Sentencia CP-554-16 — Registro 13935
Resumen
En primera instancia se absuelve al acusado por el delito de Violación Especial, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por el MP
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El recurso no es de recibo. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir parcialmente los resultados arrojados en el medio de prueba pericial consistente en el dictamen de genética forense No. 2015-0801-0507-8582, efectuado por la Microbióloga Digna Margarita Pineda Rodríguez, en fecha 18 de mayo de 2016, corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dicho medio de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Un resumen de los antecedentes del caso enjuiciado establece que el 17 de agosto de 2015, se realizó el dictamen de evaluación física No. 2015090107000119 practicado por la Doctora Giselle Rosario Echeverría Casulá a la niña A. P. C. L., en el cual recolectó muestras de sangre, hisopado vulvar y vaginal, hisopado rectal, vellos sueltos encontrados en área genital, vellos púbicos por arrancamiento y ropa. La perita en su informe solicita exámenes de laboratorio, pruebas biológicas y procedimientos para determinación de semen y espermatozoides, determinación y detección de saliva, determinación de infecciones de transmisión sexual y prueba de embarazo. En esa misma fecha, el Ministerio Público solicitó la convalidación de extracción de muestras de sangre, hisopado uretral, lavado de pene, hisopado de surco balano prepusial del acusado, las cuales consideraba necesarias para demostrar científicamente su participación en el delito de violación especial en perjuicio de A. P. C. L.. Dicha solicitud fue convalidada por el juez de garantías en audiencia de declaración de imputado (f. 13) en fecha 18 de agosto de 2015. Posteriormente, el Ministerio Público (f. 50) solicitó se nombrara como perito oficial para la práctica científica de serología y comparación de ADN, a la Doctora Digna Margarita Pineda, la cual fue juramentada (f. 53) el 2 de septiembre de 2015, delimitando el ente acusador como objeto de la pericia la comparación de los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de la víctima y los extraídos del imputado. Es sobre este punto cuando el sentenciador en su valoración probatoria, toma como válidos los resultados del examen de comparación de ADN según los alcances delimitados por el ente acusador a la pericia solicitada, es decir, sobre la comparación que hizo la Doctora Digna Margarita Pineda entre los fluidos corporales recolectados a la niña A. P. C. L. y los del acusado Balticio Labayo Sambola; más no así con los resultados del análisis de comparación genética realizado al blúmer de A. P. C. L., por considerar que esta circunstancia no era objeto de pericia. Así el escenario, la Sala de lo Penal considera que el órgano judicial de instancia, en su función de fijar los hechos, puede tomar en consideración cualesquiera elementos probatorios aportados al proceso, con independencia de la parte que lo haya aportado en virtud del principio de adquisición procesal, pero esto no legitima para resolver la controversia con fundamento en una prueba incorporada de manera irregular al proceso, cuya práctica no ha sido acordada porque no fue solicitada por las partes, situación concurrente en la presente causa, pues el Ministerio Público -quien lleva el peso de fijar la acusación y proponer la prueba sobre la cual sustentará la misma- pidió, como así se corrobora en la foliada, la comparación de ADN sobre los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de la menor y los extraídos al imputado, más no así sobre las prendas de ropa recolectadas en la escena. Al asumir el fiscal como obvio que la perito debía también comparar las muestras recolectadas del blúmer sin que así se lo solicitara y porque así lo recomendó la Doctora Giselle Echeverría Casulá en la práctica de la evaluación física de la menor, crea una confusión de roles porque es precisamente el ente acusador quien debe fijar el objeto de la prueba que propone y los límites sobre los cuales se encausará esta, pues en caso contrario, serían los peritos quienes introducirían las cuestiones que aducen necesarias para esclarecer los hechos alejándose del núcleo fáctico y temático sobre el cual han sido juramentados. En este sentido establece el artículo 242 del Código Procesal Penal que se deberán fijar con precisión los temas de la pericia, la cual en su ratificación (artículo 326 del Código Procesal Penal), no tendrá trascendencia de incorporar como ampliación del informe las conclusiones del perito que excedieron de la prueba declarada pertinente, pues la ratificación no es más que una fórmula de reconocimiento del informe que no afecta al resultado de las aclaraciones posteriores del perito. Por esta razón, el motivo debe ser desestimado.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 362, Numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en el expediente SP 554-2016, conociendo del recurso de casación por quebrantamiento de forma, interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante la cual falló: Primero: Absolvió al señor Balticio Labayo Sambola, del delito de Violación Especial, en perjuicio de A. P. C. L.. Segundo: No procede condenar en costas al Ministerio Público.Interpuso el recurso de casación por quebrantamiento de forma, el Abogado José Dagoberto Martínez Urbina, fiscal del Ministerio Público. Son partes en única instancia: El Abogado José Dagoberto Martínez Urbina, fiscal del Ministerio Público, como recurrente; los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García Alvarado, defensores públicos, como recurrida. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Valorando los medios de prueba practicado en el juicio de acuerdo con las reglas de la sana crítica, este Tribunal declara expresa y terminantemente probados los hechos siguientes: Único: “El día domingo 16 de agosto del año dos mil quince, entre las siete y ocho de la noche, en el barrio Israel de la ciudad de Puerto Lempira, Gracias a Dios, la joven A. P. C. L., quien padece de retraso mental grave sostuvo relaciones sexuales con persona desconocida.” RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS. El recurrente, Abogado José Dagoberto Martínez Urbina, fiscal del Ministerio Público, procedió a formalizar su recurso de casación por quebrantamiento de forma de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN MOTIVO ÚNICO: “Haber Excluido el Juzgador, Prueba de Valor Decisivo.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 362 numeral 2, del Código Procesal Penal. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Previo a desarrollar el presente motivo, resulta de transcendencia explicar en que consiste el vicio supra referido, en este sentido, la Sala de Lo Penal a través de fallo de fecha 4 de Febrero del año 2013 (SP 90-2011), en relación a la exclusión de prueba de valor decisivo ha expresado lo siguiente: “...El motivo invocado resulta en concreto de dos hipótesis, el primero (exclusión de prueba) supone un rechazo expreso sin esperar las razones de esa decisión o bien se le considere ilícita sin serlo...” posición que se encuentra respaldada por el fallo de fecha 27 de Enero del año 2011, recaído en el recurso de Casación Penal S. P No 322-2009. (Lo resaltado es nuestro) Al examinar la sentencia censurada, se concluye claramente que el Tribunal de Sentencia recurrido excluyó prueba de VALOR DECISIVO, consistente en la pericia de Genética forense realizada por la doctora Digna Margarita Pineda respecto de la comparación de ADN de los indicios recibidos del Almacén del Laboratorio de Serología Forense, siendo estos Una bolsa plástica transparente conteniendo el indicio N°1 un culturete con secreción vaginal y un vial con extracto que corresponde a A. P. C. L.; un sobre de papel manila conteniendo el indicio N°2, un fragmento de tela de bloomer tipo bikini color beige marca Krissa, talla s; un sobre de papel manila conteniendo el indicio N°3 una tarjeta FTA impregnada con sangre correspondiente a A. P. C. L., un sobre de papel manila conteniendo el indicio N° 4 una tarjeta FTA impregnada con sangre correspondiente a BALTICIO LABAYO SAMBOLA; donde se estableció como Resultado Estadístico 7.1 Razón de la verosimilitud del indicio N°2 con los indicios 3 y 4: 34,756.600, probabilidad de coincidencia 99.99999% y como conclusiones en el item 9.1, que en el indicio N°2 se detectó una mezcla de perfiles de por lo menos dos individuos ninguno de los marcadores genéticos excluyen a A. P. C. L. y B. L. S. como donantes de los perfiles genéticos detectados en el indicio y el análisis estadístico indica que es 34,456,600 veces más probable que A. P. C. L. y B. L. S. sean los donadores de los perfiles genéticos detectados en el indicio a que sean otros individuos de la población con una probabilidad de coincidencia de 99.9999%, pues considera que se trata de una prueba ilícita que carece de eficacia probatoria, al haber vulnerado garantías procesales, habida cuenta de la forma como se obtuvo, tal y como lo establece el artículo 200 del Código Procesal Penal, en consecuencia sólo la valora parcialmente, en cuanto a las comparaciones efectuadas en las extracciones realizadas a la víctima e imputados, al ser las legalmente autorizadas. En ese mismo sentido refiere el ente jurisdiccional, que el dictamen en cuestión se torna en una probanza ¡lícita, al haberse excedido la perito en el análisis que le fuera solicitado por el Ministerio Público a las prendas (indicios N° 2 bloomer de color beige), en vista que no se encontraba autorizada judicialmente para que realizara examen sobre el bloomer, es decir en todo el proceso no se alegó ese estudio específico; entonces, esta circunstancia a su criterio, implica la infracción a los derechos de Defensa y Debido Proceso, tomando en cuenta además, que el apoderado defensor del imputado no tuvo la oportunidad de oponerse a esa comparación o proponer prueba en relación para desvirtuarla. Esta representante de la sociedad estima, que las apreciaciones que ha efectuado el Tribunal respecto del dictamen de Serología y Genética Forense y que lo han llevado a la exclusión de esta probanza científica relevante, por cuanto vincula al acusado con los hechos que se le atribuyen, por considerarla ilícita resultan totalmente desacertadas por las razones que se exponen a continuación: 1) Se evidencia de los antecedentes, que al día siguiente de ocurrida la agresión sexual a la menor A. P. C., se realizó prueba pericial consistente en el dictamen de evaluación física practicado por la doctora Gisselle Rosario Echeverría Casulá, estableciendo que la solicitud fue recibida el 17 de agosto del 2015, siendo evaluada el mismo día a las 10:09 horas, obteniendo las muestras de sangre, hisopado de secreción vulvar y vaginal, hisopado de área mamaria, hisopado rectal, vellos sueltos encontrados en el área genital, muestras de cabello de la cabeza, vellos públicos por arrancamiento y ropa (un bloomer color beige (crema) marca Krisse style N° 458243, size s de encaje y con chongo en la parte delantera (indicio Nº1a), bloomer de color gris con etiqueta blanca con letras s en la parte trasera y de color negro y gris en la parte delantera, encontrando que al ser examinadas en los laboratorios respectivos, hay presencia de fosfata ácida prostática positiva en indicio Nº1a, (bloomer color beige), que indica presencia de semen, determinación de presencia de espermatozoides (se observaron 3-4 espermatozoides por campo) y recomendando la perito, realizar pruebas comparativas de los restos encontrados en la evaluada, con el supuesto agresor; se desprende de esta probanza entonces, que cuando la forense recomienda las comparaciones entre los restos hallados en el cuerpo de la víctima y las muestras del acusado; se sobreentiende, que se trata no sólo de los fluidos extraídos a través de orden judicial, como asevera erróneamente el juzgador, sino también de la ropa que vestía la ofendida al momento de los hechos, que fue debidamente embalada y enviada al laboratorio y que contenía restos de fluidos que se determinó era semen. Partiendo de lo anteriormente expresado podemos concluir, que al haber entonces la experta efectuado la comparación de ADN utilizando también el bloomer remitido como evidencia, no se ha excedido del requerimiento que le fuera enviado por el ente fiscal como aprecia el Tribunal, en virtud, que en el caso subjudice esta pericia de genética forense, se constituye en una prueba integral, donde resulta imposible para efectos de cumplir con la finalidad que se persigue, no aprovechar al máximo las evidencias recolectadas, sobre todo porque se encuentran estrechamente vinculadas, ello, valorando que lo que se busca es obtener un resultado eficaz, que realmente permita determinar la vinculación de un acusado con la perpetración de un hecho delictivo. De igual manera, no se puede calificar una prueba de ilícita porque no se describa en una petitoria de manera específica, que la comparación de ADN será no únicamente entre los fluidos recolectados a ofendida y víctima, sino además con la ropa recogida de la misma al momento de la evaluación física, pues se trata de un indicio, que fue tomado oportuna y adecuadamente en la etapa de investigación; de manera, que para brindar conclusiones descartar las muestras en comento, ya que estas forman parte de un todo en los delitos de abuso sexual. 2.- En atención a los razonamientos antes expresados, se torna infundado que el juzgador califique el dictamen de Genética Forense como ilícito y violatorio de los principio de concentración, igualdad de armas, derecho de Defensa y Debido Proceso, ya que al apoderado defensor del acusado en todo momento ha tenido conocimiento de la existencia de la ropa decomisada a la víctima y el hallazgo de semen en la misma, así como de la comparación de ADN que se llevó a cabo con la finalidad de vincular al acusado con el ataque sexual de la ofendida, sin que haya realizado oposición a tales pericias (Ver numeral 3 del escrito de proposición de pruebas para el debate, donde se ofrece el medio de prueba pericial consistente en la comparación de ADN, pericia científica realizada por la perito forense del Ministerio Público doctora DIGNA MARGARITA PINEDA, según número de control de dictamen 2015-0801-0507-8582, ya que con dicha pericia científica se nos detallará como fue el proceso para determinar si se encontró el indicio que señale al imputado como responsable de la agresión sexual de que fue objeto la menor), de manera que en ese momento la defensa tiene la vía expedita para solicitar al Tribunal se ponga a la vista todo el acervo probatorio, para definir la estrategia que utilizará en favor de su cliente, consecuentemente, la prueba no se vuelve ilícita por quebrantamiento al Derecho de Defensa, mucho menos se produce una deslealtad procesal.[1] Fundamentado en los argumentos supradesarrollados, es innegable que la pericia realizada por la doctora Digna Margarita Pineda, sobre la comparación de ADN, realizada al indicio N° 2 (bloomer color beige) y que ha sido excluida indebidamente por el Tribunal sentenciador del acervo probatorio, a pesar de ser relevante y decisiva para establecer la responsabilidad del imputado en el delito que se le atribuye, debió ser valorada al evacuarse en apego a las garantías constitucionales y procesales, que la vuelven una prueba válida, cuya estimación hubiese conducido a conclusiones distintas de las que extrajo el Tribunal, como ser una sentencia Condenatoria por el delito de VIOLACION ESPECIAL Por haberse producido el vicio in procedendo denunciado en el presente motivo, en el mismo acto de sentenciar, no ha podido efectuarse reclamación alguna para la subsanación del vicio.” FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por quebrantamiento de forma. El proceso penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de la misma, sino para curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio. Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso. Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos por la ley y por el contrario se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando no se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; esta inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción y que el derecho común llama vicio in procedendo. El recurso de casación por quebrantamiento de las formas procesales tiene la tarea de comprobar la observancia o inobservancia de las formas procesales debidas fijadas en la ley. Recurso de casación por quebrantamiento de forma. Único motivo. Normas autorizantes citadas: artículo 362.2 del Código Procesal Penal. *Normas procesales que se denuncian infringidas: no determinado por el recurrente. *Concepto de la infracción: haber excluido el juzgador prueba de valor decisivo. *Acciones de saneamiento: imposibilidad de reclamo previo porque el vicio consta en la sentencia. *Pretensión: dar el curso legal correspondiente. Arguye el Ministerio Público no estar de acuerdo con el sentenciador por considerar que las apreciaciones que ha efectuado del dictamen de Serología y Genética Forense y que lo han llevado a la exclusión de esta probanza científica son totalmente desacertadas por las siguientes razones: de los antecedentes se evidencia que el día de ocurrida la agresión sexual a la menor A. P. C., se realizó el dictamen de evaluación física practicado por la Doctora Rosario Echeverría Casulá, estableciendo que la solicitud fue recibida el 17 de agosto de 2015, siendo evaluada el mismo día y obteniendo las muestras de sangre, hisopado de secreción vulvar y vaginal, hisopado de área mamaria, hisopado rectal, vellos suelos encontrados en el área genital muestras de cabello en la cabeza, vellos púbicos por arrancamiento y ropa (blúmer color beige, marca Krisse Style No. 458243, Size S de encaje y con chingo en la parte delantera, así como otros indicios de los cuales recomendó la perito evaluadora realizar pericias comparativas de los restos encontrados en la evaluada, con los del supuesto agresor. Considera el fiscal que al hacer esta recomendación la perito evaluadora, se sobreentiende que se trata no solo de los fluidos sino también de la ropa que vestía la ofendida al momento de los hechos, que fue debidamente embalada y enviada al laboratorio y que contenía restos de fluidos que se determinó era semen. Por lo anterior, considera que la perito Digna Margarita Pineda, no se ha excedido en el requerimiento al evaluar el blúmer, en virtud de que ésta constituye prueba integral donde resulta imposible -para efectos de cumplir con la finalidad que se persigue- no aprovechar al máximo las evidencias recolectadas. No se puede calificar como prueba ilícita porque no se describa en una petitoria de manera específica que la comparación de ADN será no únicamente sobre los fluidos recolectados a la ofendida sino también con la ropa de la misma, recogida al momento de la evaluación física. De la exclusión y de la falta de consideración de prueba de valor decisivo. El proceso penal es una concatenación de actos interrelacionados entre sí, que tienen como objetivo propiciar un escenario donde el tribunal de sentencia, pueda pronunciarse sobre el fondo debatido en estricto respeto de los principios de legalidad y el debido proceso. Entre esos actos está el proceso probatorio que va desde la proposición, pasando por la admisión, reproducción y finalizando con la valoración de los distintos medios de prueba; este proceso inicia con la celebración de la audiencia de proposición de medios de prueba (artículo 317 del Código Procesal Penal), donde las partes podrán proponer los medios de prueba que tengan a bien, siendo admitidos cuando superen los requisitos de admisibilidad establecidos en la ley (artículo 199 del Código Procesal Penal); seguidamente, se celebra la audiencia de juicio en donde solo se deben reproducir los medios de prueba que hayan sido previamente admitidos en la audiencia de proposición de medios de prueba (primera parte del artículo 333 del Código Procesal Penal) y, como excepción, en la etapa de incidentes del debate (artículo 320 del Código Procesal Penal) o como auto para mejor proveer (segunda parte del artículo 333 del Código Procesal Penal), y, finalmente, como resultante del debate, el Tribunal dictará sentencia en donde la totalidad de la prueba reproducida debe ser motivada descriptiva e intelectivamente (artículos 202 y 338.2 del Código Procesal Penal), sin que se pueda considerar otra prueba distinta o dejar de considerar la que formó parte del proceso. Así las cosas, constituye actividad procesal defectuosa cuando el tribunal de sentencia irrespete el proceso probatorio, siendo uno de estos vicios el previsto por el Artículo 362.2 del Código Procesal Penal que reprocha cuando en la sentencia indebidamente se“… excluya o deje de considerar alguna prueba de valor decisivo”. Existe indebida exclusión de prueba cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, sin dar a conocer ningún razonamiento, le niega valor alguno al medio de prueba, es decir, hace mención del medio de prueba pero no externa si el mismo merece crédito o por el contrario carece de fiabilidad; otra forma de exclusión indebida de un medio de prueba es cuando el tribunal de sentencia haciendo una incorrecta aplicación de la ley, refuta a un medio de prueba como ilícito o no apreciable por falta de cadena de custodia, descartándolo del proceso de valoración, en otras palabras, negándole valor alguno como consecuencia de un desatinado criterio jurídico. Por otra parte, existe falta de consideración cuando habiéndose admitido un medio de prueba y reproducido en la audiencia de debate conforme a las reglas procesales, el órgano juzgador en su sentencia, no hace mención alguna de dicho medio de prueba, es decir, omite toda referencia a ella y, consecuentemente, deja de valorarla. La norma procesal además exige para la configuración del vicio que el medio de prueba indebidamente excluido o no considerado posea un valor decisivo en la emisión del fallo, cuya evaluación en casación se efectúa conforme al método la inclusión hipotética, que consiste en agregar el medio de prueba excluido a la ecuación valorativa, de modo de constatar si con la aportación de los datos de ese medio de prueba el fallo se hubiese afectado en alguno de sus pronunciamientos, de ser así, el medio de prueba es de carácter decisivo; por el contrario, aun cuando la exclusión sea indebida o la falta consideración, si su inclusión hipotética no se traduce en la modificación de algunos de los pronunciamientos del fallo, equivale a que el mismo no es de valor decisivo, no dando paso al vicio in procedendo previsto en el artículo 362.2 del Código Procesal Penal. De la procedencia del recurso. El recurso no es de recibo. Habiendo analizado el recurso interpuesto por el Ministerio Público, es importante acotar que el análisis a efectuar por esta Sala de lo Penal únicamente versará sobre si la decisión del sentenciador de excluir parcialmente los resultados arrojados en el medio de prueba pericial consistente en el dictamen de genética forense No. 2015-0801-0507-8582, efectuado por la Microbióloga Digna Margarita Pineda Rodríguez, en fecha 18 de mayo de 2016, corresponde a lo establecido en el artículo 200 del Código Procesal Penal, o sí, por el contrario, existió una indebida exclusión de dicho medio de prueba que de ser de carácter decisivo, traería como consecuencia un vicio in procedendo que daría lugar al motivo regulado en el artículo 362.2 del mismo texto legal. Un resumen de los antecedentes del caso enjuiciado establece que el 17 de agosto de 2015, se realizó el dictamen de evaluación física No. 2015090107000119 practicado por la Doctora Giselle Rosario Echeverría Casulá a la niña A. P. C. L., en el cual recolectó muestras de sangre, hisopado vulvar y vaginal, hisopado rectal, vellos sueltos encontrados en área genital, vellos púbicos por arrancamiento y ropa. La perita en su informe solicita exámenes de laboratorio, pruebas biológicas y procedimientos para determinación de semen y espermatozoides, determinación y detección de saliva, determinación de infecciones de transmisión sexual y prueba de embarazo. En esa misma fecha, el Ministerio Público solicitó la convalidación de extracción de muestras de sangre, hisopado uretral, lavado de pene, hisopado de surco balano prepusial del acusado, las cuales consideraba necesarias para demostrar científicamente su participación en el delito de violación especial en perjuicio de A. P. C. L.. Dicha solicitud fue convalidada por el juez de garantías en audiencia de declaración de imputado (f. 13) en fecha 18 de agosto de 2015. Posteriormente, el Ministerio Público (f. 50) solicitó se nombrara como perito oficial para la práctica científica de serología y comparación de ADN, a la Doctora Digna Margarita Pineda, la cual fue juramentada (f. 53) el 2 de septiembre de 2015, delimitando el ente acusador como objeto de la pericia la comparación de los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de la víctima y los extraídos del imputado. Es sobre este punto cuando el sentenciador en su valoración probatoria, toma como válidos los resultados del examen de comparación de ADN según los alcances delimitados por el ente acusador a la pericia solicitada, es decir, sobre la comparación que hizo la Doctora Digna Margarita Pineda entre los fluidos corporales recolectados a la niña A. P. C. L. y los del acusado Balticio Labayo Sambola; más no así con los resultados del análisis de comparación genética realizado al blúmer de A. P. C. L., por considerar que esta circunstancia no era objeto de pericia. Así el escenario, la Sala de lo Penal considera que el órgano judicial de instancia, en su función de fijar los hechos, puede tomar en consideración cualesquiera elementos probatorios aportados al proceso, con independencia de la parte que lo haya aportado en virtud del principio de adquisición procesal, pero esto no legitima para resolver la controversia con fundamento en una prueba incorporada de manera irregular al proceso, cuya práctica no ha sido acordada porque no fue solicitada por las partes, situación concurrente en la presente causa, pues el Ministerio Público -quien lleva el peso de fijar la acusación y proponer la prueba sobre la cual sustentará la misma- pidió, como así se corrobora en la foliada, la comparación de ADN sobre los fluidos corporales encontrados en el cuerpo de la menor y los extraídos al imputado, más no así sobre las prendas de ropa recolectadas en la escena. Al asumir el fiscal como obvio que la perito debía también comparar las muestras recolectadas del blúmer sin que así se lo solicitara y porque así lo recomendó la Doctora Giselle Echeverría Casulá en la práctica de la evaluación física de la menor, crea una confusión de roles porque es precisamente el ente acusador quien debe fijar el objeto de la prueba que propone y los límites sobre los cuales se encausará esta, pues en caso contrario, serían los peritos quienes introducirían las cuestiones que aducen necesarias para esclarecer los hechos alejándose del núcleo fáctico y temático sobre el cual han sido juramentados. En este sentido establece el artículo 242 del Código Procesal Penal que se deberán fijar con precisión los temas de la pericia, la cual en su ratificación (artículo 326 del Código Procesal Penal), no tendrá trascendencia de incorporar como ampliación del informe las conclusiones del perito que excedieron de la prueba declarada pertinente, pues la ratificación no es más que una fórmula de reconocimiento del informe que no afecta al resultado de las aclaraciones posteriores del perito. Por esta razón, el motivo debe ser desestimado. DECISIÓN. No Ha Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales 362 y 363 del Código Procesal Penal. FALLA:1) Declara NO HA LUGAR el recurso de casación por quebrantamiento de forma, en único motivo, interpuesto por el Abogado José Dagoberto Martínez Urbina, fiscal del Ministerio Público; 2) Declara firme y ejecutable la sentencia absolutoria de fecha nueve de septiembre del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, Departamento de Atlántida. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que proceda conforme a derecho. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-554-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] Esta Sala de lo Penal recuerda que con arreglo a lo dispuesto por el artículo 82 de la Constitución de la República, el derecho de defensa es inviolable, principio que mantiene íntima relación con el Artículo 90 constitucional referido al principio del debido proceso, proceso justo o proceso legal. Del derecho de defensa derivan a su vez los sub principios de Contradicción o audiencia y el de igualdad de armas procesales. Por el principio de Contradicción, como mecanismo para hacer efectivo el derecho de defensa, debe entenderse la facultad de la defensa para formular alegatos y proponer elementos de prueba, siempre que estos reúnan los 17 requisitos de admisibilidad, con la finalidad de favorecer al imputado en la salvaguarda de sus derechos individuales. Por su parte el derecho de igualdad de armas procesales, alude a que el juicio debe desarrollarse en un plano de igualdad, en el cual ninguna de las partes, en especial la defensa del imputado, por su condición de franca vulnerabilidad procesal frente al poder punitivo del Estado, sufra de menoscabo indebido en sus derechos procesales. Compete a la Representación del Ministerio Público, la carga de la prueba contra el imputado, y a la defensa, amparado en el estatus de inocencia, estructurar su estrategia, orientada bien solo a vigilar el debido cumplimiento de formalidades, derechos y garantías, o a desarrollas una efectiva actividad probatoria, en atención a introducir prueba de descargo con la finalidad de acreditar una causa de exención de la responsabilidad criminal o bien dirigida a reprochar la ilicitud de prueba de cargo, y con ello lograr su exclusión. Sentencia CP 257-2008 pág. 16 y 17