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Sentencia CP-501-17 — Registro 13265

Resumen

En primera instancia se condenó a los imputados como autores del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, resolviendo en segunda instancia No Ha Lugar el recurso de casación y declarando la no procedencia de la retroactividad de la ley penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"... De la procedencia del Primer Motivo. - EL PRIMER MOTIVO NO ES DE RECIBO. El recurso es defectuoso pues primero se señala que el defecto consiste en que la valoración intelectiva hecha por el Tribunal de Sentencia, es decir los razonamientos judiciales construidos en torno a la valoración de la prueba, son defectuosos por contrariar el principio lógico de derivación, al carecer de razón suficiente; pero en el desarrollo del recurso el recurrente se ocupó de plantear lo que consideró contradicciones en el contenido de la prueba de cargo. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, aun cuando es ordenado en el planteamiento, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porqué las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe ser desestimado..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil veinte, el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian En nombre del Estado de Honduras La siguiente sentencia en los Recursos de Casación SP-501-2017 por por Quebrantamiento de Forma, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual: Primero: Condenó a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, como autores del delito de Facilitación de los Medios de Transporte para el Tráfico o Consumo de Drogas, en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, a la pena de siete años de reclusión; Segundo: Condenó a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, a una multa de sesenta mil lempiras, también como pena principal; Tercero: Condenó a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Cuarto: Se declaró la responsabilidad civil de los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera; Quinto: Se ordenó mantener la medida de prisión preventiva impuesta a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, hasta que la sentencia adquiera carácter de firme; Sexto: Se exoneró de costas procesales y personales a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera; Séptimo: Decretó el comiso de 1.- Una bolsa plástica negra que contiene una bolsa plástica transparente con un peso neto total de 56,8g de hierba seca; 2.- una bolsa plástica transparente firmada y sellada, cerrada con cinta adhesiva color café que contiene una bolsa plástica rosada con 9 envoltorios de papel aluminio con un peso neto total de 0,44g de piedras blancas; 3.- una bolsa plástica transparente firmada y sellada, cerrada con cinta adhesiva color café que contiene una mochila color azul, amarillo y blanco con logo “Fcb, Fc Barcelona” que contiene un short color rojo y en el interior de la bolsa izquierda 12 envoltorios de papel periódico con un peso neto total de 11,7g de hierba seca, y; 4.- una motocicleta color negro marca HAOJIN, sin placa con número de motor HJ157FMJ-A 140453691 y chasis LZL15P602EHD53691. Son partes en única instancia: El Abogado José Antonio Chavarría Aceituno, en su condición de defensor privado del señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera, como parte recurrente y la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como parte recurrida. Hechos probados de la instancia Primero: El día miércoles 28 de enero del año 2015, en horas de la tarde se recibió denuncia a la Policía Nacional de Nacaome Valle, en la cual se informaba que en la aldea “Las Pavas” municipio de Langue departamento de Valle, específicamente en el campo de fútbol se encontraban dos personas del sexo masculino comercializando droga, razón por la cual se formó un grupo de apoyo por parte de las autoridades de la Dirección Nacional de Investigación Criminal en conjunto con la Policía Nacional, con el objeto de investigar la denuncia. Segundo: Al llegar al campo de fútbol, los agentes procedieron a requerir a las personas que se encontraban practicando fútbol para realizarles un registro personal, encontrándole al señor Melvin David Reyes Cabrera una bolsa color rosado con blanco con nueve envoltorios de papel aluminio conteniendo en su interior piedras pequeñas supuesto crack; al mismo tiempo, en una de las motocicletas que estaban estacionadas alrededor del campo, propiedad de Melvin Reyes, se encontró debajo de la montura de la motocicleta una bolsa de plástico transparente color negro que en su interior contenía una bolsa plástica transparente con hierba seca supuesta marihuana. Tercero: Siguiendo con las investigaciones, los agentes procedieron a registrar las mochilas que se encontraban a orillas del campo, encontrando dentro de una mochila color azul y amarillo propiedad de Jayron Ariel Alvarado, una calzoneta color rojo perteneciente a Wilmer Mauricio Amador Cabrera, en la cual, en la bolsa izquierda de la parte delantera de la calzoneta se encontraron doce (12) envoltorios de papel periódico conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana. Cuarto: En fecha dos de febrero del año dos mil quince se realizó evaluación toxicológica, a la evidencia incautada por parte del Laboratorio Químico Toxicológico de Medicina Forense con número de registro00811, elaborado por la perito forense Rosina Morales, quien estableció que la hierba seca incautada a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera es marihuana no apto para consumo personal inmediato; al mismo tiempo sobre las piedras decomisadas Melvin Reyes el dictamen concluyó positivo para cocaína crack. Recurso de Casación.- Motivos y Argumentos Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma Motivo Primero: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la Sana Crítica. Precepto Autorizante Articulo 362 No.3 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El juzgador consideró dictar una sentencia condenatoria, al estimar que la prueba de cargo resulto ser suficiente para demostrar la versión del acusador, violentando con ello el precepto penal adjetivo que se invoca como infringido, es decir, el Artículo 202 del Código Procesal Penal que establece que: “Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica, El órgano jurisdiccional formara su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida;” ; obligatoriedad que se revalida en el numeral 2 de la regla Cuarta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicios graves que atentan contra las Reglas de la Sana Critica, por cuanto la conclusión dispositiva del A quo en cuanto a la condena por la infracción penal del delito de Facilitación De Los Medios De Transporte Para El Tráfico De Drogas procedió del proceso intelectivo de valoración probatoria, evidentemente infringe la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, ya que su decisión carece de sustento proveniente del contenido de la probanza evacuada en el juicio; lo cual se hace de manifiesto al momento de valorar de forma armónica y conjunta, en el cual después del análisis practicado a las mismas, no extrajo las conclusiones de estas se derivan. Expuesto lo anterior, veamos en qué consisten los vicios, de valoración de la prueba en que incurrió el sentenciador de instancia; analizando el contenido de la prueba de cargo, lo cual se efectúa a continuación: Valoración de la Prueba Segundo: 1.- Declaración del Testigo Jose Miguel Merlo Zuniga. “Segundo: Se presentó el señor José Miguel Merlo Zúñiga, en su condición de testigo del Ministerio Publico quien en su deponer dijo: Que en fecha 28 de enero del 2015, él se encontraba en la oficina de la DNIC, cuando se recibió una llamada que en la aldea Las Pavas del Municipio de Langue, en el Departamento de Valle habían unas personas vendiendo droga; ..., y observaron un campo de futbol; dijo que ahí se encontró a dos personas con alias “catracho” y “ronco”; que se les dio detención por que a uno de ellos se les encontró marihuana y al otro unos envoltorios con supuesta droga crack. ... A preguntas del Ministerio Público contesto: que los sospechosos se transportaban en una motocicleta, ... ; que en una mochila se encontró droga, y le pertenecía a Melvin alias “catracho”;...”…A las preguntas de la defensa contestó: Que fue “Antonio Serrano fue la persona que registró a Melvin, y que dentro de la mochila de él se encontró marihuana;”; (lo resaltado es nuestro) Tercero: Se evacuó prueba documental consistente en acta de decomiso, el cual fue elaborada por el señor José Miguel Merlo Zuniga y que obra a folio veinte (20) de los autos , el cual en su parte conducente establece: “Acta de decomiso o secuestro...,, En aldea Las Pavas, departamento de Valle a los 28 días del mes de enero del año 2015 siendo la 17:20 horas de la tarde, los agentes de investigación: Daniel Bonilla, Miguel Merlo, ...Expresando el Agente que reconoce su contenido y su firma en dicho documento. ... A las preguntas de la Defensa dijo: que el acta de decomiso la elaboró en la oficina de la DNIC, y una vez realizada se le entrego, …, manifestó el testigo que la motocicleta se guardó dentro de la oficina de la DNIC, para que su compañero Marvin López realizara la inspección. (Lo resaltado es nuestro) Comentarios A Los Medios De Prueba Testifical Y Documental Del Agente Jose Miguel Merlo Zuniga: Dicho Agente de Investigación en su declaración testifical dice: A preguntas del Ministerio Público contesto: ...en una mochila se encontró droga y le pertenecía a Melvin alias “catracho”; y más adelante dice: A las preguntas de la defensa contestó: Que fue “Antonio Serrano fue la persona que registró a Melvin, y que dentro de la mochila de él se encontró marihuana;” ; es claro que el Juzgador no se percata que Los Testigos de la Defensa, La Declaración Voluntaria del Imputado Señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera quien acepta el hallazgo de dos envoltorios de yerba seca, los Testigos de Cargo José Antonio Serrano Nieto, Darwin Yovany Gutiérrez Marvin Bonilla, todos ellos aseguran que en la Mochila Relacionada se supone se encontraron envoltorios con supuesta marihuana no pertenecía a Melvin David Reyes Cabrera, sino a Mi Representado, solamente el Juzgador no se da cuenta de la tremenda contradicción del Agente Merlo Zuniga, pero si les da valor probatorio la declaración testifical del mismo, tal y corno le expresa en s el apartado denominado: “Valoración conjunta de los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico:”. Además este Agente Merlo Zuniga asegura: manifestó el testigo que la motocicleta se guardó dentro de la oficina de la DNIC, para que su compañero Marvin López realizara la inspección, y, más adelante los Testigos de Cargo aseguran que dicha motocicleta en la que se supone se encontró una bolsa conteniendo yerba seca marihuana se dejó AFUERA de la oficina de la DNIC donde se realiza supuestamente la Inspección de dicho vehículo, y, aun así el Juzgador le da valor probatorio a dicha declaración, sin percatarse de que es contradictorio con el de sus Compañeros Policías. (Lo resaltado es nuestro) Valoración de la Prueba Cuarto: Se evacuo prueba documental consistente en acta de decomiso, el cual fue elaborado por el señor José Antonio Serrano Nieto y que obra a folio veintiuno (21) de los autos, el cual en su parte conducente establece: “Acta De Decomiso Y Secuestro... En aldea Las Pavas, Langue, Valle y estando presentes el Sr, (a) Wilmer Mauricio Amador Cabrera…… Se Procede A Decomisar O Secuestro Lo Siguiente: Una mochila color azul y amarillo con leyenda de Barcelona, conteniendo en su interior un chor color rojo de tela, marca Adidas y leyenda España en el cual la bolsa izquierda, parte delantera contiene doce envoltorios de papel periódico conteniendo hierba seca color verde supuesta marihuana y.” ...Expresando el agente que reconoce su firma en dicho documento.” A las preguntas del Ministerio Público dijo: Que la mochila se le decomiso al muchacho que le dicen “El Ronco”, ya que la misma se encontraba en un campo de futbol, ya que al momento de registrarle lo que tenía adentro, se preguntó de quién era y este manifestó que era de él, expresando el testigo que los dos envoltorios que se encontraron en dicha mochila estos venían separados, ...”, más adelante en su declaración dice dicho Testigo: A las preguntas de la Defensa dijo: Que tiene 16 años de laborar para la policía, ... expresando el testigo que cuando reviso la mochila, encontró droga en su interior, siendo una cantidad de 12 envoltorios,... y el joven de alias “El Ronco” le contesto que era de él, por lo que le dio detención, junto a otras siete personas más que fueron detenidas en ese momento, y...” (Lo resaltado es nuestro). Comentarios A Los Medios De Prueba Testifical Y Documental Del Agente Jose Antonio Serrano Nieto: Dicho Agente de Investigación en su declaración testifical dice: A las preguntas del Ministerio Público dijo: Que la mochila se le decomiso al muchacho que le dicen “El Ronco”, ya que la misma se encontraba en un campo de futbol, ya que al momento de registrarle lo que tenía adentro, se preguntó de quién era y este manifestó que era de él, expresando el testigo que LOS DOS envoltorios que se encontraron en dicha mochila estos venían separados, ...“ y A las preguntas de la Defensa dijo: Que tiene 16 años de laborar para la policía, ... expresando el testigo que cuando reviso la mochila, encontró droga en su interior, siendo una cantidad de 12 envoltorios, ... y el joven de alias “ El Ronco” le contesto que era de él, por lo que le dio detención, junto a otras siete personas más que fueron detenidas en ese momento, y ...“ (lo resaltado es nuestro).; es claro que el Juzgador no se percata que Los Testigos de la Defensa declararon que a la vista de más 25 jóvenes jugadores que así como en su Declaración Voluntaria del Imputado Señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera quien acepta el hallazgo de dos envoltorios de yerba seca, el Testigos de Cargo José Antonio Serrano Nieto, , solamente el Juzgador no se da cuenta de la tremenda contradicción del Agente José Antonio Serrano Nieto se contradice en un momento dice que encontró y decomiso dos envoltorios y más Adelante dice que encontró y decomiso doce envoltorios de supuesta marihuana, además dice que por lo que le dio detención, junto a otras siete personas más que fueron detenidas en ese momento, sin percatarse el Juzgador que en todo el proceso está más que claro que el día de los hecho se detuvieron tres personas solamente: Wilmer Mauricio Amador Cabrera Y Melvin David Reyes Cabrera (sentenciado en este mismo caso) y Jairo Ariel Alvarado Ortiz (dejado en libertad sin ser procesado) pero aun si les da valor probatorio la declaración testifical del mismo, y la documental elaborada por el mismo agente, aun y cuando son contradictorias, tal y como lo expresa El Juzgador en el apartado denominado: “Valoración conjunta de los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico:”. Valoración de la Prueba Séptimo: Se evacuo prueba documental consistente en acta de inspección ocular, el cual fue elaborado por el señor Marvin Jovani López Mendoza y que obra a folio veinticuatro (24) al veintiséis (26) de los autos, el cual en su parte conducente establece: “Acta De Inspección Ocular... En la ciudad de Nacaome, departamento de Valle, a los 28 días del mes de enero del año dos mil quince; siendo las 6:35 pm del día miércoles fuimos notificados por un agente de investigación, de la D.N.I.C. de Nacaome, Valle: Edwin Baquedano de la existencia de una Inspecciona Ocular, en la siguiente dirección: barrio María Auxiliadora Nacaome, Valle ........., Primero: se procedió a establecer el caso al que corresponde esta diligencia, tratándose del caso No.16-2015 la denuncia 73-2015 por el delito ... frente a las oficinas de la policía nacional preventiva ... Segundo: Inspecciona realizada a la escena del crimen... El agente reconoció el contenido del acta y su firma en dicho documento.” A las preguntas del Ministerio Público dijo: la inspección no se hizo de inmediato.., que la diligencia se hizo afuera de las oficinas de la Dnic, por que al interior de la oficina la motocicleta no cabe ya que es muy pequeña…” Comentarios A Los Medios De Prueba Documental Del Agente Marvin Jovani López Mendoza: Dicho Agente de Investigación en su declaración testifical como el que hace la Inspección a la motocicleta dice: A preguntas del Ministerio Público dijo: …que la diligencia se hizo afuera. de las oficinas de la Dnic, por que al interior de la oficina la motocicleta no cabe ya que es muy pequeña; ...” en franca contradicción de su compañero José Miguel Merlo Zuniga, quien aseguro que dicha motocicleta se ingresó adentro de la oficina para que se su compañero López Mendoza realizara dicha inspección... ; es claro que el Juzgador no se percata que los Testigos Cargo Darwin Jovani (Yovany) Gutiérrez, Marvin Bonilla, José Merlo se contradicen en sus aseveraciones lo que vuelve poco creíble sus declaraciones, solamente el Juzgador no se da cuenta de la tremenda contradicción de los Agentes, pero si les da valor probatorio la declaración testifical de los mismos, tal y como le expresa en su apartado denominado: “Valoración conjunta de los medios de prueba presentados por el Ministerio Publico:”. Además este Agente Merlo Zuniga asegura: manifestó el testigo que la motocicleta se guardó dentro de la oficina de la DNICg para que su compañero Marvin López realizara la inspección, y, más adelante los Testigos de Cargo aseguran que dicha motocicleta en la que se supone se encontró una bolsa conteniendo yerba seca marihuana se dejó afuera de la oficina de la DNIC donde se realiza supuestamente la Inspección de dicho vehículo, y, aun así el Juzgador le da valor probatorio a dicha declaración, sin percatarse de que es contradictorio con el de sus Compañeros Policías. Además esta Inspección supuesta se realiza sin la presencia del Imputado Melvin David Reyes Cabrera (dueño), ni de su Defensor Privado o Público, sin Fiscal, aun y cuando según ellos y se realiza en las oficinas de la DNIC donde tiene acceso, asistencia por Ley de tales funcionarios, es mas en la Audiencia Inicial aseguraron que la Sra. Claudia Cabrera Madre del imputado Reyes Cabrera estuvo presente, ahora dice que Varios policías estaban presentes, Esto En Franca violación De Los Derecho De Los Imputados, señalamientos que si fueron apreciados por el Juez de Primera Instancia, también en El Requerimiento Fiscal, Audiencia Inicial, y Debate, dicho Agente y Fiscales han ofertado un Álbum Fotográfico que contiene las fotografías que se tornaron al momento de la inspección y nunca fueron presentadas, las excusas han sido “ el estudio fotográfico no las ha entregado” , “ se las entregue al Ministerio Publico” y aun a esta fecha jamás dichas fotos no fueron incorporadas al Expediente de Merito, y, ante las preguntas se está Defensa que donde estaba el comprobante de esa Remisión de Fotografías al MP este Testigo Dijo Que Lo Tenía En Su Casa, todos esto fue alegado por esta Defensa sin que los Jueces tomaran en cuenta, causando agravio a los imputados. Motivo Segundo: No haber observado el sentenciador en la emisión de su resolución, esta disposición refleja la exigencia de absoluta precisión que debe existir en la parte dispositiva de la resolución. - Evidentemente, esta exigencia cobra mayor intensidad cuando estamos ante varios procesados y sobre varias, ya que la individualización de cada uno de ellos y las decisiones que se tomen reflejará seguridad en lo resuelto, lo que, a su vez tomara inequívoco el contenido del fallo. Precepto Autorizante Articulo 362 No.4 del Código Procesal Penal. Explicación Del Motivo: El juzgador consideró dictar una sentencia en su parte resolutiva de la sentencia se omitan elementos esenciales, de la determinación exacta de la pena en el caso de condena; obligatoriedad que se revalida en el numeral de la regla Quinta del Artículo 338 del mismo cuerpo legal. El fallo que hoy se cuestiona por esta vía impugnativa, contiene vicio grave que atentan contra las reglas que obligan al Sentenciador a Individualizar en Forma Precisa al Sentenciado y Pena, por cuanto la parte resolutiva de la sentencia se omiten elementos esenciales, como ser la determinación exacta de la condena del A quo en cuanto a la condena por la infracción penal del delito de Facilitación De Los Medios De Transporte Para El Tráfico De Drogas no es clara ni precisa, evidentemente infringe, ya que su decisión carece de individualización precisa del imputado y la sentencia singular que le infringe; lo cual se hace de manifiesto al momento de emitir su fallo dejando de lado motivaciones ya emitidos por el mismo. Expuesto lo anterior, veamos en qué consiste el vicio, de omisión en que incurrió el sentenciador de instancia; analizando el contenido de la resolución, lo cual se efectúa a continuación: Veamos: En su parte denominada: “Fundamentación Jurídica... Primero: La conducta... Quinto: En fecha... (ver párrafo 3) ... De acuerdo con el Artículo 69 del Código Penal...; en referencia al Wilmer Amador, el Tribunal reconoce que el mismo, no ha sido condenado por delito o falta alguna, según se desprende de la constancia de Antecedentes Policiales ante lo cual, no existe asidero legal para agravar las penas mínimas a su persona… más adelante (ver párrafo 5) ... Por todo lo anterior es procedente aplicar a Melvin David Reyes Cabrera, una pena concreta de siete años de reclusión y una multa de sesenta mil lempiras (L.60,000.00), y, una pena de seis años de reclusión y multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00) a Wilmer Mauricio Amador Cabrera, por el delito de facilitación de los medio de transporte para el tráfico ilícito de drogas, teniendo en cuenta que la pena abstracta en el presente caso oscila entre seis (6) a nueve (9) años y una multa de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00) a cien mil lempiras (L. 100,000.00). Más adelante en: Por todo ello, este Tribunal, por unanimidad, resuelve EN Nombre Del Estado De Honduras: Primero: Condenar a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, como autores responsables penalmente de un delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, en perjuicio de la salud de la población de Honduras, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de siete (7) años de reclusión como pena principal, la cual deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de la Ciudad de Nacaome, departamento de conformidad con la Ley.”, lo que a todas luces es contradictorio y no individualizo la pena concreta a mi Representado dando motivo para casar la Sentencia Pronunciamiento De La Defensa Privada: 1.- En este punto EL Sentenciador no valoro conforme a las reglas de la sana critica las declaraciones contradictorias de los Agentes Policiales, ni las contradicciones que ellas conllevan con las Pruebas Documentales, he igualmente no le dio ningún valor probatorio a los Testigos de la Defensa quienes en todas los momentos procesales fueron contestes asegurando que ante ellos y otra veintena de jóvenes al hacer el registro de la Mochila se encontraron solo Dos Envoltorios De Papel periódico y que mi Representado acepto eran de su propiedad.- El Ente Acusador en este punto de muestra una total falta de objetividad y racionalidad en basar su argumentos tan descabellados pretendiendo que El Juzgador le de otro sentido a la Prueba De Cargo alejado de la Sana Critica de la Prueba. 2.- “El articulo 338 regla Quinta del Código Procesal Penal, establece que “En la parte resolutiva se absolverá o condenará a las personas acusadas, con pronunciamientos separados respecto de cada una de ellas, y de cada uno de los delitos de los que hayan sido acusados, determinando, en caso de condena, la pena correspondiente a cada una de ellas y por cada infracción. ...”, la no observación de este artículo es justamente lo que puede dar lugar al motivo de casación que invoca el impetrante. ... El segundo caso (cuando los hechos no son claros o terminantes) supone la confusión, redacción dubitativa e imprecisión de tal forma que por su insuficiencia u oscuridad, no conduzcan al lector a una conclusión precisa del hecho y el Tercer Supuesto implica al relato factico inconciliable o contradictorio entre sí, de modo que la afirmación de un hecho implique la negación de otro, es un vicio atacable solo dentro del factum de la resolución dirigido a la contradicción “in términos”, en consecuencia, debe el impetrante precisar que vicio del hecho probado ataca y realizar su fustigación en los hechos probados en sí, demostrando como en su opinión se da cualquiera de los supuestos”. En este sentido, la verificación de la existencia de prueba descargo suficiente, requiere un triple Comprobación. En primer lugar, que el Tribunal de instancia haya apoyado su relato factico, en pruebas relativas a la no existencia del hecho y a la no participación de los acusados en él. En segundo lugar. Que las pruebas sean válidas, es decir, que hayan sido obtenidas e incorporadas al juicio oral con respeto a los derechos fundamentales y con arreglo a las normas que regulan su práctica, y en tercer lugar, que la valoración realizada para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la absolución, teniendo en cuenta el contenido probatorio de la prueba de descargo disponible, no se aparte de las reglas de la lógico, de las máximas de la experiencia y de los conocimientos científicos cuando se haya acudido a ellos y que no es, por tanto, irracional, inconsistente o manifiestamente errónea. En el caso bajo examen el juzgador de instancia ha vertido razones suficientes y lógicas, en la fundamentación intelectiva de la prueba incorporada a juicio, con lo que ha logrado formar su convicción judicial, acerca de la no participación de El Imputado en el hecho justiciable por el cual se les juzga. El articulo 338 regla Cuarta numeral 2. Del Código Procesal Penal, establece que: De lo anterior se desprende que la mayoría del Tribunal ha vulnerado las reglas de la sana critica, el de la Razón Suficiente en su postulado de derivación, en tanto que ha vertido razones ilógicas, incoherentes para dotar de valor a la prueba de cargo legalmente incorporada al juicio, ya que el mismo juzgador no ha dejado claro el motivo por el cual las declaraciones de los testigos presentados por la Defensa no tienen valor probatorio y el Agente Fiscal si merecen credibilidad, dichas pruebas de descargo no son contundentes y la valoración realizada por el Juzgador, para llegar a las conclusiones fácticas que son la base de la condena, se aparta de las reglas de la lógica, de las máximas de la experiencia, de tal manera que la motivación externada por la mayoría del tribunal en la sentencia impugnada no presenta que se han infringido las reglas de la sana crítica,. En cuanto a las pruebas periciales el Juzgador ha hecho gala de la Obligatoriedad de Sujetarse al Principio de Legalidad en la que deben ampararse dichas pericias y todo medio probatorio que se allega al juicio por las partes, y, en el caso que nos ocupa el Ministerio Público no ha cumplido tal observación y de dicho principio que es de carácter obligatorio, Por lo anteriormente expuesto consideramos que se infringieron las reglas de la sana crítica, y lo que procede es, por tanto, la admisión de los motivos de casación y la anulación del fallo para que no alcance el carácter de sentencia firme Fundamentación Jurídica De La Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados parte se han comprometido: “a) A garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) A desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) A garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al recurrente de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: a. Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación. b. Legitimidad Subjetiva: Que el recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y c. Satisfacción de Requisitos de Interposición: La recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento en el presente caso. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo ésta su pretensión; la recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además, el recurso de casación debe estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, la recurrente deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó en los casos de Infracción de Ley y quebrantamiento de forma (el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional es ordinario) y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, la recurrente deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto la recurrente deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación. Los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución, previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo; la identificación del motivo de casación lleva al recurrente a derivar el tipo de recurso de casación a interponer. La ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncias vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando la recurrente señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el motivo debe ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación pretendida: es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 1. Explicación del Vicio: Es ineludible para la recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: la claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia meya en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso, pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces, se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación de hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 2. Demostración del Vicio: La recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en que consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera la recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos de la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada. Por ello a dicho Principio interesa lo referente a: a. Derecho de acceso a la justicia; b. Derecho a una resolución fundada en derecho; c. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino de obtener una respuesta ante su interposición; d. Derecho a la tutela cautelar; y e. Derecho a la ejecución. Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos, errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza la Recurrente, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011; del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012; del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011; del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011; del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). Del Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma El Proceso Penal lo constituye una serie de hechos y actos realizados por los sujetos y partes del proceso, mismo que desemboca en una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional resuelve el fondo del conflicto. Para que esta sentencia tenga validez debe estar revestida de legalidad derivada del respeto de las formalidades establecidas en la ley, no solo para la emisión de esta, sino para el curso total del proceso penal; es mediante el respeto de estas formalidades que se asegura el derecho de las partes litigantes y la rectitud del juicio (Art. 90 de la Constitución de la República). Las normas de derecho procesal instituyen un conjunto de reglas a las que el órgano juzgador debe subordinar su actividad, ya que es éste el destinatario de dichas normas, las que le imponen un modo de actuación y regulan su conducta en el proceso (Art. 9 CPP). Si no se cumple con los requisitos establecidos en la ley y se garantiza un juicio justo respetando todas las garantías, formalidades y derechos conferidos y, por el contrario, se ejecutan actos contra la voluntad de la ley, se produce entonces una inejecución de la ley procesal, que puede ocurrir cuando: a. No se ejecuta lo que norma procesal ordena (inejecución in omitiendo), b. Se ejecuta lo que la norma procesal prohíbe (inejecución in faciendo) o c. Se realiza una acción de diverso modo del que dispone la norma procesal; La inobservancia de las normas procesales constituye una irregularidad en el proceso que se denomina actividad procesal defectuosa o defecto de construcción (vicio in procedendo) y que debe de ser objeto de saneamiento cuando proceda (Art. 171 CPP), de subsanación cuando concurran sus presupuestos (Art. 170 CPP) o, en su caso y como remedio último de nulidad 165 CPP). El Recurso de Casación por Quebrantamiento de las Formas Procesales tiene la tarea de comprobar la denuncia hecha por algunas de las partes de una actividad procesal defectuosa que compromete la decisión final, dada en los actos procesales de la etapa de juicio o en la propia sentencia que le contiene y que tiene como sanción prevista por la ley su nulidad ante la imposibilidad de saneamiento o de subsanación, ergo no basta entonces con la presencia de un vicio, sino que se requerirá además: i.- Que la recurrente haya presentado protesta contra el vicio, en el momento procesal oportuno, procurando sanearlo sin éxito (Art. 363 párrafo tercero de CPP); ii.- Que el vicio tampoco sea posible tenerlo por subsanado; iii.- Que el vicio sea de aquellos que tenga como sanción legal la nulidad de la actividad que lo contiene (Art. 362 CPP), planteados como motivos para recurrir.- Los dos primeros requisitos no serán necesarios cuando el defecto se produzca en la sentencia, pues la única forma de protesta sería el mismo recurso de casación. Además de los requisitos señalados, la recurrente debe tener presente que la instancia impugnativa en casación está munida de importantes recaudos formales determinados por la ley que deben cumplirse en su interposición (Art. 363 párrafo tercero CPP) y que pueden ser de diferente naturaleza en atención al defecto procesal denunciado (Art. 362 CPP); ello se debe a que se trata de un recurso extraordinario, que tiene como fin auditar la legalidad de la sentencia y por ende de una gran exigencia técnica. Es de esta forma que con la individualización del motivo se dan las siguientes consecuencias: a. La competencia de la Sala de lo Penal queda circunscrita a los aspectos objeto de impugnación (Art. 350 CPP); b. Es inaplicable el principio Iura Novit Curia, al no poderse suplir las omisiones del recurrente; y c.Es posible la concesión parcial del recurso, cuando la razón solo aparezca en parte de lo alegado en el motivo. Primer Motivo *Norma Autorizante citada: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Motivo: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana critica; *Concepto de la infracción: Infracción a la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente; *Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículos 202 y 338 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y *Pretensión: Se anule el fallo para que la sentencia no alcance la condición de firme. El recurso ha sido interpuesto a favor del señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera, por conducto de su defensor privado, quien señala que la sentencia ha violentado la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, como principio integrante de las reglas de la sana crítica, misma que legalmente debe imperar en el proceso de valoración intelectiva de los medios de prueba que hayan sido evacuados en la audiencia de debate. El recurrente desarrolla el primer motivo haciendo un análisis del contenido de la prueba de cargo (tal y como lo anuncia): *Reproduce el contenido de la declaración testifical del señor José Miguel Merlo Zuniga, a la que contrasta con la prueba documental acta de decomiso (incautación) de una motocicleta; seguidamente hace un análisis privado de los medios de prueba increpando que el juzgador “no se percató” de ciertas contradicciones entre los medios de prueba; *Transcribe parcialmente el contenido del medio de prueba documental acta de decomiso (incautación), de una mochila, elaborada por el señor José Antonio Serrano, luego de lo cual (nuevamente) hace análisis privado del medio de prueba, reprochando que el juzgador no atendió información brindada por medios de prueba de la defensa y de no percatarse la contradicción existente entre el documento y lo dicho por el agente en la audiencia de debate al momento de ratificar éste; y *Hace análisis del medio de prueba inspección ocular realizado por el Juzgado de Letras a una motocicleta; el recurrente hace valoración privada del medio de prueba, indicando respecto al lugar en donde fue guardada la motocicleta los testigos José Miguel Merlo, Darwin Gutiérrez y Marvin Bonilla se contradijeron, sin que de ello se haya percatado el Tribunal de Sentencia. Adicionalmente el recurrente denuncia violación de los derechos de los acusados (sin señalar cual de ellos), al haberse practicado la inspección ocular por parte de la policía a la motocicleta sin presencia fiscal, de la defensa o judicial; también señala que de dicha diligencia se tomaron fotografías, las cuales no fueron presentadas como medio de prueba en la audiencia de debate. De la procedencia del Primer Motivo. - El primer motivo no es de recibo. El recurso es defectuoso pues primero se señala que el defecto consiste en que la valoración intelectiva hecha por el Tribunal de Sentencia, es decir los razonamientos judiciales construidos en torno a la valoración de la prueba, son defectuosos por contrariar el principio lógico de derivación, al carecer de razón suficiente; pero en el desarrollo del recurso el recurrente se ocupó de plantear lo que consideró contradicciones en el contenido de la prueba de cargo. El recurso que hoy nos ocupa, por elección del recurrente, es el de casación por quebrantamiento de forma, mediante el cual se denuncia la concurrencia de un vicio in procedendo consistente en una incorrecta valoración intelectiva de los medios de prueba que fueron reproducidos en juicio, al ser colisionante con el principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente. El recurrente de esta forma fija la competencia de la Sala de lo Penal, pues es lo señalado lo que se identifica como el objeto de la impugnación al que debe darle respuesta, no pudiendo extenderse el pronunciamiento judicial a otros aspectos no alegados, ello al tenor de lo mandado en el artículo 350 del Código Procesal Penal. Es de tener presente que conforme la naturaleza del recurso de casación resulta irrelevante el criterio que pueda generar la prueba al Ministerio Público, al acusador privado, a la defensa, etc. e inclusive al propio tribunal de casación; lo que consideren las partes o la Sala de lo Penal que debió haber sido la valoración de la prueba no es vinculante, sino que lo determinante es el criterio probatorio contenidos en los razonamientos judiciales del Tribunal de Sentencia y si éstos fueron construidos en respeto a las reglas de la sana crítica; ergo el motivo de casación debe concentrarse única y exclusivamente en demostrar que el criterio (valoración intelectiva) del juzgador fue erigido con inobservancia de esas reglas y principios que componen el recto entendimiento humano y no tratar de superponer otra valoración que se considera más propia.- La Sala de lo Penal ha señalado que en casación, como única instancia, solo puede hacer un análisis, y en su caso, censura del proceso intelectivo de la sentencia cuando ésta contenga razonamientos que riñan con las reglas de la sana critica; debe entenderse entonces que el foco de estudio no es la prueba, no es lo que dejó de acreditar o acreditaron los medios probatorios (valoraciones de instancia), sino el razonamiento plasmado por los jueces y los cuales les llevaron a construir los hechos declarados probados. Como consecuencia de lo anterior la exactitud en la confección del recurso de casación por quebrantamiento de forma, tratándose de violaciones a las reglas de la sana crítica debe ser alta: se requiere: i.- identificación del razonamiento judicial vicioso; ii.- la identificación de la regla de la sana crítica que se considere violentada; iii.- exposición del porqué el razonamiento judicial (no la prueba) contiene un vicio de inobservancia o de mala aplicación de la regla de la sana crítica, llegando a su demostración y finalmente; iv.- la explicación del porqué dicha violación tiene una repercusión negativa en la decisión adoptada por el tribunal.- Es un trabajo técnico, bastante preciso, pues a cada razonamiento judicial señalado como vicioso debe hacerse el examen sobre su propiedad y además se debe explicar por qué la conclusión judicial malograda es relevante para la decisión final y por ello dicha decisión fue indebidamente adoptada. Desafortunadamente el recurrente, aun cuando es ordenado en el planteamiento, se da la tarea en exponer lo que considera fueron contradicciones entre el contenido probatorio, limitándose a increpar que los jueces de sentencia no advirtieron éstas en su valoración, pero no procuró reprender la valoración intelectiva, demostrando porqué las conclusiones arribadas fueron erróneamente derivadas, tal y como lo había prometido en el planteamiento hecho en el preámbulo del escrito. El recurso contiene análisis probatorio y no análisis de los razonamientos judiciales; la impugnación se apoya en su mayoría en argumentos construidos en torno a lo que considera el recurrente fueron contradicciones en la prueba, lo que solo podría constatarse mediante una revalorización de la carga probatoria a realizarse mediante la lectura del contenido de la prueba, pero además se tendría que censurar la valoración hecha por el a-quo y reemplazarla por la valoración de la Sala de Casación; en otras palabras, la Sala de lo Penal tendría que convertirse en tribunal de segunda instancia. Esto nos lleva a afirmar que el recurrente acude a esta única instancia con el objeto de conseguir un reexamen o revalorización (revisio de facto) de la actividad probatoria, como medio de atacar el juicio valorativo hecho por el tribunal, pretendiendo que los jueces de casación, sin contar con inmediación (entre otros principios faltantes), valoren un medio de prueba determinado, extraigan conclusiones probatorias y las impongan en la sentencia. El defecto de interposición de recurso es insalvable, por lo que debe ser desestimado. Segundo Motivo *Normas Autorizantes: Artículo 362.4 del Código Procesal Penal. *Motivo: Que se omitan elementos esenciales en la parte resolutiva como la determinación exacta de la pena en caso de condena; *Concepto de la infracción: La pena impuesta al señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera, es distinta a la señalada en la fundamentación jurídica; *Normas Procesales que se denuncian infringidas: Artículo 338 del Código Procesal Penal; *Reclamación Ex Ante: Sin determinar por el recurrente; y *Pretensión: Se anule el fallo para que la sentencia no alcance la condición de firme. El recurrente denuncia que la sentencia omite elementos esenciales en la parte dispositiva, como ser la determinación exacta de la condena que debe cumplir el acusado Wilmer Mauricio Amador Cabrera, como responsable a título de autor de un delito consumado de facilitación de medios de transporte para el tráfico ilícito de drogas.- Explica que la sentencia es carente de “individualización precisa”, dejando a un lado la motivación de la propia sentencia, en donde señala que la pena que corresponde imponer al acusado es de 06 años de reclusión y multa de L50,000.00, pero le condena con imponiéndole la pena de 07 años de reclusión y multa de L60,000.00. De la procedencia del Segundo Motivo. - El segundo motivo no es de recibo. El artículo 362 numeral 4 del Código Procesal Penal, determina como motivo que quebranta la debida forma procesal en la construcción de la sentencia, cuando en la parte resolutiva de ésta se omitan elementos esenciales, entre los cuales está la debida determinación de la pena exacta que se impone a una persona encontrada responsable de un delito; motivo que es el invocado por el recurrente como el que adolece la sentencia impugnada. La sentencia en cuestión, aun cuando no tenga un apartado bajo el título “parte resolutiva”, dedica una sección para dar a conocer las decisiones adoptadas como consecuencia del juicio celebrado.- En el primer y segundo numeral señalan: “Primero: Condenar a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, como autores responsables penalmente de un delito de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas, en perjuicio de la salid de la población del Estado de Honduras, sin que concurran circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, a la pena de siete (7) años de reclusión como pena principal, la cual deberán cumplir en la Penitenciaria Nacional de la Ciudad de Nacaome, departamento de Valle, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley.- Segundo: Condenar a los Señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David reyes Cabrera, a una multa de sesenta mil lempiras (L. 60,000.00), también como pena principal, la que deberán de enterar a la institución correspondiente.”.De la lectura de los dos primeros numerales de la parte resolutiva se desprende que el tribunal de sentencia individualizó las penas principales que deberán cumplir cada uno de los acusados; si bien los jueces no optaron a hacer los pronunciamientos de responsabilidad e imposición de pena por separado, por cada una de las personas condenadas, ello no repercute en la claridad de lo decidido, pues ambos numerales (transcritos), están redactados en plural correspondiendo las penas a cada uno de los acusados señalados; por lo que el defecto denunciado por el recurrente en su segundo motivo es inexistente. Ahora bien, no pasa desapercibido para la Sala de lo Penal que existe una incongruencia entre lo motivado y lo resuelto en torno al quantum de la pena, ello porque mientras que en la fundamentación jurídica los juzgadores señalaron que la pena a imponer al señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera debía ser de 06 años de reclusión y una multa de L50,000.00, en la parte dispositiva se le impone una pena de 07 años de reclusión y una multa de L 60,000.00.- Sobre ello el Ministerio Público, al contestar el recurso de casación, fue del criterio que la disparidad obedece a un error material que debe ser corregido por este ad-quem, en esta sentencia. Desde una perspectiva general el proceso judicial y las resoluciones que se emiten son un producto humano, y como tales no escapan a la posibilidad del error, realidad que ha sido prevista por el legislador previendo vías impugnativas a las que pueden acudir las partes a efecto de que tales errores sean enmendados sea por el mismo tribunal (recurso de reposición), sea por otro tribunal superior (apelación y casación).- Adicionalmente, el legislador ha previsto que existen casos donde los errores no atañen al thema decidendi, sino que se trata de errores conceptuales, de confusión de palabras, matemáticos, gramaticales o de redacción que no causan un vicio que pueda ser enmendado vía recursiva a causa de ausencia de agravios; errores que conocemos como lapsus, palabra en latín que significa “resbalón”, pero que es usada para identificar una equivocación que se da cuando se expresa algo distinto o contrario a aquello que se quería expresar.- En la doctrina se conocen varios tipos de lapsus: i.- Lapsus Linguae: error en el hablar, por la confusión de palabras o conceptos; ii.- Lapsus Calami: Error de pluma, referido como el error al escribir; del cual deriva el Lapsus Clavis que es el error por movimiento mecánico de los dedos al escribir en el teclado de las computadoras. En el contexto procesal, el lapsus calami/ lapsus clavis debe ser manifiesto conforme la trama de la resolución, procediendo su corrección siempre que no implique modificación de la parte dispositiva (cualquier aspecto resuelto en la resolución) pues de ser así no se tratará de un lapsus sino de una decisión judicial que requiere ser recurrida por la vía impugnativa que proceda conforme a derecho.- El artículo 142 del Código Procesal Penal señala que dichos errores pueden ser corregidos en cualquier momento, a petición de alguna de las partes (al igual el Art. 42 del Código de Ética del Profesional del Derecho Hondureño) o por iniciativa del propio tribunal; en cualquiera de los casos la corrección deberá realizarse mediante resolución motivada que explique el error y señale como es corregido.- Tratándose de las sentencias impugnadas en casación, el artículo 360 tercer párrafo y el artículo 379 señalan que la Sala de lo Penal deberá corregir los errores cometidos en la cita de disposiciones legales que sirven de fundamento a la sentencia recurrida que no hayan influido en la parte dispositiva, también deberán ser corregidos los errores materiales en la designación o en el cómputo de las penas o de las medidas de seguridad. Retornando al caso de marras, el Ministerio Público alega que el defecto apuntado obedeció a un error material, pero lo señalado no tiene tal calificación; se trata de una contradicción entre lo motivado con lo decidido que solo es posible reparar mediante la modificación de la sentencia, ya sea en su motivación jurídica donde se hizo fundamento de la pena, ya sea en la parte dispositiva en donde se impone la pena. En cualquiera de los casos, tal modificación requeriría la reforma de la sentencia por parte de esta Sala de lo Penal, haciendo modificaciones distintas a las que podrían realizarse como consecuencia de un Lapsus Clavis, por lo que no es procedente acceder a lo solicitado por el Ministerio Público. Decisión: Desestimar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por la defensa privada. De la Procedencia de la Aplicación Retroactiva del Código Penal 130-2017. – La aplicación retroactiva no es procedente en el presente caso.- A.- Principio de Legalidad El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo “nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa"; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9); De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley"; norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.”. En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de “Lex Praevia”, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. Normalmente se aplica a un hecho la norma que en el momento de su acaecimiento estaba en vigencia, a esto se le llama el Principio de Identidad entre la vigencia formal y material de la ley penal, lo que no conlleva mayor problema al respecto. Se da conflicto de normas por ámbito temporal cuando entra en vigor una nueva ley, que regula las mismas situaciones que regulaba la norma anterior, en forma distinta, por lo que el juez deberá deducir cuál de ellas le beneficia más al reo o procesado. El Principio de Legalidad le prohíbe al legislador promulgar leyes con efecto retroactivo, que declaren prohibida una acción que era permitida al momento de su realización o que se apliquen penas retroactivas más severas a las que al momento del hecho estaban establecidas para el caso determinado, ya que de lo contrario quedaría al arbitrio del legislador contemplar cuales hechos ocurridos en el pasado, a su conciencia, deben ser castigados, por considerarlos post factum lesivos, creando los delitos y las penas para ello.- Los tipos retroactividad de la ley que son contrarios al principio constitucional de legalidad (Roxin, Claus: : Derecho Penal Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito. 1997, Editorial Civistas A.S., España. pg. 141.) son: 1. Cuando un hecho que no era punible en el momento de su comisión sea declarado así retroactivamente; 2. Cuando una acción que ya es legalmente punible sea reformada retroactivamente con una clase de pena más grave (por ejemplo, prisión en vez de pena de multa); o 2. Cuando se agrava la pena señalada para una conducta con otra de la misma clase (por ejemplo, subir de cinco a diez años de prisión una pena). Ahora bien, la retroactividad de la ley solo es prohibida cuando es In Malam Partem, es decir solo cuando la aplicación retroactiva de la norma pueda acarrear un perjuicio para el sujeto activo del hecho, pudiendo aplicarse cuando resulte un beneficio para el mismo, esto es debido a que cuando un hecho es despenalizado o desvalorado disminuyendo su pena o sustituyendo su pena por otra menos gravosa, es debido a que la norma derogada o reformada ha perdido vigencia por considerársele excesiva, inefectiva y/o innecesaria. La nueva ley penal más apacible no solo se debe aplicar a los procesos penales que se encuentren en curso, sino a aquellos en donde ya se haya emitido una sentencia aun en los casos en que ésta tenga el estado de firme, o cuando la persona se encuentre todavía cumpliendo la pena.- Lo anterior crea la necesidad de determinar cuándo una ley entrará en vigencia y cuando es derogada en forma previa, para que el ciudadano pueda acomodar su conducta de acuerdo a la normativa existente. Una nueva legislación penal sustantiva genera un conflicto de normas en el tiempo, en donde el juzgador tiene la disyuntiva de aplicación entre la norma vigente al momento del hecho y la norma al momento de juzgamiento debiendo -como regla general- aplicar aquella que imperaba cuando el sujeto activo realizó la conducta reprochada penalmente (Principio de Identidad), pero excepcionalmente podrá anteponer la norma al momento del juzgamiento cuando ésta haga tratamiento del caso de manera más benévola que su antecesora (Retroactividad de la ley penal más favorable).- En el texto del Artículo 96 de la Constitución Política de Honduras establece que "la Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, el juzgador podrá aplicar retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal; b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar de cada una de las leyes en conflicto temporal los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador; y a. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena; ergo no es posible la aplicación retroactiva de leyes penales: i.- Durante el proceso penal, salvo que se trate de la despenalización de una figura delictiva; y ii.- En los casos en que las penas impuestas hayan sido cumplidas de manera completa por la persona, aun cuando no se haya emitido declaratoria de extinción de la pena. B.- Reglas de ponderación de la norma más favorable en el Código Penal 130-2017 Tal y como manda el principio de identidad, los delitos y faltas cometidos previo a la entrada en vigencia del Código Penal 130-2017 (25/06/2020), se juzgarán conforme las normas del Código Penal 144-1983 salvo que las normas del nuevo código, sean más favorables en su conjunto, en cuyo caso se aplicarán éstas, conforme dispone el principio excepcional de retroactividad de la ley penal más favorable (Art. 615, 1er párrafo NCP).- Corresponde a cada Tribunal, al momento de emitir la sentencia definitiva resolver la aplicación retroactiva o no del nuevo Código Penal (Art. 615, 2do párrafo NCP), y en los casos en donde la sentencia haya sido objeto de recurso devolutivo, la ponderación de la aplicación retroactiva estará a cargo del órgano jurisdiccional competente para resolver éste (Art. 624.3 NCP). El órgano jurisdiccional, en el proceso de ponderación, deberá tener presente que es prohibido la fragmentación de normas (Art. 616 1er párrafo NCP), por ello la comparación de las normas penales no se reduce a la mera comparación de los artículos que contienen los tipos penales; la comparación abarca todas las normas del Código Penal 144-1983 con las del Código 130-2017(Art. 616 CP): *Determinación de la pena concreta conforme al CP-144-83; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; *Determinación de la pena concreta conforme al CP-130-2017; circunstancias atenuantes, agravantes, pena abstracta y beneficios penitenciarios; y *Elección de la pena más favorable al caso concreto y, con ella, elección de la legislación a aplicar. Cuando en la sentencia impugnada por un recurso devolutivo se aprecie una pena no concursada, se procederá a la comparación de la pena concreta impuesta conforme al CP-144-83 con la pena abstracta conforme al CP-130-2017, bajo las siguientes reglas: *Si la pena privativa de la libertad (reclusión/prisión), está contemplada como sanción en ambas legislaciones: i.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii.- No procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el CP-144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del CP-130-2017; iii.- Procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; o *Si la sanción impuesta conforme al CP-144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el CP 130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del acusado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con ello si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán ser ordenados por el tribunal previo a la decisión. C.- Ponderación en el caso concreto. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en casación, a los señores Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera, como autores responsables de un delito consumado de facilitación de los medios de transporte para el tráfico o consumo de drogas en perjuicio de la Salud de la Población del Estado de Honduras, se les impuso como penas principales: siete (07) años de reclusión y multa de sesenta mil lempiras (L60,000.00), más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias penales de comiso, trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta reprochada a los acusados está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de tráfico de droga por posesión para el transporte (Art. 311), cuya pena es: i. De 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, si se trata de drogas que no causan grave daño a la salud, los cuales son: los derivados del cáñamo índico o americano y los derivados del cannabis sativa índica o americana; o ii. De 07 a 10 años de prisión y multa de 100 a 500 días , si se trata de drogas que causen grave daño a la salud, siendo éstas las enumeradas en las listas de Estupefacientes o preparados: I, II y IV (Lista de Estupefacientes sometidos a fiscalización internacional o lista amarilla: https://www.incb.org/documents/Narcotic-Drugs/Yellow_List/58th_Edition/Yellow_List SPA.pdf) de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes; Nueva York, 31 de marzo de 1961 y su Protocolo de modificación; y en las listas de sustancias psicotrópicas: I, II, III y IV (Lista de Sustancias Psicotrópicas sometidas a fiscalización internacional o Lista Verde: https://www.incb.org/documents/Psychotropics/forms/greenlist/Green_list_SPA_08676.pdf) del Convenio de Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del 21 de febrero de 1971. Las penas por imponer serán de 10 a 15 años de prisión y multa de 300 a 500 días, cuandola cantidad de droga sea de especial importancia (Art. 312.5 NCP), entendiéndose como tal: i.- Diez mil (10,000) gramos de marihuana; ii.- Mil (1,000) gramos de hachís; iii.- Dos mil (2,000) gramos de cocaína; iv.- Dos mil (2,000) gramos de alcaloide derivado de la cocaína; v.- Sesenta (60) gramos de opio o de sus derivados; vi.- Doscientos (200) gramos de droga sintética; o vii.- Cuatrocientos (400) mililitros cuando la droga sintética se encuentre en solución. En el caso del Señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera, conforme los hechos probados, se encontraba en posesión de 11.7 gramos de marihuana considerada una droga que no provoca grave daño a la salud; cantidad no compatible para el consumo personal inmediato según dictamen de medicina forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días.- Entretanto el acusado Melvin David Reyes Cabrera, se encontraba en posesión de 0.44 gramos crack, considerado una droga ilegal de grave daño conforme la Lista Amarilla, (lista I - sección 1), por ser un derivado de la cocaína (Código IDS NC 004) éster (clorhidrato de cocaína y bicarbonato sódico); cantidad que es considerado compatible para el consumo personal inmediato conforme el dictamen de medicina forense; conducta de consumo que no constituye delito conforme el CP170-2013; además el acusado Reyes Cabrera estaba en posesión de 56.8 gramos de marihuana, cantidad que no es considerada para consumo personal inmediato conforme dictamen de Medicina Forense; conducta que castiga el NCP con la pena de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta a los acusados Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera conforme el CP-144-83, al ser de 07 años de reclusión y multa de L60,000.00, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del CP-170-2019 que prevé una pena para la misma conducta delictiva de 04 a 07 años de prisión y multa de 100 a 500 días, con un valor mínimo por día de L20.00 y máximo de L5,000.00 (Art. 53 NCP), lo fija un margen abstracto de multa de L2,000.00 a L2,500,000.00.- Por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del nuevo Código Penal. Por Tanto: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 66 y 616 del Código Penal 130-2017; 362 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Sin Lugar el recurso de casación por quebrantamiento de forma en sus dos motivos, interpuesto por el Abogado José Antonio Chavarría Aceituno, apoderado defensor privado del señor Wilmer Mauricio Amador Cabrera.- Segundo: Declara la no procedencia de la aplicación retroactiva del Código Penal 130-2017, a las conductas reprochadas a los ahora condenados Wilmer Mauricio Amador Cabrera y Melvin David Reyes Cabrera- Tercero: Declara Firme y ejecutable la sentencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete (f. 223), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas en única instancia, deberá devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. Firmas y Sello. José Olivio Rodríguez Vásquez. Magistrado Coordinador. Rafael Bustillo Romero. Magistrado. Miguel Alberto Pineda Valle. Magistrado. Firma y sello MARIA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de junio del año dos mil veintiuno. Certificación de la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso en este Tribunal No. SP-501-2017.

MARIA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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