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Sentencia CP-474-16 — Registro 12985

Resumen

En primera instancia se condena al imputado por el delito de fraude, se declara sin lugar el recurso de casación interpuesto por su defensa

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."EL RECURSO NO ES DE RECIBO. El vicio que ahora se denuncia, no habérsele permitido rendir declaración al acusado, obedece a situaciones de estrategia de defensa, que a una negativa de los órganos jurisdiccionales, como el mismo recurrente lo refiere en su planteamiento de recurso, luego aqueja la negación de información de utilidad, que corresponde a una etapa preparatoria en la cual, no realizó el reclamo oportunamente en la primera audiencia. El recurso de casación que ahora nos ocupa debe ser declarado sin lugar, pues, como lo señala el artículo 359 del Código Procesal penal, debe ir dirigido contra las resoluciones que de carácter definitivas dicten los Tribunales de Sentencia, lo cual no ha tenido en cuenta el pretensor, pues mediante el recurso intenta impugnar una actuaciones atinentes en la etapa preparatoria del proceso penal y otras no atribuibles a los órganos jurisdiccionales; es decir, se denuncia un vicio supuestamente ocurrido en una etapa procesal, del cual no hizo reclamo oportunamente y contra el cual la ley no prevé impugnación vía recurso de casación.."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora Adscrita a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA la Sentencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil veinte, que literalmente dice: “I. SENTENCIA En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho (28) días del mes de abril del año dos mil veinte (2020), el pleno de la Sala de lo Penal, integrado por los Magistrados Rafael Bustillo Romero, en su calidad de coordinador, Alma Consuelo Guzmán y José Olivio Rodríguez Vásquez, pronuncian EN NOMBRE DEL ESTADO DE HONDURAS La siguiente sentencia en el expediente SP 474-2016, conociendo del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, interpuesto contra la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: PRIMERO: Condenó al señor Vidal Pérez Milton, como autor penalmente responsable del delito de Fraude, en perjuicio del La Propiedad del Estado de Honduras a la pena de seis años, ocho meses de reclusión y multa de novecientos treinta y dos lempiras con cuarenta y nueve centavos. SEGUNDO: Condenó al señor Vidal Pérez Milton como consecuencia de la pena de reclusión, a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por el tiempo señalado para la pena de reclusión. TERCERO: Declaró la responsabilidad civil del condenado. CUARTO: No decreto condena en costas, ni decretó comiso alguno. Interpuso el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, el Abogado Santiago Flores Rosales, actuando en su condición de defensor privado del señor Vidal Pérez Milton. Son partes en única instancia: El Abogado Santiago Flores Rosales, defensor privado en su condición de recurrente; y el Abogado Salvador Cuestas Árevalo, agente fiscal del Ministerio Público en su condición de recurrido. II. HECHOS PROBADOS DE LA INSTANCIA “Único: El Maestro de educación Primaria Vidal Pérez Milton laboraba como docente en el Instituto Gracias a Dios del Municipio de Puerto Lempira, Gracias a Dios; quien solicitó ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación de la República de Honduras, el pago de una calificación académica que le mejoraba su salario, presentado para ello fotocopias de título académicos inexistentes, recibiendo por tal concepto un aumento en su salario de la cantidad de 5,594.94 lempiras a partir de del mes de febrero del año 2003, lo que se repitió todos los meses hasta agosto del 2012.” III. RECURSO DE CASACIÓN. MOTIVOS Y ARGUMENTOS El recurrente Abogado Santiago Flores Rosales, defensor privado, procedió a formalizar su Recurso de Casación de la manera siguiente: “MOTIVOS EN QUE LA CASACION SE BASA MOTIVO UNICO: Se solicita el control de la Garantía constitucional del debido proceso, para revisar su objetividad y defensa efectiva en todo el proceso con la aplicación de las normas fundamentales y sustantivas de los ordenamientos Jurídicos Nacionales e Internacionales. EXPLICACION DEL MOTIVO 1.- VIOLACION DEL DERECHO A LA DEFENSA: Durante todo el proceso, en ningún momento se le permito al imputado rendir su declaración en su descargo o defensa. Según ha planteado el imputado a esta defensa privada, es el hecho de que en ese año 2013, el presento una solicitud de reconocimiento de los quinquenios que por derecho le correspondía, para ello se acompañó, copia de los documentos relacionados con el acuerdo de nombramiento, constancia o certificación de años de servicio firmado por el Director Departamental e Gracias a Dios de ese momento y nunca acompaño copia de título académico alguno. Este hecho si hubiera permitido declarar en el momento procesal oportuno, la investigación debió ser ampliado en el marco del principio de objetividad, sin embargo, la misma defensa publica que asistió durante el proceso sugirió no declarar, tampoco se preocupó por buscar y preparar pruebas de descargo.- Con la cual es evidente que el imputado no tuvo una efectiva defensa durante el proceso. 2.- SANCION ADMINISTRATIVA ANTICIPADA También se observa que la autoridad administrativa, se le impuso a mi representado Sanción Administrativa, de retención de la totalidad de su salario con la finalidad de recuperar cantidades de salario mal asignadas, sin previa resolución y sin derecho a la defensa. Hecho que ha causado graves daños morales, materiales y calamidad doméstica, con flagrante violación al derecho laboral que le asiste en su condición de docente aun activo y laborando actualmente. Hecho que la Honorable Tribunal cuestiona este acto, en su fundamentación jurídica numeral quinto, con la cual se evidencia una vez más la garantía del debido proceso. 3.- NEGACION DE INFORMACION DE ULITIDAD: A) La defensa ha solicitado ante la Secretaria General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), la indicación del nombre de la persona titular de título en cuestión. Sin embargo, en forma verbal nos ha manifestado el apoderado legal de la UPNFM, que este caso está bajo el control del Ministerio Publico y se requiere autorización de este ente del Estado. Esta respuesta, nos orienta que el Ministerio público debió ampliar su investigación sobre el titular de título registrado en la UPNFM, para verificar si tuvo participación en este hecho. Para la defensa es de utilidad acreditar este extremo para mejor aclarar los hechos objetos de este proceso. B) De igual forma, en la solicitud del expediente personal, se obtuvo similar respuesta que el anterior, estas gestiones eran para propósito era para tener a la vista y corroborar, en el expediente no acredita si los trámites fueron hechos personalmente o por medio de terceras personas, extremos que debió acreditar por medio de registros que se manejan en las diferentes oficinas administrativas mediante libros de entrada con indicación del trámite solicitado y los documentos que se acompañan. Además, las dos testigos de cargo han manifestado que a ellas son recientes en sus funciones, aunque estos trámites son personales no le constan si el tramite los hizo personal o por medio de tercera persona. Circunstancia que ayudaría esclarecer si mi representado fue el autor de los hechos que ha motivado este proceso penal. Además, cabe señalar que este tipo de tramite pasa por un proceso de filtros de análisis y comprobación de documentos y otros aspectos técnicos, que no son de competencia del solicitante, elementos que vale la pena profundizar las averiguaciones pertinentes. También, en el expediente administrativo personal que se encuentra en el archivo de la Secretaria de Educación, solo se encuentra copia del título de Bachiller y no la de Licenciatura, extremo que hace referencia el mismo Ministerio Publico en la etapa de incidentes del Juicio Oral. Circunstancias que amerita ser aclarada mediante una investigación objetiva. DISPOSICIONES INTRINGIDAS: A) Artículo 90 relacionado con el 82 de la constitución de la República, y 93 del código procesal penal. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendida en el artículo 361 del Código Procesal Penal. Que autoriza el Recurso de Casación por infracción de Precepto Constitucional. INCIDENCIA DE LA INFRACCION EN LA RESOLUCION La falta de la observancia de las garantías preceptuadas en el artículo 90 de la constitución de la República, que tiene que ver con la garantía del debido proceso, relacionado con el artículo 82 de la misma constitución, que garantiza el derecho a la Defensa efectiva y 91 relacionado con la objetividad en la etapa investigativa, mi representado ha sido objeto de una injusta Sentencia Condenatoria, con la cual ha causado graves daños morales, materiales y patrimoniales. La defensa alega que debe de prevalecer la Justicia en este caso. Sobre este extremo, esta defensa considera que el trámite de quinquenio realizado por mi representado en el año 2003, y que fuera incrementado un porcentaje en su salario fue en la marco del artículo 85.2 del Estatuto del Docente, en su condición de estar en proceso de profesionalización. El segundo incremento, debe ser objeto de investigación ya que la misma Fiscalía manifiesta que no está certificada por la Secretaria General de la Secretaria de Educación, que entrego certificación de los documentos del expediente y no figura la copia del supuesto Titulo de Licenciatura. Extremos que no fue posible acreditar en el proceso por falta de una investigación objetiva y defensa efectiva.” IV. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA Recurso de casación por infracción de precepto constitucional. El artículo 361 del Código Procesal Penal introduce una amplía vía de impugnación, mediante el establecimiento de este motivo casacional que posibilita, en todos los casos que pueda interponerse recurso de casación con arreglo a ese texto legal, que sea suficiente para fundamentarlo la invocación de que se ha infringido en la resolución atacada un precepto constitucional. Este cauce procesal es el más amplio de los que regula la ley procesal y ello obedece a la intención del legislador de dar apertura al recurso de casación, en acatamiento de lo dispuesto en el artículo 8.2.h de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en torno al derecho a recurrir el fallo ante un Tribunal Superior.[1] En general toda norma legal puede enlazarse con una norma constitucional, más el recurso a desarrollar bajo este título debe denunciar la infracción de una garantía de carácter procesal en la actividad jurisdiccional durante el proceso o al momento de dictar la sentencia que se impugna, o la infracción de una garantía de carácter penal-sustantivo en el momento de emitir la sentencia; en una buena técnica recursiva, el peticionario debe seleccionar este tipo de recurso en la medida que no sea posible dicha denuncia a través de cualquiera de los restantes tipos de casación, al ser el recurso por infracción de precepto constitucional de amplio espectro (recurso ordinario), en contraposición con los recursos de infracción de ley, infracción de doctrina penal y quebrantamiento de formas procesales, a los cuales la ley taxativamente establece los motivos fundamentadores (recursos extraordinarios). En este último sentido Llorente Fernández expresa que (Llorente Fernández de la Reguera, Ángel, en Los Recursos, Cuadernos de Estudios Judiciales, RAFAEL ALVARADO MANZANO, LITICOM, Tegucigalpa, 2001, págs. 113-115), “la jurisprudencia española ha puesto de manifiesto que este cauce impugnatorio no está previsto para alegar, bajo su cobertura, la vulneración de cualquier norma constitucional, sino específicamente la infracción de aquellas que tienen una estrecha y directa relación con el objeto del proceso en que son invocados. Serán, por tanto, los derechos fundamentales ligados al proceso con carácter general los que tengan cabida en esta vía impugnativa y de un modo especial aquellos que el recurrente entienda que han sido conculcados en el caso concreto...” La esencia del recurso por Infracción de Precepto Constitucional es velar por el cumplimiento del principio de convencionalidad y el principio de primacía de la Constitución de la República frente a las demás normas legales y resoluciones del Estado, incluyendo las de carácter judicial. Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional. Interpuesto por la Defensa Privada. Único motivo *Precepto autorizante: Artículo 361 del Código Procesal Penal. *Normas que se denuncian infringidas: Artículos 90 en relación con el 82 de la Constitución de la República y 93 del Código Procesal Penal. *Concepto de la infracción: Violación al debido proceso en relación al derecho de defensa; *Pretensión: Sin determinar por el recurrente. Señala el recurrente que en todo el proceso, no se le permitió al imputado rendir su declaración en descargo o defensa, según le ha planteado el acusado, quien presento solicitud de reconocimiento de quinquenio que por derecho correspondía, que la investigación debió ampliarse en el marco del principio de objetividad, sin embargo, la defensa que le asistió durante el proceso sugirió que no declarara, ni se preocupó por buscar o preparar prueba en descargo. Continuó en su reclamo, que la autoridad administrativa le impuso a su representado una sanción administrativa, de retención de la totalidad de su salario con la finalidad de recuperar cantidades de salario mal asignadas sin previa solución y sin derecho a la defensa, le que ocasiono graves daños morales, materiales y calamidad doméstica, con flagrante violación al derecho laboral que le asistía en su condición de docente activo; para concluir, denuncia la negación de información de utilidad en la Secretaría General de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) ante la solicitud de información en relación al nombre de la persona titular de título y del expediente personal. De la Debida Técnica Recursiva El Código Procesal Penal prevé que en contra de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Sentencia procede interponer recurso de casación, cuyo objeto, por una parte es velar por el respeto del Principio de Legalidad, con la correcta aplicación de normas constitucionales, normas penal sustantivas y normas procesales y por otra parte, la unificación de los criterios legales en el sistema jurisdiccional del Estado mediante la definición de la Doctrina Legal. Importante es recordar que conforme a las normas del Código Procesal Penal se ha eliminado lo que antes era la fase de admisión del recurso, que consistía en un examen preliminar que se hacía de éste a efecto de resolver si era admitido o no para su estudio de fondo; tal cambio obedece al cumplimiento del artículo 25.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que establece que: “Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales…”. Para lo cual los Estados partes se han comprometido: “a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.”. Ahora bien, tal disposición Convencional no exime al Pretensor de cumplir con requisitos legales establecidos en aras de que el Tribunal de Casación pueda dar una respuesta pertinente, propia y útil al conflicto jurídico que se plantea, siendo éstos: 1) Legitimidad Objetiva: Existencia de un derecho impugnatorio, para lo cual se requerirá que la ley procesal determine que la resolución puede ser impugnada vía recurso de casación; 2) Legitimidad Subjetiva: Que el Recurrente esté legitimado a impugnar la resolución por causarle agravio lo resuelto por el revés (total o parcial) al interés jurídico en conflicto como consecuencia de una infracción a la ley; y 3) Satisfacción de Requisitos de Interposición: El Recurrente deberá observar los requisitos de lugar, tiempo, modo y forma de interponer el recurso, pues éste sigue siendo un acto procesal sujeto a la observancia del debido proceso y respeto a los derechos fundamentales de todas las partes contendoras. De la Rúa (Fernando de la Rúa, en La Casación Penal, Editorial Depalma, Buenos Aires, Argentina, 1994, pág. 217), explica que el recurso de casación es un acto procesal complejo, integrado por dos elementos esenciales: i) La expresión de la voluntad de impugnar; y ii) La Fundamentación de la impugnación; añade el autor que ambos elementos deben confluir al mismo acto y en el mismo momento, el cual es en la presentación del escrito de interposición. Una vez presentado el Recurso de Casación, corresponde al Tribunal de Sentencia hacer estudio sobre la existencia de la legitimidad objetiva y subjetiva, además de la observancia de las condiciones de lugar, tiempo y modo, restando solo a la Sala de lo Penal revisar la satisfacción del requisito de forma de interposición, mismo que se realiza al tiempo en que se resuelve el recurso, siendo éste el aspecto que analizaremos con detenimiento. El recurso de casación es la manifestación expresa de una de las partes de no encontrarse conforme con lo resuelto por el Tribunal de Sentencia por contener un vicio (de fondo o de forma), que debe ser corregido, siendo esto su pretensión; El recurrente debe necesariamente individualizar la resolución que contiene el o los vicios, su deseo de impugnarla mediante el recurso de casación y el tipo de recurso que se interpone. Además el recurso de casación debe de estar debidamente motivado con la identificación, explicación y demostración del vicio: 1. Identificación del Vicio/Motivo/Recurso: Al momento de la interposición de un recurso de Casación, el Pretensor deberá señalar en primer término el tipo de recurso de casación, seguidamente el motivo en que lo fundamentó y luego el vicio que denuncia. Ante una resolución definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia, el Pretensor deberá identificar si existe vicio que justifique la impugnación de aquello resuelto que le causa agravio; el vicio es el defecto de ley concreto y/o material que contiene la resolución y cuya corrección es la que persigue mediante el recurso; hecho esto el Pretensor deberá encuadrar el vicio en uno de los motivos previstos en la ley como aquellos autorizados para presentar impugnación; los motivos son enunciados abstractos de posibles vicios que puede contener la resolución previsto por la ley procesal, operando éstos bajo el sistema de Numerus Clausus, por tanto no es posible alegar vicios cuyos motivos no estén taxativamente señalados, salvo en el caso del Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, en cual opera bajo el sistema de Numerus Apertus, siempre que se alegue un vicio relacionado material o formalmente con la decisión adoptada por el A-quo. La identificación del motivo de casación lleva al Pretensor a derivar el tipo de recurso de casación a interponer; la ley procesal prevé tres tipos de recursos de casación: i) Recurso de Casación por Infracción de Ley, cuyo objeto es la denuncia de vicios In Iudicando; ii) Recurso de Casación por Quebrantamiento de Forma, mediante el cual se denuncian vicios In Procedendo; y iii) Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional, mediante el cual se pueden denunciar vicios In Iudicando o In Procedendo, contenidos en las normas fundamentales. El proceso de identificación se cumple cuando el Pretensor señala: i) El tipo de Recurso de Casación; ii) La norma autorizante del recurso que identifica el motivo mediante el cual se denunciara el vicio; el Motivo debe de ser de aquellos previstos a ser planteados por el tipo de recurso elegido; iii) Norma o doctrina legal infringida, cuya indebida aplicación o inobservancia provoca la existencia del Motivo; iv) Concepto de la Infracción, que es el enunciado sobre el vicio concreto observado, que debe de ser consecuente con el motivo elegido; y v) Aplicación Pretendida: Es la aplicación o interpretación que se pretende de la norma o doctrina legal infringida o mal aplicada. 2. Explicación del Vicio: Es ineludible para el Recurrente su deber de explicar en qué consiste el vicio que produce la resolución que se impugna, y como éste se subsume en uno de los motivos previstos en la ley. La explicación debe ser clara y precisa: La claridad radica en la exposición del vicio de manera individualizada y separada, descomponiendo sistemáticamente todas sus aristas hasta desentrañar sus aspectos más básicos; la Precisión implica la no mutación del alegato a aspectos ajenos al vicio que se ha identificado. La ley procesal exige en el artículo 363 del Código Procesal Penal que cada motivo debe ser planteado de manera separada, ello se justifica por la necesidad de individualizar de manera concreta y precisa cada agravio, por lo que su inobservancia mella en la efectividad del recurso. Recordemos que el artículo 350 del Código Procesal Penal prohíbe al órgano jurisdiccional que resuelve un recurso pronunciarse sobre aspectos distintos a los que se hayan planteado dentro de la impugnación y para ello entonces se requiere que dicha impugnación sea clara en cuanto al vicio, pues la falta de claridad pone en riesgo al Tribunal de Casación hacer pronunciamiento de algo distinto de lo que realmente se está impugnando, siendo entonces lo consecuente declarar sin lugar el motivo, cuando la falta de claridad sea absoluta. 3. Demostración del Vicio: El recurrente, aun cuando haya identificado el vicio, explicado en qué consiste el mismo, no verá prosperar el recurso si no demuestra su existencia; ello solo se puede hacer cuando se hace la debida confrontación entre el aspecto contenido en la sentencia o resolución impugnada y la norma o doctrina legal que revela la contrariedad y la explicación de la aplicación que debió hacerse de dicha norma y que es la pretensión que se persigue con el recurso, es decir cómo considera el Recurrente que debió haber sido aplicada la norma o por qué no debió haber sido aplicada. El vicio debe ser relevante, debe superar los aspectos meramente formales pasando a ser un aspecto material que interfiere en la legalidad de la resolución y que justifica la impugnación. Esta Sala de lo Penal ha sido del criterio que los defectos en la forma que adolezca un recurso de Casación deberán ser estudiados siempre teniendo en consideración el Principio de Tutela Judicial contenido en el artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y que permiten a quien pretende hacer valer sus derechos e intereses, acceder a la jurisdicción, ser oído, proponer y practicar prueba, obtener una resolución fundada en Derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio y que sea ejecutada; por ello a dicho Principio interesa lo referente al: 1. Derecho de Acceso a la Justicia; 2. Derecho a una resolución fundada en derecho; 3. Derecho de acceso a los recursos, no solo por previsión legal de los mismos, sino para obtener una respuesta ante su interposición; 4. Derecho a la Tutela Cautelar; y 5. Derecho a la ejecución.- Los Recursos son instrumentos para la obtención de una Tutela Judicial Efectiva, garantía de Rango Constitucional: Indica el artículo 82 de la Constitución de la República que “… los habitantes de la república tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.”, agregando el artículo 314 Superior que “… es facultad privativa de los Tribunales de Justicia, juzgar y ejecutar lo juzgado…”. Por todo lo anterior, mediante Doctrina Legal de esta Sala de lo Penal, se ha establecido que aun cuando en el planteamiento de un Recurso de Casación se presentasen errores de forma (Cita de Precepto Autorizante, Norma Infringida, concepto de la infracción de manera individualizada y diferenciada, aplicación pretendida) o incluso en algunos casos errores en la exposición de conceptos jurídicos, ello no podría significar el rechazo Ad Portas del conocimiento del recurso, siempre que aun a pesar del desacierto pueda entreverse cuál es el concepto de la infracción, dando respuesta en la medida y extensión de la coherencia, claridad y precisión de los argumentos recursivos con la naturaleza del recurso planteado; el único caso en donde el Tribunal de Casación no podría dar respuesta a un recurso sería cuando éste fuese presentado en grado tan confuso que no sea posible, aun con un gran esfuerzo, deducir cual es el sentido del reclamo que realiza el Pretensor, pues ello podría acarrear violación del artículo 350 del Código Procesal Penal, tal y como se ha explicado Ut Supra. (Así establecido en las Sentencias de Sala de lo Penal del 29 de abril de 2014 en Exp 348-2011, del 27 de mayo 2014 en Exp 057-2012, del 04 de febrero de 2014 en el Exp 439-2011, del 23 de octubre de 2013 en Exp 172-2011, del 17 de septiembre de 2013 en Exp 228-2011, entre otras.). De la procedencia del recurso. El Recurso no es de Recibo. El vicio que ahora se denuncia, no habérsele permitido rendir declaración al acusado, obedece a situaciones de estrategia de defensa, que a una negativa de los órganos jurisdiccionales, como el mismo recurrente lo refiere en su planteamiento de recurso, luego aqueja la negación de información de utilidad, que corresponde a una etapa preparatoria en la cual, no realizó el reclamo oportunamente en la primera audiencia. El recurso de casación que ahora nos ocupa debe ser declarado sin lugar, pues, como lo señala el artículo 359 del Código Procesal penal, debe ir dirigido contra las resoluciones que de carácter definitivas dicten los Tribunales de Sentencia, lo cual no ha tenido en cuenta el pretensor, pues mediante el recurso intenta impugnar una actuaciones atinentes en la etapa preparatoria del proceso penal y otras no atribuibles a los órganos jurisdiccionales; es decir, se denuncia un vicio supuestamente ocurrido en una etapa procesal, del cual no hizo reclamo oportunamente y contra el cual la ley no prevé impugnación vía recurso de casación. DECISIÓN. No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo. V. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala de lo Penal, y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5, 316 párrafo segundo reformados de la Constitución de la República, 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 359, 361 y 369 del Código Procesal Penal Falla: Primero: Declara No Ha Lugar el Recurso de Casación por Infracción de Precepto Constitucional en su único motivo; interpuesto por el Abogado Santiago Flores Rosales, actuando en su condición de defensor privado del señor Vidal Pérez Milton. Segundo: Declara Firme y Ejecutable la sentencia de fecha seis de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, departamento de Atlántida, que contiene el pronunciamiento condenatorio en contra del señor Vidal Pérez Milton, como autor penalmente responsable del delito de Fraude, en perjuicio del La Propiedad del Estado de Honduras. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho devuelva los antecedentes del caso al Tribunal de Sentencia de origen, con certificación de la presente sentencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. RAFAEL BUSTILLO ROMERO. MAGISTRADO COORDINADOR. ALMA CONSUELO GUZMÁN GARCÍA. MAGISTRADA. JOSÉ OLIVIO RODRÍGUEZ VÁSQUEZ. MAGISTRADO. FIRMA Y SELLO. MARÍA DEL CARMEN GODOY. RECEPTORA ADSCRITA. SALA DE LO PENAL.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de octubre del año dos mil veinte. Certificación de la Sentencia de fecha veintiocho de abril de dos mil veinte, recaída en el Recurso de Casación con orden de ingreso a este Tribunal No. SP-474-2016.

MARÍA DEL CARMEN GODOY

RECEPTORA ADSCRITA

SALA DE LO PENAL

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[1]El artículo 8.2 literal h) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, entre otras garantías mínimas, la de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.