Sentencia CP-511-17 — Registro 12317
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primera instancia que lo condena por el delito de Extorsión Continuada
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO. – La Sala de lo Penal ha encontrado acertada la queja planteada por la Defensa Pública en el recurso de casación por infracción de ley; al confrontar los hechos declarados probados con las normas penales sustantivas: artículo 222 en relación con el artículo 37, ambos del Código Penal, no se advierte que exista un delito continuado de extorsión, por lo que aplicación de esta última norma ha sido indebida. Los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia fueron estructurados en cuatro párrafos, sin que los primeros dos numerales tengan una relación fáctica con los dos últimos numerales, a saber: *Primer numeral: Se indica que los primeros días del año 2011, varias personas se personaron en el negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, exigiéndole el pago de L 500.00 semanales, amenazándole que de no hacerlo le privarían de la vida; como consecuencia de ello el testigo protegido procedió a entregar la cantidad en el tiempo exigido. El hecho probado no señala cual era la identidad de las personas que realizaron tal conducta, limitándose a señalar que éstas se identificaron como miembros de la pandilla 18, pero sin determinar si efectivamente eran miembros de ésta. En el hecho probado no se hace mención del acusado Manuel Enamorado López, como una de las personas que acudió ese día al negocio del testigo protegido; tampoco se señala que éste haya realizado alguna conducta anterior o simultánea en concepto de colaboración con aquellos. *Segundo numeral: En fecha 08 de abril de 2015, más de cuatro años después del primer hecho, se señala que el testigo protegido se personó en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), interponiendo la denuncia sobre los hechos que se venían dando desde el año 2011. El hecho probado no señala a que personas denunció el testigo protegido, y en específico no se hace mención como una de ellas al acusado Manuel Enamorado López. *Tercer numeral: El Tribunal de Sentencia señala que en fecha 21 de mayo de 2015, llegaron dos personas al negocio del testigo protegido, siendo una de ellas Manuel Enamorado López, exigiéndole a aquel el pago semanal de L 500.00, amenazándole que de no hacerlo le privarían de la vida a él y a su familia. La narración histórica ubica al acusado por primera vez como participante del delito hasta el 21 de mayo de 2015, sin determinar que éste haya tenido alguna vinculación con las personas que llegaron al negocio del testigo protegido a inicios del 2011 o con las personas que después de ese año estuvieron acudiendo a recoger el dinero exigido, mucho menos que el acusado haya sido una de esas personas. Por otra parte, el numeral tercero del factum, describe como conducta del acusado exigir al testigo protegido la entrega de una cantidad de dinero semanal, amenazando con producirle perjuicio en caso de no acatar lo mandado, más no se indica que tal exigencia hubiese sido inmediata, es decir que en ese día el testigo protegido hubiese hecho entrega de alguna cantidad de dinero al acusado y/o la persona que le acompañaba; es así que conforme al relato histórico el acusado y la otra persona ese día solo acudieron a donde el testigo protegido a intimidarlo. *Cuarto numeral: Se señala que en 28 de mayo de 2015, el acusado Manuel Enamorado López, y otra persona llegaron nuevamente al negocio del testigo protegido, con la finalidad de exigir la entrega de L 500.00 correspondientes a esa semana, y una vez recibidos fueron aprehendidos por agentes de la FNA. Conforme a la narración fáctica, fue este día la primera vez que el acusado intenta obligar (lo cual consigue) al ofendido a realizar una disposición patrimonial en su propio perjuicio, gracias a la intimidación realizada en la semana anterior. En el análisis jurídico (Fundamentación Jurídica, F. 86), los señores jueces señalan que es aplicable al caso concreto el artículo 37 del Código Penal, como consecuencia de que el acusado Manuel Enamorado López obligó al testigo protegido a entregar semanalmente cantidades de dinero desde el año 2011, lo que es contrario a lo que los mismos jueces declaran como probado, pues la intervención en los hechos por parte del acusado es a partir del mes de mayo de 2015, siendo específicamente el día 28 el único momento en que intenta obligar al testigo protegido a realizar una disposición patrimonial en contra de su voluntad, lo que efectivamente logra en esa única ocasión. Se insiste en que los hechos declarados probados no señalan que el acusado haya realizado alguna conducta penalmente relevante antes del día 21 de mayo, mucho menos que haya sido él la persona que amenazó al testigo protegido el año 2011 o que haya ido a recoger alguna cantidad de dinero a partir de ese año y antes del 28 de mayo de 2015, lo que hace que la aplicación de la norma penal sustantiva in comento sea indebida.."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de junio del año dos mil veinte, el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-511-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra la sentencia de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Condenó al señor Manuel Enamorado López, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio del Testigo Protegido JPTP-E-29052015, a la pena de veinticinco años de reclusión, más una multa de ochenta y tres punto tres salarios mínimos; Segundo: Condenó al señor Manuel Enamorado López, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Se declaró al señor Manuel Enamorado López, responsable civilmente; Cuarto: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio; Quinto: No se ordena el comiso, por no haberse puesto a disposición del Tribunal, piezas de convicción o ejecución alguna. Son partes en única instancia: Los Abogados Mario Reniery Amador Espinal y Arnaldo Alcides García Alvarado, apoderados defensores públicos del acusado Manuel Enamorado López, actuando en su condición de recurrentes, y la Abogada Marina Audely Varela, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrida. Hechos Probados de la instancia Primero: En los primeros días del año dos mil once, varias personas que se identificaron como miembros de la pandilla 18, llegaron al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, indicándole que debía pagar Quinientos Lempiras (L.500.00) semanales, pues de lo contrario lo matarían, por lo cual les hacía las entregas de dinero como se lo exigieron. Segundo: El ocho de abril de dos mil quince, el testigo protegido JPTP-E-29052015, acudió a la Fuerza Nacional Anti-Extorsión donde interpuso la denuncia correspondiente a los hechos descritos con anterioridad. Por lo cual, iniciaron las diligencias de investigación y seguimiento. Tercero: El veintiuno de mayo del dos mil quince, dos personas, uno de ellos, el joven Manuel Enamorado López, llegaron al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, situado en Planes de Calpules, sector Satélite, San Pedro Sula, Cortes, exigiéndole el pago de Quinientos Lempiras (L.500.00) semanales en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo le quitarían la vida a él y su familia. Cuarto: Una semana después, exactamente el veintiocho de mayo de dos mil quince, las dos personas, una de ellas, Manuel Enamorado López, llegaron nuevamente al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, con la finalidad de cobrar los Quinientos Lempiras (L.500.00), semanales correspondientes al llamado impuesto de guerra, lo cual efectuaron y después de ello, el señor Manuel Enamorado López, fue detenido por miembros de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Por infracción de ley sustantiva como ser la aplicación Indebida del artículo 37 del Código Penal vigente. Precepto Autorizante: El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo La norma sustantiva infringida es el artículo 37 del Código Penal vigente que establece: Artículo 37 “Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este Artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36”. - Artículo que ha aplicado erróneamente el Tribunal de Sentencias en el presente caso al no subsumirse el mismo a la declaración del Único hecho probado. EL Tribunal en referencia declaro como probado el siguiente hecho: Primero: En los primeros días del año dos mil once, varias personas que se identificaron como miembros de la pandilla 18, llegaron al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, indicándole que debía pagar Quinientos Lempiras (L.500.00) semanales pues de lo contrario lo matarían, por lo cual les hacia la entrega de dinero como se lo exigían. Segundo: El ocho de abril de dos mil quince, el testigo protegido JPTPE-29052015, acudió a la Fuerza Nacional Anti-Extorsión donde interpuso la denuncia correspondiente a los hechos descritos con anterioridad. Por lo cual iniciaron las diligencias de investigación y seguimiento. Tercero: El veintiuno de mayo de dos mil quince, dos personas uno de ellos el joven Manuel Enamorado López llegaron al negocio del testigo Protegido JPTP-E-29052015, situado en Planes de calpules, Sector Satélite, San Pedro Sula, Cortés, exigiéndole el pago de Quinientos Lempiras (L.500.00) semanales en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo le quitarían la vida a él y a su familia. Cuarto: Una semana después, exactamente el veintiocho de mayo de dos mil quince, las dos personas, una de ellas Manuel Enamorado López llegaron nuevamente al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, con la finalidad de cobrar los quinientos lempiras (1.500.00), semanales correspondientes al llamado impuesto de guerra, lo cual efectuaron y después de ello, el señor Manuel Enamorado López, fue detenido por Miembros de la Fuerza Nacional Anti-Extorsión. Primero: Al analizar el contenido de los cuatro hechos probados se observa que el Tribunal aplico indebidamente el artículo 37 del Código Penal vigente como constitutivo de Continuado a título de autor de extorsión, donde la pena aplicada fue agravada por considerar que se trataba de un delito continuado, por lo que si confrontamos los cuatro hechos declarados probados con el contenido del artículos 37 párrafo primero del Código Penal, el cual describe el delito continuado, donde podemos observar que no aparecen en aquellos elementos que conforman dicha figura no determinándose e individualizándose los supuestos momentos anteriores y modos precisos, solamente estableciendo en el literal primero que: “ …..en el año dos mil once varias personas que se identificaron como miembros de la pandilla 18, llegaron al negocio del testigo protegido JPTP-E-29050215……” el hecho segundo refiere que el ofendido acudió a la Fuerza Nacional Anti Extorsión…..“el hecho tercero refiere únicamente que en fecha 25 de mayo del año 2015, dos personas una de ellas el joven Manuel Enamorado López llegaron al negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015 situado en Planes de Calpules, Sector Satélite San Pedro Sula, Cortés, exigiendo el pago de Quinientos Lempiras (L.500.00) semanales……… y por último en el hecho cuarto refirió: “Una semana después exactamente el veinticinco de mayo de dos mil quince, las personas una de ellas Manuel Enamorado López llegaron nuevamente al negocio del testigo Protegido JPTP-E-29052015 con la finalidad de cobrar los Quinientos Lempiras (L.500.00), semanales correspondiente al llamado impuesto de guerra, lo cual efectuaron y después de ello, el señor Manuel Enamorado López, fue detenido por miembros de la Fuerza Nacional Anti Extorsión”. Siendo así podemos observar que el imputado solamente llegó una vez a cobrar el supuesto impuesto de guerra, tal y como se describe únicamente en el literal cuarto, además en los referidos hechos probados no se establece si dichos hechos fueron en cumplimiento de un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), por ende no observarse que nada de eso se halla declarado en los hechos probados, siendo así no procedía la condena por Extorsión Continuada impuesta a nuestro representado por las razones antes indicadas, no debiendo para tal efecto haberse agravado dicho delito de extorsión, considerando que al habérsele condenado se estaría aplicando indebidamente el precepto penal antes señalado. Segundo: De esta forma el delito continuado según la doctrina ha sido una institución imprecisa en la definición de sus elementos, con frecuentes contradicciones valorativas, en su aplicación práctica y una indefinición de un fundamento material uniforme que sirva para explicar suficientemente el fenómeno, que por lo mismo ha permitido que bajo los mismos fundamentos, unas veces se aminore la pena que habría correspondido de sancionar independientemente cada una de las acciones típicas y en otras se exaspere, siendo válido preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto sea forzado o derechamente vulnerado el principio de legalidad aplicando sanciones que no están previamente asignadas a una determinada conducta, o por el contrario, en los casos que se aminora, si recoge este injusto adecuadamente el desvalor de acción de las acciones seriadas surgiendo la interrogante si acaso la unidad de dolo que algunas exigen constituye un factor que aumenta el reproche penal del autor, o si lo morigera, o si aquello resulta indiferente al lado de la necesidad de reconocer una figura que tiene “vida propia” independientemente de su tratamiento punitivo. Dicho lo anterior consideramos que el tribunal no analizó los elementos requeridos para establecer si se configuraba el agravar el hecho como continuado a título de autor en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E-29052015, aplicándolo en forma indebida, por lo que el conjunto del relato factico en este caso y que constituye para los efectos de casación verdades indiscutibles, este debió haber sido un fallo condenatorio por Extorsión pero no continuada, por lo cual el razonamiento del Tribunal de Sentencias no posee las características idóneas objetivamente para producir el resultado de un delito de Extorsión Continuada porque la norma legal sustantiva vulnerada efectivamente en este caso el artículo 37 del Código Penal no se enmarca dentro de los cuatro hechos probados redactados por el Tribunal Sentenciador como se dijo antes no se narra en la respectiva declaración de hechos Probados que se tratara de continuado en base a un plan preconcebido (no se relaciona ningún plan), ni vigilancia, no determinándose e individualizando las supuestas fechas solamente manifestando lo antes referido, es decir que no se dieron los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero anteriores a la captura del 28 de mayo de 2015. Tercero: Siendo así consideramos que el Tribunal Sentenciador en ningún momento debió llegar a la convicción de manifestar en la fundamentación jurídica y ser más claro en los cuatro hechos declarados probados o que los condujera a la absoluta certeza de condenar y agravar por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido JPTP-E-29052015, recordemos que el factum del fallo en el presente caso se debió orientar a dictar una sentencia condenatoria solamente por Extorsión contenida en el artículo 222 del Código Penal, de tal manera que la calificación de los hechos declarados probados bebió de estar en armonía con la parte resolutiva del fallo y siendo que los hechos probados son el cimiento del fallo y que por esa razón son inobjetables, en ese sentido el fallo no debió circunscribirse como verdad que el delito cometido haya sido Continuado, por lo que en este caso se produce una incongruencia entre los hechos estimados y declarados probados con el fallo como delito de Extorsión Continuada por el cual se acusaba, lo anterior queda evidenciado con las mismas pruebas de cargo testifícales rendidas en juicio oral y público, por lo que de lo antes manifestado pretendemos que se corrija la sentencia de mérito y se condene únicamente por extorsión a nuestro representado señor Manuel Enamorado López por considerar que no concurre la existencia del delito agravado, en vista que los mismos medios de prueba aportados por el Ministerio Público en la audiencia de juicio oral y público quedo establecido por una parte que no se relacionó ningún plan, ni vigilancia, no determinándose e individualizándose las supuestas fechas, solamente manifestando en el hecho probado cuarto ser la única vez que se entregó dinero (L.500.00), y por ende no dándose los momentos precisos y modos en que se realizaron las supuestas entregas de dinero antes a la captura de 28 de mayo de 2015. Es así que cuando se trata de restringir un derecho fundamental de la persona humana, como la libertad, debe de garantizarse plenamente que la persona a quién se le menoscaba su derecho, es aquella que realmente ha cometido infracción penal y que por ello es necesaria su resocialización mediante el cumplimiento de una pena, en este caso al haberse aplicado indebidamente el artículo 37 de Código Penal como continuado, sino que se debió haber condenado únicamente por Extorsión sin agravamiento de Continuado a mi representado.- De lo anterior se concluye que la conducta narrada en los cuatro hechos probados por el Tribunal de sentencia no es constitutivo de Extorsión Continuada como erróneamente se interpretó y aplico, por consiguiente haberse condenado indebidamente al señor Manuel Enamorado López. Interpretación Pretendida Pretendemos que la Honorable Corte Suprema de Justicia, analizando los cuatro hechos probados en el fallo recurrido y en base a lo dispuesto en la norma penal como lo es el artículo 37 del Código pernal, se corrija la sentencia recurrida en el entendido que en ningún momento el imputado cometió Extorsión Continuada. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas sustantivas que se denuncian infringidas: Artículo 37 del Código Penal; *Concepto de la infracción: Aplicación indebida del concurso de delito conocido como delito continuado; y *Pretensión: Se dicte sentencia condenatoria por un delito de extorsión. Plantea la Defensa Pública que al analizar el contenido de los cuatro hechos probados contenidos en la sentencia se observa que el tribunal juzgador hizo aplicación indebida del artículo 37 del Código Penal vigente, que sirvió de fundamento para declarar que el delito de extorsión era de carácter continuado, agravando la pena que debe cumplir el acusado.- Explica que el factum relata que el acusado llegó una sola vez a cobrar el supuesto “impuesto de guerra”, como lo describe el numeral cuarto, por lo que sobre su base la sentencia que debió dictarse es por un solo delito de extorsión. Como consecuencia se produjo una incongruencia entre los hechos estimados probados con el fallo de extorsión continuada.Insiste la defensa en que los hechos probados solamente en el numeral cuarto se describe la única vez que el acusado llegó a cobrar dinero al ofendido, sin que se describan antes o después de ello otras entregas de dinero. Del tipo penal de Extorsión En los últimos tiempos el movimiento social se ha vuelto más complejo y diverso, lo que acarrea como consecuencia inevitable que la actividad delictiva también haya adquirido las mismas características, provocando como reacción legislativa la creación y modificación de figuras delictivas, con el fin de contrarrestar tal fenómeno, que desafortunadamente ha ido en crecimiento. Una especial actividad delictiva que en los últimos años ha venido en crecimiento es la extorsión, lo que provocó como respuesta del Estado de Honduras en el año 2014 la creación de una unidad especializada en la Policía Nacional para la investigación del delito de extorsión y aprehensión de las personas responsables, conocida como Fuerza Nacional Anti Extorsión (FNA); además en el 2016 y mediante acuerdo No. 002-2016, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,031, de fecha 12 de mayo de 2016, el Poder Judicial crea Juzgados de Letras, Tribunales de Sentencia y Corte de Apelaciones con competencia Nacional en materia de Extorsión, con sede en las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba.- Por otro lado el Poder Legislativo procedió a revisar y reformar el artículo 222 del Código Penal, que tipifica la figura delictiva, incrementando por una parte el ámbito material del supuesto de hecho y por otra parte las penas a imponer a las personas encontradas responsables. A.- Tipificación del delito A partir de 1984, año en que entró en vigencia el actual Código Penal, la República de Honduras ha tipificado de diversa manera el delito de extorsión, contando el artículo con cuatro diferentes reformas, siendo la última de ellas la vigente a partir del año 2017.- Comparativamente cada reforma al delito de extorsión tiene por objeto expandir su radio de aplicación, al grado de que hoy encontramos en el tipo de extorsión a uno de los tipos penales con mayor ámbito material y mayor pena.- Han sido las tipificaciones del delito de Extorsión en la República de Honduras las siguientes:1. Decreto Legislativo 144-83, publicado en el Diario Oficial de 1985; 2. Decreto Legislativo No. 016-2012, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.32,798 en fecha 18 de abril de 2012 y vigente a partir de su publicación; 3. Decreto Legislativo 100-2014, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.33,562 en fecha 23 de octubre de 2014 y vigente a partir de su publicación; 4. Decreto Legislativo 006-2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,276 el 27 de febrero de 2017, vigente a partir de dicha fecha. Atendiendo al caso concreto, define esta Sala de lo Penal que la norma penal vigente para el 28 de mayo de 2015, que es el ámbito temporal fijado en el factum, era el contenido en el Decreto Legislativo 100-2014, el cual tipificaba el delito de extorsión de la siguiente forma: “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencia y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes, u otros servicios, obligare a persona natural o jurídica a: 1) Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2) Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; o 3) Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrán las penas de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. Si con ocasión de cometerse este delito se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o compañero (a) de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable la pena de privación de libertad de por vida. La pena de reclusión anterior será incrementada en un tercio (1/3) cuando la víctima sea un Juez o Magistrado del Poder Judicial, Fiscal del Ministerio Público, Operadores de Justicia, Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, Agente de la policía nacional o de investigación, militares en servicio activo, Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico o de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, miembro del Consejo Nacional de defensa y Seguridad y Diputados del Congreso nacional y cualquier otro Operador de Justicia vinculado al Combate de la Criminalidad. El Delito de extorsión es de orden público y el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.”. B.- Naturaleza del delito El delito de Extorsión comparte características con los delitos en contra de la libertad de las personas y con los delitos en contra de la propiedad, clasificándolo el legislador como uno de estos últimos. Con los delitos en contra la libertad la extorsión guarda relación con la forma genérica de la coacción (Art. 206 CP), pues en ambas figuras el sujeto activo conmina al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad; entretanto tiene en común con el delito de amenazas (Art. 207 CP), que el sujeto activo intimida al sujeto activo con causar un mal grave, real y posible; de igual forma guarda parentesco con la figura del delito de secuestro extorsivo (Art. 192.1 CP), en donde el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o a un tercero a realizar una disposición patrimonial como consecuencia de una amenaza en contra de la libertad o incluso de la vida de la persona cautiva; y con el delito de chantaje (Art. 222-A CP) en la amenaza de provocar un mal a no ser de que se provea un beneficio injusto por parte del sujeto pasivo. Sin embargo, pese a tales similitudes, el delito de Extorsión tiene elementos particulares que le diferencian, a saber: 1. Con el delito de Amenazas, porque éste solo busca la lesión psicológica, causar intimidación (miedo) en el sujeto pasivo, sin ulterior propósito, en cambio en el delito de extorsión la intimidación no es el propósito final, sino el medio o vía para aquello que se desea, que es el beneficio patrimonial injusto; 2. Con el delito de Coacción, el delito de extorsión guarda una mayor similitud, pues en ambos se compele al sujeto pasivo a realizar una conducta en contra de su voluntad, siendo la diferencia la significancia patrimonial que persigue el delito de extorsión. Ante el concurso de leyes entre estas dos figuras delictivas, la especialidad del elemento subjetivo del delito de extorsión: ánimo de lucro, será lo determinante para poder resolver el caso concreto; 3. Con el delito de Secuestro Extorsivo encuentra elementos comunes con el delito de Extorsión, dado que ambos tienen contenido patrimonial, en ambos el sujeto activo se vale de la amenaza para conseguir un beneficio económico y ambos se consideran consumados aun cuando tal beneficio no sea obtenido, siendo la distinción la privación de la libertad de una persona que si se exige en el delito de secuestro y no en el delito de extorsión. La Sala de lo Penal, en sentencia de fecha 17 de noviembre de 2014, en el Expediente 041-2012, indicó que: “… si bien es cierto que el secuestro y la extorsión comparten en su estructura típica el uso de la intimidación o la violencia para obtener un propósito determinado, en el caso del secuestro concurre como elemento esencial e imprescindible la privación de la libertad ambulatoria de la víctima, circunstancia que el tipo penal de extorsión no exige para su realización…”. 4. Con el delito de Chantaje, por el especial carácter del contenido de la amenaza, pues en este delito consiste en la revelación de información verdadera o falsa, que pueda resultar en lesión al honor o prestigio de la persona natural o jurídica víctima del delito, entretanto en el delito de extorsión el contenido de la amenaza es la promesa de realizar u omitir una conducta injusta (licita o ilícita), distinta al perjuicio del honor o prestigio. Continuando nuestro análisis encontramos que el delito de Extorsión no solo está relacionado con los delitos en contra el patrimonio por su naturaleza, sino porque además el legislador nacional lo clasifica como uno de ellos, por lo que comparte tal elemento común con el delito de hurto (Art. 223 CP) robo (Art. 217 CP) y estafa (Art. 240 CP), de hecho su ubicación dentro del Código Penal la encontramos en un capítulo dispuesto en medio de aquellos que contienen las figuras delictivas de Robo y Hurto, pero además en el delito de extorsión el sujeto activo se vale de la intimidación para conseguir el beneficio patrimonial injusto y violencia, al igual que con el delito de robo; en la estafa la disposición patrimonial la realiza el sujeto pasivo en su propio perjuicio lo que igual ocurre en la extorsión, pero de nuevo el delito de extorsión tiene elementos únicos que le diferencian de estos delitos: 1. En el delito de hurto el desplazamiento de los bienes muebles es como consecuencia de una conducta del sujeto activo sin la intervención y sin el consentimiento del sujeto pasivo, en cambio en el delito de extorsión el desplazamiento se da por una conducta realizada por el sujeto pasivo, la cual se encuentra viciada por la intimidación o violencia que origina el sujeto activo; 2. En el delito de Estafa la disposición patrimonial la hace el sujeto pasivo en su propio perjuicio como consecuencia de un error producto de un engaño puesto en escena por el sujeto activo, entretanto en el delito de extorsión tal engaño o error no existe, la disposición patrimonial hecha por el sujeto pasivo es como consecuencia al acto intimidatorio o violento que está sufriendo por parte del sujeto activo; 3. El delito de robo por intimidación se diferencia con el delito de extorsión en la dinámica en que el hecho se desarrolla, pues en el primero no hay disolución en la acción realizada por el sujeto activo, donde la intimidación es ejercida como previo inmediato al acto de desplazamiento del bien (sin intervalo de tiempo), el cual puede ser tomado por el sujeto activo o entregado en contra de la voluntad del sujeto pasivo; por el contrario, en el delito de extorsión existe discontinuidad entre el acto de intimidación y el de desplazamiento del bien, pues uno y otro se realizan en momentos distintos: en el robo existe la amenaza de un mal actual para el logro de una prestación actual, mientras que en la extorsión existe una amenaza futura para el logro de una prestación futura o actual. Encontramos el mismo fenómeno descrito en el delito de robo con violencia en las personas, donde necesariamente la conducta del sujeto activo debe ser preludio del desplazamiento del bien, mientras que en el delito de extorsión con violencia en las personas, el beneficio económico no necesariamente debe ser en una misma dinámica a aquella, y por otro lado el beneficio económico puede ser como producto de un desplazamiento de bienes, pero también por cualquier otro acto o negocio jurídico. Por otra parte, el delito de extorsión no requiere para su consumación que se produzca el lucro, pues bastará con que se realice la intimidación y que el sujeto pasivo realice la conducta exigida con el propósito de obtener el beneficio patrimonial injusto para que el delito se considere consumado, entretanto en el delito de robo la concreción del lucro es requisito indispensable para su consumación. C.- Elementos del delito de Extorsión del Decreto 100-2014 Corresponde estudiar los elementos del delito de extorsión básico vigente al momento de los hechos, siendo éstos: 1. Elementos Objetivos: a. Sujeto Activo: El artículo 222 del Código Penal, al identificar al sujeto activo se refiere a “quien”, determinando así que puede cometer este delito cualquier persona, si necesidad de poseer cualidades particulares, siempre que realice el acto de violencia o intimidación; b. Sujeto Pasivo es designado por el legislador como “persona natural o jurídica”, lo que implica que puede ser sujeto pasivo del delito cualquier persona natural o persona jurídica, como organizaciones privadas, sociedades, etc. c. Objeto material del delito es el patrimonio del sujeto pasivo o de un tercero, del cual el sujeto activo quiere apropiarse o conseguir un provecho económicamente apreciable y de carácter injusto.- Es importante recordar que el artículo 103 de la Constitución de la República reconoce, fomenta y garantiza la existencia de la propiedad privada, agregando en el artículo 106 que “nadie puede ser privado de su propiedad sino por causa de necesidad o interés público calificados por la ley o por resolución fundada en ley”, debiendo entenderse por propiedad: todos aquellos intereses que el hombre aprecia fuera de sí mismo, de su vida y de su libertad y que son susceptibles de apropiación; d. Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, que en este caso es “obligar”. El legislador prevé que se considera consumado el delito desde que el sujeto activo obliga a que el sujeto pasivo realice cualquiera de las tres conductas que se describen en el tipo, siempre que cualquiera de ellas tenga como fin que el sujeto activo logre un beneficio económico injusto aun cuando esto no se logre materializar; siendo estas conductas: i.- “Hacer o dejar de hacer alguna cosa”, con independencia de si se trata de un acto lícito o ilícito; ii.- “Suscribir documentos para obtener pagos de dinero”, como confesiones de deuda, contratos privados, recibos, títulos valores, instrumentos públicos, actas notariales, etc.; y iii.- “Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado”, el que es un supuesto redundante respecto a la suscripción de documentos, agregando además la destrucción de documentos que estén en poder del sujeto pasivo y que sean prueba para la exigencia de cumplimiento de obligaciones con connotación económica.- En todo caso, se insiste en que la conducta que pretenda conseguir el sujeto activo que realice el sujeto pasivo deberá ser siempre encaminada a producir un perjuicio patrimonial al sujeto pasivo o a terceros, pues ello es lo que precisamente distingue el delito de extorsión del delito de coacciones; e. Modalidad Criminosa, entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector, que en el caso del tipo penal de estudio está definida por la violencia o la intimidación: i.- La violencia es la ejercida en contra de las personas naturales, en su calidad de tales o como representantes de la persona jurídica, a quien se le obliga a realizar cualquiera de las tres conductas descritas en el tipo.- Es importante señalar que no necesariamente deberá darse la violencia y la conducta exigida en un solo momento, pues una y otra podrán darse en distintos momentos y lugares, siendo ello la diferencia de esta clase de delito con el de robo, en donde la violencia es ejercida para conseguir el beneficio patrimonial en el mismo momento; ii.- La intimidación es el estado psicológico de vulnerabilidad e impotencia provocado mediante una amenaza de realizar una conducta de apariencia real e inminente, que implique daño; es necesario que la intimidación hecha sea de tal entidad que a cualquier persona en la esfera del profano (criterio del hombre promedio) le provoque la consecuencia descrita, ergo la amenaza debe tener apariencia de grave y verdadera. Considérese entonces que en el estudio del acto intimidatorio no deberá esperarse que haya necesariamente surtido el efecto esperado por el sujeto activo, aun cuando la amenaza tenga la apariencia de verdadera e inminente, pues las condiciones personales del sujeto pasivo pueden mediar para que no produzca el estado de temor pretendido, lo que no hace desparecer el delito, como se ha manifestado Ut Supra, la intimidación debe -como mínimo- ser tal que afecte a la persona profana, aun cuando en el caso particular la víctima tenga cualidades que le hagan invulnerable; iii.- La amenaza, que es una modalidad criminosa redundante, pues a la postre la amenaza busca intimidar.- El destinatario del hecho amenazante puede ser directamente el sujeto pasivo o un tercero (familiar, empleado, amigo, etc.), entonces se puede amenazar con inferir un mal a un tercero para obtener la indebida prestación por parte del sujeto pasivo.- Tal amenaza puede formularse mediante: lenguaje hablado o lenguaje de señas, por representaciones o dramatizaciones, de manera escrita, por la plasmación de escritura, dibujos o alegorías; o por video, editado escenas reales o representadas, fracciones de noticias o películas. El daño con el que se amenace al sujeto pasivo no necesariamente debe ser un acto ilícito (como matar a una persona o incendiar un comercio), sino que igualmente puede ser un acto lícito (imaginémonos a una persona que por ley tiene derecho a reclamar alimentos, amenazando al obligado con presentarle una demanda de alimentos y con ello truncarle su próxima promoción en su carrera laboral, salvo que le conceda la pensión alimenticia mucho mayor a que por ley o mandato judicial le corresponde, persiguiendo así un ánimo de lucro). Estos supuestos permiten prever situaciones en donde quien hace la exigencia sea un funcionario público, amenazando con la realización de un acto legal o ilegal. f. Punibilidad: El delito de extorsión está conminado con dos penas principales: i.- Una pena de prisión de 15 a 20 años. - Es de recordar que conforme a nuestro actual Código Penal, la pena para los delitos es la de reclusión y la pena para las faltas es la de prisión, no teniendo este error legislativo ninguna connotación en el presente caso; ii.- Una pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, siendo ésta una pena fija, pues no tiene margen abstracto de graduación. Al responsable del delito de Extorsión además deberán imponérsele las penas accesorias de inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo penitenciario obligatorio, que deberá cumplir de manera simultánea con la pena de prisión; igualmente la pena de comiso cuando fuese procedente. Las penas principales se incrementarán un tercio (1/3) en razón de la cualificación del sujeto pasivo; dispone el legislador que dicho incremento se hará efectivo cuando la víctima del delito de extorsión sea: *“Juez o Magistrado del Poder Judicial, *Fiscal del Ministerio Público, *Operadores de Justicia, *Director, Subdirector o personal de seguridad de los establecimientos penitenciarios, *Agente de la policía nacional o de investigación, *Militares en servicio activo, *Agente de la fuerza de Lucha contra el Narcotráfico *Miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, *Miembro del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad *Diputados del Congreso Nacional y *Cualquier otro operador de justicia vinculado al combate de la criminalidad” Prevé la norma la imposición de prisión a perpetuidad, como pena principal, cuando en la ejecución del delito de extorsión “se le da muerte a la víctima, a su cónyuge o a compañero de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídicamente extorsionada”. 2.- Elemento Subjetivo Como elemento subjetivo el tipo penal de Extorsión requiere de dolo: Conocimiento de los alcances de la conducta realizada como un todo o como una parte del desarrollo del delito y voluntad de realizar la misma; pero adicionalmente se requiere un ánimo de lucro, es decir el deseo de obtener para sí o para un tercero un incremento al patrimonio en perjuicio del sujeto pasivo, no requiriéndose que dicho ánimo se materialice para considerar consumado el delito, pues como se ha explicado, la conducta ejercida por el sujeto activo debe buscar ese fin, siendo lo determinante para establecer el Iter Criminis si el sujeto pasivo realiza o no la conducta exigida. 3.- Características del tipo penal de Extorsión Partiendo de lo anterior, se identifican como características del tipo penal de extorsión, las siguientes: a. Según su Estructura: i.- Tipo Penal Especial: Por ser un tipo penal que parte de los elementos básicos de otros delitos (coacción, amenazas, robo, estafa, hurto, secuestro, chantaje, extorsivo, cohecho), que de manera conjunta configuran un nuevo tipo penal; ii.- Tipo Penal Simple: Ya que describe un solo modelo de comportamiento: obligar; b. Según su Contenido; 1.- Tipo Penal de Resultado, pues el delito se consuma si el sujeto activo logra obligar al sujeto pasivo a realizar la conducta que le puede generar un beneficio económico, aun cuando tal beneficio no se concretice. Como consecuencia de ello es una figura delictiva que puede presentarse en su grado de ejecución de tentativa; ii.- Tipo de Conducta Instantánea al contener un supuesto de hecho cuya realización del comportamiento descrito se agota en un solo momento; iii.- Tipo Penal de Acción: Porque describe un modelo de comportamiento comisivo; iv.- Tipo Penal cerrado porque el supuesto de hecho determina con precisión la circunstancia típica, de tal manera que la conducta reprochada se desprende con claridad. c. Según el Sujeto Activo: i.- Unisubjetivo al describir una conducta que puede ser realizada con la concurrencia de un solo sujeto activo; ii.- Tipo Penal Simple, pues entre el sujeto activo y el sujeto pasivo no necesitan tener cualidad alguna para la configuración del delito. d. Según el Bien Jurídico Tutelado: i.- Tipo Penal Pluriofensivo, pues si bien tiene como bien jurídicamente tutelado, el patrimonio de las personas, se debe reconocer que la actual redacción del tipo penal persigue igualmente proteger la libertad de las personas; ii.- Tipo Penal de peligro pues no requiere que el bien jurídicamente tutelado resulte lesionado, sino que basta que éste sea puesto en peligro. 4. Disposición Procesal en el tipo penal de Extorsión En último párrafo del artículo 222 reformado del Código Penal, el legislador hace una disposición con consecuencia procesal; indica que “El Delito de extorsión es de orden público y el Ministerio Público podrá iniciar las investigaciones de oficio, sin necesidad de denuncia por parte del ofendido.”. De esta forma el legislador reafirma la calidad de delito de orden público de la figura de Extorsión. Del concurso de delitos: Delito Continuado Tras haber hecho análisis de la figura delictiva objeto de imputación, para dar respuesta al reproche de la Defensa Pública, corresponde situarnos en el último elemento de la Teoría del Delito donde se define, por parte del legislador, las sanciones que corresponden a cada conducta desvalorada constitutiva de delito; en este peldaño se estudian las Causas Absolutorias de la Punibilidad y los Concursos de Delitos como normas que implementan la política penal punitiva del Estado en la concurrencia de pluralidad de conductas típicas, antijurídicas y culpables. En un derecho penal de acto, corresponde imponer una pena por cada delito cometido por la persona, y por tanto cuando existan varios delitos corresponderá imponer varias penas; sin embargo en el Derecho Penal puede ocurrir el fenómeno de que una conducta se ajuste a varios delitos y que a todos ellos corresponda una pena.- El campo del Derecho Penal que estudia estos fenómenos se le llama concurso de delitos; Existe Concurso de Delito cuando una misma persona realiza una conducta antijurídica que se adecúa a dos o más tipos penales, cada uno merecedores de sanción penal; partiendo de la definición, constituye concurso de delito el concurso ideal o formal (Unidad de Conductas con pluralidad de lesiones: Art. 36 CP) y la ausencia de éste se le denomina Concurso Real o Material (Pluralidad de conductas con pluralidad de lesiones: Art. 35 CP), sin embargo el legislador nacional también ha denominado como concurso de delitos al concurso medial (Concurso Formal Impropio) Art. 36 CP) y al delito continuado (Art. 37 CP), los cuales no son verdaderos concursos, sino que obedecen al criterio político criminal de punibilidad; queda excluido del tema de concurso de delitos el llamado concurso aparente de delitos (Art. 2-A CP), por ser éste tarea de la adecuación de la tipicidad. El delito continuado está previsto en el artículo 37 del Código Penal, que crea la ficción legal considerando como un solo delito y previendo la imposición de una sola pena agravada, a los responsables de la comisión material de varios hechos delictivos que encuadran en una misma tipificación y que protege el bien jurídico propiedad, ejecutados en un solo momento o en momentos diversos, siempre que sea en respuesta a un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias de ejecución; la pena única a imponer será el resultado del aumento de dos tercios (2/3) a la pena abstracta más grave de los delitos contra la propiedad cometidos, advirtiendo la misma norma que el concurso de delito continuado no será aplicable en los casos en que la suma de las penas por los diversos delitos cometidos contra la propiedad sea menor a la cuantía de la única pena agravada impuesta con ocasión del concurso de delito continuado. Son requisitos de este tipo de concurso: a. Unidad de Bien Jurídico Protegido: Los delitos cometidos deben ser de aquellos que protegen el bien jurídico propiedad, ya sea bienes corporales (bienes muebles, bienes inmuebles o bienes inmuebles por destino) o incorporales (derechos personales); b. Unidad de Tipo Penal: Las diferentes conductas penales deberán subsumirse en un solo tipo penal en perjuicio de la propiedad, ergo no concurre el Concurso Continuado cuando las diferentes conductas sean subsumibles en varios tipos penales, aun cuando éstos sean en perjuicio de la propiedad; c. Unidad de Sujeto Activo: Que implica que en los diversos delitos, deberá figurar siempre el mismo sujeto activo; d. Unidad o Pluralidad de Sujetos Pasivos: Los delitos en contra de la propiedad podrán realizarse en perjuicio de un mismo sujeto pasivo en varios momentos, en perjuicio de varios sujetos pasivos en un mismo momento o en perjuicio de varios sujetos pasivos en varios momentos; e. Unidad de fin: en virtud de la cual se exige que el sujeto activo actúe con dolo en todos los delitos cometidos; f. Diversidad de conducta humana, la cual podrá realizarse mediante acciones u omisiones; g. Diversidad de título de participación: Al no exigir el artículo 37 las mismas calidades del sujeto activo en los diversos delitos, éste podrá participar en ellos de manera diversa como autor, autor mediato, coautor, cómplice, cómplice necesario o inductor. h. Identidad del comportamiento delictivo: Se establece que el sujeto activo realice las diferentes conductas delictivas basado en un mismo modus operandi, los cuales pueden consistir: i) Realizando las conductas delictivas en un solo momento; ii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento a un plan preconcebido; iii) Realizando las conductas delictivas en diversos momentos aprovechando idénticas o similares circunstancias en la ejecución.- Es claro entonces que el concurso continuado o delito continuado, es una forma especial de ejecución reiterada de diversos tipos penales mediante un plan preconcebido o aprovechando las mismas o similares circunstancias, haciendo el legislador una presunción de que todos ellos constituyen un solo delito para efectos de imposición de una sola pena; no se trata de un tipo penal, tampoco de una circunstancia agravante, sino una disposición político criminal del legislador orientada a favorecer al sujeto activo con una pena más favorable. Como consecuencia jurídica es la presunción de que todos estos delitos independientes deberán ser considerados como uno solo “continuado” y por tanto las diferentes penas que correspondería imponer al responsable por las diversas conductas delictivas serán sustituidas por una sola pena atenuada, por ello es que señalamos al inicio que el concurso continuado o delito continuado en realidad no es un tipo penal, sino una disposición político criminal que favorece al culpable de varios delitos en contra de la propiedad al determinar la imposición de una sola pena, es decir que el delito continuado es una figura a favor del reo donde se hace presunción de que los diversos delitos son uno solo exclusivamente para efectos de imposición de pena. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. – La Sala de lo Penal ha encontrado acertada la queja planteada por la Defensa Pública en el recurso de casación por infracción de ley; al confrontar los hechos declarados probados con las normas penales sustantivas: artículo 222 en relación con el artículo 37, ambos del Código Penal, no se advierte que exista un delito continuado de extorsión, por lo que aplicación de esta última norma ha sido indebida. Los hechos declarados probados por el Tribunal de Sentencia fueron estructurados en cuatro párrafos, sin que los primeros dos numerales tengan una relación fáctica con los dos últimos numerales, a saber: *Primer numeral: Se indica que los primeros días del año 2011, varias personas se personaron en el negocio del testigo protegido JPTP-E-29052015, exigiéndole el pago de L 500.00 semanales, amenazándole que de no hacerlo le privarían de la vida; como consecuencia de ello el testigo protegido procedió a entregar la cantidad en el tiempo exigido. El hecho probado no señala cual era la identidad de las personas que realizaron tal conducta, limitándose a señalar que éstas se identificaron como miembros de la pandilla 18, pero sin determinar si efectivamente eran miembros de ésta. En el hecho probado no se hace mención del acusado Manuel Enamorado López, como una de las personas que acudió ese día al negocio del testigo protegido; tampoco se señala que éste haya realizado alguna conducta anterior o simultánea en concepto de colaboración con aquellos. *Segundo numeral: En fecha 08 de abril de 2015, más de cuatro años después del primer hecho, se señala que el testigo protegido se personó en las instalaciones de la Fuerza Nacional Antiextorsión (FNA), interponiendo la denuncia sobre los hechos que se venían dando desde el año 2011. El hecho probado no señala a que personas denunció el testigo protegido, y en específico no se hace mención como una de ellas al acusado Manuel Enamorado López. *Tercer numeral: El Tribunal de Sentencia señala que en fecha 21 de mayo de 2015, llegaron dos personas al negocio del testigo protegido, siendo una de ellas Manuel Enamorado López, exigiéndole a aquel el pago semanal de L 500.00, amenazándole que de no hacerlo le privarían de la vida a él y a su familia. La narración histórica ubica al acusado por primera vez como participante del delito hasta el 21 de mayo de 2015, sin determinar que éste haya tenido alguna vinculación con las personas que llegaron al negocio del testigo protegido a inicios del 2011 o con las personas que después de ese año estuvieron acudiendo a recoger el dinero exigido, mucho menos que el acusado haya sido una de esas personas. Por otra parte, el numeral tercero del factum, describe como conducta del acusado exigir al testigo protegido la entrega de una cantidad de dinero semanal, amenazando con producirle perjuicio en caso de no acatar lo mandado, más no se indica que tal exigencia hubiese sido inmediata, es decir que en ese día el testigo protegido hubiese hecho entrega de alguna cantidad de dinero al acusado y/o la persona que le acompañaba; es así que conforme al relato histórico el acusado y la otra persona ese día solo acudieron a donde el testigo protegido a intimidarlo. *Cuarto numeral: Se señala que en 28 de mayo de 2015, el acusado Manuel Enamorado López, y otra persona llegaron nuevamente al negocio del testigo protegido, con la finalidad de exigir la entrega de L 500.00 correspondientes a esa semana, y una vez recibidos fueron aprehendidos por agentes de la FNA. Conforme a la narración fáctica, fue este día la primera vez que el acusado intenta obligar (lo cual consigue) al ofendido a realizar una disposición patrimonial en su propio perjuicio, gracias a la intimidación realizada en la semana anterior. En el análisis jurídico (Fundamentación Jurídica, F. 86), los señores jueces señalan que es aplicable al caso concreto el artículo 37 del Código Penal, como consecuencia de que el acusado Manuel Enamorado López obligó al testigo protegido a entregar semanalmente cantidades de dinero desde el año 2011, lo que es contrario a lo que los mismos jueces declaran como probado, pues la intervención en los hechos por parte del acusado es a partir del mes de mayo de 2015, siendo específicamente el día 28 el único momento en que intenta obligar al testigo protegido a realizar una disposición patrimonial en contra de su voluntad, lo que efectivamente logra en esa única ocasión. Se insiste en que los hechos declarados probados no señalan que el acusado haya realizado alguna conducta penalmente relevante antes del día 21 de mayo, mucho menos que haya sido él la persona que amenazó al testigo protegido el año 2011 o que haya ido a recoger alguna cantidad de dinero a partir de ese año y antes del 28 de mayo de 2015, lo que hace que la aplicación de la norma penal sustantiva in comento sea indebida. DECISIÓN: Se declara ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete (f. 83), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; en consecuencia se procede a emitir el siguiente fallo de fondo: “Primero: Que debemos condenar y condenamos al señor Manuel Enamorado López, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta sentencia, como coautor de un delito consumado de Extorsión, en perjuicio del señor JPTP-E-29052015, a la pena principal de quince (15) años de reclusión y a la pena principal de multa equivalente a cincuenta (50) salarios mínimos, vigentes al momento del hecho.- Segundo: La pena de reclusión impuesta deberá ser ejecutada conforme a las siguientes disposiciones: a.- Del cómputo de la pena se deberá deducir el tiempo en que el reo Manuel Enamorado López, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de reclusión será en el Centro Penal de Támara, Francisco Morazán, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Tercero: Que debemos condenar y condenamos al señor Manuel Enamorado López, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión impuesta y señalada en el numeral Primero de esta parte resolutiva, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en la ley penal.- Cuarto: Se impone al reo Manuel Enamorado López, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar, por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión, en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Quinto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo Manuel Enamorado López civilmente responsable, la cual deberá ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución competente.- Sexto: No procede Imposición de Comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- Séptimo: No procede condenar al reo Manuel Enamorado López, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.”.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de diciembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-511-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL