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Sentencia CP-524-16 — Registro 13273

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de Atentado, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras y el delito de Soborno Doméstico, en perjuicio del La Administración Pública. resolviendo en segunda instancia Casa parcialmente el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso es parcialmente de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A-Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede en el caso actual, que la censora, del fallo denuncia que existe insuficiente e incompleta actividad probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de atentado y soborno doméstico al señor Marcelino Corea Mancilla; pues refiere que el Ministerio Público presentó como única fuente informativa la declaración del testigo Yonis Dun Chirinos Lobo. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo las siguientes: 1. Declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo. 1. Dictamen Médico Legal N° 2010-06-1942, hecha al señor Yoni Dun Chirinos, ratificado por el Doctor Héctor Hernández (F144). 2. Denuncia N° 0501-2010-14418, de fecha 22 de junio de 2010, hecho por el señor Yonis Dun Chirinos Lobo (F25). 3. Acta de registro personal hecha al señor Marcelino Corea Mancia. 4. Acta de decomiso de la motocicleta (F50). 5. Dictamen Médico Legal N° 2010-06-1943, hecha al señor Rony Alberto López, ratificado por el Doctor Héctor Hernández (F143). Al hacer una distinción de los anteriores medios probatorios para efecto de determinar cuáles de ellos fueron propuestos para acreditar los delitos de soborno doméstico y cuáles fueron propuestos para acreditar la participación de atentado; en el caso del delito de atentado se logró determinar tanto con la declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo, así como la denuncia n° 0501-2010-14418 interpuesta por él mismo, el dictamen médico n° 2010-06-1942 hecha al señor Yonis Dun Chirinos Lobo, y el dictamen médico n° 2010-06-1943 hecha al señor Rony Alberto López, la certeza de las lesiones provocadas por el señor Marcelino Corea Mancilla a los agentes policiales, dándose los presupuestos legitimadores del delito de atentado en contra de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En cuanto al delito de soborno doméstico, se exige acreditar con certeza que el particular ha ofrecido u otorgado intencionalmente, directa o indirectamente a un funcionario público cualquier objeto de valor pecuniario a cambio que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones. Así la actividad probatoria desarrollada por el ente acusador, se fundamentó en el único medio de prueba correspondiente a la declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo. Si bien ha quedado acreditado que el declarante estuvo presente el día en que se produjo la detención del señor Marcelino Corea Mancilla, la declaración que éste rindió ante el Tribunal Sentenciador, resultó contradictoria y ambigua. Cuando de infracción al estado de inocencia se trata, debe examinarse que exista prueba de cargo válida, suficiente, debidamente razonada y motivada. De no existir alguna de estas exigencias se quebranta indebidamente dicho estado constitucional. En el presente caso, ha ocurrido así, pues el Tribunal de Sentencia no precisa de suficiente actividad probatoria para hacer la afirmación fáctica contenida en su sentencia. Aspectos tales como que el testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, durante su declaración indica que el forcejeo con el señor Marcelino Corea Mancilla, dio inicio cuando el oficial rechazó el ofrecimiento de cuatrocientos lempiras, sin embargo, también establece que nunca observó la cantidad ofrecida. Además, indica que durante la conversación del imputado y el oficial, él se encontraba dentro de la patrulla por ser el conductor. Estos aspectos son los que según acta de debate declaró el testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, sin embargo, en la valoración de la prueba el Tribunal hace referencias a hechos que no se aprecian en el acta de debate, y que además resultan ambiguos, cuando afirma el sentenciador que el testigo afirmó que el oficial estaba dentro de la patrulla y que el acusado forcejeó con él tomándolo de la camisa, por lo que el testigo Chirinos Lobo, se lo agarró por atrás. Agregado a todo ello, también se evacuó en juicio un acta de registro practicado al acusado Marcelino Corea Mancilla, en el que consta no habérsele encontrado ninguna evidencia. De este modo, el medio de prueba en el que se fundamenta el fallo condenatorio no constituyen por sí solo, prueba de cargo suficiente ni idóneo para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica de soborno doméstico. Finalmente, al revisar esta sala la fundamentación jurídica realizada por el sentenciador, en cuanto al tipo penal de soborno doméstico, no encuentra una argumentación jurídica válida y suficiente, mediante la cual se logre establecer la vinculación de los elementos probatorios con los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal en particular, y la indubitada participación del acusado en los hechos. Adicionalmente se determina que también existe otra exigencia del estado material de inocencia conculcada, y es que el Tribunal de Sentencia no se dio a la tarea de elaborar un discurso valorativo razonable para considerar la condena, afirmando escuetamente que a partir del testimonio se puede adjudicar la participación del acusado en los hechos, pues al revisar esta Sala de lo Penal, la fundamentación jurídica realizada por el sentenciador, en cuanto al tipo penal de soborno doméstico, no encuentra una argumentación jurídica válida y suficiente, mediante la cual se logre establecer la vinculación de los elementos probatorios con los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal en particular, y la indubitada participación del acusado en los hechos. A partir de lo expuesto, esta Sala de lo Penal no puede certificar el fallo condenatorio, pues se constata que existe una deficiente actividad probatoria de cargo para hacer la afirmación fáctica contenida en los hechos probados de la sentencia y también porque existe un deficiente discurso argumentativo por parte del sentenciador para sustentar el veredicto condenatorio; por consiguiente, corresponde dictar en su lugar un fallo absolutorio al considerar la infracción al estado material de inocencia en su vertiente de suficiencia probatoria..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el Recurso de Casación SP-524-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha quince de junio del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Marcelino Corea Mancilla, como autor del delito de Atentado, en perjuicio del La Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena de un año de reclusión; Segundo: Condenó al señor Marcelino Corea Mancilla, como autor del delito de Soborno Doméstico, en perjuicio del La Administración Pública, a la pena de cinco años; Tercero: Condenó al señor Marcelino Corea Mancilla, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el doble de tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Declaró la responsabilidad civil del señor Marcelino Corea Mancilla; Quinto: No procede condenar en costas al señor Marcelino Corea Mancilla; Quinto: No procede ordenar el comiso. SON PARTES: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, en su condición de Defensores Públicos del señor Marcelino Corea Mancilla, como parte recurrente y la Abogada Ilse Adela Fuentes Nuñez, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. II. HECHOS PROBADOS: “UNICO: En fecha veintidós de junio del dos mil diez en horas de la tarde, mientras agentes de la Policía transitaban por la aldea El Calan, del municipio de Villanueva, departamento de Cortes, observaron a un joven que se conducía en motocicleta sin portar el casco de seguridad, razón por la cual lo requirieron, y el mismo no portaba licencia para conducir al tratarse de un menor de edad, lo que motivo a trasladarlo junto motocicleta a la posta policial, momento en el que llego el señor Marcelino Corea Mancilla, padre del menor de edad requerido, ofreciendo al oficial encargado de la patrulla, la cantidad de cuatrocientos lempiras a cambio de dejar libre a su menor hijo, y le entregaran la motocicleta, pero ante la negativa del agente de policía en aceptar el dinero, el señor COREA MANCILLA se molestó, sujetando de la camisa al oficial, quién ordeno en consecuencia lo detuvieran, y al ser sujetado por el agente YONIS CHIRINOS LOBO para subirlo a la patrulla, el señor COREA MANCILLA forcejeo con él, causándole 1esiones en su rostro, así como a los demás que se encontraban en el lugar, por lo que una vez sometido por la fuerza el señor MARCELINO COREA MANCILLA, fue conducido a la posta policial y puesto a la orden de autoridad competente.” III. RECURSO DE CASACION, MOTIVOS Y ARGUMENTOS La recurrente Abogada Guadalupe Hernández Amador, procedió a formalizar su Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, de la manera siguiente: “EXPRESIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN POR PRECEPTO CONSTITUCIONAL. MOTIVO ÚNICO: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 del Código Procesal Penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal EXPOSICIÓN DEL MOTIVO PRIMERO: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece………”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código………”. SEGUNDO: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor MARCELINO COREA MANILLA a quien se le sigue proceso por el Delito de Atentado y Soborno Domestico en perjuicio de La Policía Nacional y de la Administración Pública del Estado de Honduras, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor Marcelino Corea Mancilla, produjo un mínimo de actividad probatoria. TERCERO: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, corno ser la declaración del testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, siendo la única fuente informativa que aporto el Ministerio Publico, esta prueba de cargo traída a juicio, resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, en consecuencia volviéndose su deposición en leve indicio, pues no existe en el presente juicio pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, ni en los restantes medios de prueba, evacuados en el juicio. CUARTO: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11 .1, el Pacto Internacional ele Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mí representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada.” IV. FUNDAMENTACION JURIDICA Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior. En general toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; En una buena técnica recursiva, el peticionario debe de hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplio espectro (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso de Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Motivo Único. *Norma Autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Norma Sustantiva que se denuncia Infringida: Artículos 89 y 90 de la Constitución de la República en relación con los artículos 1,2 del Código Procesal Penal. *Concepto de la Infracción: Violación del debido proceso y al estado de inocencia.*Pretensión: Que se case la sentencia. Establece la recurrente que el Ministerio Público no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes para enervar el estado de inocencia del señor Marcelino Corea Mancilla, pues de la probanza utilizada para declarar el cuadro fáctico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, como ser la declaración del testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, siendo la única fuente informática del Ministerio Público, por lo que resulta insuficiente e incompleta y no certera para inculpar a su representado, infringiendo de esta manera derechos fundamentales como el estado de inocencia y el debido proceso. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El Derecho/Principio de Inocencia es proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente y que no solo debe estar presente en el proceso penal, sino que debe respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien, en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado a no sufrir una condena, a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías. Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3) De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado o acusada. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado con la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; recuérdese que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, éste derecho fundamental se encuentra reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 11.1), en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art.14.2) y de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 8.2), además es norma pilar de la Constitución de la República (Art. 89 Superior) que es ampliamente desarrollada en normas legales secundarias (Arts. 1 y 2 CPP), y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, válida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010:“La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el Tribunal de Sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del CPP; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 CPP); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido, la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe sufrir como producto de un proceso penal con endeble carga probatoria; absolver a un culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. Del Debido Proceso Legal La Garantía del Debido Proceso se encuentra regulada por el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 90 de la Constitución de la República, conocida como el Debido Proceso Legal, el cual refiere a los parámetros normativos bajo los cuales deben dispensarse todas las garantías necesarias en el proceso (con independencia de su naturaleza).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el Informe No. 1/95 de fecha 07 de febrero de 1995, del caso 11,006, referente al proceso de Alan García, Perú, indicó: “El artículo 8 de la Convención Americana en su inciso primero establece que toda persona tiene derecho a ser oído con las debidas garantías en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada en su contra. - Así mismo, el mencionado artículo en su inciso segundo prevé que durante el trámite del proceso toda persona tiene derecho a que se respeten ciertas garantías mínimas. La enumeración contenida en esta cláusula ha sido interpretada como una nómina de garantías mínimas no taxativas. De este modo, se ha considerado que existen otras garantías reconocidas en el derecho interno de los Estados que, si bien no están incluidas explícitamente en el texto de la Convención, igualmente se encuentran amparadas por el contenido amplio del inciso 1 del artículo 8 de la Convención”. El Principio del Debido Proceso Legal más que garantizar el respecto a la ritualidad en la dinámica de juzgamiento, es uno de los pilares del derecho procesal penal dirigido a que la persona sometida a la jurisdicción sea juzgada por un juez o jueza natural, competente, imparcial e independiente, pero adicionalmente es un mandato para que este juez además de respetar las formas procesales, reproduzca en cada una de ellas los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los Tratados y Convenciones de los que Honduras forme parte; así pues los llamados Principios Procesales o Principios Informadores del proceso, no son más que medios conductores para materializar aquellos derechos y garantías fundamentales que son agrupados bajo la titulación del debido proceso legal, y que constituyen reglas mínimas de juzgamiento, como ser: i.- Prohibición de ser procesado mediante la aplicación de leyes retroactivas peyorativas; ii.- Derecho a ser informado de los cargos criminales en su contra; iii.- A un juez predeterminado por la ley; iv.- A la imparcialidad del juez; v.- A la independencia del juez; vi.- Derecho a la defensa material y técnica y a utilizar los medios de prueba pertinentes; vii.- A la igualdad de armas procesales; viii.- A un proceso público sin dilaciones indebidas; ix.- Respeto al principio de presunción de inocencia; x.- Posibilidad de recurrir ante un tribunal para obtener una revisión de la legalidad de la orden de privación de la libertad provisional; xi.- Derecho a ser oído en un plazo razonable; xii.- Deber de los tribunales de emitir fallos razonados, motivados y con información sustancial; xiii.- El derecho a impugnar las resoluciones judiciales definitivas para que sean revisadas por un tribunal superior; ivx.- A una justicia gratuita. En fin, el derecho a un Debido Proceso exige la materialización del Principio de Legalidad. La CIDH, en su informe No. 30/97 del caso 10,087 de fecha 30 de septiembre de 1997, referente a Gustavo Carranza, Argentina, indicó: “67.- El artículo 8 de la Convención Americana impone la existencia de “debidas garantías” durante el proceso de determinación de derechos […] En efecto, el mencionado artículo no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales. Este artículo reconoce el llamado “Debido proceso legal” que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.”. Por su parte la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en sentencia de 02 de febrero de 2001, en el caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá, afirmó que: “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto “sino [al] conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales” a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. Es decir, cualquier actuación u omisión de los órganos estatales dentro de un proceso, sea administrativo, sancionatorio o jurisdiccional, deben respetar el debido proceso legal.”. El Debido Proceso Legal se ve materializado cuando se observan estrictamente las normas contenidas en el Código Procesal Penal, el que señala en el Título IV de su Libro Tercero como debe substanciarse la etapa de juicio y en particular el debate, ergo la transgresión a cualquiera de esas normas legales constituiría vicio in procedendo siempre que por su carácter esencial socave la validez de la sentencia y esto es cuando transgrede o disminuye los principios mencionados. En conclusión, la resolución definitiva debe ser el resultado de la celebración de un proceso penal en el cual se respeten el conjunto de reglas esenciales que le sustentan en una base de legalidad, de lo contrario, cuando el mismo se realiza a espaldas de una de esas reglas, la resolución definitiva se convierte en un fruto viciado. Cuando se interpone un Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, alegando violación al debido proceso legal, el recurrente lo que está prometiendo es demostrar que uno de esos principios informadores del proceso fue inobservado por el órgano jurisdiccional, aplicado parcialmente o mal interpretado; por lo que deberá ser especifico en señalar el principio informador que considera violentado, el acto procesal cuestionado, explicar cómo debió haberse realizado la actuación procesal si se hubiese respetado el principio de legalidad y, por último, como la violación a ese principio informador, contenido en el debido proceso, afectó a la decisión tomada por el Tribunal. De la Procedencia del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su Único Motivo. El recurso es parcialmente de recibo. Previamente debemos recordar que el derecho al estado de inocencia se configura como una regla de juicio y desde la perspectiva constitucional, como el derecho a no ser condenado sin prueba de cargo válida, lo que implica que exista una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los elementos esenciales del delito y que de la misma se infiera razonablemente los hechos y la participación del acusado en ellos. De modo que, se vulnerará el estado material de inocencia, cuando no haya prueba de cargo válida, es decir, cuando el juzgador haya valorado una actividad probatoria lesiva de derechos fundamentales o lesiva de garantías, o cuando el resultado de dicha valoración no sea debidamente motivado, o cuando por ilógico o insuficiente no sea razonable el discurso que conduce de la prueba al hecho probado de la sentencia. También ha sido criterio consolidado de esta Sala de lo Penal (Sentencia de la Sala de lo Penal de fecha 8 de noviembre de 2012, recaída en el expediente SP 142-2011), que a través de un recurso como el planteado, no le corresponde a este órgano judicial alcanzar su personal convicción a partir de unas pruebas que no presenció y realizar una valoración probatoria alternativa o sustitutiva de la que ha efectuado el juzgador de instancia, pues esta facultad le es exclusiva según nuestra norma procesal (Artículos 336 y 338 regla 4ta. párrafo segundo del Código Procesal Penal). En todo caso, la función de este Tribunal de Casación, consiste en hacer un control externo de la racionalidad de las conclusiones alcanzadas por el Tribunal de Sentencia, verificar que las mismas no sean arbitrarias, ilógicas e irrazonables, y que, en todo caso, el A-Quo ha actuado con una convicción razonable y respetuosa de las reglas de la sana crítica; así como a constatar la suficiencia probatoria para acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal imputado. Sucede en el caso actual, que la censora, del fallo denuncia que existe insuficiente e incompleta actividad probatoria de signo incriminatorio para condenar por el delito de atentado y soborno doméstico al señor Marcelino Corea Mancilla; pues refiere que el Ministerio Público presentó como única fuente informativa la declaración del testigo Yonis Dun Chirinos Lobo. Así pues, esta Sala de lo Penal al hacer un recuento de la actividad probatoria, se desprende que el ente acusador propuso como prueba de cargo las siguientes: 1. Declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo. 1. Dictamen Médico Legal N° 2010-06-1942, hecha al señor Yoni Dun Chirinos, ratificado por el Doctor Héctor Hernández (F144). 2. Denuncia N° 0501-2010-14418, de fecha 22 de junio de 2010, hecho por el señor Yonis Dun Chirinos Lobo (F25). 3. Acta de registro personal hecha al señor Marcelino Corea Mancia. 4. Acta de decomiso de la motocicleta (F50). 5. Dictamen Médico Legal N° 2010-06-1943, hecha al señor Rony Alberto López, ratificado por el Doctor Héctor Hernández (F143). Al hacer una distinción de los anteriores medios probatorios para efecto de determinar cuáles de ellos fueron propuestos para acreditar los delitos de soborno doméstico y cuáles fueron propuestos para acreditar la participación de atentado; en el caso del delito de atentado se logró determinar tanto con la declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo, así como la denuncia n° 0501-2010-14418 interpuesta por él mismo, el dictamen médico n° 2010-06-1942 hecha al señor Yonis Dun Chirinos Lobo, y el dictamen médico n° 2010-06-1943 hecha al señor Rony Alberto López, la certeza de las lesiones provocadas por el señor Marcelino Corea Mancilla a los agentes policiales, dándose los presupuestos legitimadores del delito de atentado en contra de la Seguridad Interior del Estado de Honduras. En cuanto al delito de soborno doméstico, se exige acreditar con certeza que el particular ha ofrecido u otorgado intencionalmente, directa o indirectamente a un funcionario público cualquier objeto de valor pecuniario a cambio que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus funciones. Así la actividad probatoria desarrollada por el ente acusador, se fundamentó en el único medio de prueba correspondiente a la declaración testifical del señor Yonis Dun Chirinos Lobo. Si bien ha quedado acreditado que el declarante estuvo presente el día en que se produjo la detención del señor Marcelino Corea Mancilla, la declaración que éste rindió ante el Tribunal Sentenciador, resultó contradictoria y ambigua. Cuando de infracción al estado de inocencia se trata, debe examinarse que exista prueba de cargo válida, suficiente, debidamente razonada y motivada. De no existir alguna de estas exigencias se quebranta indebidamente dicho estado constitucional. En el presente caso, ha ocurrido así, pues el Tribunal de Sentencia no precisa de suficiente actividad probatoria para hacer la afirmación fáctica contenida en su sentencia. Aspectos tales como que el testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, durante su declaración indica que el forcejeo con el señor Marcelino Corea Mancilla, dio inicio cuando el oficial rechazó el ofrecimiento de cuatrocientos lempiras, sin embargo, también establece que nunca observó la cantidad ofrecida. Además, indica que durante la conversación del imputado y el oficial, él se encontraba dentro de la patrulla por ser el conductor. Estos aspectos son los que según acta de debate declaró el testigo Yonis Dun Chirinos Lobo, sin embargo, en la valoración de la prueba el Tribunal hace referencias a hechos que no se aprecian en el acta de debate, y que además resultan ambiguos, cuando afirma el sentenciador que el testigo afirmó que el oficial estaba dentro de la patrulla y que el acusado forcejeó con él tomándolo de la camisa, por lo que el testigo Chirinos Lobo, se lo agarró por atrás. Agregado a todo ello, también se evacuó en juicio un acta de registro practicado al acusado Marcelino Corea Mancilla, en el que consta no habérsele encontrado ninguna evidencia. De este modo, el medio de prueba en el que se fundamenta el fallo condenatorio no constituyen por sí solo, prueba de cargo suficiente ni idóneo para establecer inequívocamente la ejecución por parte del imputado de la conducta típica de soborno doméstico. Finalmente, al revisar esta sala la fundamentación jurídica realizada por el sentenciador, en cuanto al tipo penal de soborno doméstico, no encuentra una argumentación jurídica válida y suficiente, mediante la cual se logre establecer la vinculación de los elementos probatorios con los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal en particular, y la indubitada participación del acusado en los hechos. Adicionalmente se determina que también existe otra exigencia del estado material de inocencia conculcada, y es que el Tribunal de Sentencia no se dio a la tarea de elaborar un discurso valorativo razonable para considerar la condena, afirmando escuetamente que a partir del testimonio se puede adjudicar la participación del acusado en los hechos, pues al revisar esta Sala de lo Penal, la fundamentación jurídica realizada por el sentenciador, en cuanto al tipo penal de soborno doméstico, no encuentra una argumentación jurídica válida y suficiente, mediante la cual se logre establecer la vinculación de los elementos probatorios con los elementos objetivos y subjetivos de este tipo penal en particular, y la indubitada participación del acusado en los hechos. A partir de lo expuesto, esta Sala de lo Penal no puede certificar el fallo condenatorio, pues se constata que existe una deficiente actividad probatoria de cargo para hacer la afirmación fáctica contenida en los hechos probados de la sentencia y también porque existe un deficiente discurso argumentativo por parte del sentenciador para sustentar el veredicto condenatorio; por consiguiente, corresponde dictar en su lugar un fallo absolutorio al considerar la infracción al estado material de inocencia en su vertiente de suficiencia probatoria. DECISIÓN Ha lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública. POR TANTO La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y 361 del Código Procesal Penal.- Falla: Primero: Declara Ha Lugar parcialmente el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, interpuesto por la Abogada Guadalupe Hernández Amador, en su condición de Defensora Pública del Señor Marcelino Corea Mancilla, a quién se le condeno por los delitos de atentado y soborno doméstico en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras y la Administración Pública.- Segundo: Casa la sentencia y por tanto reforma la sentencia dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de fecha quince de junio de dos mil dieciséis, en el siguiente sentido: 1) Absolver Penalmente al Señor Marcelino Corea Mancilla por el delito de soborno doméstico en perjuicio de la Administración Pública; 2) Mantener incólume en la sentencia de fecha quince de junio de dos mil dieciséis el pronunciamiento de instancia respecto a la condena de un (1) año de reclusión por el delito de atentado en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; 3) Condenar al Señor Marcelino Corea Mancilla a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal. - Y Manda: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. - Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-524-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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