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Sentencia CP-516-16 — Registro 12414

Resumen

En primera instancia se condenó al imputado por el delito de homicidio. resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la procedencia del Único Motivo. - El único motivo no es de recibo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Pública se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad en la confección del hecho probado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cual es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala: “… por lo que existe duda si realmente pudo haberles visto la cara o si realmente estuvo en ese lugar el día en que ocurrieron los hechos…”, “… la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad del imputado…”, “… no existió prueba concluyente como ser la testifical y científica incriminatoria que es la que no deja ningún ápice de duda de la participación…”, etc. Resulta evidente que el recurso de la Defensa Pública contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa Pública además aqueja que la prueba, a su criterio, es insuficiente para poder emitir un pronunciamiento condenatorio, señalando que el convencimiento judicial se basa en indicios, lo que sería un argumento propio del recurso de casación por infracción del precepto constitucional de inocencia y no de un motivo por violación a las reglas de la sana critica, pues no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino el índice cualitativo de la prueba y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-516-2016 por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veintidós de septiembre del dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Walter López López, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio del Mario Arturo Zelaya Sauceda, a la pena de dieciséis años seis meses de reclusión; Segundo: Condenó al señor Walter López López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró al señor Walter López López, responsable civilmente de la compensación e indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito por el cual se le condena; Cuarto: No procede condenar en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio al señor Walter López López; Quinto: No procede declarar el comiso por no haberse puesto a disposición del Tribunal ninguna pieza de convicción o ejecución. Son partes en única instancia: Los Abogados Arnaldo Alcides García Alvarado y Alba Regina Paniagua Pacheco, agentes de la Defensa Pública, apoderados legales del acusado Walter López López, en su condición de recurrentes, y el Abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. Hechos Probados de la instancia El día ocho de febrero del año dos mil catorce, aproximadamente las siete de la noche, el señor Mario Arturo Zelaya Sauceda, se encontraba cerca de una pila de su casa de habitación, ubicada en la aldea Los Limones, El Hatillo, Francisco Morazán, cuando llego al lugar el señor Walter López López, acompañado de cuatro personas más, quedándose dos en la entrada de la vivienda de Mario, en tanto que Walter junto con otros dos sujetos se dirigió a MARIO y le disparó en dos ocasiones en la cabeza, produciéndose una laceración cerebral que le causó la muerte. Recurso de Casación. - Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Único: Por haberse violentado en la valoración de las Pruebas las reglas de la sana crítica. Norma Adjetiva Infringida: Se invoca como norma adjetiva inobservada la contenida en el artículo 202 del Código Procesal Penal. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra Comprendido en el artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo La norma procesal que se invoca como infringida es el artículo 202 del Código Procesal Penal, que expresa: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, el órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida. En relación con el párrafo primero del artículo 336 del Código procesal penal”. Primero: En la sentencia recurrida consta un único hecho probado, y siendo de pleno conocimiento ser el mismo de gran importancia por vincular a una parte de la teoría general del derecho procesal, en especial del derecho probatorio cuando el juez frente al material de prueba recibido en el expediente debe proceder a valorarlo como un trabajo previo al dictado de la sentencia.- Por lo que en el presente caso el Tribunal sentenciador llega a tener como hecho probado, situaciones que no se derivan de la prueba aportada en su conjunto en juicio oral y público, es decir que si bien es cierto que el Juzgador dispone de libertad para extraer de cualquier medio de prueba su propia convicción que lo conduzca a reproducir el hecho objeto del juicio oral al analizar la prueba, pero esa libertad de que dispone el mismo no debe considerarse de un modo absoluto ya que debe explicar las razones que lo conducen a decidirse por la prueba que más le convence, explicaciones tal y como lo dice el Jurista Ángel Llorente Fernández de la Reguera en su libro los recursos página 123 “La valoración de la Prueba” que debe de realizarse de un modo razonable y razonado en el que prime la lógica, la Racionalidad y el sentido común para poder llegar a una conclusión cierta e incuestionable de esta manera es controlable en la casación y el proceso lógico que utilizo el Juzgador en su razonamiento al indicar por qué se ha decidido por cierta prueba para fundamentar su convicción a fin de verificar la correcta aplicación de las reglas de la sana crítica y si en la valoración de la prueba se han observado las reglas de la lógica, la psicología y las máximas de la experiencia. Es así que del análisis de la sentencia de mérito concluimos que el hecho probado no se deriva de elementos probatorios concluyentes evacuados en juicio, habiendo en tal sentido el tribunal declarado como probado el hecho siguiente: “El día ocho de febrero del año dos mil catorce, aproximadamente a las siete de la noche, el señor Mario Arturo Zelaya Sauceda se encontraba cerca de una pila de su casa de habitación, ubicada en la aldea Los Limones, El Hatillo, Francisco Morazán, cuando llegó al lugar el señor Walter López López acompañado de cuatro personas más, quedándose dos en la entrada de la vivienda de Mario, en tanto que Walter junto a otros dos sujetos se dirigió a Mario y le disparó en dos ocasiones en la cabeza, produciéndole una laceración cerebral que le causó la muerte. Segundo: Por consiguiente al analizar el único hecho probado, el mismo de forma imperativa debe tener sustento probatorio a través de los razonamiento que realice el Juez, y necesariamente debe quedar así plasmado en la valoración de la prueba de la sentencia; por lo que si analizamos la prueba en su conjunto evacuada en el caso sub judice, no nos explicamos como el tribunal sentenciador pudo llegar al razonamiento de culpar a mi defendido por el delito de Homicidio basándose únicamente con la declaración de los testigos Protegidos de cargo que no fueron concluyentes, esto lo decimos en virtud que de los dos testigos protegidos únicamente uno de ellos dice haber visto cuando mi representado Walter López le dispara a Mario Arturo Zelaya, diciendo primero que Adán le había dicho que le disparara y en la misma declaración dice que Manuel fue quien le dijo a Walter que le disparara a Mario Arturo Zelaya, es decir que a todas luces denota ser contradictoria. Por otra parte una situación que debió tomar en cuenta el Tribunal Juzgador al valorar la prueba de cargo es el hecho que este mismo testigo Protegido D1 manifestó en juicio entre otras cosas que: “..................Walter se dirigió a él, es decir al ofendido Mario Zelaya sin decirle nada y le disparó cerca, de cerquita, Mario estaba de espaldas…….....”, declaración esta que se contradice con el Dictamen de Autopsia No. 242-2°014 ratificado en juicio por el doctor Jose Mauricio Diaz Ulloa, quien entre otras cosas dijo: “ .........Que la herida producida tenía un trayecto de adelante hacia atrás, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, además que la posición de la persona que disparó es posible que estaba frente a la víctima, lateralizando hacia la izquierda...............”. Denotando como se dijo antes existir contradicción con el testigo protegido de cargo D1, quien dijo que cuando le dispara el imputado a Mario Zelaya este estaba de espaldas al imputado. Por otra parte en cuanto al otro testigo de cargo Protegido P1, este testigo no vio quien le disparó al ofendido Mario Zelaya, pero dice que ese día del hecho vio salir corriendo a cuatro personas de esa casa asustados, tomando en cuenta que era de noche, es decir las siete y treinta (7:30 p.m.) de la noche; primero este testigo dijo que en ese momento había bastante luz porque hacia buena luna y ella les pudo ver su cara, pero no les pudo identificar muy bien los colores de la ropa porque no era tan claro, y entendemos el hecho que no era tan claro porque no existe en lugar del hecho alumbrado público y ese día ocho (8) de febrero de dos mil catorce (2014) había luna cuarto creciente y no luna llena, por lo que existe la duda si realmente pudo haberles visto la cara o si realmente estuvo en ese lugar el día en que ocurrieron los hechos, en vista que al final de su deposición volvió a recalcar diciendo: “por la oscuridad no les pude identificar su ropa, solo su rostro”. Por último, consta la declaración del imputado Walter López López quien ejerció su derecho de defensa material al declarar en juicio oral y público, quien manifestó las circunstancias por las cuales se le estaba imputando el delito señalado, estableciendo que se encontraba en la Colonia El Renacer que su hermano mayor se encontraba en la Aldea de Corralitos y el otro hermano menor pero no él. Declaración esta que debió haber sido valorada en su conjunto y de acuerdo con las reglas de la sana critica, es decir con el resto de la prueba como ser la testifical y pericial que es contradictoria y poco creíble. Tercero: Resulta que la sentencia recurrida no ha estado provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del imputado, porque la conclusión a que arribo el tribunal de sentencia para condenar a Walter López López, no proviene de elementos suficientes como tampoco resultan aptos como para producir razonablemente un conocimiento cierto de su participación en el suceso que se juzga, por el contrario la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad del imputado como autor por el delito de “Homicidio” en vista que no podemos presumir que él fue porque las declaraciones de los testigos protegidos de cargo como indicios no pudieron ser verificados con hechos perfectamente acreditados, violentándose así las garantías de mi representado.- Por consiguiente como defensa del imputado consideramos que el pronunciamiento condenatorio del Tribunal Sentenciador se sustentó esencialmente en prueba indiciaria no sustentada por otra prueba; violentándose así la Regla de la Lógica constituida por la ley de la coherencia y de la derivación, siendo esta última ignorada por el Tribunal sentenciador. Considera la defensa que todo este conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no nos permite tener una certeza jurídicamente válida sobre la participación del detenido para conocer la actividad realizada por este. Por todo ello es evidente que los cuerpos investigativos no realizaron una investigación profunda, por lo que a la prueba testifical, pericial y documental la consideramos como no concluyente para tener una certeza que nos permita emitir una sentencia objetiva como debe ser y que sea una prueba confiable como para condenar por autor del delito de “Homicidio” a mi representado Walter López López, debiendo para tal efecto anularse la sentencia condenatoria por no haberse demostrado tener participación directa en el hecho, en el entendido que la responsabilidad penal es a título de autor, todas estas circunstancias nos llevan a pensar que el fallo debió ser basado en elementos de pruebas suficientes como para extraer una conclusión cierta y terminante de culpabilidad del imputado como lo manda la ley de la derivación como para dictar un fallo condenatorio, tomando en consideración como se ha supra indicado que no existió prueba concluyente como ser la testifical y científica incriminatoria que es la que no deja ningún ápice de duda de la participación o no en un hecho delictivo máxime en un caso como el que nos ocupa lo que propicia el reproche del fallo condenatorio por esta vía impugnativa. Reclamación Hecha Para La Subsanación Del Vicio El vicio por el cual se reprocha el fallo en el presente recurso se produce con la sentencia misma, por lo que es por esta única vía que se pretende la subsanación del yerro. Fundamentación Jurídica Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma. El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia, hecha por algunas de las partes, de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que el recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, el recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c. Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Único Motivo *Normas autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Motivo: Inobservancia de las reglas de la sana critica en la valoración probatoria; *Concepto de la infracción: Violación a la regla lógica de coherencia y de derivación; *Normas procesales que se denuncian infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al constar el vicio denunciado en la sentencia definitiva; y *Pretensión: Se declare nula la sentencia condenatoria. La Defensa Pública en el libelo del recurso plantea múltiples argumentaciones en contra de la sentencia: *El hecho declarado probado no deriva de la prueba evacuada en la audiencia de debate: los testigos de cargo no fueron concluyentes, por lo que no existe explicación del porque el tribunal de sentencia encontró responsable al acusado del delito; existe contradicción entre el dictamen de autopsia y la declaración de la testigo D1 respecto a la distancia en que se hizo el disparo en contra del ofendido y el lugar del impacto; el testigo P1, no pudo ver quien realizó el disparo en contra del ofendido; y *La sentencia no está provista de un razonamiento intelectivo capaz de dejar conforme a la defensa del acusado: la conclusión de responsabilidad del acusado no proviene de elementos de prueba suficientes; el pronunciamiento condenatorio está sustentado esencialmente en prueba indiciaria, no sustentada en otra prueba; el conjunto de circunstancias que se dieron en el debate no permite tener la certeza sobre la participación del acusado. De las Reglas de la Sana Crítica El Código Procesal Penal da exclusiva competencia a los jueces de sentencia la estimación valorativa de las pruebas y las conclusiones fácticas que de ellas extraigan, siendo ello inatacable por la vía recursiva casacional, siendo solamente controlable el proceso seguido por los jueces para la construcción de tales conclusiones.El artículo 362 No. 3) del Código Procesal Penal prevé que “el recurso por quebrantamiento de forma podrá interponerse cuando la sentencia recurrida adolezca de los vicios siguientes… 3) Que (...) en la valoración de la prueba no se observaron las reglas de la sana crítica.”. - Al respecto, se ha señalado que: “… La sentencia debe contener una relación clara, precisa y circunstanciada de los hechos acreditados, que se conoce como fundamentación fáctica, sobre la cual se realiza el ejercicio valorativo. Este cuadro fáctico se sustenta en un acervo probatorio, que se plasma en lo que se conoce como fundamentación probatoria, dividida en descriptiva e intelectiva. La primera implica para el Tribunal, señalar en lo resuelto los medios probatorios recibidos en el debate para efectos de controlar el valor de la prueba por las reglas del correcto entendimiento humano, describir su contenido, es decir, el elemento probatorio. Luego de esa fundamentación probatoria descriptiva, el Tribunal debe decidir en sentencia la apreciación de los medios y elementos de prueba, o sea, la fundamentación intelectiva…”. (Fallo de fecha 30 de noviembre del 2001, en el Exp. 194-2009 y de fecha 30 de noviembre del 2011, en el Exp. 297-09, también en ese sentido el fallo de fecha 20 de octubre del 2011, contenido en el Exp. 360-09 y de fecha 05 de abril del 2011, del Exp. 385-09, todos de la Sala de lo Penal). En el apartado de la valoración intelectiva el juzgador debe valorar la prueba, conforme al sistema que establece la ley procesal penal. Históricamente han existido tres sistemas de valoración de la Prueba: Íntima Convicción (Propio del Sistema de Juzgamiento por Jurados), Prueba Legal o Tasada (en donde la ley establecía de manera previa el valor que debe de darle el Juzgador a la prueba que se encontrase en ciertas circunstancias) y la Sana Crítica; es este último el que debe observar el juzgador penal hondureño, conforme lo ordena el artículo 202 del Código Procesal Penal. En el sistema de Sana Critica, en la valoración de la prueba existe plena libertad de convencimiento de los jueces, pero exigiéndoseles que las conclusiones guarden una necesaria relación con las premisas que le sustentan, las cuales son a su vez construidas como fruto razonado de las pruebas. En este sistema, el juzgador no tiene reglas legales que le establezcan el valor que debe consignarle a cada prueba, pero esa libertad tiene límites: las normas que gobiernan la corrección del pensamiento humano. En la sana crítica racional, el juzgador logra sus conclusiones sobre los hechos de la causa valorando la eficacia conviccional de cada prueba con total libertad, pero respetando al hacerlo, los principios de la recta razón, es decir, las normas de la lógica, la psicología y la experiencia común (al respecto ver Fallo de fecha 30 de noviembre del 2011, del Exp 125-2010 de la Sala de lo Penal). De este modo “… las reglas de la sana crítica aseguran que el juzgador no arribe a juicios de valor en forma arbitraria, subjetiva o antojadiza…” (Fallo Sala Penal de fecha 20 de octubre del 2011, en el Exp 88-09). Componen la Sana Crítica: 1) Reglas de la Experiencia Común o Máximas de la Experiencia: Se refieren juicios o valoraciones que el hombre común posee y por ende el juzgador, relevados de demostración probatoria por adquirirse a partir de experiencias reiterativas en el vivir y que por este hecho son compartidas con las demás personas, aun cuando no formen parte de su mismo grupo social. Nos referimos a fenómenos de la naturaleza cuyo conocimiento se adquiere mediante la observación y reflexión o hechos de la cultura común, siendo el antónimo de éstos los conocimientos especializados ganados a través del estudio científico que realizan solo un grupo determinados de personas y que por lo tanto no tienen el carácter de común. Como consecuencia de lo anterior, el conocimiento privado del juzgador no es permitido en la valoración de la prueba al no tener el carácter de común y por no poder ser objeto de control de las partes mediante el debido contradictorio. El juzgador deberá analizar los medios de prueba, partiendo de la experiencia de vida que comparte con el resto de los individuos, ergo vulneraría las reglas de la experiencia común, entre otros: i. Cuando desarrolle razonamientos que revelen ignorancia pura y simple acerca del hecho. ii. Cuando cite como común un hecho que no lo sea, por no ser aprehensibles de manera espontánea por el profano, sino que solo mediante experiencias extraordinarias o mediante estudios especializados; o iii. Cuando afirme como común un hecho que exija demostración probatoria. Las reglas de la Experiencia Común se basan en la probabilidad, es decir, al momento en que el juzgador valora un hecho, considerará el acontecer que por lo común se da respecto a ese hecho en particular, pudiendo encontrarse en situaciones extraordinarias en donde el hecho vaya en contra de la experiencia común, debiendo razonar en estos casos él porqué lo considera así. 2) Las reglas de la Psicología: Están referidas, no a las normas elaboradas por la ciencia conjetural de la psicología, sino al conocimiento empírico adquirido del comportamiento humano como consecuencia de la convivencia que desarrolla la persona como ser social, a través de procesos sensibles e intelectuales, que permiten hacer una valoración de aquél. Las reglas de la Psicología se basan en la interpretación del comportamiento humano, a través del método deductivo. Para la correcta aplicación de estas reglas y siendo que parten no solo del comportamiento de un individuo frente a un fenómeno natural, sino también del comportamiento del individuo con relación al grupo social, se requiere que el juzgador sea parte de dicho grupo social, a efecto de que interiorice sus valores, creencias y sentimientos. Al igual que la Experiencia Común, las reglas de la Psicología se basan en la probabilidad a partir del común comportamiento y su significado; y 3) Las Reglas de la Lógica: La Lógica es el razonamiento coherente (concordancia entre los elementos) y derivado (necesidad de una razón y justificación adecuada para pretender ser estatuto de verdad) que permite la inteligencia humana (habilidad para la resolución de problemas) y cuya observancia es de carácter obligatorio para el juzgador al momento de motivar los autos y sentencias. La lógica aplicable es la “Lógica no formal”, llamada en el ámbito como Razón del juicio donde las conclusiones se muestran bajo el espectro que irradia la prueba. Las leyes de la Lógica informan sobre leyes universales, a saber: a. La Coherencia: Manda que la fundamentación de la sentencia contenga afirmaciones, deducciones y conclusiones que guarden la debida correlación y concordancia entre sí. La coherencia en su valoración negativa exige descartar fundamentos contradictorios, siendo tales aquellos que al confrontarse entre sí se anulen mutuamente. De la Ley de la Coherencia se desprenden los principios de identidad, contradicción y de tercer excluido: i. El Principio de Identidad: Una proposición solo puede ser esa proposición y no otra. Trasladado a la valoración de la prueba en sentencia, la conclusión "X" solo puede ser "X", sin que pueda al mismo tiempo ser “Y” ii. El Principio de Contradicción: Las proposiciones “A” es igual que “B”, y “A” no es igual de “B”, se concluye que ambas no pueden ser verdaderas, por cuanto solo una de ellas lo será. En valoración de prueba: un hecho, una persona o una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, ya que solamente una de las dos afirmaciones es verdadera. iii. El Principio de Tercero Excluido: Dos proposiciones que se niegan entre sí una es necesariamente falsa; a contrario sensu, la otra necesariamente es verdadera y ninguna tercera posibilidad es posible. b. La Derivación: Exige que cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; cada pensamiento provenir de otro, con el cual está relacionado, salvo que se trate de un principio, es decir de un juicio inicial. Pero además la conclusión debe derivar de elementos suficientes para que justifique la producción de aquella. Existirá omisión al principio lógico de derivación: i. Cuando la conclusión no encuentre correspondencia con el medio de prueba por una indebida inferencia; ii. Cuando la conclusión no sea producto derivado de un medio de prueba, debiendo serlo por tratarse de la afirmación o negación de un hecho de carácter no notorio. iii. Cuando la conclusión sea construida con base en medios de pruebas inexistentes. iv. Cuando la conclusión esté basada en el contenido de un medio de prueba cuyo contenido este falseado. De la derivación se extrae el Principio de Razón Suficiente, por el cual toda conclusión requiere una razón suficiente que justifique su existencia; la conclusión debe ser el final del iter lógico seguido en la valoración de las pruebas apoyándose en inferencias razonables; cada conclusión expuesta puede formar una sucesión que al final lleven a una conclusión última en donde se afirme o niegue el hecho juzgado. De la Rúa (Fernando de la Rúa, La Casación Penal, Ediciones Depalma, Buenos Aires, Argentina, pág. 156), señala que la motivación para ser lógica debe responder a las referidas leyes que presiden el correcto entendimiento humano, observando como características: 1. Congruente: En donde las afirmaciones, deducciones y conclusiones guarden una adecuada correlación y concordancia entre sí; 2. Concordante: Cada conclusión afirmada o negada, debe corresponder necesariamente al elemento de prueba del cual se ha inferido aquella; 3. No Contradictoria, por estar libre de razonamientos que al oponerse se anulen entre sí al reflejar verdades incompatibles; 4. Inequívoca: al no dejar margen para cuestionar el alcance y significado de los razonamientos y de las conclusiones que le deriven; y 5. Suficiente: al estar constituida por un entramado de conclusiones interrelacionadas, que se deriven de múltiples cadenas de pensamientos, todos ellos aptos para producir razonablemente un convencimiento. El autor citado (Ob. Cit, pág. 157), explica que la sentencia carecerá de motivación cuando los razonamientos son contrastados advirtiendo oposición entre ellos y/o entre ellos y la parte resolutiva, destruyéndose recíprocamente dejando vacía la fundamentación de la decisión. De la procedencia del Único Motivo. - El único motivo no es de recibo.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo se puede hacer un análisis y en su caso censura, del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana crítica; debe entenderse entonces que el punto de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino ese razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. La exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere de la identificación del razonamiento judicial, la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada, la explicación del porqué el razonamiento judicial contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica y finalmente, la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal; es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial debe hacerse el examen sobre su propiedad.- La exigencia técnica del recurso se eleva aún más cuando la regla de la sana crítica que se alega como inobservada es la de derivación por falta de razón suficiente dado que adiciona la tarea de identificar el silogismo judicial que considera indebidamente construido e identificar en éste la premisa mayor, la premisa menor y luego, lo más importante, demostrar que la inferencia realizada (deductiva, inductiva, analógica a pari o analógica a fortiori) es incorrecta (por una de las razones señaladas ut supra) y que por ello la conclusión que se dice necesaria en realidad no lo es; tarea que no termina allí pues además debe explicar por qué tal conclusión malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio Tribunal de Casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio del Tribunal de Sentencia y si éste fue construido en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio del juzgador (valoración intelectiva) fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia. Desafortunadamente la Defensa Pública se aleja de lo anterior al exponer su disconformidad en la confección del hecho probado, protestando por la insuficiencia probatoria y haciendo análisis directo de la prueba, dando a conocer cual es su criterio respecto a ésta. Así en el libelo la recurrente señala: “… por lo que existe duda si realmente pudo haberles visto la cara o si realmente estuvo en ese lugar el día en que ocurrieron los hechos…”, “… la acción imputada ha resultado efectivamente dudosa como para deducir la culpabilidad del imputado…”, “… no existió prueba concluyente como ser la testifical y científica incriminatoria que es la que no deja ningún ápice de duda de la participación…”, etc. Resulta evidente que el recurso de la Defensa Pública contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se basa en los aspectos que considera que no fueron acreditados y la única forma de poder comprobarlo es que la Sala de lo Penal lea el contenido de la prueba y proceda a valorarla, pero además tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que la Defensa Pública acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren prueba, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia.- Como hemos explicado, no existe una previa determinación de pruebas, por lo que ésta debe ser asignado por el juzgador de la instancia haciendo mano de las reglas de la sana crítica, evaluándolas y determinando el grado de convencimiento que le genera cada una de ellas y en su conjunto, en relación a la imputación, lo que constituye un proceso directo (inmediación) ajeno a los jueces de casación. Por ello el recurso de casación no provoca un nuevo examen probatorio de los medios que fundan la decisión judicial impugnada; la casación no es una segunda instancia, sino una única instancia encargada de revisar la mera legalidad de la decisión judicial, quedando fuera de tal esfera de competencia la revaloración de la prueba. La Defensa Pública además aqueja que la prueba, a su criterio, es insuficiente para poder emitir un pronunciamiento condenatorio, señalando que el convencimiento judicial se basa en indicios, lo que sería un argumento propio del recurso de casación por infracción del precepto constitucional de inocencia y no de un motivo por violación a las reglas de la sana critica, pues no es la construcción de la valoración intelectiva el motivo de la protesta sino el índice cualitativo de la prueba y su capacidad de alcanzar una total cobertura a los hechos que constituyen la imputación. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 y 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en su único motivo, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Declara firme y ejecutable la sentencia de fecha veintidós de septiembre de dos mil dieciséis (f. 145), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán.- Y Manda: A efecto de que se acate lo mandado, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-516-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL