz Reyes, a la pena de veintiún años de reclusión; Segundo: Condenó al señor Manuel Miranda Hernández, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Jorge Rolando Cruz Reyes, a la pena de veintiún años de reclusión; Tercero: Condenó al señor Oscar Omar Miranda Rosa, del delito de Asesinato, en perjuicio del señor Jorge Rolando Cruz Reyes, a la pena de veintiún años de reclusión; Cuarto: Condenó a los señores Anuar Taofic Miranda Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda Rosa, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Quinto: Se declaró a los señores Anuar Taofic Miranda Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda Rosa, responsables civilmente de los daños y perjuicios ocasionados por el delito por el que se les condena; Sexto: No procede la condena en costas a los señores Anuar Taofic Miranda Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda Rosa; Séptimo: No se declara el comiso en razón de no haberse puesto a la orden del Tribunal pieza o instrumento alguno relacionado con el presente hecho. SON PARTES: Los Abogados Mario Reiniery Amador y Arnaldo Alcides García, en su condición de defensores públicos de los señores Anuar Taofic Miranda Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda Rosa, como parte recurrente, la Abogada Marina Audely Varela, en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. HECHOS PROBADOS: “Este Tribunal después de haber analizado la prueba evacuada en juicio, de forma armónica y conjunta de acuerdo a las reglas de la sana crítica, declara expresa y terminantemente probado el hecho siguiente: UNICO: En fecha nueve (9) de abril del año 2014 alrededor de la una de la tarde (1:00 p. m), el señor JORGE ROLANDO CRUZ REYES, se encontraba en la Invasión Bajos del Plan, Fortaleza Cofradía, San Pedro Sula, Cortés, realizando labores de albañilería; cuando llegaron los señores ANUAR TAOFIC MIRANDA MIRANDA, MANUEL MIRANDA HERNANDEZ y OSCAR OMAR MIRANDA ROSA y una cuarta persona no identificada, quienes sometieron a la impotencia al señor JORGE ROLANDO CRUZ REYES, y así, de acuerdo al plan preconcebido, el señor ANUAR TAOFIC MIRANDA MIRANDA con un arma de fuego le disparó en varias ocasiones al señor JORGE ROLANDO CRUZ REYES, causándole la muerte por laceración cerebral. Momentos después fueron detenidos los señores ANUAR TAOFIC MIRANDA MIRANDA y MANUEL MIRANDA HERNANDEZ, y en fecha 15 de enero del año 2015, fue capturado el señor OSCAR OMAR MIRANDA ROSA.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS Los recurrentes Abogados Lesly Argentina Rubio Eduardo Cerna Gaitan y Victoria Elizabeth Fúnez, procedieron a formalizar su Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION MOTIVO UNICO: Por haberse violentado las reglas de la sana critica NORMA ADJETIVA INFRINGIDA: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 en relación con el artículo 336 y 338 regla 4ta No.2 del Código Procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. EXPRESION DEL MOTIVO Previo a explicar nuestro motivo, conviene aclarar en qué consiste la fundamentación y valoración de prueba conforme a las reglas de la sana critica así: Conforme al artículo 202, el sistema de valoración autorizado en el código Procesal Penal, es el de la sana crítica y la estructura de la sentencia es definida en el artículo 338 del mismo cuerpo legal, en tanto esa sentencia es el juicio de valor emitido por el A-quo. Debe de mantener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica y sobre la cual se realiza aquel ejercicio valorativo. Ese cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva, la primera implica para el tribunal señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir el elemento probatorio. Luego de esta fundamentación probatoria descriptiva, el tribunal debe decidir en sentencia la aplicación de los medios y elementos de prueba, o sea la fundamentación intelectiva. En ese apartado el Juzgador debe explicar por qué un medio probatorio le merece fe y otro no y además porque un elemento de prueba u otro le lleva a una conclusión determinada. PRIMERO: Siendo así resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, en vista que a la conclusión que arribo el tribunal de sentencias para condenar a los mismos no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto del suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad por ASESINATO por parte de nuestros defendidos Anuar Taofic Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda. En el caso de mérito precisa referirnos a la Regla de la lógica por ser esta la más inobservada por el tribunal de sentencias y sobre la cual está orientada el ataque al fallo, en vista que la regla de lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, esta última ha resultado ignorada por el tribunal de sentencias debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos CONGRUENTES, VERADEROS y SUFICIENTES por lo que puntualizaremos primeramente sobre la prueba testifical de cargo evacuada en juicio oral donde el ente acusador como ser el Ministerio Público presento un Testigo Protegido Clave D-100 y dos Testigos Agentes de Policía MANUEL HUMBERTO BAIDE PERDOMO y JUANA ANTONIA SILVA CHAVEZ, por lo que el tribunal al valorar al Testigo Protegido D-100 le mereció total credibilidad, por cuanto el mismo narro con suficiente seguridad, coherencia y lógica los hechos en los cuales perdiera la vida el señor JORGE ROLANDO CRUZ REYES del que fue testigo presencial, no dejando lugar a duda en cuanto a tiempo, modo y lugar de la ejecución del hecho punible, asimismo que fue capaz de señalar las características físicas de los acusados, así como describir las vestimentas que estos llevaban el día del hecho, llegando al punto de identificarlos en la sala, durante la realización del debate. En cuanto a los Agentes de Policía al Tribunal les mereció total credibilidad, que fueron suficientemente claros y coherentes con lo declarado, exponiendo Manuel Humberto la manera en que se percataron del hecho y la forma en que logran darles detención a los acusados Anuar y Manuel Miranda, señalando aspectos que fueron coincidentes con lo declarado por el testigo presencial; así como la testigo Silva Chávez que fue concordante con lo declarado con la testigo Protegido D-100, que dichas declaraciones revisten de suficiente fuerza probatoria para acreditar, más allá de toda duda razonable, la participación de los acusados antes señalados. SEGUNDO: Honorables Magistrados si analizamos detenidamente la declaración efectuada por el testigo Protegido D-100 en el juicio oral podemos observar que no es así como lo valora el Tribunal sentenciador al decir que el mismo narró con suficiente seguridad, coherencia y lógica los hechos en los cuales perdiera la vida el señor Jorge Rolando Cruz Reyes del que fue testigo presencial; mas sin embargo no compartimos lo dicho por el tribunal en su valoración en vista que existieron contradicciones importantes en la declaración del testigo protegido D-100 entre ellas: a) Al efectuar la descripción del arma de fuego donde en audiencia inicial lo hizo de una forma y en el debate lo hizo de otra forma; b) Asimismo en audiencia inicial estableció en una pregunta que se le hizo que si con su propia vista había mirado quien disparo, el testigo estableció que no, y en audiencia de juicio oral estableció que quien había disparado había sido Anuar Taofic Miranda; c) Por otra parte el testigo protegido manifestó en juicio que al ofendido lo agredieron propinándole golpes en su cuerpo y que lo agarraban a patadas, mas sin embargo en la autopsia de mérito realizada al ofendido la médico forense estableció que aparte de las heridas de bala no se encontró ningún tipo de lesión, por lo que esta prueba científica le resta credibilidad al testigo protegido que al ser valorada en conjunto se contradicen ambas; y d) Por último el testigo protegido D-100 manifestó en su declaración que los policías se presentaron de manera inmediata al lugar de los hechos en vista que ese día se encontraban en un retén que se realizaba cerca del lugar; mas sin embargo uno de los Agentes de policía declaro en juicio manifestando que llegaron a las cinco (5) de la tarde contradiciéndose con el testigo protegido. Asimismo es oportuno señalar lo referente al testigo de cargo Agente de Policía Marvin Humberto Baide, este agente no fue capaz de recordar en juicio oral el nombre de los agentes que lo acompañaban en esas diligencias el día 9 de abril de 2014 en la Estación Policial de Cofradía; sumado a esto no quedo establecido fehacientemente en juicio el lugar exacto donde les dieron detención a los acusados, considerándose de esta forma violentarse la reglas de la lógica constituida por la ley de la coherencia y la derivación. Por tal razón consideramos que de todo este conjunto de circunstancias que se dieron al momento que el sentenciador valora la prueba de cargo evacuada en juicio oral y público, la misma no nos permite tener una certeza jurídicamente valida sobre la forma o circunstancias reales para conocer la verdad o adquirir más conocimiento sobre ello, es decir quien fue la persona que le disparó al ofendido Jorge Rolando Cruz Reyes en vista que el testigo protegido dio dos versiones diferentes, una en audiencia inicial y otra en juicio oral y público, siendo evidente que dicho testigo faltó a la verdad en su testimonio, por consiguiente las defensas de los imputados al desconocer la identidad del testigo protegido D-100 a la que intento interrogar nos vimos privados de datos que precisamente nos permitieran probar que el mismo era parcial, hostil o indigno de crédito, un testimonio o cualesquiera declaración en contra de los inculpados puede muy bien ser falsos o deberse a un mero error; y la defensa difícilmente podrá demostrarlo si carecen de las informaciones que le permitan fiscalizar el crédito que merecen los autores o ponerlo en duda. Con esto en mente somos del criterio que ninguna condena debería estar basada únicamente o de manera decisiva en un testigo protegido que da lugar a dudas en cuanto a su deposición, consideramos que al estar en juego valores relevantes como contrapuestos, es decir la integridad física del testigo protegido y el derecho de defensa de los acusados; el tribunal debió estar plenamente convencido y a la vez motivado en buenas razones objetivas que revelaran un riesgo cierto y real para el testigo proveniente de los acusados en caso de ser conocido por estos. Por lo que la motivación de una resolución tan trascendente no puede consistir en una vaga e indefinida referencia a que su identificación puede generarse un peligro para su integridad derivado de su testimonio incriminatorio; por lo que consideramos que a nuestros representados en todo caso se les debió haber absuelto por el delito de Asesinato en vista que en el juicio oral no quedo demostrado fehacientemente con testigos creíbles que no dieran lugar a dudas quien fue la persona que disparo al ofendido Jorge Rolando Cruz Reyes. TERCERO: En conclusión con el testigo Protegido de cargo D-100 propuesto por el Ministerio Público el mismo no nos revelo la verdad real y concluyente de quien fue la persona que le disparo al ofendido Jorge Rolando Cruz por lo antes relacionado, por lo que al ser valorado en conjunto con el resto de la prueba tanto testifical como ser los Agentes de Policía y dictamen de autopsia efectuado al ofendido los mismos se contradicen, por lo que no debió condenárseles a nuestros representados por tal ilícito, de hecho el razonamiento del Tribunal fue erróneo al derivar su fallo de prueba no concluyente y por ende condenar a nuestros representados por el delito de asesinato; siendo así consideramos que falto objetividad por parte del Ministerio Público al permitir que se cometiera tal error y que se les condenara a nuestros representados como se dijo antes por Asesinato. Por consiguiente no se debe permitir que la negligencia tanto del Ministerio Público como del tribunal Sentenciador, perjudique a nuestros representados considerando que hubo desprecio valorativo por parte del Juzgador en cuanto a no valorar a favor de nuestros representados los testigos de descargo y al valorar en contra de los mismos un testigo de cargo Protegido y dos agentes de Policía que entre ambos existieron contradicciones, es decir que al ser relacionadas de manera armónica y conjunta nos hace arribar que el Tribunal debió llegar a la conclusión de inocencia de los imputados por el delito de Asesinato de acuerdo a las reglas de la sana critica; lo lógico hubiera sido que los absolviera por ese delito. Los autores JOSE MANUEL ARROLLO y ALEXANDER RODRIGUEZ CAMPOS, en su libro LOGICA JURIDICA y MOTIVACION DE LA SENTENCIA PENAL, unidad VI pagina 136 pie de página 121 afirman: “Debe recordarse que en la estructura de la sentencia, la aplicación de aquellas reglas tiene lugar al momento de analizar las pruebas y por ello, a los efectos de fundamentar las resoluciones no basta con que el Tribunal Inserte la afirmación genérica de que su decisión se efectuó de exteriorizar en su discurso razones lógicas y conformes con la experiencia y la psicología. Francisco Dall’ Anese en la Revista de la Asociación de Ciencias Penales de Costa Rica de diciembre de 1992 expresa: “El Tribunal tendrá que sentar en la sentencia, la fundamentación probatoria intelectiva, que es la apreciación de los medios de prueba. Es ahí donde el Juez dice porque un medio le merece crédito y como lo vincula a los elementos que obtiene de otros medios del elenco probatorio. Inclusive el Tribunal a la hora de hacer la valoración y redactar la fundamentación intelectiva, podrá remitirse a argumentos como la memoria remota y memoria reciente para creer a un testigo”. Esta fundamentación es precisamente sobre la que recae el reproche del recurso referido a violación de las Reglas de la Sana Crítica.” Por tanto Honorables magistrados de la Sala Penal de lo antes manifestado podréis analizar que en la Sentencia Recurrida se viola la Regla de la Lógica estando constituida por la ley de la coherencia y la derivación, ya que el Juzgador incurre en clara violación a las Reglas de la Sana Critica al momento de hacer la valoración intelectiva de la prueba de cargo aportada en juicio por parte del ente acusador, debiendo para tal efecto anular la sentencia condenatoria proferida contra nuestros representados señores Anuar Taofic Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda. RECLAMACION HECHA PARA LA SUBSANACION DEL VICIO En cumplimiento a lo dispuesto en la norma adjetiva contenida en el artículo 363 párrafo tercero parte última, es del caso manifestar que, por proceder el vicio de la sentencia misma, no es posible subsanar el vicio más que por esta vía impugnativa.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Establece el artículo 362 del Código Procesal Penal que el recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de algunos de los vicios siguientes: 1. Que falte la declaración de los hechos que el tribunal estime aprobados, que tal declaración no sea clara y terminante o que sea contradictoria. 2. Que se base en medios o elementos probatorios no incorporados legalmente al juicio o incorporados por su lectura en violación de las normas contenidas en el Título IV del Libro Segundo de este Código o excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo. 3. Que carezca de motivaciones fácticas o jurídicas, que dichas motivaciones sean insuficientes o contradictorias o sí en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica; 4. Que en la parte resolutiva se omitan elementos esenciales, tales como la individualización precisa del imputado, la resolución de todas las cuestiones debatidas y la determinación exacta de la pena en caso de condena; 5. La inobservancia de las reglas establecidas en el presente Código para la realización del juicio oral y público; 6. La incongruencia entre la sentencia y las pretensiones de las partes según el artículo 337; 7. Que falte la firma de alguno de los miembros del Tribunal de Sentencia salvo los casos previstos en el artículo 145.Es así como la ley procesal vigente, refleja que el proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivado del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos por la ley procesal y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas, fijadas en la ley. Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. Interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo.*Norma autorizante: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Norma sustantiva que se denuncia infringida: Artículo 202 en relación al 336 y 338 regla cuarta numeral dos del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. *Reclamación Ex Ante: El vicio se produce en el acto mismo de la sentencia. *Pretensión: Que se case la sentencia. Dejan establecido los censores de la sentencia, que la misma no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa de los acusados, en virtud de que -a criterio de los recurrentes- la conclusión a la que arribó el Tribunal de Sentencia, no proviene de elementos verdaderos, ni suficientes, así como tampoco aptos para producir razonablemente un conocimiento cierto del hecho que se juzga. Establecen los recurrentes que en la sentencia se ha ignorado la ley de la derivación de la regla de la lógica, debido que para la observancia de esta ley se exige al juzgador que la sentencia resulte provista de razonamiento proveniente de elementos congruentes, verdaderos y suficientes, considerando que las declaraciones y demás prueba de cargo no aportaron tales elementos. De las Reglas de la Sana Crítica. El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los Jueces de Sentencia para la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones. El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma, podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. Esta Sala de lo Penal ha considerado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallos de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09; también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). Valoración de la Prueba. En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica, es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de la Sana Crítica en la valoración de la prueba, existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia de convicción de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común; De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). La sana critica como sistema de valoración de la prueba se asienta en tres pilares fundamentales:

  1. Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia. Se refieren a juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realiza solo un grupo determinado de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: •Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. • Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o • Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la experiencia común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos por qué lo considera así. 2) Las Reglas de la Psicología. Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las Reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo en relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica. La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatoria para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del Juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica se fundamentan sobre leyes universales: a) La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Que exige que toda noción empleada en el razonamiento debe tener una sola y única significación en el todo contextualizado, es decir: una proposición sólo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y”. ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera.

iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí: una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b) La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento debe provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero, además, la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia. ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida en base a medios de pruebas inexistentes; o iv. Cuando la conclusión está basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido esté falseado.

De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí. 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella. 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles. 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento.

De la Procedencia del Recurso de casación por Quebrantamiento de Forma. Único Motivo. El recurso no es de recibo. Los recurrentes, fijan su reclamo casacional denunciando que el Tribunal de Sentencia, ignoró el principio de derivación de la regla de la lógica, todo ello vinculado a la sana crítica en la valoración de la prueba. Estableciendo los censores que la valoración otorgada por el A quo a la prueba de cargo, particularmente a la prueba testifical consistente en las declaraciones del Testigo Protegido D-100 y los agentes de policía Manuel Humberto Baide Perdomo y Juana Antonia Silva Chávez, no responde a las reglas de la sana crítica, encontrando la defensa una serie de contradicciones que a su criterio afectan la credibilidad de la prueba testifical de cargo, con lo que de haberse observado por el sentenciador la regla de la lógica en su principio de derivación, el resultado de la sentencia debiera haber sido la absolución de los acusado. Considerada la exposición desarrollada por la defensa de los acusados en el recurso planteado, es relevante establecer en primer término, que el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada, puesto que la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revalorización de la prueba; en consecuencia, las partes en la interposición del recurso no pueden pretender que este tribunal declare el acierto o desacierto del Tribunal de Sentencia sobre sus criterios valorativos pues ello sería rebasar las potestades legales conferidas por la ley a los jueces de casación. En este orden de ideas, corresponde a esta Sala de lo Penal, revisar el proceso de valoración mediante el cual el sentenciador arribó a la decisión impugnada. De la revisión de los antecedentes del juicio en el que se produjo la sentencia denunciada, encuentra esta Sala que se evacuaron las pruebas de cargo siguientes: 1. Declaración de Marvin Humberto Baide Perdomo, agente de la policía nacional; de acuerdo a su testimonio, el día nueve de abril del año dos mil catorce, como a las cinco de la tarde, junto a otros compañeros, se encontraba en un levantamiento de una persona de nombre Jorge Cruz, en ese momento familiares de la víctima les proporcionaron características de dos personas, indicándoles el color de las camisas que portaban e informando la dirección hacia la que se habían dirigido. Como consecuencia se procedió a darles persecución capturando a las personas que el testigo identifica como Anuar Miranda y Manuel Miranda. Indicando el señor Baide Perdomo que los hechos sobre los que declara tuvieron lugar en el lugar conocido como brisas del rio, en los bajos de la Colonia Fortaleza, Cofradía Cortés. (folio 202 vuelto). 2. Declaración de Juana Antonia Silva Chávez, agente de la policía, quien establece que en fecha quince de enero de dos mil catorce (aunque a pregunta de la fiscalía indica que fue en fecha quince de enero de dos mil quince), fue informada por el jefe de homicidios que en la primera estación, había una persona que tenía información sobre un caso de homicidio, Establece la testigo Silva Chávez que entrevistó personalmente a la referida persona, quien le informó que no había manifestado el grado de participación de dos personas porque no habían sido detenidas, pero que tenía información que en Cofradía había una persona detenida y que estaba prófuga y que su nombre era Oscar Omar Miranda. Una vez que la testigo Silva Chávez confirmó que en efecto esta persona estaba detenida, se avocó a la fiscalía a poner en conocimiento lo que estaba pasando. Durante el interrogatorio la testigo establece que la persona que proporcionó la información reconoció al detenido por álbum fotográfico y físicamente con un porcentaje de certeza del 100%. (folio 203). 3. Declaración del testigo protegido No. D-100 (identificado en el acta de debate como “NO.-100” folio 204). De acuerdo con el testimonio evacuado en el debate, el testigo protegido estableció que cuando iba pasando por una calle, reconoció a tres personas a quienes identifica como Anuar quien portaba un arma de fuego, Manuel y Oscar. De acuerdo al interrogatorio, el testigo protegido indica que los hechos ocurrieron el día nueve de abril de dos mil catorce, en la Invasión Bajos de la Fortaleza, sector de Cofradía, a eso de la una de la tarde. En su declaración queda establecido que: “… cuando yo iba pasando por la calle pude observar a Anuar quien fue quien le disparó al occiso, Manuel quien fue quien lo golpeó y Omar… lo que pude observar que llegan lo golpean y lo matan…”. Además, a pregunta de la Fiscalía indica que escuchó tres disparos. Finalmente, de conformidad con el registro del acta del debate, en su declaración reconoce a los imputados presentes en la sala como las personas que participaron en el hecho. Siendo que el censor indica de manera clara algunas contradicciones que observa entre el testimonio del testigo protegido D-100 durante la audiencia inicial contra lo que declara durante el debate, solicita la lectura de algunos extractos del acta de audiencia inicial, específicamente a la pregunta relacionada con el tipo de arma que según el testigo portaba uno de los acusados; de acuerdo a la respuesta de la audiencia inicial el testigo protegido se refiere a una escuadra, y en debate refiere que las armas eran cuadradas, por lo que para aclarar ambas respuestas el testigo claramente refiere que no sabe de armas. Asimismo, resalta la defensa una contradicción entre la declaración de la audiencia inicial y la del debate, consistente en la afirmación sobre quien disparó contra la víctima, pues según acta de audiencia inicial el testigo protegido a pregunta de la defensa indica que no vio quien disparó, sin embargo, en su declaración en juicio oral y público afirma que Anuar lo hizo; al respecto aclara el testigo protegido D-100 que al instante del hecho se agachó y le dio miedo porque andaban armados. No obstante, ello, en ambas declaraciones la testigo afirma que vio que quien portaba el arma de fuego era la persona a la que identifica como Anuar. 4. Dictamen de autopsia No. 744-14, ratificado en el debate por la médica forense Mardi Ávila, quien establece que la causa de muerte fue una laceración cerebral. Durante el interrogatorio, la perito establece que encontró en el cuerpo una herida en la cabeza, la número dos en el tórax lateral y la número tres más abajo, concluyendo que las heridas fueron provocadas por tres disparos. Además, refiere que encontró otro tipo de lesiones consistente en escoriaciones en el lado derecho de la cara probablemente ocasionadas por una caída o cuerpo romo. Estableciendo además como hora probable de la muerte la una de la tarde, ello derivado del tanatocronodiagnóstico. 5. Acta de levantamiento de cadáver No. 540-14, ratificado por el agente técnico de inspecciones oculares, Elvin Ernesto Mendoza. El documento describe, las circunstancias del levantamiento del cuerpo de Jorge Rolando Cruz Reyes, en fecha 9 de abril de 2014, a las 16:17 horas, el lugar conocido como Invasión Bajos del Plan, colonia Fortaleza, Sector de Cofradía, San Pedro Sula Cortés. Con relación a los medios de prueba descritos, el tribunal de sentencia al realizar el análisis de los mismos, estima que la declaración rendida por Testigo Protegido D-100, narra con suficiencia, seguridad, coherencia y lógica los hechos llevados a juicio, siendo testigo presencial, no dejando lugar a dudas en cuanto a tiempo, modo y lugar de la ejecución del hecho ni de la identificación y participación de los acusados en el mismo. Concuerda esta Sala de lo Penal con el razonamiento derivado del A quo, pues la declaración del Testigo Protegido D-100 resulta coherente y congruente con los aspectos relevantes y fundamentales de la imputación, siendo constante el testimonio, en referir el día y lugar en que se desarrollaron los hechos, coherente en cuanto a las circunstancias en que ocurrieron y sobre todo persistente en la identificación de los procesados así como en la individualización de la persona que portaba el arma y de quienes agredieron a la víctima. Igual credibilidad le han merecido al A quo, los testimonios de Marvin Humberto Baide Perdomo y Juana Antonia Silva Chávez. Estos testimonios, en conjunto con la prueba pericial y documental aportada al proceso por la acusación, han constituido la base de las conclusiones del sentenciador, en otras palabras, cada una de las conclusiones desarrolladas en la sentencia denunciada, corresponde a los medios probatorios que han sido legítimamente aportados al proceso. En cuanto a la prueba aportada por las defensas de los imputados en el debate, dirigidas a ubicarlos en lugar distinto de donde se produjeron los hechos, el A quo los ha considerado como no merecedores de credibilidad, por no encontrarse sustentados por otros elementos objetivos, como sí ocurre con la prueba de cargo, en cuyo caso los testimonios se apoyan y confirman entre sí y con el resto de acervo probatorio. En este proceso intelectivo de análisis de la prueba, se encuentra que la información provista por los testimonios apoyados por la prueba pericial y documental, han resultado congruentes, concordantes y no contradictorias, con lo que la valoración de la prueba se reviste de la suficiencia necesaria para declarar enervado el estado de inocencia de los imputados, llegando por ende a un fallo condenatorio. De esta forma, los hechos declarados probados, así como la decisión condenatoria del A quo se ha derivado directamente de dichas probanzas, estableciendo su valoración tanto individualmente como en forma colectivas de las mismas, siguiendo para ello las reglas de la sana critica. Decisión No ha lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo, interpuesto por la defensa pública. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo primero reformado de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 361 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: PRIMERO: Declara NO Ha Lugar el Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma en su único motivo interpuesto por los Abogados Lesly Argentina Rubio, Anival Eduardo Cerna Gaitan y Victoria Elizabeth Fúnez, actuando en su condición de defensores públicos de Anuar Taofic Miranda Miranda, Manuel Miranda Hernández y Oscar Omar Miranda Rosa, a quien se le sigue proceso por el delito de Asesinato, en perjuicio de Jorge Rolando Cruz Reyes. SEGUNDO: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. Rafael Bustillo Romero. Magistrado Coordinador. Alma Consuelo Guzmán García. Magistrada. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado. FIRMA Y SELLO. María del Carmen Godoy. Receptora Adscrita. Sala de lo Penal.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de noviembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-56-2017.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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