Sentencia CP-497-16 — Registro 12993
Resumen
Se declara con lugar el recurso de casaciòn interpuesto por la defensa del imputado, contra la sentencia de primer instancia que lo condena como autor del delito de Homicidio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."EL RECURSO ES DE RECIBO .- Son dos los derechos fundamentales que denuncia la Recurrente como los violentados por la decisión judicial, sin embargo en el desarrollo del libelo solo se encuentra argumentación recursiva relacionada con el Derecho/Principio de Inocencia, no identificándose alegato alguno que tenga relación con el derecho a un debido proceso judicial; Por tanto la Sala de lo Penal hará el análisis de lo planteado en el recurso y dirigirá su respuesta en torno al Derecho Fundamental del Principio de Inocencia. En el estudio de la suficiencia probatoria, es importante hacer un recuento de la prueba que fue evacuada en la audiencia de debate para poder determinar si la denuncia de insuficiencia probatoria hecha por la Defensa Pública es procedente; La prueba evacuada y valorada en sentencia fue: 1. Declaración de la Señora Argentina Rodríguez Castro, la que depuso que el acusado llegó a la puerta de su casa un día lunes, entre 10:00 p.m. a 11:00 p.m., diciéndole “tía abrime la puerta”, “mira que hice un cagadal”, por lo que la testigo le pregunto que había hecho, contestándole el acusado “mate a Gatillo, ahorita lo acabo de matar”; refiere la testigo que el acusado andaba dos piedras en las manos y la camisa “tirada al lomo” (sobre uno de sus hombros); que después de un momento el acusado le dijo “no me queres abrir, me voy a la pija”, 2. Declaración del Señor Oscar Javier Zamora, el que indicó que vivía en la Colonia Nueva España, que estaba haciendo una galera, poniéndole láminas al techo y que alrededor de las 10.00 p.m., llegó el acusado mencionándole que había matado a “El Gato”, que era como le decían al Señor Pedro Félix, por lo que él contestó que iba a tener problemas. Después indica el testigo que se quedó dormido pero que a la 01:00 a.m. regresó el acusado manifestándole que había matado a “El Gato” y luego a las 06:00 a.m., llegó por tercera vez, confiándole el acusado de que de ese problema solo su mamá sabía y que iba hacer todo lo posible que no “saliera a la luz”; Que después que capturaron al acusado la Señora Cándida le amenazó para que no declarara nada; 3. Declaración de la Señora Cándida Rosa Montalván Hernández: Señaló que su esposo Roberto Morales había salido de pesca el día anterior con el acusado y que ambos habían regresado alrededor de las 09:40 p.m.; Además compartió que al día siguiente se levantó a trabajar y que alrededor de las 07:00 a.m., al escuchar el rumor que el acusado había dado muerte al ofendido, se dirigió a casa de su hermana Concepción de María Montalván, madre del acusado, en donde le vio dormido; Según la testigo la Señora Concepción de María le indicó que el acusado no se había levantado durante la noche; 4. Declaración del Señor Carlos Gunera Gunera, agente de la policía nacional preventiva, quien indicó haber recibido denuncia en la Posta de Policía de la Comunidad de Monjaras, que el acusado Willian Montalván, había dado muerte al ofendido; Que debido a ello procedieron darle captura al acusado; 5. Declaración del Señor Paulino Aguilera Gómez, hermano del ofendido.- El testigo detalló que se dio cuenta de la muerte de su hermano cuando se encontraba en la Ciudad de Choluteca; que después del entierro habló con la señora Cándida Rosa Montalván, que es tía del acusado, quien le indició que el propio acusado le había dicho que había matado al ofendido; y 6. Prueba documental dos actas de levantamiento cadavérico.- Una de ellas ratificada por el Señor Marvin Sierra y la otra por el doctor Carlos Méndez: ambos documentos señalan que el Señor Feliz Pedro Aguilera Gómez, murió como consecuencia de traumatismo craneal, con ruptura de huesos de la cabeza y laceración de masa encefálica, provocado por un cuerpo romo. La valoración hecha por el tribunal de sentencia de los medios de prueba descrito generó los hechos que fueron declarados probados: que el día 22 de abril de 2013, alrededor de las 10.00 p.m., el acusado Willian Dionisio Montalván, llego a casa de la Señora Argentina Rodríguez Castro, indicándole que había matado a “Gatillo”; además que ese mismo día, alrededor de las 11:00 p.m., el acusado llegó a donde dormía el Señor Oscar Javier Zamora, diciéndole que había matado al “Gato”, regresando a las 05:00 a.m. del día siguiente pidiéndole que todo quedara entre ellos.- Además el tribunal de sentencia tuvo como probado que el día 23 de abril, a las 06:35 a.m., se realizó el levantamiento del cadáver del Señor Félix Pedro Aguilera Gómez, quien presentaba lesiones en cráneo que le provocaron la muerte. Finalmente se tuvo como probado que el día 26 de abril fue aprehendido el Señor Willian Dionisio Montalván, como sospechoso de haberle dado muerte a una persona, esto tras una denuncia interpuesta por un desconocido en la policía nacional preventiva. Teniendo claro el contexto probatorio así como los hechos que tuvo como probados el tribunal de sentencia, es posible para esta Sala de lo Penal declarar que es acertada la denuncia hecha por la Defensa Pública de que se ha condenado al Señor Willian Dionisio Montalván, como responsable a título de autor de un delito consumado de homicidio en perjuicio del Señor Félix Pedro Aguilar Gómez, aun cuando no existe suficiente carga probatoria que así lo señale.- Como bien lo señaló el tribunal de sentencia, la prueba sobre la participación del acusado en los hechos se reduce a las declaraciones testificales de los señores Argentina Rodríguez Castro y Oscar Javier Zamora, ambos testigos de referencia (Ver ut supra la doctrina legal sobre esta clase de testigos), pues no dan cuenta de hechos que hayan presenciado directamente por sus sentidos, sino que reproducen lo que escucharon de otro, en este caso del acusado Willian Montalván; de dárseles pleno valor probatorio (como así lo hizo el a-quo), los testigos acreditan que efectivamente el acusado llegó a sus casas el día 22 de abril de 2013, en horas de la noche, diciendo haber dado muerte a una persona a la que le dicen “Gatillo/Gato”, que es el sobrenombre por el cual era conocido en la comunidad el Señor Félix Pedro Aguilera; en otras palabras: acreditan haber escuchado del acusado una manifestación, más no acreditan el hecho objeto del proceso penal: que el acusado haya dado muerte al ofendido, pues de este no fueron testigos.- Téngase en cuenta que los jueces de sentencia, al fijar el hecho histórico no declaran como verdad que el acusado Willian Dionisio Montalván haya provocado la muerte del ofendido Félix Pedro Aguilera Gómez, impactándole una piedra en su cabeza, sino que se limitan a declarar como probado lo que el acusado les dijo a los testigos, el hallazgo del cuerpo del ofendido y la denuncia que se interpuso en contra del acusado. Extrañamente, aun con lo anterior, el Tribunal de Sentencia declara que el acusado es culpable del delito de homicidio, lo que es una violación al estado de inocencia del Señor Willian Dionisio Montalván, al no tener esta declaratoria base probatoria insuficiente; el órgano jurisdiccional condena al acusado aun cuando no declara probado que éste haya dado muerte al Señor Félix Pedro Aguilera. Un pronunciamiento de responsabilidad penal y su consecuente imposición de una pena no puede basarse exclusivamente en testigos de referencia. El caso concreto adolece de prueba suficiente que es consecuencia de una investigación ineficiente, desarrollada por la policía nacional y dirigida por el Ministerio Público, quienes se conformaron con las referencias de dos testigos despreocupándose por realizar investigación serie, exhaustiva y eficaz del móvil del delito, instrumento usado para su perpetración, como fue realizado éste y quien fue la persona o personas responsables, tanto por acción como por omisión, así como la determinación de personas encubridoras del delito; aun tales falencias se formalizó acusación en la etapa intermedia, determinando erróneamente el Juzgado de Letras que existía fundamento razonable para la celebración de un juicio oral y público, lo que ahora provoca una sentencia absolutoria...."
Legislación citada
- Código Procesal Penal, art. 361 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. Sentencia En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el Pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán García y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian, En Nombre Del Estado De Honduras, La siguiente Sentencia en los Recursos de Casación SP-497-2016 por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha veinte de octubre del dos mil quince, dictada por el Tribunal de Sentencia de Choluteca y Valle, mediante la cual: Primero: Condenó al señor William Dionisio Montalván, como autor del delito de Homicidio, en perjuicio de Félix Pedro Aguilera Gómez, a la pena de dieciséis años de reclusión; Segundo: Condenó al señor William Dionisio Montalván, a las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, por el tiempo que dure la condena principal; Tercero: Declaró procedente la responsabilidad civil del señor William Dionisio Montalván; Cuarto: Exoneró al señor William Dionisio Montalván del pago de costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. Son Partes En Única Instancia: Los Abogados Alba Regina Paniagua Pacheco y Arnaldo Alcides García, apoderados defensores públicos del acusado William Dionisio Montalván, actuando en su condición de recurrentes; y el abogado Salvador cuestas Arévalo, agente fiscal del Ministerio Público, en su condición de recurrido. II. Hechos Probados De La Instancia Primero: Que el día 22 de abril del año 2013, aproximadamente a las diez de la noche, la señora Argentina Rodríguez Castro se encontraba en su casa de habitación, ubicada en el barrio El Porvenir de la aldea Monjarás del municipio de Marcovia, departamento de Choluteca, cuando llegó Willan Dionisio Montalván, quien tocando a su puerta le dijo que le abriera porque había hecho un “cagadal”, a lo que la señora Rodríguez Castro le preguntó qué había hecho y William Dionisio Montalván le contestó que había matado a “gatillo”, marchándose del lugar. Segundo: Ese mismo día 22 de abril del año 2013, siendo aproximadamente las once de la noche el señor Oscar Javier Zamora se encontraba dormido en una galera que estaba construyendo, cuando llegó William Dionisio Montalván y le dijo que había matado al “gato”, que era como le decían a Félix Pedro Aguilera Gómez, por lo que el señor Oscar Javier Zamora le contestó que iba a tener problemas, seguidamente William Dionisio Montalván se fue del lugar y regresó nuevamente a las cinco de la mañana y le dijo que “todo iba a quedar entre ellos”, por lo que el señor Oscar Javier Zamora le dio cien lempiras a Willan Dionisio Montalván, quien nuevamente se fue del lugar. Tercero: En fecha 23 de abril del año 2013 a las seis con treinta y cinco minutos de la mañana, sobre la carretera pavimentada en dirección a Choluteca, frente Aprocasur, salida de Monjarás, municipio de Marcovia, se realizó el levantamiento cadavérico del cuerpo de Félix Pedro Aguilera Gómez, el cual se hizo constar que el tanatocronodiagnostico era entre diez a doce horas, asimismo describió cuatro heridas abiertas diagonales, de bordes irregulares, ubicadas tres en la región parietooccipital derecha de 2.5 x 0.3 cms cada una y la cuarta herida de 8 xl cms de diámetro en la región occipital izquierda diagonal; otra herida superficial de 2 cms de longitud horizontal sobre borde superior de la órbita izquierda, múltiples escoriaciones en el pómulo izquierdo, hematoma palpebral superior, de ojo izquierdo y otorragia derecha. Cuarto: En fecha 26 de abril del año 2013 una persona llegó a la Posta Policial de Monjaras a denunciar que William Dionisio Montalván, días anteriores, le había quitado la vida a un ciudadano, seguidamente los agentes de la Policía procedieron a la captura de William Dionisio Montalván. III. Recurso De Casación.- Motivos Y Argumentos Casación Por Precepto Constitucional. Motivo Único: Infracción de los Preceptos Constitucionales contenidos en los artículos 89, 90 en relación con los artículos 1, 2 y 202 del Código Procesal Penal Precepto Autorizante. El presente motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 361 del Código Procesal Penal Exposición Del Motivo Primero: Las normas que ha violentado gravemente el Juzgador, son los artículos 89 y 90 de la Constitución de la República que dicen: Artículo 89. “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Artículo 90: “Nadie puede ser Juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece……”. Estas normas constitucionales en relación a lo que establecen los artículos 1 y 2 del Código Procesal Penal que dice: Artículo 1. “Juicio Previo: Ninguna persona podrá ser condenada a una pena ni sometida a una medida de seguridad, sino en virtud de sentencia firme dictada por el órgano jurisdiccional competente, después de haberse probado los hechos en un juicio oral y público llevado a cabo conforme los principios establecidos en la Constitución de la República, los tratados Internacionales de los cuales Honduras forma parte y el presente código y con respeto estricto de los derechos del imputado”. Artículo 2. “Estado de inocencia. Todo imputado será considerado y tratado como inocente mientras no se declare su culpabilidad por el órgano jurisdiccional competente e conformidad con las normas de este código………”. Segundo: El Juzgador al dictar sentencia condenatoria en contra el señor William Dionisio Montalván, a quien se le sigue proceso por el supuesto Delito de Homicidio en perjuicio de Félix Pedro Aguilera Gómez, infringe gravemente los fundamentales derechos referidos en el numeral anterior, afectando con ello la presunción de inocencia y al debido proceso que le asisten al imputado por mandato constitucional, porque el ente acusador no obstante estar obligado a demostrar, fuera de toda duda, la imputación en contra del señor William Dionisio Montalván, produjo un mínimo de actividad probatoria. Tercero: En el presente caso, la probanza utilizada para declarar el cuadro factico de la sentencia se extrajo de la prueba de cargo, misma que no enerva el estado de inocencia de mi representado si analizamos comenzando con la prueba pericial que consiste en el Acta de Levantamiento de cadáver y que fue ratificado por el técnico de inspecciones oculares Marvin Fernando Sierra Vásquez, en el cual se acredita donde se encontró el cuerpo del ahora occiso en un vía publica calle principal que conduce a la comunidad de Monjaras y donde no se encontró ningún indicio y el Dictamen del Acta de Levantamiento Cadavérico el cual fue ratificado por el Médico Forense Carlos Alberto Méndez Ruiz, que dice que el occiso presentaba dos formas irregulares en la heridas que fueron producidas por un objeto romo, seguidamente con la declaración testifical de Carlos Gunera Gunera es solamente un policía que participo en la detención del imputado, la declaración de Oscar Javier Zamora es una declaración que dice que le dijeron, en la misma condición esta Paulino Aguilera que no son testigos presenciales, estas declaraciones contienen alguna información que podría considerarse como indicios de participación de mi defendido, pero no suficiente por si solas para declarar la culpabilidad, de mi representado, por el simple hecho que los testigos no son presenciales. En consecuencia, no se ha acreditado que mi representado haya sido la persona que participo en la comisión del ilícito de mérito. Estas pruebas de cargo traída a juicio, resultan insuficientes e incompletas y no certeras para inculpar a mi representado de la acusación que se le imputa, pues no aportan nada, pues no existe en el presente juicio pruebas periciales, pruebas fundamentales que hubieran aportado elementos suficientes para esclarecer el hecho que se investiga. O sea que en el juicio penal no basta solamente la obtención de la sentencia condenatoria desde el punto de vista formal, para lograr el quebrantamiento del Estado de inocencia del imputado, sino que durante el proceso deben satisfacerse unas condiciones mínimas de juzgamiento que garanticen que esa sentencia condenatoria está legitimada. Algunas de las manifestaciones del presente principio o sea el Estado de inocencia consiste en: a) Que a la acusación le corresponde, mediante presentación de pruebas, demostrar culpabilidad del imputado, lo que implica que el acusado no está obligado a probar su inocencia, b) la obligación en el órgano jurisdiccional de absolver, cuando no se haya probado culpabilidad del imputado, de ello se sigue que se debe absolver en caso de duda, o cuando los hechos no hayan quedado suficientemente probados, y c) Certeza de culpabilidad, que las pruebas del proceso se hayan recibido con las debidas garantías. Así que en el presente caso además de la falencia probatoria mostrada en la sentencia sobre la prueba de cargo analizada, no se encuentra respaldo probatorio en sí mismo, con estos medios de prueba lo único que se acredita es que efectivamente resulto una persona muerta, pero en ningún momento que haya sido mi representado. En consecuencia, se desprende que no se le ha probado a mi representado culpabilidad alguna. Cuarto: De lo antes expuesto y que siendo que es en el juicio oral y público donde los medios de prueba de cargo deben dotar al Tribunal de sentencia de la certeza de la existencia de un hecho, dentro del cual se enmarquen todos los elementos de tipificación legal de un delito, así como la participación del acusado, si esto no se logra con la práctica de dicha prueba solamente procede dictar sentencia absolutoria, porque no existe prueba de cargo válida para condenar al imputado. El derecho fundamental a la presunción de inocencia, además de encontrarse reconocido en nuestra constitución y normas legales secundarias, también lo está en instrumentos jurídicos internacionales suscritos por el Estado de Honduras, como son entre otras, la Declaración Universal de los Derechos Humanos art. 11.1, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2). De todo lo anterior, concluyo que en el presente caso el Ministerio Publico no presentó elementos probatorios suficientes y contundentes o pruebas de cargo válidas, para lograr enervar el estado de inocencia de mi representado, por lo que solicitamos se case la sentencia y en su lugar se profiera otra apegada a la normativa penal citada. IV. Fundamentación Jurídica Recurso de Casación por Infracción Precepto Constitucional El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional; esta Sala de lo Penal ha entendido que se trata de una tercera vía recursiva distinta a las tradicionales de fondo (infracción de ley) y forma (quebrantamiento de forma). Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior[1]. En general, toda norma legal puede engarzarse con una norma constitucional, más el recurso deberá denunciar la infracción de un derecho fundamental, un derecho reconocido en el bloque constitucional o de doctrina legal constitucional, cuando dicha violación haya tenido una influencia decisiva en la decisión del órgano jurisdiccional; En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández De La Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, Rafael Alvarado Manzano, Liticom, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115): “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...”. Entonces los motivos a plantear en este Recurso de Casación, presentados bajo Numerus Apertus, son: 1. Negación de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 2. Aplicación restrictiva de un Derecho Constitucional o que integre el bloque constitucional, o de Doctrina Legal Constitucional, de carácter procesal penal o penal sustantivo; 3. Interpretación errónea sobre la naturaleza y/o alcance de un derecho Constitucional del bloque Constitucional, o sobre una Doctrina Legal Constitucional, que atañe al derecho procesal penal o al derecho penal sustantivo. En una buena técnica recursiva, el recurrente debe hacer mano de este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el Recurso por Infracción de Precepto Constitucional de amplia aplicación (Recurso Ordinario), en contraposición con los recursos de Infracción de Ley, Infracción de Doctrina Penal y Quebrantamiento de Formas Procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (Recursos Extraordinarios). La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del Principio de Convencionalidad y el Principio de Primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Motivo Único *Normas Autorizantes: Artículo 362 numeral 3 del Código Procesal Penal. *Normas Procesales que se denuncian Infringidas: Artículo 202 del Código Procesal Penal; *Concepto de la Infracción: No haber observado el sentenciador en la valoración de la prueba las reglas de la sana crítica; *Reclamación Ex Ante: Imposibilidad al haberse producido el defecto en la emisión de la sentencia; *Pretensión: Sin determinar por la Recurrente. El Ministerio Público identifica al artículo 202 del Código Procesal Penal, como la norma adjetiva que ha sido vulnerada como consecuencia de una incorrecta valoración probatoria hecha por el tribunal de sentencia, recaída en los medios de prueba presentados en la audiencia de debate; afirmando que ello lo que origino se decretase una sentencia absolutoria a favor de los acusados. - Relaciona la Recurrente que como parte de la valoración de la prueba descrita el a-quo señaló: i.- Los dictámenes toxicológicos dan resultados positivos, pero no pueden ser considerados dado que su practica fue ordenada por el Ministerio Público, sin control jurisdiccional y sin participación de la defensa, aun cuando la causa ya se había judicializado; ii.- El dictamen de balística se encuentra realizado bajo los parámetros legales, pero no es posible imponer condena a los acusados, pues al momento en que fueron aprehendidos estaba vigente el Decreto legislativo No. 184-13, el que estableció un periodo de veda para aquellas personas que fueron sorprendidas con un arma de fuego. - Señala la recurrente que tal valoración es contraria al principio lógico de derivación en su postulado de razón suficiente, pues considera que existen elementos probatorios suficientes para determinar que los acusados son responsables de los delitos por los cuales fueron enjuiciados. Censura la Recurrente el criterio judicial, alegando: i.- En cuanto la no valoración del examen toxicológico: el artículo 242 del Código procesal penal establece las facultades del Ministerio público en la etapa preparatoria, lo que es congruente con el artículo 33 de la Ley del Ministerio Público, concluyendo que la pericia se realizó sin vulnerar el derecho de defensa; ii.- En cuanto a la aplicación del Decreto legislativo no. 149-13: no era la intención de los acusados registrar las armas de fuego, sino la de portarlas de manera ilegal, careciendo de soporte legal el señalar que el poseer un arma de fuego sin los permisos correspondientes no constituye delito. Concluye que la valoración efectuada por el tribunal a las probanzas de cargo incorporadas a juicio atenta contra las reglas de la sana critica, en especifico con la regla lógica de derivación en su postulado de razón suficiente, esto porque lo señalado en la valoración no corresponde a su auténtico valor y contenido. Del Derecho/Principio del Estado Material de Inocencia El derecho al Estado de inocencia, proclamado y reconocido por la Declaración Universal Sobre los Derechos Humanos en el artículo 11.1, por el Paco Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el artículo 14.2, por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en el artículo 8.2 y por la Constitución de la República en su artículo 89, desarrollado por el Código Procesal Penal en los artículos 2, 191.2 y 282.5, cuyo contenido establece que toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente, y que no solo debe de estar presente en el proceso penal, sino que debe de respetarse por todo poder público en el desarrollo de sus funciones; Ahora bien en la esfera jurisdiccional este derecho-principio constituye una regla de juicio, endosando el derecho del acusado/a a no sufrir una condena a menos que la culpabilidad haya quedado establecida superando cualquier duda razonable, en virtud de las pruebas obtenidas y reproducidas en juicio con todas las garantías; Por su importancia tal principio ha sido plasmado en el Estatuto de Roma, que establece la necesidad de que los Magistrados de la Corte Penal Internacional estén convencidos, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad que se imputa para dictar una sentencia condenatoria (Art. 66.3). De lo anterior resulta entonces que la condena proferida contra una persona acusada de delito será válida, sin infracción del derecho al estado de inocencia, cuando se sustente en al menos una mínima actividad probatoria considerada de cargo practicada de modo no arbitrario, que permita arribar certeza de la culpabilidad del acusado/a. El Derecho/Principio de Inocencia, por tanto, es un derecho fundamental de la persona humana a no ser condenada sin pruebas de cargo válidas. (Ver al respecto el fallo de fecha 04 de octubre del 2005 en Exp. 2597-2004 de la Sala de lo Penal). El Derecho/Principio de Inocencia está íntimamente relacionado a la base fáctica que dicta la realidad del hecho y la participación que en él haya tenido el acusado/a, incluyendo juicios de inferencia sobre el animus, que en conjunto autorizan la aplicación del Ius Puniendi, pues ningún elemento del delito, sea objetivo o subjetivo, pueden ser presumido en contra de la persona acusada; Por ello el Derecho/Principio de Inocencia está relacionado con el debido proceso probatorio, pues solo los hechos de culpabilidad pueden arrebatarle el estado de inocencia a una persona; Recuerde que el proceso penal tiene por objeto descubrir la verdad real sobre la hipótesis delictiva que constituye su objeto mediante los medios probatorios que las partes aporten al proceso; es precisamente en virtud de ella que el Tribunal se forma la certeza acerca del acontecimiento sometido a su juzgamiento. La prueba es el medio jurídico para adquirir la certeza, que se define como la firme convicción de estar en posesión de la verdad; Para el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, en donde se desafora a la persona acusada de su estado material de inocencia, debe haberse producido un amplio haz probatorio, sólido y concreto, que permita al juzgador, sin vacilaciones y sin dudas establecer la responsabilidad penal del imputado/a con certeza absoluta, más allá de cualquier duda razonable. En el informe No. 50/00 del caso 11,298 del 13 de abril de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha señalado que: “118 […] De todas las garantías judiciales propias del ámbito penal, la más elemental es, quizás, la presunción de inocencia […].”; Por su parte este Tribunal de Casación en fallo de fecha 14 de mayo del 2007 del Expediente 312-2006, declaró que el Estado de Inocencia “… es un estado inherente a la persona humana …”, y que desde el ámbito penal se define como el derecho de todo acusado/a a ser absuelto sino se ha practicado una mínima actividad probatoria de cargo, valida y acreditativa de los hechos en que se funda la hipótesis acusatoria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en la Sentencia de fecha 01 de septiembre de 2011, dictada con ocasión del caso López Mendoza vs. Venezuela ha indicado: 128.- En el ámbito penal esta Corte ha señalado que el principio de presunción de inocencia constituye un fundamento de las garantías judiciales. La presunción de inocencia implica que el acusado no debe demostrar que no ha cometido el delito que se le atribuye, ya que el onus probando corresponde a quien acusa. Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal, de modo que la carga de la prueba recae en la parte acusadora y no en el acusado. Además, la falta de prueba plena de la responsabilidad en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho de defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme […].”. Es de considerar además que esta Sala de lo Penal ha señalado en sentencia del 30 de mayo de 2011, en expediente 304-2010: “La condición jurídica de inocencia dispuesta en la norma constitucional a favor del imputado, establece claramente una presunción legal juris tantum, por cuanto solo puede ser enervada mediante la producción de una mínima de prueba de cargo, aportada por el acusador, en juicio oral y público, con estricta observancia de las reglas del debido proceso. En general corresponde al ente acusador investigar el ilícito, presentar la acción penal pública y probar la imputación criminal; por su parte a la defensa del acusado/a le atañe censurar la actividad probatoria de cargo y ajustarla a la inobservancia de las formalidades, derechos y garantías dispuestos en las leyes a favor del aquel. Lo anterior no impide a la defensa producir prueba de descargo, no para probar la inocencia del acusado/a, que ya se encuentra tutelada por la norma constitucional, sino para desvanecer la imputación presentada en su contra.”. En sede de casación, al alegarse la vulneración de la presunción de inocencia, la Sala de lo Penal tendrá como competencia el verificar si existió una adecuada formación de la convicción de culpabilidad como resultado de la práctica de prueba válida y suficiente, entendiéndose como tal aquella que aunque mínima, ha sido recibida en la vista pública bajo las debidas garantías, y valorada prudentemente por el tribunal de sentencia según las reglas de la sana crítica; así pues en casación se deberá de examinar, en la medida que las partes lo expongan como motivo: (Ver al respecto el fallo de fecha 05 de abril del 2011, en el Exp. 042-2009 de la Sala de lo Penal): a) Licitud de la Prueba: Si las pruebas fueron obtenidas y reproducidas con el respeto a los derechos fundamentales y a los derechos humanos; b) Debido Proceso Probatorio: Si las pruebas fueron practicadas en el juicio con sujeción a los principios de oralidad, inmediación, contradicción, concentración y publicidad; Incluye también verificar que las pruebas practicadas excepcionalmente en la etapa preparatoria, fueron introducidas al debate por el cauce previsto por el artículo 311 del Código Procesal Penal; c) Debida Motivación: Si las conclusiones probatorias del Tribunal sentenciador han sido debidamente motivadas descartando la arbitrariedad (Art. 141 cpp); d) Debido Razonamiento Probatorio: Si el razonamiento de la convicción obedece a criterios lógicos, razonables y vinculantes a la prueba practicada, sin involucrar los aspectos que exigen inmediación, de la cual carece el tribunal de casación; y e) Suficiente Carga Probatoria: Si durante el debate se reprodujeron los suficientes medios de prueba que hayan abarcado los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal reprochado, así como la participación en el hecho del acusado y su grado de culpabilidad en ellos, con la virtualidad de arrebatarle el estado material de inocencia a la persona acusada. Al respecto la Corte IDH en sentencia de fecha 26 de noviembre de 2010, en el caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, determinó que: “183. Asimismo, el Tribunal ha sostenido que tal y como se desprende del artículo 8.2 de la Convención, dicho principio exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista prueba plena de su responsabilidad penal. Si obra contra ella prueba incompleta o insuficiente, no es procedente condenarla, sino absolverla. Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de inocencia, […].”. Escapa al estado material de inocencia los aspectos meramente valorativos de la prueba; el derecho fundamental no puede imponer una determinada valoración al tribunal de sentencia, de la que es libre, siempre que se realice bajo la sombra de las normas del recto entendimiento humano o sana critica; No puede plantearse, mediante la denuncia de violación al estado de inocencia, el desacuerdo sobre criterios valorativos de los jueces sobre la prueba. Insuficiencia Probatoria como causa de la Transgresión al Estado de Inocencia El derecho fundamental en estudio obliga al actor, en el presente caso al Ministerio Público, a presentar una actividad probatoria suficiente que permita desvirtuar el estado de inocencia de la persona acusada y del que goza como una condición interina destruible, pues como se ha señalado ut supra no es legítima la condena que descansa sobre presunciones. Los medios de prueba han de estar encaminados a sustentar la realidad de los cargos de imputación, de su contenido se derivará la culpabilidad del acusado. Como la presunción de inocencia es un derecho pasivo del acusado/a, la atribución de la carga para acreditar los cargos incumbe al Ministerio Público.- Entonces en el control casacional de la presunción de inocencia por insuficiencia probatoria consistirá en la constatación de la existencia de una actividad probatoria sobre todos y cada uno de los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, dejando fuera de estudio la actividad probatoria sobre la culpabilidad de la persona acusada. La suficiencia probatoria, como tema de estudio casacional, versa sobre la estricta acreditación de la realidad material del acto y de su responsable que parte de bases fácticas que arroje la actividad probatoria, constituyendo vicio que el tribunal de sentencia presuma la existencia de elementos constitutivos de delito que sirvan para señalar al acusado como culpable; todos los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal deben de haber sido acreditados con la actividad probatoria, no siendo admisible tampoco que parte del convencimiento judicial haya sido construido con conocimientos privados del tribunal, ajeno a la actividad probatoria. La Sala de lo Penal declarara la insuficiencia probatoria como vicio violatorio del estado de inocencia cuando el tribunal de sentencia arribe a una conclusión que desde una consideración global de la prueba, bajo una perspectiva objetiva y externa, el pronunciamiento condenatoria sea más improbable que probable. El Recurrente debe de plantear el defecto de insuficiencia probatoria como causa de transgresión al estado de inocencia a partir de la totalidad de la actividad probatoria, siendo improcedente basarlo en consideración a hechos o elementos aislados debatidos o acreditados durante el proceso penal, pues la ponderación de suficiencia es en relación a toda la carga probatoria. Un Estado que se llame así mismo democrático de derecho, no puede asumir como un riesgo permitido la condena a personas inocentes para evitar la posibilidad de absolver a personas culpables, pues lo primero implica un abuso intolerable de autoridad en contra de la propia condición humana, mientras que lo segundo es la consecuencia que se debe de sufrir como resultado de un proceso penal con endeble carga probatoria; Absolver a un Culpable es el fracaso de un proceso penal, pero condenar a un inocente es un fracaso de la sociedad entera. De los Testigos de Referencia Los testigos de referencia, conocidos también como “Testigos de Oídas”, son aquellos que informan respecto a lo que escucharon decir a otras personas; es así que el conocimiento que comparten no lo han percibido a través de sus propios sentidos, sino que es aquel del que saben por lo que otros les dijeron, de modo que los testigos de referencia se limitan a repetir lo que escucharon de otro. los testigos de referencia, al ser creíbles, acreditan que una persona dijo algo, más no acreditan que ese “algo” efectivamente haya ocurrido, puesto que no lo han presenciado, por ello los testigos de referencia en el proceso penal son testigos de apoyo, de soporte en relación de los testigos presenciales, respecto a lo que éstos hayan manifestado; sirven para apuntalar la veracidad de los testigos presenciales y nunca para sustituirlos (Art. 199 CPC). (Lo anterior constituye doctrina legal: sentencias de la Sala de lo Penal de fechas: 20 de marzo de 2018 en exp 281-2014, 18 de septiembre de 2018 en exp 329-2014, 20 de febrero de 2019 en exp 139-2015, 25 de junio de 2019 en exp 095-2016). Es de meditar que la declaración de un Testigo Presencial pende en dos variables: capacidad de los sentidos para recibir la información y capacidad de interpretarla, lo que a su vez dependerá de circunstancias preexistentes, como ser: vivencias previas, conocimiento sobre aspectos relacionados con los hechos, estado de ánimo del momento y algunas veces capacidad de memoria y capacidad para poder relatar sus ideas; si la declaración del Testigo Presencial depende de dichas variables, a ellas deben sumarse las del Testigo de Referencia, ya que el relato reproducido por éste no solo pasa por el prisma del Testigo Presencial (origen de la información) sino que además debe pasar por el del Testigo de Referencia (receptor de la información), quien recibe, interpreta y luego la repite. En cuanto a ello, la Sala de lo Penal, en sentencia de 4 de febrero de 2013 del Expediente 105-2010, señaló: “Es importante apuntar, que los testigos de referencia son aquellos que hacen llegar al Tribunal información que escucharon de otros, ya que relatan hechos que no percibieron por sus propios sentidos sino que reproducen lo que otros les informan; para valorar a estos testigos los Juzgadores deberán tomar en cuenta: 1) El Testigo de referencia aporta información que escuchó de otro; este proceso suma variables que determinan la suerte de la calidad de la información que finalmente llega al Tribunal de Sentencia, primero porque dependerá de la capacidad de percepción del testigo primario, de su memoria y de la capacidad de relatar la vivencia al testigo de referencia y en segundo porque dependerá de la capacidad de comprensión de lo que escucha el testigo de referencia e igualmente de su memoria y capacidad para reproducir lo escuchado. También el Tribunal de Sentencia, deberá de tener presente que el testigo de referencia, en mayor o menor medida, incluirá en su relato interpretaciones u opiniones propias a lo que escuchó del testigo primario, siendo tarea de los Juzgadores filtrar las mismas del relato original; 2) La correlación entre la demás prueba aportada y el contenido del relato del testigo de referencia. La fuerza del testigo de referencia se verá apuntada en la medida que éste coincida con el resto de la prueba aportada, en especial si dicho relato es coincidente con testigos presenciales. El Código Procesal Penal señala que, existiendo testigos presenciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia (Art. 199 Código Procesal Penal)”. La legislación hondureña, basada en el Principio de Libertad Probatoria, permite que las partes propongan testigos de referencia, para acreditar los hechos y sus circunstancias, relacionados con el objeto del proceso; Indica el Código de Rito (Art. 330 CPC), que “ ... Los testigos expresarán la razón y origen de sus informaciones y designarán con la mayor precisión posible, a los terceros que se las hayan comunicado”, estableciendo como regla general (Art. 199 CPC), que “Existiendo testigos presénciales, y siendo posible su citación a juicio, su testimonio no podrá ser discutido por testigos de referencia.”. Al respecto Diego Diez (De Diego Diez, Luis Alfredo, en Los Medios de Prueba, Cuadernos de Estudios Judiciales “Rafael Alvarado Manzano”, págs. 132-133.), señala que: “La Jurisprudencia ha marcado como requisito imprescindible la imposibilidad de oír al testigo directo y ha señalado que la declaración del testigo de referencia no es suficiente, por si misma, para desvirtuar la presunción de inocencia, necesitando de la compañía de otras pruebas directas o indiciarias, STS de 15 de abril 1997: pero realmente el problema que plantean los testigos de referencia, como transmisores de lo que otros ojos y oídos han percibido, no es un problema de legalidad sino una cuestión de credibilidad. Es esa credibilidad la que ha alertado siempre a los Jueces para estimar válido ese aporte probatorio, siempre que no sea posible la intervención de testigos directos “. Por otro lado, Climent Duran (Climent Duran, Carlos, en La Prueba Penal, Doctrina y Jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pág. 164.) expresa que: “… la esencia de la prueba testifical es que está referida a las declaraciones que hace cualquier persona sobre aquello que ha visto u oído personal y directamente. El testimonio del testigo se caracteriza por su inmediación con el acontecimiento que ha presenciado visual o auditivamente. Pero por razones de justicia material se otorga validez a lo declarado por el testigo de referencia, pese a que éste no ha presenciado personalmente sobre el suceso el que declara. Aunque la admisión de esta prueba se hace con grandes cautelas, siempre que no sea posible oír el testimonio del testigo presencial de tal suceso. Y además se viene exigiendo que, al lado de la declaración del testigo de referencia, concurra alguna otra prueba de cargo, de manera tal que se impide un pronunciamiento condenatorio basado exclusivamente en una prueba testifical de referencia.” Conforme a los artículos 199 y 330 del Código Procesal Penal, podemos concluir que la presentación de los testigos de referencia es permitida en el proceso penal, habida cuenta que se rige por el Principio de Libertad Probatoria; testigos que pueden ser ofertados en cualquier etapa del proceso, si se considera que el artículo 199 se encuentra en el capítulo de las Disposiciones Generales de la Prueba, es decir que gobierna toda actividad probatoria, pero supeditados a las siguientes condiciones legales: A) Concurso de Testigos Presenciales y Testigos de Referencia en la Audiencia: 1. Las partes podrán ofertar como prueba testigos de referencias y testigos presenciales respecto a un mismo hecho de interés para la causa penal; y 2. La valoración de los testigos de referencia deberá realizarse de manera conjunta con el resto de la carga probatoria, en especial con los testigos presenciales que refieran a los mismos hechos; también respecto a los testigos que sean fuente de la información que reproduzcan los testigos de referencia. En todos los casos el Órgano Jurisdiccional no podrá sobreponer la declaración del testigo de referencia por sobre la del testigo presencial, cuando unos y otros merezcan para los juzgadores igual crédito. B) Concurso de solo Testigos de Referencia en la Audiencia: 1. Los Órganos Jurisdiccionales podrán valorar como única fuente de información lo dicho por testigos de referencia cuando no existan (o al menos se hayan identificado) testigos presenciales que puedan declarar sobre un mismo hecho de interés; igualmente ocurrirá cuando sea imposible o extremadamente difícil la comparecencia de los testigos presenciales a la audiencia. 2. Los Testigos de Referencia deberán dar cuenta de la fuente de la información que reproducen, razón por la cual está en su conocimiento y en especial de la persona de cuyo origen se deriva. 3. Los testigos de Referencia deberán ser valorados de manera conjunta con el resto de los medios probatorios propuestos, a efecto de verificar su veracidad; y 4. Los testigos de referencia no podrán en ningún caso ser único sustento probatorio de una resolución judicial que limite o restrinja derechos fundamentales, mucho menos de una resolución judicial en donde se declare la culpabilidad de una persona. (Lo anterior igualmente constituye Doctrina Legal, contenido en las sentencias enumeradas en este apartado). De la Procedencia del Recurso el Recurso es de Recibo .- Son dos los derechos fundamentales que denuncia la Recurrente como los violentados por la decisión judicial, sin embargo en el desarrollo del libelo solo se encuentra argumentación recursiva relacionada con el Derecho/Principio de Inocencia, no identificándose alegato alguno que tenga relación con el derecho a un debido proceso judicial; Por tanto la Sala de lo Penal hará el análisis de lo planteado en el recurso y dirigirá su respuesta en torno al Derecho Fundamental del Principio de Inocencia. En el estudio de la suficiencia probatoria, es importante hacer un recuento de la prueba que fue evacuada en la audiencia de debate para poder determinar si la denuncia de insuficiencia probatoria hecha por la Defensa Pública es procedente; La prueba evacuada y valorada en sentencia fue: 1. Declaración de la Señora Argentina Rodríguez Castro, la que depuso que el acusado llegó a la puerta de su casa un día lunes, entre 10:00 p.m. a 11:00 p.m., diciéndole “tía abrime la puerta”, “mira que hice un cagadal”, por lo que la testigo le pregunto que había hecho, contestándole el acusado “mate a Gatillo, ahorita lo acabo de matar”; refiere la testigo que el acusado andaba dos piedras en las manos y la camisa “tirada al lomo” (sobre uno de sus hombros); que después de un momento el acusado le dijo “no me queres abrir, me voy a la pija”, 2. Declaración del Señor Oscar Javier Zamora, el que indicó que vivía en la Colonia Nueva España, que estaba haciendo una galera, poniéndole láminas al techo y que alrededor de las 10.00 p.m., llegó el acusado mencionándole que había matado a “El Gato”, que era como le decían al Señor Pedro Félix, por lo que él contestó que iba a tener problemas. Después indica el testigo que se quedó dormido pero que a la 01:00 a.m. regresó el acusado manifestándole que había matado a “El Gato” y luego a las 06:00 a.m., llegó por tercera vez, confiándole el acusado de que de ese problema solo su mamá sabía y que iba hacer todo lo posible que no “saliera a la luz”; Que después que capturaron al acusado la Señora Cándida le amenazó para que no declarara nada; 3. Declaración de la Señora Cándida Rosa Montalván Hernández: Señaló que su esposo Roberto Morales había salido de pesca el día anterior con el acusado y que ambos habían regresado alrededor de las 09:40 p.m.; Además compartió que al día siguiente se levantó a trabajar y que alrededor de las 07:00 a.m., al escuchar el rumor que el acusado había dado muerte al ofendido, se dirigió a casa de su hermana Concepción de María Montalván, madre del acusado, en donde le vio dormido; Según la testigo la Señora Concepción de María le indicó que el acusado no se había levantado durante la noche; 4. Declaración del Señor Carlos Gunera Gunera, agente de la policía nacional preventiva, quien indicó haber recibido denuncia en la Posta de Policía de la Comunidad de Monjaras, que el acusado Willian Montalván, había dado muerte al ofendido; Que debido a ello procedieron darle captura al acusado; 5. Declaración del Señor Paulino Aguilera Gómez, hermano del ofendido.- El testigo detalló que se dio cuenta de la muerte de su hermano cuando se encontraba en la Ciudad de Choluteca; que después del entierro habló con la señora Cándida Rosa Montalván, que es tía del acusado, quien le indició que el propio acusado le había dicho que había matado al ofendido; y 6. Prueba documental dos actas de levantamiento cadavérico.- Una de ellas ratificada por el Señor Marvin Sierra y la otra por el doctor Carlos Méndez: ambos documentos señalan que el Señor Feliz Pedro Aguilera Gómez, murió como consecuencia de traumatismo craneal, con ruptura de huesos de la cabeza y laceración de masa encefálica, provocado por un cuerpo romo. La valoración hecha por el tribunal de sentencia de los medios de prueba descrito generó los hechos que fueron declarados probados: que el día 22 de abril de 2013, alrededor de las 10.00 p.m., el acusado Willian Dionisio Montalván, llego a casa de la Señora Argentina Rodríguez Castro, indicándole que había matado a “Gatillo”; además que ese mismo día, alrededor de las 11:00 p.m., el acusado llegó a donde dormía el Señor Oscar Javier Zamora, diciéndole que había matado al “Gato”, regresando a las 05:00 a.m. del día siguiente pidiéndole que todo quedara entre ellos.- Además el tribunal de sentencia tuvo como probado que el día 23 de abril, a las 06:35 a.m., se realizó el levantamiento del cadáver del Señor Félix Pedro Aguilera Gómez, quien presentaba lesiones en cráneo que le provocaron la muerte. Finalmente se tuvo como probado que el día 26 de abril fue aprehendido el Señor Willian Dionisio Montalván, como sospechoso de haberle dado muerte a una persona, esto tras una denuncia interpuesta por un desconocido en la policía nacional preventiva. Teniendo claro el contexto probatorio así como los hechos que tuvo como probados el tribunal de sentencia, es posible para esta Sala de lo Penal declarar que es acertada la denuncia hecha por la Defensa Pública de que se ha condenado al Señor Willian Dionisio Montalván, como responsable a título de autor de un delito consumado de homicidio en perjuicio del Señor Félix Pedro Aguilar Gómez, aun cuando no existe suficiente carga probatoria que así lo señale.- Como bien lo señaló el tribunal de sentencia, la prueba sobre la participación del acusado en los hechos se reduce a las declaraciones testificales de los señores Argentina Rodríguez Castro y Oscar Javier Zamora, ambos testigos de referencia (Ver ut supra la doctrina legal sobre esta clase de testigos), pues no dan cuenta de hechos que hayan presenciado directamente por sus sentidos, sino que reproducen lo que escucharon de otro, en este caso del acusado Willian Montalván; de dárseles pleno valor probatorio (como así lo hizo el a-quo), los testigos acreditan que efectivamente el acusado llegó a sus casas el día 22 de abril de 2013, en horas de la noche, diciendo haber dado muerte a una persona a la que le dicen “Gatillo/Gato”, que es el sobrenombre por el cual era conocido en la comunidad el Señor Félix Pedro Aguilera; en otras palabras: acreditan haber escuchado del acusado una manifestación, más no acreditan el hecho objeto del proceso penal: que el acusado haya dado muerte al ofendido, pues de este no fueron testigos.- Téngase en cuenta que los jueces de sentencia, al fijar el hecho histórico no declaran como verdad que el acusado Willian Dionisio Montalván haya provocado la muerte del ofendido Félix Pedro Aguilera Gómez, impactándole una piedra en su cabeza, sino que se limitan a declarar como probado lo que el acusado les dijo a los testigos, el hallazgo del cuerpo del ofendido y la denuncia que se interpuso en contra del acusado. Extrañamente, aun con lo anterior, el Tribunal de Sentencia declara que el acusado es culpable del delito de homicidio, lo que es una violación al estado de inocencia del Señor Willian Dionisio Montalván, al no tener esta declaratoria base probatoria insuficiente; el órgano jurisdiccional condena al acusado aun cuando no declara probado que éste haya dado muerte al Señor Félix Pedro Aguilera. Un pronunciamiento de responsabilidad penal y su consecuente imposición de una pena no puede basarse exclusivamente en testigos de referencia. El caso concreto adolece de prueba suficiente que es consecuencia de una investigación ineficiente, desarrollada por la policía nacional y dirigida por el Ministerio Público, quienes se conformaron con las referencias de dos testigos despreocupándose por realizar investigación serie, exhaustiva y eficaz del móvil del delito, instrumento usado para su perpetración, como fue realizado éste y quien fue la persona o personas responsables, tanto por acción como por omisión, así como la determinación de personas encubridoras del delito; aun tales falencias se formalizó acusación en la etapa intermedia, determinando erróneamente el Juzgado de Letras que existía fundamento razonable para la celebración de un juicio oral y público, lo que ahora provoca una sentencia absolutoria. Decisión Declarar con lugar el recurso de casación por infracción de precepto constitucional en su motivo único. V. Por Tanto La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de la Sala de lo Penal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 140 del Código Penal; 360 del Código Procesal Penal; Falla: Primero: Declara Con Lugar el recurso de casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo, por violación al Estado Material de Inocencia, interpuesto por la Defensa Pública.- Segundo: Casa la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil quince (f. 116), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca.- Tercero: Revocar el pronunciamiento condenatorio; En consecuencia se procede a dictar la siguiente sentencia de fondo: 1.- Debemos absolver y se absuelve al acusado Willian Dionisio Montalván, como autor responsable de un delito consumado de homicidio, en perjuicio del Señor Félix Pedro Aguilera Gómez; 2.- Declara la no procedencia de condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el presente procesos criminal a la parte vencida en juicio.- Y Manda: A efecto de que se acate lo resuelto, la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personas en única instancia, deberá de devolver los antecedentes del caso al tribunal de justicia de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento.- Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de agosto del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-497-2016.
MARÍA DEL CARMEN GODOY
RECEPTORA ADSCRITA
SALA DE LO PENAL
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[1] El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que, durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.