Sentencia CP-510-17 — Registro 12316
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el MP, contra la sentencia de primera instancia que absuelve al acusado del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El Recurso es de Recibo. – Los hechos declarados probados, ut supra transcritos, cuentan que el día 21 de Noviembre de 2014, el señor José Ricardo Coto Rápalo, se encontraba en la Colonia Suyapa, sector de Chamelecón, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, portando sin autorización de autoridad competente, un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, hecho que se ajusta al ámbito situacional que precisamente regula el artículo 332-B del Código Penal, por lo que le asiste la razón al Ministerio Público al alegar que el tribunal de sentencia omitió su aplicación indebidamente. Fue fundamento del a-quo para absolver al acusado la aplicación del decreto legislativo 184-2013, prorrogado por el decreto 063-2014, al interpretarlo como cuerpo normativo que derogaba tacita y temporalmente el artículo 332-B del Código Penal; Interpretación que es errónea como ya se ha explicado, pues el propósito de éste es otro.- La Sala de lo Penal desea dejar establecido que ninguno de los Decretos Legislativos que hoy se identifican como “Decretos de Veda/Amnistía”, albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias que el Poder Legislativo ha concedido; los decretos estipulan la obligación de la inscripción de las armas de fuego comercial, que es la misma obligación que existe en los tiempos donde dichos decretos no tienen vigencia, siendo la única diferencia que durante la vigencia de aquellos los habitantes no tienen que presentar la totalidad de la documentación que se exige normalmente; entonces el plazo señalado en los decretos no es un tiempo de gracia para portar el arma de manera impune, sino gracia para que el registro se realice satisfaciendo requisitos mínimos. .."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 360 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los nueve (9) días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-510-2017 por Infracción de Ley, interpuesto contra las sentencias de fecha veintinueve de marzo del año dos mil diecisiete, respectivamente dictadas por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual: Primero: Absolvió al señor José Ricardo Coto Rápalo, del delito de Portación Ilegal de Arma Comercial, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras; Segundo: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: El abogado Salvador Cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrente, y los abogados José Roberto Izaguirre Santos y Arnaldo Alcides García Alvarado, apoderados defensores públicos del acusado José Ricardo Coto Rápalo, actuando en su condición de recurridos. II. Hechos Probados de la instancia Único: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, a eso de las tres de la tarde, agentes de la Policía Nacional, realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Suyapa, Sector de Chamelecón, San Pero Sula, Cortés cuando fueron informados por vecinos de dicho lugar que varias personas se encontraban en las calles de dicho lugar con armas de fuego, por lo que se desplazaron hasta allí, observando que en efecto había un grupo de personas que al ver la presencia policial, salieron corriendo, por lo cual iniciaron la persecución de los mismos, logrando detener al señor Jose Ricardo Coto Rápalo, en posesión de un arma de fuego, tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, sin la autorización correspondiente. III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Precepto Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. Exposición Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B: “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “Único: En fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce, a eso de las tres de la tarde. Agentes de la Policía Nacional, realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Suyapa, sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, cuando fueron informados por vecinos de dicho lugar que varias personas se encontraban en las calles de dicho lugar con armas de fuego, por lo que se desplazaron hasta allí, observando que en efecto había un grupo de personas que al ver la presencia policial, salieron corriendo, por lo cual iniciaron la persecución de los mismos, logrando detener al señor Jose Ricardo Coto Rápalo, en posesión de un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, sin la autorización correspondiente. Al examinar el factum, se evidencia que concurre una falta de aplicación de1 artículo 332 B del Código Penal, ya que se describe en el mismo, todos los requisitos exigidos por dicho precepto legal, para tener por establecido que el acusado Jose Ricardo Coto Rápalo, participó a título de Autor en el delito de Portación Ilegal De Arma De Fuego, pues se relata, que el mismo portaba un arma de fuego tipo pistola, Marca CZ, serie Y97764, sin la autorización correspondiente. No obstante, que el recurso de Infracción de Ley debe apegarse de manera absoluta al relato fáctico, debemos hacer alusión al apartado de fundamentación jurídica, específicamente en su numeral segundo, párrafo quinto, donde el sentenciador, refiere “Específicamente, el Decreto 184-2013, no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, no obstante, conlleva una derogatoria tacita temporal derivada de la naturaleza de la norma, pues si entenderíamos que la pretensión del legislador era dejar vigente el articulo 332-B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado Artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por el decreto aludido, De ahí, que la conducta del acusado al disponer de un arma comercial en las circunstancias ya relacionadas, no genera reproche penal, pues para aquel momento, se encontrada vigente el Decreto Legislativo 184-13, que concedía un periodo de un año para matricular armas de fuego como la incautada, consecuentemente, no se logró desvirtuar el principio de inocencia que le ha asistido, procediendo en tal virtud su absolución”. Consideramos nosotros, que, Este decreto no es una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, al acudir voluntariamente a registrar su arma”. Es por ello, que en los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de esta, deben tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal, por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332- A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto(s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), _a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no concurrir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la presencia del delito correspondiente, pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal. En la presente causa, se tuvo como un hecho probado, que el enjuiciado Jose Ricardo Coto Rápalo, que el mismo portaba un arma de fuego tipo pistola, Marca CZ, serie Y97764, sin la autorización correspondiente, cuando Agentes de la Policía Nacional, realizaban un patrullaje de rutina en la colonia Suyapa, sector de Chamelecón, San Pedro Sula, Cortés, cuando fueron informados por vecinos de dicho lugar que varias personas se encontraban en las calles de dicho lugar con armas de fuego, por lo que se desplazaron hasta allí, observando que en efecto había un grupo de personas que al ver la presencia policial, salieron corriendo, por lo cual iniciaron la persecución de los mismos, logrando detener al señor Jose Ricardo Coto Rápalo, en posesión de dicha arma de fuego, esta que conforme el dictamen de Balística se encuentra en buen estado de funcionamiento mecánico-operativo, de la cual no portaba el permiso de la autoridad respectiva; relato que no evidencia que el imputado en cuestión, tuviere la voluntad de registrar el arma de fuego que llevaba, sino que más bien describe todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de Portación Ilegal de Arma de Fuego Comercial, establecidos en el artículo 332-B del Código Penal. En relación al Decreto 184-2013, ampliado mediante los decretos 63-2014 y 60-2015, que comprende lo referente a la veda, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha establecido: “El espíritu de la ley manifestado en el decreto en mención, no es expresamente el de despenalizar los artículos correlativos al Código Penal; a contrariu sensu esta Sala advierte que con la puesta en vigencia de la llamada “veda por parte del Estado, lo que se pretendía era motivar a la ciudadanía a que efectivo su derecho a realizar el trámite de ley para obtener el registro del arma comercial en portación, con el fin correlativo para el Estado de obtener control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho, más no generar mayor índice de impunidad en el Estado de Honduras... “(Ver Amparos SCO-241-35 -365 Y 378-2015/ 1104-14. En virtud de lo anteriormente expresado, resulta que el fallo emitido por el Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso, por haber sido dictado con infracción del artículo 332-B, por Falta de Aplicación. En ese orden de ideas, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que: “El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello con templa la imposición de sanciones administrativas (artículos 27-C, 37, 54, 55, 56 y 57 de la Ley de Armas) y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles. Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332- B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o vendas armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (...) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (...) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (...) las descritas en la ley especial”. Así pues, constituyen elementos objetivos del tipo penal: 1) Sujeto Activo: El Sujeto activo es cualquier persona natural, sin necesidad de poseer cualidad alguna; 2) Sujeto Pasivo: Es el Estado de Honduras, como garante y responsable de la Seguridad Interior; 3) Conducta Criminosa centrada en el verbo rector, el cual en el caso de estudio consiste en: fabricar, almacenar, transportar, poseer, usar, suministrar, vender, ingresar o sacar armas o municiones del país de forma lícita (a través del control aduanero) o ilícita; 4) Modalidad Criminosa: entendida como la forma de llevar a cabo el verbo rector y que en el caso de estudio implica: i) La ejecución de cualquiera de los verbos rectores descritos sin tener el permiso vigente expedido por la autoridad correspondiente del Estado de Honduras; ii) Que el arma de fuego tenga la condición de tal, es decir, que consista en algún artefacto o dispositivo construido industrialmente o artesanalmente que permita lanzar proyectiles, aprovechando la fuerza de expansión de los gases de la pólvora; iii) Que el arma sea de aquellas consideradas permitidas (Al referirnos con arma de fuego permitida es en referencia a aquellas armas que el Estado de Honduras permite su comercialización, susceptibles de ser objeto de permiso de posesión y portación) por reunir las características o especificaciones descritas en el artículo 7 de la Ley de Armas. Como elemento subjetivo el tipo penal exige que el sujeto activo realice la acción con dolo, es decir, que se conduzca con el conocimiento de que está realizando alguno de los verbos rectores descritos respecto a un arma de fuego o munición permitido, sin el permiso de la autoridad competente y además que tenga la voluntad de realizarlo...”[1]; y en el caso in examiné, es claro que el cuadro factico plasmado por el sentenciador, cumple con todos estos presupuesto, los cuales se enmarcan en el artículo 332-B del Código Penal, de ahí que debió dictarse una sentencia condenatoria en contra del ahora imputado. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados son el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia con base en lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de correspondencia entre los hechos probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe entenderse como norma sustantiva: a toda aquella que defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (como es el caso de las normas extrapenales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión, a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; de allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia. En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio -en esencia- consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo *Precepto Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas Sustantivas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma sustantiva que tipifica la portación ilegal de arma de fuego comercial; y *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se dicte otra apegada a Derecho. Señala el Ministerio Público que, al analizar el hecho declarado probado, se aprecia una falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal. Explica que el Tribunal de Sentencia absolvió al acusado señalando que ello es como consecuencia de la vigencia al momento del hecho del Decreto No. 184-2013; aplicación que es indebida pues el decreto no despenaliza los delitos comprendidos en los artículos 332-A y 332-B el Código Penal, siendo su único alcance el permitir que el ciudadano, por un periodo de tiempo establecido, pueda acudir voluntariamente a registrar su arma. Por esto, en los casos en donde se encuentre a una persona portando un arma sin la documentación respectiva y sin existir razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro y entrega de esta, debe tratarse según el procedimiento regular establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal. En el caso concreto el acusado José Ricardo Coto Rápalo, fue aprehendido por portar un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, sin la autorización correspondiente, sin que tuviese la intención de ir a registrar el arma de fuego, por lo que nos encontramos ante el delito tipificado en el artículo 332-B del Código Penal. De la Interpretación de la Ley La labor de complementación que debe realizar el juez, la desarrolla mediante la interpretación que hace de la ley al momento de aplicarla al caso concreto que se está juzgando, pues la norma es la manifestación de un pensamiento hipotético que, como paso previo a su aplicación, debe adecuarse a la realidad. Interpretar no es más que el proceso mediante el cual se desentraña el sentido, objeto y alcance de la norma legal, es decir es el proceso que pretende comprender la norma para su mejor aplicación, pues en retrospectiva una adecuada aplicación de las normas depende no solo del conocimiento del contenido de la norma, sino que además de su comprensión, lo que incluye conocimiento/comprensión del contexto normativo y su influencia en el plexo social.- El juez interprete deberá comprobar que un determinado hecho se ajusta al ámbito situacional previsto en la norma y creada precisamente para regular ese tipo de conductas. Velásquez, (Velásquez Velásquez, Fernando. Derecho Penal Parte General. 3° Edición. Editorial Temis S.A., Bogotá Colombia, 1997. Pág. 132) nos señala que, en una sistematización, cuando se habla de interpretación, existen tres categorías: según el intérprete, según los medios empleados y según el resultado obtenido. A) Según El Intérprete: 1. Autentica: Es aquella que realiza el creador de la norma, siendo éste el legislador; (Art. 205.1 de la Constitución); 2. Doctrinaria: Es la interpretación hecha por estudiosos del derecho, las cuales son de carácter ilustrativa no vinculante; sin embargo, es innegable la importancia que la interpretación doctrinaria representa para el ejercicio de la jurisdicción, pues presentan puntos de vista que pueden ser o no compartidos, pero en ambos casos llegan a plantear alternativas posibles a la realidad normativa; y 3. Judicial: Es la realizada por los órganos jurisdiccionales en su labor de juzgamiento de casos concretos; las interpretaciones de las normas solo tendrán el alcance del caso concreto al que se aplica, salvo cuando éstas emanen de la Corte Suprema de Justicia y que hayan servido para resolver tres casos distintos, resueltos en igual número de sentencias, pues en este supuesto la interpretación de la norma constituye doctrina legal (Art. 360 CPP), pasando a ser de carácter obligatorio para todo el sistema judicial y que contribuye a la formación del derecho y a la seguridad jurídica mediante la unificación de criterios que posibilita la previsibilidad de las decisiones judiciales. B) Según El Método: Existen diferentes métodos de interpretación (erigidos por diferentes Escuelas Doctrinarias), que la forma en que estas deben realizarse; son algunas de estas Escuelas (Galindo Garfias, Ignacio, Interpretación e Integración de la Ley, Universidad Nacional Autónoma de México, Estudios Jurídicos Revista 38, año 2006): 1. Método Exegético: Señala que la labor del interprete es indagar sobre el pensamiento del legislador al momento de la elaboración de la norma; parte de que la fórmula legal deriva de la voluntad del legislador con independencia de antecedentes históricos, sociales, políticos, etc., lo que lleva como consecuencia que el sentido de la norma es inmutable en el tiempo, siendo imposible adoptarla a las exigencias futuras. Este método fue uno de los primeros planteados, hoy en día superados, pues la norma no puede anclarse en un punto en el tiempo, mucho menos atender a la voluntad que en su momento tuvo el legislador al crearla, pues una vez puesta en vigencia la norma ingresa a todo el sistema legal, con el que se interrelaciona (Normas Constitucionales, Normas de Convencionalidad, Principios del Derecho Sustantivo y normas de la misma institución legal), y que condicionan la interpretación que debe tener.- Lo anterior no quiere decir que no se pueda tener en cuenta la intención del legislador al momento de crear la norma, pero ello no implica que sea éste el norte que debe seguir el juzgador al momento de interpretarla, pues se insisten, hay múltiples principios que influyen en dicho proceso. 2. Método Dogmático: Parte como fundamento que la fuente de la formula legislativa es el pueblo (soberano), por lo que la ley no puede ser considerada como un hecho fijo e invariable, sino como una significación lógica que evoluciona y se transforma.- Considera al ordenamiento jurídico como un todo establecido sistemáticamente, en la cual cada norma está vinculada con las demás para construir un sistema coherente y uniforme.- Este método señala que la interpretación tiene cuatro elementos, los cuales no son excluyentes, sino complementarios, a saber: a. Gramatical: Permite al interprete empoderarse de la norma a través del lenguaje usado para su construcción; b. Racional o lógico: Consiste en la disección del pensamiento del legislador para identificar las distintas partes que componen la norma y establecer sus relaciones; c. Histórico: Es el estudio retrospectivo del derecho imperante al momento de la creación de la norma y los hechos sociales que motivaron su creación; y d. Sistemático: Promulga que la norma sostiene un vínculo inquebrantable con una institución legal y ésta a su vez, con una rama del derecho específica, la que a su vez se relaciona con el resto del sistema legal. 3. Método Teleológico: Señala que la interpretación deberá partir del fin que se le dé a la norma legal; por ello lo primero es indagar cual es el interés social que pretende proteger para luego identificar la forma en que la norma pretende lograrlo, de modo que su aplicación resulte efectiva. 4. Método de la Evolución Histórica: Parte como principio de que la ley es el producto de las circunstancias sociales imperantes al momento de su elaboración, pero que están tienen la capacidad de adaptación a las nuevas exigencias que se van presentando en la evolución social, a través de la interpretación, la que ciertamente no debe realizarse conforme a la voluntad del legislador, sino atendiendo las necesidades económicas y sociales del momento en que la ley fue formulada, pues ésta tiene vida propia.- Se trata de una “interpretación evolutiva”, que parte de los textos legales en consonancia con las transformaciones de la sociedad, permitiendo que en cada época se pueda dar un sentido regido por la vida social actual. C) Según El Resultado Debe entenderse que las normas son construcciones abstractas, hipótesis de hechos que en sí mismas no constituyen verdades, sino que son instrumentos para la resolución de casos concretos; por ello es labor del intérprete fijar los límites de esa aplicación, atendiendo los elementos gramatical, racional, histórico y sociológico de la norma y de lo cual depende tres posibles resultados: 1. Interpretación declarativa: Mediante la cual el resultado obtenido concuerda de manera idéntica con la fórmula legal, de modo que el intérprete no puede ni ampliar ni restringir el alcance de su tenor literal y éste se limita a resolver la eventual duda, con la exacta correspondencia entre el espíritu y la letra de la ley. 2. Interpretación Extensiva: Que se produce cuando el intérprete evidencia que al texto de la norma puede dársele una significancia más grande y por ende puede tener un espectro de aplicación más amplia, ello debido a que las palabras usadas expresan más de lo que verdaderamente la norma comprende; 3. Interpretación Restrictiva: Cuando el intérprete comprueba que las palabras empleadas en el texto expresan menos que el verdadero contenido de la norma; en estos casos el intérprete define que la norma solo es aplicable a un supuesto de hecho especifico; Interpretación de la Norma Penal En las sentencias emitidas por esta Sala de lo Penal en Exp 079-2009, del 11de marzo de 2010, en Exp 270-2009, de fecha 06 de abril de 2010 y el Exp 218-2010 de 29 de septiembre de 2011, se ha apelado a las reglas de interpretación establecidas en el Código Civil, el que manda primero tener en cuenta la intención del legislador (Método Exegético) mediante una interpretación gramatical de la formula legislativa (Art. 17 y 18 CC), pero además hace mano del Método Dogmático, mandando a realizar una interpretación sistemática (Art. 19 CC) y finalmente dispone que como alternativa última se observe el Método de Evolución Histórica (Art. 20 CC); Es así que el Código Civil adopta una postura ecléctica en lo que concierne a los métodos de interpretación de las normas que debe ser usada atendiendo además los límites que devienen de la naturaleza del Derecho Penal.- De este modo, con base en los Principios Pro Homine, Pro Libertate, Legalidad, Inocencia y Favor Rei, son reglas de la interpretación de las normas penales sustantivas: 1. Conforme al Interprete: Los Órganos Jurisdiccionales deberán acatar las interpretaciones a las normas penales que haga el legislador y, en su defecto, las que constituyan Doctrina Legal emanada por la Corte Suprema de Justicia, ello sin perjuicio de plasmar en su resolución su criterio sobre lo atinado o no de éstas; 2. Conforme al Método: a.- Se debe tomar como referencia interpretativa el origen de la norma sustantiva, tanto en el derecho nacional, como en el derecho comparado; igualmente, para dicha referencia, podrán considerarse los hechos históricos imperantes al momento de la creación de la norma y la intención que en su momento tuvo el legislador (Método Exegético); b.- El estudio de la norma vigente, propiamente dicha, comienza mediante la interpretación gramatical, dándosele el significado legal a las palabras usadas por el legislador (Método Dogmático: Interpretación Gramatical), identificando su inteligencia, es decir la logicidad de la formula legislativa (Método Dogmático: Interpretación Lógica); c.- Debe reemplazarse la “voluntad del legislador”, por la “voluntad de la norma” (Método Teleológico), entendiéndose como el propósito encomendado a ésta en su actual vigencia cuyo norte es el bien jurídico que se pretende tutelar (Principio de Lesividad) y su concepción en el momento de la aplicación de la norma al caso concreto; La norma debe interpretarse tomando en consideración la dinámica social imperante, ergo no existe una interpretación válida para todo los tiempos (Método de la Evolución Histórica); d.- La interpretación de la norma debe hacerse con plenitud al ordenamiento jurídico, tanto desde la perspectiva vertical, como horizontal (Método Dogmático: Interpretación Sistemática): i.- Perspectiva Vertical (Principio de Jerarquía Normativa): Primero el sentido de la interpretación debe ser armónica con los derechos fundamentales constitucionales y con los derechos humanos contenidos en las normas del bloque constitucional, por lo que de todas las posibilidades interpretativas, deberá elegirse aquella que sea acorde con la norma superior; ii.- Perspectiva Horizontal (Principio de Unidad Sistemática): Por otro lado la norma deberá asemejarse a un engrane que forma parte del todo, por lo que la interpretación deberá realizarse a modo de que no exista discordia con el resto de las normas de la institución jurídica de la que forme parte, de las normas de la rama del derecho a la que pertenezca y finalmente de todo el sistema jurídico nacional. 3. Conforme al Resultado: a.- La interpretación analógica de las normas penales sustantivas es prohibida en derecho penal cuando ésta sea in mala partem, aun cuando ésta sea ordenada por el legislador nacional, pues impera el control de Convencionalidad y la primacía de la Constitución; b.- Las normas deberán interpretarse restrictivamente cuando sea in mala partem y extensivamente cuando sea in bonam partem; y c.- En caso de duda sobre el sentido de una norma, deberá siempre tomarse entre las posibilidades la interpretación que más favorezca al reo. Artículo 332-B del Código Penal La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que debían tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de esta en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirán en el delito: la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. Decretos Legislativos de gracia o de “veda” o “amnistía” El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: a. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. b. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. c. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigor precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. d. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. e. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. f. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. g. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. i. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. h. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. i. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal. A) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. B) Sala de lo Penal: La Sala de lo Penal, a partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando sin responsabilidad algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo 063-2014, constituye resolución legislativa de prórroga del Decreto Legislativo 184- 2013, con cuya vigencia se procuraba que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta (que han sido los argumentos judiciales aplicados); en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 063-2014 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. De la Procedencia del Recurso. El Recurso es de Recibo. – Los hechos declarados probados, ut supra transcritos, cuentan que el día 21 de Noviembre de 2014, el señor José Ricardo Coto Rápalo, se encontraba en la Colonia Suyapa, sector de Chamelecón, en el Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, portando sin autorización de autoridad competente, un arma de fuego tipo pistola, marca CZ, serie Y97764, hecho que se ajusta al ámbito situacional que precisamente regula el artículo 332-B del Código Penal, por lo que le asiste la razón al Ministerio Público al alegar que el tribunal de sentencia omitió su aplicación indebidamente. Fue fundamento del a-quo para absolver al acusado la aplicación del decreto legislativo 184-2013, prorrogado por el decreto 063-2014, al interpretarlo como cuerpo normativo que derogaba tacita y temporalmente el artículo 332-B del Código Penal; Interpretación que es errónea como ya se ha explicado, pues el propósito de éste es otro.- La Sala de lo Penal desea dejar establecido que ninguno de los Decretos Legislativos que hoy se identifican como “Decretos de Veda/Amnistía”, albergan causa de atipicidad, justificación, de inculpabilidad o causa absolutoria a la punibilidad, sino que son gracias que el Poder Legislativo ha concedido; los decretos estipulan la obligación de la inscripción de las armas de fuego comercial, que es la misma obligación que existe en los tiempos donde dichos decretos no tienen vigencia, siendo la única diferencia que durante la vigencia de aquellos los habitantes no tienen que presentar la totalidad de la documentación que se exige normalmente; entonces el plazo señalado en los decretos no es un tiempo de gracia para portar el arma de manera impune, sino gracia para que el registro se realice satisfaciendo requisitos mínimos. V. DECISIÓN: Declarar ha lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley en su único motivo. VI. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 360 del Código Procesal Penal, Falla: Primero: Declara Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Ley, en su motivo único, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Reforma la parte resolutiva de la sentencia de fecha veintinueve de marzo de dos mil diecisiete (f. 117), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes; Como consecuencia se procede a emitir el siguiente fallo de fondo: Primero: Que debemos condenar y condenamos al Señor José Ricardo Coto Rápalo, cuyas generales de identidad se detallan en el preámbulo de esta Sentencia, como autor de un delito consumado de portación ilegal de arma de fuego de uso personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, a la pena principal de tres (03) años de reclusión.- Segundo: La pena de reclusión impuesta deberá de ser ejecutada conforme a las siguientes disposiciones: a.- Del Cómputo de la pena se deberá de deducir del tiempo en que el reo José Ricardo Coto Rápalo, haya estado privado totalmente de su libertad ambulatoria en cumplimiento de alguna medida cautelar en este proceso judicial; b.- El lugar de cumplimiento de la pena de reclusión será en el Centro Penal de la Ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, esto sin perjuicio de los traslados que disponga el Instituto Nacional Penitenciario con vista a la seguridad y el mejor desarrollo del proceso de rehabilitación del reo.- Tercero: Que debemos condenar y condenamos al Señor José Ricardo Coto Rápalo, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación especial e interdicción civil, por el tiempo que dure la pena de reclusión impuesta y señalada en el numeral primero de esta parte resolutiva, debiendo el Juzgado de Ejecución realizar las gestiones pertinentes para su estricto cumplimiento, en los términos señalados en la ley penal.- Cuarto: Se impone al reo José Ricardo Coto Rápalo, como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, la obligación de trabajar por el tiempo que se encuentre interno cumpliendo la pena de reclusión en obras públicas y/o en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde se encuentre internado, de conformidad con la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; Quinto: Como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad penal, se declara al reo José Ricardo Coto Rápalo civilmente responsable, la cual deberá de ser exigida y cuantificada ante el Juzgado de Ejecución Competente.- Sexto: No procede imposición de comiso de instrumentos, productos o ganancias del delito.- Séptimo: No procede condenar al reo José Ricardo Coto Rápalo, a las costas procesales, personales ni a la restitución de los gastos ocasionados por el presente proceso judicial.- Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se remitan las presentes diligencias al Tribunal de origen, a efecto de dar cumplimiento al artículo 385 del Código Procesal Penal respecto a los pronunciamientos judiciales que han adquirido el carácter de firme.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-510-2017.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
[1] Sentencia de fecha 17 de enero del 2013, recaída en el recurso de Casación Penal No. S.P.248=2010