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Sentencia CP-508-16 — Registro 13266

Resumen

En primera instancia se absolvió al imputado por el delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras. resolviendo en segunda instancia Ha Lugar el recurso de casación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"...De la Procedencia Recurso EL RECURSO ES DE RECIBO.- Hasta el momento este Tribunal ad-quem ha señalado los defectos contenidos en la Fundamentación Jurídica, corrigiendo toda aquella consideración equivoca hecha por los jueces de sentencia, como ser la mala interpretación sobre los alcances dentro del derecho penal de los Decretos de Veda, la errada concepción de lo que debe de considerarse leyes intermedias y su aplicación de manera retroactiva; empero todo ello no completa el estudio del caso para la resolución de la impugnación que se ha formulado contra la sentencia, dado que el proceso de revisión exige la confrontación de la fundamentación fáctica con la norma penal sustantiva que se denuncia como aquella indebidamente no aplicada, es decir la comprobación de la existencia de identidad o no entre el ámbito situacional fijado en el supuesto de hecho previsto y la narración histórica tenida como probada y considerada como verdad absoluta.- Para esta tarea primero necesario hacer la confrontación entre la norma penal denunciada y los hechos declarados probados. Señala la Sentencia objeto de casación que el día 17 de Octubre de 2014, en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortes, el Señor Ángel Antonio Murcia Villamil, fue aprehendido por elementos de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, encontrándosele en su poder un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 10, calibre 38 especial, en buen estado de funcionamiento, mecánico y operativo, sin que el Señor Murcia Villamil portase permiso de autoridad competente para su detentación (f. 152). Los hechos descritos al ser contrapuestos con el supuesto que describe el artículo 332-B del Código Penal se colige que existe una coincidencia exacta de los elementos objetivos y subjetivos, ello porque el acusado el día en mención estaba portando un arma de fuego cuyo comercio es lícito según disponía el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo, por lo que tiene la capacidad de detonar cartuchería calibre .38 milímetros, sin que el acusado tuviese autorización extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, por conducto de la Oficina de Registro de Armas de Fuego. El acusado entonces, detentaba el arma de fuego al margen de la ley, con conocimiento y voluntad de ello, aun cuando tenía la posibilidad de conducirse dentro de la legalidad inscribiendo el arma de fuego. Es de mencionar que a la fecha en que el acusado realizó la conducta descrita, se encontraba en plena vigencia el artículo 332-B del Código Penal, siendo parte de conjunto de normas positivas, de carácter sustantivas, llamadas a gobernar el hecho en concreto, pero que indebidamente el Tribunal de Sentencia dejo de aplicar, ello como consecuencia de un erróneo criterio la naturaleza de los decretos de veda y su alcance, por lo que el recurso de casación debe de ser atendido..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice:“I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzman García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente SENTENCIA en los Recursos de Casación SP-508-2016 por Infracción de Ley interpuesto contra la sentencia de fecha nueve de junio del año dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual Primero: Absolvió al señor Ángel Antonio Murcia Villamil, del delito de Portación Ilegal de Armas, en perjuicio de La Seguridad Interior del Estado de Honduras.- Segundo: Condenó al señor Ángel Antonio Murcia Villamil, como autor del delito de Extorsión Continuada, en perjuicio de Testigo Protegido T-85 a la pena de veinticinco años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos mensuales, que deberá ser entregada en la Tesorería General de la República de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Tercero: Condenó al señor Ángel Antonio Murcia Villamil, como autor del delito de Atentado, en perjuicio de Miembros de la Policía Nacional y La Seguridad Interior del Estado de Honduras a la pena de un años de reclusión y una multa de ochenta y tres punto treinta y tres salarios mínimos mensuales, que deberá ser entregada en la Tesorería General de la República de Honduras, más las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo que dure la condena principal.- Cuarto: Se le declara la responsabilidad civil del señor Ángel Antonio Murcia Villamil.- Quinto: No procede condenar al señor Ángel Antonio Murcia Villamil en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio.- Sexto: Se ordenó la devolución a quien acredite su titularidad, del teléfono celular color negro, marca Ola y los mil doscientos Lempiras (L. 1,200.00) en billetes de varias denominaciones. Se declara el comiso de un recibo de la Lotería Loto, en cuya parte posterior se encuentra anotados de forma manuscrita, varios números de taxi y del arma de fuego, calibre 38, tipo revolver, sin serie, dándole el destino legal que corresponda.Son Partes En Única Instancia: El Abogado Elke Navarro, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de Recurrente. II. Hechos Probados De La Instancia Primero: El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el señor Ángel Antonio Murcia Villamil, llegó al negocio del testigo protegido T85, ubicado en el municipio de Villanueva, Cortés, exigiéndole que pagara la cantidad de Doscientos Lempiras (L. 200.00), los viernes de cada semana, en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo, lo reportaría con su jefe para que lo mandara a matar, por ,lo cual, el testigo protegido T85, a partir de esa fecha y durante cinco meses, hasta el mes de octubre de ese mismo año, haciendo un total de veinte ocasiones, hizo entrega de la suma de dinero descrita con anterioridad. Segundo: El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el testigo protegido T85, denunció los hechos antes mencionados ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por lo cual, un grupo de Agentes de esa entidad, se desplazaron a Villanueva Cortés, exactamente al lugar donde se encontraba el negocio del denunciante, y una vez allí, cuando el testigo protegido T85, les señaló al señor Ángel Antonio Murcia Villamil, indicándoles que era la persona que llegó a cobrar veinte veces las sumas mencionadas y al aprestarse a detenerlo, el acusado salió a la carrera, mientras disparaba con un arma de fuego en contra los Agentes de Policía, para evitar su captura, quienes a su vez, haciendo uso de sus armas de reglamento, respondieron al fuego, infiriéndole una herida en las extremidades inferiores, lo que posibilitó que le dieran captura y le incautaran entre otras cosas, un arma de fuego tipo revolver marca Smith & Wesson modelo 10, calibre 38 especial, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de la cual, no portaba el permiso de la autoridad correspondiente III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Recurso De Casación Por Infracción De Ley Motivo Único: Infracción de Ley por Falta de Aplicación del Artículo 332-B del Código Penal. Precepto_Autorizante: Artículo 360 del Código Procesal Penal. exposición Del Motivo: El precepto penal y legal citado como infringido por Falta de Aplicación textualmente dice: “Artículo 332-B. “Fabricación y Tráfico de Armas de Fuego y Municiones Comerciales, de Defensa Personal o Deportivas y Explosivos Comerciales. Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para uso personal o deportivas y explosivos comerciales, incurrirá en una pena de tres (3) a seis (6) años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones y explosivos y otros materiales relacionados con ellas. Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas, municiones, explosivos y similares, las descritas en la ley especial”. (Lo resaltado es nuestro). El A-quo en el fallo en estudio, declaró terminantemente como hechos probados las siguientes verdades intangibles: “Primero: El veintiuno de mayo de dos mil catorce, el señor Ángel Antonio Murcia Villamil, llegó al negocio del testigo protegido T85, ubicado en el municipio de Villanueva, Cortés, exigiéndole que pagara la cantidad de Doscientos Lempiras (L. 200°°), los viernes de cada semana, en concepto de impuesto de guerra, advirtiéndole que de no hacerlo, lo reportaría con su jefe para que lo mandara a matar, por lo cual el testigo protegido T85, a partir de esa fecha y durante cinco meses, hasta el mes de octubre de ese mismo año, haciendo un total de veinte ocasiones, hizo entrega de la suma de dinero descrita con anterioridad. Segundo: El diecisiete de octubre de dos mil catorce, el testigo protegido T85, denunció los hechos antes mencionados ante la Dirección Nacional de Investigación Criminal, DNIC, de esta ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por lo cual, un grupo de Agentes de esa entidad, se desplazaron a Villanueva, Cortés, exactamente al lugar donde se encontraba el negocio del denunciante, y una vez allí, cuando el testigo protegido T85, les señaló al señor Ángel Antonio Murcia Villamil, indicándoles que era la persona que llegó a cobrar veinte veces las sumas mencionadas y al aprestarse a detenerlo, el acusado salió a la carrera, mientras disparaba con un arma de fuego contra los Agentes de Policía, para evitar su captura, quienes a su vez, haciendo uso de sus armas de reglamento, respondieron al fuego, infiriéndole una herida en las extremidades inferiores, lo que posibilitó que le dieran captura y le incautaran entre otras cosas, un arma de fuego tipo revólver marca Smith & Wesson, modelo 10 calibre 38 especial, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de la cual no portaba el permiso de la autoridad correspondiente”. (Lo resaltado no corresponde al texto original). Dado lo anterior, el Ministerio Público recurre al percibir que existe una falta de aplicación del artículo 332 B del Código Penal, ya que se presentan todos los requisitos exigidos por dicho cuerpo legal para considerar la participación del acusado a título de Autor en el delito señalado, como se puede colegir de la simple lectura del Factum, en la parte final del segundo hecho estimado probado. Aunque este motivo de casación, por impetrarse vía infracción de ley, requiere básicamente del análisis comparativo entre el factum y la parte dispositiva de la sentencia, para demostrar cómo la acción descrita en aquél evidencia la violación del precepto legal que se invoca como no aplicado, al haberse omitido por parte de los juzgadores su aplicación para condenar al enjuiciado como autor directo del delito de Portación Ilegal de Arma de Uso Comercial, siendo que los elementos del tipo se configuran en la acción perpetrada por el acusado quien, en incumplimiento del artículo 332-B del Código Penal, portaba un arma no registrada a su nombre. El sentenciador estimó que aunque no es un hecho controvertido en juicio la detención del acusado en posesión de un arma de fuego tipo revólver, calibre 38, marca Smith & Wesson, sin serie, en buen estado de funcionamiento mecánico operativo, de la cual no portaba el permiso estatal, sin embargo, la conducta del acusarlo no genera reproche penal, pues para aquel momento, se encontraba vigente el Decreto Legislativo 184-13 que concedía un período de un año para matricular armas de fuego como la incautada; realiza su fundamentación jurídica señalando que “Específicamente, el Decreto 184-2013, no menciona expresamente que deroga la normativa penal que sanciona la portación ilegal de armas, no obstante, conlleva una derogatoria tácita temporal derivada de la naturaleza de la norma, pues si entendiéramos que la pretensión del legislador era dejar vigente el artículo 332-B del Código Penal, al regir el artículo 2 del Decreto 184-2013, aún las personas que hubieren acudido a registrar sus armas dentro del plazo fijado por el mencionado Artículo 2, incurrirían en el delito de portación ilegal de armas por el tiempo que la ostentaron antes de acudir a dicho registro, en cuyo caso no tendría sentido el plazo de un año otorgado por la disposición intermedia. De ahí, que la conducta de disponer de un arma comercial en las circunstancias ya relacionadas, no genera reproche penal, en el momento en que se encontraba vigente el Decreto Legislativo 184-13, que concedía un período de un año para matricular armas de fuego como la incautada”. Consideramos que la disposición legal en referencia se decretó con la única finalidad de que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, sin ningún tipo de responsabilidad producto de su tenencia, pero ésta disposición legal no puede interpretarse como que dicho periodo de veda se otorgó para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello; no es, por tanto, “una cláusula que despenaliza los delitos comprendidos tanto en los artículos 332 A y 332 B del Código Penal, sino que su único alcance es permitir que el ciudadano, por un período de tiempo establecido, no tenga consecuencias jurídicas al acudir voluntariamente a registrar su arma,. Es por ello que en “los casos donde se encuentre a un sujeto portando un arma, sin la documentación respectiva y sin existir una razón fundamentada que permita considerar la existencia de actos dirigidos al registro o entrega de la misma, deben tratarse según el procedimiento regular, establecido en el Código Procesal Penal y Código Penal por considerarse en principio que existe un ilícito penal del art. 332 A o B, según el caso. A dicho efecto debe valorarse una serie de elementos objetivos (tales como la hora, ubicación del sujeto (s), del arma y de la oficina encargada del respectivo registro, clase de arma, entre otros), a fin de analizar si existió una intención dirigida al registro o entrega del arma. De no existir elementos que permitan llegar a esa conclusión, deberá considerarse la existencia del delito correspondiente… pues el precepto en mención no constituye una cláusula general de exención de responsabilidad penal”[1] En la presente causa, por tanto, el acusado Ángel Antonio Murcia Villamil, no evidenció con sus acciones que se disponía a registrar su arma, ni en ese momento, ni que lo haría posteriormente; pues se le encontró en posesión del arma en el momento mismo en que él se encontraba perpetrando un delito y atentaba disparando en contra de miembros de la Policía cuando éstos le dieron captura, acciones que desde ningún punto de vista pueden considerarse como tendientes a demostrar que en ese momento el acusado Murcia Villamil tenía la intención de comparecer a registrar el arma que portaba de forma ilegal; el hecho sucedió el 17 de Octubre de 2014, cuando ya había transcurrido un año de vigencia del antes mencionado decreto 184-2013 y el acusado en ningún momento previo a los hechos acudió a registrar el arma y tampoco dio razón de cuándo la obtuvo, pues no portaba documentos de propiedad de la misma. Como se logra evidenciar, el juzgador carece de un soporte legal para establecer con certeza que sólo por el hecho de estar vigente el Decreto 184-2013 al momento en que se dio detención al acusado portando un arma sin permiso de la autoridad correspondiente, éste no tiene responsabilidad penal; pues como antes se señaló, el mencionado decreto es aplicable para el único efecto de que las personas puedan comparecer ante la autoridad respectiva a registrar sus armas, sin temor a ser enjuiciados por ello. En relación a lo señalado por el sentenciador en cuanto a la aplicación de una Ley Intermedia, cabe señalar que en primer lugar en el caso en comento no se presenta la existencia de ninguna Ley intermedia pues el acusado cometió el ilícito en el momento mismo en que ya estaba en vigencia el Decreto 184-2013; en segundo lugar, dicha apreciación del sentenciador, está en total contravención al Principio de Legalidad estipulado en el artículo 1 del Código Penal, así como a la Garantía Criminal regulada en el artículo 2 de la misma norma; que respectivamente establecen: Artículo 1:“Nadie será penado por infracciones que no estén determinadas en una Ley anterior a la perpetración de un delito” y Artículo 2: “No se impondrán otras penas ni medidas de seguridad que las establecidas previamente por la Ley”. De igual manera, el Tribunal señala que dicha disposición (Decreto 184-2013) le es más favorable también porque durante su vigencia pudo haberse celebrado el juicio en su contra y habérsele aplicado dicha norma; pero esto no fue así, y por lo tanto ahora debe aplicársele y absolverle. Consideramos que lo señalado por el Juzgador es solamente una posibilidad de falencia del sistema de justicia penal, que a efectos legales resulta imposible conceptualizar consecuencias que retrotraigan la vigencia del articulo 332-B que existía al momento de sentenciar al imputado, al período de su enjuiciamiento en donde nos encontrábamos bajo el imperio del decreto 184-2013 y los que respectivamente lo fueron prorrogando; siendo pues, que no es factible restringir la aplicación de la Ley, por lo que solamente constituye una “posibilidad”, además de que, como antes lo señalamos, la vigencia del Decreto 184-2013 no implica un permiso para que las personas puedan poseer armas sin registrar y sin tener como consecuencia ninguna responsabilidad penal por ello. Partiendo de los argumentos jurídicos expuestos, estimamos que el A quo ha incurrido en el vicio por Falta de Aplicación del artículo 332-13, dado que el imputado fue encontrado portando un arma comercial, en buen estado de funcionamiento tanto mecánico como operativo, sin contar con el permiso de la autoridad competente; por ende, resulta que el fallo emitido por al Juzgador de instancia indudablemente merece ser corregido por la Honorable Sala de lo Penal en la sentencia que resuelva el presente recurso. Por lo antes expuesto, la Fiscalía solicita se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa citada. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción de Ley Establece el artículo 360 del Código Procesal Penal que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal, cuando dados los hechos que se declaren probados en la sentencia, se haya infringido un precepto penal u otra norma jurídica de carácter sustantivo, que deba de ser observada en la aplicación de la ley penal o un principio de doctrina legal también de carácter sustantivo…” (Lo resaltado es nuestro). De esta norma se puede determinar la configuración del recurso de casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal: 1. Respeto Irrestricto a los Hechos Probados: Los hechos probados es el relato cronológico de un acontecimiento histórico anterior al proceso penal y que es objeto de debate, fijados por el Tribunal de Sentencia en base a lo que se ha probado en juicio, derivado de la valoración de los medios de prueba cuya reproducción el Juzgador pudo apreciar de manera directa, colocándolo en una posición exclusiva de valoración. Por ello, tratándose de recurso por infracción de ley o de doctrina legal, se debe de guardar absoluto respeto a los hechos que se declaren probados en la sentencia, trasladando el control judicial al ámbito de la juridicidad, así señalado en el artículo 369 del Código de Rito, en su tercer párrafo cuando prohíbe al Tribunal de Casación la modificación de los hechos probados, conocido como Principio de Intangibilidad de los Hechos Probados; 2. Falta de Correspondencia entre los hechos Probados y el fallo por infracción de precepto sustantivo o de Principio fijado por la Doctrina Legal, a consecuencia de: a. Inobservancia de la norma sustantiva o Doctrina Legal que corresponde al caso; b. Errónea aplicación de una norma sustantiva o de Doctrina Legal a un hecho no contemplado en ella como hipótesis; c. Errónea interpretación judicial de la norma sustantiva aplicada o del Principio fijado en la Doctrina Legal; d. Errónea deducción de las consecuencias de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal; y e. Error acerca de la existencia o vigencia de la norma sustantiva o de la Doctrina Legal. Es importante anotar que debe de entenderse como norma sustantiva a toda aquella de defina tipos penales o que le sean llamadas para conformar una conducta delictiva, aun cuando no tengan la categoría de una norma penal (Como es el caso de las normas extra penales de remisión por una norma penal en blanco), quedando excluidas las normas con contenido procesal. En conclusión a través del recurso de casación por infracción de ley, sólo puede intentarse una revaloración jurídica del material fáctico descrito en la sentencia, contenido en la formulación de hechos probados realizada por el Tribunal de Instancia; De allí que a la Sala de lo Penal tratándose del motivo invocado, sólo le corresponde actuar como contralor de la aplicación de la ley sustantiva por el Tribunal de Sentencia o de la Doctrina Legal que sobre el tema jurídico se haya sentado; Su misión se limita a la revisión del juicio de derecho contenido en la sentencia; En este sentido, el recurso de casación por infracción de ley debe estructurarse o partir su alegación, de los hechos probados que contenga la resolución cuestionada, puesto que el vicio en esencia consiste en que la decisión adoptada por el juzgador en la parte resolutiva de la sentencia, es incompatible, irreconciliable o ajena a la verdad enunciada por la narración fáctica (hechos probados). Único Motivo *Norma Autorizante: 360 del Código Procesal Penal; *Normas que se denuncian Infringidas: Artículo 332-B del Código Penal; *Concepto de la Infracción: Falta de aplicación de la norma que tipifica la portación ilegal de arma de fuego de uso personal; *Pretensión: Se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa vigente. Denuncia el Ministerio Público la existencia de una falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, ello porque se presentan todos los elementos exigidos por dicha norma para considerar al acusado Ángel Antonio Murcia Villamil, como autor del delito mencionado. Explica el Censor que los Juzgadores interpretaron que el Decreto legislativo 184-13, despenalizaba la conducta de portación ilegal de armas y que además era aplicable al caso concreto por ser una ley intermedia; señala que tal interpretación es incorrecta esto porque el decreto en mención tiene como única finalidad de que la persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial procediera a realizar el correspondiente registro ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, sin que pueda interpretarse que el periodo de veda se haya otorgado para permitir que las personas puedan poseer armas sin registrar; Señala el censor que el acusado no evidencio con sus acciones que al momento de ser aprehendido se disponía a registrar el arma de fuego que portaba. Concluye que el a-quo ha incurrido en el vicio de falta de aplicación del artículo 332-B del Código Penal, debiendo dicho error ser corregido en sede casacional. Bases Legales de la Decisión Judicial En el presente caso el Tribunal de Sentencia a formado su convicción apelando a conceptos e interpretaciones sobre alcances normativos, los cuales en resumen fueron: a. Artículo 332-B del Código Penal; b. Incidencia en el ámbito penal de los decretos de veda; c. Leyes Intermedias; y d. Retroactividad de la Ley Penal más Favorable. Interesa a esta Sala de lo Penal hacer un repaso del análisis jurídico hecho por el a-quo, en especial sobre lo referente al alcance de los decretos de veda, pues es claro que los Juzgadores han hecho aplicación a conceptos de manera errada y han derivado consecuencias legales de decretos legislativos contrarios a la legalidad. A.- Artículo 332-B del Código Penal La Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros materiales relacionados, define como "armas de fuego" a cualquier arma que conste de por lo menos un cañón por el cual una bala o proyectil puede ser descargado por la acción de un explosivo y que haya sido diseñada para ello o pueda convertirse fácilmente para tal efecto, excepto las armas antiguas fabricadas antes del siglo XX o sus réplicas. El artículo 4 de la otrora vigente Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares (en adelante: Ley de Armas), reconocía el derecho de las personas nacionales y extranjeras de poseer y portar armas de fuego, para ello ordenaba que toda persona debía obtener permiso previo por parte de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, otorgado una vez que satisficiere los requisitos exigidos por esa misma ley, los cuales son los descritos en el artículo 27 reformado: 1. Formulario con sus datos personales y residencia; 2. Marca, modelo, número de serie, identificación de conversiones de calibre, si la tuviere, así como las demás características del arma. La persona interesada solo podía poseer y/o portar armas de fuego y municiones clasificadas como permitidas, mismas que tenían que tener las características y especificaciones que estipulaban los artículos 7 y 9 de la Ley de Armas; Pero además la ley era específica en cuanto a las armas y municiones que se consideran prohibidas, es decir que no es permitida su adquisición, tenencia o portación, describiendo sus características y especificaciones en el artículo 8 y 10 de la ley mencionada; 3. Constancia de haberse practicado la prueba balística conforme lo señalaba el artículo 17 para los efectos establecidos en el artículo 19, ambos de la Ley de Armas; 4. Pago de la matrícula municipal; y; 5. Documentos de identificación. El permiso es intransferible (Art. 34 de la Ley de Armas), por ello la persona que lo obtenía debía reportar en un plazo máximo de tres días a la Policía Nacional y al Registro Nacional de Armas cualquier traspaso de propiedad que haga del arma registrada, a efectos de que el nuevo propietario realizara la solicitud de permiso correspondiente, igualmente debía reportar el robo o extravío de la misma en igual término (Art. 20 y 31 de la Ley de Armas). El Estado de Honduras, para efectos de salvaguardar la seguridad interior, tiene el deber de realizar un estricto control de la posesión y portación de armas de fuego, por ello contempla la imposición de sanciones administrativas y de sanciones penales (aplicables con independencia a las sanciones administrativas) para las personas que infrinjan dichos controles.- Entre las sanciones penales encontramos en el artículo 332-B que determina que “Quien sin permiso de la autoridad competente fabrique, almacene, transporte, posea, use, ingrese o saque del país, suministre o venda armas de fuego y municiones para el uso personal o deportivas (…) incurrirá en una pena de tres a seis años de reclusión, sin perjuicio del comiso de dichas armas, municiones (…) Se entenderá por armas de uso personal, defensa o deportivas (…) las descritas en la ley especial”.- Entonces incurrirán en el delito: la persona que, entre otros: posea un arma de fuego para uso personal, con propósitos de defensa o propósitos deportivos, cuando no se cuente con la autorización de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, en el caso de que su comercio sea lícito. La norma sustantiva en mención es aquella que el Ministerio Público señala ha sido indebidamente obviada por los juzgadores. B.- Incidencia en el ámbito penal de los llamados Decretos de Veda El legislador hondureño ha dispuesto en varias ocasiones emitir leyes y normas temporales con el objeto de establecer reglas especiales, algunas veces exonerando de requisitos, para que las personas dueñas y poseedoras de armas de fuego regularicen su tenencia o, en su caso, hagan entrega de aquellas que la ley ha catalogado como prohibidas. Estas normas legales, de naturaleza administrativa, tiene el propósito de motivar a los particulares a que se ajusten a las leyes que regulan el tema de arma de fuego, no debiendo entenderse que buscan como propósito exonerar de responsabilidad penal por delitos relacionados con estos objetos. Desde el año 2001 han estado en vigencia 09 leyes distintas que regulan tiempos de exención, siendo éstas: 1. La Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros similares: En el artículo 62 se estableció un período de gracia de 12 meses, a contar a partir de su vigencia, para que las personas que estuvieran en posesión de armas permitidas pudieran hacer el trámite para la obtención del permiso correspondiente sin la necesidad de presentar documentos de propiedad alguno; Dentro del mismo plazo las personas que tuvieran en su poder armas de guerra, automáticas, explosivos, municiones o accesorios prohibidos, podían entregarlas a la autoridad pública sin responsabilidad alguna. El término referido en el artículo 62 transcurrió del 29 de julio del 2000 hasta el 29 de julio del 2001. 2. Decreto No. 257-2002: El artículo 2 estableció que las personas que estaban en posesión de armas de fuego permitidas por la ley, entendiéndose como tales las enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas, tenían un plazo de seis (06) meses para su registro y obtención del permiso, sin la necesidad de presentación de documento alguno sobre la procedencia del arma. El período de gracia establecido en esta ley fue del 07 de octubre de 2002 hasta el 06 de abril de 2003. 3. Decreto No. 101-2003: El artículo 3 establecía un término de noventa (90) días para que las personas que estuviesen en posesión de armas de fuego de guerra o reservadas para uso de las Fuerzas Armadas de Honduras y armas de fabricación artesanal (Art. 8 de la Ley de Armas), las entregaran a la autoridad competente sin responsabilidad penal o civil. Los 90 días comenzaron a correr desde el 11 de julio hasta el 08 de octubre de 2003.- Durante dicho tiempo quedó en suspenso la vigencia del artículo 4 del decreto 101-2003, que creaba un nuevo tipo penal de Tenencia y Portación de Armas de Fuego de Guerra y de Fabricación Artesanal y que entró en vigencia precisamente al vencerse el plazo, es decir el 09 de octubre de 2003, hasta su fecha de derogación el 15 de enero de 2004. 4. Decreto No. 274-2005: En el artículo 1 establece que es permitida la inscripción de armas de fuego de marcas y calibres específicos, siempre que sean de los modelos de fusiles semiautomáticos y carabinas, sin la necesidad de documentación de origen, en un período de gracia que no fue determinado en el decreto, lo que llevó como consecuencia a que dicho decreto no tuviese efectividad alguna. 5. Decreto No. 069-2007: Este decreto además de reformar el artículo 27 y adicionar los artículos 27-A, 27-B y 27-C a la Ley de Armas, estableció en su artículo 2 un plazo de seis (06) meses para que las personas pudieran registrar las armas de fuego que tuvieren en posesión de manera irregular; conjuntamente establecía el artículo 3 que el decreto entraría en vigor 20 días después de la publicación oficial, misma que fue hecha el 29 de agosto de 2007; el término de seis meses establecido comenzó a correr el 18 de septiembre del año 2007 y venció el 18 de marzo del 2008, a media noche. 6. Decreto No. 184-2013: El artículo 2 establecía un año de veda para que toda persona que tuviese en su poder cualquier tipo de arma de fuego comercial, procediera a realizar los trámites correspondientes para su registro, presentando la documentación respectiva con excepción a la factura de venta de La Armería, la cual no sería necesario presentar en dicho tiempo. En el primer párrafo del artículo 2, regulaba la posibilidad de inscripción de armas de fuego sin la necesidad de la presentación de factura de compra, refiriéndose a aquellas armas que la ley catalogaba como permitidas su tenencia y portación previo permiso de autoridad competente, enumeradas en el artículo 7 de la Ley de Armas. - El plazo de un año de “veda” o de gracia que anunciaba el artículo 2, comenzó a correr en fecha 05 de octubre de 2013 y venció el 05 de octubre de 2014. 7. Decreto No. 063-2014: El artículo 1 concedió prorrogar de la vigencia del decreto No. 184-2013, por un período de seis (06) meses, a partir del vencimiento de dicho decreto, con el objeto de que toda persona que tuviera en su poder cualquier tipo de arma de fuego proceda a realizar los trámites de registro, debiendo presentar toda la documentación pertinente a excepción de la factura de compra en La Armería. El término de prórroga comenzó a correr el día siguiente al vencimiento del plazo señalado en el decreto 184-2013, es decir el 06 de octubre de 2014, venciéndose el 06 de abril de 2015. 8. Decreto No. 060-2015: El Legislador nuevamente, dispone en el artículo 1 prorrogar el decreto No. 063-2014, a partir de su vencimiento y hasta el 31 de diciembre de dos mil quince, con los mismos efectos. 9. Decreto No. 052-2017: El legislador decretó conceder el beneficio de amnistía desde el 04 de agosto de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2018, para que todas las personas que no hayan realizado el registro de cualquier tipo de arma de fuego comercial y que no posean la factura de la venta de La Armería, procedan con la documentación restante a realizar dicho registro. Existe controversia sobre los alcances que en materia penal han tenido los Decretos Legislativos enumerados durante el tiempo en que estuvieron en vigencia (no se olvide que se trata de leyes temporales); controversia que ha sido sometida a conocimiento y resolución de la Corte Suprema de Justicia en no pocas ocasiones, existiendo ya a la fecha un criterio definido, tanto en la Sala de lo Constitucional como en la Sala de lo Penal: i) Sala de lo Constitucional: En sentencias del 09 de agosto de 2017 emitidas en los Exp 0283-2015 y 0688-2015 y en sentencias del 16 de mayo de 2017 de los Exp 198-2016 y 329-2016 la Sala de lo Constitucional, tras haber desarrollado posturas diferentes sobre el tema, declaró apartarse de su propia doctrina legal, refiriendo que el dilema es una cuestión de mera legalidad que debe ser resuelto en instancia y no mediante la garantía constitucional de Amparo, por lo que consideró que a partir de esa fecha lo procedente es sobreseer todas las acciones de amparo que se refieran a este tema en específico; de este modo la Sala de lo Penal es la llamada para resolver el diferendo de criterios jurídicos. ii) Sala de lo Penal: A partir del año 2018, apelando al Método Dogmático de interpretación de las normas jurídicas, ha determinado que los Decretos Legislativos In Comento son normas de índole administrativas cuyo ámbito de aplicación son en esa materia sin que tengan conexidad, mucho menos incidencia en el derecho penal. Recordemos que manda el artículo 17 del Código Civil que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención de legislador”. Los decretos de veda o amnistía tuvieron como propósito establecer condiciones especiales para motivar a la población del territorio hondureño regularizar su posesión de armas de fuego, sea obteniendo el permiso de la autoridad pública sin la presentación de la documentación que normalmente se exige, sea entregando, sin responsabilidad, algunas armas de tenencia prohibida. En específico el Decreto Legislativo No. 184-2013 y sus descendientes decreto No. 063-2014 y No. 060-2015, procuraron en su vigencia que los poseedores de cualquier arma de fuego de carácter comercial que no poseían factura de venta procedente de la Armería, tuvieran la posibilidad de inscribirla en el registro correspondiente y obtener la autorización para la portación de tales armas; dicho decreto no despenaliza bajo ningún concepto la tenencia ilegal, tampoco suspende su positividad o determina suspenso de antijuricidad de la conducta; en general no tiene por finalidad permitir la impunidad de esta tipología de delitos de peligro abstracto, sino que el fin expreso y taxativo del mismo es promover el registro de armas de fuego en poder de los particulares, para efectos de que el Estado obtenga control del parque de armas de fuego circulantes en el país, en efectivo cumplimiento de las políticas públicas y de la seguridad jurídica como valor constitucional fundante del Estado de Derecho. El Decreto No. 184-2013 (tema del Recurso de Casación que nos ocupa), se concedió un plazo de tiempo para que las personas pudiesen obtener su permiso de portación y tenencia de arma de fuego comercial o de uso personal, esto no debe entenderse como “carta blanca” en donde la persona pudiese desplazarse impunemente en el territorio nacional, portando un arma de fuego en lugares y en tiempos en donde revela que su intención no es hacer el trámite para su registro, sino el de poner en peligro abstracto el bien jurídicamente tutelado: la seguridad interior del Estado de Honduras. Sobre el tema la Sala de lo Penal en sentencias de fecha 20 de febrero de 2019 emitida en el Exp 338-2015, de 02 de abril de 2019 emitida en el exp 170-2015 y en el Exp 240-2015, de 20 de febrero de 2019, emitida en el Exp 224-2015, entre otras, ha dejado plasmado que el Decreto legislativo 184-2013: “autoriza la entrega y/o registro, según el caso, sin responsabilidad penal, pero en ninguna manera permite la simple portación de un arma de fuego o deja sin positividad el tipo penal elegido por el A quo. En conclusión para que este precepto (Decretos Legislativos) tenga aplicación al caso de autos, resulta necesario en principio que quien lo invoque se halle al momento de la comisión del hecho bajo el imperio o vigencia concreta de esta disposición, en otras palabras, para que una persona sorprendida portando un arma de fuego sin permiso de la autoridad competente, pueda ampararse en esta disposición y no le sea aplicado el artículo 332B del Código Penal, es necesario que al momento de producirse la portación ilegal se encuentre en vigencia la norma que autoriza el plazo de un año para registrar el arma y que de su conducta se muestre la intención de hacer entrega del arma, ya sea para su registro o destrucción a la autoridad competente.”. Conforme a lo apuntado, las diferentes consideraciones legales del Tribunal de Sentencia fueron apreciadas desde perspectivas no autorizadas por la doctrina científica ni la doctrina legal, todas ellas que en conjunto fundaron la decisión a la que por unanimidad arribaron los señores Jueces; el a-quo a interpretado los decretos de veda dándoles un alcance dentro de la materia penal que no tienen, determinando que éstos contenían una derogatoria tácita del artículo 332-B del Código Penal cuando ello no es así, como se ha explicado. C.- Leyes Penales Intermedias El tema de leyes penales intermedias se presenta cuando se produce el conflicto de leyes penales en el tiempo.- En principio la ley penal aplicable a un hecho es aquella que se encontraba en vigencia al momento en que éste se realizó, lo que es conocido como Principio de Identidad de la Ley; sin embargo y como excepción, es posible la aplicación de una ley vigente al momento de juzgamiento a un hecho anterior a su vigencia, es decir una aplicación retroactiva en el tiempo, siempre que ésta nueva ley sea más favorable para el acusado que aquella que corresponda aplicar conforme al principio de identidad de la ley, lo que se conoce como principio de retroactividad de la ley penal más favorable.- Ahora bien puede ocurrir extraordinariamente que entre el momento del hecho juzgado y el momento del juzgamiento se haya puesto en vigencia y luego derogado una tercera ley, una ley que estaría en medio entre aquella que estaba en vigencia al momento del hecho y aquella que está en vigencia al momento de juzgamiento; a esta ley que “vivió y murió” en medio se le conoce como Ley Intermedia; de tal forma que el juzgador tendría en su haber tres leyes: i.- ley que estaba en vigencia al momento en que el acusado cometió el hecho; ii.- Ley que entró en vigencia después del hecho, pero que fue derogada antes del juzgamiento de ese hecho; iii.- Ley vigente al momento del juzgamiento. Las leyes intermedias no deben de ser confundidas con las leyes penales temporales, que son aquellas emitidas por el legislador con una vigencia preestablecida, es decir que al momento de creación de la ley el legislador de antemano establece el tiempo en que ésta tendrá el carácter de obligatoria; En las leyes temporales no existe un decreto posterior que determine su derogatoria, pues la disposición de tiempo de vigencia se encuentra ya definida desde su creación. Los Señores Jueces de Sentencia han errado al señalar que los decretos de veda obedecen a lo que se conoce como leyes intermedias dado que: i.- Son leyes temporales, al tener un tiempo de vigencia preestablecido en la misma ley al momento de su creación; ii.- Los decretos de veda no son de carácter penal, sino administrativo que eximían a las personas de presentar cierta documentación para efectos de hacer el registro de un arma de fuego permitida. D.- Retroactividad de la Ley Penal más Favorable En el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras se establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado".- Como se ha mencionado, el tema de trasfondo es el conflicto de normas en el tiempo, en donde el Juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de Juzgamiento, debiendo como regla general aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto realizo la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente la norma al momento de juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable); En ese sentido las leyes intermedias no son aplicables de manera retroactiva, pues ésta no está vinculada con ninguna con el caso concreto, dado que no estaba vigente al momento del hecho ni tampoco llego a estar vigente al momento de juzgamiento; las leyes intermedias no entran en conflicto con ninguna otra pues no están llamadas a gobernar los casos producidos previo a su vigencia, ni tampoco los caos juzgados de manera posterior. En el caso concreto los juzgadores señalaron que si bien el acusado Ángel Antonio Murcia Villamil, fue aprehendido el 17 de octubre de 2014, una fecha en que ya había perdido vigencia el Decreto de Veda 184-2013, de manera posterior el Congreso Nacional aprobó otros decretos de la misma naturaleza, que estuvieron en vigencia en el periodo de sustanciación del proceso penal (Decreto No. 063-2014 y No. 060-2015) por lo que aun cuando no estuvieron vigentes al momento de emitir la sentencia los juzgadores consideraron que eran aplicables al caso concreto (f. 156 v.).- Tal criterio del a-quo resulta doblemente desatinado, pues los llamados decretos de veda, no solo no tienen la calidad de leyes penales, ni la calidad de leyes intermedias, lo que impide su aplicación retroactiva, sino que además, en el supuesto de que lo fuesen, no serían procedente su aplicación retroactiva por no estar dentro de la formula del conflicto de normas en el tiempo: *No es sería posible aplicar a futuro el Decreto No. 184-2013, pues éste no estaba vigente al día 17 de Octubre de 2014, cuando fue aprehendido el acusado; *No es procedente aplicar retroactivamente los decretos No. 063-2014 y 060-2015, pues estos no estaban en vigencia al momento de la aprehensión del acusado, ni tampoco al momento de su juzgamiento. De la Procedencia Recurso el Recurso es de Recibo.- Hasta el momento este Tribunal ad-quem ha señalado los defectos contenidos en la Fundamentación Jurídica, corrigiendo toda aquella consideración equivoca hecha por los jueces de sentencia, como ser la mala interpretación sobre los alcances dentro del derecho penal de los Decretos de Veda, la errada concepción de lo que debe de considerarse leyes intermedias y su aplicación de manera retroactiva; empero todo ello no completa el estudio del caso para la resolución de la impugnación que se ha formulado contra la sentencia, dado que el proceso de revisión exige la confrontación de la fundamentación fáctica con la norma penal sustantiva que se denuncia como aquella indebidamente no aplicada, es decir la comprobación de la existencia de identidad o no entre el ámbito situacional fijado en el supuesto de hecho previsto y la narración histórica tenida como probada y considerada como verdad absoluta.- Para esta tarea primero necesario hacer la confrontación entre la norma penal denunciada y los hechos declarados probados. Señala la Sentencia objeto de casación que el día 17 de Octubre de 2014, en el Municipio de Villanueva, Departamento de Cortes, el Señor Ángel Antonio Murcia Villamil, fue aprehendido por elementos de la entonces Dirección Nacional de Investigación Criminal DNIC, encontrándosele en su poder un arma de fuego, tipo revolver, marca Smith & Wesson, modelo 10, calibre 38 especial, en buen estado de funcionamiento, mecánico y operativo, sin que el Señor Murcia Villamil portase permiso de autoridad competente para su detentación (f. 152). Los hechos descritos al ser contrapuestos con el supuesto que describe el artículo 332-B del Código Penal se colige que existe una coincidencia exacta de los elementos objetivos y subjetivos, ello porque el acusado el día en mención estaba portando un arma de fuego cuyo comercio es lícito según disponía el artículo 7 de la Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones Explosiones y otros similares, misma que se encontraba en buen estado de funcionamiento, tanto mecánico como operativo, por lo que tiene la capacidad de detonar cartuchería calibre .38 milímetros, sin que el acusado tuviese autorización extendida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad Pública, por conducto de la Oficina de Registro de Armas de Fuego. El acusado entonces, detentaba el arma de fuego al margen de la ley, con conocimiento y voluntad de ello, aun cuando tenía la posibilidad de conducirse dentro de la legalidad inscribiendo el arma de fuego. Es de mencionar que a la fecha en que el acusado realizó la conducta descrita, se encontraba en plena vigencia el artículo 332-B del Código Penal, siendo parte de conjunto de normas positivas, de carácter sustantivas, llamadas a gobernar el hecho en concreto, pero que indebidamente el Tribunal de Sentencia dejo de aplicar, ello como consecuencia de un erróneo criterio la naturaleza de los decretos de veda y su alcance, por lo que el recurso de casación debe de ser atendido. Decisión A lugar el motivo único del Recurso de Casación por Infracción de Ley. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; y 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el recurso de casación por infracción de ley en su único motivo, interpuesto por el Ministerio Público.- Segundo: Se Casa Parcialmente la Sentencia de fecha nueve de junio de dos mil dieciséis (f. 151) dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes.- Tercero: Se Reforma la parte dispositiva de la sentencia casada en los siguientes términos: Primero: Revoca el numeral primero, por lo que se debe de condenar y se condena al Señor Ángel Antonio Murcia Villamil, como autor responsable de un delito consumado de Portación Ilegal de Arma de Fuego de Uso Personal, en perjuicio de la Seguridad Interior del Estado de Honduras, imponiéndosele una pena principal de tres años de reclusión y las penas accesorias de inhabilitación especial e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de la libertad; además de estar sujeto el reo en trabajar en labores dentro del establecimiento penitenciario en donde cumpla la pena, conforme lo estipulado en la Ley del Sistema Penitenciario Nacional; siendo adicionalmente deducible la responsabilidad civil derivada del delito por el cual se le ha encontrado culpable, misma que deberá de ser exigida y cuantificada en la etapa de ejecución de la sentencia.- Cuarto: Se declaran Firmes y Ejecutables los demás pronunciamientos contenidos en la parte dispositiva de la sentencia.- Y Manda: Que la Secretaria del Despacho, después de notificar debidamente a las partes de esta sentencia, devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de septiembre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-508-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1] Circular FGR-ATI N°1 Policía Institucional 29 de octubre 2013.