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Sentencia CP-533-16 — Registro 12420

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. El recurso es de recibo. A esta Sala de lo penal por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esta tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto de los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que si corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, esté o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que al imputado J. L. M. M., en fecha 10 de enero de 2015, a eso de las nueve con quince minutos de la noche, se le decomisó un arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, Modelo 48-4, Serie 232 K619, calibre .22 mágnum, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva. (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al señor J. L. M. M., a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, Modelo 48-4, Serie 232 K619, calibre .22 mágnum. 2. Que, de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo a las nueve con quince minutos de la noche. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las nueve y quince minutos de la noche, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo con lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor J. L. L. S. fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no fue acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintidós de enero del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de enero del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala Penal, integrado por los Magistrados José Olivio Rodríguez Vásquez en su calidad de coordinador, Rafael Bustillo Romero y Alma Consuelo Guzmán García, han pronunciado, EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-533-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha siete de diciembre del año dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro, mediante la cual Primero: Absolvió al señor J. L. M. M., del delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: No Procedió declarar la responsabilidad civil del señor J. L. M. Me..- Tercero: Se ordenó la devolución del arma de fuego tipo revólver, marca SMITH & WESSON, modelo 48-4, serie 232 K619, calibre .22 mágnum, con dieciocho proyectiles, una vez que se acredite la propiedad.- Cuarto: No procede condenar al señor J. L. M. M. en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. SON PARTES: La Abogada E. P. B., en su condición de fiscal del Ministerio Público, como parte recurrente y los Abogados A. R. P. P. y A. A. G. A., en su condición de defensores públicos del señor J. L. M. M., como parte recurrida. HECHOS PROBADOS “De la valoración de la prueba practicada en el juicio con todas las garantías objetivas y subjetivas, ha resultado probado el hecho siguiente: PRIMERO: En fecha diez de enero del año dos mil quince, a las nueve con quince minutos de la noche, en una pulpería en la aldea La Rosa que corresponde a la jurisdicción de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al señor J.L. M. M. se le decomiso un arma de fuego, tipo revolver, marca SMITH & WESSON, modelo 48-4, serie 232 K619, calibre .22 mágnum, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, de la que no portaba la documentación requerida, y dieciocho proyectiles sin percutir de calibre .22 mágnum; sin embargo en dicha fecha antes referida, existía una veda para que las personas que tuvieran en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, comparecieran a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.” RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada K. P. C. L., procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Ley, de la manera siguiente: “EXPOSICIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN MOTIVO UNICO: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del artículo 332-B del Código Penal, en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas Municiones, Explosivos y otros similares. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 360 del Código Procesal Penal. EXPOSICION DEL MOTIVO: El A quo en la sentencia en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “En fecha diez de enero del año dos mil quince, a las nueve con quince minutos de la noche, en una pulpería en la aldea La Rosa que corresponde a la jurisdicción de la ciudad de Yoro, departamento de Yoro, al señor J. L. M. M. se le decomiso un arma de fuego, tipo revolver, marca SMITH & WESSON, modelo 48-4, serie 232 K619, calibre .22 mágnum, misma que se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico y operativo, de la que no portaba la documentación requerida, y dieciocho proyectiles sin percutir de calibre .22 mágnum; sin embargo en dicha fecha antes referida, existía una veda para que las personas que tuvieran en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, comparecieran a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad”. El artículo 332-B del Código Penal establece que: “Quien, sin permiso de la autoridad competente, fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas”. EN RELACIÓN AL ILICITO DE PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS COMERCIAL: Del referido cuadro fáctico se desprende, que el Tribunal Sentenciador ha tenido como una verdad incuestionable que el imputado J. L. M. M., fue detenido en posesión de un arma de fuego tipo revolver, marca SMITH & WESSON, modelo 48-4, serie 232 K619, calibre .22 mágnum en buen estado; asimismo los agentes le encontraron además en la bolsa delantera un calcetín conteniendo dieciocho proyectiles sin percutir de calibre .22 mágnum, y pese a ello dictó una sentencia absolutoria por este delito. Dentro de la estructura de la sentencia, se encuentra el apartado de fundamentación jurídica, donde el juzgador expresa los preceptos o doctrinas legales aplicables al caso y los fundamentos legales de la calificación de los hechos probados; en el caso de mérito, el ente juzgador erróneamente y en contraposición al relato fáctico, respecto al tipo penal de Portación Ilegal de Arma Comercial regulada en el artículo 332 B, ha establecido que nos encontramos ante una derogación tacita temporal, debido a que durante la comisión del hecho ejecutado por el señor J. L. M. M. se encuentra vigente el Decreto número 63-2014 en donde en su artículo uno (1) señala ampliar el Decreto 184-2013, en tal sentido, el ente juzgador considera que no puede reprocharse penalmente al acusado su accionar; desconociendo que el espíritu de éstas normas, es legalizar la tenencia de armas, brindando a los ciudadanos la posibilidad de acudir durante un periodo de tiempo a inscribir las mismas, pero debe analizarse en cada caso particular sí existe voluntad del sujeto activo para legalizar esta tenencia, y en el caso in examiné, se desprende del factum, que la intención por parte del ahora imputado no era acudir a la autoridad competente a registrar el arma de fuego comercial con la cual fue detenido, dado que a la hora que se le decomisó el arma, es inhábil para la oficina de Registro Nacional de Arma, por ende no está abierta al público, además de lo referido en la audiencia de debata por el Agente policial H. A. F., quien señaló que se comprobó que el encausado tenía una orden de captura pendiente por el delito de Homicidio, ante esta circunstancia no se puede presumir que la intención del encausado era legitimar el arma que portaba de ahí que lo expresado en este apartado de fundamentación jurídica, en nada respalda lo afirmado en el cuadro fáctico, por tanto debió dictarse una sentencia condenatoria tal y como lo peticionó el ente fiscal. Por lo antes expresado, al confrontar los hechos estimados y declarados probados por el juzgador y la normativa citada como infringida por falta de aplicación, se denota sin lugar a dudas, la concurrencia del vicio in iudicando en que se fundamenta este motivo de Casación, pues J. L. M. M., fue detenido con un arma de fuego tipo revólver, marca SMITH & WESSQN, modelo 48-4, serie 232 K619, calibre .22 mágnum, sin portar el permiso correspondiente; de igual forma, lo que constituye una vulneración a la norma citada como infringida.

En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industria/mente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo…”[1]; y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra de los ahora imputados. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada.” FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que son objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas entonces normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva hecha por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; en este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por la Defensa Privada. Único Motivo. *Norma Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. *Norma que se denuncia Infringida: Artículo 332-B del Código Penal en relación con el artículo 7 de la Ley de Control de Armas, municiones, explosivos y otros similares. *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva. *Acciones de Saneamiento o Subsanación del Vicio Denunciado: Sin determinar por el pretensor. *Pretensión: Que se case la sentencia y se profiera otra apegada a la norma citada. Establece la recurrente que la infracción denunciada se produjo cuando los hechos probados establecen que al señor J. L. M. M., se le decomisó un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 48-4, calibre 22, de la que no portaba documentación requerida y dieciocho proyectiles sin percutir de calibre .22 mágnum, en buen estado de funcionamiento y en la que el juzgador de manera errónea y en contraposición al relato fáctico, respecto al tipo penal de portación ilegal de arma de fuego comercial regulada en el artículo 332-B, establece que existe una derogación tácita temporal al aplicar el decreto 63-2014 en donde se amplía por un año más el decreto 184-2013 (31 de diciembre de 2015), referente a la veda. Clasificación de las Armas de Fuego (Lícitas e Ilícitas, de Guerra o de Uso Personal). El Ministerio Público establece que a partir de la derogatoria del Decreto No. 101-2003, Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 30,133 de fecha 11 de Julio de 2003, cada vez más se ha presentado la división de criterios en cuanto a la tipificación de la fabricación, tenencia, uso, transporte, compra y venta de armas de fabricación casera; así pues en algunos Tribunales de la República han señalado que no existe tipificación en cuanto a esa conducta, otros señalan que se encuentra tipificado en el artículo 332-A y otros en el Artículo 332-B.- Sin embargo tal dilema ya ha sido resuelto por esta Sala de lo Penal, pues en los fallos No. No. 336-2015 No. 409-2015 y No. 473-2015, todos del 28 de julio de 2016, se ha fijado ya doctrina legal al respecto. Recordemos que la Convención Interamericana Contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros Materiales Relacionados, define como "Armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. Mediante la Convención referida los Estados, entre ellos Honduras, se comprometieron a comercializar armas de fuego que tengan el marcaje adecuado del nombre del fabricante, lugar de fabricación y número de serie y además, marcaje de importación que incluya nombre y dirección del importador; también a que las armas destinadas para uso oficial contengan el marcaje adecuado que las identifique. Por su parte el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define como “fabricación ilícita” de armas la fabricación o montajes de armas de fuego a partir de piezas y/o componentes que hayan sido objeto de tráfico ilícito, o cuando se realice la fabricación o montaje sin contar con la licencia o autorización de una autoridad competente del Estado o aquellas armas que al momento de su fabricación no fueren objeto de marcaje. Considera esta Sala de lo penal que la diversidad de calificativos que proporcionan las leyes en relación a las armas de fuego no obedece a una acertada técnica legislativa, así pues las normas legales usan los conceptos de armas comerciales, armas personales, armas deportivas, armas prohibidas y armas de guerra, lo que obliga hacer la respectiva distinción.- El artículo 7 de la Ley de Armas hace una enumeración de “armas permitidas por la ley”, entendiéndose como tales a aquellas armas que la ley autoriza su comercio, pudiendo adquirirse, regalarse, venderse, importarse, exportarse, trasportarse, almacenarse, poseerse o usarse, siempre que ello sea previamente autorizado por autoridad competente en base a ley. Por otra parte, el Artículo 8 de la Ley de Armas, hace una enumeración de las armas que se consideran “prohibidas”, es decir aquellas cuyo comercio no es permitido. En resumen, las normas citadas, haciendo una enumeración, regulan las armas de comercio lícito y las armas de comercio ilícito. La Ley de Armas no señala qué debe entenderse o cuáles son las armas de uso personal, armas deportivas o armas de guerra, que son los términos que utilizan los artículos 332-A y 332-B. Tampoco podría afirmarse que las armas enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas son aquellas que deben considerarse como de uso personal o deportivas y las enumeradas en el artículo 8 las de guerra, puesto que en uno y otro artículo se aprecian armas de diferentes naturaleza; véase que las especificaciones que realiza el artículo 7 de las armas de puño o cortas, armas de hombro o largas y armas de mecánica o semiautomática, pueden ser tanto armas de uso personal como armas deportivas; a su vez, algunas de las armas descritas en el artículo 8 no son de guerra, como ser las armas de fantasía y las armas de fabricación casera. En resumen, son armas permitidas y por lo tanto cuyo comercio es lícito las descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas; y son armas prohibidas, cuyo comercio no es lícito, no solo aquellas enumeradas en el artículo 8, sino todas aquellas cuyas especificaciones no responden a las descritas en el artículo 7. Lo anterior son conclusiones que nos permiten aplicar la Ley de Armas en el ámbito administrativo, más no contribuye a fijar definiciones de los conceptos usados por el legislador en el área penal.- Como principio, fuera de los muros del derecho penal, toda arma de fuego puede ser usada en la guerra (conflicto bélico entre países o entre grupos de personas de un Estado), ya sea que su comercio sea lícito o ilícito; Igualmente toda arma de fuego puede ser destinada para uso personal, entendiéndose como tal aquel uso que realiza una persona en su vida cotidiana, sin importar que ésta sea lícito o ilícito comercio; y finalmente toda arma puede ser usada para realizar el deporte de la cacería, ya sea lícita o ilícita.- Estas afirmaciones, a pesar de ser ciertas en términos generales, no pueden llevarse al derecho penal cuando se trata de hacer la diferenciación entre las conductas que sanciona el artículo 332-A y el 332-B del Código Penal y que se relacionan con armas de fuego, puesto que no resuelven nada el dilema de la tipificación por confusión de términos. Por ello el calificativo de “arma de uso personal”, “arma deportiva” y “arma de guerra”, debe de basarse en aspectos objetivos del arma de fuego que permitan su diferenciación, aspectos que debemos extraer de la Ley, a saber: 1) Armas de Guerra: El artículo 332-A, tipifica el delito el de “Fabricación y Tráfico de material de Guerra, Armas y Municiones”, cuyo contenido es: “La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda Armas, municiones, explosivos o material de guerra o de combate, incluidas en estas últimas las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, será sancionada con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras.- La Policía Nacional o cualquier otra autoridad que decomise ese material lo pondrá de inmediato a disposición del Ministerio Público.”.- El artículo citado nada dice de cuáles son las armas que deben de ser consideradas de Guerra, salvo la referencia a las armas AK-47 en cualquiera de sus modelos, tampoco la Ley de Armas hace alguna referencia de ellas; Por consiguiente debemos de remitirnos a la Convención Interamericana Sobre Transparencia en Las Adquisiciones De Armas Convencionales, en cuyo Anexo I proporciona un listado de armas convencionales objeto de regulación, además a la Convención sobre la Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonales y su Destrucción, al Protocolo sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Minas, Armas y Otros Artefactos, al Protocolo Sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Armas Incendiarias, al Protocolo sobre Armas Láser Cegadoras, Protocolo sobre Fragmentos no Localizables, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción y el Almacenamiento de Armas Bacteriológicas (Biológicas) y Toxicas y sobre su Destrucción, la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y su Destrucción y el Protocolo contra la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, sus piezas y componentes y municiones, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Como consecuencia y conforme al Artículo 332-A del Código Penal, cualquier persona no autorizada por el Estado de Honduras, que fabrique, almacene, transporte, use, trafique, ingrese o saque del país, adquiera, suministre o venda algunas de las armas enumeradas en los instrumentos internacionales citados, sus componentes o municiones, será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (L 5, 000.00) a diez mil (L 10,000.00) lempiras; particularmente, la fabricación, puede ser industrialmente (mediante el uso de mecanismos automático o semiautomático, para fabricación y/o ensamblaje de piezas) o artesanalmente (mediante la manufacturación de piezas o ensamblaje manual, o con ayuda de herramientas usadas manualmente). 2) Armas de Uso Personal.- El artículo 332-B del Código Penal establece como título del delito la “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales”, sin embargo al remitirnos al contenido del tipo penal, al supuesto elegido por el legislador y que es objeto de reproche, no se habla de armas comerciales, sino de armas personales, armas de defensa, armas deportivas y de explosivos comerciales (no armas comerciales), por lo tanto hay una discrepancia entre el título del tipo penal y su contenido, debiendo asirnos al contenido, puesto que éste es el ámbito situacional que sanciona el legislador.- Señala el tipo penal: “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión sin perjuicio del comiso de dicha armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas.- Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial.”. El tipo penal está construido en dos párrafos, el primero identifica como el objeto del delito las armas de uso personal y las armas deportivas, entretanto en el segundo párrafo señala que la ley especial, definirá cuales son las armas de uso personal, las armas de defensa y las armas deportivas; El problema con esta enumeración es que las armas de uso personal pueden ser para propósitos de defensa o para propósitos deportivos, por lo que la clasificación hecha por el legislador es incorrecta al hacer diferencia entre armas de uso personal y armas deportivas cuando las últimas son parte del conjunto que integran las primeras.- Es importante también acotar que la remisión a una ley especial convierte a la norma en un tipo penal en blanco, sin embargo al no mencionar a que ley especial se refiere, debemos entender que puede ser cualquier ley que regule las conductas relacionadas con las armas de fuego, ello incluye los Tratados y Convenios Internacionales que forman parte del derecho interno hondureño; Por otro lado es de subrayar que en el segundo párrafo se habla de armas de defensa, mismo que no es parte del supuesto que contempla el primer párrafo como objeto del delito. Para efectos diferenciadores, debemos entender como arma de uso personal todas aquellas destinadas para un fin distinto a la guerra y que ya hemos enumerado en el apartado anterior. Como se ha señalado ya, las armas de uso personal pueden tener propósitos de defensa o propósitos deportivos (cacería); entre las armas de uso personal están aquellas de comercio lícito o aquellas de comercio ilícito, siendo las primeras objeto de permiso mientras que las segundas no. Las armas de uso personal de comercio lícito están descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas, entendiéndose (por concepto negativo) que todas aquellas que reúnan especificaciones distintas a las señaladas en la norma citada se consideran armas de uso personal de comercio ilícito. Además, se consideran armas de uso personal de comercio ilícito las descritas en los numerales 1 (Armas automáticas), 2 (Armas de Fabricación Casera o Artesanal) y 5 (Armas de Fantasía) del artículo 8 de la Ley de armas, mismas que no podemos considerar armas de guerra, dada su naturaleza y poder ofensivo, pero que si son proscritas por el peligro que representan: • Las armas automáticas como consecuencia del mecanismo de disparo; • Las armas de fabricación casera o artesanal, por la imposibilidad del Estado de Honduras de llevar su registro y control; • Las armas de fantasía, al tener una apariencia inocua que pueden hacerlas pasar inadvertidas. Incurrirán en el delito tipificado en el artículo 332-B, la persona que fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando: • No se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito; o • Se trate de armas de comercio ilícito, del que en ningún caso se podrá contar con autorización de autoridad competente. De los Decretos Legislativos 184-2013 y 63-2014 emitidos por el Soberano Congreso Nacional. El decreto legislativo 184-2013 relata: “Establecer a partir de la vigencia del presente Decreto y por el término de un (1) año, un periodo de veda para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, a realizar los trámites correspondientes de registro ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad…” Este decreto legislativo entró en vigencia el 05 de octubre del 2013, fecha en la que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta. El Artículo 1 del Decreto Legislativo 63-2014 refiere: “Prorrogar la vigencia de lo dispuesto en el Decreto N° 184-2013 de fecha 01 de septiembre del 2013, el cual establece un período de veda por un (1) año, para que toda persona que tenga en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posea factura de venta de la Armería, proceda con la documentación respectiva a excepción de dicha factura, realizar los trámites correspondientes para dicho registro, por un periodo de seis (6) meses, contados a partir de la fecha del vencimiento del Decreto referido.” El referido decreto legislativo fue publicado en el diario oficial La Gaceta en fecha 06 de noviembre de 2014, fecha en la que entró en vigor. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público. Único motivo. El recurso es de recibo. A esta Sala de lo penal por tratarse de un Recurso de Casación por Infracción de Ley, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia. Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. El recurso de Casación por Infracción de Ley, tiene por finalidad la revisión por parte de esta Sala, de la interpretación que de la ley hagan los Tribunales de Sentencia, definiendo o valorando jurídicamente los hechos establecidos en la sentencia y poniéndolos en relación con la norma de derecho que rige el caso, dentro del campo de la consideración puramente jurídica. Esta tarea de contralor jurídico asignada al Tribunal de Casación supone el respeto de los hechos fijados en la sentencia. En este sentido, el Recurso de Casación por Infracción de Ley, debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados), de tal suerte que resultan inobservadas las normas que si corresponde aplicar, se invocan normas que no deben aplicarse, o se invoca la norma que deba aplicarse al caso concreto, pero el juzgador hace una incorrecta interpretación de la misma. Esta Sala de lo Penal es del criterio que cuando la persona sorprendida en posesión de un arma de fuego comercial sin el respectivo permiso de portación, esté o no vigente algún decreto legislativo, es requisito indispensable que durante la detención el acusado, debe demostrar la existencia de actos tendientes a registrar o entregar el arma, según sea el caso, es decir que la acción del imputado no deje dudas que tuvo la intención dirigida registrarla o entregar el arma de fuego a la autoridad administrativa, pues el espíritu de la creación de los decretos legislativos es para dar tiempo a las personas de presentar la documentación necesaria para la inscripción del arma, no para que cometieran acciones tipificadas como delitos en las leyes penales. En el caso subjudice, se establece que al imputado J. L. M. M., en fecha 10 de enero de 2015, a eso de las nueve con quince minutos de la noche, se le decomisó un arma de fuego, tipo revólver, marca Smith & Wesson, Modelo 48-4, Serie 232 K619, calibre .22 mágnum, en buen estado de funcionamiento de la cual, no portaba el permiso de la autoridad respectiva. (hechos probados). De lo anterior es opinión de esta sala que procede destacar lo siguiente: 1. Conforme al hecho probado, queda establecido que fue al señor J. L. M. M., a la persona que la Policía Nacional, le encontró y consecuentemente le decomisó un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, Modelo 48-4, Serie 232 K619, calibre .22 mágnum. 2. Que, de acuerdo al hecho probado, el cual es producto de la prueba evacuada durante el juicio, quedó establecido que el decomiso del arma se produjo a las nueve con quince minutos de la noche. 3. Los actos tendientes a registrar o entregar el arma, implican una voluntad del poseedor del arma de dirigirse al correspondiente registro balístico para materializar el registro del arma; sin embargo, estas acciones sólo podrán ser realizadas en los días y horas en que funcionan estos registros. Es evidente que, a las nueve y quince minutos de la noche, no es posible realizar ninguna gestión dirigida a registrar o entregar el arma. De acuerdo con lo anterior, es opinión de esta Sala que el cuadro fáctico plasmado por el A quo en los hechos probados de la sentencia, da por establecido que el señor J. L. L. S. fue encontrado en posesión de un arma de fuego comercial, sin el permiso de la autoridad respectiva, hechos éstos que cumplen con los presupuestos del tipo penal contenido en el artículo 332-B del Código Penal, por otro lado no fue acreditado que el imputado hubiere ejecutado actos, acciones o gestiones tendientes al registro o entrega del arma, en consecuencia debió dictarse una sentencia condenatoria, por haberse ajustado el hecho ejecutado por el imputado en el tipo penal prescrito en la norma y no existir acreditadas circunstancias que excluyan la responsabilidad del imputado. decisión: Ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, interpuesto por el Ministerio Público, en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los Artículos 303, 304, 313 atribución 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 número 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 13 segundo párrafo, 140.1 del Código Penal. FALLA: Primero: Declara CON LUGAR el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo, invocado por la Abogada K. P. C. L., en su condición de fiscal del Ministerio Público.- Segundo: Casa la sentencia de fecha siete de diciembre de dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de El Progreso, Departamento de Yoro.- Tercero: En consecuencia condena al señor J. L. M. M. a la pena de tres años de reclusión, por el delito de Posesión Ilegal de Arma Comercial en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a cumplirla en el Centro Penal de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, así como a las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo, se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, para que se proceda a ponerla en efectiva ejecución. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO COORDINADOR. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintidós de enero de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-533-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

[1] Sentencia de fecha 17 de enero de 2013, recaída en el Recurso de Casación Penal No.S.P.248=2010.